Pepe LUENGO

Únete a nosotros en Telegram , X y VK .

Escríbenos: info@strategic-culture.su

En los últimos años alguien está poniendo el mundo patas arriba. Los gobiernos ya no gobiernan; delinquen. Los médicos ya no curan; hacen de la enfermedad un negocio. Los jueces ya no juzgan; manipulan la justicia. Los científicos ya no hacen ciencia; hacen pseudociencia. Los medios de comunicación ya no informan; desinforman. Las religiones ya no predican amor, sino odio… Y así podríamos seguir con una lista interminable.

¿Te has parado a pensar en que todo lo que nos enseñaron desde pequeñitos puede que sea una gran mentira? Hay una evidencia: la gente que se atreve a cuestionar las cosas llega a la conclusión de que absolutamente todo nuestro sistema esta cimentado sobre mentiras. Da igual por donde empieces (Estado, gobierno, democracia, sistema financiero,…), todo es una farsa. Y los acontecimientos que estamos viviendo últimamente, como la reciente “pandemia”, el cambio climático antropogénico, la invasión de Ceuta o cualquiera de las guerras actuales, más de lo mismo.

Todo lo que nos contaron sobre la necesidad incuestionable de someternos a un gobierno, sobre la función que desempeña el sistema financiero, sobre el papel del Estado, incluso sobre la libertad que supuestamente disfrutamos en las democracias occidentales son flagrantes mentiras. Mentiras, por otra parte, que nos fueron inculcadas por padres y educadores sin ser conscientes de que nos contaban una milonga. Sin embargo, estas mentiras son mantenidas y acrecentadas por políticos y medios de comunicación a sabiendas de que son mentiras.

La realidad es que estamos gobernados por una panda de plutócratas, agencias gubernamentales y poderosos lobbies bancarios que manipulan el mundo con total impunidad.

En el transcurso del tiempo, una banda de banqueros internacionales ha creado un sistema de control financiero privado para dominar la política de cada país y la economía mundial. Familias de banqueros como los Rothschild, Morgan, Warburg, etc., junto con la masonería y otras organizaciones nada transparentes como el Club Bilderberg, el CFR. o el Club de Roma, han establecido un cártel financiero y de poder internacional durante los últimos 200 años.

Siendo los amos del dinero -tomándose muy en serio el lema de “quien controla el dinero gobierna el mundo”- se han hecho los dueños de los respectivos gobiernos que manejan a su antojo.

Los amos del mundo han creado una sociedad disfuncional, donde si no cumples con los estándares establecidos -trabajar y consumir toda una gama de productos innecesarios- eres considerado “persona non grata”, por decirlo de una manera suave. Nos han programado para competir con nuestros semejantes y para que nuestra vida sea un cúmulo de metas profesionales y económicas, donde el fin último es la acumulación de bienes materiales. Luego, cuando te mueres, todas esas metas que conseguiste y los bienes materiales que acumulaste se quedan aquí. Lo único bueno que dejas –si es que lo dejas- es tu legado del conocimiento; el resto, un montón de cosas superfluas. Así que la pregunta es: ¿merece la pena tanto esfuerzo?

La mayoría de la gente que peina canas sabe por experiencia propia que esta es una forma de vida demencial que, sin embargo, se ha extendido por todo el mundo. Porque disfrutar de la vida –y cuando hablo de disfrutar de la vida no me estoy refiriendo a viajar en un crucero de lujo, etc.- no requiere ningún esfuerzo. Basta con deleitarse con las experiencias sensoriales que nos brinda la vida en cada momento, disfrutar de las maravillas de este extraordinario planeta azul y compartir conocimiento y alegría con nuestros semejantes.

Cuando tienes salud, familia y amigos que te quieren, una actividad provechosa y ningún conflicto es que la vida no te va nada mal. Entonces, ¿por qué se empeñan en convencernos de todo lo contrario?

El día que dejemos de escuchar en nuestra mente todas esas retahílas programadas sobre el éxito, la competitividad, la codicia y el miedo a todo lo que no se encuentre dentro de nuestra zona de confort es cuando realmente empezaremos a vivir. Porque la vida no es más que eso que sentimos cada mañana al despertar, y no una programación continua de nuestro tiempo, por parte de otros, que es lo más valioso que tenemos en esta vida.

La nuestra es una civilización profundamente enferma. Una civilización donde se le ha dado la vuelta a todo: hombres que ahora son mujeres y viceversa o delincuentes que tienen derechos y víctimas que no los tienen.

Veamos, a modo de ejemplo, el reciente caso de la invasión de Ceuta. En Ceuta los invasores son protegidos por el gobierno que sufrió la invasión y sus gobernados, los Ceutíes, abandonados a su suerte. Y lo más incongruente: el país invadido da las gracias al país invasor y tilda de fascistas y xenófobos a los invadidos que piden una solución. Esta es la locura a la que hemos llegado en una sociedad distópica, donde se le ha dado la vuelta a todo.

La pregunta es: ¿cómo ha sido posible esto? Pues mediante la contaminación de nuestras mentes a través del relato. Porque quien controla el relato controla nuestro pensamiento; quien controla nuestro pensamiento controla nuestro comportamiento; y quien controla nuestro comportamiento influye en nuestras opiniones, estado de ánimo y, por supuesto, en nuestros miedos. Por lo tanto, llegar a ejercer una influencia de la percepción del mundo que nos rodea se ha convertido en la manera más sutil de ejercer el poder. Por cierto, esto lo hace de maravilla nuestro Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero las cosas son de esta manera porque la mayoría de la gente ha aceptado voluntariamente la esclavitud, ya que el ser humano es el único animal en la naturaleza que se deja gobernar. La absurda idea de elegir un amo que le controle y domine es lo mejor que ha podido salir de su cabecita. Obviamente, es el gobierno quien desempeña el papel de amo. Por lo tanto, la sumisión al gobierno, y el voto para legitimarlo, hace responsables de la situación actual a todos aquellos que siguen estas prácticas. Y lo más incongruente. Si lo han querido así ellos mismos, ¿de qué coños se quejan?

El “populacho” –pobre e ignorante- parece empeñado en su propia desgracia. Ha perdido su dignidad dejándose despojar de su riqueza y su libertad sin la más mínima resistencia. Y aunque bien es verdad que desde tiempos inmemoriales ha sido pobre e ignorante, es a partir del Covid-19 cuando, además, se ha vuelto extremadamente imbécil. Y así no hay manera.

Italy’s diesel protests reveal class contradictions: productive petty bourgeoisie crushed by costs, metropolitan subproletariat exploding in rage.

Join us on Telegram, X, and VK.

Contact us: info@strategic-culture.su

Diesel fuel as an indicator of class struggle

Over the past three weeks, Italy has laid bare—all at once and unfiltered—its fundamental social reality. On one side are truck drivers, farmers, fishermen, steelworkers, and a mass of young people who cannot even put a name to their own anger. On the other is an institutional apparatus that, instead of asking why the real people of the country have taken to the streets, convenes high-level meetings on public order and prepares yet another decree. Anyone familiar with the principles of historical materialism knows that situations like these should not be interpreted through the lens of crime reporting. They should be seen as moments when class contradictions—suppressed for years beneath the surface of managed consensus—become visible to the naked eye.

This article does not intend to provide a chronicle of the clashes, which have already been extensively covered. Instead, it aims to lay out the facts and ask what they reveal about the nature of the Italian state at this stage, about the social composition of those protesting, and about the structural inability of the ruling bloc to offer a response that is not repressive.

It all begins, as is often the case, with a budget item. Decree-Law No. 162 of September 17, 2026, had provided for a temporary reduction in the excise tax on diesel fuel until October 5; once that deadline passed, the government did not extend it. The average price has returned to nearly 2.50 euros per liter. For a small Calabrian truck owner who owns just one truck and works as a subcontractor for large retailers, that figure determines whether the month ends in the black or in the red.

The first spontaneous protests broke out in Calabria in early October. Then came Puglia, starting October 11, followed by Basilicata, Sicily, Campania, Molise, and finally Lazio, with picket lines at ports and blockades on the main thoroughfares. Truck drivers were joined by farmers, then by fishing communities. In front of the fish market in Termoli, a banner appeared featuring a skeleton and the words “You’ve reduced us to the bone”; in San Benedetto del Tronto, fishing boats remained in port. In supermarkets across Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, and Calabria, the shelves emptied, and people rushed to stock up as they hadn’t since the COVID-19 pandemic.

Let’s pause to consider who these people are, because the sociology of the protest matters more than the slogans. We are not dealing with the classic industrial proletariat, the one found in large Fordist concentrations. We are dealing with a productive petty bourgeoisie in the process of proletarianization: the small business owner, the independent farmer, the fisherman with his own boat. Marx had precisely described—in Chapter 1 of the Manifesto—the fate of these intermediate strata, crushed between big capital, which absorbs them, and the wage-labor condition into which they ultimately plunge. The trucker blocking the highway today is formally an entrepreneur. In substance, his business is a disguised wage: the client dictates his rates, energy costs dictate his expenses, the state levies the excise tax, and he bears the risk. He is self-employed only in the sense that no one guarantees him anything.

In this sense, diesel fuel is more than just a fuel. It is the point where global oil rent—now spiraling out of control due to the Hormuz crisis—travels down the logistics chain until it is offloaded onto those at the very end. Financial capital speculating on futures, large retailers who refuse to renegotiate transport contracts, and the state collecting excise taxes: three forms of appropriation of value produced by others, all converging on the same social body.

The Second Front: The metropolitan subproletariat

On October 17, the protest changed in nature and geography. A hashtag that appeared out of nowhere on social media, “Italia in piazza,” called for demonstrations against the high cost of living, gas prices, and the tax burden. In Milan, Piazza Duomo became a battlefield; in Turin, a Feltrinelli bookstore was ransacked; in Bologna, clashes broke out in front of the train station involving water cannons and tear gas; the following day, in Milan alone, 271 people were taken to the police station, and as many as 220 were minors—among those detained were 12-year-olds, most of whom were second-generation Italians.

On the same day, in Rome, the CGIL’s national march and two other demonstrations against the high cost of living brought some 25,000 people into the streets without any incidents. This contrast must be kept in mind, because it disproves the government’s favorite myth of a single, violent protest. There are at least two distinct movements: one organized, with union roots and specific demands, and one disorganized, very young, urban, and lacking political leadership.

The second movement is the most interesting from a theoretical standpoint, and the most dangerous from a political standpoint. Marx had a term for the uprooted masses lacking class consciousness who, in times of crisis, can be mobilized by anyone who offers them a role: Lumpenproletariat. Using that word today does not mean insulting those young people. It means recognizing their objective position: children of the suburbs of Milan and Turin, often from immigrant families, excluded from the labor market even before entering it, raised in a world of conspicuous consumption that is never within their reach. It is a cognitive dissonance between imagination and reality, and the risk that this violence will be co-opted for reactionary purposes, as happened with the masses of unemployed and war veterans in the 1920s and 1930s.

The lesson of the 18th Brumaire also holds true in reverse. The underclass has no program of its own, and precisely for this reason it can become raw material for any project: that of those who want to set things ablaze, but also that of those who need an internal enemy to justify austerity measures. It is no coincidence that the government has chosen to speak almost exclusively about them, and almost never about the truck drivers in Gioia Tauro or the workers of the former Ilva plant who, in those same weeks, were striking in Taranto and Genoa to find out if they would still have a factory.

The state as a business committee

Il Manifesto defines modern state power as the committee that administers the common affairs of the bourgeois class. This formulation has often been dismissed as overly simplistic. The last two weeks offer an almost textbook-like illustration of it.

On October 18, following the clashes, the Prime Minister convened a summit on public order to evaluate further measures against those who exploit legitimate demonstrations. The October 19 summit resulted in the announcement of a decree-law that preempts measures from the security bill stalled in the Senate: deferred arrest for group vandalism, harsher penalties for roadblocks, and the strengthening of the “Strade Sicure” initiative in Milan with more military personnel. The League has called for the inclusion of preventive detention for minors as well. This would mark the eighth security package in four years.

Consider the sequence of events. A government that could not find the resources to extend the excise tax discount managed, in forty-eight hours, to find the resources to send the military onto the streets of Milan. An administration that, since March, has been issuing fuel decrees with two- or three-week deadlines—renewed only when the industry threatens a strike—is instead enacting emergency and permanent legislation on repression. Even the 300-million tax credit for the trucking industry, approved in May, still lacked an implementing decree by the end of June, to the point that industry associations were asking for it to be released. Social support arrives late, just in time, and in dribs and drabs; criminal legislation arrives immediately, and is designed to stay.

This does not stem from the malice of individual ministers, and those who think in terms of class need not demonize anyone. It stems from the role the state plays in a peripheral Western social formation, caught between European budget constraints and Atlantic rearmament commitments. We have military spending that will approach 45 billion in 2026 and austerity measures totaling approximately 23 billion. Caught in this vise, the state cannot redistribute wealth without breaking with its external guarantors, and so it does the only thing left to it: it manages the conflict as a matter of public order. Engels wrote this in The Origin of the Family: the state arises where class antagonisms become irreconcilable, as a power that claims to stand above society and that distances itself from it more and more.

The farce of contradictions

While the substance of the institutional response is consistent, its surface is a catalog of absurdities. It is worth listing them, because that is where the crisis of hegemony is most clearly visible.

The first concerns the diagnosis. Justice Minister Nordio spoke of probable criminal infiltration within the truckers’ blockades. Interior Minister Piantedosi, when questioned about the young people in Milan, admitted that there was still no evidence they were being manipulated. Two ministers from the same government: one sees organized crime behind the trucks, the other finds no orchestration behind the looting. Each chooses the interpretation that serves to delegitimize the crowd before them, and neither of them asks how much a full tank of gas costs.

The second issue concerns the passing of the buck. Milan Mayor Sala complained about an inadequate number of officers on the streets; Piantedosi responded by accusing him of being a representative of a “radical chic” left unable to condemn the violent protesters without exception. A group of mayors observed, with unintentional clarity, that pointing fingers at one another won’t lower gas prices. It is a perfect snapshot of a political class in which the majority and the opposition argue over the number of police needed, without either side questioning the system that fuels the anger.

The third issue concerns language. Meloni wrote that protesting against the high cost of living is a civil right, while sending a police officer to the hospital is the work of hooligans. Tajani called it unacceptable for the opposition to fan the flames. On October 22, Tajani himself welcomed the lifting of the strikes by the major trucking organizations, explaining that strikes do not lower diesel prices and only harm citizens and businesses. The right to protest is thus recognized in the abstract but denied in any concrete form that might produce results. You can protest, as long as the protest doesn’t disturb anyone; but a protest that doesn’t disturb anyone is a protest that no one hears. It is the old paradox of formal democracy that Marxist criticism has always denounced: equal freedoms on paper, unequal power relations in reality.

The fourth contradiction is the most serious. The government invokes the rule of law while drafting regulations—such as the preventive detention of 12-year-olds—that even its own commentators deem at risk of being unconstitutional. The state that demands that young people in the suburbs respect the rules is the same one that, to defend itself against them, is willing to violate its own.

The crisis is systemic

Gramsci, in his Quaderni, offered the most frequently cited definition of crisis: the old is dying and the new cannot be born, and during this interregnum the most varied pathological phenomena occur (readers are invited to consult Quaderni, Q. 3, 34). It is difficult to find a more accurate image for Italy in October 2026. The old social contract, founded on household savings, small businesses, and family-centered welfare, no longer holds. There is no new historical bloc. In between lie the pathological phenomena: youth gangs filming themselves as they ransack a jewelry store, ministers accusing one another, and a barrage of decrees.

Lenin, in the second chapter of The Failure of the Second International, way back in 1915, added that a crisis becomes revolutionary when those at the bottom no longer want to live as before and those at the top can no longer govern as before. The first condition is beginning to manifest itself in Italy. The second is evident in the paralysis of an executive branch that oscillates between last-minute extensions and punitive measures. The third element—the decisive one—is missing: a political force capable of transforming discontent into a program. The mass parties have been reduced to opinion-making groups and personal fiefdoms; the parliamentary left is demanding more police officers in Milan; the confederal unions have called for a general strike on November 20—five weeks after the clashes—and tend to meekly comply with government diktats just to keep their now-entrenched privileges intact. Meanwhile, in Milan, an “October 17 Movement” has emerged thatannounces demonstrations every Saturday until the government falls. Without roots, without organization, without theory, it is unlikely to go far. But its very emergence shows just how vast the void left behind is.

Herein lies the crux of the matter. I have argued elsewhere that the struggle today is not horizontal—between the right and the left—but vertical, between the people and the elites, and that those who reduce the conflict to a horizontal plane do so because they do not want people to understand where the problem lies. The events of October confirm this. The government has done everything in its power to transform a vertical conflict—over the cost of living and income distribution—into a horizontal one: Italians versus second-generation immigrants, law-abiding citizens versus hooligans, the productive North versus the South that blocks the roads. The slogan that appeared on the roadblocks, “The South Is Italy Too,” is the simplest response to this maneuver.

A class analysis that stops at national borders would be incomplete. The price of diesel in Cosenza depends on the Strait of Hormuz, and the Strait of Hormuz is closed or choked off because of a war that Italy did not decide on but supported as part of its Atlantic alignment. As early as March, the first fuel decree was justified by the international crisis linked to the war in Iran. Since then, the government has tried to keep up with rising prices through temporary discounts, while continuing to commit to rearmament goals and European austerity.

It is the old Leninist thesis on imperialism, updated to a condition of subordination. A country that does not control its own energy policy or its own foreign policy ends up passing on the costs of other people’s wars to the working classes. Sanctions against Russia have already driven up utility bills; the war in the Gulf is now driving up fuel prices. The bill always lands at the same address: the truck driver, the fisherman, the suburban family watching their grocery cart empty. While defense industry stocks rise, the real country grinds to a halt.

This is why Italy’s social crisis cannot be resolved with yet another extension of the fuel tax. It can be resolved—if at all—by breaking the constraints that make redistribution impossible: the European budget constraint in its current form, the military spending target, and the automatic alignment with wars that Italy endures without having any interest in them. Peace, energy sovereignty, and social justice are not three separate demands. They are the same demand viewed from three angles.

Who is asking for mercy, and from whom?

There is one image that stands out from these past weeks, and it is the skeleton on the banner in Termoli. It is not an image of revolt. It is an image of supplication: a people exposing their emaciated bodies and asking to be seen. The institutions have responded to this plea with the language of the criminal code, with mutual accusations between ministers and mayors, and with a tally of those arrested.

It must be stated clearly, because clarity is a duty of analysis: the devastation of a bookstore or the looting of a jewelry store is not class struggle. They are a symptom of a society that has ceased to offer its young people any sense of belonging, and the left, by romanticizing them, commits the same error as the right, which merely criminalizes them. Both fail to ask themselves how to transform that anger into consciousness. But it is equally clear that a state capable of responding to need only through force has lost its function as a social organism and has been reduced to an apparatus for defending those in power.

Italian history is all too familiar with these developments. Major social crises without political direction have always ended up shifting to the right, with an order imposed from above on the ruins of a fragmented movement. The alternative exists only if someone resumes the patient work that Gramsci called the “construction of hegemony”: organizing truck drivers and young people in the suburbs, fishermen and workers in Taranto, within a single vision that addresses wages, energy, peace, and sovereignty. This is not a task for talk shows or executive orders.

It is a political task in the oldest sense of the term, and institutional Italy, for now, has shown that it does not even want to acknowledge it.

Milano assurge così a paradigma di un Occidente che esclude ed emargina, privo di prospettive, privo di un’autentica volontà di invertire la rotta, votato più o meno consapevolmente all’autodistruzione.

Segue nostro Telegram.

Martedì 13 ottobre 2026 – mattina

Salone di rappresentanza del Comune di Milano, tra stucchi e affreschi, una composita schiera degli anziani più abbienti della città premia dei loro pari grado per età e per reddito, in mezzo a un effluvio di parole tanto vuote quanto altisonanti, un imbarazzante racconto di una città immaginaria, che esiste solo nelle chiacchiere dei loro ristretti circoli di amici e conoscenti, è tutta una narrazione di frizzi e lazzi, scoppiettanti meraviglie, luminose eccellenze, immancabili successi, se la suonano e se la cantano tra di loro, in mezzo a un tonitruante profluvio di aggettivi tutti superlativi, anzi, ultra – superlativi, un coretto autoreferenziale parossistico ed entusiastico in cui scambiano –  forse inconsapevolmente – lo specchio dentro cui si rimirano felici e beati per una finestra sulla città.

D’altronde si frequentano abitualmente e assolutamente solo tra loro nell’ora dell’aperitivo e della cena e non riescono a vedere null’altro che loro stessi, anche la cameriera che porta i piatti in tavola è una specie di fantasmatica presenza a suo modo sconosciuta ed evanescente, di cui a mala pena ricordano l’esotico nome peruviano o filippino. Sono i campioni della società neo – schiavile[1], inventata con maestria palazzinara dai maggiorenti politici della città, ogni vagonata di cemento, riversatasi su Milano nell’ultimo decennio in quantità impressionanti, ha avuto effetti sociali dirompenti e deflagranti aumentando il divario sociale, costruendo schiere di poveri, lavoratori a basso reddito e pensionati, con i primi spesso a servizio del sempre più ristretto, ma pur considerevole, cerchio dei benestanti.

Domenica 18 ottobre 2026 – pomeriggio

Come non fosse bastata la guerriglia urbana scatenatasi in piazza Duomo e tutto attorno, a margine della manifestazione di sabato 17 ottobre contro il caro – vita, il caro – carburanti, il prezzo sempre più proibitivo dei prodotti alimentari, le bollette aumentate di un terzo e per ciò stesso sempre più intollerabili, almeno per quella metà di milanesi che a fatica arriva alla terza settimana del mese, ecco che ragazzini a mala pena quattordicenni si danno appuntamento in branco per la domenica.

È rabbia pura, scriteriata e distruttrice, è odio per tutto quello che vedono e da cui sono esclusi. Spaccano e rubano, è un esproprio proletario compiuto da masse di ragazzini che non hanno nessuna consapevolezza di essere proletari, ma che in ogni caso si comportano in questo modo perché non vogliono essere proletari, ovvero l’ultimo gradino di una società pesantemente ingiusta, diseguale, escludente, hanno un istintuale desiderio di uguaglianza, ma non la sanno declinare in nessun modo, anche perché tanto è impossibile, il divario sociale non è colmabile, l’ammissione al ristretto circolo dei possidenti che possono permettersi di comprare e possedere quello che vogliono non li riguarda, purtroppo non tocca neppure tutte e tutti quei milanesi che son scesi in piazza pacificamente il giorno precedente.

Questi ragazzini sono fuori da tutto, vittime di una città e di una società in cui gli abbienti organizzano convegni sull’inclusività, in cui volano paroloni e discorsoni pieni di propositi, i quali terminano appunto all’ora dell’aperitivo.

Sono ragazzine e ragazzini cresciuti nelle periferie invisibili, povere, quelle in cui non arriva la metropolitana e gli autobus e i tram sono stati dimezzati negli ultimi anni, non credono in niente e in nessuno. Si muovono in branco, perché solo dentro il branco dei loro pari riconoscono quel minimo di uguaglianza che non trovano da nessuna altra parte.

Odiano la scuola, perché è vuota, perché non offre prospettive, perché usa parole antiche e a volte incomprensibili, perché i professori sono vecchi e hanno l’età dei loro nonni che stanno a Lima, al Cairo, a Manila, perché studiare molto difficilmente potrà permettere loro di emanciparsi dalla povertà, anzi è certamente inutile, perché tanto sanno già benissimo a dodici anni che i loro genitori non avranno mai i soldi per mandarli all’università.

Disprezzano i loro genitori, li disprezzano profondamente, con una rabbia che spesso cancella ogni affetto. Li guardano consumarsi di fatica per portare a casa il pane della sopravvivenza, donne e uomini italiani e più spesso di tutto il mondo che si alzano alle quattro del mattino, il papà per andare a pulire gli uffici degli abbienti, la mamma per sbrigare fino alle sei del mattino le questioni di casa propria e poi prendere anche lei quel bus che non arriva mai per andare a pulire le case di quegli stessi abbienti, per portare a passeggio i loro cani, per stirare le loro camicie e per preparare la loro cena. Gli uomini lavorano anche nell’edilizia, ogni cantiere è una babele di lingue, nell’urbanistica, là dove si rifanno marciapiedi e strade asfaltate si sente solo parlare arabo, chissà se per appalto diretto o subappalto, o purtroppo, come accade non di rado, per subappalto di un altro subappalto, fanno i custodi dei palazzi in cui gli abbienti a mala pena passando la mattina biascicano loro un annoiato “buongiorno”.

Lo schianto tra la città immaginaria, o per meglio dire reale per una ristrettissima minoranza, e quella reale, o per meglio dire dura e povera per la stragrande maggioranza, ha la violenza delle vetrine mandate in frantumi, così la società, come quei vetri sfondati, collassa senza lasciare margine alcuno di ricomposizione.

Un mondo peggiorato dall’individualismo, un universo  che ha perso ogni spazio sociale e collettivo in cui ritrovarsi e confrontarsi, in cui la fatica e il sacrificio sono visti come la condizione dello sfruttato neo – schiavile, non del lavoratore, anche perché il lavoratore riceve sempre meno diritti e meno rispetto e dunque ha sempre meno dignità.

Una società che coltiva il culto della ricchezza e che (auto)premia e (auto)celebra chi l’esibisce, che marginalizza e giudica negativamente chi da quella ricchezza è escluso.

Una società senza pietà, piena di un’arroganza diffusa e cattiva, che ha elevato l’esibizionismo della ricchezza e il disprezzo per chi non la possiede a massima espressione di giudizio verso le altre e gli altri.

Le ragazzine e i ragazzini delle periferie respirano questo clima tossico in cui l’avere è tutto e l’essere gli è totalmente subordinato.

Respirano la violenza del disprezzo che li marginalizza e a loro volta – come detto – hanno fatto proprio quel disprezzo al punto da riversarlo sui loro genitori, li osservano senza capirli, guardandoli schiacciati dalla fatica quotidiana, inginocchiati davanti all’arroganza e alla prepotenza degli abbienti.

I genitori tristi e sconfortati si interrogano mestamente su una società, quella occidentale, così violenta da aver distrutto qualsiasi valore, qualsiasi rispetto, qualsiasi affetto. Amano i loro figli, cercano di mostrare con il loro impegno quell’amore, ma appunto non sono capiti e non sono ricambiati, maturando indicibile interiore dolore.

È una società divaricata, del tutto frammentata e atomizzata, non vi è assolutamente alcun progetto per la costruzione di una città partecipata e condivisa, non esiste alcuna autentica volontà di una ricomposizione comunitaria.

È la deriva finale di una società priva di autentica empatia, di sincero interesse per il prossimo.

Ora il governo italiano vara leggi per la punibilità dei minorenni, aumenteranno i carcerati dei penitenziari minorili, un muro con le sbarre che terrà nascosta per un po’ una minuscola porzione del disagio sociale e giovanile.

Nulla più.

Milano assurge così a paradigma di un Occidente che esclude ed emargina, privo di prospettive, privo di un’autentica volontà di invertire la rotta, votato più o meno consapevolmente all’autodistruzione.

____

^[1]      Leggasi quanto già dettagliatamente spiegato in https://strategic-culture.su/news/2025/07/27/beppe-sala-sindaco-di-milano-inventore-della-post-modernita-neo-schiavile/

UK allies have long urged people to stockpile supplies for a crisis. How are people from France to Australia being advised to prepare?

The UK has told people to fill their pantries with food for three days in case of catastrophe, joining a host of countries urging citizens to ready themselves for core systems failing.

Such advice, once dismissed as the preserve of preppers, has become more common in government circles as climate breakdown worsens weather extremes and geopolitical tensions turn cyber-attacks and sabotage into a regular occurrence.

First published in Deník N.

Even if Israelis vote out the current government, an ideological shift will endure, says Beth Oppenheim, a policy fellow in the Middle East and North Africa programme at the European Council on Foreign Relations.

The London-based analyst explains how once-fringe ideas have crept into the political mainstream and the limitations of liberalism.

In this interview:

• Why Netanyahu’s departure would not bring about fundamental change.
• How 7 October has put diplomacy permanently off the table.
• What to expect if a new government was elected in Knesset (Israeli parliament) elections.
• The lessons Europe can draw from all this.

You say Israel’s illiberal and ethnonationalist turn represents a transformation beyond Israeli prime minister Benjamin Netanyahu; these ideologies would not disappear even with him gone. In your analysis of Israeli politics, you avoid the traditional left–right political spectrum – why?

Beth Oppenheim: In the Ideas of Israel project for ECFR, I wanted to unpack this binary we often see on the question of Netanyahu’s leadership. He dominates Israeli politics, but the debate about the prime minister often obscures more interesting trends like the rightward shift of Israeli politics. Often, the opposition is referred to as the liberal bloc, whom the right wing label as leftists – but this is inaccurate.

The pro-Netanyahus form a government coalition, while the opposition bloc is actually rather ideologically diverse. So in my research I wanted to go beyond the reductive question of Netanyahu to understand how parties behave in elections; I wanted to see where all these different parties’ ideologies and visions fit in. 

And this led you to categorise Israeli parties into four groups: the liberal Zionists, the nationalists, the ultra-Orthodox camp, and the religious nationalists. Could you describe each group? Let’s start with the liberal Zionists, who are considered the most left-wing of the Jewish Israeli camps…

Of course. The liberal Zionists include figures such as Yair Golan, Yair Lapid and Gadi Eisenkot.

Eisenkot (Yashar party) is a former general in the military. Despite this, many on the right brand him as a leftist. 

Lapid (Yesh Atid party) comes from a liberal centrist tradition in the mould of his father. Like Eisenkot, he is very secular. A secular vision for Israel and an emphasis on liberal democratic institutions unite the camp of liberal Zionists.

Golan (The Democrats party) is the left flank of this camp. In Europe, he wouldn’t be seen as far left, but within the Israeli spectrum, he is seen as radical. He has security credentials, too, but he’s the only liberal Zionist who talks about a political settlement with the Palestinians. 

The two-state solution is not really on the menu in the Jewish Israeli political mainstream – that’s now the preserve of the far-left fringe; it’s not a mainstream discussion anymore. 

“The two-state solution is not really on the menu in the Jewish Israeli political mainstream”

The liberal Zionists are united around their secularism and their commitment to the liberal democratic institutions, but there’s one big caveat: when it comes to the Palestinian issue, their liberalism is more circumscribed. 

They are not talking about the ongoing occupation and the effect that that has on Israel’s democratic standing. But of course, they’re very united in their opposition to Netanyahu.

The liberal Zionist camp lacks a coherent platform other than this; they basically advocate for good governance, but don’t offer a robust vision. 

And that cannot be said about the nationalists, whose vision is quite clear, right?

Traditionally, the nationalist camp was the mainstream right wing. Today’s main contenders are prime minister Benjamin Netanyahu’s Likud and Avigdor Lieberman’s Yisrael Beiteinu.

Meanwhile, former prime minister Naftali Bennett is running on a joint list with Lapid’s Yesh Atid, called Beyachad (‘Together’). Bennett and Lapid joined forces despite coming from different ideological traditions. They have very different ideas about the country, but they’re coming together to present a more technocratic agenda, get Netanyahu out and normalise Israeli politics. 

The nationalist camp descends from the Revisionist Zionist tradition based on Ze’ev Jabotinsky’s vision: a liberal democratic outlook fused with ultra-nationalist convictions. So to take a Revisionist Zionist view is to take a hawkish and hardline approach towards Arabs, while keeping a commitment to liberal democratic values. But affinity for liberalism and democratic values has really withered away over recent decades, not only under Netanyahu.

And then there is the ultra-Orthodox camp, without which the current government would never have completed a full term.

The ultra-Orthodox group does not fit easily on the left-to-right political spectrum, which in the Israeli understanding is defined by hawkishness on Palestinians and security.

They are made up of two Ashkenazi parties – Degel HaTorah and Agudat Yisrael – and Sephardic party Shas. What unites them is strict religious observance of Jewish law and their commitment to separation from secular society or modernity.

“The ultra-Orthodox camp is predominantly non-Zionist, but not necessarily anti-Zionist”

Interestingly, the ultra-Orthodox camp is predominantly non-Zionist, but not necessarily anti-Zionist since they didn’t endorse the creation of Israel in its secular form. They engage with the state, but in a limited way – they’re very transactional and pragmatic.

And the ultra-orthodox camp work within state apparatus to advance sectoral interests, yeshiva education, the military service exemption, and subsidies to maintain a somewhat introverted separation from the rest of society.

They are mostly passive when it comes to issues of foreign policy and security policy, but they do not support loss of Jewish life for nationalist ends – they don’t believe that the state in its current form is sacred. And so they don’t, for instance, endorse the loss of Jewish life for territorial expansion.

That leaves us with the last category: the religious nationalist camp.

Religious nationalists draw together ultra-orthodox religious observance, but with ultra-nationalism.

This article continues, but the full version is available only to EUobserver.com subscribers. Visit account.euobserver.com/membership

Segurança pública, rejeição à pauta woke e valorização dos costumes ajudam a explicar a força eleitoral da direita brasileira.

Junte-se a nós no Telegram , X e VK.

Escreva para nós: info@strategic-culture.su

O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 provocou uma onda de análises na esquerda brasileira. Com Flávio Bolsonaro à frente de Lula na votação, muitos comentaristas voltaram a procurar explicações no comportamento dos evangélicos, no conservadorismo moral e na influência das lideranças religiosas. Esses fatores têm importância, mas não explicam tudo. Uma parcela significativa do eleitorado demonstra insatisfação com prioridades culturais da esquerda e, sobretudo, com a percepção de que o Estado perdeu capacidade de garantir segurança à população.

A segurança pública ocupa posição central nesse debate. Segundo levantamento Nexus/BTG divulgado em julho de 2026, 30% dos entrevistados identificaram violência, criminalidade ou segurança pública como o principal problema do país. A preocupação é especialmente relevante entre eleitores que apoiam Flávio Bolsonaro, para os quais o combate ao crime constitui uma das principais expectativas em relação ao próximo governo.

A situação do Rio de Janeiro ilustra a dimensão concreta desse problema. Um estudo do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UFF e do Instituto Fogo Cruzado estimou que, em 2024, aproximadamente quatro milhões de pessoas na Região Metropolitana viviam sob controle ou influência de grupos armados. Isso correspondia a 34,9% da população da região. Facções criminosas e milícias exercem formas de poder territorial que afetam a circulação, as atividades econômicas e a vida cotidiana dos moradores. Algumas estimativas apontam que entre 60% e 70% do território do Rio de Janeiro é atualmente controlado pelo crime organizado.

Nesse contexto, discursos que enfatizam direitos sociais, soberania nacional e política externa podem perder força eleitoral quando não oferecem respostas convincentes à insegurança cotidiana. Lula tem defendido o enfrentamento do crime organizado por meio da integração das forças de segurança, da investigação financeira e da retomada de territórios. E isso só está acontecendo agora, após quatro anos de absoluta negligência na questão de segurança, com o crime organizado alcançando recordes históricos de expansão territorial.

Flávio, por sua vez, aposta em uma abordagem mais punitiva, incluindo o enquadramento de facções como organizações narcoterroristas. A disputa envolve diferentes concepções de segurança, mas também a capacidade de cada candidato de transmitir determinação diante do problema. Se considerar estes grupos terroristas ajuda ou não no combate ao crime é uma longa discussão, mas sem dúvidas a mera classificação com terroristas já agrada uma parcela substancial da população que vive sob o (verdadeiro) terror desses criminosos.

Existe ainda uma dimensão cultural que a esquerda frequentemente subestima. Parte do eleitorado rejeita o vocabulário político associado à agenda woke e interpreta determinadas iniciativas progressistas como tentativas de impor novas normas de comportamento. A decisão draconiana do Supremo Tribunal Federal reconhecendo “transfobia” como “crime equiparável ao racismo” tem gerado, naturalmente, reações extremamente negativas. Afinal, parece absolutamente normal que milhões de brasileiros rejeitem uma decisão que literalmente pode colocar na cadeia (e já está colocando) por até cinco anos pessoas que erram pronome de tratamento durante comunicação com indivíduos trans.

O descontentamento cultural é muitas vezes irresponsavelmente ignorado nas análises políticas. Muitos analises insistem em ver os eleitores como máquinas em busca do benefício material constante, dispostas a sacrificar seus valores imateriais em troca de migalhas assistencialistas – que é tudo que até agora o governo PT conseguiu dar ao povo brasileiro. Mas essa análise é equivocada. Para muitos brasileiros, questões relacionadas à educação dos filhos, à religião e aos limites da intervenção estatal fazem parte de suas prioridades políticas. Esses eleitores obviamente tendem a votar na oposição num cenário nacional onde hospitais estatais universitários – com apoio do establishment esquerdista – promovem bloqueio hormonal e outras formas de “intervenções não-cirúrgicas” em “crianças trans”.

Para desespero dos analistas acadêmicos desconectados da realidade nacional, a política externa ocupa um espaço limitado na experiência diária da maioria da população. As relações com os Estados Unidos, a atuação brasileira nos BRICS e a posição diplomática sobre a Palestina são temas relevantes, mas dificilmente substituem preocupações imediatas como violência urbana e pautas culturais.

A votação de Flávio Bolsonaro deve ser compreendida a partir dessa combinação de fatores, sem atribuir a milhões de eleitores uma motivação única. Segurança pública, valores tradicionais, insatisfação com o governo e rejeição a determinadas pautas progressistas podem convergir em um mesmo voto. Se a esquerda quiser melhorar sua popularidade, o caminho correto é através da revisão de seus erros, não da invenção de falsos motivos para o crescimento da direita.

Two leading Jewish groups want the EU’s next antisemitism tsar to also brief diplomats on foreign policy – despite the controversy it caused for the last one, Katharina von Schnurbein.

“EU external decisions have direct consequences for Jews living in Europe. Diplomats should hear from the person who sees those consequences every day,” said Pinchas Goldschmidt, who heads the Conference of European Rabbis (CER) in Munich, Germany.

The European Jewish Congress (EJC) in Brussels also told EUobserver: “The [EU antisemitism] coordinator should ensure that this objective is systematically reflected in all relevant EU policies, including external action and foreign policy.”

They spoke as von Schnurbein prepared to leave her EU post after 10 years to become a German “federal government commissioner for Jewish life in Germany and the fight against antisemitism” on 28 October.

The 53-year-old German baroness was highly active at events in EU capitals, had three staff, and travelled on missions to Israel, Serbia, Switzerland, and the US.

She also worked next door to European Commission president Ursula von der Leyen in her Brussels HQ and had close ties with the Israeli government.

This article continues, but the full version is available only to EUobserver.com subscribers. Visit account.euobserver.com/membership

Post-Brexit changes to EU citizens’ rights have had a detrimental impact on the mental health of those involved and their families, according to a new report.

"I want to study. I have my hijab on, but they are not letting me study. I have a right to study," a distressed Azerbaijani schoolgirl was filmed saying in a video posted online, passionately advocating for her right to attend school like other children while wearing an Islamic headscarf. 

Across Azerbaijan, pupils and teachers wearing hijabs have reportedly been denied entry to schools since new regulations were implemented earlier this month. 

The restrictions have prompted emotional scenes captured in online footage, with schoolgirls seen in tears and students looking on in distress as a visibly veiled teacher was dismissed from school premises. 

The decision, approved last month, has sparked outrage both domestically and internationally, with human rights groups such as Amnesty International describing the restrictions as discriminatory. 

Speaking to The New Arab, Amnesty International’s Eastern Europe and Central Asia director, Marie Struthers, emphasised that excluding pupils and teachers who wear the hijab from schools "violates their rights to education, and the freedoms of religion and expression."

School exclusions

The restrictions have also sparked protests across Azerbaijan, with local reports documenting demonstrations against the headscarf rules, involving girls wearing Islamic headscarves and boys joining their classmates in solidarity. 

On Monday, the Ministry of Internal Affairs said it had detained 37 people for disrupting public order during the protests. 

Struthers also called for the release of those detained.  

"The international community should call upon Azerbaijani authorities to: reverse these discriminatory restrictions and ensure that affected pupils and teachers can return to school; immediately and unconditionally release anyone detained solely for peacefully exercising their rights; and respect the right to peaceful protest and all human rights," she said. 

Struthers cited recent Amnesty reporting on the detention of Shahizyar Huseynova, the wife of Azerbaijani Muslim activist Aga Huseynov. 

She was reportedly arrested last Wednesday after protesting outside a school in Baku, where their daughter had been refused entry the previous day. 

"According to [Huseynov], she has been detained for four months, and the charges against her have not been provided."

Struthers also cited other reports the organisation received, including one about activist Matanat Turan (Mahmarzayeva), who is affiliated with the Azerbaijan People’s Front Party (APFP). 

On Sunday, a court in the Azerbaijani city of Sumgayit reportedly imposed a two-month preventive measure on Turan after she protested against the headscarf restrictions in Khirdalan. 

She added: "Ilkin Huseynov, an activist who had launched a free online platform connecting volunteer teachers with children excluded from school, including for wearing hijabs, went missing on 14 October after leaving his Baku home accompanied by unidentified people."

Growing protests amid a regional fallout

Smuthers’ urgent calls reflect concerns voiced across the country, as the controversial ban has escalated into a regional dispute, with ally Turkey declaring its firm opposition to Baku’s decision. 

Oktay Saral, an adviser to Turkish President Recep Tayyip Erdogan, criticised the restrictions on hijabs in Azerbaijani schools, prompting President Ilham Aliyev’s ruling party to accuse Turkish figures of interfering in Azerbaijan’s domestic affairs. 

Ankara’s condemnation of the hijab ban has prompted a fierce backlash from the Azerbaijani government, which has barred 31 Turkish nationals from entering the country, including Fatih Erbakan, leader of Turkey’s New Welfare Party. 

Caught in the middle of the public feud, however, are Azerbaijan’s women and girls, whose lives are being affected by the new school regulations in a country where 96 per cent of the population identifies as Muslim.  

Rafig Shahbazov, a Georgia-based journalist covering developments in Azerbaijan, told TNA that there was currently “no publicly available comprehensive official figure showing how many students or teachers have been affected nationwide” by the restrictions. 

He said there was also no comprehensive information on how many schools had implemented the rules, how many pupils had missed classes or whether the restrictions were being enforced consistently across the country. 

However, Shahbazov stressed that continuing reports of hijab-wearing pupils and teachers being turned away from schools suggested that "the issue has not been confined to one school or a single district."

"The first protest videos I encountered came from Jalilabad, after which reports and footage emerged from Baku and surrounding villages, as well as Sumqayit and other locations," Shahbazov added. 

"Baku’s School No. 69 and the school in Mollaoba village in Masalli district are among the locations mentioned in reporting and discussions surrounding the restrictions."

Shahbazov also noted that, based on publicly available evidence, students, teachers, and parents responded in various ways, including expressing solidarity with girls and women who wear the hijab. 

"Some students have continued to attend school wearing hijabs despite the restrictions, while others have reportedly been prevented from entering classrooms," Shahbazov told The New Arab.

In some locations, male classmates have reportedly refused to attend lessons in solidarity with girls who were denied access.

Protesters have used slogans such as ‘Freedom for the hijab’ and ‘Let the girls go to school’, framing the issue as one of access to education as well as religious freedom. 

"Parents have also challenged the restrictions. Some have protested outside schools after their daughters were reportedly refused entry," Shahbazov added. 

"For many families, the central concern is not simply whether a particular item of clothing is permitted, but whether girls should have to choose between practising their faith and continuing their education. Teachers have expressed concern about the impact on their professional lives and personal religious choices."

Protests involving schoolchildren are unusual in Azerbaijan. The demonstrations have also prompted a social media campaign, with protest footage spreading online. 

However, local users have since reported disruptions to access to Instagram and TikTok in the country, raising questions about the authorities’ response to the growing controversy. 

Internet monitoring groups have also documented restrictions on access to the platforms, but Azerbaijani authorities have not explained the reported disruptions. 

Legal questions

The growing controversy follows a series of legal changes, beginning with amendments to Azerbaijan’s general education law that reaffirmed the principle of secular education and required pupils and teachers to comply with school dress codes. 

Subsequent regulations prohibited additional clothing deemed to disrupt the standard uniform or conflict with secular education. 

Although the school rules do not explicitly mention the hijab, they have since been interpreted in ways that restrict the wearing of Islamic headscarves. 

Emin Abbasov, an Azerbaijani human rights lawyer and chair of the Independent Lawyers Network (ILN), told The New Arab that the secularism requirement introduced under the new regulations "amounts to a ban on expressing religious belief through clothing in state schools."

He added: "Wearing religious clothing is a protected manifestation of belief which is a core part of freedom of religion both in national and international law. Restrictions must therefore have a sufficiently clear legal basis, pursue a legitimate aim and be necessary and proportionate. A general reference to secularism does not, by itself, establish that excluding pupils or teachers wearing a hijab meets these requirements."

Abbasov continued: "The vague requirement to dress ‘in accordance with secularism’ also raises questions about foreseeability and the scope for arbitrary enforcement and its impacts."

The ILN chief also cited reports by his organisation, which found that pupils and teachers wearing hijabs were reportedly denied entry to schools across Azerbaijan since October 12, sparking warnings that such restrictions raise serious concerns about freedom of religion, equality and access to education. 

"The justifications appeared in state officials and pro-governmental media refer to social equality, secular education and protecting girls from religious coercion require careful scrutiny," Abbasov told The New Arab. 

"However, protecting children from coercion is a legitimate concern, as is ensuring neutrality and secularity in education, but the authorities failed to demonstrate the problem of coercion and alternative — less intrusive measures such as education at schools on secularism, increased civil society role in promoting secularity, etc." 

He added: "Excluding a girl from school because of her clothing risks punishing the very child the state claims to protect. It can interrupt her education, deepen isolation and undermine her future independence." 

Abbasov argued that an outright ban "is a clear intervention in the right to believe of citizens," adding that it also infringes on the right to education and, for teachers, constitutes “a breach of employment rights."

The head of the ILN cited constitutional protections and international law safeguarding freedom of belief and the right to education. 

He added that Azerbaijan’s government must, under both international law and the country’s constitution, adhere to key legal principles, including necessity and proportionality. 

Rights at risk 

In response to the backlash, Azerbaijani authorities have blamed Iranian influence for stirring division in the country — in addition to alleged Turkish influence. 

More ethnic Azerbaijanis live in Iran than in Azerbaijan itself. 

Azerbaijan’s State Service for Special Communications and Information Security alleged that a "foreign hacker group" had attacked more than 100 state websites on the night of 13 October. 

Abbasov criticised the government’s "divisive narratives," describing the accusations of foreign influence involving Iran, Turkey and people of Arab backgrounds as "absolutely unacceptable and very harmful."  

He warned that such rhetoric risked deepening isolation and perpetuating harm against the women and girls affected by the ban. 

"From what we see from the protests, mostly by the secular parts of Azerbaijan, supporting religious people or the young girls and women wearing hijabs, it shows that society is not convinced that it faces any religious fundamentalism or any harm," Abbasov told The New Arab. 

"The Azerbaijani government now wants to divide society between secular and religious people. And it needs somehow a foreign influence, a foreign enemy and new threats in society in order to govern or to continue governing Azeris with coercive and repressive methods that society does not want to continue." 

He continued: "There are no threats; there is no reason to take any measure for protecting secularity in Azerbaijan." 

The New Arab contacted Azerbaijan’s Ministry of Science and Education for comment but had not received a response by the time of publication. 

However, Azerbaijani officials have continued to defend the ban in public statements.  

MP Nigar Arpadarai alleged that children did not choose to wear the hijab themselves but were influenced by their families. 

"A child has no freedom to choose a religion. This is a conscious prerogative of adults," she told the 1news.az website. 

After decades of Soviet rule, Azerbaijan emerged as one of the most secular states in the Muslim world.  

Under President Ilham Aliyev, the country has maintained a poor human rights record, with the government repeatedly targeting journalists, activists and independent politicians. 

Human rights organisations have long accused Aliyev’s administration of intensifying its crackdown on freedom of speech.

Assiah Hamed is a staff writer at The New Arab

The protesters cannot be dismissed as members of some particular social segment, being instead a cross-party movement from all sectors of society.

Join us on Telegram, X, and VK.

Contact us: info@strategic-culture.su

Albania has returned to the news in recent days, with protests that eventually culminated in the destruction of the Ministry of Education, but the process that led to this chaos began some months ago because of the negotiations surrounding the construction of a gigantic luxury resort in the country, in a megaproject led by Affinity Partners, owned by Jared Kushner, the Zionist agent who is Donald Trump’s son-in-law and who occasionally acts as his ad hoc diplomat. Alongside Kushner in this project, there was also capital from three Arab petro-monarchies and local investors.

The first point of dissent, the spark, so to speak, of this fire, was the fact that the project would be built in an environmental protection area, in the marshy wetland zone of Albania, which is considered a natural paradise where flamingos, pelicans and other animals nest, some of them endangered. Nevertheless, Kushner obtained authorization from Edi Rama’s government to go ahead with the project, as well as the classification of strategic investor, which allows him to bypass local regulations.

The project itself is expected to reach the sum of 4.7 billion dollars and would be implemented on the island of Sazan (once a military base), on the island of Vjosa-Narta and on the island of Zvernec, which also have defensive characteristics. Kushner supposedly had the “idea” and “discovered” Sazan while traveling on the yacht of his friend Nathan Rothschild, a context in which he also met the Albanian prime minister.

Kushner’s other partners at Affinity Partners are Luis Videgaray, former Minister of Finance of Mexico, and Elad Gil, an Israeli investor, and the project involves the construction of hotels, marinas and private villas, in an effort that seems to point toward a “Dubai-ization” of Albania.

Since June, therefore, when these shady deals were revealed, Albanian citizens began going to the streets to protest, with slogans (“Albania is not for sale”) against Washington and Tel Aviv and calling for Kushner to be made persona non grata. The protests had already been following protests organized in February and March over corruption accusations against Edi Rama, as well as the fact that the Albanian prime minister had begun a campaign to encourage Israelis to move to Albania.

What has been most worrying for the Albanian government is the fact that these protesters cannot be dismissed as members of some particular social segment, being instead a cross-party movement from all sectors of society. And the protests continued, intermittently, until now in October, which points to a permanent dissatisfaction that is difficult to stifle.

The most recent protests are more focused on youth and on new corruption scandals, problems in education and the government’s attempts to “force” entry into the European Union, but the issue of Jared Kushner’s luxury resort remains on the agenda.

It is possible to analyze the case from the conspiracy-minded angle of “Epstein Island,” especially considering the Rothschild family’s ties to Epstein and to Kushner, but perhaps a more interesting angle points to the geopolitics of the Mediterranean and the power project of the State of Israel.

Israel has been expanding its activities in this area and expanding its presence. Israeli investors, for example, have been mass-acquiring properties in Cyprus and in the Greek port city of Kalamata. When we add up these ventures targeting properties in Cyprus, Greece and now Albania, we clearly perceive that there is an eastern Mediterranean focus in Israeli parastatal business activities. It is striking that these always involve islands and ports, which points specifically to the construction of a thalassocratic strategy on the part of the State of Israel.

Also striking is a specific theme of Albanian political-social reality, which is the fact that it has become common practice for Albanian investors, after being legitimized as strategic investors to secure approval for development projects, to resell their shareholdings for negligible amounts to other, more obscure actors. In many cases, we are talking here about “straw man” schemes used by the Albanian mafia. That would not naturally be the case for Kushner or the Arab petro-monarchies, but the suspicion raised affects the Albanian partners in this investment.

Perhaps that is why the violent repression of the protests has drawn less attention than elsewhere. It appears to be the authentic eruption of popular dissatisfaction in a country that for decades has been victimized by corrupt leaders, highly dangerous mafias and brutal terrorists.

Europeans made their preference clear. Parliament voted. So why are we still changing the clocks?

On Sunday (25 October), Europeans will once again turn their clocks back by one hour. The familiar ritual will again raise the same question: did the European Union not decide years ago to end seasonal clock changes?

The question entered the European agenda largely from the bottom up.

Citizens repeatedly contacted and petitioned the European Parliament, raising concerns about health, sleep disruption and the continuing usefulness of changing the clocks twice a year.

A citizens’ initiative presented to the Finnish Parliament in 2017 gave the issue further momentum. Finland could not end the practice alone because it was regulated at EU level.

On 8 February 2018, the European Parliament called on the EU Commission to assess the existing directive and, if necessary, propose its revision.

84% public support for ending clock changes…

The commission subsequently launched a public consultation. It received approximately 4.6 million responses from citizens, the highest number ever recorded for an EU consultation at that time. Among those who participated, 84 percent supported ending the twice-yearly clock changes.

The consultation was not a referendum, and participation varied considerably between member states. Nevertheless, millions of Europeans sent a clear political message.

Jean-Claude Juncker highlighted the issue in his 2018 State of the Union address. Shortly afterwards, the commission proposed ending seasonal clock changes while allowing each member state to choose permanent summer time or permanent standard time.

…and MEPs agree

In March 2019, the European Parliament approved the proposal in plenary by 410 votes to 192, with 51 abstentions. The final clock change was expected in 2021.

Yet 2021 came and went, and Europeans continued adjusting their clocks every March and October.

Parliament has not reversed its position, and the commission has not formally withdrawn its proposal. The file remains blocked because member state governments have never agreed on a common position in the Council.

No simple solution for 27 states

Ending the clock change sounds simple until governments must decide what replaces it. Should countries remain permanently on summer time or standard time? What happens if neighbouring countries make different choices? How would a patchwork of time zones affect transport, aviation, trade and the single market?

These are legitimate questions.

A poorly coordinated decision could create new problems while solving the old one. Some governments also requested a more detailed assessment of the consequences. The pandemic and the crises that followed then pushed the issue further down the political agenda.

However, the crisis cannot explain indefinite inaction. Eight years after the Commission presented its proposal, the Council has still not adopted a position. Without it, negotiations with Parliament cannot move towards a final agreement.

This is where a practical question about clocks becomes a problem of democracy, accountability and political communication.

Citizens were encouraged to participate. Millions did. Parliament responded adequately. The commission presented the consultation as evidence that Europe was listening. Its president announced that clock-changing would stop, and Parliament endorsed the proposal with a clear majority.

Then the process got  stuck.

Twice a year, Europeans are reminded of this promise, but receive little to no explanation about who is blocking progress, which governments support which option or how the disagreement might be resolved.

Simply saying that “the EU failed” would, however, hide who has the concrete political responsibility. The EU is a complex, multilevel decision-making system in which responsibility is shared among different institutions and member state governments. Parliament adopted its position, while national capitals failed to agree in the council.

Those governments should explain their positions instead of allowing “Brussels” to absorb the blame like often happens, for their collective indecision.

The European Commission also has certain responsibility because her proposed legislation left the most difficult question, the choice of permanent time, to individual countries. 

In any case, the EU risks turning, or did turn,  an example of successful citizen agenda-setting into an example of participatory failure.

The issue may not be Europe’s most urgent challenge right now, but credibility and a positive image is also built through implementation of citizens’ demands such as this one.

People notice when a widely announced change does not happen, especially when it impacts directly and negatively their daily life. They also notice when nobody explains why.

Member state governments should state publicly whether they favour permanent summer time, permanent standard time or retaining the current system. The council should put the issue back on its agenda and strive to achieve an agreement.

And if this is not possible, Europeans deserve a clear explanation why their participation led nowhere.

European leaders have to find the resolve to stop fueling the war against Russia and engage in diplomacy with Moscow.

Join us on Telegram, X, and VK.

Contact us: info@strategic-culture.su

There is a straightforward way to alleviate the social chaos sweeping Europe, as well as the war in Ukraine threatening to engulf the continent. It’s an easy fix – and it’s not shoving more white powder up Zelensky’s nose paid for by European taxpayers.

European leaders just have to find the resolve to stop fueling the war against Russia and engage in diplomacy with Moscow to establish an all-encompassing security architecture (as Russia had proposed back in December 2021). That, in turn, will salvage European nations from unsustainable debt driven by militarism and propping up a kleptocracy in Kiev, whose puppet leader is obviously degenerating from cocaine addiction.

Across Europe, cities are looking like battle zones with mass protests, public tensions, buildings burning, shops looted, riot police baton-charging crowds, and masked mobs running amok. France is bearing the brunt of street violence, but so too are Italy, Belgium, and others. Spain and Portugal are seeing their cities turned into tent camps in protests against a lack of affordable housing.

In the turmoil, it is easy to lose sight of the basic problem. People en masse are suffering from economic privation. Why can’t their individual and social needs be met in an efficient and effective manner? Why is there seemingly no money to fix broken societies?

Curfews are declared in Paris and cities across France while Italy moves to deploy soldiers in Milan to restore a semblance of order. Thousands of arrests have been made in recent days. Revolution is in the air, and so too is the sinister possibility of supposedly democratic governments flipping to become police-state dictatorships.

In this volatile, explosive situation, it is tempting to look for scapegoats.

French President Emmanuel Macron goes on national television to denounce “ultra-left groups” who he says are mindlessly trying to destroy France.

Even American President Donald Trump weighs in to claim that a once great nation (France) is being “conquered by immigrants, jihadists and communists.”

There were also predictable accusations in Western media that Russia is fomenting the unrest across Europe.

Another misdirection is to portray the European governments as cash-strapped and unable to deliver relief from the cost-of-living crisis and deteriorating public services. The governments and media tend to define the problem as one of balancing fiscal bookkeeping, overspending on social welfare, aging populations, or some other demographic factor.

European nations, we are told by pundits, are in massive debt and under pressure from bond markets to ramp up austerity by slashing public spending. The challenge for France and other governments is that they “no longer have the fiscal room to simply throw more money at these problems,” as one commentator put it.

Another commentator lamented that: “Hamstrung governments seem to have no answer to the public’s furious demands, making further discontent likely.”

In other words, we are told, “there is no alternative to austerity,” to paraphrase the late British leader Margaret Thatcher.

But that premise deceptively tells only part of the picture. The crucial part omitted is that the fiscal crunch of European governments is largely caused by the reckless funnelling of money to fuel the war in Ukraine and inordinately build up their own military forces. That wasteful misallocation of resources is “justified” by relentlessly and absurdly demonizing Russia as a “threat to Europe”. The news media play the role of amplifying the propaganda.

The media do not question, never mind expose, how Europe’s economies have been exhausted by a proxy war agenda against Russia that has involved cutting themselves off from Russian affordable energy, the lifeblood of industry, and on top of that racking up hundreds of billions in debt by propping up the endemically corrupt Kiev regime.

That regime is losing the war against Russia as it runs out of conscripts for the meat grinder. Yet, European governments are fixated on keeping the futile war going with ever more funding of the regime.

Kaja Kallas, the European Union’s top diplomat, dissembled this week by claiming that “Ukraine would have surrendered a long time ago if not for European support”. This is a tacit admission that the EU and Britain are fueling the war.

She also accused the Trump administration of forcing Ukraine into a surrender. In her soulless view, diplomacy and peace are sneered at as surrender.

European societies are deprived of financial resources for vital public services and infrastructure all in the fraudulent name of “defending” Ukraine in a war that has gone on for nearly five years. There is no end in sight if the European leaders have their way.

The European Union’s unelected bureaucracy has donated €90 billion to the Kiev regime for 2026 and 2027 alone, in addition to over €200 billion already allocated. This largesse is still not enough. The Zelensky dictatorship is calling for an extra €70 billion to be doled out, and the EU Russophobic elites are clamoring to oblige.

No wonder that European societies are visibly falling apart from underinvestment and widespread hardship from the soaring cost of living. The social implosion is a direct consequence of a policy of militarism and war, a policy that the Euro elites are running with impunity and unaccountability. That’s dictatorship by any definition.

The depiction of fiscally constrained and helpless European governments is an illusion. The constraint is not a natural condition of societies. It is the consequence of a deliberate, criminal policy of warmongering.

So spare us the scapegoating and misdirection. Spare us the curfews and calls for emergency police state powers to curb “hooligans and extremists.” That misdirection is playing into the hands of the ruling class, which has delegitimized itself by its sponsoring of war in Ukraine, its support for American aggression against Iran and Yemen, and its complicity in Israeli genocide in Gaza and Lebanon.

Contrary to the politicians and pundits claiming that there is “no easy fix” to the chaos erupting in Europe, there is. It is for the European governments to stop fueling the war in Ukraine and actually manage societies according to democratic needs.

However, that rational and feasible solution is probably out of reach under the prevailing political system. The elites in control of the system are incapable of overseeing any meaningful reform. They will not engage in diplomacy to find a peaceful settlement in Ukraine with Russia.

And so the outcome seems to be either they consolidate the emerging dictatorship and quash the legitimate social demands of the people, or the people will prevail by sweeping away the corrupt regimes that masquerade as “democratic”.

World’s second largest brewer says use of drugs such as Wegovy can reduce desire to drink alcohol

• Business live – latest updates

Heineken has warned British bars and pubs that the boom in popularity of weight-loss drugs could lead to a fall in sales of beer and cider.

The world’s second-largest brewer sent a presentation to British hospitality customers earlier this month that said the use of GLP-1 medication – such as Ozempic and Wegovy – could reduce the desire to drink alcohol. This in turn could result in “fullness and fewer serves” of pints in pubs and bars, it added.

Case filed in 2022 by patient unable to afford medicine leads to cap on drug prices for millions who face ruin if diagnosed

The Indian government has moved to reduce the price of cancer drugs after a retired bank clerk took her case to the supreme court.

From next month, 137 cancer drugs in India will be cheaper as the government tries to tackle the tragedy of poorer patients either forgoing treatment, selling land or falling into debt to meet the high cost of some medicines, which are making large profits for hospitals and pharmacists.

People succumbed to heat at highest rates in Malta, Italy and Hungary, with health issues, loneliness and poverty exacerbating toll

Heat killed a record 50,000 people in European cities this summer, new research suggests, with scientists blaming climate breakdown for two in every three of the deaths.

Morgues and funeral homes filled with bodies from June to August as the heat added by planet-baking pollution cut short an extra 32,000 lives in urban areas, the researchers found. Hot days pushed vulnerable bodies into overdrive and warm nights prevented them from recovering.

In a startling development that strikes at the heart of the burgeoning autonomous technology sector, several delivery robots are now facing serious allegations of scanning customers’ faces and harvesting biometric data. The accusations suggest that these automated machines, designed for convenience, may be functioning as mobile surveillance units, capturing highly sensitive personal information without explicit user consent.

The controversy centers on how these robots process visual data while navigating sidewalks and interacting with clients. While companies claim the cameras are strictly for navigation and obstacle avoidance, whistleblowers and privacy experts suggest that the software may be performing advanced facial mapping. This data, which is unique to every individual, could potentially be stored, analyzed, or even shared with third-party advertisers and data brokers.

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that this incident marks a critical turning point in the debate over ‘surveillance capitalism.’ As autonomous robots become a common sight in urban environments, the line between helpful automation and intrusive monitoring becomes dangerously blurred. If biometric data is leaked or misused, the implications for individual security and identity theft are profound.

The integration of facial recognition into consumer-facing robotics without a robust legal framework is a ticking time bomb for digital privacy.

Legal experts are already examining whether current data protection laws, such as the GDPR in Europe or various state-level privacy acts in the US, are sufficient to handle the nuances of mobile robotic surveillance. The core issue lies in the ‘passive collection’ of data—where bystanders and customers are recorded simply by being in the vicinity of the robot.

Historical Background

The history of automated surveillance has evolved from stationary CCTV cameras to highly mobile, AI-driven devices. In previous decades, facial recognition was restricted to high-security government installations. Today, the rapid commercialization of AI has brought this technology into the streets, often outpacing the ability of lawmakers to regulate it effectively.

As the industry moves forward, the pressure is mounting on tech giants to implement ‘privacy-by-design’ protocols. This would involve ensuring that visual data is processed locally on the device and immediately deleted, rather than being uploaded to a cloud server for long-term storage.

Read full story here…

A wave of student protests has spread across several European countries in recent weeks, with France at its centre, where demonstrations over staff shortages, underfunded schools and run-down facilities have continued since mid-September.

The French protests began on September 17th, when teachers at a high school in south-eastern Paris protested over staff shortages and students joined them, Australia’s ABC News reported. Demonstrations followed in Spain, Belgium, Italy, Portugal and Albania, and smaller protests took place in Greece, Austria, Ireland and Germany, according to the same report. What began over education has since widened to include the cost of living and public-sector cuts.

In this context, the Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO) has come under the spotlight following its announcement of support for student protests in France and Belgium, and subsequently in Albania.

Several European reports have drawn links between FEMYSO and the Muslim Brotherhood, describing the student forum as the organisation’s youth wing. Among the most notable is a report by a French National Assembly investigative committee, published in December 2025, which points to close ties between the forum and networks linked to the Muslim Brotherhood and characterises its role as contributing to the spread of the movement’s ideas across Europe.

In a parliamentary question submitted in 2025, Germany’s Baden-Württemberg State Office for the Protection of the Constitution was cited as viewing FEMYSO as an umbrella organisation for youth groups with links to the Muslim Brotherhood.

FEMYSO, however, rejects these allegations. In a previous statement, the organisation affirmed that it has no ties to the Muslim Brotherhood.

Statements of Support for Protests Across Europe

On October 9th, the forum announced its solidarity with student demonstrations in France and Belgium. On October 18, it declared its support for student and youth protests in Albania, while also referring to ongoing demonstrations in Spain and Greece in the same context.

On October 15th, 2026, the French Muslim Students Association (Étudiants Musulmans de France, EMF), a member organisation of FEMYSO, went beyond expressing solidarity. It called on students, education workers and the broader social movement to join a nationwide mobilisation scheduled for October 17th, reaffirming its support for demonstrations stretching from Paris to Marseille and from Bordeaux to Strasbourg.

In a statement, EMF stressed the need to build a balance of power through protests. The statement came just two days before large-scale demonstrations took place across France, attracting hundreds of thousands of participants in largely peaceful gatherings before separate groups became involved in acts of violence, looting, arson and attacks on police officers and public buildings. These incidents reportedly resulted in more than 1,000 arrests and injuries to dozens of security personnel.

Such initiatives and calls for participation in demonstrations have raised concerns that political Islamist networks may seek to capitalise on public discontent, particularly when protests are accompanied by public disorder or acts of vandalism. This, critics fear, could turn student and social demands into instruments for expanding organisational influence and securing political leverage.

According to official French data, masked and violent individuals were present at the demonstrations. In several cities, shops were looted, while cars and rubbish bins were set on fire. In the city of Limoges, flames engulfed the historic town hall, a building dating back to 1883.

The same data indicated that 1,800 people had been arrested and more than 500 police officers and firefighters had been injured. In response to the violence and rioting, the French government announced the imposition of curfews in several cities.

Concerns Reach the Heart of European Institutions

These developments come at a time when the activities of organisations suspected of having links to the Muslim Brotherhood are facing increasing political scrutiny.

On September 15th, 2026, French MP Constance Le Grip submitted a written question to the government concerning European funding for projects involving FEMYSO, calling for clarification of funding mechanisms and oversight procedures governing grants.

The question followed recent reports and studies that raised concerns over the continued involvement of FEMYSO in projects benefiting from European funding, despite an earlier announcement by the European Commission that the organisation was no longer receiving direct funding.

FEMYSO has consequently become one of the most contentious issues in the wider European debate.

A recent study published by CERIF and AK Polis in September examined the organisation’s participation in the EmpowerAction project, which forms part of the TACKLE initiative funded by the European Union through its DEAR programme.

According to the study, the funding does not necessarily take the form of a direct EU operating grant to FEMYSO. Instead, it may be channelled through partner organisations, projects and sub-granting mechanisms.

This has raised concerns that European funds could reach an organisation through a project led by another partner or through a consortium and its sub-granting arrangements.

Against the backdrop of FEMYSO’s visibility in the protests, some of which were subsequently accompanied by violence and looting, as well as allegations of links to the Muslim Brotherhood, concerns have emerged over the possibility that the organisation could gain a foothold in current social unrest and convert it into political influence by winning the sympathy of European communities and left-wing parties.

FEMYSO: Background, Membership and European Footprint 

The Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO) describes itself as a European umbrella organisation bringing together Muslim youth and student associations.

FEMYSO currently comprises 32 member organisations across 22 European countries. Its roots date back to 1995, when the first meeting of Muslim youth organisations was held in Sweden.

The following year, FEMYSO was formally established at a meeting in Leicester, United Kingdom, which brought together 19 organisations from 11 countries. In 2000, the forum established its headquarters in Brussels.

The traditional Paraíso do Algarve restaurant, in the heart of the countryside near Paderne, was the venue for the recent tasting and lunch enjoyed by members of the Algarve Wine

The post The Algarve Wine Society heads inland appeared first on Portugal Resident.

Investigations under way to determine whether virus normally found in livestock contributed to man’s death

A man in France has become the first human known to have contracted Shamonda virus, with investigations under way to explore whether it contributed to his death.

Shamonda virus is a type of bunyavirus and is spread by bites from infected midges. According to the Austrian Agency for Health and Food Safety, in animals such as cattle, sheep and goats it can cause diarrhoea, lack of appetite and a decline in milk yield, “as well as abortions and congenital abnormalities in newborn calves, lambs and kids”.

In questi giorni il caro vita turba i sonni del mondo politico e sindacale, compresi quanti finora hanno ignorato i diffusi rincari dell’energia e dei beni di prima necessità, riducendo l’emergenza a mera polemica politica.

Segue nostro Telegram.

In questi giorni il caro vita turba i sonni del mondo politico e sindacale, compresi quanti finora hanno ignorato i diffusi rincari dell’energia e dei beni di prima necessità, riducendo l’emergenza a mera polemica politica.

Tuttavia, anche le poche mobilitazioni in corso dimenticano che la causa primaria dell’inflazione è proprio l’economia di guerra: l’escalation militare ha fatto ripartire la corsa dei prezzi, con conseguenze particolarmente pesanti per le economie europee, dipendenti dal greggio in transito nel Golfo Persico.

Un tempo le forniture principali arrivavano dalla Russia a costi decisamente inferiori a quelli attuali. Affermare che l’economia di guerra sia la causa principale dell’inflazione e del rallentamento economico europeo significa semplicemente prendere atto della realtà.

I dati parlano chiaro: tra marzo e agosto la UE ha sostenuto 54 miliardi di dollari di costi aggiuntivi netti solo per le importazioni di gas e petrolio. Questo dato basterebbe da solo ad aprire un dibattito serio sulle conseguenze economiche dei conflitti.

A confermare il quadro è l’Ufficio Studi della CGIA di Mestre: a fine anno gli italiani pagheranno 29 miliardi di euro in più tra rincari di elettricità, gas e carburanti. Solo in Italia il costo dell’energia elettrica è balzato del 51,2%. Rincari dovuti all’instabilità delle catene di approvvigionamento, alle speculazioni finanziarie e all’aumento delle spese militari, che sottraggono risorse essenziali al welfare.

Di fronte a questo scenario, la risposta del Governo appare timida e priva di coraggio. Mentre sostiene le spese per il riarmo, prova a calmierare con fondi pubblici le bollette degli italiani (che stimano una spesa aggiuntiva media di 153 euro all’anno per l’elettricità e 477 euro per il gas). Parallelamente, i rincari a doppia cifra colpiscono anche i beni alimentari di largo consumo: la dimostrazione che non si tratta di un incidente di percorso, ma di un effetto strutturale dell’economia di guerra.

In questo contesto, le manifestazioni di piazza rischiano di rivelarsi inefficaci, sia per la scarsa adesione sia per la debolezza delle motivazioni. Manca una riflessione complessiva sul sistema economico e sui meccanismi che spingono verso il basso i salari (a partire dai criteri di calcolo dell’IPCA). I bonus non sono la soluzione, bensì il sintomo del progressivo smantellamento del welfare pubblico.

È urgente iniziare a parlare apertamente di “economia di guerra”: un modello di produzione che alimenta la corsa alle risorse, dirotta i fondi pubblici verso la difesa e giustifica la sottrazione di risorse ai servizi essenziali. In caso contrario, continueremo a inseguire singoli provvedimenti tampone senza mai affrontare la vera radice del problema.

Articolo originale:  lantidiplomatico.it