Tras la derrota del Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, Pedro Sánchez disolvió las Cortes y avanzó la convocatoria de las generales que se celebrarían al cabo de tres meses. Aunque la XIV legislatura ofrecía un notable legado de políticas sociales para defender en campaña, parecía altamente improbable que Sánchez lograse revalidar la presidencia del Gobierno. Así lo profetizaban las encuestas, así lo soñaban los centros de poder de Madrid DF, así lo dictaban quienes fantaseaban con cargos e influencia. Pero el cutrísimo acuerdo suscrito al cabo de dos semanas entre el Partido Popular y Vox, que hizo presidente al inefable Carlos Mazón con medidas neofranquistas, empezó a perfilar la pregunta fundamental a la que los españoles respondieron el 23 de julio durante las horas que estuvieron abiertos los colegios electorales: ¿querían o no que su país fuese gobernando por una coalición entre conservadores y la derecha radical? La mayoría, con ideologías distintas y acentos diversos, dijimos no. Con fórceps se logró una mayoría de investidura cuyo exclusivo factor de cohesión, más que un proyecto de país, era ese no: un no a la entrada de Vox en el Gobierno para evitar la tormenta que anuncia el cielo. El Ejecutivo que salió de las urnas de 2023 debía responder a una urgencia digamos democrática: actuar con inteligencia y eficiencia para aminorar las posibilidades que los jinetes reconquistadores de Abascal acabaran sentados con la motosierra en la mesa del Consejo de Ministros. Y este objetivo no se ha cumplido. No ha sido tanto la corrupción, que bueno. Lo que la izquierda no podía permitirse era que la ciudadanía perdiese la confianza en el Estado. Y Paiporta, Adamuz, Ceuta y Urda. Puede haber ideología que defender, pero esta vez no hay legado. Es jodido constatarlo, pero es lo mínimo.

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