Imagine uno de sus días más caóticos. Está haciendo demasiadas cosas a la vez. Cocinar, arreglar la casa, contestar correos de trabajo, cuidar a los niños... Ese fin de semana, además, su pareja está fuera, por lo que todo el orden y bienestar de su hogar y de todos los que viven allí depende exclusivamente de usted. En una de esas, se pone a contestar Whatsapps y, por equivocación, cruza dos respuestas: a su mujer, a la que quería decir ‘te quiero’, le escribe algo sin sentido; mientras que a su compañera de trabajo le dedica una declaración de amor que claramente no iba para ella. Hasta aquí, más de uno podría sentirse identificado y la solución sería bien sencilla: disculparse. Aclarar que se trata de un error. Pero la cosa se complicaría si su compañera le escribe: “Por fin te has decidido, yo también te quiero”.

Seguir leyendo...

Un antiguo sargento de la Gendarmería Real marroquí que entró a nado en Ceuta el pasado 30 de julio ha señalado ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a las autoridades de su país por su papel en la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. El testigo, que ya había declarado ante la Policía Nacional, ha ratificado su relato y ha identificado a responsables marroquíes a los que sitúa en las inmediaciones de la frontera durante los acontecimientos.

La comparecencia se ha celebrado este miércoles en una nueva ronda de interrogatorios sobre la entrada masiva, en la que también han declarado otros dos ciudadanos marroquíes que cruzaron a Ceuta aquel día y dos policías españoles. Según fuentes jurídicas, los reconocimientos fotográficos realizados por los testigos han permitido señalar a distintas autoridades administrativas y mandos policiales marroquíes cuya presencia en la zona trata de esclarecer la investigación.

El antiguo gendarme, identificado como Hicham E. B., ha reconocido, entre otros, a quien ha señalado como el ‘bacha’ de Castillejos, al que aseguró haber visto en una rotonda próxima al hotel Senator, cerca de la frontera, alrededor de las diez de la mañana. Según su declaración, el responsable administrativo hablaba por teléfono, conversaba con agentes y realizaba indicaciones con las manos. El testigo también ha identificado a un responsable policial.

Los reconocimientos se apoyan en las fotografías incorporadas a las diligencias policiales, en las que aparecen personas a las que los investigadores sitúan durante el avance de los migrantes hacia la frontera. La identificación de estos cargos constituye uno de los elementos de la investigación, aunque no acredita por sí sola que participaran en la organización del cruce ni permite atribuirles órdenes o actuaciones concretas.

Un interrogatorio marcado por la tensión

Los tres ciudadanos marroquíes han comparecido ante Tardón antes de los dos policías españoles que han cerrado la jornada. Los dos primeros se han ratificado en los testimonios que prestaron ante la Policía Nacional, mientras que la declaración del último de los migrantes ha transcurrido con mayores dificultades.

Según ha podido saber Infobae tras consultar fuentes jurídicas, la jueza ha interrumpido en varias ocasiones el interrogatorio de este tercer testigo, en el que se han planteado dudas sobre la credibilidad de su relato y sobre los motivos por los que decidió entrar en España. El declarante ha centrado parte de su intervención en material fotográfico relacionado con las personas que se encontraban en la zona durante la llegada masiva, pero la comparecencia ha terminado sin que el interrogatorio pudiera desarrollarse con normalidad.

Los dos agentes españoles han declarado a continuación. Sus testimonios se incorporan a las diligencias sobre la actuación policial durante el cruce y la respuesta de los cuerpos de seguridad españoles ante la llegada de miles de personas a la frontera.

El jefe fronterizo contactó con su homólogo marroquí antes de la entrada masiva

Las declaraciones de los dos policías españoles han aportado nuevos detalles sobre las comunicaciones entre ambos lados de la frontera y las decisiones adoptadas durante la llegada masiva. El responsable policial de la frontera de Ceuta ha explicado ante María Tardón que mantuvo contacto con Mustafa, jefe de la Policía fronteriza marroquí, quien le trasladó que la situación era de normalidad.

Según fuentes jurídicas, el mando español también ha relatado que consultó a sus superiores la posibilidad de cerrar la frontera ante lo que estaba ocurriendo, aunque la Delegación del Gobierno no llegó a plantear esa medida. En su relato, las autoridades marroquíes estaban colaborando y la situación que le había trasladado su homólogo no apuntaba a una alteración de la normalidad. Al mando español también le llamó la atención la ausencia de migrantes subsaharianos entre quienes llegaban a la frontera.

La jornada se ha completado con la declaración de un segundo policía, un sargento, cuyo testimonio se suma al del responsable fronterizo.

Luis Sáenz de Tejada ha admitido este miércoles que pudo utilizar la expresión “eliminar” al referirse a la jueza Beatriz Biedma en una conversación con Cintia Rocho, aunque sostiene que hablaba de “apartarla de un procedimiento judicial” y no de causarle daño. El exmagistrado, que ha comparecido como investigado ante el juez Santiago Pedraz en la causa sobre las presuntas maniobras contra la magistrada que instruyó el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha ofrecido esa explicación a los periodistas a su salida de los juzgados, al tiempo que ha negado rotundamente todas las acusaciones.

“Ni me acuerdo si está dicho o no, pero en su caso sería en el chat”, ha afirmado cuando le han preguntado por las referencias a eliminar a Biedma. Sáenz de Tejada ha insistido en que la expresión estaría relacionada con su propia causa judicial, en la que, según su relato, su letrada consiguió apartar a la magistrada por enemistad manifiesta y por otras actuaciones que le atribuye.

“Yo dije eliminar en el proceso judicial”, ha insistido. Posteriormente, ha explicado que se refería a que la jueza fue “eliminada, expulsada, apartada de una causa judicial” y ha sostenido que ese precedente habría dado lugar a represalias contra él. El exmagistrado ha asegurado que la expresión está “totalmente fuera de contexto”.

La Guardia Civil incorporó a sus pesquisas el testimonio de Cintia Rocho, quien atribuyó a Sáenz de Tejada comentarios sobre la necesidad de “eliminar” a Biedma y otras expresiones que interpretó como una posible amenaza física contra la magistrada. El investigado rechaza esa versión y niega haber mantenido contacto con ella.

Reconoce que entregó documentación a Leire Díez

El exmagistrado también ha reconocido que remitió documentación sobre sus denuncias a Leire Díez, aunque ha negado haberse coordinado con la exmilitante socialista para presentar escritos o actuar contra Biedma. Según ha explicado, lleva desde 2013 denunciando presuntas irregularidades judiciales en Badajoz y ha acudido durante estos años a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo General del Poder Judicial.

“Yo le mandé y si ella lo puede mover, como si se lo doy yo a usted, se lo puede hacer llegar al rey”, ha explicado. Sáenz de Tejada sostiene que compartía sus denuncias con periodistas, políticos y otras personas para darles difusión y que los contactos con Díez respondían a esa práctica. También ha negado que ella le indicase acudir a la Fiscalía General.

Preguntado por el origen de su relación con la exmilitante socialista, ha señalado al empresario Joaquín Parra, a quien atribuye la creación del grupo de WhatsApp en el que participaban, entre otros, Díez y Javier Pérez Dolset. “Fue el señor Parra”, ha respondido al ser preguntado por el chat, antes de matizar que era quien tenía interés en conseguir su ayuda.

Sáenz de Tejada ha asegurado que Parra acudía a él para pedirle colaboración por cuestiones relacionadas con el Club Deportivo Badajoz y que fue quien le presentó primero a Dolset y, posteriormente, a Díez. Sobre el empresario, condenado en la causa de los hidrocarburos, ha afirmado que no puede asumir responsabilidad por las actuaciones que este pudiera desarrollar al margen de esos contactos.

El investigado ha rechazado haber recibido un encargo de Díez para actuar contra Biedma, tanto directamente como a través de terceras personas. “Lo niego rotundamente”, ha reiterado.

Niega el seguimiento a la magistrada

Sáenz de Tejada también ha vuelto a negar el supuesto seguimiento en coche denunciado por la jueza, quien manifestó que un vehículo blanco se puso en paralelo al suyo cuando regresaba del aeropuerto de Badajoz el pasado 8 de octubre. El exmagistrado sostiene que se encontraba a unos 450 kilómetros, acompañado de familiares, y asegura que cuenta con tres testigos y pruebas de geolocalización y grabaciones para acreditar su versión.

Biedma ha denunciado una campaña de desprestigio y ha trasladado a Pedraz su preocupación por su seguridad y la de sus hijas. El exmagistrado, por su parte, ha calificado la causa de “montaje” y ha sostenido que la investigación busca desacreditar a quienes denuncian presuntos casos de corrupción en Badajoz y vincularlos al PSOE en plena campaña electoral. También ha anunciado nuevas acciones legales contra quienes, a su juicio, han difundido acusaciones falsas.

Sáenz de Tejada ha enmarcado su enfrentamiento con Biedma en las denuncias que mantiene desde hace más de una década contra actuaciones judiciales en Extremadura. Entre ellas, ha mencionado una condena contra una magistrada de Badajoz que, según sostiene, demostraría sus denuncias de prevaricación judicial. Esas afirmaciones forman parte de su versión y no acreditan por sí mismas las acusaciones que dirige contra la jueza.

• A version of this post appears in CMO Insider.
• Sign up for Business Insider's marketing newsletter.

Keep calm: We have a plan.

That's essentially been the adtech industry's response to Apple's latest crackdown on web trackers.

The workaround may only be a temporary fix, however.

Apple recently implemented new restrictions in its Safari browser designed to stamp out "identity resolution," a method used to track users across different devices and websites by linking data points such as IP addresses, email addresses, and other identifying information collected about them.

Adtech has largely united around a proposed solution: Move the identity resolution process so it takes place inside publishers' and adtech companies' servers rather than in the browser, where Apple has more control. Adtech industry execs have said the move will mitigate disruptions to publishers' revenue and measurement from Apple's blockers, while still allowing them to respect users' privacy choices.

Privacy experts, on the other hand, say that while the server-side shift might succeed temporarily, it's far from a permanent solution. Apple has made it clear that attempts to circumvent its tracking protections could trigger further restrictions on adtech companies.

"It's tough to predict how long Apple would need to find ways to block workarounds, but adtech companies that bet against the browser are in for a rude awakening at some point in the future," said Zach Edwards, a cybersecurity researcher and cofounder of the adtech transparency platform DecryptAds.

The stakes extend beyond the adtech companies whose technology Apple is blocking. Publishers and advertisers have increasingly relied on identity resolution to target specific audiences and to measure whether campaigns are working. If identity resolution becomes less effective, advertisers could shift more of their budgets away from web publishers and to platforms like Google and Meta that have reams of their own logged-in user data.

Anthony Katsur, CEO of the IAB's Tech Lab, which created the Trusted Server project, said its estimates show that the Apple-powered browser ecosystem accounts for 40% of total web traffic, which leaves a large chunk of potentially unaddressable ad inventory.

"That creates tremendous downside for media companies to then prove themselves to agencies and brands they work with that, yes, a consumer saw this ad, and they converted," Katsur said.

How Apple could thwart adtech's server-side solution

How could Apple block identity resolution if the data matching occurs only on servers outside its control?

There is a precedent. When Apple blocked third-party tracking cookies in Safari, some adtech companies used a workaround called CNAME cloaking. It made third-party trackers appear to Safari as if they belonged to the website a reader had chosen to visit — known as "first-party" activity. Apple soon identified and developed protections against that tactic.

Edwards said many server-side tracking systems still rely on cookies or other identifiers stored in a user's browser to recognize them across websites. Apple can block the collection of identifying information before it reaches the server.

Privacy-focused browser company Brave, for example, already blocks scripts that are known to collect and record information used for server-side identification, said Pete Snyder, the company's principal researcher.

Katsur of the IAB Tech Lab said the switch to server-side isn't an attempt to trick the browser.

"This isn't about circumventing consumer privacy preferences; this isn't about circumventing regulations; it's about moving the advertising stack to a publisher-controlled server-side solution that complies with legal regulations," Katsur said.

He added that through the Trusted Server, publishers can also strip out unwanted third-party tracking identifiers from ads.

Katsur acknowledged Apple was likely to clamp down on server-side identity resolution eventually, but that the tech giant risks breaking essential web functionality if it goes too far.

The consumer opt-out option

Some server-side matching may be impossible for Apple to stop through browser technology alone. If someone provides their home address to an e-commerce site for delivery of their purchase, Apple's Safari can't prevent the retailer from knowing it. The retailer could then potentially use that information to match the customer against other databases.

Snyder said it's why Brave supports consumer opt-out mechanisms like the Global Privacy Control signal, a browser setting that tells a website a user doesn't want their data sold to or shared with third parties for targeted advertising, a preference companies must honor where the law requires it. Starting January 1 next year, the state of California will require browsers to provide an easy-to-find setting that lets users opt out of having their personal data sold or shared.

"Protecting users against this kind of tracking requires 'privacy in depth,' or using a wide range of privacy protections, by default and automatically, to minimize how often users share identifiers, and to, whenever possible, block sites trying to collect those identifiers," Brave's Snyder said.

Moving identity resolution to servers may temporarily put the method out of Safari's current reach, but not necessarily out of Apple's sights.

"This is basically a cat-and-mouse game, but the cat in this instance is a trillion-dollar company controlling one of the most valuable user data supply chains in the world," Decrypt Ads' Edwards said.

• A version of this post appears in CMO Insider.
• Sign up for Business Insider's marketing newsletter.

Hugo Veiga and Diego Machado — the former AKQA global chief creative officers — spent two decades building brands at some of advertising's most storied creative agencies. Their next bet: a new type of agency that wants to be paid not just in cash, but in a share of the businesses it helps build.

Veiga and Machado exclusively told CMO Insider this week that they have launched !F Creative Capital, a company that combines conventional commissions with equity partnerships and revenue-sharing arrangements tied to clients' sales.

Rather than charging an upfront fee alone, !F Creative Capital offers creative consultancy in exchange for equity in companies it believes can grow. For example, it took a stake in the superfoods brand Authentic Fruits in a deal that includes a three-year creative engagement, a share of sales, and additional equity tied to sales performance. It has equity in CheckMy.Music, an AI platform that scans songs for plagiarism, and an equity partnership on a new project led by former Chelsea FC and Real Madrid manager Carlo Ancelotti.

A long-held complaint on Madison Avenue is that agency holding companies prioritize businesses such as media buying — and, increasingly, data, technology, and AI services — because they are easier to package, measure, and sell repeatedly than bespoke creative work. Veiga and Machado said that !F Creative Capital was born out of a desire to create a model that more effectively ties the value of creative ideas to business results.

"In many of the creative industries, everyone is too busy doing decks, doing keynotes, and losing the connection with the final thing," Machado said.

!F Creative Capital has also launched its own brands, including SNIFF, a pet company that lets dogs smell food before their owners buy it, and Baitts, a toothpick brand.

Elsewhere, the company is coproducing a feature film set for release next year, and it's preparing to launch an eight-week "School of Creative Entrepreneurship" to help people turn their ideas into businesses.

While !F Creative Capital has taken on commission-based creative work for brands including Corona and Cristiano Ronaldo's Globe Sports Award, Veiga and Machado said they are reinvesting that money into the equity-focused side of the business and their in-house projects. !F Creative Capital is self-funded and has a team of around 15 people spanning seven countries, along with a broader network of contributors.

'You have an idea, and you give it for free'

Veiga said the long-term vision is for !F Creative Capital to become independent from commission work as it builds its own brands and effectively becomes its own client. The result might look more like a holding company for brands than the creative agencies where the duo made their name.

"A lot of times you have an idea, and you give it for free, or you push to make it happen without owning that," Machado said of the agency business.

Adland's creative agencies have explored similar equity-focused business models in the past. Uncommon, the London-based studio in which Havas acquired a majority stake in 2023, took equity in the compostable coffee pod company Halo and the finance app Communion. In 2010, former Deutsch exec Mike Duda cofounded the hybrid early-stage venture firm and creative agency that later became Bullish. Anomaly, now owned by Stagwell, began incubating and acquiring stakes in brands in the 2000s.

Brian Wieser, CEO of the advisory and consulting firm Madison and Wall, said that while the equity model still persists in the agency industry, the practice isn't common and mostly ties to the individuals running those companies because the skill sets are different.

"Most people who can do venture well focus on venture capital," Wieser said. "But the right person with the right relationships can make this happen."

• A version of this post appears in CMO Insider.
• Sign up for Business Insider's marketing newsletter.

McDonald's is exiting the playing field.

The fast-food giant's surprise decision to end its 32-year run as a FIFA World Cup sponsor shows how major global brands are reassessing the cost, clutter, and commercial return of sports' biggest properties.

McDonald's ran its largest-ever World Cup marketing push during this summer's tournament, and McDonald's CFO Ian Borden said on an August earnings call that the effort "underperformed versus our expectations."

The company said last week that it had decided not to renew its current deal, which is due to end this year. It also indicated to FIFA that it isn't looking to invest in next year's Women's World Cup, according to a person familiar with the matter.

Sports sponsorship is seen as a way for brands to tap into huge, live global audiences and associate themselves with the feel-good factor of athletes' achievements. Management consultancy Kearney estimated the global market for sports sponsorship and in-venue advertising at $52 billion in 2025 and expects it to grow by 8% to 9% annually through 2030, reaching about $80 billion.

While many marketers continue to spend heavily on sports, they often find it hard to measure the commercial uplift from their sponsorship outlays. Research from Forrester, published in 2025, found that 76% of US business-to-consumer marketing executives who invested in sponsorships the prior year reported struggling to calculate the return on investment, or ROI, of their sports sponsorships.

"They are gaining a lot of traction around brand awareness, but can't necessarily calculate the hard and fast ROI numbers to prove to their CFOs that the money and long-term commitment for these kinds of sponsorships are necessary," Mike Proulx, a Forrester VP, told me.

For McDonald's, the figures evidently didn't justify a renewal. The deal was valued at $40 million annually, per the research firm GlobalData Sport.

For a globally recognized brand such as McDonald's, the scope for the World Cup to deliver another spike in brand awareness and associated sales may have reached its ceiling. Heineken appeared to make a similar recalculation last year when it said it would end its 30-year UEFA Champions League partnership in 2027. The brewer said it was shifting its sponsorship focus to platforms "where spend is proportionate to value creation," while retaining Formula 1 and adding Premier Padel.

McDonald's CMO Morgan Flatley said in a statement last week that sports remains important to its marketing strategy. At the company's September investor day, Flatley said she was focusing her campaigns "on McDonald's collection of iconic IP, not someone else's." The company continues to sponsor dozens of sports properties, including France's Ligue 1 top-flight soccer league and the All-American Games.

The 2026 World Cup reached nearly 6 billion people worldwide across different platforms, according to FIFA, which helps explain why brands continue to spend heavily to be associated with it. While FIFA has not disclosed a final sponsorship total for the 2026 World Cup, its latest budget forecasts $2.8 billion in marketing-rights revenue across all commercial partnerships in the 2023 to 2026 cycle. That would be about 59% more than it generated across the 2019 to 2022 Qatar cycle. For the 2026 tournament, FIFA also introduced a program that allowed host cities to sell local supporter packages, making the sponsorship market increasingly crowded compared to previous years.

Rory Natkiel, founder of sponsorship effectiveness consultancy Box Count, said the additional host-city partners risked shrinking McDonald's "share of property" — the portion of the event's commercial attention it could realistically command.

That dynamic could make smaller or newer sports properties more attractive to mature global brands. While they might not offer the global scale of long-standing events like the World Cup, they can provide greater flexibility to tailor marketing to specific audiences and channels than the tightly controlled multiyear packages from major rights holders allow. For a company like McDonald's, that could open up an opportunity to offer consumers an experience they remember rather than a sponsorship they simply expect.

"If they start going into new sports and trying to attract a different audience to the global football audience — padel for a slightly more premium audience, or whatever it might be — it does create a new compelling angle and a new avenue for creativity," said Rory Stewart-Richardson, a longtime sports sponsorship executive.

Stewart-Richardson said he wouldn't be surprised if other legacy brands start recalibrating their sponsorship deals, focusing more on local markets and digital activations, with an emphasis on "building from the consumer out rather than trying to buy into temporary cultural relevance."

From the brands worth digging out to the mistakes costing you money, a professional reseller shares her tricks of the trade

Una mujer de 93 años residente en la región japonesa de Shiga consiguió frustrar un intento de estafa telefónica al descubrir que un hombre se hacía pasar por policía para conseguir su tarjeta bancaria. Lejos de caer en el engaño, decidió seguirle el juego y avisar a su familia, que alertó a las autoridades. Gracias a ello, los agentes pudieron esperar al sospechoso en su vivienda y detenerlo cuando acudió a recoger la tarjeta.

Según informa la agencia AFP, todo comenzó cuando la mujer recibió varias llamadas entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. Su interlocutor, que se presentó como agente de policía, le aseguró que alguien había retirado dinero de su cuenta bancaria sin autorización y que, para investigar lo ocurrido, era necesario realizar una serie de comprobaciones.

Una llamada de un falso policía para conseguir su tarjeta bancaria

Para comprobar lo ocurrido, el supuesto policía le explicó que uno de sus compañeros acudiría a su domicilio y que debía entregarle la tarjeta bancaria para que pudieran revisar su cuenta. Sin embargo, la mujer desconfió de aquella petición y, antes de hacer nada, decidió consultar con su hijo, que la ayudó a poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

La familia avisó a la Policía el miércoles por la noche, cuando todavía faltaban varias horas para la visita del presunto estafador. Gracias a ello, los agentes tuvieron tiempo de desplazarse hasta la vivienda y preparar un dispositivo para detenerlo en cuanto se presentara a recoger la tarjeta.

Según explicó a AFP un responsable policial de la zona, los agentes ya se encontraban en el domicilio cuando llegó el sospechoso, mientras la mujer continuaba fingiendo que había caído en el engaño.

El sospechoso fue detenido cuando acudió a recoger la tarjeta

El jueves, tal y como estaba previsto, un hombre de 47 años se presentó en la vivienda para recoger la tarjeta bancaria. Lo que no sabía era que la mujer había descubierto sus intenciones y que varios policías lo estaban esperando en el interior de la casa. En cuanto llegó, los agentes lo detuvieron, poniendo fin al intento de estafa.

El responsable policial que informó del caso a AFP aseguró que la mujer se encontraba bien de salud y destacó su capacidad para expresarse con claridad. Además, aprovechó lo ocurrido para recordar la importancia de consultar con los familiares ante cualquier llamada sospechosa, especialmente entre las personas mayores, que suelen ser uno de los principales objetivos de este tipo de engaños.

El caso se ha producido en Japón, uno de los países con la población más envejecida del mundo, donde las estafas representan un problema cada vez más preocupante. Según los datos recogidos por AFP, durante el año pasado las víctimas de fraudes de todas las edades perdieron en conjunto unos 325.700 millones de yenes, una cantidad equivalente a cerca de 1.800 millones de euros.

Iustitia Europa ha vuelto a acudir al Tribunal Supremo para intentar ampliar el alcance de la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la denominada ‘ley de nietos’ de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que extienda las restricciones a quienes, después de adquirir la nacionalidad española y figurar inscritos como residentes en el extranjero, trasladaron su domicilio a España y pasaron a formar parte del censo electoral nacional. Al mismo tiempo, reclama suspender temporalmente los efectos electorales de la totalidad de los electores que obtuvieron la nacionalidad por el Anexo III de la Ley de Memoria Democrática y que figuren tanto en el censo de residentes en España como en el del exterior.

El escrito, presentado este miércoles por la vía de las medidas cautelarísimas inaudita parte —que permiten al tribunal resolver inicialmente sin escuchar a las demás partes cuando aprecia una especial urgencia—, plantea dos actuaciones distintas. Por un lado, pide localizar a los electores procedentes del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que ahora están inscritos en el Censo Electoral de Residentes en España (CER) y suspender sus efectos electorales hasta completar la comprobación individual de sus expedientes. Por otro, solicita que esa suspensión se aplique a todos los nacionalizados por el Anexo III que figuren en cualquiera de los dos censos, mientras la Administración determina su procedencia familiar y la vía por la que sus progenitores obtuvieron la nacionalidad.

El vacío que quiere cubrir la formación

El CER es el Censo Electoral de Residentes en España, en el que figuran los electores españoles que tienen su residencia habitual en territorio nacional. Es el censo en el que se inscribe, con carácter general, quien reside en España y desde el que se ejerce el derecho al voto en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, conforme a las reglas específicas de cada convocatoria.

El CERA, por su parte, es el Censo Electoral de Residentes Ausentes, que reúne a los españoles que viven habitualmente en el extranjero y están inscritos como residentes en los registros consulares. Ambos forman parte del censo electoral, que es único para los procesos electorales, aunque la adscripción de los electores y las modalidades para ejercer el sufragio varían en función de su residencia.

La distinción resulta determinante para entender el nuevo movimiento judicial. Las medidas cautelares acordadas por el Supremo el 10 de septiembre y mantenidas el 12 de octubre se centraron en las inscripciones y los efectos electorales vinculados al CERA. Sin embargo, según sostiene Iustitia Europa, una persona comprendida en el colectivo afectado puede dejar de figurar en ese censo si regresa a España, causa baja como residente en el extranjero y se incorpora al CER.

Iustitia Europa considera que ese tránsito puede generar una vía para que electores afectados por las resoluciones anteriores vuelvan a desplegar efectos electorales sin haber completado las comprobaciones exigidas por el Alto Tribunal. Por ello, reclama que se reconstruyan sus movimientos censales y que se suspenda provisionalmente el sufragio de quienes estén individualmente comprendidos en el colectivo afectado.

Una identificación cruzada entre el censo, el padrón y los registros consulares

Para localizar a esos electores, la formación pide al Supremo que requiera de inmediato a la Oficina del Censo Electoral (OCE) y al Instituto Nacional de Estadística (INE), con la colaboración de Exteriores y de los órganos registrales y consulares, una identificación nominal e individualizada. La operación debería determinar cuándo se produjo el alta inicial en el CERA, la fecha y la causa de la baja, el momento de la inscripción padronal y de la incorporación al CER, así como la circunscripción electoral correspondiente y el estado de comprobación del expediente de nacionalidad.

El escrito sostiene que esa reconstrucción es técnicamente posible porque la Oficina del Censo Electoral conserva un histórico de los movimientos e intercambios de información que permite recuperar la situación de un elector en fechas determinadas. Los consulados remiten periódicamente las altas, bajas y modificaciones de sus registros y la OCE incorpora esos movimientos a la base de datos electoral.

No obstante, la documentación administrativa citada por la formación refleja las dificultades que está encontrando la Administración para completar las comprobaciones ordenadas por el Supremo. De un primer envío de 2.392 registros, 1.571 correspondían al supuesto concreto afectado por las medidas cautelares. De estos, 1.278 fueron localizados en el censo vigente, mientras que otros 293 no pudieron ser encontrados.

Además, un fichero acumulativo de 17.914 registros remitido el 20 de octubre contenía errores que, según el informe de la OCE reproducido en el escrito, impedían garantizar su fiabilidad. En paralelo, la Oficina obtuvo información de DICIREG sobre 76.600 personas que habían adquirido la nacionalidad por el supuesto examinado, de las cuales 38.188 fueron localizadas en el censo electoral vigente para los comicios del 29-N.

El documento recoge asimismo que, a 21 de octubre, Exteriores había trasladado a la OCE 31.390 expedientes, aproximadamente el 19,2% del colectivo de 163.020 personas cuya comprobación había sido ordenada, y que se habían expedido 91 certificaciones. En ese momento, 58 oficinas consulares habían finalizado el examen de los expedientes, otras 29 habían remitido datos parciales y las restantes continuaban con la revisión.

Son cifras correspondientes a los informes incorporados a la pieza cautelar y a las fechas que estos reflejan, no un balance actualizado a este miércoles. Iustitia Europa las utiliza para argumentar que la revisión del colectivo exige una nueva operación de contraste, esta vez para identificar también a quienes han pasado del CERA al CER.

Un colegio de Oregón, en Estados Unidos, se enfrenta a una demanda de casi un millón de dólares después de que más de 50 alumnos comieran pretzels que habían sido condimentados por error con limpiador de hornos. El incidente ocurrió en octubre de 2025, pero ha vuelto a cobrar actualidad porque una de las familias afectadas ha decidido llevar el caso ante los tribunales.

Según informa la cadena estadounidense KPTV, el distrito escolar atribuyó lo sucedido a un error humano y la Policía dio por cerrada la investigación. Sin embargo, los padres de uno de los menores consideran que no solo hubo negligencia en la preparación de los alimentos, sino también en la atención que recibió su hijo después de consumirlos.

Más de 50 alumnos comieron pretzels con un producto de limpieza

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2025, durante la comida de los alumnos de sexto curso, cuando se repartieron unos 37 pretzels que habían sido aderezados con un producto químico utilizado para limpiar hornos. Según recoge la demanda, más de 50 estudiantes llegaron a comerlos, aunque algunos solo consumieron una parte.

Uno de los menores sintió quemazón en la boca y la garganta nada más probar el aperitivo y, según explica su familia en la denuncia, también sufrió dolor en el pecho y molestias estomacales. Los padres aseguran que lo ocurrido le provocó además ansiedad a la hora de volver a comer en el colegio.

El escrito judicial señala que el producto de limpieza había quedado sobre una de las superficies donde se preparaban los alimentos y que terminó utilizándose por error como condimento. La familia también denuncia que el centro tardó casi dos horas en informar a los padres de lo sucedido, pese a que los responsables ya habían detectado el problema.

Una familia reclama casi un millón de dólares por lo ocurrido

Los padres de uno de los alumnos afectados presentaron el pasado 9 de septiembre una demanda en la que reclaman 950.220,85 dólares al distrito escolar, a la dirección del colegio y a la responsable de cocina por lo ocurrido.

Según recoge el escrito judicial, el menor permaneció cerca de una hora en una habitación del centro sin que le permitieran llamar a sus padres y después fue enviado de nuevo a clase, aunque su familia asegura que todavía tenía molestias. Los padres también denuncian que no fueron informados de lo sucedido mientras su hijo permanecía bajo la supervisión del personal del colegio.

La demanda recoge siete motivos de reclamación, entre ellos negligencia, retención ilegal y vulneración de derechos civiles, aunque por el momento ningún tribunal se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

Por su parte, el distrito escolar ha evitado hacer declaraciones sobre el caso mientras continúe abierto el procedimiento judicial, si bien ha confirmado que la trabajadora de cocina implicada en el incidente sigue formando parte de su plantilla.

Decenas de corredores que participaron el pasado domingo 25 de octubre en la Media Maratón Binacional, una prueba que conecta San Diego (Estados Unidos) con Tijuana (México), se llevaron una sorpresa al regresar a los aparcamientos donde habían dejado sus coches. Mientras disputaban la carrera, las grúas habían retirado sus vehículos y, para recuperarlos, tuvieron que pagar cientos de dólares.

Según informa la cadena estadounidense Fox 5, los afectados denuncian que habían aparcado siguiendo las indicaciones del personal de la competición. Sin embargo, los organizadores rechazan esta versión y aseguran que el recinto donde, según ellos, se produjeron las retiradas no figuraba entre los estacionamientos autorizados para los participantes.

Una carrera entre dos países que terminó con decenas de coches retirados por la grúa

La carrera comenzó en San Ysidro, al sur de California, y llevó a los participantes hasta Tijuana, al otro lado de la frontera con México. Sin embargo, al terminar la prueba, muchos descubrieron que sus coches habían sido retirados por la grúa y tuvieron que desplazarse hasta las instalaciones de la empresa encargada del servicio para recuperarlos.

Entre los afectados se encontraba una corredora que, según explicó a la televisión local, había dejado su vehículo junto a su hermana en uno de los aparcamientos que figuraban en la página oficial de la competición. Aun así, cuando regresó, el coche ya no estaba. “Llegamos allí y no había ningún coche. Me pregunté dónde estaba el mío”, relató, y añadió que había muchas otras personas en la misma situación.

Los corredores denuncian que siguieron las indicaciones de la organización

Otro de los participantes explicó que había dejado su coche en un aparcamiento de San Ysidro después de que, según aseguró, el personal de la competición le indicara que podía estacionar allí. Sin embargo, aquel recinto no figuraba entre los espacios habilitados en la página web de la carrera, lo que ha provocado un enfrentamiento entre los afectados y los organizadores.

“Cuando volvimos, nuestro coche había desaparecido”, relató el corredor, quien rechazó que la responsabilidad fuera suya porque había seguido las instrucciones que, según su testimonio, recibió antes de comenzar la prueba.

Por su parte, los organizadores negaron que sus trabajadores hubieran dirigido a los participantes hacia aquel aparcamiento y aseguraron que no habían asignado a nadie para gestionar el estacionamiento de los vehículos. Además, sostuvieron que todas las retiradas denunciadas se habían producido en un recinto privado que no estaba incluido entre las opciones oficiales de la carrera.

Algunos de los afectados ya han solicitado que les devuelvan el dinero que tuvieron que pagar para recuperar sus coches, aunque aseguran que todavía no han obtenido respuesta. Una de las corredoras, que había viajado desde Los Ángeles para participar en la prueba, explicó que había intentado contactar con la organización por teléfono, correo electrónico y redes sociales, sin conseguir que nadie atendiera sus reclamaciones.

Un barril de cerveza que llevaba casi 50 años desaparecido ha sido encontrado en los Alpes de Zillertal, cerca de la frontera entre Italia y Austria, después de que el deshielo lo dejara al descubierto a unos 3.000 metros de altitud. El recipiente se había perdido durante un reparto en helicóptero en los años setenta y, pese al tiempo transcurrido, todavía conservaba cerveza en su interior.

Según informa el diario italiano Corriere dell’Alto Adige, fue un trabajador de una empresa de bebidas quien encontró el barril en las inmediaciones del refugio Sasso Nero. La compañía ha compartido varias fotografías del hallazgo en sus redes sociales y ha explicado cómo consiguieron trasladarlo montaña abajo para comprobar en qué estado se encontraba después de tantos años bajo el hielo.

Un barril que llevaba décadas desaparecido entre el hielo

El barril desapareció en los años setenta, cuando cayó en una grieta de un glaciar durante un reparto de bebidas en helicóptero. Allí permaneció sepultado durante décadas, hasta que el deshielo lo dejó al descubierto este año y permitió encontrarlo, aunque el recipiente presentaba algunas abolladuras.

Para bajarlo de la montaña, el trabajador tuvo que realizar varias maniobras con ayuda de un carro y, una vez recuperado, pudieron comprobar que el barril databa de 1978 gracias a una inscripción grabada en el metal.

El hallazgo también tuvo un significado especial para la empresa de bebidas, que cuenta con más de 140 años de historia y considera probable que el barril hubiera salido de sus propios almacenes antes de perderse durante aquella entrega.

Una cerveza de casi 50 años que todavía se podía beber

Tras recuperar el barril y trasladarlo a las instalaciones de la empresa, un pequeño grupo de aficionados y curiosos se reunió para abrirlo y probar la cerveza que había permanecido casi medio siglo bajo el hielo. Según ha explicado la compañía, las bajas temperaturas del glaciar habrían contribuido a conservar la bebida durante todos estos años y, para sorpresa de los presentes, quienes la probaron aseguraron que todavía estaba buena.

La empresa ha bautizado el hallazgo como “la cerveza del hielo” y cree que el recipiente probablemente había salido de sus propios almacenes antes de desaparecer en la montaña, por lo que su recuperación tiene también un valor especial para la compañía. No obstante, aunque los participantes afirmaron que la cerveza seguía siendo bebible, no consta que se realizaran análisis para comprobar si era segura para el consumo.

Una profesora alemana que lleva 17 años de baja médica sin dar clase, pero cobrando su sueldo, podría acabar en prisión por un presunto fraude de 248.000 euros. La Fiscalía de Duisburgo la acusa de haber presentado certificados médicos falsos para justificar su ausencia del trabajo, pese a que, según los investigadores, estaba en condiciones de seguir ejerciendo.

La mujer, de unos 50 años, trabajaba en un centro de formación profesional de Wesel, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Según informa la cadena alemana RTL, desde que comenzó su baja en 2009 las autoridades educativas no solicitaron ninguna evaluación médica oficial para comprobar si podía reincorporarse a su puesto.

Diez bajas médicas presuntamente falsas entre 2021 y 2025

La investigación se centra en diez certificados de baja médica que la profesora habría presentado entre marzo de 2021 y marzo de 2025, pese a que, según la Fiscalía, sabía que estaba en condiciones de trabajar. Aunque llevaba sin dar clase desde 2009, los posibles delitos anteriores a ese periodo ya han prescrito, por lo que no forman parte de la acusación.

Además de estos justificantes, la docente también está acusada de haber falsificado dos certificados médicos para practicar buceo, una actividad que realizaba habitualmente y para la que supuestamente utilizó el nombre de una médica que ni siquiera existía.

El caso ya había generado polémica el año pasado y, en marzo de 2026, las autoridades registraron su domicilio tras encontrar indicios de que podría haber facilitado información falsa a la Administración. Durante la investigación también se examinó si había trabajado como naturópata y participado en un concurso de emprendimiento mientras permanecía de baja, aunque la Fiscalía terminó descartando estas sospechas al no encontrar indicios concretos que las respaldaran.

La profesora recurre su jubilación forzosa

El caso también ha llevado a abrir un expediente disciplinario contra la profesora y un empleado de la administración educativa regional, después de que las autoridades pasaran años sin comprobar oficialmente su situación médica. Además, la Administración decidió jubilarla de oficio, una medida que la docente ha recurrido ante la Justicia, mientras que el procedimiento disciplinario permanece suspendido hasta que se resuelva la causa penal.

Por el momento, la profesora no se ha pronunciado sobre las acusaciones, según ha informado la Fiscalía de Duisburgo, y podría enfrentarse a varios años de prisión si finalmente es declarada culpable. No obstante, todavía no existe una condena y mantiene la presunción de inocencia.

Cleo es una gata de nueve años que lleva tres años esperando cada día a su dueña en una parada de autobús de Füllinsdorf, una localidad de Suiza. Cuando su propietaria sale de casa para ir a trabajar, la acompaña hasta la parada y se queda allí hasta que regresa, aunque en ocasiones tenga que esperar más de ocho horas. Su presencia se ha vuelto tan habitual que un desconocido ha decidido construirle una pequeña caseta de madera para que pueda resguardarse del frío y la lluvia.

Según informa el diario suizo 20 Minuten, el refugio apareció a mediados de octubre junto a la parada de Obere Hofackerstrasse y cuenta con paja en su interior para que la gata pueda descansar mientras espera.

Una gata que espera hasta ocho horas a su dueña

La relación entre Cleo y su dueña, Kleopatra, viene de muchos años atrás, ya que cuando la gata era pequeña comenzó a enseñarle a seguirla y ambas llegaron incluso a salir juntas de excursión. Con el tiempo, Cleo adquirió una costumbre que todavía sorprende a su propietaria, pues desde hace tres años la acompaña cada vez que sale a trabajar y se queda esperándola en la parada del autobús hasta que regresa.

“Cada vez que voy a trabajar, me sigue y espera en la parada, aunque mi casa está a solo cinco minutos”, explica Kleopatra al medio suizo 20 Minuten, reconociendo que todavía desconoce por qué la gata prefiere pasar tantas horas allí en lugar de volver a casa.

Durante estos años, Cleo también se ha ganado el cariño de los vecinos y de quienes utilizan habitualmente el transporte público, ya que muchos se acercan a acariciarla cuando la encuentran en la parada. Entre quienes mejor la conocen están los conductores de la compañía Autobus AG, que también han celebrado la iniciativa de construirle una pequeña caseta para que pueda resguardarse mientras espera.

Un desconocido le construye una caseta para protegerla del frío

Por el momento, se desconoce quién ha construido la pequeña caseta, aunque Kleopatra ha querido agradecer públicamente el gesto a través de Facebook, donde su publicación ha superado los 2.000 “me gusta”. “Quiero dar las gracias a la persona que ha construido esto para Cleo”, escribió la propietaria, que recibió numerosos comentarios de usuarios que celebraban la iniciativa y esperaban que nadie dañara el refugio.

Sin embargo, todavía no está claro si la caseta podrá permanecer junto a la parada del autobús, ya que Kleopatra desconoce si las autoridades permitirán mantenerla allí. Por este motivo, ha hablado con una vecina cuyo jardín está situado junto a la parada para estudiar la posibilidad de trasladar el refugio a su propiedad si finalmente tiene que retirarlo.

Félix Bolaños y José Manuel Albares afrontan las últimas horas del plazo que les ha dado el Tribunal Supremo para identificar a los 163.020 nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ cuyo derecho al voto está suspendido cautelarmente de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Alto Tribunal ha exigido a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Asuntos Exteriores que entreguen antes de las 15.00 horas de este miércoles la relación nominal de los afectados, una información que la Administración todavía no había facilitado cuando el tribunal lanzó su ultimátum, pese a conocer el número exacto de electores sobre los que recae la medida.

El último balance incorporado a la causa, con datos del 21 de octubre, reflejaba las dificultades para completar la identificación. Hasta esa fecha se habían revisado 31.390 expedientes, el 19,3% de los 163.020 electores afectados, y los consulados habían expedido únicamente 91 certificados que acreditaban la condición de descendientes de exiliados. La cifra de expedientes examinados dejaba otros 131.630 pendientes de revisión, aunque ese cálculo no permite determinar cuántos ciudadanos están ya identificados ni cuántos podrían recuperar el derecho a votar.

La diferencia entre los registros disponibles y la relación que reclama la Justicia se ha convertido en el principal obstáculo para ejecutar la resolución. El Gobierno asegura que ha remitido a la Oficina del Censo Electoral los nombres de unos 76.000 expedientes digitalizados, pero ese conjunto incluye nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática que no necesariamente figuran entre los electores afectados. En él hay menores de edad y personas cuya inscripción en el censo no estaba completada el pasado 1 de agosto, fecha de referencia para las elecciones del 29-N.

Una lista que no sale de los registros informáticos

La dificultad para identificar a los afectados reside en que la Administración no dispone de una base de datos que permita cruzar automáticamente todas las inscripciones y determinar quién obtuvo la nacionalidad por cada una de las vías contempladas en la normativa. La información disponible tampoco permite distinguir de forma inmediata entre quienes adquirieron la nacionalidad por los supuestos previstos en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y quienes lo hicieron al amparo de la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia el 25 de octubre de 2022.

Esta última amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad y estableció una presunción de exilio para determinados emigrantes españoles. El Supremo considera que esa interpretación excedió lo previsto legalmente, lo que dio origen a la controversia sobre la participación electoral de los nacionalizados por esta vía.

Según explicó el ministro de Justicia, su departamento entregó el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral los nombres de unos 76.000 expedientes digitalizados, correspondientes a los procedimientos incorporados a este sistema desde mediados de 2024. Sin embargo, la mayoría de los expedientes de los afectados no estarían disponibles en ese formato. Para reconstruir la información, los consulados deben localizar los asientos registrales y comprobar individualmente las anotaciones que permitan conocer la vía por la que se concedió la nacionalidad.

La Abogacía del Estado ya había advertido al Supremo de las dificultades materiales de la operación. La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares había calculado que revisar cada expediente podía llevar una media de 20 minutos. Con ese ritmo, el cumplimiento de los requerimientos anteriores ya se consideraba prácticamente inviable para algunas de las oficinas con mayor volumen de inscripciones, incluso antes del adelanto electoral.

Dieciséis consulados concentran más del 80% de los casos

El grueso del trabajo se concentra, además, en un reducido número de oficinas. Según los datos trasladados al procedimiento, 16 consulados acumulan alrededor de 142.000 inscripciones, más del 80% de los casos afectados por la suspensión. Entre las sedes que afrontan mayores dificultades figuran las de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza.

La distribución territorial y las condiciones de trabajo explican parte de los problemas. Exteriores ha señalado circunstancias estructurales, como el volumen de solicitudes, y otras coyunturales, entre ellas los cortes de electricidad, la falta de combustible o los efectos de desastres naturales, que dificultan las comprobaciones.

El balance consular cerrado el 21 de octubre recogía que 58 oficinas habían completado el examen de los expedientes y cumplimentado los ficheros correspondientes, mientras otras 29 habían remitido información parcial. Las 85 restantes todavía no habían incorporado sus datos a esos ficheros, aunque el departamento sostenía que estaban trabajando en la revisión.

Refuerzo de personal y trabajo durante el fin de semana

Tras el ultimátum judicial, Exteriores ha tratado de acelerar la revisión. El departamento autorizó las solicitudes de refuerzo planteadas por los consulados, puso a disposición de estas oficinas al personal de las embajadas y ordenó priorizar la tarea, incluso durante el fin de semana. También suspendió permisos y vacaciones para concentrar recursos en la identificación de los afectados.

El ministro José Manuel Albares reconoció las dificultades de completar el proceso en el margen concedido, pero defendió que el Servicio Exterior estaba volcado en el cumplimiento de las resoluciones. El Ejecutivo sostiene que la revisión exige comprobaciones manuales que no pueden sustituirse por una extracción informática de los datos.

El Supremo amenaza con multas y posibles responsabilidades penales

El Alto Tribunal ha elevado la presión sobre el Ejecutivo al dirigir su requerimiento directamente a Bolaños y Albares. Hasta ahora, las peticiones de información se habían canalizado a través de la Junta Electoral Central y la Abogacía del Estado. En los autos notificados el 23 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo reprochó a la Administración que conozca el número de afectados, pero no haya facilitado sus identidades.

Por ello, el Supremo ha apercibido a los ministros de que, si no entregan la documentación antes de las 15.00 horas de este miércoles, podrá imponerles multas coercitivas de 1.000 euros, reiterables hasta la completa ejecución del fallo. También contempla deducir testimonio de particulares para que se examinen eventuales responsabilidades penales, además de otras responsabilidades patrimoniales.

El voto exterior, pendiente de la depuración del censo

El requerimiento a los ministros se produce, además, cuando ya ha comenzado el calendario para el voto de los residentes en el extranjero. El Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central que la documentación electoral incluya una advertencia sobre el carácter provisional de la inscripción de los afectados por la Ley de Memoria Democrática.

La Sala también ha establecido que, una vez recibida la relación nominal, se excluya del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los afectados que no dispongan del certificado consular exigido, y ha fijado instrucciones para la custodia y el recuento de los votos que puedan recibirse de electores que finalmente no figuren en la relación válida.

El problema es que la identificación no solo condiciona la elaboración de las listas, sino también la organización del voto y la seguridad del escrutinio. En un proceso electoral adelantado, con los plazos ya en marcha, la depuración del censo se ha convertido en una carrera contrarreloj que enfrenta al Supremo con las limitaciones administrativas que el Gobierno lleva semanas alegando.

Uma vaquinha virtual arrecadou R$ 1,5 milhão em menos de cinco horas para Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, menina de 5 anos morta após ser atingida por um tiro de fuzil durante uma ação policial, em 2021, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

A campanha tinha como objetivo garantir uma moradia digna e segura para Cristiane, criar uma poupança para Pedro, irmão de Ana Clara, e contribuir com com aqueles que fizeram parte da rede de apoio à família.  

A arrecadação foi encerrada nesta terça-feira (27). Os organizadores do ‘Revelando’ são os responsáveis pela campanha e  alertaram para possíveis golpes e informaram que divulgarão a prestação de contas da campanha. 

“Em menos de 5 horas, 15 mil pessoas doaram pela memória da Ana Clara, e arrecadamos R$ 1.500.000 para sua mãe e o seu irmão. O valor vai garantir uma casa segura e digna para a Cris, uma poupança para o Pedro e fortalecer a rede de apoio da família”, diz trecho da nota de posicionamento dos organizadores.

Caso Ana Clara 

Ana Clara Gomes Machado morreu em 2 de fevereiro de 2021, aos 5 anos, após ser atingida por um tiro de fuzil enquanto brincava com o irmão na frente de casa, na comunidade Monan Pequeno, no bairro do Badu, em Niterói. 

Justiça nega habeas corpus de tenente-coronel preso por feminicídio em SP | CNN NOVO DIA

A menina chegou a ser levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos. 

Na época, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) faziam patrulhamento pela Estrada do Monan Pequeno quando indivíduos atiraram contra a equipe, que teria reagido. 

*Sob supervisão de Thiago Félix