Los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en un periodo de diez meses en Adamuz (Córdoba) y ahora en Urda (Toledo), ambos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, pueden marcar un antes y un después en la obra pública española y también en el servicio que utilizaron 14,3 millones de ciudadanos en 2025. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que su departamento, también el gestor de la infraestructura Adif, barajan suspender el uso de la línea Madrid-Barcelona para acometer la remodelación completa prevista y cuyo inicio está fijado en 2027. Es una seria opción sobre la mesa.

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En su primera comparecencia tras el accidente, el miércoles desde el puesto de mando de Urda (Toledo), el cariacontecido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró consciente de que, además del coste en muertes y heridos y familias desoladas, la tragedia dejaría un legado más, uno en forma de destrozo en el crédito popular del ferrocarril. El Gobierno reforzará la seguridad para “reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad”, se comprometió el jefe del Ejecutivo. Para conseguirlo, hay tarea por delante, que las urnas dirán el 29-N a quién le toca asumir. Porque la catástrofe de Urda golpea una imagen, la del servicio de trenes en España, que ya está seriamente dañada, según muestran los datos demoscópicos disponibles.

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