La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado una providencia en la tarde de este miércoles por la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario de Urda. Dicha prohibición alcanza 2 kilómetros de la vía de Alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona, según informa el Tribunal Superior de Justicia. Además, la juez prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.
La decisión de la jueza instructora se produce con el fin de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios, explica el comunicado.
Otro de los acuerdos de la jueza instructora durante la tarde ha sido la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, para su posterior análisis.
Recabar datos de Atocha y de Adif
Además, la jueza instructora ha oficiado por una parte a la Policía Judicial para personarse en el centro de control de Atocha, a fin de que se recaben datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro, así como informe de la comisión de investigación de ADIF sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente.
Por otro lado, se ha oficiado a la Policía Judicial de Toledo para recabar datos de ADIF relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario.
Finalmente, se ha dictado Auto por el que se acuerda el secreto de sumario de las actuaciones.
Los tres audios clave de la tragedia, dos conexiones entre la maquinista del tren Iryo que estaba parado y el controlador de Atocha y uno del maquinista del AVE que venía por detrás y este mismo operador, demuestran con claridad los errores que se cometieron. El controlador da la orden al tren AVE, que estaba 25 kilómetros por detrás del Iryo, de que reinicie “la marcha normal”, y no a vista, como señalaba el protocolo, con una limitación de 40 kilómetros por hora. Y, además, lo hace sin comprobar que no hay ningún tren delante obstaculizando la vía. La maquinista del Iryo también recibe la misma orden, de reanudar “la marcha normal”, pero siete minutos después llama para decir que sigue detenida porque no puede reiniciar el tren con el sistema LZB y, sin embargo, nadie avisó al AVE ni siquiera ahí, a cinco minutos de la tragedia, de que tenía que frenar.
Lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).
La segunda tasación encargada por el magistrado José Luis Calama sobre las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero afianza la tesis de que las piezas son piedras preciosas. De acuerdo con el peritaje elaborado por la Joyería Yanes, el valor del material incautado en la caja fuerte de su despacho alcanzaría los 1.023.320 euros.
El informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, determina que «resulta incoherente» el hecho de que los rubíes, esmeraldas y zafiros (valorados en 938.500 euros) no estén acompañados de sus estuches originales «para su debida conservación y protección». Igualmente, el perito escogido por el magistrado del «caso Plus Ultra» resalta que carecen de la documentación que acredita la calidad e identidad que normalmente acompañan a «las joyas ostentosas».
«Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial», determina Yanes.
"Falta de certificaciones"
Del mismo modo, explica que la valoración técnica de joyería refuerza la hipótesis de que son piezas de fabricación comercial y de «muy probable origen asiático». El peritaje destaca un «elemento importante» relacionado con el punzonazo que se identifica en las piezas de mayor valor. Al respecto, expone que el hecho de que no aparezca la firma del joyero «demuestra que el conjunto no ha sido adquirido de una marca de alta joyería de reconocido prestigio». «Llama la atención la falta de certificaciones y la ausencia de packaging de alta joyería», matiza el perito.
Zapatero explicó que recibió las joyas incautadas por la Policía Nacional de manos del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, ya fallecido. Según dijo, se trató de un obsequio «personal» que el monarca le entregó en La Moncloa con motivo de un viaje oficial realizado los días 18 y 19 de junio de 2007 y que las aceptó «por deferencia y como muestra de agradecimiento».
Sin embargo, el magistrado pidió un peritaje de las piezas ante las dudas generadas por su procedencia. Tras una primera valoración encargada a la joyería Ansorena (que valoró el lote en más de 1,3 millones de euros) volvió a ordenar este nuevo peritaje para esclarecer extremos que no se conocían hasta el momento, como es el relativo a la antigüedad de las joyas incautadas.
Delito de malversación
Además, encargó a Patrimonio que informara de todos los regalos recibidos por el expresidente del Gobierno en aras a esclarecer si figuraba este lote. El ente ya ha respondido al requerimiento judicial entregando un listado de todos los obsequios que recibió mientras estuvo en La Moncloa.
En el mismo no aparece este regalo. La Fiscalía Anticorrupción (que junto con el juez se opone a librar una comisión rogatoria a Arabia Saudí por estos hechos) apunta que Zapatero podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos al aceptar joyas «de muy significativo valor» por parte de Arabia Saudí y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos. Además, la fiscal del caso avisa que este nuevo delito no estaría prescrito.
La campaña ha cambiado de manera abrupta. Entre los planes del presidente no entraba dirigirse a la gente normal y ahora la gente normal se dirige a él en ataúd Leer
La campaña ha cambiado de manera abrupta. Entre los planes del presidente no entraba dirigirse a la gente normal y ahora la gente normal se dirige a él en ataúd
El Sindicato Profesional de Policía (SPP), el más representativo entre los mandos, ha afeado desde Ceuta la falta de apoyo político a la hora de dar seguridad jurídica a los agentes y respaldar el principio de autoridad, avisando de que esto puede poner en peligro "la paz social y el control de fronteras".
"Vivimos un clima de polarización y crispación como nuestra generación no ha conocido, y Ceuta ha sido un aviso de lo rápido que una situación puede desbordarse", ha señalado el presidente del SPP, Daniel López, durante la junta nacional celebrada en Ceuta, que ha comenzado con un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Toledo.
El presidente del SPP ha puesto en valor el esfuerzo de la Policía Nacional para hacer frente a la crisis de Ceuta por la entrada de forma irregular de miles de migrantes a finales de julio y ha avisado de que España "no es inmune" a la polarización y la "previsible deriva violenta" con disturbios callejeros.
"España necesita un Gobierno fuerte y sin complejos, que respalde a sus policías y a sus mandos sin titubeos cuando actúen conforme a la ley", ha indicado, aludiendo a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
Un Gobierno, ha continuado el presidente del SPP, que no cuestione de forma sistemática dispositivos policiales y que ponga fin a la "falta flagrante de medios". "Que no nos deje solos ni nos abandone en los momentos más difíciles para después pedirnos explicaciones, abrirnos expedientes o mandarnos a un juzgado", ha dicho.
En este sentido, ha subrayado que los mandos de la Policía seguirán cumpliendo con su deber para servir a la sociedad con neutralidad e independencia, "frente a la presión política y al hostigamiento que busca doblegarles".
Daniel López se ha referido a la polémica por el informe de la Policía que apuntó a la participación de fuerzas de seguridad de Marruecos en la crisis de Ceuta. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar, lo redacta con la verdad, con unos hechos y con una ley en la mano", ha apostillado.
"La paz social y el control de la frontera no son un milagro ni un fruto del azar, son el resultado del criterio y el liderazgo de nuestros mandos policiales", ha terciado.
Hay acontecimientos que cambian la vida en un segundo. El accidente ferroviario de este miércoles en Toledo es uno de ellos. A treinta y dos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez se ha encontrado con una tragedia que ha obligado al Gobierno a tirar a la basura el guion de campaña. La prioridad es atender a las víctimas, acompañar a sus familias y esclarecer las causas del siniestro.
Pero las consecuencias políticas ya se han empezado a dibujar. En Moncloa saben que estas tragedias no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones. También someten a examen la gestión de quienes las dirigen. Los socialistas habían diseñado una estrategia para llegar a las urnas a golpe de sonrisas, bailes y besos con la política social como banda sonora. Los sucesivos Consejos de Ministros hasta el día de los comicios debían servir para recuperar la iniciativa política. Para que los españoles, en definitiva, votaran sobre dos modelos de país y no sobre la acumulación de controversias que ha acompañado al Ejecutivo.
Pero el accidente lo ha cambiado todo. Como ocurrió en enero en Adamuz, los españoles vuelven a poner a su Ejecutivo ante el espejo de su propia gestión en uno de los ámbitos más sensibles para cualquier gabinete: la seguridad de las infraestructuras públicas. El propio presidente admitió este miércoles que no es «asumible» para España encadenar dos accidentes ferroviarios de extrema gravedad en menos de un año.
Sánchez suspendió su agenda y se desplazó a Urda, en Toledo, para respaldar a los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados. La actividad institucional del país entró este miércoles en el congelador. Pero una vez superados los primeros días tras la tragedia, volverán las preguntas sobre el estado de la red ferroviaria, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y la supervisión de las infraestructuras. En definitiva, se volverá a apuntar hacia el Palacio de la Moncloa, donde son plenamente conscientes de que ya se ha reabierto el debate sobre su gestión material de la realidad y de que ha adquirido, irremediablemente, una dimensión electoral.
Toda la presión recae ahora sobre el Ministerio de Transportes. Su titular, Óscar Puente, se encuentra en una situación crítica que demandará explicaciones técnicas diarias, transparencia y una coordinación constante con los organismos responsables de la investigación. Todo lo que ya hizo hace nueve meses, pero con la tensión política disparada. Su departamento recibirá todos los golpes de la oposición. Y el presidente tendrá que decidir hasta qué punto asume personalmente una crisis que afecta a una infraestructura estratégica del país. También tendrá que decidir si termina tirando por la borda a su ministro antes de que se abran las urnas.
Tanto Sánchez como Puente decidieron centrarse en la gestión inmediata de la tragedia y evitaron ancipar futuras responsabilidades políticas. Aunque hasta sus socios de Frente Amplio las empezaron a pedir este miércoles.
En Moncloa saben que cada nueva información sobre las circunstancias del siniestro tapará por completo cualquier mensaje de campaña. El deterioro del transporte ferroviario, la crisis de Ceuta, la movilización por la vivienda, la huelga general y los disturbios registrados en varias ciudades habían servido en bandeja al PP y a Vox nuevos argumentos contra la gestión de Pedro Sánchez. Entretanto, el PSOE había desplegado una ofensiva electoral frenética para recuperar la iniciativa y alimentar las expectativas de remontada. Una estrategia que, al menos, había logrado contagiar cierto optimismo a sus filas, pese a que las encuestas privadas coincidían en pronosticar una holgada mayoría parlamentaria de las dos formaciones de derechas. Pero esa euforia se volatilizó este miércoles a primera hora de la mañana.
El ministro Óscar Puente queda fuera de combate. El exalcalde de Valladolid era el principal ariete del presidente contra la oposición. Pero el accidente le ha sacado de la contienda política. Es prácticamente imposible que Puente llegue a recuperarse antes del 29N. Es más, nadie a estas alturas descarta que se vea obligado a dimitir para intentar salvar al partido.
Él mismo evitó pronunciarse este miércoles sobre su hipotética renuncia. Preguntado por la posibilidad de poner su cargo a disposición del presidente, Pedro Sánchez, el ministro de Transportes aseguró que su única preocupación es esclarecer lo ocurrido. «En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer y tratar de resolverlo, no estoy pensando en mí», respondió en su primera comparecencia tras el accidente. Tampoco quiso detenerse en cómo está viviendo personalmente la tragedia, la segunda que le golpea al frente del departamento.
En Ferraz también bajan los brazos. Las fuentes consultadas admiten que solo toca «gestionar el horror» de la manera más digna posible de aquí a que se abran las urnas.
El ente disciplinario del balompié español sancionó económicamente al conjunto catalán tras comprobar acercamientos no autorizados con el delantero argentino del Atlético de Madrid.
La polémica sobre la utilización electoral de la denominada ley de nietos ha terminado por convertirse en un serio revés judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ejecutivo ha tenido que reconocer que únicamente 901 de los 163.355 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar del Tribunal Supremo han acreditado hasta ahora su condición de descendientes de exiliados. La consecuencia es que 162.454 personas no disponen de la certificación exigida para poder participar en las elecciones, después de que el alto tribunal haya intervenido para impedir que una ampliación potencialmente irregular del censo pueda afectar al proceso electoral.
La cifra resulta especialmente significativa porque pone de manifiesto la enorme distancia entre el número de personas incluidas en el procedimiento de nacionalización cuestionado y aquellas que han conseguido justificar documentalmente los requisitos establecidos por el Supremo. El Ejecutivo había defendido la legalidad del procedimiento, pero la intervención judicial ha obligado a revisar los expedientes y a identificar a los afectados antes de la celebración de los comicios.
Los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores entregaron ayer al Tribunal Supremo la relación nominal de los 163.355 nacionalizados, después de que los magistrados advirtieran de la posibilidad de imponer sanciones si el Gobierno incumplía el plazo establecido. La documentación debía presentarse antes de las tres de la tarde y contiene una cifra ligeramente superior a los 163.020 afectados inicialmente comunicados por el Ejecutivo.
El origen de la controversia está en la aplicación dela Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para conceder la nacionalidad española a descendientes de personas que tuvieron que abandonar España por razones políticas, ideológicas o de persecución. Sin embargo, una instrucción posterior del Gobierno introdujo una presunción de exilio para quienes salieron del país entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin exigir en esos supuestos una acreditación individualizada de las razones políticas de su marcha.
Esta interpretación administrativa es precisamente la que ha desencadenado el conflicto judicial. Vox e Iustitia Europa denunciaron el riesgo de que miles de personas se incorporaran al censo electoral de residentes ausentes sin haber acreditado las circunstancias que justificaban su acceso a la nacionalidad por esta vía.
El Supremo consideró que existían motivos suficientes para intervenir cautelarmente y suspender los efectos electorales de las inscripciones afectadas. La decisión no supone retirar la nacionalidad española a sus beneficiarios, sino impedir temporalmente que puedan votar en las próximas elecciones generales mientras se resuelve la controversia.
El Gobierno sostiene, sin embargo, que la incidencia electoral de estos nacionalizados sería reducida. Según sus cálculos, si se aplican los niveles habituales de participación de los españoles residentes en el extranjero, los 163.355 potenciales electores representarían menos de 14.000 votos efectivos, distribuidos entre las 52 circunscripciones. Una cifra equivalente a menos del 0,06 % de los sufragios emitidos en las generales de 2023.
Este argumento no resuelve, sin embargo, la cuestión de fondo: la obligación de garantizar que el censo electoral se ajusta a la legalidad. En un sistema como el español, en el que determinados escaños se deciden por diferencias reducidas, la distribución territorial de los sufragios puede tener más relevancia que su peso sobre el conjunto nacional. Eso no significa que se haya acreditado una alteración del resultado electoral, pero sí explica la importancia de que los tribunales despejen cualquier duda antes de la votación.
La actuación judicial también ha puesto bajo presión a los ministerios dirigidos por Félix Bolaños y José Manuel Albares, responsables de facilitar la documentación requerida. Exteriores ha tenido que coordinar una revisión de expedientes a través de la red consular, mientras Justicia remitió previamente una relación parcial de 76.600 personas identificadas en el Registro Civil digital.
México, Venezuela, Argentina, Brasil y Chile trasladan su solidaridad con el pueblo español y sus "condolencias" a las víctimas del accidente ferroviario
La tasa de desempleo se elevó al 10.18% con 2.591.200 en paro, el mayor incremento estival desde la pandemia, mientras el empleo marcó un récord de 22.85 millones de cotizantes.
La desgracia vuelve a golpear a España a través de la Alta Velocidad que conecta Madrid con Andalucía. En diez meses. Para incomprensión y llanto de un país que sufre otra tragedia insoportable. "Los españoles se hacen preguntas con exigencia y merecen respuestas". A media tarde, en una declaración sobria y solemne, Alberto Núñez Feijóo se hizo cargo del sentir general de una "nación herida" y consideró "imprescindible" una "investigación gubernamental inmediata" de lo ocurrido y otra judicial.
De luto, flanqueado por las banderas de España y Europa. Rictus serio. El presidente popular confesó estar "consternado por el nuevo accidente de tren" ocurrido esta mañana. "En Toledo esta vez". Sus primeras palabras fueron de pésame. "En estos momentos de luto por la tragedia, quiero compartir con los españoles tres sentimientos: dolor, solidaridad y exigencia. Acompaño en el dolor a las familias de los fallecidos, lo siento en lo más profundo de mi corazón".
El líder popular se refirió a los heridos y a los que "aún esperan noticias de los suyos". Es su caso. Habló en primera persona. "No hay angustia comparable a esa espera. La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros". Se refería a Fátima Báñez, ministra de Trabajo con Mariano Rajoy y patrona de la fundación de su partido, Reformismo 21. "Todavía no tenemos noticias confirmadas".
Por otra parte, puso de relieve "la respuesta del pueblo" español. "Pienso por encima de todo en los profesionales de emergencias, en los sanitarios, en el conjunto de los vecinos que están asistiendo a las víctimas en primera persona". También se acordó de "los trabajadores de Renfe, de Adif y de las operadoras ferroviarias". Ante dramas así, recalcó, "España reacciona como siempre lo ha hecho: como una nación unida en lo bueno y en lo malo. Como una comunidad de afectos que ningún muro puede separar".
Feijóo agradeció la colaboración "de todas las administraciones y de todos los ciudadanos" y aprovechó su altavoz para pedir "que quien pueda acuda a donar sangre" en atención del llamamiento de los hospitales.
A partir de ahí, sentenció: "El dolor no nos obliga a callar. La serenidad no es silencio, pero este es el momento del respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares. Eso no significa ignorar que los españoles se hacen preguntas con exigencia y que merecen respuestas. Y ante esto, la posición del PP es muy clara".
El primer partido de España, por boca de su presidente, exigió al Gobierno que investigue todo lo ocurrido. Y que, de forma paralela, "en los tiempos que procedan", lo hagan los jueces. "Con todos los medios y sin interferencias".
Finalmente, Feijóo quiso lanzar un mensaje de esperanza. "Una nación herida debe obtener la confianza de que este país puede volver a funcionar". Hoy no era el día para entrar a "discutir sobre las responsabilidades políticas", pero quiso detenerse en dar "una seguridad" a los españoles: "Tienen derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron".
Por otra parte, exigió: "Los españoles tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria. Ya es inaplazable. Y los españoles tienen derecho a que se rinda cuentas de cada euro. Lo que se anunció y lo que de verdad se ejecutó, lo que se recibió y en qué se gastó". El líder popular recalcó: "Es lo que quieren los españoles y tienen razón".
"Los ciudadanos cumplen con sus obligaciones y esperan que las instituciones respondan con eficacia, que los servicios esenciales funcionen y que las infraestructuras estén a la altura de sus necesidades", incidió Feijóo. "Esa es una exigencia legítima y es una responsabilidad que las administraciones deben de asumir". Él, como candidato a la presidencia del Gobierno, asumió el compromiso.
El consorcio estatal asiático suspendió las transmisiones del torneo español tras considerar inaceptables las disculpas emitidas por la directiva blanca. La controversia originada por las palabras del delantero francés desencadenó una fractura institucional y la pérdida de patrocinios clave.
El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos que le reclamó el pasado viernes. Aunque la Abogacía del Estado cifró en 163.020 personas los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectados por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fuentes del Gobierno señalan que la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres, de los que hay 901 cuyos expedientes acreditan la condición de exilio, que ha sido certificada por los cónsules. Según la orden dictada por el Supremo, solo estos podrán votar en las elecciones del 29-N.
Marruecos ha recibido seis nuevos helicópteros de ataque AH-64E Apache, por lo que ya dispone de19 helicópteros de los 24 encargados en virtud del acuerdo con Estados Unidos.Rabat recibió el primer lote de seis helicópteros en marzo de 2025, seguido de otros siete en mayo de 2026. Tres helicópteros del tercer lote llegaron a Texas el 16 de septiembre.
Washington había aprobado la venta de 36 helicópteros Apache a Marruecos en noviembre de 2019, por un valor estimado de 4.250 millones de dólares. El acuerdo incluye misiles Hellfire y Stinger, misiles APKWS guiados por láser, así como repuestos, capacitación y apoyo técnico y logístico.El helicóptero AH-64E cuenta con un radar Longbow, un cañón de 30 mm y motores más potentes. Sus sistemas también permiten el control de vehículos aéreos no tripulados (VANT) desde la cabina.
Marruecos es el único país africano que opera esta variante del Apache, y su flota tiene su base en la base aérea de Khouribga, donde se ha desarrollado la infraestructura necesaria para albergar los helicópteros.
El testimonio de un exsargento de la Gendarmería Real que ha declarado hoy como testigo por videoconferencia ante la juez María Tardón ha despertado los recelos de la acusación popular y de la que ejerce el Gobierno de Ceuta ante la posibilidad de que pueda tratarse, según fuentes jurídicas, de un "infiltrado" de Rabat. Hasta el punto de que, según fuentes jurídicas, la magistrada ha tenido que cortar en seco sus preguntas al testigo, a quien el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán -que acudió a la comparecencia en sustitución de Iustitia Europa, que aglutina a toda la acción popular- llegó a preguntar si había trabajado "para los servicios secretos de Marruecos".
Hicham E. B. lo negó, pero sí admitió que cuando trabajaba en el aeropuerto de Rabat se "coordinaba" con los servicios secretos. Fuentes jurídicas señalan a LA RAZÓN que las acusaciones evidenciaron "serias dudas sobre su testimonio"
El letrado del Gobierno de Ceuta, por su parte, le inquirió para que aclarase si dimitió de su cargo o "desertó", momento en el que Tardón zanjó la deriva del interrogatorio recordando a los letrados que una posible deserción del testigo no era objeto del procedimiento.
Otro de los testigos, según esas mismas fuentes, ha afirmado que "había militares marroquíes entre los que llegaron a Ceuta", donde otro de los inmigrantes que han testificado, Ziyad A. Y., sitúa a un informador municipal, al "mkadam" de Rincón.
Camiones llenos de gente
Según ha puesto de manifiesto, vio autobuses y camiones "llenos de gente camino de la frontera", sin control alguno, en Castillejos, además de personas caminando por la carretera.
También han comparecido ante Tardón dos agentes del CENIF, el servicio policial de control de fronteras. Un subinspector ha explicado que Mustafá, jefe policial marroquí en el puesto fronterizo, le aseguró el mismo 30 de julio que "todo estaba normal" mientras se producía la entrada masiva de inmigrantes.
Según refirió, acudió con Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, a hablar con la Policía marroquí. Según su declaración, Mustafá negó que sucediera nada anormal mientras él observaba por las cámaras "a numerosas personas entrando por el espigón y a efectivos marroquíes encauzándolas hacia esa zona".
Este agente ha asegurado que preguntó a su superior si debían seguir permitiendo el paso por el puesto, a lo que le respondieron que mientras la Delegación del Gobierno no indicara lo contrario, "debían continuar con normalidad" su actividad. Según ha afirmado, conserva ese intercambio de wasaps, que se ha ofrecido a aportar al juzgado.
Fallos en las comunicaciones
El subinspector, según las mismas fuentes, ha puesto de relieve "fallos de comunicaciones" durante la entrada masiva, pues ha recordado que los mensajes y llamadas "llegaban con retraso". Ese funcionamiento deficiente de las comunicaciones, ha precisado, se prolongó durante varios días. Y aunque inicialmente atribuyeron esas carencias a la proximidad de la frontera o a la saturación de las mismas, sí ha apuntado que planteó la posibilidad de que se hubiese producido "un ataque a las comunicaciones".
El otro agente que ha testificado ha hecho referencia a otro hecho que le llamó la atención la víspera de la entrada masiva: la presencia de "ocho o nueve embarcaciones" frente a la zona fronteriza (movimientos que ya había grabado dos días antes). Una embarcación, ha explicado, "dejó entre diez y doce personas en la orilla marroquí", aunque ha dicho desconocer si eran nadadores o militares en prácticas.
Hay acontecimientos que nos recuerdan brutalmente nuestra fragilidad. La vida es imprevisible. Podemos salir de casa una mañana convencidos de que regresaremos por la noche y descubrir que el destino ha decidido otra cosa. Ninguna sociedad, por avanzada que sea, puede eliminar el riesgo ni garantizar que nunca se producirá una tragedia. Pero precisamente porque vivimos expuestos a lo inesperado necesitamos confiar en algo que debería permanecer por encima de cualquier incertidumbre: la solidez de nuestras instituciones y la responsabilidad de quienes las dirigen.
La catástrofe ferroviaria en Toledo nos enfrenta de nuevo a esa dolorosa realidad. Por segunda vez, en apenas un año, decenas de familias han visto sus vidas destrozadas por un accidente de tren. La tragedia de Adamuz todavía permanece abierta, sus víctimas siguen reclamando respuestas y España vuelve a preguntarse cómo ha podido ocurrir algo semejante. Y no podemos acostumbrarnos a que el dolor se suceda sin que las instituciones sean capaces de ofrecer todas las explicaciones y garantías que los ciudadanos merecemos.
Todavía es pronto para determinar las causas de lo ocurrido. Pero la justificación del error humano no vale. Los sistemas de seguridad están concebidos precisamente para prevenir las equivocaciones y evitar que una decisión individual tenga consecuencias irreparables. Si un fallo técnico obliga a modificar los procedimientos habituales, deben existir garantías adicionales para impedir que se produzca una catástrofe.
En este contexto, la dimisión de Óscar Puente es unaexigencia de responsabilidad institucional por respeto a las víctimas. Un ministro no conduce los trenes, no controla personalmente las señales ni supervisa cada operación de mantenimiento. Pero tiene la responsabilidad última sobre la dirección política del sistema ferroviario y los organismos públicos que dependen de su departamento. Su obligación es garantizar que existen los medios, los controles, los protocolos y la organización necesarios para reducir los riesgos al mínimo razonablemente posible. Y cuando se producen dos catástrofes de semejante magnitud en tan poco tiempo, esa responsabilidad adquiere una dimensión que trasciende cualquier consideración partidista.
No debemos aceptar una cultura política en la que dimitir equivale a reconocer un delito y permanecer en el cargo se presenta como una demostración de fortaleza. La responsabilidad democrática no empieza ni termina en los tribunales. Hay decisiones que deben adoptarse por respeto a las instituciones, a los ciudadanos y, especialmente, a quienes han sufrido las consecuencias de una tragedia. Asumir responsabilidades debe ser una forma de reconocer que ningún cargo público puede situarse por encima de la confianza que está obligado a preservar.
Y esa confianza también depende de la manera en que el Estado trata a las víctimas porque en este segundo día de luto, nueve meses después de Adamuz, las familias que entonces vieron rotas sus vidas siguen denunciando una sensación de abandono que debería avergonzarnos como sociedad.
Hoy todas las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación. También necesitamos recuperar el valor de la verdad en la vida pública. Hoy los ciudadanos merecemos un Gobierno que no nos mienta, igual que lo exigimos en el pasado con un Gobierno de otro color. Hoy se acabaron los besos de marketing, los bailes y el amor de propaganda como sustitutos de la gestión. La política no puede reducirse a una sucesión de gestos, eslóganes y escenificaciones de cercanía porque los ciudadanos no necesitamos que nuestros gobernantes nos quieran delante de las cámaras. Necesitamos que nos protejan, que administren con rigor los recursos públicos, que nos digan la verdad y que respondan cuando las cosas fallan.
La dimisión de un ministro no resolverá por sí sola los problemas que puedan existir en el sistema ferroviario. No sustituirá las investigaciones, no reparará los daños ni devolverá la vida a quienes la han perdido. Pero representa un acto de respeto institucional y el reconocimiento de que la responsabilidad política no puede quedar suspendida hasta que los tribunales determinen si existieron conductas delictivas. También puede contribuir a recuperar un principio esencial de cualquier democracia: los cargos públicos son una obligación de servicio, no un derecho de permanencia.
El Gobierno ha cumplido este miércoles el ultimátum del Tribunal Supremo. Después de siete semanas de controversia judicial sobre la aplicación de la denominada [[LINK:INTERNO|||Article|||6ae0af85d5fe5e0007d255fd|||«ley de nietos»]], el Ejecutivo ha entregado la relación nominal de 163.355 españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Moncloa ha remitido el listado en el último día del plazo concedido por los magistrados, que habían advertido personalmente a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares de la posibilidad de imponerles multas reiterativas de hasta 1.000 euros e incluso exigirles responsabilidades penales si no facilitaban la documentación.
La cifra remitida supera en 335 personas los 163.020 afectados a los que se refería el requerimiento judicial del pasado 23 de octubre. Fuentes gubernamentales confirman que la documentación se ha entregado dentro del plazo establecido por el Alto Tribunal. No han precisado, sin embargo, a qué obedece la diferencia de cifras.
La entrega no ha puesto fin a la controversia. La Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala Tercera del Supremo que declare reservado el listado al considerar que contiene datos personales sensibles. Moncloa teme que las organizaciones personadas en el procedimiento puedan utilizar esa información con fines ajenos al proceso judicial.
El Ejecutivo señala expresamente a Vox y a otras asociaciones que identifica con la extrema derecha, a las que atribuye el impulso de las medidas que podrían desembocar en la suspensión del derecho al voto de buena parte de los afectados.
El Gobierno sostiene que ha trabajado desde el principio para cumplir las resoluciones judiciales. Según la cronología facilitada por fuentes oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió la notificación de las medidas cautelares el 14 de septiembre y envió el primer telegrama con instrucciones a los consulados al día siguiente.
Desde entonces, el departamento de Albares ha coordinado la revisión de los expedientes en las oficinas consulares y ha autorizado las contrataciones de asistencia técnica solicitadas para completar el trabajo.
Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral una primera relación de 76.600 personas inscritas en el Registro Civil digital, conocido como DICIREG. Se trataba, según el Ejecutivo, de toda la información disponible en ese departamento. La Oficina del Censo trasladó posteriormente esos datos al Supremo el 21 de octubre.
Esta cronología es la que esgrime Moncloa para rechazar que haya existido inactividad administrativa durante las últimas siete semanas. El Ejecutivo insiste en que las dificultades obedecían a la necesidad de recabar información dispersa entre distintas oficinas consulares.
La Abogacía del Estado había llegado a alegar que resultaba «materialmente imposible» revisar individualmente los expedientes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, el requerimiento exigía la identificación nominal de los afectados, una tarea distinta de la comprobación individual de sus circunstancias.
El Gobierno también ha aprovechado la entrega para cuestionar las consecuencias de las medidas cautelares. Defiende que los afectados adquirieron legalmente la nacionalidad española conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a una instrucción administrativa que reconocía la presunción de exilio.
Según Moncloa, se trata de requisitos semejantes a los aplicados tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, durante cuya vigencia se celebraron numerosos procesos electorales sin que se cuestionara su aplicación.
Además, el Ejecutivo trata de rebajar la trascendencia electoral del litigio. Sus cálculos apuntan a que, aplicando los niveles habituales de participación exterior, la eventual exclusión de los 163.355 nacionalizados tendría un impacto inferior a 14.000 votos repartidos entre las 52 circunscripciones. Esa cantidad equivaldría, según el Gobierno, a menos del 0,06 % de los sufragios emitidos en las elecciones generales de 2023.
Moncloa subraya que se trata de una estimación máxima y que la incidencia real sería todavía menor, puesto que la relación nominal incluye a personas que no forman parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), entre ellas menores de edad y ciudadanos fallecidos.
Con la documentación ya en poder del Supremo, el foco se desplaza ahora a la decisión que adopten los magistrados sobre la situación electoral de los afectados. El Gobierno ha evitado el incumplimiento del ultimátum, pero mantiene abierto el enfrentamiento jurídico sobre el alcance de unas medidas cautelares que podrían impedir votar el 29 de noviembre a miles de españoles nacionalizados por la «ley de nietos».
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