Uma nova onça-pintada foi registrada no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, pelo Projeto Onças do Iguaçu, neste último domingo (25). O animal ainda não teve o gênero identificado, mas já foi nomeado de Mbyja, que significa estrela em guarani.
Veja as imagens feitas por câmeras posicionadas no parque:
Segundo uma nota do Projeto Onças do Iguaçu, o sexo da onça ainda não foi identificado, mas já conseguiram analisar que Mbyja é adulta.
“E a gente está muito feliz com esse registro. Todo novo registro de onça, toda oncinha nova nascendo, ou uma onça desconhecida que a gente registra é um sinal de esperança, novas onças na população é um sinal de esperança, né?”, apontou Yara, do projeto.
El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ha asumido ante la Audiencia Nacional la responsabilidad de abrir la valla fronteriza durante la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. El mando ha defendido ante la jueza María Tardón que la decisión fue exclusivamente suya, sin que ningún superior le ordenara hacerlo, y ha asegurado que actuó para evitar que las personas que se agolpaban en la frontera se echaran al mar y trataran de acceder nadando a la ciudad autónoma.
Según fuentes jurídicas, Lobo ha explicado que el exdelegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, no le dio instrucciones operativas durante la crisis. El teniente coronel ha sostenido que se limitó a informarle de lo que estaba ocurriendo, mientras que las decisiones sobre cómo responder a la llegada masiva de personas desde Marruecos las adoptó él mismo sobre el terreno.
La comparecencia de Lobo se ha producido el mismo día en que ha declarado como testigo el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Fagés, con quien el teniente coronel protagonizó una discusión por la apertura del acceso fronterizo.
Fagés ha ofrecido una versión sobre la preparación y respuesta policial que dibuja un escenario de falta de instrucciones y de ausencia de un dispositivo extraordinario ante la magnitud de lo ocurrido. Según fuentes presentes en su declaración, el inspector jefe ha asegurado que no recibió órdenes sobre cómo actuar, ni durante la jornada de la entrada masiva ni en los días previos, y que tampoco participó en reuniones de coordinación o planificación para afrontar una eventual avalancha.
La discusión por la apertura de la frontera
La decisión de abrir la cancela se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la actuación de las fuerzas de seguridad. Mientras Lobo ha defendido que permitir el paso era la opción necesaria para evitar que la multitud se arrojara al mar, Fagés ha explicado ante la magistrada que las instrucciones que defendía eran diferentes.
El inspector jefe ha relatado que, cuando se produjo la entrada masiva, se aproximó con sus hombres a la valla para tratar de contener la llegada de personas desde Marruecos. Su testimonio sitúa la intervención policial en un escenario en el que, según su versión, no existían directrices previas sobre cómo responder a una situación de esas características.
El despliegue marroquí la noche anterior
Miguel Lobo ha explicado también ante la jueza Tardón que la noche anterior a la entrada masiva de migrantes en Ceuta detectó el despliegue de seis embarcaciones de la Armada marroquífrente a la frontera. El mando de la Guardia Civil interpretó aquel movimiento como un refuerzo de la seguridad y se lo trasladó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. “Han reforzado, a ver si estamos más tranquilos esta noche”, le comentó, según fuentes jurídicas conocedoras de su declaración.
Las embarcaciones que identificó eran dos interceptoras, dos patrulleras y otras dos de menor tamaño. Lobo ha relatado que informó al delegado de este movimiento, aunque ha asegurado que no recibió de él ninguna indicación operativa y que las decisiones sobre cómo responder a la entrada masiva de migrantes, entre el 30 y el 31 de julio, fueron exclusivamente suyas.
El Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) estudia emprender acciones legales contra el de Baños de Montemayor (Cáceres) después de que este último pagara el traslado y cinco noches de alojamiento de una familia que había protagonizado un conflicto por una presunta okupación en unos apartamentos turísticos de la localidad extremeña.
La historia comenzó el pasado 30 de septiembre, cuando un matrimonio y sus dos hijos llegaron a los Apartamentos Turísticos La Plazuela, en Baños de Montemayor, para una estancia de siete días que debía concluir el 7 de octubre. Sin embargo, llegado ese momento, la familia no abandonó el establecimiento y alegó disponer de un supuesto contrato de alquiler de siete años que le permitiría permanecer en el inmueble, un documento cuya existencia niega la propietaria, que sostiene que el acuerdo alcanzado era únicamente el de una reserva turística.
Lo que inicialmente era una disputa entre los okupas y los responsables del alojamiento terminó convirtiéndose en un conflicto que alteró la convivencia en una localidad de unos 700 habitantes del norte de Cáceres. Los propietarios denunciaron problemas de convivencia, pérdidas económicas por las reservas que tuvieron que cancelar y dificultades para recuperar el inmueble, mientras que parte de los vecinos se sumó a las protestas frente al establecimiento, con caceroladas y concentraciones que aumentaron la presión para encontrar una solución.
Durante aquellos días, el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, encabezado por la alcaldesa Nieves del Vado (PP), intervino para tratar de poner fin a una situación que se había enquistado, en unas gestiones en las que también participó la Guardia Civil y que coincidieron con la contratación, por parte de los propietarios, de una empresa especializada en desokupaciones. La solución llegó el 20 de octubre, cuando la familia abandonó finalmente los apartamentos y emprendió un viaje que terminaría abriendo un nuevo frente, esta vez entre dos ayuntamientos.
Un taxi hacia Mataró y cinco noches de alojamiento
La salida del inmueble se produjo con un desplazamiento hasta Mataró que, según la versión de la alcaldesa extremeña, eligieron los propios okupas porque aseguraban tener allí familiares o conocidos. El Ayuntamiento de Baños de Montemayor asumió el coste del taxi y de cinco días de alojamiento, un desembolso que Del Vado ha justificado como parte de la solución negociada para resolver el enfrentamiento con los propietarios.
La regidora ha explicado que el dinero salió de una partida municipal de contingencias y ha defendido que la intervención permitió recuperar el apartamento y poner fin a las protestas que se habían sucedido durante las jornadas anteriores. Según su relato, los okupas llegaron a solicitar cerca de 1.000 euros adicionales para manutención, una petición que asegura haber rechazado y tras la que, sostiene, amenazaron con regresar al establecimiento si no recibían esa cantidad.
La alcaldesa también ha explicado que esperaba que, una vez en Mataró, la familia pudiera acudir a los servicios sociales municipales en caso de necesitar asistencia, aunque no hubo una coordinación previa con el Ayuntamiento receptor. Fue precisamente esa falta de comunicación la que abrió un segundo frente cuando el caso trascendió públicamente. El alcalde de Mataró, David Bote, conoció por los medios de comunicación que su municipio había sido el destino de una familia cuyo traslado y alojamiento había financiado otro consistorio, sin que el suyo hubiera participado en las gestiones ni recibido información sobre la operación.
El alcalde cuestiona el uso de fondos públicos
Bote ha reprochado a Baños de Montemayor que resolviera el conflicto facilitando el desplazamiento de los okupas a otra ciudad sin advertirlo previamente y ha defendido que las administraciones no pueden afrontar este tipo de situaciones trasladando sus consecuencias a otros municipios. El regidor socialista cuestiona tanto el procedimiento seguido como la utilización de recursos públicos para sufragar el viaje y la estancia, y ha anunciado que sus servicios estudian posibles acciones legales.
Entre las vías que se han planteado figura la posibilidad de acudir al Tribunal de Cuentas para que examine el desembolso. El alcalde ha precisado que las eventuales iniciativas se dirigirían contra el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, no contra la alcaldesa a título personal.
La polémica gira ahora en torno a la justificación del gasto y a las circunstancias en las que se tomó la decisión de trasladar a la familia. Para determinar si existe alguna irregularidad será necesario conocer el expediente administrativo, la autorización del desembolso y las facturas, así como la justificación de su finalidad pública. La utilización de una partida de contingencias, como sostiene la alcaldesa, no acredita por sí sola que el pago fuera irregular ni que estuviera debidamente justificado.
Mientras los dos ayuntamientos intercambian reproches, los propietarios también han denunciado desperfectos, suciedad y la desaparición de un televisor, además de las pérdidas económicas por las reservas canceladas durante los días en los que no pudieron disponer del alojamiento. El caso ha incorporado también afirmaciones sobre supuestos episodios similares protagonizados por los okupas en otros puntos de España, aunque esas referencias no permiten dar por acreditados otros casos sin documentación que los respalde.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro intensifican sus estrategias para atraer a los millones de electores que no acudieron a las urnas en la primera vuelta. ¿Qué cambiaron ambos candidatos en sus campañas para ampliar su respaldo y conquistar el voto de los abstencionistas? ¿Qué papel puede desempeñar ese electorado en el desenlace de la contienda? Lo analizamos en El Debate de France 24.
Começo a nossa conversa desta quinzena pedindo licença para tomar um caminho um pouco mais informal que o habitual. Essa coluna se torna em parte um pedido, em parte um desabafo de uma economista cansada, mas ainda em pé.
Desde os resultados do 1º turno das eleições, no início do mês, está difícil pensar, falar ou postar sobre qualquer outra coisa. Em meio a tentativas de vira-voto, vídeos caseiros, ligações para familiares distantes e algumas conversas nas ruas, vi um post no Instagram de um apoiador de Flávio Bolsonaro que dizia algo na linha de “essa semana, alguém virá conversar com você sobre política. Pergunte para ele se ele sabe o que é taxa Selic, inflação, curva de juros e como isso impacta a economia e o bolso dela.”
A ironia é que existem várias e vários economistas que sabem bastante sobre tudo isso e, ao contrário da sugestão do Instagram, continuam defendendo uma agenda progressista. Inclusive, fica a dica para você ler minha coluna: (Quase) tudo o que você precisa saber sobre o Copom e a Taxa Selic, divulgada aqui na Agência Pública em 11 de agosto.
Além da ironia, a verdade é que essa mensagem implica que, quem entende de verdade de economia não vota na esquerda — ou em Lula. Como se as pautas progressistas fossem inerentemente prejudiciais ao desempenho econômico do país.
Existe um mito bastante difundido de que uma gestão econômica responsável imediatamente se traduz em escolhas amargas: ajustes fiscais, arrochos e escalas de trabalho ultrapassadas — superadas por propostas como a de Rick Azevedo, Erika Hilton e dos movimentos de trabalhadores que conquistaram semana passada o fim da Escala 6×1 no Brasil (longa vida!) Em síntese, a ideia é de que quem estudou Ciências Econômicas, que são “inquestionáveis, técnicas e objetivas”, sabe que o verdadeiro preço das políticas sociais é o afundo econômico do país.
O que eles não contam é que toda história tem um lado. E que quem normalmente assume o personagem técnico, isento e portador das más notícias tem um. E não é o nosso.
Sob a gestão econômica de Paulo Guedes, o grande guru dos economistas “sem lado”, o Brasil cresceu uma média de 1,5% ao ano, excluindo os anos atípicos da pandemia da conta. Nos três primeiros anos do terceiro mandato de Lula, o crescimento foi de 2,98%. O cálculo é feito a partir da série de variação real do Produto Interno Bruto, do IpeaData.
O mesmo discurso tecnocrata foi utilizado para atacar quem propunha a viabilidade da redução da jornada de trabalho. Fazendo cálculos, alguns economistas afirmaram que a redução da jornada custaria até 11% do PIB brasileiro. Usando o mesmo método, mas premissas diferentes, a professora Marilane Teixeira, do CESIT Unicamp, chegou num crescimento de produtividade em 4%, na manutenção do PIB e em 3,62 milhões de novos empregos.
Isso não quer dizer que uma conta esteja mais certa do que a outra, mas que conta nenhuma, como raciocínio econômico nenhum, é imparcial ou apolítica.
Quando se veste de técnica e isenta, a economia ganha autoridade para defender argumentos às vezes classistas, às vezes racistas, misóginos ou xenofóbicos. Em geral, impopulares, no sentido mais cru da palavra: antipovo.
Quem se lembra da frase famosa do economista Delfim Netto, ministro da Fazenda durante a Ditadura Militar, que dizia em fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo? A defesa era pelo crescimento econômico primeiro, e a distribuição depois, às custas de um arrocho salarial forte e de intensa concentração da renda nas mãos de poucos.
“Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui.”
É por isso que peço, leitoras e leitores, que não se deixem enganar por esse discurso dos “tecnocratas alucinados”, como dizia a professora.
Um economista que quer te vender um plano econômico que promete crescimento às custas da sua qualidade de vida, na definição da jornada de trabalho, ou na condução do Ministério da Fazenda, não o faz porque é isento e não enxerga alternativas. Faz porque sabe que é difícil argumentar contra um conhecimento elitizado.
A economia é política tanto quanto é técnica, e toda técnica, vale lembrar, é também um instrumento político potente.
Finalizo citando mais uma vez a professora, que foi capaz de reunir Dilma Rousseff e José Serra na mesma sala, à véspera das eleições presidenciais de 2010. Dois de seus alunos mais famosos e rivais declarados, inclusive no projeto econômico. Na ocasião, para celebrar os 80 anos de Conceição, esquerda e direita se uniram e brindaram a democracia acima da técnica.
Só faz de conta que a política não lhe interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política interessa muito.”
Maria da Conceição Tavares
em aula de Economia Política ministrada no Instituto de Economia da Unicamp em 1992.
Na sexta-feira, dia 25 de setembro, às vésperas do primeiro turno das eleições, o presidente Lula assinou a Medida Provisória (MP) 1394, que proíbe a atuação das bets no país. A MP é uma vitória, ainda que venha tarde.
É apenas o começo de uma batalha jurídica e regulatória que irá se desenrolar no próximo mandato eleitoral, com papel central tanto do presidente eleito quanto dos demais parlamentares. Afinal, deputados e senadores compõem as comissões mistas que analisam as medidas provisórias, e, para virar lei, uma MP também precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.
Que o vício em apostas – a ludopatia – tem um impacto grande na saúde da população, já está estabelecido, tanto em termos psicológicos quanto financeiros. Não são poucos os casos de pessoas que perdem bens materiais, se endividam e quebram relações familiares por causa das apostas.
O marido de uma amiga não tem celular desde o ano passado: foi a condição para que seguissem o relacionamento, depois de ele perder tudo o que tinham guardado e até vender o carro para seguir jogando.
Rafael Borges Amaral, de 26 anos, perdeu a vida na batalha contra a ludopatia. A carta escrita por sua mãe, Vânia de Souza Borges, não foi ouvida pela CPI das Bets, mas alcançou o Brasil e ajudou a levantar a bandeira de muitas outras famílias pela proibição das apostas online.
A saúde das pessoas é muito mais importante do que qualquer impacto econômico. Antes de pensar no PIB ou na arrecadação tributária, é a vida que precisa ser colocada em primeiro plano.
Então, mesmo se proibir as bets fosse ruim para a economia, seria a decisão acertada.
Mas este não é o caso. Para a economia do país, acabar com esses jogos é bastante benéfico.
Isso porque a renda que é absorvida pelas bets não retorna em mesmo volume para a economia do país. Ela é tirada de circulação, em grande parte apropriada pelas casas de aposta, muitas das quais nem no Brasil estão.
Então, além da renda que sai do bolso das famílias e prejudica suas contas diárias, a economia do país como um todo é afetada.
Isso porque, quando alguém vai ao mercado e gasta dinheiro comprando um produto ou contratando um serviço, esse valor retorna em maior escala para a economia. É o que chamamos de efeito multiplicador.
Por exemplo, se eu compro R$ 100 no mercadinho, estes R$ 100 viram a renda do comerciante. Ele, por sua vez, vai gastá-la, o que gera renda para outra pessoa, que também vai gastar, e assim por diante. No final, R$100 viram muito mais em atividade econômica. A roda da economia gira.
Mas, se eu perco estes mesmos R$ 100 num cassino online, este dinheiro não comprou nada, não gerou demanda nenhuma. E a maior parte dele não vai retornar em prêmios, vai ser retida na casa de apostas.
Um estudo conduzido pelo professor Guilherme Klein para o Centro de Estudos de Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo (Made/USP) dimensionou o impacto das bets nesse movimento.
A conta é a seguinte. O Centro Celso Furtado estimou que, em 2025, houve uma transferência bruta de R$ 62,5 bilhões para as plataformas de apostas. Ou seja, somando tudo o que foi apostado e redistribuído em prêmios, as bets ficaram com mais de 60 bilhões para si.
Com esse número, o professor estimou alguns cenários diferentes, com hipóteses mais ou menos otimistas sobre o papel econômico do setor de apostas, e chegou numa perda total para a economia brasileira de algo entre R$ 90,9 bi e R$ 141 bilhões de reais – ou de 0,7 a 1,1% do PIB do nosso país.
De um terço a metade do crescimento da economia brasileira em 2025. Até cinco vezes mais do que o impacto estimado para o tarifaço americano.
Mesmo quando consideramos o ganho de arrecadação que a regulamentação das apostas trouxe, regular sai mais caro para o país do que proibir. No Estudo do Made, o efeito final é de uma redução entre R$ 14,6 bilhões e R$ 35,6 bilhões na arrecadação de impostos.
Isso sem nem considerar a elevação dos gastos em saúde pública para tratamento do vício em apostas. Conforme o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), as bets geram um custo anual para o SUS de R$ 30,6 bilhões.
No fim, a soma do jogo é clara. Com a proibição, ganham as pessoas, sua saúde mental e financeira, e a economia do país. Só perdem, mesmo, as casas de apostas – e os influenciadores que elas remuneram.
Uma grande novidade deste período eleitoral é a constatação por parte das campanhas – de todos os espectros políticos – de que 51,5% do eleitorado é composto de mulheres. E que, por isso, falar delas e de pautas que as interessam talvez seja uma boa ideia.
A aproximação da direita e da extrema direita ao público feminino não é de hoje. O crescimento de figuras como a Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a própria Michelle Bolsonaro (PL-DF), ex-presidente do PL Mulher, são exemplos disso.
Claro, existem personalidades e falas misóginas também na esquerda. Mas essa “direita pró-mulher” me é um pouco estranha porque, afinal, o projeto da direita é, em essência, machista. Afinal, o neoliberalismo é ancorado em políticas econômicas que não só prejudicam relativamente mais as mulheres como dependem de forma basilar da exploração gratuita de seu trabalho.
Um exemplo bastante conhecido é o das creches públicas. Um projeto de Estado mínimo que se desresponsabilize do investimento na educação infantil nunca vai se preocupar em garantir vagas para todas as crianças.
Isso, por um lado, reduz a possibilidade de autonomia econômica das mães, que têm restrita sua possibilidade de trabalhar fora porque precisam ofertar cuidado para as crianças em tempo integral – sem compensação financeira. Já que hoje, cerca de 30% das mulheres que não buscam trabalho remunerado afirmam não o fazer por precisarem se dedicar ao cuidado de familiares e a afazeres domésticos.
Por outro lado, este projeto terceiriza para a figura das famílias – na prática, quase sempre só às mulheres – uma carga que deveria ser da sociedade como um todo, a de manter e reproduzir a vida.
No caso das crianças, elas são a força de trabalho do futuro.
Ou seja: o país só cresce, produz e prospera porque há algumas décadas uma parte das mulheres dedicou anos de suas vidas para criar gratuitamente quem hoje compõe a massa de trabalhadores.
O benefício da educação das crianças é apropriado por todos, mas os custos são vistos como uma responsabilidade privada – e que tem gênero.
Ou seja, a direita neoliberal prega o desmonte de um aparato de políticas públicas importantíssimas para a autonomia feminina.
Voltando ao exemplo das creches, uma das propostas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é a ampliação da vaga de creches, usando como recurso, no caso de falta das vagas públicas, a distribuição de “vouchers” para creches particulares.
Por trás de uma aparente defesa da autonomia das mulheres (que pouco convence a quem conhece o candidato, sua família e seu entorno político, com histórico de falas bastante machistas, diga-se de passagem) há uma repetição dessa mesma lógica neoliberal que estamos discutindo.
Ofertar “vouchers” para a educação pública é, de novo, tirar a responsabilidade do Estado e da coletividade e direcionar para o mercado privado. Além disso, tem efeitos ambíguos, pois raramente conduz a uma melhoria do serviço ofertado. Mercantilizar um serviço que não segue a lógica operacional de mercado traz mais malefícios do que ganhos.
Uma política de “vouchers” expande, a princípio, o número de vagas, porque gera um incentivo financeiro para a criação de equipamentos de creche particular. Mas dificilmente os valores repassados às famílias serão suficientes para custear uma educação de elite. Criam-se aparelhos voltados para o atendimento desse mercado, com pior qualidade, superlotação e outras estratégias para garantir que uma atividade que não é muito lucrativa por princípio vire um bom “negócio”.
A educação infantil vira uma máquina de fazer dinheiro, e assim há ainda menos incentivo para resolver o problema da falta de vagas na rede pública.
Quem perde são as crianças. E as mulheres que cuidam delas.
Num outro caminho, a Política Nacional de Cuidados, instituída em dezembro de 2023, dá um passo na garantia do direito universal às creches públicas. Sua aprovação e a subsequente criação do Plano Nacional de Cuidados Brasil que Cuida foram uma vitória importante do movimento feminista no governo atual. Meses antes fora criada a Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família, no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e da Secretaria Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, no Ministério das Mulheres. São dois órgãos criados para construir políticas sólidas para as mulheres.
O Plano prevê a criação de 100 mil novas vagas em creches e pré-escolas até 2027.
Segundo o MEC, no ano de 2025, 48,5 mil dessas vagas foram criadas. Uma melhoria, mas que não garantiu o cumprimento da meta do Plano Nacional da Educação, que estipulava 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas até esse mesmo ano. O percentual final foi de 41,8%, o maior da história, mas ainda aquém do planejado.
Ou seja, o caminho está colocado, mas os esforços atuais não bastam. Até porque a execução integral desta e de outras ações do plano depende de garantia orçamentária e compromisso político, que não estão dados por enquanto.
Mesmo numa vitória petista, será preciso pressionar pela continuidade e ampliação das políticas, e sobretudo por espaço para elas no orçamento.
Percebendo que as mulheres serão força definidora nesta eleição, todos os candidatos direcionam a nós muitas propostas.
Mas não sejamos ingênuas. Se, para uns, somos parte da vida e da agenda política – e, com eles, conseguimos negociar pelo avanço de nossas pautas – para outros, nossas aflições se tornam belos tíquetes para ainda mais mercantilização.
Canarias participará por primera vez en los 'Juegos Olímpicos' de la Formación Profesional (FP). Matías Alejo, del IES Geneto, y Laura Puerto, representante del CIFP Virgen de las Nieves y alumna del CIFP Virgen de Candelaria, viajarán del 22 al 27 de septiembre a Shanghái (China) para competir en la WorldSkills Competition, la mayor cita mundial de la FP. Cada uno lo hará en una modalidad distinta. Mientras Alejo competirá en Carpintería, Puerto lo hará en Servicios de Restaurante y Bar. Allí no tendrán que correr 100 metros lisos ni saltar con pértiga, sino demostrar, con la sierra y la bandeja, por qué son los mejores en sus disciplinas.
La residencia escolar Pedro García Cabrera, ubicada en La Laguna, acaba de comenzar el curso académico 2026/2027 sin el servicio de vigilancia nocturna que tenía contratado en años anteriores, lo que ha llevado al equipo directivo de la residencia a asumir el acompañamiento nocturno del alumnado. Estas jornadas, que se organizan por turnos, no forman parte de sus funciones ordinarias y se suman al horario laboral que deben cumplir al día siguiente. Se trata, por lo tanto, de una situación que ha generado malestar entre los docentes y que supone una carga adicional que repercute en su descanso.
Em agosto foi divulgado o relatório sobre a reforma da Segurança Social encomendado pelo governo de Luís Montenegro ao grupo de trabalho coordenado por Jorge Bravo. Insere-se na ofensiva contra o sistema público de pensões que tem sido denunciada neste jornal. A nova agenda procura instaurar uma repartição à imagem da capitalização e dos sistemas complementares, trocando valores solidários por uma extensão do mercado em que o Estado subvenciona quem menos precisa. Está a emergir uma nova (…)
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