Un presidente del Gobierno puede recibir una botella de vodka, un machete con funda de piel o hasta un ladrillo procedente del derribo de una cárcel y entregarlos al patrimonio público. Eso es lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero con los obsequios institucionales que recibió durante sus ocho años en La Moncloa, entre los que figuran algunos de los presentes más insólitos de su etapa al frente del Ejecutivo. Las joyas que atribuye al rey de Arabia Saudí, cuyo valor se ha cifrado inicialmente en 1,3 millones de euros, no aparecen, sin embargo, en el inventario.
La relación oficial de regalos de las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011, al que ha tenido acceso Infobae, recoge desde piezas de artesanía y recuerdos institucionales hasta objetos ceremoniales y obras conmemorativas, como un tricornio de gala de la Guardia Civil, una menina realizada por personas en régimen de privación de libertad o una escultura de bronce de Don Quijote y Sancho Panza. El documento incluye, además, presentes de dirigentes extranjeros como Álvaro Uribe, Recep Tayyip Erdogan, Muamar el Gadafi o el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz Al Saud.
El archivo, formalizado el 1 de marzo de 2012, acredita la incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de una serie de bienes recibidos como regalos institucionales por la Presidencia del Gobierno durante los dos mandatos de Zapatero. Los objetos quedaron adscritos al Ministerio de la Presidencia, con destino a la decoración de dependencias oficiales, en cumplimiento de dos órdenes del Ministerio de Hacienda de enero de aquel año.
El inventario ha llegado ahora a la Audiencia Nacional después de que el juez José Luis Calama reclamara a Patrimonio del Estado la relación de esos bienes, en el marco de la pieza separada abierta por las joyas halladas en el despacho del expresidente durante la investigación del ‘caso Plus Ultra’. El documento permite contrastar los regalos institucionales que sí fueron incorporados al patrimonio público con las alhajas que Zapatero sostiene que recibió a título personal del monarca saudí y que no aparecen en el acta.
Los otros regalos saudíes que sí llegaron al patrimonio público
Las joyas que Zapatero atribuye al rey saudí no son los únicos obsequios procedentes de la familia real de Arabia Saudí que recibió durante su etapa en La Moncloa. El inventario recoge otros presentes de la monarquía saudí que fueron incorporados al patrimonio público, entre ellos un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas, atribuido al rey Abdalá y fechado el 19 de junio de 2007, coincidiendo con su visita oficial a España.
La relación incluye también un reloj de sobremesa sobre una peana de mármol con la figura de un ciervo, entregado por el entonces príncipe heredero saudí el 5 de junio de 2008, así como una representación de una escena del desierto, con una palmera, una jaima y figuras humanas, elaborada en oro y plata sobre una base de mármol y jade. Esta última pieza, fechada el 16 de julio de 2008, también figura como regalo del monarca saudí.
De una vasija de oro y mercurio a una menina elaborada por presos
Entre los presentes más singulares figura una vasija metálica dorada que el inventario describe como elaborada con una aleación de oro y mercurio. La entregó el entonces ministro turco de Asuntos Exteriores, Abdullah Gül, el 3 de marzo de 2006. De Turquía llegó también una jarra y una bandeja de plata regaladas por el entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, durante una visita el 22 de abril de 2009.
El inventario recoge asimismo una carabela de plata con piedras de coral y una espada de plata labrada procedentes de Argelia, además de una cimitarra de plata del presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, un incensario de plata de Omán y una silla de montar vinculada al entonces líder libio, Muamar el Gadafi.
Entre los obsequios de mandatarios extranjeros figuran también una escultura de bronce con las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, regalo del entonces presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, en noviembre de 2008, y un sombrero artesanal del entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe. La relación incluye, además, un águila de madera con tres plumas de plata, regalada por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y una caja de cristal con una representación de la mano de Fátima, entregada por la entonces ministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni.
Otro de los regalos que más llaman la atención por su procedencia es el ladrillo del derribo de la cárcel de Carabanchel, entregado a Zapatero el 22 de diciembre de 2010 por Ángel Martínez Sanjuán, entonces presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. El objeto, procedente de la demolición de la prisión madrileña, quedó incorporado al patrimonio público junto al resto de los obsequios institucionales.
En la misma relación aparecen dos regalos del entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev: una botella de vodka decorada, fechada el 3 de agosto de 2008, y un machete con funda de piel, registrado el 3 de octubre de ese mismo año. Ambos figuran entre los presentes recibidos por Zapatero en Moscú.
El catálogo incluye, además, objetos mucho más modestos, como figuras de barro, placas conmemorativas, bandejas, jarrones y recuerdos de viajes. La variedad de los presentes refleja el carácter heterogéneo de los obsequios recibidos en el contexto de las relaciones institucionales, aunque el documento no constituye necesariamente una relación de todos los regalos que pudieron llegar a manos del expresidente durante su etapa en La Moncloa.
La ausencia de las joyas abre la vía a investigar una posible malversación
El inventario permite reconstruir parte de los obsequios institucionales que recibió Zapatero durante sus ocho años en La Moncloa, pero no resuelve la incógnita de si las joyas que atribuye al rey saudí fueron un regalo personal o si, por las circunstancias en las que se entregaron, debieron incorporarse también al patrimonio público. Esa distinción centra ahora la investigación de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, si las alhajas fueron entregadas al expresidente durante su mandato en el marco de las relaciones institucionales, podrían haber adquirido la consideración de bienes públicos. En ese escenario, su falta de incorporación al patrimonio estatal podría constituir un presunto delito de malversación, según el planteamiento del Ministerio Público.
Anticorrupción invoca el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno, aprobado en 2005 por el Ejecutivo de Zapatero, que establecía limitaciones a la aceptación de regalos y contemplaba que los obsequios de mayor significación institucional se incorporasen al patrimonio público. La Fiscalía considera que el valor atribuido a las joyas excedería el de una atención de cortesía habitual y ha pedido que se investigue esta posible responsabilidad.
La defensa de Zapatero sostiene que las joyas fueron un obsequio personal del monarca saudí y trata de acreditar su procedencia ante la Audiencia Nacional. Para ello, el expresidente se dirigió, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, al jefe de Protocolo de la Corte Real y anunció posteriormente su intención de solicitar cooperación judicial internacional. El magistrado, sin embargo, ha rechazado la petición de comisión rogatoria.
En El Debate de France 24 analizamos la histórica victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El líder izquierdista rompió este domingo una racha de cuatro décadas al convertirse en el primer candidato presidencial en remontar una segunda vuelta desde el retorno a la democracia, superando por más de cuatro millones de votos al derechista Flávio Bolsonaro en una jornada inédita impulsada por el voto joven y los abstencionistas.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón interrogará este miércoles a tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. La magistrada quiere escuchar como testigos a quienes cruzaron la frontera en una de las jornadas más críticas de la crisis, en una investigación que busca esclarecer cómo se desarrolló la entrada masiva y si existió una actuación coordinada desde Marruecos.
Los tres están citados a las 10.00 horas por videoconferencia, antes de las declaraciones de los policías que también comparecerán mañana en el marco de la misma causa. Según fuentes jurídicas, los ciudadanos marroquíes habían acudido voluntariamente a declarar ante la Policía Nacional antes de que se acordara su comparecencia judicial. La instructora incorpora así a las diligencias el testimonio de personas que vivieron la entrada desde el lado de quienes cruzaron la frontera.
La causa, abierta por un presunto delito contra la paz e independencia del Estado, busca reconstruir cómo se produjo la llegada masiva, qué información manejaban las autoridades antes de los hechos y qué respuesta desplegaron los distintos organismos. En sus resoluciones, Tardón ha apuntado que la entrada no habría sido un episodio espontáneo, sino un proceso organizado en el que la finalidad migratoria habría servido de cobertura para generar una presión extraordinaria sobre la frontera.
La Policía apunta al guiado de los migrantes por agentes marroquíes
Uno de los aspectos que examina la magistrada es la actuación de las fuerzas marroquíes. En declaraciones incorporadas a la causa, responsables políticos de Ceuta y mandos policiales han descrito comportamientos de agentes del país vecino que, según sus testimonios, habrían facilitado o no impedido los cruces.
El principal indicio sobre este extremo es un informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional. El documento sostiene que agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, habrían participado en el guiado de los migrantes hacia determinados puntos de acceso a Ceuta. Según el análisis policial, algunos efectivos habrían dado indicaciones para que quienes intentaban cruzar a nado se dirigieran hacia el espigón del Tarajal.
El informe describe una situación de “permisividad policial” en el lado marroquí y sostiene que no se detectaron intentos serios de dispersar o alejar a la multitud del perímetro fronterizo. También recoge imágenes y testimonios sobre individuos que, sin formar aparentemente parte de la masa, habrían actuado como gestores del flujo, orientando a los migrantes hacia zonas concretas.
La Policía interpreta estos elementos como indicios de que la entrada respondió a un patrón organizado y no a una movilización espontánea. El documento plantea que el objetivo habría sido colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta española. No obstante, el informe no identifica una autoría concreta ni acredita por sí mismo que el Gobierno marroquí ordenara la operación. El Ministerio del Interior sostuvo que el análisis policial no atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la crisis.
Las declaraciones sobre la pasividad de las fuerzas marroquíes
Los indicios recogidos por la Policía coinciden parcialmente con los relatos de testigos que han comparecido ante Tardón. El inspector jefe de la Policía Nacional en Ceuta Lorenzo Juan Fages aseguró que había observado a agentes marroquíes, uniformados y de paisano, haciendo gestos para facilitar el avance de las personas hacia territorio español. Según su declaración, algunos individuos conducían a los migrantes hacia la zona del espigón mientras los agentes permanecían en las inmediaciones.
El teniente coronel de la Guardia Civil Miguel Lobo también relató que la noche anterior a la entrada masiva se había informado de la presencia de seis embarcaciones marroquíes frente a Ceuta, entre ellas patrulleras e interceptoras.
Los responsables políticos ceutíes han ofrecido, por su parte, relatos sobre la actitud de los agentes del país vecino. La consejera Nabila Benzina ha descrito este martes la presencia de efectivos marroquíes que, según su versión, no estaban tratando de frenar los cruces. El portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, ha contado que había observado a personas recogiendo flotadores utilizados por quienes llegaban a Ceuta y devolviéndolos hacia Marruecos, donde volvían a emplearse.
Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) ha ganado el Premio Nacional de las Letras Españolas. La noticia se ha sabido este martes, minutos antes de las 14 horas. En ese momento, el escritor se encontraba en la librería +Bernat junto al escritor asturiano Alejandro Basteiro. “Me han hecho una primera llamada, pero pensaba que era alguien que quería que fuera a la manifestación del sábado para romper cristales, entonces he preferido no coger el teléfono”, ha bromeado el escritor en una conversación con La Vanguardia en la propia librería, minutos después de que se conociera el reconocimiento. “Luego, como también me ha llamado mi agencia, Basteiro me ha recomendado que fuera yo quien los llamara, y entonces me han comunicado que había ganado el premio”.
El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, ha asegurado este martes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que había advertido a la Secretaría de Estado de Seguridad de la posibilidad de que las entradas de inmigrantes aumentaran durante los días previos a la crisis migratoria de finales de julio. El responsable del Gobierno de Juan Jesús Vivas sostiene que trasladó su preocupación directamente a la secretaria de Estado, Aina Calvo, dos semanas antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos y que, pese a ello, la situación no recibió la importancia que merecía.
Según fuentes jurídicas, Gaitán ha relatado durante su declaración como testigo que mantuvo una reunión con Calvo el 16 de julio para advertirle del riesgo de una avalancha migratoria. De acuerdo con su versión, la alto cargo valoró los datos que le presentó como una situación propia de “un verano más”, en una ciudad acostumbrada a soportar una presión migratoria sostenida.
Un primer aviso el 16 de julio y un nuevo contacto diez días después
La primera advertencia que el consejero sitúa ante la jueza se produjo el 16 de julio, durante su encuentro con la secretaria de Estado de Seguridad. En esa reunión, según su relato, le trasladó su inquietud por la evolución de las llegadas y la posibilidad de que el fenómeno fuera a más en los días siguientes. El encuentro no se habría traducido en medidas concretas, siempre de acuerdo con la versión del testigo.
Gaitán volvió a contactar con Calvo el 26 de julio, esta vez a través de WhatsApp. El consejero le comunicó que la situación se estaba complicando. Según fuentes jurídicas, la respuesta que recibió fue que en el Ministerio eran conscientes de lo que estaba ocurriendo y que estaban trabajando en ello.
Los contactos se prolongaron durante las jornadas siguientes. El responsable de Presidencia y Gobernación ha explicado que se produjeron nuevas comunicaciones y reuniones con distintos departamentos de la Administración central, incluida Presidencia del Gobierno. En los encuentros de los días 27 y 28 de julio, la Ciudad Autónoma pidió un refuerzo de efectivos para hacer frente a la presión migratoria.
Interior rechazó instalar una barrera de boyas con redes sumergidas
Los tres consejeros del Gobierno de Ceuta que han declarado este martes ante la jueza le han trasladado que el Ejecutivo central descartó la posibilidad de instalar una barrera de boyas con redes bajo el agua para frenar las entradas a nado desde Marruecos. Según los testimonios de los responsables autonómicos, la propuesta no salió adelante por el riesgo de que los migrantes quedaran atrapados en la estructura. La medida pretendía reforzar la contención en el entorno del Tarajal, uno de los puntos por los que se produjo la entrada masiva del 30 de julio.
La cuestión resulta especialmente relevante por el momento en el que se planteó la instalación de elementos físicos en la frontera marítima. El Tribunal Supremo dictó el 8 de julio una sentencia que impedía aplicar el rechazo en frontera a las personas que accedían a nado a Ceuta, al no existir un elemento de contención física que permitiera encajar esos cruces en el procedimiento previsto para las entradas irregulares. Al día siguiente, el 9 de julio, Interior ya contemplaba colocar una barrera flotante para prolongar en el mar el espigón fronterizo del Tarajal.
La instalación de este tipo de elementos, de hecho, llevaba semanas sobre la mesa. Sobre el 9 de julio Interior comenzó a estudiar una barrera flotante que prolongara el espigón y sirviera como elemento disuasorio. La estructura contemplada inicialmente sobresaldría entre 30 y 70 centímetros del agua y tendría una parte sumergida de hasta un metro. Pese a ello, los trabajos no arrancaron hasta el 1 de agosto, cuando ya se había producido la entrada masiva.
La cuestión de los medios de contención volvió a aparecer en las comunicaciones de los días previos a la crisis. Según la documentación del CNI, el 28 de julio el Gobierno consultó al Tribunal Supremo qué podía considerarse un elemento de contención fronterizo y si ese concepto podía incluir unas boyas que delimitaran la frontera marítima. La duda tenía una implicación directa sobre el procedimiento que podían aplicar los agentes a quienes intentaran acceder a la ciudad a nado.
Finalmente, Interior anunció el 1 de agosto el comienzo de la instalación de una barrera neumática de 500 metros en el espigón del Tarajal, combinada con una primera línea de boyas de contención proporcionadas por la Armada. El dispositivo se desplegó después de los hechos y tenía como objetivo dificultar el acceso a la playa y dar cumplimiento a la sentencia del Supremo. La diferencia entre esa infraestructura y la alternativa con redes sumergidas a la que se han referido los consejeros será relevante para precisar qué propuesta se descartó, cuándo se hizo y qué motivos se dieron para ello.
Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda también los efectos electorales de los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ que figuran en el Anexo III de la instrucción de 25 de octubre de 2022. El partido político presidido por Luis María Pardo pretende extender así las medidas cautelares que ya afectan a 163.020 electores del extranjero a los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de la anterior Ley de Memoria Histórica.
La formación mueve ahora ficha para tratar de cerrar esa brecha, señalada por el diario El Mundo este lunes, y reclama que se identifique a este colectivo. Solicita, además, que los sufragios puedan recibirse, pero permanezcan separados y bajo custodia, sin incorporarse al escrutinio hasta que concluya la comprobación de la situación electoral de cada afectado.
Una petición que va más allá de los hijos de los 163.020 afectados
La iniciativa se apoya en la relación entre las distintas vías de acceso a la nacionalidad que contempla la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, firmada por Sofía Puente. En concreto, el apartado 1.b) reconoce el derecho de opción a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les hubiera reconocido previamente la nacionalidad española de origen al amparo de esa misma disposición o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica.
Según los datos administrativos que recoge el escrito, a 31 de julio de 2026 constaban 189.678 inscripciones practicadas por esta vía. A 31 de agosto, el Gobierno cifraba en 195.872 las nacionalidades concedidas conforme al Anexo III, además de otras 134.405 solicitudes aprobadas que estaban pendientes de inscripción. Estas cifras, sin embargo, no permiten conocer cuántos de esos ciudadanos están incorporados al censo electoral que se utilizará en las elecciones del 29-N ni cuántos son hijos de personas afectadas por la suspensión cautelar. Tampoco significa que todos los nacionalizados por esta vía tengan cuestionada su situación.
De hecho, el propio Iustitia Europa reconoce en su escrito que la inclusión en el Anexo III no permite dar por acreditada, por sí sola, la existencia de una irregularidad. La formación sostiene que es necesario reconstruir documentalmente la relación entre progenitores e hijos y comprobar por qué vía adquirió la nacionalidad cada uno.
Aunque su petición principal abarca a la totalidad de los electores del Anexo III incorporados al CERA, el partido plantea subsidiariamente una medida más limitada: suspender los efectos electorales de aquellos cuyo progenitor se encuentre comprendido en las cautelares anteriores, además de determinados supuestos en los que la Administración no haya podido determinar a tiempo el antecedente jurídico de la nacionalidad.
La instrucción que amplió el alcance de la ley
La controversia se remonta a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para que los descendientes de españoles exiliados pudieran optar a la nacionalidad española. El conflicto judicial se centra especialmente en la instrucción firmada el 25 de octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que estableció una presunción de exilio para los españoles que hubieran abandonado el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditaran su salida mediante la documentación prevista.
Iustitia Europa y Vox recurrieron ante el Supremo al considerar que la interpretación administrativa podía exceder los supuestos contemplados por la ley y permitir el reconocimiento de nacionalidades sin acreditar las circunstancias exigidas para acogerse a ella.
La Sala Tercera acordó en septiembre medidas cautelares sobre las inscripciones censales vinculadas al colectivo afectado. La suspensión alcanza tanto a determinadas nuevas inscripciones como a los efectos electorales de quienes ya figuraban en el censo, con las excepciones previstas judicialmente para quienes acrediten las condiciones establecidas por el tribunal.
El Supremo mantuvo las cautelares frente al recurso del Gobierno y defendió la necesidad de preservar la fiabilidad del censo electoral, mientras que la Abogacía del Estado advirtió de las dificultades materiales para identificar a los afectados en el plazo disponible.
Un trabajador que llevaba ocho años dedicado a labores de poda de encinas cayó desde unos 3,5 metros de altura cuando la rama sobre la que se encontraba se partió bajo su peso. El hombre estaba utilizando una motosierra y llevaba puesto un arnés de seguridad, pero había enganchado el sistema anticaídas a la misma rama que estaba cortando. La madera estaba podrida por dentro, aunque su aspecto no permitía advertirlo a simple vista.
Más de diez años después del accidente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al empresario para el que trabajaba a indemnizarlo con 85.598,89 euros, más los intereses legales. La Sala de lo Social ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que había exonerado al empleador al considerar que el siniestro se debió exclusivamente a la negligencia del operario.
La resolución, fechada el 27 de mayo de 2026, reconoce que el trabajador actuó de forma imprudente al apoyarse y anclarse a la misma rama que pretendía podar. Sin embargo, concluye que esa conducta no elimina la responsabilidad de la empresa, queincumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. La indemnización se reduce un 30% por la actuación del accidentado, mientras que el 70% restante se atribuye al empresario.
Un arnés enganchado a la rama que estaba cortando
El accidente ocurrió el 29 de enero de 2016, cuando Jesús —nombre que figura en la resolución judicial— realizaba trabajos de poda en una finca de la provincia de Córdoba. El empleado, contratado como talador, accedió a la cruz de una encina con una escalera metálica y, una vez arriba, se desplazó hasta situarse de pie sobre una de las ramas que pretendía cortar.
Llevaba consigo una motosierra pequeña, de unos 3,5 kilos, y disponía de un sistema anticaídas compuesto por arnés, cuerda y anclaje. En esta ocasión, sin embargo, lo había sujetado a la misma rama sobre la que se encontraba.
Mientras trabajaba, escuchó un crujido. La rama cedió y el operario cayó al suelo desde una altura aproximada de 3,5 metros. Perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros, que lo trasladaron al Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo.
El accidente le provocó un politraumatismo, fracturas vertebrales, diversas fisuras y un golpe en el bazo. Entre las secuelas acreditadas figuran la extirpación del bazo, material de osteosíntesis en la columna vertebral, dolores postraumáticos con compromiso radicular y un trastorno depresivo mayor reactivo leve. También sufrió secuelas estéticas, entre ellas cicatrices quirúrgicas y cojera. El trabajador terminó con una incapacidad permanente total para su profesión habitual.
Sin evaluación de riesgos ni formación preventiva
La investigación de la Inspección Provincial de Trabajo y del Centro Provincial de Riesgos Laborales puso el foco en las condiciones en las que se desarrollaba la poda. La empresa no había documentado un plan de prevención de riesgos laborales ni una evaluación de los peligros derivados del trabajo en altura y del estado de los árboles.
Tampoco acreditó que hubiera impartido al trabajador formación e información sobre prevención, incluida la utilización correcta de los equipos de protección individual. El informe de la Inspección advertía de que el arnés no debía haberse enganchado a la misma rama sobre la que se encontraba el operario y que estaba siendo podada.
Los técnicos apuntaron, además, a la necesidad de valorar métodos de trabajo más seguros, como el empleo de plataformas elevadoras, así como a la falta de supervisión y de procedimientos preventivos.
La propia investigación identificó entre las causas inmediatas del accidente el hecho de “enganchar el arnés de seguridad a una rama supuestamente en condiciones, que realmente resultó podrida en su interior”. También señaló como condición peligrosa trabajar con riesgo de caída desde un apoyo inestable y difícil de valorar.
El informe recomendaba inspeccionar los árboles antes de comenzar las tareas, evitar caminar sobre las ramas y recurrir a plataformas o sistemas de elevación que ofrecieran protección colectiva.
De la culpa exclusiva a la concurrencia de responsabilidades
El Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba desestimó la demanda en enero de 2024. Consideró que el empresario había puesto a disposición del trabajador los equipos necesarios para la poda y que el accidente se produjo por una actuación negligente del propio empleado, que no comprobó el estado de la rama antes de apoyarse en ella.
La vía penal también había quedado cerrada años antes. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo acordó en junio de 2018 el sobreseimiento provisional de las diligencias, al entender que no estaba debidamente justificada la comisión del delito investigado. La Audiencia Provincial de Córdoba confirmó después esa decisión, sin perjuicio de las acciones civiles o laborales que pudieran corresponder.
El trabajador recurrió la sentencia social y el TSJA le ha dado ahora parcialmente la razón. La Sala considera que la imprudencia del empleado fue relevante, pero no exclusiva, y que la empresa tampoco había cumplido con las obligaciones preventivas que le correspondían. “No puede negarse la clara imprudencia del trabajador al anclarse a la misma rama que podaba con la motosierra”, recoge la resolución. A continuación, el tribunal advierte de que esa conducta “no niega la responsabilidad empresarial”, dado que el empleador no había elaborado un plan de prevención, evaluado los riesgos ni formado al operario.
Los magistrados recuerdan que el empresario tiene el deber de organizar el trabajo en condiciones seguras y que las medidas preventivas deben contemplar también los descuidos e imprudencias no temerarias que puedan cometer los trabajadores.
Por ello, la sentencia rechaza que pueda atribuirse toda la responsabilidad al accidentado. “La culpa de la víctima no rompe el nexo causal que proviene del agente externo —en este caso los incumplimientos de la empresa—, salvo cuando el daño se ha producido de forma exclusiva por una actuación culposa imputable a la víctima”, sostiene.
El trabajador había reclamado 122.284,13 euros por las lesiones temporales, las intervenciones quirúrgicas, las secuelas físicas y estéticas y el perjuicio moral derivado de la pérdida de calidad de vida. La Sala aplica una reducción del 30% por la concurrencia de culpas y fija la indemnización en 85.598,89 euros, con los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
O engenheiro ambiental Marcelo de Oliveira Rocha, de 28 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (26), após ser espancado ao se afastar de um ato político pró Lula em Santos, no litoral de São Paulo, no último sábado.
A confirmação do óbito foi divulgada pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que lamentou a morte do estudante de mestrado da instituição. Segundo a nota, a vítima que sofreu o ataque no último sábado (24), estava internada na Santa Casa de Santos e foi transferida para o Hospital São Paulo, hospital universitário da Unifesp, no domingo (25).
“A Unifesp expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Marcelo, neste momento de dor e consternação. A gravidade do ocorrido exige a apuração rigorosa das circunstâncias e motivações da agressão, bem como a identificação e responsabilização dos envolvidos”, apontou a universidade.
A Universidade ainda afirmou que acompanha a situação por meio da direção do Instituto do Mar, do Campus Baixada Santista, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas (Praepa) e da Reitoria prestando apoio à família e articulando a assistência necessária.
Em uma nota anterior, a Unifesp havia ressaltado que “independentemente das motivações que venham a ser esclarecidas, a violência não pode ser naturalizada ou tolerada”.
A Prefeitura de Santos, por meio de nota, confirmou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e Marcelo foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Santos.
À CNN Brasil, a Polícia Civil afirmou que o boletim de ocorrência foi registrado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos, e investiga o ocorrido, a motivação e identificação dos envolvidos.
Um homem, que foi sequestrado durante a madrugada, foi solto pela Polícia Civil da Bahia, nesta segunda-feira (26), no bairro de Pirajá, em Salvador.
Segundo a corporação, a vítima estava em uma festa no bairro de Pirajá quando foi sequestrada por integrantes de uma organização criminosa e levada para um imóvel no bairro do Calabetão, local utilizado como cativeiro pelos integrantes do grupo.
Veja o local:
Enquanto o homem estava no local, foi submetido a tortura. Depois, os sequestradores entraram em contato com familiares e exigiram o pagamento de uma quantia como condição para a libertação.
A polícia recebeu denúncias sobre uma possível localização, seguiu até o local e localizaram a vítima.
No local, foram apreendidas drogas como maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e um caderno com anotações relacionadas à possível comercialização de drogas.
Um homem que portava uma arma de fogo foi flagrado pelos policiais na rua foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
Seguem as investigações para identificar e localizar os outros envolvidos no sequestro, além de esclarecer todas as circunstâncias do sequestro.
A Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro (SES-RJ) divulgou, nesta segunda-feira (26), a ampliação da oferta do teste de DNA para HPV no rastreamento do câncer do colo do útero.
A tecnologia visa identificar o vírus antes do surgimento de lesões, reduzindo a taxa de falso-negativos, estendendo o intervalo preventivo para cinco anos.
Segundo a pasta, a tecnologia foi implementada na rede pública estadual em fevereiro de 2026 e já foram analisadas 60.503 amostras, substituindo o exame Papanicolau.
O exame de DNA/HPV tem uma precisão próxima de 100%, enquanto a do Papanicolau é de cerca de 50%.
O objetivo é que o método esteja disponível em todas as unidades de atendimento ginecológico até o fim deste ano. Para isso, a SES-RJ realizou a capacitação dos profissionais para o novo protocolo voltado à população de 25 a 64 anos. A pasta também já realizou a distribuição dos kits do teste para os municípios.
O que é o HPV?
Segundo o Ministério da Saúde, o HPV (papilomavírus humano) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível (IST) mais comum no mundo.
A infecção pelo HPV não apresenta sinais e sintomas na maioria das pessoas, e pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais, ou apresentar manifestações subclínicas.
Já o tratamento das verrugas na região genital e ânus, consiste na destruição das lesões.
A vacina contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção.
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