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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte IDH el caso de 14 comunidades Maya Q’eqchi’ contra Guatemala
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 17 de septiembre de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 14 comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ contra Guatemala por desalojos forzados, muertes, detenciones arbitrarias y despojo de territorios ancestrales en el Valle del Polochic, hechos que se remontan a 2011 y podrían derivar en una condena internacional al Estado.
La petición fue presentada ante el organismo el 31 de marzo de 2011 y quedó registrada como el caso N.º 13.159. Más de 13 años después de los primeros operativos, Guatemala había transferido tierras a 355 familias Maya Q’eqchi’, sin abarcar a todas las personas afectadas ni acreditar medidas de indemnización.
El reclamo se originó luego de que el Estado otorgara la titularidad de varias fincas del Valle del Polochic a la empresa Chabil Utzaj S.A. para cultivar caña de azúcar. Según la CIDH, la decisión se tomó sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades, que perdieron sus plantaciones tradicionales de maíz, arroz y frijol.
Muertes, heridos y destrucción de viviendas en los desalojos
Los desalojos de 2011 involucraron a autoridades estatales y agentes privados, en operativos que no respetaron los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Murieron Beb Ac y Óscar Reyes, mientras que Miguel Chub Cucul, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax resultaron heridos.
También hubo detenciones arbitrarias, incendios de viviendas y destrucción de cosechas. Las familias fueron desplazadas de las fincas que reclamaban como parte de su territorio ancestral.
Las comunidades promovieron dos acciones constitucionales de amparo el 18 de marzo de 2011 para detener las demoliciones. La primera fue rechazada, mientras que la segunda obtuvo una orden provisional del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz para suspender la destrucción de siembras y casas.
El juzgado no supervisó el cumplimiento de esa medida y la acción terminó igualmente rechazada. La falta de protección judicial forma parte de las violaciones denunciadas ante el tribunal interamericano.
La violencia continuó el 25 de mayo de 2013, cuando la comunidad El Rodeo sufrió un nuevo desalojo extrajudicial atribuido a la empresa. Ese mismo día, empleados intentaron desplazar a unas 95 familias que ocupaban la finca Río Polochic, en el municipio de Panzós.
Cinco campesinos recibieron disparos, entre ellos dos menores de edad, y fueron trasladados al Hospital Nacional de La Tinta. Los hechos profundizaron la situación de desplazamiento de las familias Q’eqchi’ del norte de Guatemala.
La falta de títulos sobre los territorios ancestrales
El Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 111/24 concluyó que no existe controversia sobre la ocupación histórica de las 14 comunidades en esa región. Sin embargo, el Estado nunca delimitó, demarcó ni tituló los territorios a favor de sus habitantes.
Para la Comisión, la posesión ancestral es suficiente para acreditar la propiedad colectiva, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. El organismo sostuvo además que Guatemala no realizó estudios de impacto ambiental y social antes de autorizar el monocultivo de caña de azúcar.
Las autoridades tampoco garantizaron mecanismos adecuados de participación comunitaria. A esa omisión se sumó la inexistencia de un censo confiable sobre la población desplazada: la parte peticionaria afirmó que al menos 387 familias quedaron fuera de los registros oficiales tras los desalojos.
La CIDH señaló además que persistieron acciones de persecución y campañas de desacreditación contra integrantes del Comité de Unidad Campesina, organización vinculada con la defensa de las comunidades. La falta de reconocimiento territorial dejó a las familias sin garantías para habitar y trabajar sus tierras.
El informe de fondo sostuvo: “La falta de reconocimiento y garantía de su derecho a la propiedad comunal ha provocado que las comunidades no puedan usar ni gozar de sus tierras en forma pacífica”. Esa situación, añadió, mantiene incertidumbre sobre la existencia y preservación de las 14 comunidades.
Las reparaciones solicitadas a la Corte Interamericana
La Comisión pidió a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad internacional de Guatemala por la violación de nueve derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: vida, integridad personal, garantías judiciales, acceso a la información, protección de la niñez, propiedad comunal, derechos políticos, protección judicial y derechos económicos, sociales y culturales.
La solicitud menciona los artículos 4, 5, 8.1, 13, 19, 21, 22, 23, 25.1 y 26 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del tratado. También cuestiona la falta de investigación de los actos de violencia contra la población Maya Q’eqchi’.
Entre las reparaciones requeridas figuran la delimitación, demarcación y titulación colectiva de los territorios mediante un título registrable de pleno dominio. El planteo incluye garantías para un retorno seguro de las comunidades y una investigación que identifique y sancione a los responsables de las muertes y lesiones.
La Comisión solicitó medidas para impedir que proyectos legislativos, administrativos o empresariales que afecten a estas comunidades avancen sin cumplir los estándares de consulta y consentimiento previo. También requirió un marco legal que armonice el derecho de consulta con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La Corte Interamericana deberá determinar si Guatemala incurrió en responsabilidad internacional por los desalojos, la falta de titulación colectiva y la ausencia de investigaciones sobre la violencia contra las comunidades del Valle del Polochic.
