Un mensaje en el móvil puede parecer el aviso que una familia lleva horas esperando. Tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, algunas personas han recibido SMS que dicen proceder de la Guardia Civil y aseguran que se ha identificado a un familiar. Esos mensajes son falsos, según ha advertido el organismo encargado de comunicar las identificaciones.

El aviso llega en un momento especialmente doloroso. Hay familias pendientes de noticias y otras que ya han iniciado los trámites para aportar datos que ayuden a identificar a sus seres queridos. Quienes suplantan a los agentes se aprovechan de esa espera para dar apariencia oficial a una información que no les corresponde transmitir.

La clave para reconocer el engaño no está en la forma del SMS ni en el nombre que aparezca como remitente. La Guardia Civil ha explicado que la identificación de una víctima se comunica personalmente a sus familiares. No lo hace mediante mensaje de texto, WhatsApp ni llamada telefónica. Por tanto, un aviso de ese tipo no debe tomarse como confirmación.

Qué dice la Guardia Civil sobre las identificaciones

El Centro de Integración de Datos, activado tras el choque, detectó la circulación de estos avisos y alertó a las familias. La Guardia Civil reiteró que el procedimiento se realiza cara a cara. La información fue recogida también por RTVE, que verificó el contenido de los mensajes. La comunicación presencial busca evitar errores en un proceso que requiere cotejar datos y tratar directamente con los allegados.

Para facilitar la identificación, el cuerpo habilitó oficinas en varias comandancias para familiares de primer grado. Allí pueden aportar información y muestras cuando se les indique. Quien reciba un supuesto aviso no necesita resolver la situación por el canal que propone el remitente: puede contactar con los cauces oficiales o acudir a la oficina que le corresponda. El teléfono habilitado para familias por Renfe es el 900 10 10 20.

La suplantación de una autoridad es una fórmula conocida en otros engaños que apelan a una urgencia familiar. En Urda, la alerta oficial confirma la falsedad de los avisos de identificación. No demuestra, en cambio, que todos los mensajes incluyan un enlace malicioso o que se haya producido un robo de dinero. No conviene añadir a este caso mecanismos que no constan.

Cómo actuar si llega uno de estos mensajes

Lo primero es no responder ni dar por cierto el contenido. Si aparece un enlace, es mejor no abrirlo; tampoco hay que facilitar datos personales o bancarios. Guardar una captura puede ayudar a comunicar el intento de suplantación a la Guardia Civil. Después, la información sobre el familiar debe contrastarse por una vía oficial distinta del propio SMS.

El nombre visible del remitente no garantiza autenticidad. En las estafas por mensajes que aparentan venir de una entidad conocida, esa familiaridad es precisamente lo que se intenta aprovechar. Ante una noticia tan sensible como la identificación de una víctima, la comprobación no debe depender de un clic ni de un teléfono incluido en el propio mensaje.

Si alguien conoce a una familia que está esperando noticias, puede avisarle de esta suplantación con cuidado, sin reenviar el SMS ni difundir nombres. Para los allegados, cada llamada y cada mensaje importan. Por eso, la información fiable tiene que llegar por el procedimiento oficial que la Guardia Civil ha explicado.

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Sara Gilson grabó un vídeo para contar públicamente lo que estaba viviendo. Habló de las acusaciones contra su marido, Jeremiah "Shawn" Duffey, del que se estaba separando. Doce días después, el 23 de julio, la estilista y creadora de contenido de Oklahoma murió de un disparo. Según la policía local, fue Duffey quien le disparó antes de quitarse la vida.

La mujer, de 43 años, había obtenido una orden de protección semanas antes. Esa noche llamó a emergencias desde su casa de Owasso. Los operadores oyeron un disparo y dejaron de recibir respuesta. También llamó su hijo desde la vivienda de un vecino. Cuando llegaron los agentes, encontraron a los dos adultos muertos.

El vídeo difundido por Sara antes de su muerte ha vuelto a circular en redes. En él acusaba a Duffey de una conducta sexual contra una menor. La policía había recibido la denuncia de la madre de una adolescente del equipo de baloncesto que él entrenaba. Esa acusación estaba siendo investigada; no existe una condena por ella y conviene distinguirla de lo que los investigadores concluyeron sobre la muerte de Sara.

La orden de protección que seguía vigente

El 10 de junio, Gilson obtuvo una orden de protección de emergencia. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, la medida obligaba a Duffey a mantenerse alejado de ella y de la vivienda. Fue prorrogada posteriormente y seguía en vigor en julio, cuando ocurrió el crimen. Las órdenes de protección son una herramienta para reducir el riesgo, aunque su existencia no puede garantizar por sí sola que una persona esté a salvo.

La información difundida por la policía de Owasso y recogida por KJRH señala que el hijo de Sara presenció el ataque y pidió ayuda desde la casa de un vecino. El caso ha vuelto a plantear qué ocurre cuando una mujer ha avisado del peligro y su agresor incumple una prohibición de acercamiento. También en España se han conocido casos de acoso pese a las medidas de protección.

Sara había solicitado medidas similares años antes. Los registros judiciales examinados por la prensa estadounidense recogen peticiones de protección en 2021. No permiten, por sí solos, reconstruir toda la convivencia ni anticipar lo que iba a ocurrir cinco años después. Sí muestran que su temor había llegado a los tribunales antes de la petición de junio.

Una denuncia distinta que seguía bajo investigación

La madre de una chica de 15 años denunció a Duffey por presuntos tocamientos y mensajes inapropiados. Un compañero del equipo juvenil de baloncesto comunicó también a la familia lo que decía haber visto durante un entrenamiento. La investigación sobre esos hechos, que implicaba a una menor, no había concluido judicialmente cuando murieron Gilson y Duffey.

En el vídeo, Sara habló con contundencia sobre esas sospechas. Su testimonio ayuda a entender el clima en el que vivía, pero no convierte las acusaciones en hechos probados. Los agentes explicaron después que, tras la denuncia inicial, el asunto pasó a otra jurisdicción por la condición tribal de Duffey y el lugar de los hechos denunciados. No hay base para afirmar que ese traslado causó el asesinato ni para presentar como demostrados posibles errores de las autoridades.

Lo que sí está establecido por la investigación policial es el final: Duffey entró en la casa y mató a Sara antes de suicidarse. Su hijo pudo pedir auxilio. La muerte de Gilson se suma a otras historias en las que la separación y las medidas judiciales forman parte de un conflicto familiar más amplio. En este caso, la orden de protección no evitó el ataque.

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La mujer tenía 90 años y confiaba tanto en su sobrina que la consideraba "como una hija". Esa relación permitió que, en abril de 2014, firmara ante notario la venta de su piso y su plaza de garaje en Sevilla. El precio acordado era de 220.000 euros. Lo que parecía una operación familiar acabó en un proceso penal: el Tribunal Supremo ha confirmado que la sobrina nunca tuvo intención de pagar lo pactado.

La condena es de seis años de prisión para ella y tres para su hijo, que participó en el plan. Los dos aprovecharon la confianza de la mujer para hacerse con los inmuebles y retirar dinero de sus cuentas. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha quedado firme tras el rechazo de los recursos por parte del Supremo.

La tía murió antes de que se dictara la primera sentencia. Sí llegó a declarar en el juicio, cuando tenía 94 años, y el tribunal consideró que había explicado de forma creíble lo sucedido. Fue otra sobrina quien empezó a sospechar al descubrir que había dejado de estar autorizada en la cuenta en la que se ingresaba la pensión de la mujer.

La venta que parecía pagada

Según recoge Diario de Sevilla, la escritura establecía un pago inicial de 30.000 euros y 190 mensualidades de 1.000. La sobrina ingresó la primera cantidad y abonó 24 cuotas. Los jueces entendieron que aquellos movimientos servían para aparentar que cumplía el contrato. Mientras tanto, había abierto una cuenta bancaria a nombre de la tía sin explicarle que su hijo figuraba como cotitular. El joven retiró después el dinero ingresado mediante reintegros y transferencias.

La Audiencia cifró en 53.786 euros lo obtenido por esa vía sin conocimiento ni consentimiento de la propietaria. En 2015, la sobrina vendió la plaza de garaje. Un año después dejó de pagar las cuotas de la vivienda. Según la resolución, los acusados llegaron a ocupar el piso e impidieron usarlo a la tía, aunque la escritura le reservaba el usufructo.

Los condenados defendieron que la venta había sido real y que la mujer sabía lo que firmaba. El Supremo rechazó esa explicación. Para los magistrados, el hecho de que se formalizara ante notario no borraba la intención que mostraban los movimientos posteriores: recuperar los pagos aparentes y quedarse con los bienes.

El dinero de la pensión

La investigación también siguió el rastro de otra cuenta, la que recibía la pensión de la tía. La sobrina consiguió modificar las personas autorizadas para operar en ella y colocó a su hijo. Más tarde se abrió una segunda cuenta, desde la que salieron transferencias y retiradas. Cuando la familia detectó los movimientos, los acusados habían dispuesto de otros 82.364,49 euros, según el relato judicial.

Parte de ese dinero se destinó a un coche para la sobrina y a los estudios universitarios de su hijo. La Audiencia destacó la cercanía que existía entre ellos y la víctima. El Supremo, al estudiar sus recursos, confirmó que había prueba suficiente de un engaño desde el principio. La sala descartó que se tratara de un mero desacuerdo sobre la vivienda y su precio: también se había vaciado dinero de las cuentas de la mujer.

Además de mantener las penas de prisión, la resolución anula el contrato de compraventa del piso y fija una indemnización por el garaje según su tasación. Los herederos de la víctima habían recurrido porque reclamaban un castigo mayor, pero el Supremo mantuvo las penas de seis y tres años ya impuestas. La decisión pone fin a los recursos contra aquella sentencia.

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El padre tenía que pagar una pensión de alimentos a su hija. Dejó de hacerlo, fue condenado y recibió una orden que le impedía acercarse a ella. Cuando la Audiencia de Córdoba revisó el caso, sin embargo, la niña ya vivía con él y estaba bajo su guarda y custodia. Cumplir el alejamiento en esas condiciones podía dejarla sin el cuidado de la persona con la que reside.

Los magistrados han mantenido la condena por el impago y la obligación de abonar 10.664 euros a la madre. También han reducido la prohibición de acercamiento a seis meses, el mínimo que consideran aplicable en este caso. La medida sigue en la resolución, aunque el tribunal pide al juzgado encargado de ejecutarla que examine cómo evitar que perjudique a la menor.

La Audiencia plantea dos posibles caminos: suspender o adaptar la ejecución del alejamiento, y tramitar un indulto parcial ante el Ministerio de Justicia. Ninguna de esas vías equivale todavía a que se haya concedido el indulto o se haya dejado sin efecto la prohibición. Según informó Cordópolis el 23 de octubre, ambas opciones aparecen en la resolución porque la situación familiar cambió mientras avanzaba el proceso penal.

Una deuda acumulada durante años

El convenio de divorcio aprobado en diciembre de 2013 fijó una aportación de 248 euros mensuales para la hija, que entonces vivía con la madre. El padre dejó sin pagar la cuota de marzo de 2021 y, desde abril de 2022, el impago continuó hasta el juicio de octubre de 2025. La Audiencia mantiene la cantidad adeudada por esa pensión de alimentos.

En su recurso, el hombre alegó que había perdido el trabajo y que tenía otros tres hijos con su nueva pareja. El tribunal revisó su situación económica y consideró que había alternado empleos y subsidios superiores a 1.000 euros al mes sin realizar aportaciones a la niña durante más de dos años. Por eso no aceptó su explicación para dejar sin efecto la condena por impago.

La pena principal es una multa de seis meses. A ella se suma el pago de los 10.664 euros pendientes, una obligación que permanece tras la apelación. La discusión que sigue abierta afecta a la ejecución del alejamiento, no a las cuotas que el tribunal considera impagadas.

La custodia cambió durante el procedimiento

Antes de celebrarse el juicio, la hija pasó a estar bajo la guarda y custodia del padre. La Fiscalía, al conocer ese cambio, pidió que el alejamiento se refiriera solo a la madre, y la sentencia inicial no incluyó a la niña en la prohibición. Después, el Ministerio Fiscal solicitó añadirla mediante un auto al considerar que se había producido un error material.

La Audiencia considera irregular aquella corrección posterior: el juzgado había resuelto conforme a lo que le pidieron las acusaciones en el juicio. Aun así, entiende que la prohibición respecto de la menor resulta legalmente exigible por el delito cometido y la rebaja de un año a seis meses. La condena se mantiene, pero su aplicación obliga ahora a tener en cuenta quién cuida de la niña.

Los magistrados recuerdan que un tribunal penal no puede cambiar por sí mismo la custodia, cuestión que corresponde a la jurisdicción de familia. Por ello señalan al juzgado que ejecute la pena el interés superior de la menor y la posibilidad de suspender o adaptar el alejamiento. También dejan abierta la tramitación del indulto parcial. Hasta que se adopte una decisión en esa fase, ninguna de esas soluciones puede darse por concedida.

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Hay pocas festividades españolas que no tengan un dulce asociado a su celebración y el Día de Todos los Santos no iba a ser menos. Aunque, oficialmente, es el 1 de noviembre, los bocados vinculados a esta fecha se pueden encontrar en las pastelerías durante los días previos y posteriores. A los más tradicionales, que se elaboran en nuestro país desde hace siglos, se suman los que preparan para esta celebración en países como México, Perú o Ecuador.

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Antes de dirigir películas, Quentin Tarantino llenaba páginas con historias que imaginaba para la pantalla. Tenía 12 años cuando una discusión en casa le dejó una frase grabada. Según contó años después, su madre se refirió con sarcasmo a aquella pequeña carrera de escritor y le dijo que se había acabado. Él decidió entonces que, si llegaba a triunfar, no compartiría con ella el dinero ganado gracias a sus guiones.

La anécdota vuelve a circular estos días, pero no procede de una entrevista reciente. Tarantino la relató en 2021, durante una conversación con el guionista Brian Koppelman para el pódcast The Moment. La revista ¡Hola! la ha recuperado ahora. Situar bien la fecha importa: el director no ha anunciado esta semana una nueva decisión sobre su patrimonio.

En su recuerdo, el comentario llegó mientras su madre le reprochaba que dedicara tiempo a escribir en lugar de atender los estudios. Tarantino imitó incluso las comillas que, según él, ella hizo con los dedos al hablar de su carrera. La manera de decirlo le dolió tanto como las palabras, explicó al recordar una discusión que tuvo lugar cuando todavía era un niño.

Una promesa hecha en casa

El cineasta reconstruyó la respuesta que no expresó en voz alta: cuando se convirtiera en un escritor de éxito, su madre no vería "ni un céntimo" de lo que ganase. También enumeró aquello que no pensaba comprarle: una casa, unas vacaciones o un coche. Lo contó como una promesa que se hizo a sí mismo, nacida de esa conversación, y no como una cláusula de una herencia o un acuerdo familiar.

De niño, Tarantino veía en la escritura algo más que un pasatiempo. Por eso, al volver sobre aquel momento, advirtió de que el tono sarcástico de un adulto puede dejar huella cuando se dirige a lo que un hijo considera importante. Su relato se centra en el apoyo familiar que echó de menos entonces. Habla de su propia experiencia, sin ofrecer en esa entrevista la versión de su madre sobre la discusión.

Hay, además, un matiz que se pierde cuando la historia se resume diciendo que nunca la ayudó. Tarantino contó que sí intervino económicamente una vez, cuando ella tuvo un problema con la Hacienda estadounidense. No precisó en aquel relato cuánto dinero aportó. Su afirmación sobre no darle parte de su fortuna debe leerse junto a esa excepción, que él mismo mencionó.

Los guiones que siguieron adelante

La escritura continuó siendo el centro de su vida. Según recuerda ¡Hola!, a los 14 años terminó uno de sus primeros guiones y, más tarde, trabajó en un cine y en un videoclub mientras ampliaba sus conocimientos sobre películas. Su madre aceptó que dejara el instituto con la condición de que encontrase empleo. Aquel camino terminó llevándolo al cine, aunque no siguiera una formación académica convencional para dirigir.

Con el tiempo llegaron títulos como Reservoir Dogs y Pulp Fiction, y su relación con las películas siguió ocupando un lugar central en su vida adulta. Esa pasión por el cine empezó mucho antes de que el público conociera su nombre. En el pódcast de 2021, el recuerdo de los 12 años apareció precisamente al hablar de cómo se tomaba en serio la escritura desde pequeño.

La frase sobre el dinero llama la atención por la dimensión de su carrera, pero Tarantino no dio en esa conversación una cifra comprobable de su patrimonio ni describió el estado actual de la relación con su madre. Lo que sí dejó dicho fue por qué conservaba aquella promesa y la excepción que había hecho cuando ella necesitó ayuda con sus impuestos.

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Marta se presenta como una de las personas afectadas por el accidente ferroviario de Angrois de 2013. Trece años después, las noticias sobre nuevos choques de trenes la han llevado a grabar un mensaje: las consecuencias de un siniestro siguen presentes mucho después de que termine la cobertura informativa. Lo dice desde su experiencia, sin detallar en el vídeo las secuelas concretas que sufrió.

El Alvia descarriló el 24 de julio de aquel año en las inmediaciones de Santiago de Compostela. Para Marta, recordar esa fecha ahora significa volver a pensar en las personas que iban a bordo y en quienes esperaban su llegada. Detrás de cada fallecido hay una vida y una familia, insiste, frente al riesgo de reducirlos a una cifra en un informe.

Su mensaje llega después del accidente de Adamuz, ocurrido en enero, y del choque de dos trenes en Urda (Toledo) el 28 de octubre. Son sucesos distintos, cuyas circunstancias deben examinarse por separado. Marta habla desde el lugar de quien ya vivió una tragedia ferroviaria en España y vuelve a reclamar respuestas para las familias afectadas.

Una petición sin culpables anticipados

En el vídeo se dirige a Renfe, Adif y a las autoridades competentes. Les pide que asuman las responsabilidades que correspondan, aunque precisa: "No voy a señalar culpables antes de que se investigue todo". Su reclamación parte de una necesidad de conocer qué ocurrió y de saber qué decisiones se tomarán para proteger a quienes siguen utilizando el ferrocarril.

Marta habla de retrasos, cancelaciones, incidencias y falta de información, experiencias que, dice, los viajeros han terminado por normalizar. Quiere saber si se destinan los recursos necesarios a la prevención y al mantenimiento de las vías. También reclama transparencia sobre las medidas concretas que se adopten y sobre cómo se vigilará su cumplimiento.

Otra de sus preocupaciones es el dinero que requiere mantener una red segura. "La seguridad de las personas no puede quedar supeditada a los costes económicos", afirma. No presenta una cuenta de gastos ni acusa de un recorte específico: está expresando qué prioridad exige como pasajera después de haber vivido un accidente y de conocer los ocurridos este año.

La vida tras el siniestro

"Un accidente de tren no se acaba cuando terminan las noticias", dice Marta al principio de su intervención. Su frase también sirve para mirar más allá de las primeras horas de Urda y Adamuz: mientras avanza la investigación, las familias se ocupan de los heridos, de los fallecidos y de sus propias vidas. Las preguntas continúan después de la emergencia, aunque la atención pública cambie de asunto.

Las personas afectadas por Urda pueden encontrarse además ante gestiones médicas, administrativas y económicas que no se resuelven en un día. Entre ellas están las reclamaciones de las víctimas, cuyo alcance depende de cada situación. Marta no desarrolla esos trámites en su vídeo; sí plantea una pregunta sobre quién responderá y pide que las familias reciban explicaciones.

Las causas de Angrois, Adamuz y Urda no pueden tratarse como si fueran las mismas. Sobre el choque de Toledo, Marta evita atribuir responsabilidades antes de que concluya la investigación. Lo que sí reivindica, después de recordar 2013 y mirar a las víctimas de este año, es que la seguridad de los pasajeros siga siendo una prioridad cuando las cámaras se retiren del lugar del accidente.

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El tren debía volver a salir en pocos minutos, pero el maquinista todavía no sabía por qué se había quedado frenado durante el trayecto anterior. Había llegado con retraso y, al otro lado de la puerta, esperaban cientos de pasajeros. Ante una avería que no lograba identificar, decidió avisar de que el convoy no estaba listo para continuar.

Quien cuenta esta escena es un conductor ferroviario que se presenta como Víctor, un nombre ficticio. Ha trabajado, según explica, en cercanías, mercancías y larga distancia. Tras el choque entre dos trenes en Urda (Toledo), accedió a hablar sin mostrar su identidad por temor a las consecuencias de hacerlo públicamente. Su experiencia al mando de distintos trenes sirve para entender qué decisiones se toman cuando aparece un problema antes de salir.

Durante la conversación recuerda también la presión que siente al mirar hacia el andén y ver a los viajeros esperando. No resta importancia a ese retraso: sabe que afecta a mucha gente. Pero cuenta que, cuando no tiene claro el estado del tren, comprobar si puede circular con seguridad ocupa primero su atención.

El servicio que no quiso iniciar

En la entrevista difundida en YouTube, Víctor describe un trayecto en el que su tren quedó detenido por un problema de frenos. Hizo las comprobaciones que conocía y llamó a los ingenieros para buscar una solución. Consiguió llegar al destino a velocidad reducida, con unos 50 minutos de demora. Allí esperaba otra salida inmediata; la causa del fallo seguía sin aclararse y él no quería volver a circular sin revisar el convoy.

Relata que avisó al personal del tren y pidió que prepararan una alternativa para los viajeros mientras intentaba reiniciar los sistemas. Su postura, tal como la expresa, fue: "Por mí no está útil". Después de apagar y encender el equipo y revisar su funcionamiento, el servicio pudo salir con retraso. Víctor asegura que el tren reanudó la marcha tras esas comprobaciones, cuando consideró que podía hacerlo en condiciones de seguridad.

El maquinista dice haberse encontrado otras veces ante decisiones difíciles por incidencias del material o de la infraestructura. Al hablar del mal estado de las vías, menciona una línea por la que circuló días antes del accidente y que, según su valoración, necesitaba atención. Es una apreciación basada en su experiencia; no acredita por sí sola las condiciones del tramo donde ocurrió la colisión.

 

El alcance aún bajo investigación

Víctor también ofrece su interpretación de lo ocurrido en Urda. Explica que, tras el fallo del sistema LZB, los trenes se detuvieron y el centro de control asumió un papel decisivo para reanudar la circulación. A su juicio, la orden de continuar con marcha normal debe examinarse junto con las condiciones en que trabajaba el personal de control.

El conductor cree que la formación, el mantenimiento y la presión para evitar retrasos influyen en la capacidad de responder a una incidencia. Dice que en las grandes estaciones hay "muchísima presión" y reclama que se estudie el conjunto de la cadena antes de señalar a una sola persona. Son valoraciones de un profesional que habla desde el anonimato, cuya identidad no ha sido comprobada de forma independiente por este periódico.

La investigación técnica sobre Urda continúa. Su primer informe sitúa el inicio de la situación de riesgo en una avería del LZB y describe una secuencia de incidencias e instrucciones que habrá que reconstruir. Todavía debe determinar qué información tenía cada trabajador y por qué las medidas de protección disponibles no evitaron que un tren alcanzara al otro.

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Olvidar dónde dejamos las llaves puede desesperarnos. También ocurre que, años después de una conversación, no recordamos las palabras exactas, pero sí lo que aquella persona quería decirnos. Son experiencias distintas, y la ciencia todavía estudia cómo cambia cada tipo de memoria con la edad.

Tres investigadores de la Universidad de Arizona proponen una forma de mirar esos cambios. Según su hipótesis, al envejecer podríamos dar menos peso a los detalles de cada episodio y apoyarnos más en el conocimiento que hemos reunido durante décadas. La propuesta no significa que todos los olvidos tengan una utilidad.

Fabian-Xosé Fernandez, Sara N. Burke y Lynn Nadel desarrollan esta idea en un artículo publicado en Perspectives on Psychological Science. Es una hipótesis construida a partir de investigaciones anteriores, no el resultado de un ensayo que haya demostrado que el cerebro de todas las personas envejece de ese modo.

Del recuerdo de un momento a lo aprendido con los años

La memoria nos permite recuperar cosas diferentes. Podemos recordar dónde estábamos cuando recibimos una noticia, con quién hablábamos y qué ocurrió después. También podemos conservar el conocimiento general que esa experiencia nos dejó. Los autores plantean que el equilibrio entre ambas formas de recordar podría cambiar con el tiempo.

En su explicación intervienen el hipocampo, importante para recordar episodios con sus detalles, y otras redes cerebrales relacionadas con la integración de conocimientos. La propuesta es que, durante el envejecimiento habitual, la experiencia acumulada gane peso a la hora de interpretar lo nuevo. Eso podría ayudar a reconocer patrones o compartir lo aprendido sin recordar cada escena con la misma precisión.

Se entiende mejor con una situación cotidiana: alguien puede no acordarse de qué se dijo palabra por palabra en una reunión familiar y, aun así, conocer bien la historia de esa familia. Ya hemos contado por qué a veces olvidamos un nombre aunque reconocemos perfectamente a la persona. Recordar tiene varias facetas, y una dificultad concreta no permite sacar conclusiones sobre todas las demás.

Lo que aún falta por comprobar

Los autores describen su trabajo como un marco que permite hacer nuevas preguntas. Harán falta estudios que sigan a las mismas personas durante años y examinen cómo se relacionan los cambios cerebrales con su memoria. Por ahora, no se ha probado que perder precisión sea siempre una adaptación ni que cada persona gane otras capacidades en la misma medida.

También conviene separar el envejecimiento habitual de las enfermedades. El artículo propone investigar mejor esa diferencia, pero no ofrece una prueba para diagnosticar alzhéimer. Los problemas de memoria que empeoran o alteran la vida diaria merecen una valoración profesional; no basta con atribuirlos a la edad ni con explicar cada olvido mediante esta hipótesis. Otra investigación sobre pequeños despistes cotidianos muestra precisamente que el contexto importa antes de interpretar un fallo de memoria.

La idea resulta sugerente porque invita a mirar lo que una persona mayor sabe y aporta, además de lo que le cuesta recordar. Pero su valor científico dependerá de las pruebas que vengan después. Por ahora, es una explicación posible sobre cómo cambia la memoria, no una respuesta definitiva para cualquier olvido.

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Hay una fila que avanza por donde no debe y alguien se coloca detrás. Ese gesto cotidiano ayuda a entender la pregunta de un equipo de investigadores: ¿influye lo que vemos hacer a otros cuando decidimos cumplir una norma? Para estudiarlo, organizaron una tarea en línea con 750 participantes de Estados Unidos.

El trabajo, publicado en Proceedings of the Royal Society B y explicado por The Guardian, encontró que las infracciones visibles podían animar a otras personas a desviarse también. El tamaño de la desviación importaba: observar a alguien que se apartaba mucho de la regla produjo un cambio mayor que ver una infracción pequeña.

Eso no significa que todos los participantes imitaran a los demás. Cerca de un tercio siguió la norma durante toda la prueba, incluso cuando hacerlo no daba la recompensa más alta. La respuesta no fue igual para todo el mundo.

Una estrella fugaz y una decisión con premio

La tarea mostraba una estrella animada que se movía por una hilera de cien casillas. Cada persona debía elegir la casilla que había brillado con más intensidad. Esa era la regla. Pero el diseño ofrecía un incentivo para incumplirla: marcar una casilla situada más a la derecha podía dar más dinero, aunque no fuera la respuesta correcta.

Después de elegir, los participantes veían la decisión de otra persona y podían cambiar la suya. El procedimiento se repitió seis veces. Así, los investigadores compararon qué ocurría cuando el ejemplo observado respetaba la regla, la infringía un poco o se alejaba claramente de ella.

Ver a alguien cumplirla redujo ligeramente las infracciones. Una desviación pequeña elevó un poco la tendencia contraria. Cuando el otro participante se saltaba la regla de forma más evidente, algunas personas acababan yendo incluso más lejos. Los autores exploraron después, mediante simulaciones, cómo podrían acumularse esas decisiones dentro de un grupo.

La investigación se suma a otras preguntas sobre cómo ajustamos nuestra conducta al entorno. No siempre copiamos de forma consciente lo que vemos; la imitación de gestos o formas de hablar ofrece un ejemplo distinto de esa influencia social. En este experimento, lo observado fue más concreto: elegir una respuesta sabiendo que se apartaba de una instrucción.

Lo que la prueba permite decir

Los resultados muestran que las decisiones de otros influyeron en esta tarea, con un pequeño premio económico y sin una sanción por incumplir. Stephen Reicher, investigador que no participó en el estudio, señaló a The Guardian que esas condiciones limitan lo que puede concluirse sobre situaciones reales, donde pueden intervenir consecuencias y relaciones más complejas.

También importa quién da el ejemplo. El estudio examinó la afinidad entre participantes y halló diferencias en su influencia. Por eso, hablar de "contagio" es una forma abreviada de describir el resultado, no una prueba de que cualquier infracción se propague automáticamente entre desconocidos.

En un grupo, incluso quien observa antes de actuar puede tomar una decisión distinta según el contexto. La conducta de quienes primero observan al resto recuerda que mirar no equivale siempre a seguir. En la prueba, unos cambiaron su elección y otros mantuvieron la regla hasta el final. Esa diferencia individual también forma parte del hallazgo.

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Los dos hijos de un fontanero municipal de Zaragoza han tenido que continuar la reclamación que inició su padre. Él enfermó tras trabajar expuesto al amianto y falleció en noviembre de 2017. La familia reclamaba una indemnización por los daños que, según los tribunales, guardaban relación con su trabajo.

El litigio llegó al Tribunal Supremo por una cuestión difícil de entender a primera vista: el Ayuntamiento había ingresado 264.562,43 euros en la Seguridad Social para financiar un aumento de la pensión del trabajador. Una sentencia anterior trató esa suma como si la familia ya la hubiera cobrado y la descontó de la indemnización.

El Supremo ha corregido esa cuenta. Su sentencia del 20 de julio de 2026 reconoce a los dos hijos 214.594,65 euros, más intereses, a repartir por mitad. El pago corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza.

Una reclamación que pasó de 286.126 a 16.172 euros

El padre había trabajado como fontanero para el consistorio. Su enfermedad fue reconocida como profesional y se le concedió una incapacidad permanente absoluta. También se apreció que faltaron medidas de protección en su puesto, por lo que su prestación se incrementó un 50 %.

Tras su fallecimiento, los hijos siguieron la reclamación de responsabilidad patrimonial. Un juzgado fijó inicialmente la compensación en 286.126,20 euros. Después, el tribunal aragonés la redujo un 25 % al considerar que el tabaquismo había contribuido al resultado. Además, restó el dinero que el Ayuntamiento había ingresado para el recargo de la pensión. El importe final cayó a 16.172,82 euros.

Ahí estaba el desacuerdo que los hermanos llevaron al Supremo. Aquellos 264.562,43 euros no habían entrado en la cuenta del trabajador ni en la de sus hijos: se ingresaron en la Tesorería General de la Seguridad Social para sostener el aumento mensual de una prestación. Y, al morir el beneficiario pocos meses después de que se reconociera, dejó de percibir ese incremento.

El amianto ha dado lugar a otros litigios por daños laborales y falta de protección. En este caso, la responsabilidad del Ayuntamiento por la enfermedad y el fallecimiento ya se había reconocido. Lo que quedaba por resolver era cuánto podía descontarse de la compensación.

Por qué el Supremo cambia la cifra

La sala distingue dos conceptos. Uno es la indemnización por los daños atribuidos a la falta de protección. Otro es el recargo de las prestaciones de Seguridad Social que se impone por incumplir medidas de seguridad laboral. Tienen finalidades distintas y el segundo no reduce automáticamente el primero.

Ese recargo por falta de seguridad se paga mediante la prestación, no entregando a la familia el capital que el empleador deposita para financiarla. Por eso el Supremo considera incorrecto hablar de un doble cobro. Los hijos nunca recibieron esa suma de 264.562,43 euros.

La sentencia mantiene, sin embargo, la reducción del 25 % por la contribución del tabaquismo, extremo que no revisa en su decisión final. Así resulta la cifra de 214.594,65 euros: el 75 % de la indemnización fijada inicialmente. Para los hijos, la resolución cierra una discusión larga sobre un dinero que figuraba en el expediente, pero que nunca había llegado a sus manos.

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