The Department of Justice is now targeting Washington state, threatening election officials with legal action if they do not set aside ballots the Trump administration believes could be cast by noncitizens.

In a letter to Washington Secretary of State Steve Hobbs that was obtained by MS NOW, the Justice Department said it found 400 alleged noncitizens who, “with a high level of confidence, have voted in elections” in the state.

The federal prosecutors demanded that Washington’s top election official review the list “within 24 hours” to determine whether there are citizens on it, and to set aside any ballots returned by suspected noncitizens. Acting U.S. Attorney in Washington Neil Floyd and First Assistant U.S. Attorney Pete Serrano told Hobbs to instruct local election officials “to not verify the signature and/or tabulate the ballot until citizenship can be determined.”

“The United States is concerned with the number of noncitizen voters, both enrolled and actively voting in the State of Washington, as allowing noncitizens to vote cancels citizen votes,” Floyd and Serrano wrote, adding that “we do make criminal referrals to our state counterparts.”

If the state’s top election official does not comply, the letter states, “the United States will have no choice but to seek emergency relief.” Washington began mailing ballots in mid-October.

With just seven days until Election Day, Washington is the second Democratic-led state to be targeted by the Trump administration with such a letter. The Justice Department sued California earlier this month over its refusal to segregate ballots from some 20,000 people the administration claims are noncitizens.

In another election challenge, the Justice Department sued Alaska last week to block the results of the U.S. Senate election if the Republican incumbent, whose Democratic challenger has the same name, does not win.

Federal prosecutors said in the letter to Washington state election officials that the “individuals identified are or were noncitizens,” adding that “they may have subsequently naturalized.” The department said it expects to soon receive “a second list of individuals believed to be noncitizens who are registered to vote” from the Department of Homeland Security that it will share with state election officials.

The letter includes several errors. The election date is wrong, written by the federal prosecutors as Nov. 2, 2026, when Election Day is Nov. 3. The federal attorneys also misspelled voter rolls, writing “voter roles” when referring to the Justice Department’s attempts to obtain sensitive voter data from the state.

In a press release Monday, Floyd said the 400 alleged noncitizens “are registered to vote and have voted in multiple elections.”

“This is only the tip of the iceberg,” Floyd said. Many of the people on the list are lawful permanent residents or “green card” holders, Floyd’s office said.

The Washington secretary of state’s office said it is carefully reviewing the Justice Department’s request.

“We take our responsibility to protect voter information seriously and will only respond to requests that follow due process,” Hobbs said in a statement. “We saw what happened in California and don’t want Washingtonians to be harassed.”

Hobbs said the timing of the request “is no doubt intended to cast unfounded suspicion on the results. At the same time, thousands of voters were recently disenfranchised in our August Primary due to delayed postmarks.”

Helen Smith, a spokesperson for Hobbs, noted that the DOJ system frequently flags U.S. citizens as noncitizens, risking their right to vote.

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Flávio Bolsonaro ha huido de Brasil hacia EEUU tras las elecciones del pasado domingo en las que Lula da Silva fue elegido presidente. Tal y como informaron varios medios locales y la Agencia Reuters, el aspirante ultra a la presidencia e hijo del expresidente Jair Bolsonaro salió del país por la frontera con Argentina.

Así lo ha confirmado también el propio Gobierno argentino de Javier Milei. “Ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro”, aseguró en un comunicado la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Según este mensaje, lo hicieron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. De ahí, explica este mismo organismo, “la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.

Horas más tarde, EEUU aseguró que expedirá un visado para Bolsonaro y su familia. “Me parece bien, las elecciones fueron realmente extrañas”, ha llegado a asegurar esta madrugada el presidente de EEUU, Donald Trump.

Fuentes próximas a la familia Bolsonaro citadas por Folha de São Paulo, sostienen que el Gobierno de Donald Trump ha colaborado con la salida el senador y su familia de Brasil y que les debe de conceder asilo político.

El todavía senador Flávio Bolsonaro incumplió la orden emitida por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, de entregar sus dos pasaportes, el ordinario y el diplomático. La Policía ha confirmado que Bolsonaro no entregó los pasaportes antes del límite establecido por ley, las 11.00 hora local de Brasil.

La Policía ha confirmado que Flávio Bolsonaro no ha salido de Brasil usando su pasaporte. La empresa aérea con la que Bolsonaro ha salido del país aparece en una investigación sobre un supuesto esquema de corrupción involucrando a la Agencia Nacional de Deficiencia (ANDIS) del gobierno de Javier Milei, según ICL Notícias.

El Gobierno argentino negó inicialmente la presencia de Flávio Bolsonaro en su territorio. Un site de seguimiento de vuelos informa que el supuesto avión en el que Flávio Bolsonaro iba a viajar a Estados Unidos estaba parado en Puerto Iguazú. La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina. “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, informaron las autoridades. Horas más tarde, llegó el citado comunicado en el que se confirmaba que había salido por la frontera con Argentina.

Asimismo, el portavoz de Javier Milei, Adrián Ravier, descartó que Bolsonaro haya solicitado asilo en Argentina. Y confirmó que el gobierno ultraderechista no emitirá comunicados ni saludará a Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo en las elecciones en Brasil, limitándose a señalar que “se tomó nota del resultado”.

El ministro Alexandre de Moraes emitió la orden de entrega de pasaportes siete minutos después de que el Tribunal Superior Eletoral (TSE) confirmara el triunfo de Lula, para evitar una posible fuga del país de Flávio Bolsonaro, investigado por el Supremo por supuesto lavado de dinero, con posible vínculo con dinero negro proveniente del mercado de las apuestas online. Flávio Bolsonaro tiene otra investigación en el Supremo, relacionada con la financiación de la película Dark Horse sobre su padre, proveniente del banquero preso Daniel Vorcaro.

Flávio Bolsonaro aseguró en un vídeo que fue intimidado por la policía al salir de la casa de su padre Jair Bolsonaro, donde cumple prisión domiciliaria. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme”, aseguró Flávio Bolsonaro, que también denunció una “persecución sin fin” de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio que está prófugo de la justicia brasileña en Estados Unidos, ironizó esta mañana sobre la posible fuga de su hermano. La periodista Mariana Sanches de UOL preguntó vía WhatsaApp a Eduardo Bolsonaro si su hermano estaba intentando huir del país. “Sí. Y Elon Musk ha tildado fuegos artificiales”, respondió.

El senador Rogério Marinho, quien fue el coordinador de la campaña electoral de Flávio Bolsonaro, dijo estar “sorprendido” por la salida del país del candidato presidencial derrotado el pasado domingo en segunda vuelta. Afirmó que esperaba que el senador aprovechara los casi 60 millones de votos obtenidos para asumir un papel destacado en la coordinación de la oposición al Gobierno de Lula. “Me sorprendió porque ayer hablamos de la necesidad de que Flávio asumiera ese papel de liderazgo de la oposición”, dijo.

La Policía ha confirmado que la familia de Flávio Bolsonaro también está en paradero desconocido, según informa Folha de São Paulo.

Por otro lado, el juez del Supremo Flávio Dino mandó investigar a Flávio Bolsonaro por posible financiación internacional irregular de su campaña, proveniente del Rockbridge Network, fundada por el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance en 2019. Dino sospecha que el acuerdo entre Flávio Bolsonaro y la empresa incluía entregar tierras raras y minerales críticos a dicha empresa en caso de ganar las elecciones. La PF tendrá que verificar si hubo propaganda política favorable a Flávio Bolsonaro desde perfiles extranjeros y el posible uso de plataformas de mercado de previsiones como canal para dichas propaganda irregular.

Lula: “Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que “quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. “Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, dijo Lula sobre su rival derrotado en las elecciones del domingo, durante el festejo de sus 81 años, en su residencia en Brasilia.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) calificó la huida como “vergonzosa”. Y frente a un gran pastel con velas de cumpleaños, enumeró las veces que perdió comicios y aceptó la derrota. “Tuve muchas invitaciones para salir de Brasil. Tuve muchas invitaciones para ir a embajadas. Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, comentó, al recordar su etapa en prisión en el marco de la operación Lava Jato.

El mandatario brasileño, que en enero asumirá su cuarto mandato no consecutivo, dijo que “intentó” que el ultraderechista demuestre su inocencia cuando le pidió que exponga el detalle de sus cuentas bancarias y sus teléfonos celulares antes de la segunda vuelta electoral del domingo. “Él no lo entregó, lo que demuestra que ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez”, afirmó.

“La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos”, dijo el líder progresista.

Conseguir financiación para comprar una vivienda se complica en la recta final del año. Los bancos cada vez son más exigentes a la hora de conceder hipotecas, a la vez que suben el interés cobrado a por ellas. Los préstamos bancarios se encarecieron y la demanda de crédito cayó durante el tercer trimestre del año, con un retroceso especialmente acusado en la financiación destinada a adquirir una casa. Así lo recoge la Encuesta de Préstamos Bancarios publicada este martes por el Banco de España, que advierte de que esta tendencia podría prolongarse durante los últimos meses de 2026.

El diagnóstico de las entidades financieras apunta a un cierre de año desfavorable para los hogares que necesiten financiación. Los bancos prevén nuevas caídas de la demanda y un endurecimiento de las condiciones para conceder préstamos familiares, en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito y unas perspectivas menos favorables para el mercado inmobiliario.

Aunque los criterios de aprobación de las hipotecas permanecieron estables entre julio y septiembre, eso no impidió que las condiciones económicas de los nuevos préstamos se volvieran más restrictivas. Financiar una compra resulta más caro, lo que puede reducir la capacidad de endeudamiento de las familias y frenar nuevas operaciones.

Los tipos de interés frenan la demanda de hipotecas

El aumento del coste de los préstamos figura entre los principales factores que explican la menor demanda de financiación. Según la encuesta, los tipos de interés más elevados llevaron a hogares y empresas a solicitar menos crédito durante el tercer trimestre. En el caso de las hipotecas, las entidades señalaron también el empeoramiento de las perspectivas del mercado inmobiliario como un elemento que contribuyó a reducir las peticiones.

Esta combinación puede influir en las decisiones de quienes tienen previsto comprar una vivienda. Un préstamo más caro aumenta el esfuerzo económico necesario para afrontar la adquisición, mientras que unas expectativas menos favorables pueden llevar a algunos compradores a retrasar la operación.

De cara al cuarto trimestre, los bancos esperan que el retroceso continúe. Las previsiones apuntan a nuevas caídas de la demanda en los distintos segmentos de crédito, con una contracción de la financiación a los hogares.

Las condiciones de los préstamos se endurecen

Más allá de las hipotecas, el encarecimiento del crédito también afectó a la financiación empresarial y a los préstamos destinados al consumo. Durante el tercer trimestre, los criterios utilizados para conceder préstamos se mantuvieron estables tanto para las empresas como para la adquisición de vivienda, mientras que se endurecieron ligeramente en los créditos al consumo y otros fines.

En las nuevas operaciones, no obstante, las condiciones económicas se hicieron más restrictivas. La financiación a las empresas se vio afectada por el aumento de los tipos de interés, al igual que los préstamos hipotecarios. En el crédito al consumo coincidieron dos factores: el encarecimiento de la financiación y unos criterios de concesión más exigentes.

Las pymes, entre las más afectadas por la caída del crédito

El retroceso de la demanda también alcanzó a las empresas, aunque con diferencias según su tamaño. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) concentraron la caída de las solicitudes de financiación, mientras que la demanda de las grandes compañías registró un ligero aumento. Por plazos, el descenso destacó especialmente en los préstamos a más largo plazo.

Los tipos de interés más elevados explican buena parte de esta evolución. Cuando financiarse resulta más caro, las empresas pueden aplazar inversiones o reducir sus necesidades de endeudamiento, mientras que los hogares pueden posponer decisiones de compra que requieren un préstamo de elevada cuantía.

Para los próximos meses, los bancos prevén que la financiación empresarial se mantenga relativamente estable en términos generales, frente a una contracción del crédito a los hogares.

Los bancos también prevén más problemas para financiarse

A las perspectivas de menor demanda se suma otro factor: las entidades financieras esperan que empeore su propio acceso a los mercados de financiación. La encuesta señala que esta evolución afectaría tanto a la financiación minorista como a los mercados mayoristas, dos vías relevantes para obtener los recursos con los que los bancos sostienen su actividad crediticia.

El balance del Banco de España apunta así a un final de año complicado para el mercado del crédito. Las hipotecas destacan por la intensidad de la caída de la demanda, mientras que los bancos anticipan nuevas restricciones a la financiación de los hogares. El coste de los préstamos y las perspectivas de las entidades dibujan un entorno más exigente para quienes quieran comprar vivienda con financiación bancaria.

La Unión Europea prepara una nueva etapa para las ayudas al campo. Los ministros de Agricultura de los Veintisiete han acordado su posición negociadora sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, una reforma que busca orientar mejor las subvenciones hacia los agricultores en activo, las pequeñas explotaciones y los jóvenes que quieran incorporarse al sector. Sin embargo, dos cuestiones fundamentales continúan abiertas: cuánto dinero habrá disponible y qué límites se impondrán a las ayudas que recibe cada explotación.

El acuerdo permitirá al Consejo de la UE comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo, aunque todavía no supone la aprobación definitiva de la reforma. La posición pactada deja fuera los aspectos presupuestarios, que deberán resolverse durante las conversaciones sobre las próximas cuentas comunitarias. Hasta que se cierre esa negociación, no quedarán definidos todos los detalles económicos de un sistema que condiciona buena parte de los ingresos de numerosas explotaciones agrícolas.

Detrás de estos cambios está la intención de modificar el reparto de los fondos europeos y dar mayor margen de actuación a los Estados miembros. El objetivo es que cada país pueda adaptar las medidas de apoyo a las características de su sector agrario, sin abandonar los principios comunes que regulan la financiación comunitaria. La reforma se enmarca, además, en un proyecto más amplio de reorganización del presupuesto de la UE a partir de 2028.

Un nuevo reparto de las ayudas agrícolas

Uno de los cambios más relevantes afecta a la estructura de financiación de la PAC. La propuesta de la Comisión Europea plantea integrar los recursos destinados a agricultura, cohesión, pesca, migración y seguridad, entre otras políticas, en planes nacionales y regionales que sustituirían a los programas independientes actuales. Esta reorganización supondría abandonar el modelo de dos pilares de la política agraria: uno dedicado a las ayudas directas y otro al desarrollo rural.

En su lugar, ambos instrumentos quedarían reunidos en un único marco de financiación. El cambio abre la puerta a una gestión más integrada de los fondos comunitarios, pero también sitúa la negociación presupuestaria en el centro del debate. La distribución final del dinero determinará el alcance real de las medidas y los recursos que podrán destinarse a cada prioridad.

La futura PAC también revisará los pagos vinculados a la superficie agrícola, uno de los mecanismos fundamentales para distribuir las ayudas. Según el Consejo, la intención es conseguir un reparto “más justo y eficaz”, con especial atención a las pequeñas explotaciones y a los jóvenes agricultores. No obstante, la orientación general del acuerdo todavía debe traducirse en reglas concretas y en una dotación económica que sigue pendiente de definición.

Agricultores en activo y jóvenes, entre las prioridades

Para acceder a las ayudas, los Estados miembros deberán establecer una definición de agricultor en activo. Cada país podrá adaptarla a sus circunstancias nacionales, pero tendrá que contar con criterios que permitan determinar quién desarrolla efectivamente una actividad agraria. La medida busca orientar mejor los recursos públicos hacia quienes trabajan en el campo, aunque sus efectos dependerán de cómo se concreten esas definiciones en cada Estado.

Los ministros también contemplan la posibilidad de introducir mecanismos redistributivos que modifiquen el reparto de los fondos entre beneficiarios. La intención es prestar una atención especial a las explotaciones de menor tamaño.

Otra de las prioridades es facilitar la entrada de nuevas generaciones en el sector. Los países deberán elaborar estrategias específicas para impulsar el relevo generacional, con medidas que incluyan mayores ayudas básicas, respaldo económico para poner en marcha explotaciones y acceso a formación y asesoramiento. El objetivo es reducir las barreras que afrontan quienes quieren iniciar una actividad agrícola y favorecer la continuidad de las explotaciones.

El límite de las grandes subvenciones sigue en el aire

Una de las cuestiones que todavía no se han resuelto es cómo se tratarán las ayudas de mayor cuantía. Las reglas para reducir progresivamente las subvenciones más elevadas y establecer un importe máximo por explotación se negociarán en una fase posterior, junto con el resto de disposiciones relacionadas con el presupuesto europeo.

Este punto será determinante para conocer hasta qué punto cambiará la distribución de los fondos. Aunque el acuerdo señala a las pequeñas explotaciones como uno de los colectivos prioritarios, todavía no fija un techo definitivo para las subvenciones ni detalla cómo se aplicaría una eventual reducción de los pagos más elevados. Las decisiones pendientes pueden influir de manera significativa en el reparto final de las ayudas.

Más protección frente a sequías y crisis del mercado

La reforma no se limita al reparto de las subvenciones. La futura PAC mantendrá requisitos medioambientales comunes para acceder a la financiación europea e incluirá incentivos para favorecer la biodiversidad y proteger los recursos naturales. Al mismo tiempo, los gobiernos conservarán margen para adaptar la aplicación de estas exigencias a las condiciones locales de cada territorio.

Otro de los ejes de la propuesta es reforzar las herramientas con las que los agricultores pueden afrontar situaciones que amenacen sus ingresos. Entre ellas figuran los fenómenos meteorológicos extremos, las enfermedades que afectan a animales y plantas y las alteraciones de los mercados. La intención es mejorar la capacidad de respuesta de las explotaciones ante acontecimientos que pueden comprometer su actividad.

En este ámbito, se contempla financiar seguros agrarios e inversiones destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y facilitar la adaptación del sector. Los gobiernos también podrán conceder pagos de emergencia a productores afectados por desastres naturales y otras circunstancias excepcionales. Estas medidas pretenden reducir el impacto de las crisis sobre las explotaciones y contribuir a mantener su viabilidad económica.

Conciliación y nuevas oportunidades para las zonas rurales

La posición negociadora incluye, además, medidas relacionadas con las condiciones de trabajo en el campo. Los Estados podrán establecer servicios de sustitución temporal para que las explotaciones dispongan de personal de reemplazo durante bajas por enfermedad o permisos de maternidad y cuidado de los hijos. Con ello, el Consejo busca mejorar la conciliación familiar y laboral de quienes trabajan en la agricultura.

El acuerdo también respalda la continuidad de la financiación de proyectos para diversificar la economía rural, especialmente en las zonas con mayores dificultades. El agroturismo, la innovación y la digitalización figuran entre las actividades que pueden contribuir a generar nuevas oportunidades económicas y reducir la dependencia exclusiva de la producción agraria.

La reforma entra ahora en una fase de negociación en la que deberán concretarse tanto las reglas de funcionamiento como los recursos disponibles. La prioridad declarada es mejorar el reparto de las ayudas, facilitar la incorporación de jóvenes y reforzar la capacidad de respuesta del campo ante las crisis. Pero el alcance de esos objetivos dependerá de dos decisiones aún abiertas: el presupuesto de la futura PAC y los límites que finalmente se establezcan para las subvenciones por explotación.

España registra un aumento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan frente a un retroceso de quienes compaginan ambas actividades. Al cierre del tercer trimestre, el número de ‘ninis’ ascendía a 1.222.400 personas de entre 16 y 29 años, 113.200 más que en el mismo periodo de 2025. En paralelo, los ‘sisis’ —jóvenes que estudian y trabajan— se redujeron en 12.700 hasta situarse en 1.014.100, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comparación entre ‘ninis’ y ‘sisis’ hace que los primeros superen en 208.300 personas a los segundos. La cifra de jóvenes que ni estudia ni trabaja alcanza su nivel más elevado en un tercer trimestre desde 2020, justo cuando la tasa de paro juvenil baja hasta el 23,33%, frente al 23,77% registrado tres meses antes. Durante los meses de verano se crearon 125.400 puestos de trabajo para menores de 25 años, un incremento del 8,5% respecto al trimestre anterior.

Pese al avance de la ocupación, el desempleo juvenil también aumentó: al terminar septiembre había 487.100 parados menores de 25 años, 27.100 más que en el segundo trimestre, lo que supone una subida del 5,9%.

La contradicción de la tasa de paro entre los jóvenes se explica por el fuerte aumento de la población activa durante el verano: 152.500 jóvenes más se incorporaron al mercado laboral, un crecimiento del 7,9%, hasta alcanzar los 2.087.600. Es decir, el número de jóvenes que trabajan o buscan empleo aumentó con suficiente intensidad como para reducir la tasa de paro, aunque el volumen total de desempleados también creciera.

Los jóvenes de 20 a 24 años concentran el repunte del desempleo

Por edades, el comportamiento del paro fue desigual. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, el número de desempleados se incrementó en 39.700 personas durante el tercer trimestre, un 12,6% más que en el periodo anterior. En cambio, el desempleo cayó en 12.700 personas entre quienes tienen de 16 a 19 años, un descenso del 8,7%. En términos anuales, ambos grupos registraron reducciones: 10.900 parados menos entre los jóvenes de 20 a 24 años y 6.300 menos entre los de 16 a 19.

El balance del empleo también muestra diferencias entre generaciones. Los jóvenes de 20 a 24 años sumaron 83.800 ocupados entre julio y septiembre, un aumento del 6,6%, mientras que el grupo de 16 a 19 años incorporó 41.600 trabajadores, un 20% más. En conjunto, ambas franjas protagonizaron algunos de los mayores avances trimestrales de la ocupación.

Más jóvenes buscan su primer empleo

Otro de los indicadores que refleja las dificultades de acceso al mercado laboral es el número de personas que buscan su primer puesto de trabajo. Este colectivo, integrado mayoritariamente por jóvenes, aumentó en 16.300 desempleados durante el tercer trimestre, un 5,2% más, hasta alcanzar los 325.300. La cifra evidencia que la entrada al mundo laboral continúa siendo un reto para una parte de la población, incluso en un periodo en el que la ocupación juvenil registró un avance significativo.

En el conjunto de España, el número de personas desempleadas se situó en torno a los 2,59 millones al cierre de septiembre. Los menores de 25 años representaban el 18,8% del total de parados, mientras que los desempleados de larga duración —aquellos que llevan más de un año buscando trabajo— suponían el 34,1%. Este último grupo, no obstante, redujo su volumen en 12.400 personas durante el trimestre, hasta las 883.300, y acumuló un descenso interanual de 21.100 desempleados.

Quedar, conversar durante 25 minutos, y a ver qué surge. Si se confirman los intereses compartidos, si existe la posibilidad de consolidar la relación… Podríamos imaginar una cita en First dates o un encuentro en el universo de Tinder en busca del match , la conexión, el interés mutuo.

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Una buena parte de las mujeres recuerda cuándo conoció qué es el ácido fólico, vitamina que se toma en el embarazo para evitar que el bebé tenga espina bífida (otras palabras que conocen en ese momento). Y ese momento es cuando la ginecóloga le confirma un embarazo. Es entonces cuando empieza a tomar esa vitamina fundamental para reducir el riesgo de defectos del tubo neural, como la espina bífida (la columna vertebral del feto no se cierra por completo), que se originan en las primeras semanas de gestación, muy a menudo, antes de que la mujer sepa que está embarazada.

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Alberto Núñez Feijóo ha comenzado el martes con Rafa Latorre en Onda Cero, una entrevista relevante al ser la primera tras el acuerdo entre PP y Vox para concurrir al Senado en las elecciones generales. La precampaña también habla de los disturbios en Barcelona o Bilbao, con los que la derecha cree poder desgastar a Pedro Sánchez, achacándolos a la ultraizquierda y a la política migratoria del Gobierno.

Núñez Feijóo valora el pacto con Vox como “una respuesta esperada para una mayoría de los españoles que quiere un cambio y ante una coalición de desesperados -en referencia a Senado de Progreso- en la que desaparecen las siglas del PSOE y donde el PSOE pretende una fusión por absorción de toda la izquierda para controlar la cámara. Había dos posibilidades: permitir que lo hiciera o responder”.

El líder de la oposición quita hierro al hecho de no presentar candidato por circunscripciones como Guipúzcoa, antepone el fin mayor y asegura eso sí que este movimimiento no se habría planteado de no haberlo hecho antes la izquierda. “Yo lo que busco aquí es cumplir con mi deber: poner fin a esta etapa de indecencia y decadencia en España. (...) Lo demás, es instrumental”, ha zanjado.

Los disturbios

Acto seguido, Núñez Feijóo se ha reivindicando, recordando que cuando llegó al PP, este no era primera fuerza en España y “hoy lo es”, y que lo que no quiere ahora es lamentar que pueda faltar un solo escaño el 29 de noviembre: “El que ponga una piedra a la rueda del cambio político asumirá su responsabilidad”. Ha hablado con Abascal pero que “han sido los equipos los que han buscado los puntos de encuentro”.

En relación con los episodios de violencia estos últimos días en distintas ciudades, ha lamentado “lo que ha pasado en lugares tan tranquilos como La Coruña, y lo que se ha extendido a Barcelona, a Madrid, ayer a Bilbao”. “Que el presidente del Gobierno tarde dos días, ¡dos días!, en pronunciarse y que el ministro del Interior esté desaparecido. Todo eso, Rafa, se acabó“, ha defendido el gallego.

Latorre le ha preguntado por Sol. Cómo sería con él como presidente. Y ha respondido que “la acampada no cumple los parámetros que exigen la libertad de circulación, la libertad de empresa y la salubridad mínima en las calles de madrid”. “Entiendo, por tanto -ha resumido-, que esa acampada debería ser levantada. Libertad de expresión sí, lo que no quiere decir que uno pueda manifestarse donde quiera”.

Marruecos

Sobre Marruecos -“¿cómo habría actuado?“, ha planteado Latorre-, Núñez Feijóo ha expuesto que desde los días 26-27 ya había información del CNI referida a movimientos en el entorno de la frontera, al llamamiento por redes al asalto o sobre la Fiesta del Trono que se celebraba a apenas 25 kilómetros de Ceuta. ”Oiga, se llama a Marruecos el día 28-29 y se dice ‘esto hay que pararlo’“, ha contestado.

“Y si no hay respuesta -ha continuado- es mi obligación desplegar al Ejército en la fontera porque le corresponde velar por la integridad territorial. Y esto es lo que haría. Estoy convencido que si desde el día 26 estamos intercambiando opinión, Marruecos reaccionaría. Pero es que además, desde la invasión en 2021 hubiésemos tenido tiempo para ordenar, protocolizar y garantizar que esto no volviera a ocurrir”.

Núñez Feijóo promete que “levantará las alfombras” con Marruecos o con las cuentas públicas porque “es imposible transitar por ellas sin tropezarte”. Promete también bajar los impuestos “porque los españoles no llegan a fin de mes”. Para ello, “recortaré -ha dicho- gasto de administración, de burocracia, de altos cargos. He leído que había en Moncloa un tipo que se dedicaba a hacer chistes. Es un chiste en sí mismo”.

Aborto

Latorre ha referido la entrevista a Núñez Feijóo en la Cadena SER para profundizar sobre esa reforma del aborto de la que habló. “Lo importante no es lo que diga la opinión sincronizada -ha cortado Núñez Feijóo-, lo importante es lo que yo firmo, (...) y yo he firmado que las mujeres en mi país tendrán los mejores servicios sanitarios cuando quieran ejercer la interrupción voluntaria del embarazo, y que buscaré para aquellas que duden por motivos económicos, todos los incentivos para que sean madres”.

“Lo he firmado y yo no cambio de opinión, yo no soy Sánchez”, ha apostillado, lo mismo que sobre la eutanasia, materia en la que ha reiterado que su foco está en garantizar “una vida digna”. Es por esto que, ha enfatizado, “la desesperanza con la que viven los jóvenes” es una de sus “obsesiones”.

La madrugada del miércoles, un vecino avisó a la policía de que un grupo de encapuchados merodeaba por la calle Tetuan de Sabadell. Varias patrullas, junto con agentes de la brigada móvil que realizaban tareas de refuerzo nocturno, se dirigieron a la zona para comprobar qué ocurría y se toparon con un hombre en actitud sospechosa junto a una furgoneta. Al percatarse de la presencia policial, el individuo arrancó el vehículo y huyó hasta refugiarse en un aparcamiento subterráneo.

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El avance de los pagos digitales no ha desplazado al dinero en metálico de la vida cotidiana de los españoles. En 2026, el efectivo continúa siendo el medio de pago principal para el 57% de la población en sus compras en establecimientos físicos, el mismo porcentaje que el año anterior. Al mismo tiempo, los dispositivos móviles amplían su presencia y pasan del 15% al 18%, mientras que la tarjeta física retrocede del 27% al 25%. Así lo recoge la quinta edición del Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2026, publicado por el Banco de España.

La preferencia por el dinero físico también se mantiene cuando los pagos se realizan entre particulares. El 58% de los ciudadanos señala el efectivo como el medio que utiliza con mayor frecuencia en estas operaciones, frente al 36% que recurre a Bizum. Ambos porcentajes permanecen estables respecto a 2025, una señal de que la digitalización de los pagos convive con hábitos tradicionales que siguen muy arraigados.

Para elaborar el informe, el organismo ha realizado 5.038 entrevistas a ciudadanos y 1.619 a pequeños comercios y establecimientos de hostelería. El análisis aborda tanto las decisiones de pago de los consumidores como los medios que aceptan los negocios, además de estudiar las particularidades de los municipios que carecen de oficina bancaria estable. El objetivo es conocer la evolución de los hábitos y evaluar el papel del efectivo en la inclusión financiera.

El dinero físico gana valor como respaldo ante imprevistos

El apego al efectivo va más allá de su utilización en tiendas y establecimientos. El 92% de los encuestados rechaza la posibilidad de vivir en una sociedad sin dinero físico, cuatro puntos porcentuales más que en 2025.

También cambia la manera de guardar el dinero en metálico. La mitad de la población conserva únicamente la cantidad necesaria para cubrir sus gastos cotidianos, una proporción idéntica a la del año pasado. Sin embargo, aumenta el porcentaje de quienes mantienen una reserva para afrontar imprevistos, que sube del 32% al 36%. Asimismo, quienes utilizan el efectivo como complemento del ahorro pasan del 8% al 10%.

La confianza en este medio de pago está relacionada con la seguridad y la privacidad que le atribuyen los ciudadanos. Un 71% destaca su utilidad frente a fallos electrónicos y fraudes, nueve puntos más que en 2025, cuando la cifra se situaba en el 62%.

La privacidad también gana importancia: el 67% la considera una de sus principales ventajas, 11 puntos porcentuales más que un año antes. Además, una de cada tres personas reconoce que el efectivo ayuda a prevenir situaciones de exclusión financiera o digital.

Los jóvenes prefieren el móvil y los mayores, el efectivo

La edad marca diferencias claras en la elección del medio de pago. Entre los mayores de 65 años, el dinero físico ocupa una posición especialmente destacada, mientras que los teléfonos móviles se consolidan entre los más jóvenes. De hecho, el 48% de las personas de entre 18 y 24 años señala el móvil como su principal medio de pago, frente a apenas el 2% de los mayores de 65.

La tarjeta bancaria presenta un comportamiento más uniforme entre generaciones. Su utilización como medio principal oscila entre el 19% y el 31%, según el grupo de edad. El nivel educativo también influye en las preferencias: las personas con estudios básicos recurren principalmente al efectivo, mientras que quienes cuentan con formación superior muestran una mayor inclinación por las alternativas electrónicas.

Pese a estas diferencias, el informe apunta a una cierta estabilidad en el uso del dinero físico durante 2026. La mayoría de quienes han participado en la encuesta afirma que ha mantenido o aumentado su utilización en los últimos doce meses. Entre ellos, el 82% asegura que seguirá recurriendo al efectivo durante el próximo año, lo que apunta a una continuidad de este hábito a corto plazo.

Los comercios aceleran el paso hacia los pagos electrónicos

La evolución de los medios de pago se aprecia también en los pequeños negocios. Aunque el efectivo sigue siendo aceptado de forma prácticamente universal en comercios, establecimientos hosteleros y servicios personales, las tarjetas físicas están disponibles en el 91% de los negocios y los pagos mediante dispositivos móviles, en el 87%.

La forma de cobrar, sin embargo, está cambiando. El 61% de los establecimientos obtiene la mayor parte de sus ingresos mediante tarjetas u otros medios electrónicos, cinco puntos porcentuales más que en la encuesta anterior. En sentido contrario, la proporción de negocios en los que el efectivo representa la mayor parte de la facturación cae del 39% al 31% en solo un año.

Esta transición no se produce al mismo ritmo en todo el territorio. En los municipios sin oficina bancaria estable, el dinero físico conserva un peso mayor: en la mitad de los negocios se cobra en efectivo. Solo en el 41% de los establecimientos la mayoría de las compras se paga con tarjeta u otros medios electrónicos, una diferencia que pone de relieve la relación entre los hábitos de pago y el acceso a los servicios financieros.

Los cajeros, una dificultad añadida en los pueblos sin oficina bancaria

Para obtener dinero físico, los cajeros automáticos continúan siendo la opción más habitual en España. El 80% de los ciudadanos los utiliza de forma regular. Además, el acceso resulta relativamente sencillo para buena parte de la población: el 77% tarda menos de diez minutos en llegar a uno y el 75% realiza el trayecto a pie.

La situación es más complicada en las localidades sin oficina bancaria estable. En estos municipios, el 62% de los ciudadanos tiene que desplazarse en coche o motocicleta para llegar a un cajero. Aunque el 51% consigue obtener efectivo en menos de diez minutos, el 46% necesita entre diez y treinta minutos, lo que evidencia una brecha territorial en el acceso a un servicio básico.

A estas dificultades se suma el deterioro de la experiencia de uso que perciben los encuestados. Según el estudio, los ciudadanos consideran que el servicio de los cajeros automáticos ha empeorado en 2026. Entre los problemas más frecuentes figuran los terminales que están temporalmente fuera de servicio y aquellos que no disponen de efectivo en el momento de la operación.

El euro digital gana notoriedad, pero aún es poco conocido

El informe también examina el grado de conocimiento del proyecto de euro digital, una iniciativa que busca desarrollar una forma digital de dinero de banco central. Aunque la familiaridad con el proyecto aumenta, todavía no alcanza a la mayoría de la población.

En 2026, el 33% de los ciudadanos afirma conocer el euro digital, frente al 24% registrado en 2025. Entre los pequeños negocios, el avance es aún más pronunciado: el porcentaje pasa del 27% al 39% en un año.

El PP y Vox sellaron ayer un acuerdo para elaborar las listas electorales al Senado y tratar de optimizar al máximo los votos frente a la coalición formada por el PSOE y la izquierda alternativa y conservar la mayoría absoluta que el partido de Alberto Núñez Feijóo ya consiguió en las elecciones del 2023. Con este pacto, el PP renuncia a presentar candidatos en Tarragona, Girona y Gipuzkoa, mientras que Vox no llevará listas propias en seis provincias. Además, el partido de Santiago Abascal tan solo presentará a un candidato en catorce circunscripciones –en las papeletas del Senado se pueden situar cuatro nombres por provincia como máximo–.

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Todo tiene su sentido. El mítico teatro London Palladium en el West End londinense sustituyó al Théâtre du Châtelet de París para coronar al cuarto inglés de la historia como mejor futbolista. Harry Edward Kane, 33 años, jugador del Bayern Munich, se hizo merecedor del dorado balón, que recibió enfundado elegantemente en su esmoquin, con el broche conmemorativo de Poppy, de manos de Ronaldo. Es el heredero del trono que ha ocupado Ousmane Dembélé.

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De nuevo, otra alerta por la falta de un medicamento necesario para unos enfermos graves a consecuencia de las informaciones en las redes publicitando un uso que no es vital. Ya ocurrió con medicamentos para la diabetes que demostraron su eficacia contra la obesidad y el sobrepeso. Y ahora ha pasado con el fármaco Lonite, necesario para personas con una hipertensión arterial grave, pero que su principio activo, el minoxidil, también se utiliza para tratar la caída del pelo, la alopecia. 

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The Trump administration’s threats against states over alleged noncitizen voting have reached a crescendo just eight days from the midterm elections, with Justice Department officials claiming such cases have risen to “emergency” proportions in California.

But MS NOW has found the number of federal prosecutions based on allegations of noncitizen voting remains low in the state — and across the country.

Three weeks before Election Day, the Justice Department sent California a password-protected thumb drive that identified more than 20,000 individuals it believed to be noncitizens registered to vote in the state.

The delivery came with a warning: It wasn’t just noncitizen voters the DOJ would come after; anyone who had participated in tabulating that ballot — including state officials or poll workers — would be seen as aiding and abetting an offense and criminally liable.

And last week, DOJ and Homeland Security officials were in Los Angeles to announce 28 criminal cases against lawful permanent residents, each of whom, officials said, appeared on the federal list of 20,000 likely noncitizens registered in California.

But those 28 announced cases represent just over one-tenth of 1% of the 20,000 “likely noncitizens” who DHS claims are registered to vote in California, which highlights how infrequently Trump’s DOJ has filed criminal charges against noncitizens for election-related crimes in the state. Put another way: The 28 individuals charged in California represent .0001% of the state’s 23 million registered voters.

An MS NOW review of the charging documents that have been made public also reveals that some of the election-related charges loudly touted by DOJ officials in press conferences and on social media appear to have been quietly dropped.

In another threatening letter to county election officials on Friday, the Justice Department continued to claim that it had charged “28 aliens for unlawful voting and registration offenses.” Federal court records show that in five of the California criminal complaints, the charge for “fraudulent voter registration” had been crossed out with a red line, with the initials of the corresponding Homeland Security Investigations (HSI) agent who brought the complaint.

Those five individuals now appear to be charged only with the crime of making a false statement under oath in a naturalization application, not with unlawfully registering to vote or voting, said Samantha Trepel, a former Justice Department prosecutor, who reviewed some of the charging documents.

After reading the charging documents filed by the HSI agents, Eric Balliet, who spent more than 20 years at that agency when he worked for ICE, told MS NOW that based on his experience the federal judge overseeing some of the cases likely struck down the election-related charges.

“Facts and transparency matter. If judges are not finding sufficient probable cause exists in nearly 1 in 5 of the voter fraud cases that are presented to them, then that is a problem,” said Balliet, who served at the Department of Homeland Security across multiple administrations, including during President Donald Trump’s first term. “That shows the Federal Rules of Criminal Procedure remains intact.”

Balliet added that the dropped election-related charges at this stage show “a lack of familiarity of the elements of the crime that the agents are investigating,” adding that it is not the fault of the HSI agents, because “they were never trained or provided legal guidance on what is required to pursue these charges.”

The Justice Department could bring back the election-related charges in those cases at a later date. But asked why the voting-related charges were dropped in some of the cases, Justice Department spokesperson Kiersten Pels did not provide a direct answer. “The 28 noncitizens were charged in criminal complaints with federal crimes,” Pels said. “The department is bringing more election fraud cases every week.”

Of the 28 publicly announced cases, eight are unavailable through a federal records search and unable to be verified as of publication.

The relatively minuscule number of criminal complaints announced in California represents a nationwide trend. An MS NOW review of court records found that between early September 2026 and mid-October, the Trump administration charged 105 people with illegally registering or voting as a noncitizen.

And that small number also directly contradicts Trump’s false claims of widespread voter fraud by noncitizens. The president has made frequent unfounded claims about noncitizen voting as pretext for claiming that the midterm elections have been rigged against Republicans, and as justification for possible federal interference, civil rights attorneys and former DOJ officials have warned.

Those experts also say the Justice Department, run by Trump’s former personal lawyer, is attempting to intimidate states into disenfranchising voters of color. Based on the records publicly available so far, the majority of the 28 charged in California were from counties with significant nonwhite populations.

“This administration has one goal only: suppress the votes of Black and Latino voters who they deem expendable,” Kristen Clarke, general counsel for the NAACP and former assistant attorney general for civil rights at the Justice Department, told MS NOW. “Historically, the Justice Department has focused on enforcing the Voting Rights Act.”

Noncitizen voting is extremely rare and has never swayed the outcome of an election, according to research from both partisan and nonpartisan organizations. Past convictions are also rare; a Heritage Foundation database found that nationwide between 2000 and 2025 there were 71 criminal convictions of noncitizens for unlawfully voting.

Asked if the DOJ was worried its actions could result in the disenfranchisement of American citizens — as some have already been incorrectly counted in the Trump administration’s lists of alleged noncitizens — Pels, the DOJ spokesperson, said “no.”

“Every action the department has taken to protect the integrity of this year’s elections is grounded in the law and being litigated in open court,” Pels said. “Ensuring that only eligible citizens vote and that every lawful ballot is counted.”

The Justice Department has made no secret that California is in its crosshairs, filing a new lawsuit alleging that the state has ignored the federal government’s urgent requests that it verify the citizenship of the 20,000 individuals, refuse to mail them ballots and segregate any that are returned.

A three-judge panel of the 9th Circuit Court of Appeals held a rare Sunday afternoon hearing on the DOJ’s demand that California segregate ballots the administration claims are from alleged noncitizens. The judges on the federal appeals court appeared ready to reject the Justice Department’s effort. A federal judge in Santa Ana, California, has scheduled a hearing on the lawsuit for this week.

Pressed on the timing by MS NOW, the Justice Department did not directly answer why it waited for months to send California any list of suspected noncitizens to the state. The DOJ first alleged in July that California had more than 190,000 potential noncitizens on its voter rolls but did not send a list of individuals to the state until Oct. 13.

The 20,000 alleged noncitizens are the ones that “have been manually verified to date,” Pels, the Justice Department spokesperson claimed, adding “that number can and will go up.”

But the small number of charges brought to date in California and across the country compared with the more than 150 million Americans who voted in the last presidential election “shows that noncitizen voting is not a widespread problem,” said Trepel, who served as a Justice Department prosecutor in the Civil Rights Division across Republican and Democratic administrations.

“States already have multiple safeguards in place to ensure only eligible citizens can vote, and there continues to be no evidence that noncitizen voting poses a meaningful threat to election integrity,” Trepel said. “Efforts to exaggerate the issue risk undermining public confidence in our elections and could be used to justify removing eligible voters from the rolls.”

The Justice Department itself has repeatedly admitted that the new citizenship lists it is creating to verify a person’s voter eligibility are not perfect and could have errors. Earlier this year, a Justice Department attorney said “certainly a responsible state would not take” the government’s citizenship lists “and then immediately or automatically throw off every single person on their voter rolls who does not appear on that list,” according to a court transcript reviewed by MS NOW.

And during a press conference last week, acting Deputy Attorney General Trent McCotter made a similar admission, saying “there may be some names on there who it turns out ultimately are citizens. We’re not perfect.”

“These are the ones where we’re kind of the most confident that they are noncitizens,” McCotter said.

The top federal prosecutor in California, Bill Essayli, described the department’s lawsuit against California as “an emergency and we expect the courts to treat it as such.”

Meanwhile, the White House continues to defend the noncitizen voter hunt. A White House spokesperson called it “decisive lawful action to protect our elections.”

David Becker, a former Justice Department attorney who now advises Republican and Democratic election officials across the country, said the Trump administration was targeting California and spinning a false narrative about widespread noncitizen voter fraud because “they are failing at everything they try. This is desperation and it will fail.”

“This administration has spent 21 months using all of the resources of the federal government to try to manufacture evidence to support the president’s lies about widespread noncitizen voting,” Becker said. “In all that time they have charged only a few dozen. Every time their claims are subjected to scrutiny, they fall apart, revealing an infinitesimally small number of noncitizens accidentally on the lists.”

California officials, for their part, have questioned whether the data supplied by the DOJ is in fact verifiable or even usable. Claims of noncitizens on voter rolls in other states have quickly fallen apart, as in the case of Nevada, which found that every person the Trump administration accused of being a noncitizen on its voter rolls was in fact a citizen, according to email exchanges between Nevada officials and DHS officials provided to MS NOW.

In Los Angeles County, where the Justice Department claims more than 7,000 noncitizens are registered to vote, the election officials found that some of the people on the list have a listed birthplace in the United States, a strong indicator that they are citizens. In a sampling of the suspected noncitizen list, LA County County Registrar Dean Logan said, officials also found that some had no voting history and that others had canceled their voter registrations.

Still, Attorney General Todd Blanche told reporters on Thursday that the Justice Department had not ruled out pursuing legal action against other states before the election.

“There’s a number of states that we’re looking at,” Blanche said. He said that it was “never our intention to improperly interfere with elections” or a state certification process.

“But you know, to say that there’s no circumstances that we would ever do that,” Blanche added, “of course I’m not going to say that.”

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The Justice Department sent threatening letters to California election officials on Friday demanding local registrars immediately sequester ballots from voters the Trump administration alleges are noncitizens.

The letters were hand-delivered to counties across the state in a move that some clerks viewed as an attempt to intimidate state election officials despite ongoing litigation.

In the letter to Contra Costa County Clerk-Recorder Kristin Connelly, a copy of which was obtained by MS NOW, U.S. Attorney Craig Missakian warned Connelly that she will face prosecution if she fails to “segregate” ballots from the suspected noncitizens on the department’s list.

“It’s an unenforceable 48-hour deadline delivered late on a Friday,” Connelly told MS NOW. “There’s nothing about this that is actionable for me at this moment, because I need to follow the state and federal laws.”

The move by the Justice Department marks the latest escalation by the administration as President Donald Trump repeats false claims of widespread voter fraud by noncitizens. Voting by noncitizens is extremely rare, and data from nonpartisan organizations and state audits have shown that those isolated incidents have not changed the outcome of an election.

The Justice Department sent Connelly a list of 407 suspected noncitizens registered to vote in Contra Costa County. That number is a subset of the 20,000 alleged noncitizens the department sent to California’s secretary of state and Los Angeles County last week.

“I write to make unmistakably clear the legal implications of continuing to send vote-by- mail ballots to those people on the list or tabulating ballots cast by them until citizenship can be verified,” DOJ attorney Missakian wrote to Connelly. The DOJ told Connelly to “temporarily set aside” but “not cancel” the mail ballots until “citizenship status can be determined.”

They gave Connelly and other clerks “48 hours” to work with the DOJ and DHS “to identify who on the accompanying list is a citizen and who is not.” The counties must provide social security numbers, a copy of state IDs, a copy of voter registration applications for people on its list, the DOJ ordered in the letter.

“The legal consequences for either facilitating or ignoring federal crimes are significant,” the letter to Connelly and other clerks state.

Asked if she’d afraid of prosecution, Connelly said “no.”

“Because I’m not doing anything wrong. I protect our voter rolls, we’re very meticulous about it,” Connelly said. “We follow the law. Do I want a target on my back? No, I do not. Do I want to get prosecuted? No, I do not.”

The Justice Department directly contacted every county in California, DOJ spokesperson, Kiersten Pels, told MS NOW.

“We are asking each county election official to commit to working with us by providing the necessary information for DHS to quickly verify citizenship status,” Pels said. “With their help, we can ensure the most secure election in California history.”

The latest threats to election officials come after the Justice Department sent similar orders to LA County and California Secretary of State Shirley Weber on Oct. 13, after counties had already begun to mail ballots to voters across the state.

In a message to fellow California clerks and election officials Friday, LA County Registrar Dean Logan said the new letter from the DOJ “misrepresents the facts of their own actions” and “threatens local election officials twelve days before the election.”

“To have them threaten me with prosecution at this hour is not what’s helpful for democracy,” Connelly told MS NOW. “I want to make sure that the voters know that we have safe and secure elections.”

The escalation comes after the Justice Department sued California, asking a judge to block the state from counting roughly 20,000 ballots from people the administration claims are “likely noncitizens.” A hearing on the lawsuit is scheduled for next week, but the DOJ is asking an appeals court to make a decision this weekend.

In Los Angeles County, a preliminary sampling of the suspected noncitizen names sent by the Justice Department found that “approximately 43% had canceled voter registrations, and more than 70% had no voting history,” Logan said in a prior statement. And in a court filing, LA County said some 25.8 percent of the sampled voters listed a “place of birth in the United States, a strong indicator of citizenship status.”

Those findings fit a pattern. In Nevada, state officials reviewed suspected noncitizen lists provided by the Trump administration, only to find zero were noncitizens, according to email exchanges between state and federal officials obtained by MS NOW. And in other states, local officials have told MS NOW that the lists of alleged noncitizens are unreliable and risk disenfranchising eligible voters.

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Some key voters in Georgia say deep frustration and disappointment with President Trump are motivating their election plans just weeks before Election Day.

(Image credit: Megan Varner)

For many election cycles, civil rights groups and political parties have fanned out to monitor polling places, but the charged midterm environment has many organizations stepping up efforts this year.

(Image credit: Olivier Touron)