El mandato anual de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que expira el sábado, puede ser el último bajo ese nombre si el Consejo de Seguridad aprueba este viernes una resolución presentada por Estados Unidos para que desaparezca la mención a una consulta popular. Tras lanzar a comienzos de mes un órdago al Frente Polisario, que defiende la independencia del territorio mediante un referéndum, Washington ha redactado una nueva propuesta al Consejo donde el plan de autonomía bajo soberanía de Marruecos deja de ser la “única solución” factible al conflicto para convertirse en “marco negociador” de una salida política, en la que todavía se incluye el concepto de autodeterminación.

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El ahora exinspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages ha declarado este lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio vio desde la frontera cómo agentes marroquíes dirigían a personas hacia territorio español. Según ha explicado ante la magistrada, había una cola muy larga de personas en el lado marroquí, a la vista de la Gendarmería, y observó a individuos que las iban conduciendo hacia la zona del espigón, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente.

Fages, responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta durante aquellos hechos, relató que recibió sobre las 10.00-10.30 horas una llamada alertando de una entrada masiva por la playa del Tarajal. Cuando llegó a la zona se encontró con un "río humano" que avanzaba hacia España y consideró que la puerta de servicio situada en el paso del Tarajal debía cerrarse para intentar contener la avalancha.

Sin embargo, la Guardia Civil se opuso a esa decisión. Según explicó Fages ante Tardón, el mando del Instituto Armado le advirtió de que, si se producía un tapón, las personas podían terminar lanzándose al agua y que, en caso de fallecimientos, la responsabilidad recaería sobre la Guardia Civil. La puerta llegó a cerrarse durante unos minutos, pero posteriormente volvió a abrirse.

El Tarajal

El entonces responsable policial aseguró que incluso manifestó que él asumía la responsabilidad de cerrar la puerta, pero que la Guardia Civil mantuvo su negativa. Ante la imposibilidad de contener el flujo por ese punto, la Policía intentó redirigir la entrada masiva hacia el polígono del Tarajal.

La situación provocó un enfrentamiento entre ambos cuerpos en la propia frontera. Fages confirmó ante la jueza las imágenes en las que se observa el rifirrafe entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y explicó que la Policía trataba de detener el flujo mientras la Guardia Civil defendía mantener abierta la puerta por el riesgo que, a su juicio, suponía cerrarla.

El problema, además, era la falta de efectivos. Fages ha declarado que llegó a encontrarse con apenas 20 o 25 policías para afrontar la entrada masiva, a los que posteriormente se sumaron 12 agentes de la UIP. Ante una entrada masiva que ha considerado descontrolada, los agentes tuvieron que concentrarse en intentar canalizar a las personas que entraban y finalmente priorizar la seguridad de la ciudad.

No hubo alerta previa

El inspector jefe ha explicado asimismo que la Policía Nacional no había recibido una alerta previa que permitiera preparar un dispositivo extraordinario. Existía un protocolo específico para afrontar entradas masivas, vigente desde 2021, que contempla la petición de apoyo de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, según su declaración, aquel procedimiento no llegó a activarse: "Nunca llegó la orden", afirmó ante la magistrada. El propio Fages aseguró que no sabía quién debía haber ordenado su activación.

Su testimonio incorpora además un elemento sobre lo que estaba sucediendo en el lado marroquí antes y durante la entrada. Según relató, había una cola muy larga de personas esperando para cruzar, perfectamente visible desde la frontera y a la vista de la Gendarmería marroquí. Fages aseguró que vio a personas "dirigiendo" desde Marruecos y que algunas vestían uniformes de color gris y caqui. El inspector jefe no pudo precisar, sin embargo, qué cuerpo concreto integraban todos los individuos que observó.

El teniente coronel de la Guardia Civil

El relato del mando policial se suma al prestado ante Tardón por el teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de las operaciones de la Comandancia de Ceuta. Su versión sobre la actuación en la frontera difiere de la de la Policía. El mando de la Guardia Civil sostuvo que todas las decisiones operativas fueron suyas y que no recibió instrucciones del delegado del Gobierno ni de otros superiores durante la entrada masiva.

El teniente coronel defendió precisamente la decisión de mantener abierta la puerta del Tarajal. Según su declaración, cerrarla podía provocar un tapón y aumentar el riesgo de aplastamientos o de que quienes se encontraban en la zona se lanzaran al agua. Aseguró que entre quienes intentaban entrar había familias con bebés y personas mayores, mientras que numerosos jóvenes ya estaban nadando.

Seis embarcaciones marroquíes el día antes

El mando de la Guardia Civil también ha explicado que la noche anterior había seis embarcaciones marroquíes en la zona: dos patrulleras, dos interceptoras y dos embarcaciones pequeñas. Y afirmó que durante la entrada observó a militares marroquíes dirigiendo a las personas hacia el espigón. También señaló que algunas de las embarcaciones pequeñas recogían a personas en el agua y las dejaban posteriormente en la playa.

Según su declaración, la situación ya había comenzado a complicarse durante los días anteriores, con un aumento de la llegada de nadadores, pero aseguró que no recibió un aviso de que fuera a producirse una entrada masiva. El día 30, explicó, a primera hora ya habían llegado unas 300 personas y posteriormente se produjo una salida masiva de varios cientos de nadadores. Las declaraciones de ambos responsables policiales permiten a Tardón reconstruir ahora no solo cómo se desarrolló la avalancha, sino también las distintas decisiones adoptadas por los cuerpos desplegados en la frontera.

La desclasificación por parte del Gobierno de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha abierto un debate que va más allá de la propia crisis del 30 de julio. Cargos vinculados al funcionamiento del servicio de inteligencia han explicado a El Independiente que consideran peligroso que documentación elaborada bajo la premisa de que permanecería reservada pueda ser desclasificada para dirimir una controversia política y alertan de que esta práctica "sienta un precedente".

La preocupación, explican estas fuentes, no se refiere únicamente a los documentos concretos relacionados con Ceuta, sino al criterio que pueda consolidarse para futuras desclasificaciones. La documentación de inteligencia puede contener información sobre fuentes, métodos de obtención, sistemas de vigilancia, valoraciones de riesgo o información recibida de otros servicios, de manera que levantar su reserva no es equivalente a hacer público un expediente administrativo ordinario.

El debate dentro del propio Ministerio de Defensa nace a raíz de cómo se generó la controversia que llevó a dicha desclasificación. Después de la entrada masiva en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no había recibido un aviso del CNI que anticipara una operación de las dimensiones que finalmente se produjo. La afirmación provocó un enfrentamiento político con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió que los servicios de inteligencia sí habían advertido previamente de la situación.

Cuando Sánchez desclasificó los papeles

Fue en ese contexto cuando Pedro Sánchez anunció en el Congreso que se desclasificarían los informes y avisos manejados por el Gobierno antes y durante la crisis. El Consejo de Ministros acordó posteriormente la desclasificación parcial de documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Entre los documentos desclasificados había tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas por el servicio de inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil. El propio Gobierno admitió que no toda la documentación podía hacerse pública porque parte de ella afectaba a información especialmente protegida o incorporaba elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La documentación que ha ido aflorando desde entonces ha complicado precisamente la versión inicial de que no existió aviso. No se trata de que los servicios de inteligencia hubieran predicho con exactitud que decenas de miles de personas entrarían en Ceuta, sino de que existía información previa sobre el incremento de la presión migratoria, la organización de convocatorias en Marruecos y el riesgo de una entrada por la frontera.

Uno de los elementos más relevantes fue la información que el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio, la víspera de la entrada masiva, y que adelantó El Independiente en exclusiva. El servicio alertó de la existencia de grupos en redes sociales con decenas de miles de integrantes que estaban organizando una entrada desde Marruecos y trasladó el riesgo a su interlocutor en la Delegación. Posteriormente se conoció incluso la existencia de 19 mensajes intercambiados ese día entre un oficial del CNI y el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno que no habían formado parte de la primera desclasificación.

La Audiencia Nacional investiga la documentación

La propia investigación de la Audiencia Nacional está contribuyendo a reconstruir una cadena de avisos mucho más amplia. La jueza María Tardón ha solicitado documentación a prácticamente todos los organismos que participaron en la gestión de la frontera y de la crisis y ha puesto el foco en qué información existía antes del 30 de julio, cómo circuló entre los distintos organismos, quién la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

En su última batería de diligencias, la magistrada ha pedido al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto. También ha reclamado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) los informes elaborados por su grupo de seguimiento de Marruecos, ha ampliado la petición de imágenes satelitales sobre la frontera y ha solicitado específicamente la información correspondiente a la interceptación sobre la frontera de Ceuta del denominado 'Programa Santiago'.

La jueza explica que esta documentación resulta "particularmente relevante" para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de la información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados durante la investigación. Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a la primera desclasificación promovida por el Gobierno.

Diferencias entre la AN y el Gobierno

Una cosa es que el Ejecutivo decida levantar la reserva de documentación de inteligencia para responder a una controversia política y defender su actuación ante las críticas por la gestión de la crisis. Otra es que un órgano judicial, dentro de una investigación, reclame documentación reservada porque considera que puede ser necesaria para determinar qué ocurrió y depurar responsabilidades.

En el caso de Tardón, además, la petición judicial no se limita al CNI. La magistrada está reclamando información al Estado Mayor de la Defensa, al CIFAS, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma. También ha pedido grabaciones de cámaras, drones y sistemas de control fronterizo, así como documentación sobre las reuniones celebradas antes de la entrada masiva. Todo ello responde a la intención de reconstruir la secuencia de acontecimientos y comprobar qué sabían las autoridades antes de que miles de personas atravesaran la frontera.

El problema es que parte de esa documentación puede encontrarse precisamente dentro del ámbito de la información clasificada. La petición de una jueza no equivale por sí misma a una desclasificación. Si un documento está formalmente protegido por la legislación sobre secretos oficiales, será necesario seguir el procedimiento correspondiente para que pueda incorporarse a la causa.

La reserva pierde parte de su función

La diferencia es importante para quienes dentro de los servicios de inteligencia cuestionan el precedente de la decisión del Ejecutivo. No plantean que un juez deba quedar privado de la información que necesita para investigar unos hechos. Su preocupación se centra en que la clasificación de documentos pueda levantarse en función de las necesidades coyunturales de una controversia política.

"El problema es el precedente", resumen estas fuentes. Si informes de inteligencia pueden dejar de estar protegidos porque un Gobierno necesita acreditar que actuó correctamente frente a una determinada crisis, sostienen, la reserva pierde parte de su función como garantía estable del trabajo de los servicios de inteligencia.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) describe en uno de sus análisis estratégicos una "estructura logística organizada" para facilitar la llegada de migrantes marroquíes a Ceuta, con una red de "facilitadores", alquileres temporales de viviendas en varias localidades del norte de Marruecos y el uso de motos de agua y pesqueros para trasladarlos desde las costas de Castillejos hasta la zona del Sarchal, en la ciudad autónoma.

La información aparece en el informe que el CNI ha remitido a la jueza María Tardón, instructora de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio y al que ha tenido acceso El Independiente. El documento, elaborado a requerimiento de la magistrada, repasa la información de inteligencia recopilada durante los meses anteriores y sitúa esta infraestructura dentro de los análisis que el servicio de inteligencia venía realizando sobre la presión migratoria hacia Ceuta.

El CNI afirma expresamente que sus informes recogían que los migrantes, "particularmente los de nacionalidad marroquí", operaban con una "estructura logística establecida". Según detalla, esta incluía una "red de facilitadores con alquileres estacionales en Castillejos, Mdiq, Martil y Tetuán", además del "uso de motos de agua y pesqueros para el traslado desde las costas de Castillejos a la zona del Sarchal en Ceuta".

Una red de apoyo

Se trata de uno de los elementos más novedosos del informe entregado ahora por el CNI a la Justicia, ya que aporta una descripción de cómo, según la inteligencia española, se articulaban los movimientos de los migrantes antes de alcanzar la ciudad autónoma. El documento no se limita a hablar de personas que intentaban cruzar individualmente a nado, sino que identifica una red de apoyo y medios materiales destinados a facilitar los desplazamientos desde el norte de Marruecos.

La referencia a los "alquileres estacionales" adquiere importancia por la concentración de población que se produce en Castillejos y otras localidades próximas a Ceuta durante los meses de verano. El propio CNI explica que sus análisis consideraban la presión migratoria procedente de Marruecos como un fenómeno estructural y que la zona colindante con Ceuta experimentaba una especial presión. En el caso de la ciudad autónoma, la vía marítima se había convertido en la principal forma de acceso irregular de los migrantes marroquíes, con casi 13.000 intentos de entrada a nado registrados durante 2025.

El informe sitúa esta estructura logística dentro de un escenario que los servicios de inteligencia españoles venían siguiendo desde comienzos de año. El CNI explica que sus análisis estratégicos recogían de forma periódica la elevada y constante presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y las convocatorias de asalto difundidas a través de redes sociales, especialmente coincidiendo con festividades religiosas o locales.

El CNI habló con el CENIF

En julio, la atención del servicio de inteligencia se centró además en el posible efecto que una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo podía tener sobre los intentos de entrada a nado. El 28 de julio, el CNI de Ceuta contactó con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para valorar conjuntamente el incremento de las entradas a nado y de ese intercambio salió el informe de riesgo difundido el día 29.

Ese episodio forma parte de los avisos previos a la entrada masiva que ya han sido documentados. El nuevo informe, sin embargo, permite añadir que la inteligencia española no solo estaba siguiendo el aumento de personas que pretendían alcanzar Ceuta, sino que describía una estructura de facilitación que, según el CNI, incluía alojamientos temporales y medios marítimos.

El documento detalla además cómo evolucionó la situación en las horas previas al 30 de julio. Según el CNI, las autoridades marroquíes tenían conocimiento del incremento de la afluencia de migrantes hacia la zona próxima a Ceuta. El 29 de julio aumentó de forma muy notable el número de personas interceptadas por las fuerzas de seguridad marroquíes y durante la noche se detectó un número creciente de ciudadanos que se dirigían hacia la ciudad autónoma. A primera hora del día 30 comenzaron las travesías a nado.

El CNI sostiene que durante esa jornada numerosos grupos de migrantes se aproximaron al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas y que incluso se produjeron atascos en la carretera A-7 entre Tetuán y Castillejos por la llegada de personas en vehículos y a pie. Según su reconstrucción, los controles establecidos por la Gendarmería Real fueron insuficientes y la entrada masiva se produjo alrededor de las 11.00 horas.

Las figura de "Ahmed"

Ahora, la investigación judicial todavía trata de reconstruir qué ocurrió en las horas previas y cómo se organizó la llegada de miles de personas a la frontera. De hecho, el último auto dictado por Tardón, pone el foco precisamente en la información disponible antes de los acontecimientos. La magistrada ha ordenado identificar y llamar como testigo a una persona conocida como "Ahmed", residente en Benzú, después de que el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz Ruiz, declarara que habría proporcionado información previa sobre "movimientos inusuales en Castillejos" y concentraciones de personas en territorio marroquí. Sanz lo describió, además, como un interlocutor "constante y fiable" de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

La magistrada ha pedido también a la Guardia Civil y a la Policía que identifiquen a los agentes que hubieran mantenido interlocución con "Ahmed" para que puedan declarar como testigos. Al mismo tiempo, ha reclamado documentación de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio y grabaciones procedentes de cámaras, drones, sistemas de control fronterizo y otros medios audiovisuales. También ha solicitado los informes de inteligencia y seguridad elaborados entre el 15 de julio y el 7 de agosto y los informes generados por el grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

En su último informe aportado a la jueza María Tardón en la causa en la que se investiga la entrada masiva el pasado 30 y 31 de julio en Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha aportado una nueva cronología sobre la actitud de las autoridades marroquíes durante el comienzo de la crisis. Aunque en los días anteriores al 30 de julio –cuando 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en territorio español– Rabat mantenía "una cierta proactividad en la interceptación de nadadores", durante las horas críticas "se observó un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad". Esta actitud, según recoge el informe, al que ha tenido acceso El Independiente, "llevó al desbordamiento de su dispositivo".

Para el CNI, el motivo principal del "insuficiente despliegue" de las autoridades marroquíes ese día fue la Fiesta del Trono, que Mohamed VI celebraba a pocos kilómetros de la frontera española. Según detalla el informe, desde Rabat "decidieron dar prioridad" al dispositivo de seguridad para los festejos por el 27 aniversario de la llegada del monarca al trono marroquí. Y es que el 30 de julio Mohamed VI se encontraba en su palacio de M'diq (Rincón), situado a menos de treinta kilómetros de Ceuta.

"Esto produjo que la llegada de inmigrantes de forma descontrolada al entorno de Ceuta se pudiera hacer sin la oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes", concluye el CNI. De hecho, el propio servicio de inteligencia admite que Marruecos comenzó a "aplicar medidas más contundentes" cuando ya se había producido "el
pico de entradas por tierra y mar" a la ciudad autónoma. Solo cuando ya habían entrado 80.000 personas al territorio español las autoridades alauís empezaron a realizar detenciones, traslados al interior y usar medios disuasorios.

Marruecos priorizó su seguridad pese al aviso desde España

Esta información llega mes y medio después de que el Gobierno desclasificase el contenido de cuarenta informes con los que se pretendía justificar su actuación durante el comienzo de la crisis. Uno de estos documentos era una comunicación entre el CNI y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), los servicios de inteligencia interior y exterior de Marruecos.

Según se desprende de ese documento, a las 18:26 horas del 29 de julio, el servicio secreto español se puso en contacto con su contraparte marroquí para avisarle de que al día siguiente había convocado un intento de entrada a la ciudad española. "POSIBLES INTENTOS DE ENTRADA A CEUTA DURANTE LA SEMANA DE LA FIESTA DEL TRONO", avisaban los agentes españoles. Sin embargo, y según se desprende de las nuevas conclusiones del CNI, Rabat decidió ignorar el aviso y priorizó el dispositivo de seguridad durante la Fiesta del Trono.

Rabat ignoró a Madrid

De hecho, el mismo informe que se publicó la semana pasada recoge que esta festividad es una fecha "recurrente y de referencia" en las convocatorias para cruzar ilegalmente promovidas en las redes sociales de Marruecos "al ser habitual que las fuerzas de seguridad marroquíes se centren en el control de las diferentes celebraciones". A pesar de esto, y de que la inteligencia española detectó grupos con miles de participantes, las autoridades de Rabar ignoraron la advertencia de Madrid.

Este último documento también apunta en esta dirección. "Las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta, y habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento", asegura el CNI. Por ello, es chocante que, en la práctica, mostraran una implicación "muy irregular" en la prevención y control de la crisis, en las propias palabras de los servicios de inteligencia.

Los agentes marroquíes controlaron los alrededores de Castillejos

El nuevo documento revela a su vez que las fuerzas marroquíes retuvieron preventivamente a grupos de subsaharianos en los montes de Castillejos "para bloquear su avance" desde la tarde del 30 de julio. En estos montes se suelen establecer los inmigrantes subsaharianos que llegan hasta territorio marroquí con la intención de llegar hasta España. Desde allí, esperan su oportunidad para poder cruzar hacia Ceuta.

Según la cronología del CNI, "tras considerar que la situación de entrada masiva en Ceuta estaba completamente controlada", al día siguiente –el 1 de agosto– las autoridades marroquíes crearon "células de crisis". Estos operativos estaban destinados a asegurar que la convocatoria de un nuevo intento de cruce a Ceuta no tuviese éxito, tal y como sucedió el 15 de agosto. Aunque la inteligencia española no lo menciona, las imágenes tomadas ese día mostraban, en su mayoría, a inmigrantes subsaharianos, no marroquíes. Durante aquella jornada, los periodistas de RTVE y Efe que cubrían el dispositivo de seguridad desplegado por Rabat fueron expulsados de esta zona.

La intención de Marruecos de "controlar el relato"

El informe señala además que "se han observado las iniciativas de las autoridades marroquíes en diferentes ámbitos con objeto de tratar de evitar condenas o llamadas de atención por parte de organismos internacionales como la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 17.09.20266". Esta resolución salió adelante sin los votos de la izquierda parlamentaria.

Además, los agentes señalan que "la gestión de esta crisis por parte de las autoridades marroquíes tiene como finalidad prioritaria controlar el mensaje sobre la situación social en el norte del país y mantener la imagen de aliado comprometido y fiable con la Unión Europea y España en relación con los flujos migratorios", sentencian.

"No hay por donde cogerlo". "Ganamos por goleada". Son algunas las respuestas de diferentes fuentes del sector de la defensa y la seguridad cuando se les pregunta acerca de la diferencia de capacidades marítimas entre España y Marruecos. También apuntan que una guerra común entre ambos países es muy improbable debido al artículo 5 de la OTAN que blinda a España con el paraguas de la Alianza.

Es por eso que Rabat ha decidido ampliar la presión sobre España desde otro argumentario. La guerra híbrida, advierten las fuentes, es el escenario perfecto para Marruecos. Es el escenario perfecto para presionar a un país. Pero, no entienden, dicen las fuentes consultadas, la respuesta del Gobierno de España, que no ha sabido reaccionar "correctamente" desde el punto de vista político. Más aun cuando España se encamina a convertirse en el tercer inversor en Marruecos y es el principal socio comercial de Rabat. Y parece que España no sabe jugar con esa baza. Juntos suman un comercio anual que supera los 22.000 millones de euros.

Pero además, desde el plano militar, comparar a España con Marruecos, a pesar de que Rabat haya reforzado su inversión en defensa con un nuevo récord de gasto, "no es una comparativa real", asegura a El Independiente Juanjo Rodríguez, Chief Engineer de sistemas de guerra electrónica. Marruecos aumentó su gasto militar, pasando del 3,44% del PIB al 3,54% del PIB y ya se posiciona como la decimoquinta (15º) economía que más gasta en proporción de su producción anual.

Aún así, Rodríguez insiste en que, más allá de que Marruecos tenga una capacidad militar mucho menor que España a pesar de su récord de inversión militar, "sí cuenta con esa fuerza para generar acciones de guerra híbrida de las que no es fácil defenderse en una sociedad polarizada". En el plano marítimo, España cuenta con el Portaaviones Juan Carlos I, además de 11 fragatas, entre las que se incluyen las cinco avanzadas clase F-100 con la tecnología Aegis, el sistema de combate más avanzado del mundo y que solo lo disponen siete ejércitos en el planeta.

Mientras tanto, Marruecos posee seis fragatas. Una FREMM, tres Sigma y dos Floréal. Pero Juanjo Fernández advierte que aunque la Marina Real marroquí fue una fuerza de protección costera, "eso está cambiando. Hoy su buque insignia es la fragata FREMM Mohammed VI, de 6.000 toneladas, una de las unidades de combate más modernas del Mediterráneo occidental, acompañada de tres fragatas clase Sigma", añade. Así, "Marruecos está pasando de vigilar su costa a tener una flota con capacidad oceánica".

"Pero lo que de verdad debería hacernos levantar la vista del mapa no es un buque. Es un puerto", asegura Rodríguez. Se trata de la base naval de Ksar Sghir que está terminando de construir Marruecos a treinta kilómetros de Tánger, ubicado en el punto más angosto del Estrecho de Gibraltar, el paso marítimo más estratégico que comparte con España. Este puerto "está llamado a ser la principal base de la Marina Real, y el puerto desde el que operarán sus fragatas más modernas".

Incomparables por debajo del agua

En el plano de los sumergibles, mientras España cuenta con dos submarinos disponibles y otros tres en pruebas y construcción, Marruecos no cuenta con ninguno en sus filas. La Armada española tiene el S-81 Isaac Peral que está operativo, además del S-71 Galerna pero que, a pesar de estar en la flota, está pendiente de retirada. Pero el futuro de los submarinos españoles es aún más prometedor tras el éxito tecnológico de las recientes pruebas del sistema AIP (Propulsión Independiente de Aire) del submarino S-83 que fueron descritas como "un hito tecnológico clave para la industria naval española". En este momento, las prioridades de las instalaciones de Cartagena se centran en el S-82 Narciso Monturiol que, con la superación del hito clave de su primera inmersión estática, "demostró la estabilidad y resistencia de su casco".

Y ahora, con el éxito de la integración del sistema avanzado AIP, los submarinos S-80 "tendrán la capacidad de permanecer en inmersión durante semanas, frente al par de días habitual en submarinos convencionales equipados únicamente con baterías de plomo-ácido". Con ello, esta nueva capacidad proporcionará una ventaja táctica "sin precedentes a la Armada", ya que incrementa "de forma significativa" su capacidad para mantenerse indetectable y su poder de disuasión.

Y por el otro lado, cruzando el Mediterráneo, Marruecos, sin ningún sumergible, se posiciona en mayor indefensión. Sin embargo, la prensa local ha informado del interés de Rabat de hacerse con tres submarinos en 2027. Y aquí, en opinión de Juanjo Rodríguez, "conviene pararse", ya que "un submarino en el Estrecho no es una herramienta de vigilancia, es una capacidad de negación de acceso". El submarino posibilita "amenazar, condicionar o cerrar un paso que España (y media Europa) necesitan mantener abierto. Como acabamos de aprender en Ormuz, no cambia quién patrulla el Estrecho, cambia quién puede cerrarlo".

Capacidades militares de Marruecos de origen español

Y entre las capacidades marítimas de Marruecos reflota una de origen español. El Avante 1800 es la primera embarcación que construye España para Marruecos desde que le entregó la corbeta Teniente Coronel Errahmani hace ya 43 años. La principal función del aparato, que se entregó el pasado mes de septiembre será la de controlar el tráfico marítimo, además de vigilar la zona para luchar contra el narcotráfico.

El patrullero Avante es una corbeta "compacta y asequible, diseñada para misiones de guerra aérea, superficie y electrónica, además de vigilancia de Zonas Económicas Exclusivas. Con un diseño furtivo, gran autonomía y sensores avanzados, combina flexibilidad operativa con la experiencia de Navantia en el diseño de fragatas", explica el fabricante.

Pero España no solo ha construido este patrullero, ya que en 2025 las exportaciones de España a Marruecos registraron un aumento de más del 40% con respecto a 2024, según datos de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía analizados por El Independiente. Las ventas militares a Marruecos pasaron de 21 millones a 29,6 millones de euros, en el que destacaron las partidas conocidas como "armas de guerra" y "bombas, granadas y torpedos".