❌

Normal view

Spain: Video footage suggests police ‘facilitated’ migrant surge in July

28 October 2026 at 16:34

The Spanish National Police have submitted video footage to the National Court that allegedly features undercover Moroccan agents during the late-July border crossing into Ceuta. 

According to documentation from the National Center for Immigration and Borders (CENIF), the footage suggests the mass illegal crossing was a coordinated operation involving both uniformed police and plainclothes operatives rather than a spontaneous event.

As part of the evidence submission, as reported by The Objective, CENIF provided Judge María Tardón with 34 visual files tracking Moroccan personnel. Ten files show uniformed officers, while the remaining 24 document individuals whose behavior differed significantly from the migrants. 

La Policía Nacional ha entregado a la Audiencia Nacional un vídeo en el que aparecen reflejados varios individuos que los investigadores identifican como presuntos agentes marroquíes durante la entrada masiva en Ceuta. Toda la información: https://t.co/aKG2LfPYlF https://t.co/f8Mg8xCngV

— THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 27, 2026

The core material consists of a 3-minute video of uniformed personnel and a 7.5-minute video of alleged plainclothes “facilitators.”

Numerous social media posts have since posted videos they claim show Spanish police helping migrants along.

🔴 Los vídeos de la complicidad de Marruecos con la invasión de Ceuta: la Policía concluye que «no fue un fenómeno espontáneo». 🔗 https://t.co/TVt5psyV42 https://t.co/bUqiArBcVx

— okdiario.com (@okdiario) October 27, 2026

Investigators state these plainclothes individuals embedded themselves in the crowd or stood by Moroccan checkpoints to direct the movements of the roughly 90,000 migrants. Some were filmed walking against the crowd flow, monitoring the influx, and guiding people toward specific routes. 

The court is now investigating whether these individuals were passive observers or active organizers. As a central part of this inquiry, Judge Tardón has scheduled three Moroccan witnesses to testify before the National Court this Wednesday.

Earlier this month, Remix News reported on news that some 70 percent of recent asylum applications filed by Moroccan migrants in Ceuta were claiming to be persecuted homosexuals.

In August, soldiers on the ground stated that they were “helpless” against migrant ambushes and “feared for their lives.” There have also been reports out of Spanish police that the waves of migrants pouring into the enclave are being planned by the Moroccan government.

The migrant surge last July saw nearly 50,000 illegal migrants enter the Spanish enclave of Ceuta from Morocco within 24 hours. Remix News reported in early August that a dozen illegal migrants who entered Ceuta in that wave had previously been investigated for jihadist terrorism in Spain before being deported to Morocco.

The post Spain: Video footage suggests police ‘facilitated’ migrant surge in July appeared first on Remix News.

Esa incómoda Guerra del Rif y su sombra sobre el verano de Ceuta, un siglo más tarde

28 October 2026 at 23:08
Después de 22 años, la novela Carta blanca de Lorenzo Silva saltará al cine. El largo camino hasta las salas demuestra la incomodidad de la sociedad española y la mistificación marroquí sobre aquel conflicto. La incomprensión mutua es una parte de la crisis de desconfianza que explica el conflicto actual Leer

Después de 22 años, la novela Carta blanca de Lorenzo Silva saltará al cine. El largo camino hasta las salas demuestra la incomodidad de la sociedad española y la mistificación marroquí sobre aquel conflicto. La incomprensión mutua es una parte de la crisis de desconfianza que explica el conflicto actual

Mandos de la Policía tachan de "escandalosas" las "presiones políticas" y avisan: "Estaremos por encima de cualquier injerencia"

28 October 2026 at 23:07
El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López Gutiérrez (1 fila, c), durante la presentación de la Junta Nacional del Sindicato, en Ceuta

El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López Gutiérrez, ha lanzado este miércoles desde Ceuta una defensa cerrada de la independencia de los mandos y de las unidades de investigación de la Policía Nacional frente a lo que ha definido como “intolerables presiones políticas” y un “hostigamiento sistemático” en los últimos meses. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar y a quién no", ha explicado, "lo redacta con la verdad, con unos hechos y con la ley en la mano", ha sentenciado. Y ha rematado: “Estaremos siempre por encima de cualquier injerencia”.

La intervención de López Gutiérrez se ha producido después de la Junta Nacional del SPP, sindicato de mandos de la Policía Nacional, celebrada en Ceuta, donde los responsables del sindicato han abordado la situación de la Policía Nacional y los principales retos de seguridad a los que se enfrenta España, con especial atención a la ciudad autónoma. El acto ha estado marcado por el grave accidente ocurrido en Toledo en la mañana el miércoles, por el que se ha guardado un minuto de silencio.

Presión de las unidades policiales

El mensaje del presidente del sindicato de mandos ha ido mucho más allá de una reivindicación laboral. Daniel López ha situado en el centro de su intervención la presión que, a juicio de los responsables, están sufriendo las unidades policiales cuando sus investigaciones afectan a asuntos políticamente sensibles. Y ha citado expresamente los informes de la UDEF y la UCRIF que han provocado controversia durante las últimas semanas.

“Si la verdad incomoda a alguien, el problema no es del policía o de la unidad que lo redacta”, ha señalado. El presidente del SPP ha defendido que los agentes no trabajan pensando en las consecuencias políticas de sus conclusiones y ha reivindicado la “neutralidad y la independencia” de la Policía Nacional. “Los mandos y los agentes de esta institución no sirven a ningún partido ni a ningún interés particular; servimos únicamente al imperio de la ley, de la Constitución y del pueblo español”, ha afirmado.

Marlaska y el CENIF

Las palabras llegan después de varios episodios en los que informes policiales han quedado en el centro de la disputa política. Uno de los más recientes ha sido precisamente el de Ceuta. El SPP ya salió públicamente en defensa del CENIF cuando el informe elaborado por esta unidad sobre la crisis migratoria fue puesto en cuestión y el ministro del Interior reclamó explicaciones a la cadena de mando. El sindicato acusó entonces de intentar buscar responsabilidades en el ámbito policial y defendió el “rigor técnico” y la independencia de las unidades de inteligencia e investigación.

La controversia se produjo después de que el informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional señalara la actuación de agentes de la Gendarmería marroquí en la entrada masiva de finales de julio. Paralelamente, la documentación posteriormente publicada por el Gobierno ha permitido reconstruir que distintas unidades habían elaborado informes y comunicaciones antes de la crisis, entre ellos documentos del CENIF de los días 23, 28 y 29 de julio.

Zapatero y la UDEF

El otro gran frente al que se refieren las palabras de López Gutiérrez es el de la UDEF. Los informes de la unidad en la investigación sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra han tenido un enorme impacto político y judicial. La Policía ha situado en sus informes elementos económicos y societarios que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a autorizar nuevas pesquisas sobre cuentas del expresidente, sus hijas, su secretaria y sociedades vinculadas a la investigación.

Precisamente la defensa de Zapatero ha cuestionado ante el juez la actuación de la UDEF y ha pedido límites a sus pesquisas, al considerar que algunas de sus conclusiones podían responder a una tesis “elucubrativa” y acercarse a una investigación prospectiva. Es en este contexto de informes policiales que afectan directamente a asuntos políticos donde el presidente del SPP ha querido reivindicar que las unidades deben poder investigar y redactar sus conclusiones sin atender a quién puedan incomodar.

“Frente a la presión política y el hostigamiento que buscan doblegarnos, quiero dejar claro la neutralidad y la independencia de la Policía Nacional”, ha proclamado.

La Junta Nacional, en Ceuta

La elección de Ceuta como escenario de la Junta Nacional ha permitido además al sindicato conectar esta reivindicación con la situación que viven los policías destinados en la frontera. López Gutiérrez ha presentado la ciudad como “la frontera del sur de Europa” y ha denunciado una “paradoja insostenible”: mientras desde Madrid o Bruselas se trata de trasladar un discurso de normalidad y control, los mandos policiales se enfrentan sobre el terreno a una realidad marcada, ha dicho, por la “insuficiencia estructural” de recursos, la “indefinición jurídica” y, sobre todo, la improvisación.

El presidente del SPP ha recordado la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio para reivindicar el papel desempeñado por los mandos policiales durante aquellas jornadas. Miles de personas entrando al mismo tiempo, el perímetro desbordado, los servicios de la ciudad al límite y agentes triplicando turnos fueron, según su relato, el escenario en el que los responsables policiales tuvieron que tomar decisiones “bajo una presión extrema”.

Sin plantilla y sin coches

La denuncia no se limita a la falta de efectivos. El sindicato ha señalado plantillas por debajo del catálogo, vehículos que “no deberían seguir circulando”, material antidisturbios insuficiente, instalaciones deficientes y dietas que considera insuficientes. Y ha reclamado al Ministerio del Interior y al Gobierno un plan integral para Ceuta, un refuerzo permanente de las plantillas y, sobre todo, seguridad jurídica para los policías.

“Si la frontera de Ceuta es estratégica para España y para la Unión Europea, la dotación, el respaldo legal y la protección jurídica a la labor policial deben estar a esa misma altura estratégica. Y hoy por hoy no lo están”, ha afirmado.

El discurso ha incorporado además una advertencia de futuro. López Gutiérrez ha alertado de los riesgos derivados de la polarización política y ha situado los próximos procesos electorales como un posible escenario de tensión. Tras referirse a disturbios y episodios de violencia registrados en otros países europeos como Francia o Italia, ha advertido de que “España no es inmune” a esa dinámica.

Cuestionar el resultado electoral

El presidente del SPP ha planteado incluso que, ante un eventual cambio de tendencia política, determinados sectores radicales podrían intentar cuestionar el resultado electoral en la calle y provocar movilizaciones que degenerasen en disturbios. “No vamos a esperar a que esto ocurra”, ha asegurado. La Policía, ha añadido, debe prepararse para anticipar esas situaciones y garantizar que el derecho de manifestación no termine convirtiéndose en inseguridad.

Por eso, el sindicato reclama un Gobierno que respalde a los policías cuando actúen conforme a la ley. “España necesitará un gobierno fuerte y sin complejos”, ha defendido Daniel, que ha pedido que los agentes no sean abandonados durante las crisis para después enfrentarse a expedientes o procedimientos judiciales.

Ceuta: Two Vehicles Set Alight in Recurring Pattern of Post-Invasion Violence

28 October 2026 at 10:31

Two vehicles were set alight in the Spanish city of Ceuta in the early morning hours of Wednesday morning in what has become a recurring pattern of random violence following the mass illegal migrant invasion.

The post Ceuta: Two Vehicles Set Alight in Recurring Pattern of Post-Invasion Violence appeared first on Breitbart.

Brussels Proposes 30,000-Strong Frontex Force as EU Moves Towards Centralised Border Control

28 October 2026 at 09:30

The European Commission wants to expand Frontex into a more powerful border and returns agency, with operations extending beyond EU territory. The proposal raises questions about national sovereignty, operational accountability and the future management of European migration.

The European Commission has proposed a substantial expansion of Frontex, the European Union’s border and coastguard agency, in a move that would increase its personnel to 30,000, extend its operational responsibilities beyond EU territory and give Brussels a greater role in coordinating the removal of people without permission to remain in Europe.

The legislative proposals presented on 27 October represent a further stage in the EU’s efforts to establish a common system of migration enforcement, following the introduction of new asylum rules and the adoption of legislation allowing migrant return centres outside the Union.

At issue is not simply the size of Frontex but the extent to which responsibility for border enforcement, surveillance and deportation should be exercised at European rather than national level.

From supporting agency to operational force

Under the Commission’s plan, Frontex would progressively expand its standing corps to 30,000 officers by 2041, including a new reserve of 17,000 personnel available for deployment.

The agency would also gain wider powers to purchase, lease and jointly own equipment, including surveillance systems and technologies using artificial intelligence.

These arrangements are intended to reduce dependence on individual governments for essential equipment and personnel during emergencies.

The proposal follows the extraordinary migration crisis in Spain’s North African enclave of Ceuta, where more than 72,000 people crossed from Morocco during July.

As EU Today previously reported, Spain subsequently requested additional assistance from Frontex, Europol and the European Union Agency for Asylum as its authorities struggled with the consequences of the mass crossing.

The Commission argues that such incidents demonstrate the limitations of a system in which European assistance depends heavily on national requests, available personnel and sometimes lengthy coordination procedures.

A proposed Quick Reaction Force could deploy within 24 hours following an emergency request from a member state.

Deportations beyond European borders

The most consequential change concerns the agency’s proposed role in returns.

Frontex would receive responsibility for a new Return Coordination Centre, bringing together operational information and supporting the entire removal process, from identifying individuals and arranging voluntary departures to organising deportations and reintegration assistance.

More significantly, it could help conduct returns between two non-EU countries under agreements with the countries concerned.

This would allow European personnel to participate in removal operations that neither begin nor end on European territory.

The development follows the EU’s approval of new legislation permitting return hubs outside the bloc.

The Commission presents the two initiatives as complementary: national governments would retain responsibility for individual immigration decisions, while Frontex would increasingly provide the operational capacity needed to implement them.

The effectiveness of such arrangements would depend on cooperation with third countries, reliable identification procedures and compliance with international legal obligations.

Digital surveillance and accountability

The proposal would establish an Online Monitoring and Response Centre to examine publicly accessible social-media activity for indications of emerging border-security threats.

EU governments would also be required to communicate significant border developments through the EUROSUR information network within 24 hours.

The Commission considers these tools necessary to identify organised migrant movements and potential security incidents before they develop into emergencies.

However, the proposed expansion has also prompted questions about oversight.

According to details of the proposal reported on 27 October, the reform would narrow the responsibilities of Frontex’s internal fundamental-rights watchdog, with certain complaints referred to national authorities.

Dutch Green MEP Tineke Strik has warned that operations in third countries without sufficient oversight could undermine accountability and create uncertainty about the legal responsibilities of European personnel.

These concerns are particularly relevant when activities involve several jurisdictions and different national legal systems.

A European force with national responsibilities

The Commission has proposed allocating €11.8 billion to Frontex under the EU’s 2028–2034 financial framework, almost twice the allocation envisaged under the current seven-year budget.

That funding remains subject to negotiations.

The legislation must also receive approval from the European Parliament and the Council, where governments will determine how far they are prepared to extend the agency’s mandate.

For national capitals, the central question is whether a larger common force will strengthen their ability to manage migration or progressively transfer operational discretion to an EU institution.

For Brussels, the proposal reflects a different calculation: a common external border requires more than common legislation if national authorities remain responsible for providing most of the capacity.

The negotiations will determine whether Frontex remains principally a supporting agency or becomes the operational centre of a more integrated European border-management system.

El Ministerio del Interior se reitera ante la Justicia: no hubo aviso previo al asalto de 90.000 inmigrantes a la frontera de Ceuta

27 October 2026 at 20:28
"No se detectaron situaciones que pudieran desbordar las capacidades de las unidades desplegadas en el territorio", señala el documento Leer

"No se detectaron situaciones que pudieran desbordar las capacidades de las unidades desplegadas en el territorio", señala el documento

La juez Tardón afirma que el informe del CNI sobre Ceuta no aportó nada nuevo y da 15 días al Gobierno para que desclasifique nuevos documentos

27 October 2026 at 14:24
La magistrada subraya que la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado Leer

La magistrada subraya que la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado

El Gobierno de Ceuta pidió a Interior que instalara una barrera de boyas 15 días antes de la oleada de inmigrantes pero la secretaria de Estado lo rechazó

27 October 2026 at 12:21
Según ha relatado el consejero de Presidencia a la juez Tardón, Interior se limitó a comparar la situación de la ciudad autónoma con la de otros veranos Leer

Según ha relatado el consejero de Presidencia a la juez Tardón, Interior se limitó a comparar la situación de la ciudad autónoma con la de otros veranos

"Haz lo que te parezca": el descontrol de Interior derivó en un choque Policía-Guardia Civil en pleno asalto en Ceuta

27 October 2026 at 07:32
Declaran ante la juez que no recibieron indicaciones de cómo actuar durante el asalto a la frontera Leer

Declaran ante la juez que no recibieron indicaciones de cómo actuar durante el asalto a la frontera

El jefe de la Policía confirma ante Tardón que vio a agentes marroquíes "dirigir" a los migrantes hacia Ceuta durante la entrada masiva

26 October 2026 at 13:25
Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército vigilan la frontera del Tarajal, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España)

El ahora exinspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages ha declarado este lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio vio desde la frontera cómo agentes marroquíes dirigían a personas hacia territorio español. Según ha explicado ante la magistrada, había una cola muy larga de personas en el lado marroquí, a la vista de la Gendarmería, y observó a individuos que las iban conduciendo hacia la zona del espigón, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente.

Fages, responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta durante aquellos hechos, relató que recibió sobre las 10.00-10.30 horas una llamada alertando de una entrada masiva por la playa del Tarajal. Cuando llegó a la zona se encontró con un "río humano" que avanzaba hacia España y consideró que la puerta de servicio situada en el paso del Tarajal debía cerrarse para intentar contener la avalancha.

Sin embargo, la Guardia Civil se opuso a esa decisión. Según explicó Fages ante Tardón, el mando del Instituto Armado le advirtió de que, si se producía un tapón, las personas podían terminar lanzándose al agua y que, en caso de fallecimientos, la responsabilidad recaería sobre la Guardia Civil. La puerta llegó a cerrarse durante unos minutos, pero posteriormente volvió a abrirse.

El Tarajal

El entonces responsable policial aseguró que incluso manifestó que él asumía la responsabilidad de cerrar la puerta, pero que la Guardia Civil mantuvo su negativa. Ante la imposibilidad de contener el flujo por ese punto, la Policía intentó redirigir la entrada masiva hacia el polígono del Tarajal.

La situación provocó un enfrentamiento entre ambos cuerpos en la propia frontera. Fages confirmó ante la jueza las imágenes en las que se observa el rifirrafe entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y explicó que la Policía trataba de detener el flujo mientras la Guardia Civil defendía mantener abierta la puerta por el riesgo que, a su juicio, suponía cerrarla.

El problema, además, era la falta de efectivos. Fages ha declarado que llegó a encontrarse con apenas 20 o 25 policías para afrontar la entrada masiva, a los que posteriormente se sumaron 12 agentes de la UIP. Ante una entrada masiva que ha considerado descontrolada, los agentes tuvieron que concentrarse en intentar canalizar a las personas que entraban y finalmente priorizar la seguridad de la ciudad.

No hubo alerta previa

El inspector jefe ha explicado asimismo que la Policía Nacional no había recibido una alerta previa que permitiera preparar un dispositivo extraordinario. Existía un protocolo específico para afrontar entradas masivas, vigente desde 2021, que contempla la petición de apoyo de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, según su declaración, aquel procedimiento no llegó a activarse: "Nunca llegó la orden", afirmó ante la magistrada. El propio Fages aseguró que no sabía quién debía haber ordenado su activación.

Su testimonio incorpora además un elemento sobre lo que estaba sucediendo en el lado marroquí antes y durante la entrada. Según relató, había una cola muy larga de personas esperando para cruzar, perfectamente visible desde la frontera y a la vista de la Gendarmería marroquí. Fages aseguró que vio a personas "dirigiendo" desde Marruecos y que algunas vestían uniformes de color gris y caqui. El inspector jefe no pudo precisar, sin embargo, qué cuerpo concreto integraban todos los individuos que observó.

El teniente coronel de la Guardia Civil

El relato del mando policial se suma al prestado ante Tardón por el teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de las operaciones de la Comandancia de Ceuta. Su versión sobre la actuación en la frontera difiere de la de la Policía. El mando de la Guardia Civil sostuvo que todas las decisiones operativas fueron suyas y que no recibió instrucciones del delegado del Gobierno ni de otros superiores durante la entrada masiva.

El teniente coronel defendió precisamente la decisión de mantener abierta la puerta del Tarajal. Según su declaración, cerrarla podía provocar un tapón y aumentar el riesgo de aplastamientos o de que quienes se encontraban en la zona se lanzaran al agua. Aseguró que entre quienes intentaban entrar había familias con bebés y personas mayores, mientras que numerosos jóvenes ya estaban nadando.

Seis embarcaciones marroquíes el día antes

El mando de la Guardia Civil también ha explicado que la noche anterior había seis embarcaciones marroquíes en la zona: dos patrulleras, dos interceptoras y dos embarcaciones pequeñas. Y afirmó que durante la entrada observó a militares marroquíes dirigiendo a las personas hacia el espigón. También señaló que algunas de las embarcaciones pequeñas recogían a personas en el agua y las dejaban posteriormente en la playa.

Según su declaración, la situación ya había comenzado a complicarse durante los días anteriores, con un aumento de la llegada de nadadores, pero aseguró que no recibió un aviso de que fuera a producirse una entrada masiva. El día 30, explicó, a primera hora ya habían llegado unas 300 personas y posteriormente se produjo una salida masiva de varios cientos de nadadores. Las declaraciones de ambos responsables policiales permiten a Tardón reconstruir ahora no solo cómo se desarrolló la avalancha, sino también las distintas decisiones adoptadas por los cuerpos desplegados en la frontera.

Cargos del CNI consideran que desclasificar informes como los de Ceuta por "motivos políticos" es peligroso: "Sienta un precedente"

25 October 2026 at 23:06
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre

La desclasificación por parte del Gobierno de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha abierto un debate que va más allá de la propia crisis del 30 de julio. Cargos vinculados al funcionamiento del servicio de inteligencia han explicado a El Independiente que consideran peligroso que documentación elaborada bajo la premisa de que permanecería reservada pueda ser desclasificada para dirimir una controversia política y alertan de que esta práctica "sienta un precedente".

La preocupación, explican estas fuentes, no se refiere únicamente a los documentos concretos relacionados con Ceuta, sino al criterio que pueda consolidarse para futuras desclasificaciones. La documentación de inteligencia puede contener información sobre fuentes, métodos de obtención, sistemas de vigilancia, valoraciones de riesgo o información recibida de otros servicios, de manera que levantar su reserva no es equivalente a hacer público un expediente administrativo ordinario.

El debate dentro del propio Ministerio de Defensa nace a raíz de cómo se generó la controversia que llevó a dicha desclasificación. Después de la entrada masiva en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no había recibido un aviso del CNI que anticipara una operación de las dimensiones que finalmente se produjo. La afirmación provocó un enfrentamiento político con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió que los servicios de inteligencia sí habían advertido previamente de la situación.

Cuando Sánchez desclasificó los papeles

Fue en ese contexto cuando Pedro Sánchez anunció en el Congreso que se desclasificarían los informes y avisos manejados por el Gobierno antes y durante la crisis. El Consejo de Ministros acordó posteriormente la desclasificación parcial de documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Entre los documentos desclasificados había tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas por el servicio de inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil. El propio Gobierno admitió que no toda la documentación podía hacerse pública porque parte de ella afectaba a información especialmente protegida o incorporaba elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La documentación que ha ido aflorando desde entonces ha complicado precisamente la versión inicial de que no existió aviso. No se trata de que los servicios de inteligencia hubieran predicho con exactitud que decenas de miles de personas entrarían en Ceuta, sino de que existía información previa sobre el incremento de la presión migratoria, la organización de convocatorias en Marruecos y el riesgo de una entrada por la frontera.

Uno de los elementos más relevantes fue la información que el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio, la víspera de la entrada masiva, y que adelantó El Independiente en exclusiva. El servicio alertó de la existencia de grupos en redes sociales con decenas de miles de integrantes que estaban organizando una entrada desde Marruecos y trasladó el riesgo a su interlocutor en la Delegación. Posteriormente se conoció incluso la existencia de 19 mensajes intercambiados ese día entre un oficial del CNI y el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno que no habían formado parte de la primera desclasificación.

La Audiencia Nacional investiga la documentación

La propia investigación de la Audiencia Nacional está contribuyendo a reconstruir una cadena de avisos mucho más amplia. La jueza María Tardón ha solicitado documentación a prácticamente todos los organismos que participaron en la gestión de la frontera y de la crisis y ha puesto el foco en qué información existía antes del 30 de julio, cómo circuló entre los distintos organismos, quién la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

En su última batería de diligencias, la magistrada ha pedido al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto. También ha reclamado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) los informes elaborados por su grupo de seguimiento de Marruecos, ha ampliado la petición de imágenes satelitales sobre la frontera y ha solicitado específicamente la información correspondiente a la interceptación sobre la frontera de Ceuta del denominado 'Programa Santiago'.

La jueza explica que esta documentación resulta "particularmente relevante" para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de la información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados durante la investigación. Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a la primera desclasificación promovida por el Gobierno.

Diferencias entre la AN y el Gobierno

Una cosa es que el Ejecutivo decida levantar la reserva de documentación de inteligencia para responder a una controversia política y defender su actuación ante las críticas por la gestión de la crisis. Otra es que un órgano judicial, dentro de una investigación, reclame documentación reservada porque considera que puede ser necesaria para determinar qué ocurrió y depurar responsabilidades.

En el caso de Tardón, además, la petición judicial no se limita al CNI. La magistrada está reclamando información al Estado Mayor de la Defensa, al CIFAS, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma. También ha pedido grabaciones de cámaras, drones y sistemas de control fronterizo, así como documentación sobre las reuniones celebradas antes de la entrada masiva. Todo ello responde a la intención de reconstruir la secuencia de acontecimientos y comprobar qué sabían las autoridades antes de que miles de personas atravesaran la frontera.

El problema es que parte de esa documentación puede encontrarse precisamente dentro del ámbito de la información clasificada. La petición de una jueza no equivale por sí misma a una desclasificación. Si un documento está formalmente protegido por la legislación sobre secretos oficiales, será necesario seguir el procedimiento correspondiente para que pueda incorporarse a la causa.

La reserva pierde parte de su función

La diferencia es importante para quienes dentro de los servicios de inteligencia cuestionan el precedente de la decisión del Ejecutivo. No plantean que un juez deba quedar privado de la información que necesita para investigar unos hechos. Su preocupación se centra en que la clasificación de documentos pueda levantarse en función de las necesidades coyunturales de una controversia política.

"El problema es el precedente", resumen estas fuentes. Si informes de inteligencia pueden dejar de estar protegidos porque un Gobierno necesita acreditar que actuó correctamente frente a una determinada crisis, sostienen, la reserva pierde parte de su función como garantía estable del trabajo de los servicios de inteligencia.

Marrocos reivindica Ceuta e Melilla no parlamento

22 October 2026 at 22:30
Coligação e oposição unem-se no parlamento marroquino para exigir soberania sobre as cidades espanholas. Visita de Filipe VI a Ceuta, a 13 de outubro, inflamou o debate.

© MARISCAL/EPA

Partido da Justiça e do Desenvolvimento condenou "energicamente" a visita do rei Filipe VI, no dia 13, à cidade espanhola de Ceuta

Ceuta. Retiradas 300 toneladas de resíduos em acampamentos

19 October 2026 at 23:37
Cerca de 200 trabalhadores mobilizados para limpar zonas onde viviam 500 migrantes desde finais de julho, após entrada massiva de mais de 80.000 pessoas.

© RAFAEL PENA/EPA

A Polícia Nacional retirou cerca de 500 migrantes que viviam nestes acampamentos finais de julho

Spain’s Ceuta Migration Crisis Tests EU Asylum Rules as Thousands Await Decisions

19 October 2026 at 18:46

Spain’s government has declared that the first phase of its emergency response to the Ceuta migration crisis has been completed, following the arrival of an estimated 80,000 migrants from Morocco at the end of July.

Interior Minister Fernando Grande-Marlaska said on Friday, 16 October, that approximately 12,000 people had returned voluntarily to Morocco since August, while the authorities had expanded facilities to process asylum applications and return decisions.

Nevertheless, substantial administrative and humanitarian challenges remain in the Spanish enclave, particularly concerning people awaiting decisions on their legal status and unaccompanied minors. The situation has become an important test of the European Union’s revised migration and asylum legislation.

Unprecedented crossings at the African border

The crisis began on 30 July, when tens of thousands of people entered Ceuta from Morocco by land and sea following the circulation of misleading information on social media about access to Spanish territory.

According to an October briefing by the European Parliament’s Research Service, approximately 80,000 people crossed into the enclave during the incident, overwhelming local reception facilities and creating an emergency at one of the EU’s few land borders with Africa.

A subsequent European Parliament resolution referred to at least 141 deaths associated with the crossings, although the initial figure reported by Spanish authorities was lower. The exact number of people who crossed and the final death toll have remained subjects of uncertainty.

Most entrants returned to Morocco within days. However, thousands remained, leaving Spain responsible for assessing individual claims, arranging lawful returns and providing appropriate accommodation.

Ceuta’s geographical position complicates these procedures. Although the enclave is Spanish and forms part of the EU, travellers departing for mainland Spain remain subject to specific controls at its ports and airports.

Spain expands its processing capacity

During a visit to Ceuta on 16 October, Grande-Marlaska defended the government’s management of the emergency and announced that additional police resources would substantially increase administrative capacity.

The expanded temporary reception and processing facilities at El Tarajal are intended to handle at least 100 files daily, including applications for international protection and return procedures.

According to figures presented by the Interior Minister, approximately 1,200 applications for international protection had been formally submitted, with around 700 decisions already issued.

He also rejected allegations that the authorities had conducted concealed or involuntary returns, insisting that departures to Morocco had followed voluntary decisions or the appropriate legal procedures.

The minister said more than 500 expulsions had been executed through judicial or administrative decisions in recent months. These are distinct from the approximately 12,000 voluntary returns recorded since August.

The treatment of unaccompanied minors remains contentious. The European Parliament’s research briefing estimated that around 1,100 such minors were in Ceuta, including some who arrived before the July emergency.

Responsibility for their care has generated disagreement between the Spanish central government and Ceuta’s autonomous administration, particularly over guardianship, identification and the distribution of minors to other regions.

New EU asylum system faces a practical test

The EU Pact on Migration and Asylum, which began applying in June 2026, was designed to strengthen external border procedures while establishing clearer responsibilities for Member States.

Its provisions include identity and security screening, accelerated procedures for certain asylum applications and a solidarity mechanism allowing countries to support those facing disproportionate migration pressures.

Under the screening rules, the authorities generally have up to seven days to complete the initial checks required for people apprehended after irregular entry.

However, the Ceuta emergency demonstrates the difficulty of applying individual administrative procedures when arrivals occur in exceptionally large numbers within a short period.

The geographical concentration of arrivals means that adequate staffing, interpretation, legal assistance and reception facilities become essential to ensuring the system operates within its prescribed deadlines.

Spain requested assistance from Frontex, Europol and the European Union Agency for Asylum in August. The Commission subsequently announced €114.7 million in emergency assistance in September.

Political dispute over migration policy

The crisis has widened divisions between European governments over border enforcement and the regularisation of migrants already living within the EU.

Italy and several other Member States have questioned whether Spain’s separate regularisation programme could encourage further irregular migration. Madrid rejects the suggestion that the programme caused the Ceuta crossings.

The Spanish scheme covers only people who met the residence requirements by the end of 2025. Those who arrived during the July 2026 crisis are not eligible.

European Parliament members also adopted a resolution in September calling for stronger protection of the EU’s external borders and greater cooperation with Morocco. The resolution characterised the crisis as involving the possible instrumentalisation of migration, although Spain has said it has no evidence establishing Moroccan government involvement.

The continuing administrative backlog, the position of minors and the effectiveness of EU assistance will determine how quickly Ceuta can return to ordinary border operations.

Beyond Spain, the episode raises a practical question for Brussels: whether Europe’s new asylum framework can maintain border controls and individual legal safeguards simultaneously during an exceptionally large and sudden influx.

Italy and Spain Move Towards Ending Schengen Border Controls After Meloni–Sánchez Talks

17 October 2026 at 09:10

Italy has extended checks on travellers from Spain for another week, but talks between Giorgia Meloni and Pedro Sánchez have opened the way for an end to reciprocal restrictions imposed after the migration crisis in Ceuta.

Italy and Spain have agreed to work towards ending their reciprocal Schengen border controls following discussions between Prime Ministers Giorgia Meloni and Pedro Sánchez at the European Council summit in Brussels. Rome nevertheless extended its restrictions for another seven days on Friday, 16 October, as the two governments consider how to bring their respective measures to an end.

The decision marks a possible turning point in a dispute that has disrupted travel between two of the European Union’s largest countries since the summer. According to the notifications recorded by the European Commission, the restrictions concern air and sea connections between Italy and Spain, which do not share a land border.

The two governments have instructed their interior ministers to consider alternative arrangements over the coming week. Although neither side has formally withdrawn its measures, the agreement to coordinate their removal suggests that both capitals are seeking a way out of an increasingly uncomfortable confrontation over migration and internal European security.

How the Ceuta crisis reached Schengen

The dispute began after an extraordinary influx of migrants from Morocco into Spain’s North African enclave of Ceuta in late July. More than 72,000 people crossed the border, prompting serious questions about the management of the EU’s external borders and the possibility of onward movements into other member states.

Italy responded by introducing checks on passengers arriving from Spain, arguing that the situation created risks for public order and internal security. Rome also raised concerns about the possible movement of individuals presenting security threats, although the extent of any such movement remained disputed.

Madrid rejected the justification and introduced reciprocal measures. What began as an emergency response to events on an external border consequently developed into a disagreement about whether one Schengen member could impose restrictions on another on the basis of anticipated migration movements.

EU Today examined the original Spanish retaliation in August, when the dispute first threatened to turn temporary border controls into an instrument of political pressure.

The wider consequences of the Ceuta incident have raised questions about the vulnerabilities exposed at the EU’s external border and the effectiveness of common European migration and crisis-response policy.

The limits of temporary border controls

Schengen is built on the principle that people can travel between participating countries without routine internal border checks. Member states nevertheless retain the right to reintroduce temporary controls in response to serious threats to public policy or internal security, subject to the requirements of EU law.

The difficulty lies in determining when those exceptional powers are justified. Italy has maintained that the Ceuta crisis warranted precautionary action. Spain has argued that controls imposed specifically on travellers from its territory were unjustified and discriminatory.

These opposing positions matter beyond the two countries. If concerns over irregular arrivals in one member state become sufficient grounds for another to introduce sustained checks, the distinction between Europe’s external borders and its internal travel area becomes increasingly difficult to maintain.

The operational results have also entered the political argument. Italian figures cited during the dispute indicate that nearly half a million passengers were checked during the first month, with 31 refused entry. Those numbers demonstrate that the measures were substantial, but do not by themselves establish whether the original security concerns were proportionate to the restrictions imposed.

Madrid, meanwhile, has maintained that migrants involved in the Ceuta influx had not moved onwards to mainland Spain in the manner suggested by Italian concerns.

Meloni and Sánchez seek a practical compromise

The latest discussions offer both governments a route towards de-escalation without formally conceding their underlying positions. Meloni can present the additional week of controls as a continuation of Italy’s security precautions, while Sánchez can point to an agreement to prepare their coordinated removal.

The two prime ministers remain politically divided on migration. Meloni has consistently argued for stronger border enforcement and deterrence, while Sánchez has defended an approach incorporating legalisation and labour-market integration for migrants already living in Spain.

Those disagreements were also visible during the Brussels summit, where European leaders returned to the question of migration management and the consequences of national decisions for the wider Union.

For Brussels, the immediate concern is whether the two governments can replace competing national restrictions with arrangements that address security concerns without unnecessarily interrupting movement between Schengen countries.

A coordinated end to the controls would not resolve the underlying problems exposed by Ceuta. It would, however, remove one of the more unusual internal consequences of that crisis and demonstrate that political negotiations can still prevent emergency border measures from becoming semi-permanent.

The decisive period is now the coming week. Whether the controls expire as planned will depend on the discussions between the Italian and Spanish interior ministries and their ability to agree practical alternatives.

Serviços secretos: Marrocos sabia da invasão de Ceuta

16 October 2026 at 22:39
Relatório do CNI entregue à justiça espanhola conclui que Marrocos conhecia "com detalhe" os planos para a entrada de 70.000 pessoas em Ceuta a 30 e 31 de julho.

© REDUAN/EPA

Marrocos só começou a aplicar medidas mais contundentes de controlo depois do pico de entradas, segundo o relatório
❌