El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López Gutiérrez, ha lanzado este miércoles desde Ceuta una defensa cerrada de la independencia de los mandos y de las unidades de investigación de la Policía Nacional frente a lo que ha definido como “intolerables presiones políticas” y un “hostigamiento sistemático” en los últimos meses. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar y a quién no", ha explicado, "lo redacta con la verdad, con unos hechos y con la ley en la mano", ha sentenciado. Y ha rematado: “Estaremos siempre por encima de cualquier injerencia”.

La intervención de López Gutiérrez se ha producido después de la Junta Nacional del SPP, sindicato de mandos de la Policía Nacional, celebrada en Ceuta, donde los responsables del sindicato han abordado la situación de la Policía Nacional y los principales retos de seguridad a los que se enfrenta España, con especial atención a la ciudad autónoma. El acto ha estado marcado por el grave accidente ocurrido en Toledo en la mañana el miércoles, por el que se ha guardado un minuto de silencio.

Presión de las unidades policiales

El mensaje del presidente del sindicato de mandos ha ido mucho más allá de una reivindicación laboral. Daniel López ha situado en el centro de su intervención la presión que, a juicio de los responsables, están sufriendo las unidades policiales cuando sus investigaciones afectan a asuntos políticamente sensibles. Y ha citado expresamente los informes de la UDEF y la UCRIF que han provocado controversia durante las últimas semanas.

“Si la verdad incomoda a alguien, el problema no es del policía o de la unidad que lo redacta”, ha señalado. El presidente del SPP ha defendido que los agentes no trabajan pensando en las consecuencias políticas de sus conclusiones y ha reivindicado la “neutralidad y la independencia” de la Policía Nacional. “Los mandos y los agentes de esta institución no sirven a ningún partido ni a ningún interés particular; servimos únicamente al imperio de la ley, de la Constitución y del pueblo español”, ha afirmado.

Marlaska y el CENIF

Las palabras llegan después de varios episodios en los que informes policiales han quedado en el centro de la disputa política. Uno de los más recientes ha sido precisamente el de Ceuta. El SPP ya salió públicamente en defensa del CENIF cuando el informe elaborado por esta unidad sobre la crisis migratoria fue puesto en cuestión y el ministro del Interior reclamó explicaciones a la cadena de mando. El sindicato acusó entonces de intentar buscar responsabilidades en el ámbito policial y defendió el “rigor técnico” y la independencia de las unidades de inteligencia e investigación.

La controversia se produjo después de que el informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional señalara la actuación de agentes de la Gendarmería marroquí en la entrada masiva de finales de julio. Paralelamente, la documentación posteriormente publicada por el Gobierno ha permitido reconstruir que distintas unidades habían elaborado informes y comunicaciones antes de la crisis, entre ellos documentos del CENIF de los días 23, 28 y 29 de julio.

Zapatero y la UDEF

El otro gran frente al que se refieren las palabras de López Gutiérrez es el de la UDEF. Los informes de la unidad en la investigación sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra han tenido un enorme impacto político y judicial. La Policía ha situado en sus informes elementos económicos y societarios que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a autorizar nuevas pesquisas sobre cuentas del expresidente, sus hijas, su secretaria y sociedades vinculadas a la investigación.

Precisamente la defensa de Zapatero ha cuestionado ante el juez la actuación de la UDEF y ha pedido límites a sus pesquisas, al considerar que algunas de sus conclusiones podían responder a una tesis “elucubrativa” y acercarse a una investigación prospectiva. Es en este contexto de informes policiales que afectan directamente a asuntos políticos donde el presidente del SPP ha querido reivindicar que las unidades deben poder investigar y redactar sus conclusiones sin atender a quién puedan incomodar.

“Frente a la presión política y el hostigamiento que buscan doblegarnos, quiero dejar claro la neutralidad y la independencia de la Policía Nacional”, ha proclamado.

La Junta Nacional, en Ceuta

La elección de Ceuta como escenario de la Junta Nacional ha permitido además al sindicato conectar esta reivindicación con la situación que viven los policías destinados en la frontera. López Gutiérrez ha presentado la ciudad como “la frontera del sur de Europa” y ha denunciado una “paradoja insostenible”: mientras desde Madrid o Bruselas se trata de trasladar un discurso de normalidad y control, los mandos policiales se enfrentan sobre el terreno a una realidad marcada, ha dicho, por la “insuficiencia estructural” de recursos, la “indefinición jurídica” y, sobre todo, la improvisación.

El presidente del SPP ha recordado la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio para reivindicar el papel desempeñado por los mandos policiales durante aquellas jornadas. Miles de personas entrando al mismo tiempo, el perímetro desbordado, los servicios de la ciudad al límite y agentes triplicando turnos fueron, según su relato, el escenario en el que los responsables policiales tuvieron que tomar decisiones “bajo una presión extrema”.

Sin plantilla y sin coches

La denuncia no se limita a la falta de efectivos. El sindicato ha señalado plantillas por debajo del catálogo, vehículos que “no deberían seguir circulando”, material antidisturbios insuficiente, instalaciones deficientes y dietas que considera insuficientes. Y ha reclamado al Ministerio del Interior y al Gobierno un plan integral para Ceuta, un refuerzo permanente de las plantillas y, sobre todo, seguridad jurídica para los policías.

“Si la frontera de Ceuta es estratégica para España y para la Unión Europea, la dotación, el respaldo legal y la protección jurídica a la labor policial deben estar a esa misma altura estratégica. Y hoy por hoy no lo están”, ha afirmado.

El discurso ha incorporado además una advertencia de futuro. López Gutiérrez ha alertado de los riesgos derivados de la polarización política y ha situado los próximos procesos electorales como un posible escenario de tensión. Tras referirse a disturbios y episodios de violencia registrados en otros países europeos como Francia o Italia, ha advertido de que “España no es inmune” a esa dinámica.

Cuestionar el resultado electoral

El presidente del SPP ha planteado incluso que, ante un eventual cambio de tendencia política, determinados sectores radicales podrían intentar cuestionar el resultado electoral en la calle y provocar movilizaciones que degenerasen en disturbios. “No vamos a esperar a que esto ocurra”, ha asegurado. La Policía, ha añadido, debe prepararse para anticipar esas situaciones y garantizar que el derecho de manifestación no termine convirtiéndose en inseguridad.

Por eso, el sindicato reclama un Gobierno que respalde a los policías cuando actúen conforme a la ley. “España necesitará un gobierno fuerte y sin complejos”, ha defendido Daniel, que ha pedido que los agentes no sean abandonados durante las crisis para después enfrentarse a expedientes o procedimientos judiciales.

VTM

A investigação incidiu sobre os fatores de risco e proteção da saúde psicossocial de pessoas em situação de vulnerabilidade, com particular enfoque nas comunidades ciganas e não ciganas do concelho de Vila Real.

Este estudo foi realizado em colaboração com o Núcleo Distrital de Vila Real da EAPN Portugal e contou com a coorientação de Catarina Oliveira e a orientação principal de Henrique Pereira, professor catedrático da Universidade da Beira Interior. A recolha de dados contou também com o apoio de várias instituições locais, nomeadamente a Between Dimensions, a Vila Real Social e o IEFP de Vila Real.

Em declarações à VTM, Jóni Ledo revelou que o interesse pelo tema surgiu da necessidade de contribuir para o conhecimento científico sobre populações vulneráveis. “Ninguém estuda estas comunidades, porque, tendencialmente, as pessoas em situação de pobreza ou vulnerabilidade não frequentam as universidades, não têm um papel ativo nas instituições, na Assembleia da República e nos lugares de poder”.

A investigação incluiu dois estudos realizados exclusivamente em Vila Real, um estudo quantitativo com 317 participantes das comunidades cigana e não cigana, todos em situação de pobreza; e um estudo qualitativo baseado em 20 entrevistas clínicas, dez com pessoas de cada comunidade. A recolha de dados junto da comunidade cigana exigiu um trabalho de proximidade, com a aplicação de questionários porta a porta nos bairros, contando com o apoio da EAPN Portugal.

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Representantes de nueve sindicatos y asociaciones profesionales mantienen una protesta pacífica e indefinida tras la decisión del ministerio de interrumpir el diálogo por la convocatoria de elecciones generales Leer

El ahora exinspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages ha declarado este lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio vio desde la frontera cómo agentes marroquíes dirigían a personas hacia territorio español. Según ha explicado ante la magistrada, había una cola muy larga de personas en el lado marroquí, a la vista de la Gendarmería, y observó a individuos que las iban conduciendo hacia la zona del espigón, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente.

Fages, responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta durante aquellos hechos, relató que recibió sobre las 10.00-10.30 horas una llamada alertando de una entrada masiva por la playa del Tarajal. Cuando llegó a la zona se encontró con un "río humano" que avanzaba hacia España y consideró que la puerta de servicio situada en el paso del Tarajal debía cerrarse para intentar contener la avalancha.

Sin embargo, la Guardia Civil se opuso a esa decisión. Según explicó Fages ante Tardón, el mando del Instituto Armado le advirtió de que, si se producía un tapón, las personas podían terminar lanzándose al agua y que, en caso de fallecimientos, la responsabilidad recaería sobre la Guardia Civil. La puerta llegó a cerrarse durante unos minutos, pero posteriormente volvió a abrirse.

El Tarajal

El entonces responsable policial aseguró que incluso manifestó que él asumía la responsabilidad de cerrar la puerta, pero que la Guardia Civil mantuvo su negativa. Ante la imposibilidad de contener el flujo por ese punto, la Policía intentó redirigir la entrada masiva hacia el polígono del Tarajal.

La situación provocó un enfrentamiento entre ambos cuerpos en la propia frontera. Fages confirmó ante la jueza las imágenes en las que se observa el rifirrafe entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y explicó que la Policía trataba de detener el flujo mientras la Guardia Civil defendía mantener abierta la puerta por el riesgo que, a su juicio, suponía cerrarla.

El problema, además, era la falta de efectivos. Fages ha declarado que llegó a encontrarse con apenas 20 o 25 policías para afrontar la entrada masiva, a los que posteriormente se sumaron 12 agentes de la UIP. Ante una entrada masiva que ha considerado descontrolada, los agentes tuvieron que concentrarse en intentar canalizar a las personas que entraban y finalmente priorizar la seguridad de la ciudad.

No hubo alerta previa

El inspector jefe ha explicado asimismo que la Policía Nacional no había recibido una alerta previa que permitiera preparar un dispositivo extraordinario. Existía un protocolo específico para afrontar entradas masivas, vigente desde 2021, que contempla la petición de apoyo de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, según su declaración, aquel procedimiento no llegó a activarse: "Nunca llegó la orden", afirmó ante la magistrada. El propio Fages aseguró que no sabía quién debía haber ordenado su activación.

Su testimonio incorpora además un elemento sobre lo que estaba sucediendo en el lado marroquí antes y durante la entrada. Según relató, había una cola muy larga de personas esperando para cruzar, perfectamente visible desde la frontera y a la vista de la Gendarmería marroquí. Fages aseguró que vio a personas "dirigiendo" desde Marruecos y que algunas vestían uniformes de color gris y caqui. El inspector jefe no pudo precisar, sin embargo, qué cuerpo concreto integraban todos los individuos que observó.

El teniente coronel de la Guardia Civil

El relato del mando policial se suma al prestado ante Tardón por el teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de las operaciones de la Comandancia de Ceuta. Su versión sobre la actuación en la frontera difiere de la de la Policía. El mando de la Guardia Civil sostuvo que todas las decisiones operativas fueron suyas y que no recibió instrucciones del delegado del Gobierno ni de otros superiores durante la entrada masiva.

El teniente coronel defendió precisamente la decisión de mantener abierta la puerta del Tarajal. Según su declaración, cerrarla podía provocar un tapón y aumentar el riesgo de aplastamientos o de que quienes se encontraban en la zona se lanzaran al agua. Aseguró que entre quienes intentaban entrar había familias con bebés y personas mayores, mientras que numerosos jóvenes ya estaban nadando.

Seis embarcaciones marroquíes el día antes

El mando de la Guardia Civil también ha explicado que la noche anterior había seis embarcaciones marroquíes en la zona: dos patrulleras, dos interceptoras y dos embarcaciones pequeñas. Y afirmó que durante la entrada observó a militares marroquíes dirigiendo a las personas hacia el espigón. También señaló que algunas de las embarcaciones pequeñas recogían a personas en el agua y las dejaban posteriormente en la playa.

Según su declaración, la situación ya había comenzado a complicarse durante los días anteriores, con un aumento de la llegada de nadadores, pero aseguró que no recibió un aviso de que fuera a producirse una entrada masiva. El día 30, explicó, a primera hora ya habían llegado unas 300 personas y posteriormente se produjo una salida masiva de varios cientos de nadadores. Las declaraciones de ambos responsables policiales permiten a Tardón reconstruir ahora no solo cómo se desarrolló la avalancha, sino también las distintas decisiones adoptadas por los cuerpos desplegados en la frontera.

La desclasificación por parte del Gobierno de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha abierto un debate que va más allá de la propia crisis del 30 de julio. Cargos vinculados al funcionamiento del servicio de inteligencia han explicado a El Independiente que consideran peligroso que documentación elaborada bajo la premisa de que permanecería reservada pueda ser desclasificada para dirimir una controversia política y alertan de que esta práctica "sienta un precedente".

La preocupación, explican estas fuentes, no se refiere únicamente a los documentos concretos relacionados con Ceuta, sino al criterio que pueda consolidarse para futuras desclasificaciones. La documentación de inteligencia puede contener información sobre fuentes, métodos de obtención, sistemas de vigilancia, valoraciones de riesgo o información recibida de otros servicios, de manera que levantar su reserva no es equivalente a hacer público un expediente administrativo ordinario.

El debate dentro del propio Ministerio de Defensa nace a raíz de cómo se generó la controversia que llevó a dicha desclasificación. Después de la entrada masiva en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no había recibido un aviso del CNI que anticipara una operación de las dimensiones que finalmente se produjo. La afirmación provocó un enfrentamiento político con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió que los servicios de inteligencia sí habían advertido previamente de la situación.

Cuando Sánchez desclasificó los papeles

Fue en ese contexto cuando Pedro Sánchez anunció en el Congreso que se desclasificarían los informes y avisos manejados por el Gobierno antes y durante la crisis. El Consejo de Ministros acordó posteriormente la desclasificación parcial de documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Entre los documentos desclasificados había tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas por el servicio de inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil. El propio Gobierno admitió que no toda la documentación podía hacerse pública porque parte de ella afectaba a información especialmente protegida o incorporaba elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La documentación que ha ido aflorando desde entonces ha complicado precisamente la versión inicial de que no existió aviso. No se trata de que los servicios de inteligencia hubieran predicho con exactitud que decenas de miles de personas entrarían en Ceuta, sino de que existía información previa sobre el incremento de la presión migratoria, la organización de convocatorias en Marruecos y el riesgo de una entrada por la frontera.

Uno de los elementos más relevantes fue la información que el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio, la víspera de la entrada masiva, y que adelantó El Independiente en exclusiva. El servicio alertó de la existencia de grupos en redes sociales con decenas de miles de integrantes que estaban organizando una entrada desde Marruecos y trasladó el riesgo a su interlocutor en la Delegación. Posteriormente se conoció incluso la existencia de 19 mensajes intercambiados ese día entre un oficial del CNI y el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno que no habían formado parte de la primera desclasificación.

La Audiencia Nacional investiga la documentación

La propia investigación de la Audiencia Nacional está contribuyendo a reconstruir una cadena de avisos mucho más amplia. La jueza María Tardón ha solicitado documentación a prácticamente todos los organismos que participaron en la gestión de la frontera y de la crisis y ha puesto el foco en qué información existía antes del 30 de julio, cómo circuló entre los distintos organismos, quién la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

En su última batería de diligencias, la magistrada ha pedido al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto. También ha reclamado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) los informes elaborados por su grupo de seguimiento de Marruecos, ha ampliado la petición de imágenes satelitales sobre la frontera y ha solicitado específicamente la información correspondiente a la interceptación sobre la frontera de Ceuta del denominado 'Programa Santiago'.

La jueza explica que esta documentación resulta "particularmente relevante" para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de la información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados durante la investigación. Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a la primera desclasificación promovida por el Gobierno.

Diferencias entre la AN y el Gobierno

Una cosa es que el Ejecutivo decida levantar la reserva de documentación de inteligencia para responder a una controversia política y defender su actuación ante las críticas por la gestión de la crisis. Otra es que un órgano judicial, dentro de una investigación, reclame documentación reservada porque considera que puede ser necesaria para determinar qué ocurrió y depurar responsabilidades.

En el caso de Tardón, además, la petición judicial no se limita al CNI. La magistrada está reclamando información al Estado Mayor de la Defensa, al CIFAS, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma. También ha pedido grabaciones de cámaras, drones y sistemas de control fronterizo, así como documentación sobre las reuniones celebradas antes de la entrada masiva. Todo ello responde a la intención de reconstruir la secuencia de acontecimientos y comprobar qué sabían las autoridades antes de que miles de personas atravesaran la frontera.

El problema es que parte de esa documentación puede encontrarse precisamente dentro del ámbito de la información clasificada. La petición de una jueza no equivale por sí misma a una desclasificación. Si un documento está formalmente protegido por la legislación sobre secretos oficiales, será necesario seguir el procedimiento correspondiente para que pueda incorporarse a la causa.

La reserva pierde parte de su función

La diferencia es importante para quienes dentro de los servicios de inteligencia cuestionan el precedente de la decisión del Ejecutivo. No plantean que un juez deba quedar privado de la información que necesita para investigar unos hechos. Su preocupación se centra en que la clasificación de documentos pueda levantarse en función de las necesidades coyunturales de una controversia política.

"El problema es el precedente", resumen estas fuentes. Si informes de inteligencia pueden dejar de estar protegidos porque un Gobierno necesita acreditar que actuó correctamente frente a una determinada crisis, sostienen, la reserva pierde parte de su función como garantía estable del trabajo de los servicios de inteligencia.

"Es tan imbécil que nos deja las pruebas para que, si albergásemos alguna duda, las despejemos todas": así se refirió hace unos meses Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, en un mensaje publicado en redes sociales. Hace unos días, el Partido Popular difundía desde su propia cuenta un vídeo que recurría a inteligencia artificial para generar un deepfake de Begoña Gómez, en el que se mostraban otros rostros conocidos. Ambos casos reflejan hasta qué punto las redes sociales se han convertido en un terreno en el que la descalificación y la manipulación tienen cabida en el debate político.

Mientras tanto, quienes deberían dar ejemplo sobre el uso responsable de estas plataformas parecen haber olvidado la responsabilidad que conlleva su exposición pública. Y sus comportamientos no pasan inadvertidos para los más jóvenes: las aulas también acusan el efecto de unos modales que encuentran referentes en sus representantes políticos: aumenta el uso de "cuentas curis" para el acoso.

En este contexto, la aparición de nuevas formas de hostigamiento digital plantea un desafío creciente para la convivencia escolar, especialmente cuando las dinámicas de humillación y señalamiento que circulan por internet terminan reproduciéndose entre los propios alumnos. La Policía Nacional ha advertido recientemente del auge de perfiles anónimos en redes sociales conocidos como ''cuentas curis'', espacios que en origen, nacieron para compartir historias y situaciones cotidianas de los centros educativos, pero que en algunos casos han acabado convirtiéndose en instrumentos de acoso.

Según alerta la Policía, estas cuentas se emplean cada vez más para ''difundir publicaciones que ridiculizan o humillan a alumnado y profesorado'', con consecuencias directas sobre el ''bienestar de las personas señaladas y a la convivencia en los centros docentes''.

Los perfiles suelen estar vinculados a un colegio o instituto concreto, ya sea mediante su nombre, sus iniciales o fotografías que permiten reconocerlo. Desde estas cuentas se publican contenidos de todo tipo, como memes, vídeos, caricaturas o fotomontajes relacionados con la vida escolar. Aunque algunas publicaciones tienen una intención meramente humorística y no resultan ofensivas, el problema surge cuando se utilizan para señalar y denigrar a estudiantes o docentes, algo que, al parecer, ya estaría ocurriendo; los comentarios sobre el físico, la propagación de rumores y la manipulación de imágenes ya estarían cobrándose nuevas víctimas a golpe de las nuevas fórmulas de ciberacoso.

Delitos contra la integridad moral

La Policía Nacional recuerda que ocultar la identidad del responsable detrás de un perfil anónimo no significa que el daño sea menos evidente ni que resulte imposible identificar a quien lo gestiona. En ocasiones, basta con mencionar un apodo, una clase o algún detalle que permita identificar a los compañeros para que se sepa quién es la persona aludida. La exposición pública puede generar, por tanto, una humillación comparable a la que se produce en un enfrentamiento directo.

Además, estas actuaciones pueden tener consecuencias jurídicas, ya que, dependiendo de las circunstancias, podrían constituir ''delitos contra la integridad moral o injurias graves''. El argumento de que todo se ha hecho en tono de humor tampoco exime de responsabilidad a quienes publican contenidos ofensivos.

El fenómeno guarda relación con las características del ciberacoso que estudian el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y su iniciativa especializada IS4K (Internet Segura for Kids). El ciberbullying consiste en ejercer de forma deliberada y reiterada violencia o acoso entre menores mediante herramientas digitales. La ausencia de contacto presencial puede dificultar que el agresor perciba el sufrimiento que provoca, mientras que la posibilidad de ocultar su identidad alimenta una ''falsa sensación de no tener responsabilidad''.

A ello se suma la idea equivocada de que las publicaciones ofensivas no tienen mayor trascendencia por tratarse de una broma, una ''falsa creencia de que es una broma sin importancia'' que contribuye a restar gravedad al daño psicológico que puede ocasionar el hostigamiento.

Los datos disponibles permiten dimensionar el alcance del problema. El informe EU Kids Online 2020, cuyos resultados difunde IS4K, señala que el 16% de los menores españoles asegura ''haber sufrido ciberacoso'' en internet. Por otra parte, uno de cada cinco alumnos ''admite haber acosado'' a algún compañero. En la expansión de las ''cuentas curis'' también desempeña un papel importante la reacción de quienes observan lo ocurrido.

No es necesario haber creado una publicación ofensiva para contribuir a su difusión: interactuar con ella, dejar comentarios que alimenten las burlas o compartirla en grupos de mensajería ayuda a amplificar la humillación. Además, el entorno digital dificulta que la víctima pueda alejarse del acoso, ya que los ataques pueden continuar fuera del horario escolar y llegar hasta ella en cualquier momento del día.

Ante esta situación, identificar las primeras señales de alarma es esencial para intervenir cuanto antes. INCIBE e IS4K recomiendan que las familias y los profesionales de la educación presten atención a los cambios repentinos en la conducta de los menores. Entre los indicios que pueden alertar de un posible caso de ciberacoso figuran la pérdida repentina de interés por internet o las redes sociales, el aislamiento respecto a sus amistades y los cambios llamativos en su comportamiento, como episodios de irritabilidad, retraimiento o pasividad.

Cómo detectarlo

En el ámbito escolar, también conviene observar si se producen burlas reiteradas, comentarios despectivos o murmullos dirigidos de forma habitual hacia un alumno o profesor. En cualquier caso, cuando se detecta una ''cuenta curi'' utilizada para humillar o acosar, la Policía Nacional, INCIBE e IS4K recomiendan actuar de forma ordenada y conservar las pruebas antes de que desaparezcan.

Es importante guardar capturas de pantalla de las publicaciones, en las que puedan identificarse el contenido ofensivo, la fecha, la hora, el nombre del perfil y los enlaces correspondientes. La Policía Nacional insiste, además, en que el material no debe compartirse de nuevo más allá de lo imprescindible para poner los hechos en conocimiento de las personas o autoridades competentes, con el fin de evitar que la víctima sufra una exposición todavía mayor.

El siguiente paso consiste en denunciar el perfil ante la plataforma correspondiente y bloquear las cuentas implicadas. Los menores afectados deben contar lo ocurrido a una persona adulta de confianza y comunicarlo al equipo docente, que deberá aplicar las medidas previstas en los protocolos de convivencia del centro. Si la situación no se resuelve en el ámbito escolar o reviste especial gravedad, las familias pueden acudir a la Policía Nacional o a la Fiscalía de Menores para presentar una denuncia.

También existen servicios gratuitos de orientación y asistencia, como la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, disponible en el 017, y el teléfono contra el acoso escolar. Frenar la expansión de las ''cuentas curis'' exige, en definitiva, actuar frente a las agresiones, proteger a quienes las sufren y evitar que la humillación digital termine normalizándose entre los estudiantes.

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), dependiente del Ministerio del Interior, ha alertado de un llamamiento yihadista a cometer atentados contra policías y manifestantes en España y otros países europeos, aprovechando las concentraciones y los enfrentamientos que se producen durante las protestas en las calles.

La publicación, hallada durante las labores de monitorización que se llevan a cabo habitualmente, además de animar a cometer atentados, "ofrecen consejos sobre cómo perpetrarlos, sugiriendo el uso de explosivos o cuchillos", según consta en una alerta informativa emitida por esa Oficina dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El texto detectado por las fuerzas de seguridad afirma que el elevado número de manifestantes, en el caso de Francia, ofrece una "rara y valiosa oportunidad de atacarlos" y añade que la policía se convierte en una presa fácil durante los forcejeos con los manifestantes, según EFE.

Al hilo del mensaje inicial, otros usuarios de la web yihadista aconsejan llevar a cabo la acción mediante atropellamientos, en los ataques con explosivos se recomienda que el atacante se inmole y si se llevan a cabo con cuchillo, se explican las longitudes que el arma debe tener para infligir el máximo daño posible, así como las zonas del cuerpo donde el ataque "garantiza el éxito".

Desde el 17 de octubre de 2023, España mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado, de los cinco existentes.

El Ministerio del Interior ha recordado este viernes que, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se trabaja permanentemente en la monitorización de redes sociales en el ámbito de la lucha contra el yihadismo.

Fruto de ese trabajo y de la investigación continua, recuerdan fuentes de Interior, en 2026 Policía Nacional y Guardia Civil han llevado a cabo 47 operaciones en 23 provincias que han culminado con 86 detenciones. 

VTM

O acesso à Justiça no interior do país, os desafios da advocacia e o impacto das novas tecnologias estiveram em destaque nas IV Jornadas Jurídicas da Delegação de Lamego da Ordem dos Advogados, que decorreram no Teatro Ribeiro Conceição, no âmbito das comemorações do centenário da instituição.

O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, marcou presença na iniciativa, que considerou também uma oportunidade para reforçar a proximidade aos profissionais da região. À VTM, recordou o apoio recebido em Lamego durante a campanha para a eleição e destacou a importância que a cidade teve no seu percurso.

Distância

Entre os desafios que se colocam à profissão, João Massano destacou a necessidade de repensar o papel do advogado perante a evolução tecnológica, em particular a inteligência artificial. “A nossa profissão necessariamente tem que ser algo que tem que ser repensado, porque não é a mesma hoje e não vai ser a mesma amanhã”, afirmou.

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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) describe en uno de sus análisis estratégicos una "estructura logística organizada" para facilitar la llegada de migrantes marroquíes a Ceuta, con una red de "facilitadores", alquileres temporales de viviendas en varias localidades del norte de Marruecos y el uso de motos de agua y pesqueros para trasladarlos desde las costas de Castillejos hasta la zona del Sarchal, en la ciudad autónoma.

La información aparece en el informe que el CNI ha remitido a la jueza María Tardón, instructora de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio y al que ha tenido acceso El Independiente. El documento, elaborado a requerimiento de la magistrada, repasa la información de inteligencia recopilada durante los meses anteriores y sitúa esta infraestructura dentro de los análisis que el servicio de inteligencia venía realizando sobre la presión migratoria hacia Ceuta.

El CNI afirma expresamente que sus informes recogían que los migrantes, "particularmente los de nacionalidad marroquí", operaban con una "estructura logística establecida". Según detalla, esta incluía una "red de facilitadores con alquileres estacionales en Castillejos, Mdiq, Martil y Tetuán", además del "uso de motos de agua y pesqueros para el traslado desde las costas de Castillejos a la zona del Sarchal en Ceuta".

Una red de apoyo

Se trata de uno de los elementos más novedosos del informe entregado ahora por el CNI a la Justicia, ya que aporta una descripción de cómo, según la inteligencia española, se articulaban los movimientos de los migrantes antes de alcanzar la ciudad autónoma. El documento no se limita a hablar de personas que intentaban cruzar individualmente a nado, sino que identifica una red de apoyo y medios materiales destinados a facilitar los desplazamientos desde el norte de Marruecos.

La referencia a los "alquileres estacionales" adquiere importancia por la concentración de población que se produce en Castillejos y otras localidades próximas a Ceuta durante los meses de verano. El propio CNI explica que sus análisis consideraban la presión migratoria procedente de Marruecos como un fenómeno estructural y que la zona colindante con Ceuta experimentaba una especial presión. En el caso de la ciudad autónoma, la vía marítima se había convertido en la principal forma de acceso irregular de los migrantes marroquíes, con casi 13.000 intentos de entrada a nado registrados durante 2025.

El informe sitúa esta estructura logística dentro de un escenario que los servicios de inteligencia españoles venían siguiendo desde comienzos de año. El CNI explica que sus análisis estratégicos recogían de forma periódica la elevada y constante presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y las convocatorias de asalto difundidas a través de redes sociales, especialmente coincidiendo con festividades religiosas o locales.

El CNI habló con el CENIF

En julio, la atención del servicio de inteligencia se centró además en el posible efecto que una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo podía tener sobre los intentos de entrada a nado. El 28 de julio, el CNI de Ceuta contactó con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para valorar conjuntamente el incremento de las entradas a nado y de ese intercambio salió el informe de riesgo difundido el día 29.

Ese episodio forma parte de los avisos previos a la entrada masiva que ya han sido documentados. El nuevo informe, sin embargo, permite añadir que la inteligencia española no solo estaba siguiendo el aumento de personas que pretendían alcanzar Ceuta, sino que describía una estructura de facilitación que, según el CNI, incluía alojamientos temporales y medios marítimos.

El documento detalla además cómo evolucionó la situación en las horas previas al 30 de julio. Según el CNI, las autoridades marroquíes tenían conocimiento del incremento de la afluencia de migrantes hacia la zona próxima a Ceuta. El 29 de julio aumentó de forma muy notable el número de personas interceptadas por las fuerzas de seguridad marroquíes y durante la noche se detectó un número creciente de ciudadanos que se dirigían hacia la ciudad autónoma. A primera hora del día 30 comenzaron las travesías a nado.

El CNI sostiene que durante esa jornada numerosos grupos de migrantes se aproximaron al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas y que incluso se produjeron atascos en la carretera A-7 entre Tetuán y Castillejos por la llegada de personas en vehículos y a pie. Según su reconstrucción, los controles establecidos por la Gendarmería Real fueron insuficientes y la entrada masiva se produjo alrededor de las 11.00 horas.

Las figura de "Ahmed"

Ahora, la investigación judicial todavía trata de reconstruir qué ocurrió en las horas previas y cómo se organizó la llegada de miles de personas a la frontera. De hecho, el último auto dictado por Tardón, pone el foco precisamente en la información disponible antes de los acontecimientos. La magistrada ha ordenado identificar y llamar como testigo a una persona conocida como "Ahmed", residente en Benzú, después de que el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz Ruiz, declarara que habría proporcionado información previa sobre "movimientos inusuales en Castillejos" y concentraciones de personas en territorio marroquí. Sanz lo describió, además, como un interlocutor "constante y fiable" de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

La magistrada ha pedido también a la Guardia Civil y a la Policía que identifiquen a los agentes que hubieran mantenido interlocución con "Ahmed" para que puedan declarar como testigos. Al mismo tiempo, ha reclamado documentación de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio y grabaciones procedentes de cámaras, drones, sistemas de control fronterizo y otros medios audiovisuales. También ha solicitado los informes de inteligencia y seguridad elaborados entre el 15 de julio y el 7 de agosto y los informes generados por el grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

Un Kalashnikov y un lanzagranadas ocultos en una bolsa de basura. Ocho fusiles de asalto abandonados en un coche tras una persecución a más de 150 kilómetros por hora. Dos hallazgos en apenas siete días que hablan del tamaño del agujero: los fusiles de asalto circulan por España sin control.

El primer caso ocurrió en plena calle del barrio sevillano del Tiro de Línea, cuando un vecino alertó de lo que escondía un plástico negro tirado en la acera. Apenas unos días después, la autovía entre Alicante y Elche fue escenario de una fuga que acabó con un vehículo estrellado en unos cultivos de Murcia. El conductor logró huir a pie, pero dejó atrás una carga que eleva el nivel de alerta policial: ocho fusiles automáticos AK-47 en su interior. Ver un fusil tirado en la calle o interceptarlo en una persecución es solo el escaparate: hallazgos aparte, la incógnita necesita saber cuál es la ruta logística de las mafias y cuál es la cotización de estas armas en un circuito tan opaco.

Fusiles de asalto desde 1.000 euros

Conseguir un fusil de asalto a través de los circuitos ilegales puede costar entre 1.000 y 4.000 euros por unidad, según las estimaciones sobre el mercado negro europeo, un precio que varía en función del modelo, su estado de conservación y las circunstancias de cada transacción. En América Central, la presencia de este tipo de armas en países como Costa Rica se ha relacionado con envíos procedentes de Nicaragua y con rutas vinculadas al narcotráfico desde Colombia. En esta región, la horquilla sitúa el precio de los fusiles en torno 1.500 y 2.000 dólares, aunque algunas armas pueden acabar llegando posteriormente a España a través de redes de tráfico ilícito y su precio aumenta.

Frente a los circuitos ilegales, la imagen del AK-47 también tiene presencia en el mercado legal, aunque bajo condiciones muy distintas; en España, la venta de armas de fuego está sujeta a una normativa específica y los establecimientos autorizados comercializan rifles destinados a la caza, el tiro deportivo y el coleccionismo. Es el caso una armería situada en Viladecans (Barcelona), cuyo catálogo en línea incluye modelos civiles de fabricantes como Kalashnikov USA.

Si bien estas armas pueden compartir la estética del conocido fusil, su funcionamiento y su régimen legal difieren de los de las versiones automáticas, sometidas a restricciones específicas. A esta oferta, además, se suman las réplicas recreativas y los modelos de airsoft, que reproducen su apariencia sin ser armas de fuego funcionales o que utilizan balines, mucho más accesibles para el gran público y sin necesidad de navegar demasiado por la denominada 'dark web'. Así, el AK-47 trasciende el mercado negro y su imagen está presente también en ámbitos como la venta legal de armas, el coleccionismo y el ocio.

"Creemos que llegan desde Marsella"

El foco vuelve a Cataluña cuando se trata de analizar las posibles vías de abastecimiento de las organizaciones criminales: su conexión con Francia y la actividad de grupos delictivos asentados en la región forman parte del contexto que construye esta realidad. Albert Palacio, portavoz del sindicato policial USPAC, sostiene que la competencia entre organizaciones criminales contribuye a que estas busquen disponer de armamento para proteger sus actividades y enfrentarse a grupos rivales: ''El crimen organizado tiene que armarse'', afirma. Y añade: ''Se siguen armando con armas de guerra''.

Palacio también apunta a la posible influencia de los conflictos internacionales en el movimiento de armas por Europa: ''Estando la guerra de Ucrania tan cerca, hay muchas armas que pasan por aquí'', asegura. Sobre las posibles vías de entrada en España, señala: ''Creemos que la entrada es por desde Marsella''. Según su explicación, Barcelona como ubicación, desempeñaría un papel relevante en la distribución posterior: ''Tienen sus contactos, sobre todo en Barcelona, que es donde las consiguen y desde aquí se distribuyen'', explica. Su testimonio apunta a la existencia de intermediarios y contactos entre redes internacionales y grupos delictivos locales.

El riesgo para los agentes

La presencia de armas automáticas introduce un factor adicional de riesgo en las intervenciones policiales: una persecución que comienza por una conducción peligrosa puede complicarse si los ocupantes transportan armamento de guerra, como ocurrió en el caso de Alicante. Allí, los agentes tuvieron que hacer frente a una huida en la que el conductor embistió repetidamente a los vehículos policiales y puso en peligro a sus ocupantes.

Palacio advierte de la diferencia entre las armas cortas habituales en otros delitos y los fusiles de mayor calibre –algo sobre lo que ya informó El Independiente–. Su preocupación se centra en la protección de los agentes ante un posible enfrentamiento con este tipo de armamento: "Nuestros chalecos no pueden contra un disparo de armas de guerra".

Una vez incautado un fusil, el trabajo continúa en el laboratorio. Su análisis puede ayudar a identificar el modelo, determinar algunas de sus características y buscar indicios que permitan esclarecer su procedencia o relacionarlo con otros hechos. Palacio describe así parte del procedimiento: ''Recogerlas y llevarlas al laboratorio, a la unidad de armas y que las analicen. En el caso de que sean reales, conocer más o menos el modelo, año de origen y buscar huellas''.

Dos hallazgos y muchas preguntas abiertas

En Sevilla, la Policía Nacional intenta identificar a quien dejó el fusil y el lanzagranadas en la vía pública. En el caso de Alicante, las pesquisas posteriores a la persecución permitieron detener a cuatro hombres, que deberán responder ante la Justicia por los presuntos delitos que se les atribuyen. En ambos episodios, el origen y el destino del armamento siguen siendo cuestiones centrales para esclarecer lo ocurrido.

Los dos casos muestran cómo las armas de guerra pueden aparecer en circunstancias muy diferentes: abandonadas en una calle o transportadas en un vehículo que trata de escapar de la Policía. Pero el hallazgo de un fusil no basta, por sí solo, para determinar de dónde procede, a quién iba destinado o si forma parte de una red criminal más amplia.

Esas son las preguntas que deberán resolver las investigaciones. Mientras tanto, las armas intervenidas quedan fuera de circulación y a disposición de los análisis policiales, que pueden aportar nuevas pistas sobre su procedencia y sobre las personas que las tuvieron en su poder.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó abrir una información reservada para investigar si la filtración de los WhatsApp de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos publicados por El Mundo procedía de la Unidad Central Operativa (UCO) mientras los agentes seguían revisando los dispositivos de la Operación Delorme para comprobar si contenían los mensajes difundidos por el periódico. La cronología figura en la documentación incorporada a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz, que ha pedido nuevas explicaciones sobre aquellas comprobaciones y sobre la información que manejaba la cadena de mando.

El 11 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara nuevas conversaciones entre el presidente del Gobierno y su entonces ministro de Transportes, el DAO llamó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) y se reunió con él en la Dirección General de la Guardia Civil. Según declaró este mando ante la UCO, el DAO le comunicó que tenía intención de abrir una información reservada a raíz de las noticias sobre la investigación de Ábalos y Koldo García y le preguntó si tenía algún inconveniente en asumir la instrucción.

Una "posible filtración" de la UCO

La reunión se celebró entre las 11.30 y las 12.00 horas. La orden formal llegó al instructor el 13 de mayo, en un sobre cerrado, según su declaración. El objetivo era esclarecer una posible filtración por parte de la UCO relacionada con las investigaciones que desarrollaba y con las informaciones publicadas en prensa.

Sin embargo, ese mismo 11 de mayo, un mensaje de WhatsApp de López Malo a Llamas reflejaba que la UCO estaba revisando los dispositivos del 'caso Koldo' —discos duros, memorias USB, teléfonos y tabletas— "por si apareciera lo publicado en el diario Mundo". En la misma conversación se indicaba que no había nada relativo a los dispositivos a los que se refería Ábalos.

El mensaje no acredita por sí solo que la UCO hubiera abierto una investigación formal para identificar el origen de la filtración, pero sí que estaba buscando en los dispositivos que analizaba para saber si se encontraban los mensajes filtrados a la prensa y si se encontraban entonces poder actuar al respecto. Sin embargo, Manuel Llamas no esperó a que terminasen de evaluar la situación y decidió que, mientras buscaban, el DAO ponía en marcha una investigación interna para determinar si las conversaciones habían salido de la propia Unidad.

Pedraz pide aclarar la secuencia

El juez Santiago Pedraz ha pedido aclarar precisamente esa secuencia. En una providencia reclamó al jefe de la UCO un informe sobre la conversación del 11 de mayo y sobre los dispositivos intervenidos a Koldo García que podían contener información relacionada con la publicación. El magistrado quiere que se explique lo que la defensa de Llamas presenta como una contradicción entre la afirmación de que no había nada en los dispositivos a los que se refería Ábalos y el hecho de que la UCO continuara revisando otros equipos del caso para localizar los mensajes.

La cronología incluye un segundo mensaje que añade relevancia al episodio. El 14 de mayo, a las nueve de la mañana, el jefe de Policía Judicial remitió un WhatsApp al entonces responsable de la UCO en el que le trasladaba: "Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO".

El jefe de Policía Judicial explicó que había comunicado previamente que la UCO no podía haber sido el origen de la filtración por razones cronológicas relacionadas con los archivos de los dispositivos. Según su declaración, el archivo más reciente del equipo del que supuestamente procedían los mensajes databa de octubre de 2021, antes de algunas de las conversaciones difundidas. Preguntado sobre si Llamas conocía esa circunstancia, respondió afirmativamente y aportó el mensaje del 14 de mayo como respaldo.

Pese a ello, la información reservada siguió su tramitación administrativa. El informe de la UCO destaca expresamente que, aunque el DAO conocía —según el testimonio del jefe de Policía Judicial— que la filtración no procedía de la Unidad, no se acordó el archivo de las actuaciones internas.

La difusión de datos personales

La defensa de Llamas sostiene que la apertura de la información reservada respondía a la necesidad de esclarecer la posible difusión de datos personales y que la actuación del DAO estaba justificada por la publicación de las conversaciones. También cuestiona la interpretación de los mensajes relativos a los dispositivos. Esa es la versión de la defensa, que debe contrastarse con los mensajes y las declaraciones incorporados a la causa.

La providencia de Pedraz no da por resuelta la controversia. El juez ha solicitado nuevas explicaciones a la UCO para contrastar la documentación aportada por la defensa con los extremos que constan en los informes y las declaraciones. Entre ellos figura la diferencia entre los dispositivos a los que se refería Ábalos y el conjunto de equipos que estuvo investigando la unidad.

La cronología documental sitúa, por tanto, el inicio de la información reservada el mismo día en que la UCO comunicaba que seguía buscando en sus dispositivos los mensajes publicados por El Mundo, sin dar por parte de DAO margen a que la duda sobre si estos mensajes se encontraban en posesión de la UCO en ese momento se resolviera de forma orgánica.

La documentación aportada por el director adjutno operativo (DAO) de la Guardia Civil al magistrado Santiago Pedraz, recoge, entre otros, la relación de las 58 investigaciones reservadas por infracciones muy graves aplicadas por la cúpula de la Guardia Civil entre junio de 2024 y junio de 2026. La mayoría, según el documento al que ha tenido acceso El Independiente, corresponde a casos de abusos de atribuciones, desobediencia, incompatibilidades, trato vejatorio, abandono de servicios o negativa a someterse a pruebas, pero ninguna de ellas aparece vinculada a filtraciones de información.

La relación forma parte de la documentación aportada por la defensa del DAO, Manuel Llamas, después de su declaración ante Pedraz. El escrito explica que Llamas había señalado ante el magistrado que las informaciones reservadas "no son excepcionales" dentro de la Guardia Civil y que él mismo había abierto seis. El listado que se entrega al juez recoge únicamente aquellas de las que el DAO tiene conocimiento porque terminan vinculadas a infracciones muy graves. Según su declaración, si se sumaran las relativas a infracciones graves, leves o aquellas que finalmente no conllevan responsabilidad, el número podría situarse en torno al millar.

La relación, por tanto, no recoge todas las informaciones reservadas abiertas por la Guardia Civil durante esos dos años, sino el conjunto de 58 que la documentación vincula a infracciones muy graves. Y el contenido de esas investigaciones ofrece una fotografía bastante precisa de para qué se utilizó esta herramienta disciplinaria durante el periodo analizado.

El régimen disciplinario de la Guardia Civil

La conducta que aparece de forma reiterada es el abuso de atribuciones previsto en el artículo 7.7 del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Junto a ella figuran casos relativos a incompatibilidades, discriminación o acoso, trato inhumano, degradante o vejatorio, incumplimiento o abandono de servicios de especial relevancia, grave desobediencia o indisciplina, omisión injustificada de auxilio y negativa injustificada a someterse a pruebas médicas o de alcohol y drogas.

El listado distribuye estos casos entre puestos, compañías, comandancias y otras unidades de la Guardia Civil de distintos puntos de España. Es decir, se trata fundamentalmente de investigaciones sobre la actuación profesional de los agentes y mandos como posibles abusos en el ejercicio de sus funciones, incumplimientos del servicio, conductas incompatibles con el cargo o actuaciones que pudieran causar un perjuicio grave.

La Ley Orgánica 12/2007 establece que la información reservada es una actuación previa al inicio de un procedimiento disciplinario. El artículo 39.5 permite a la autoridad disciplinaria ordenarla para esclarecer los hechos, determinar a sus posibles responsables y decidir si procede o no iniciar un procedimiento sancionador.

No aparece la filtración de información

En esa relación de 58 investigaciones no aparece, sin embargo, la filtración de información como conducta que haya motivado la apertura. No figuran como objeto de esas informaciones la publicación de informes policiales, la difusión de documentación judicial o la revelación de información reservada a medios de comunicación. Es precisamente este dato el que diferencia los casos relacionados con la UCO que el DAO ha tenido que explicar ante Pedraz.

La propia documentación aportada por Llamas incluye, además, tres informaciones reservadas abiertas por él distintas que no tienen como destinataria a la UCO. Una fue dirigida a Asuntos Internos; otra, a una Agregaduría de Interior en el extranjero por una filtración a la prensa; y una tercera afectó a un oficial del Sector de Tráfico por el uso para fines particulares de vehículos oficiales.

La primera de ellas está documentada en un escrito firmado por el propio Llamas el 30 de agosto de 2024. El DAO recibió un escrito procedente de la Agregaduría de Interior en Tánger en el que se comunicaba la filtración a la prensa de una nota informativa elaborada por el agregado y distribuida a varios destinatarios dentro de la Guardia Civil. Llamas ordenó entonces instruir una información reservada para esclarecer los hechos y determinar si procedía iniciar un procedimiento sancionador.

Pero esta investigación no forma parte de las 58 que constituyen la relación de informaciones reservadas por infracciones muy graves aportada al juez. Es decir, la propia documentación distingue entre esa información por una filtración y el listado de las 58 investigaciones que el DAO utiliza para contextualizar la frecuencia y naturaleza de estas actuaciones disciplinarias.

A la UCO sí

El contraste con la UCO es especialmente significativo. La primera información reservada relacionada con la unidad la abrieron el 4 de diciembre de 2024, después de que la prensa publicara direcciones de correo electrónico de personas a las que no se estaba investigadando en la causa de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según la versión aportada por la defensa del DAO, Llamas se encontraba en París el 29 de noviembre de 2024 cuando tuvo conocimiento de la publicación. Pidió explicaciones al general jefe de la Policía Judicial y consideró insuficiente tanto la explicación verbal recibida como la primera nota de despacho que se le remitió. Fue después de esas explicaciones cuando ordenó abrir la información reservada.

La investigación puso posteriormente el foco en el supuesto incumplimiento del "Protocolo de control documental" en la documentación remitida al órgano judicial. Según la explicación ofrecida por el DAO, se habían incluido datos personales de personas ajenas a la investigación bajo la premisa de que no serían puestos en manos de las partes del procedimiento, algo que finalmente ocurrió.

Sánchez y Ábalos

El segundo caso es todavía más claro en cuanto a su relación con una posible filtración. Se trata de la información reservada abierta después de la publicación de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

El 11 de mayo de 2025, El Mundo publicó los mensajes y, al día siguiente, comenzaron las acusaciones públicas que apuntaban a la UCO como posible origen de la filtración. La documentación aportada por el DAO sostiene que la unidad tenía bajo su custodia dispositivos incautados en el 'caso Koldo' y que todavía estaba analizando parte de ese material. Por ello, Llamas defendió que existían elementos suficientes para investigar si los mensajes publicados podían haber salido de alguno de esos dispositivos.

La información reservada se abrió el 12 de mayo de 2025 y posteriormente fue cerrada después de que Ábalos afirmara que había autorizado la difusión de los mensajes. La UCO negó que los WhatsApp hubieran salido de los dispositivos que estaban bajo su custodia. La defensa del DAO insiste, no obstante, en que la investigación estaba justificada porque los mensajes afectaban a datos personales del presidente del Gobierno y porque inicialmente existía una duda sobre su posible origen.

Existe además una tercera información reservada relacionada con la UCO, aunque de naturaleza diferente a las dos anteriores. Según la documentación aportada por el DAO, fue incoada por la directora general de la Guardia Civil y estaba desvinculada de una instrucción judicial concreta. Se sitúa en el contexto de las notas de despacho de abril y mayo de 2025 que alertaban de una supuesta "campaña de descrédito contra la UCO". La defensa de Llamas niega que el DAO ocultara durante ocho días una de esas notas y sostiene que la comunicación fue finalmente despachada el 8 de mayo.

No todo acaba en información reservada

El propio DAO explicó ante el juez que la diferencia entre unas filtraciones y otras estaba precisamente en la naturaleza de la información afectada. Según su versión, cuando una filtración se produce dentro de una investigación penal y no afecta a datos de terceras personas ajenas al procedimiento, corresponde al magistrado instructor decidir si debe investigarse y no necesariamente se abre una información reservada desde la Guardia Civil. En cambio, defendió la apertura de las investigaciones relacionadas con la UCO cuando estaban comprometidos datos personales de terceros.

La documentación aportada al juez muestra, además, que no todas las filtraciones de informes de la UCO provocaron una actuación disciplinaria de la Dirección General. En el caso de Begoña Gómez, el juez Peinado abrió una pieza separada para investigar la filtración de un informe de la unidad. En la causa de David Sánchez, en cambio, la magistrada Biedma no abrió una investigación judicial y tampoco se inició una información reservada desde la Dirección General de la Guardia Civil.

El propio listado de 58 casos aporta otro elemento relevante para el debate sobre la actuación del DAO. Según la documentación, sólo en 2025 se abrieron cuatro expedientes disciplinarios por infracciones muy graves contra agentes de la UCO que no estuvieron precedidos de una información reservada porque, según explicó Llamas, los hechos estaban claros. La Guardia Civil, por tanto, no recurrió siempre a esta vía cuando se trató de posibles infracciones muy graves cometidas por miembros de la unidad.

La relación aportada a Pedraz permite así establecer una diferencia entre la utilización ordinaria de las informaciones reservadas por infracciones muy graves y los casos que han provocado la controversia en torno a la UCO.

VTM

Durante um discurso na Casa de Mateus, António José Seguro afirmou que “a cultura tem neste caminho um papel decisivo”. O Presidente destacou que a cultura dá visibilidade aos territórios, mobiliza comunidades, atrai visitantes e estimula a economia.

A visita de António José Seguro começou em Chaves, onde esteve no museu Nadir Afonso, projetado pelo arquiteto Siza Vieira. A cerimónia de entrega do prémio D. Diniz à escritora Djaimilia Pereira de Almeida ocorreu em Vila Real.

O Presidente sublinhou que “o interior não é uma margem de Portugal”, mas sim parte integrante do seu centro histórico, cultural, económico e humano. Ele reiterou que “um país que desvaloriza o interior empobrece-se a si próprio” e que investir no interior fortalece a coesão nacional.

António José Seguro defendeu que Portugal deve transformar esta convicção numa prioridade permanente. Ele apelou à mobilização do Estado, autarquias, universidades e sociedade civil para desenvolver as potencialidades de cada território.

O Presidente enfatizou que “um país mais coeso é um país em que o código postal não determina as possibilidades de cada cidadão”. A sua presença em Trás-os-Montes visa reafirmar a importância de valorizar plenamente o interior do país.

Seguro referiu ainda que os momentos culturais vividos durante o dia estão unidos pela ideia de que “a cultura é uma forma de afirmar a identidade”. Ele destacou que tudo isso acontece em Trás-os-Montes como demonstração de que o talento e a criatividade não estão restritos aos grandes centros urbanos.

Após elogiar a obra da escritora Djaimilia Pereira de Almeida, António José Seguro considerou-a merecedora do prémio na Casa de Mateus. A autora luso-angolana dedicou o prémio ao marido, expressando gratidão pelo seu apoio incondicional ao longo da sua carreira literária.

O prémio D. Diniz conta com um valor de 7.500 euros e tem o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. O júri é composto por Fernando Pinto do Amaral (presidente), Pedro Mexia e Mário Cláudio.

A diretora delegada da Fundação da Casa de Mateus, Teresa Albuquerque, aproveitou a presença da ministra da Cultura para agradecer a confirmação do protocolo que assegura a continuidade do apoio ministerial ao prémio.

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