El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya los cuerpos de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias. Por el momento, han sido notificadas a las familias cinco identificaciones que corresponden a tres mujeres y dos hombres. Mientras continúa la investigación de lo sucedido y la identificación de víctimas del accidente ferroviario en Urda, los partidos políticos centran su mirada en el ministro de Transportes, Óscar Puente. El socialista comparecerá el 3 de noviembre, a petición propia, en el Congreso, tras la solicitud de varios socios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este viernes en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Toledo. Le acompañará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido.

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En este episodio de Hoy en EL PAÍS, Ana Fuentes conversa con un maquinista de mercancías, un antiguo trabajador de Renfe vinculado durante años a la alta velocidad y un exdirector de calidad de Adif, para intentar entender qué ocurrió en el choque de trenes de Urda. Los tres repasan cómo funcionan las comunicaciones entre maquinistas y centros de control, el papel de los sistemas de seguridad y los cambios que ha vivido la red ferroviaria en las últimas décadas. ¿Qué ocurrió en los minutos previos al choque? ¿Por qué los profesionales del sector consideran tan excepcional este accidente? ¿Qué cambios creen necesarios para evitar que vuelva a repetirse?

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Los controladores del centro de coordinación de Atocha (Madrid) ordenaron al AVE 2080 que siguiera un protocolo equivocado antes de que el miércoles embistiera al Iryo 6076 en la localidad toledana de Urda, causando al menos 69 muertos y 58 heridos. Así se desprende del libro de normas del maquinista de Renfe y de los testimonios recabados por este diario de tres expertos con experiencia en el manejo de la línea de alta velocidad que une Madrid y Sevilla.

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Falta de personal y una fuerte presión sobre los hombros de los operarios en horas pico de tráfico. Son dos de las quejas recurrentes de los sindicatos al referirse al Puesto de Mando y Centro de Regulación y Control (CRC) que el gestor de la infraestructura ferroviaria Adif tiene junto a la estación madrileña de Atocha. En él trabajan un centenar de personas en torno a Da Vinci, uno de los sistemas de vigilancia de la red ferroviaria más avanzados de Europa. Desde sus pantallas se monitoriza el control de tráfico centralizado, las comunicaciones fijas y GSMR, la señalización, sistemas de seguridad, sistemas de planificación y regulación del tráfico, videovigilancia y control de las estaciones. Hasta ahora, un motivo de orgullo para la compañía dependiente del Ministerio de Transportes, pero es aquí donde se fragua la cadena de órdenes inconexas que acaban el miércoles en tragedia, con el choque de dos trenes y al menos 69 víctimas, en la localidad toledana de Urda.

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Lo único que rompe el silencio, de cuando en cuando, es un llanto desconsolado. “A veces parece que la espera es peor que la propia muerte”, dice una mujer de 21 años que busca a su padre. Desde la noche de este miércoles, en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor, en Toledo, permanecen más de 70 familiares de desaparecidos del accidente ferroviario de Urda, que hasta este momento ha dejado 69 fallecidos. Sus vidas se paralizaron a las 9.30 de la mañana, cuando recibieron la noticia de que algo había ocurrido con el tren en el que viajaban sus padres, hermanos o hijos. Ninguno de ellos ha podido dormir. Solo unos pocos han aceptado un lorazepam para la angustia, y eso les ha permitido cerrar los ojos unas horas, aunque ninguno siente que haya descansado. El miércoles, en el colegio público de Urda, estos mismos rostros estaban en estado de shock. Hoy, con el paso de las horas y la falta de noticias, la desesperación empieza a apoderarse de ellos. “Estamos cada vez con más ansiedad, no podemos más de los nervios”, dice Maricarmen, asustada por no tener noticias de su marido, César Vicente. Se queja: “Las horas de espera nos están matando porque nadie dice nada”. Han ido y han llamado en las últimas 24 horas a todos los lugares en donde podría terminar una persona después de sufrir un accidente: primero, los pabellones habilitados para la emergencia en Urda, después, los hospitales en Toledo y Madrid, y por último, la morgue. Nada.

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Con un saldo insoportable de vidas rotas, la tragedia ferroviaria de Toledo nos devuelve de golpe a la más cruda realidad: no podemos normalizar que viajar en transporte público se convierta en un acto de fe frente a fallos evitables y cadenas de negligencias. Confiamos en una red que, ante la primera brecha, delega toda la responsabilidad en el factor humano bajo presiones incomprensibles. La modernidad de un país no se mide solo por la velocidad de sus trenes, sino por la firmeza con la que prioriza la seguridad por encima de cualquier urgencia operativa. Exigir transparencia y responsabilidades hasta el final no es solo una deuda con las víctimas y sus familias, sino la única manera de rescatar la confianza en unas infraestructuras públicas que hoy nos duelen en el alma.

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