Hay palabras así, estacionales, peregrinas. Palabras que copan nuestras lenguas una vez al año, o cada dos o tres: la situación mundial resuena siempre pero la palabra mundial se vuelve mundial cada cuatro años; turrón, cada invierno; bikini, cada verano. La palabra elecciones aparece cada tanto, pero cuando llega arrasa. Este mes estará todo el tiempo en todas partes, la diremos y oiremos y leeremos sin parar. ¿O no?

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‌Luiz Inácio Lula da Silva no es un personaje excéntrico que haya salido de la nada y dado un vuelco inesperado al poder en Brasil. Es un líder bien conocido a sus 81 años que, tras su victoria del domingo, inicia un cuarto mandato presidencial (no consecutivo: entre el segundo y el tercero estuvieron Dilma Rousseff, Michel Temer y Jair Bolsonaro). Sin embargo, su remontada en la segunda vuelta electoral, después de haber quedado en la primera detrás de Flávio Bolsonaro, fue respondida por la gente del dinero con un sonoro batacazo de los mercados. El real brasileño se depreció el lunes un 7,8% y el índice Bovespa de la Bolsa, que llegó a paralizar las negociaciones ante la ola de ventas, se hundió un 13,4%. Los inversores lo habían apostado todo por el segundo Bolsonaro, el hijo, un candidato nada ejemplar que pasó en pocas horas de prepararse para firmar el indulto para su padre desde el sillón presidencial a huir a Florida para no acabar encarcelado él mismo. Vaya, ¿acaso se les ha visto el plumero ideológico a los mercados? No respondamos todavía.

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Tres asociaciones y casi 70 particulares figuran ya como afectados en el procedimiento del Tribunal Supremo que ha derivado en la suspensión del voto para los nacionalizados por la ley de nietos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo emplazó a personarse el pasado 12 de octubre a los más de 163.000 nuevos españoles a los que ha retirado el derecho al sufragio, y, una vez terminado el plazo de cinco días abierto por el tribunal y examinadas todas las solicitudes, los jueces han aceptado la personación de 69 particulares y de la Asociación de Extranjeristas en Red, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Para todos ellos ha abierto un nuevo plazo de tres días para que presenten alegaciones sobre el procedimiento.

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