México, al contrario que España, cuenta con un modelo de pensiones mixto que combina prestaciones de reparto, cuentas individuales de ahorro y complementos financiados por el Estado. Desde julio de 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar permite elevar determinadas prestaciones hasta el 100% del salario medio del último año trabajado, aunque con un máximo fijado para 2026 en 17.885,85 pesos mensuales, unos 862 euros.
La cuantía que recibe cada jubilado depende de varios factores, entre ellos la fecha en que comenzó a cotizar, el número de semanas acumuladas y el salario percibido durante su vida laboral. Por eso, dos personas que se retiren a la misma edad pueden acceder a prestaciones muy diferentes. La edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años, aunque existen vías para dejar de trabajar antes bajo determinadas condiciones.
El modelo se organiza en cuatro niveles: una pensión no contributiva para las personas mayores, el seguro social para los trabajadores del sector privado, un complemento público para determinadas jubilaciones y los planes de pensiones promovidos voluntariamente por las empresas. La combinación busca ofrecer una protección básica y mejorar los ingresos durante la vejez, pero el resultado final depende de la trayectoria laboral de cada persona, señalan expertos en pensiones de BBVA.
El sistema de pensiones mexicano es diferente al de España que posee un modelo de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas.
La fecha clave para calcular la pensión contributiva es el 1 de julio de 1997. Quienes comenzaron a cotizar antes de ese día están sujetos a la llamada Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), basada en un sistema de reparto y una prestación definida. Para acceder a ella se necesitan, como mínimo, 500 semanas cotizadas —casi diez años— y haber cumplido 60 años para la jubilación por cesantía en edad avanzada o 65 para la pensión de vejez.
Mientras que en España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.
En cuanto a la cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.
En el modelo mexicano, el cálculo de la pensión parte del salario medio de las últimas 250 semanas cotizadas, equivalentes a casi cinco años. A esa base se aplica una cuantía inicial, que puede aumentar en función del tiempo cotizado por encima del mínimo exigido. La pensión mínima garantizada asciende en 2026 a 10.636,54 pesos mensuales, alrededor de 513 euros.
Adelantar el retiro tiene un coste. Una persona que se jubile a los 60 años percibe el 75% de la pensión que le correspondería a los 65, a los 61 recibe el 80%, a los 62 el 85%, a los 63 el 90% y a los 64 el 95%. Solo al alcanzar los 65 años se aplica el 100%.
Además, quienes ya no trabajan pueden recurrir a la denominada Modalidad 40 para seguir cotizando voluntariamente y mejorar su promedio salarial a efectos de pensión, aunque desde el 22 de octubre de 2026 se aplican condiciones más restrictivas.
Para quienes comenzaron a cotizar en México a partir del 1 de julio de 1997, la Ley 97 establece un sistema de capitalización individual. En este caso, el importe final depende del dinero acumulado en la cuenta personal, las aportaciones realizadas, los rendimientos obtenidos y las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como Afores.
En 2026, los trabajadores que accedan a esta modalidad deben acreditar 875 semanas cotizadas y tener 60 años en caso de cesantía laboral o 65 para la pensión de vejez. El requisito de cotización aumenta progresivamente: partió de 750 semanas en 2021 y crecerá en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1.000 en 2031.
Una vez llega la jubilación, el ahorro puede transformarse en una renta vitalicia contratada con una aseguradora o en retiros programados gestionados por las Afores -gestoras de las cuentas individuales de retiro- que distribuyen el saldo de acuerdo con la esperanza de vida prevista.
Si el capital acumulado no alcanza el mínimo necesario, el Estado garantiza una prestación cuyo importe depende de la edad, las semanas cotizadas y el salario medio. En 2026, esas cuantías oscilan entre 3.540,56 y 11.128,01 pesos al mes, unos 171 y 536 euros, respectivamente.
El complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar es uno de los elementos que explica la elevada tasa de sustitución mexicana. El mecanismo permite completar las pensiones de cuentas individuales hasta el 100% del salario medio del último año, con el límite mensual establecido. La referencia máxima se actualiza cada enero y, en 2026, se sitúa en 17.885,85 pesos.
A esa protección se suma la Pensión Bienestar, una ayuda no contributiva financiada con impuestos para las personas de 65 años o más. En 2026 paga 6.400 pesos cada dos meses, equivalentes a unos 154 euros mensuales. La ayuda se amplía progresivamente a mujeres de entre 60 y 64 años, que reciben 3.100 pesos bimestrales.
Los datos de la OCDE reflejan el efecto de estas medidas. Según el informe Pensions at a Glance 2025, una persona con salario medio y una carrera laboral completa entre los 22 y los 65 años obtiene en México una tasa de sustitución neta del 79,6%, frente al 63,2% de media de la organización. Para quienes cobran la mitad del salario medio, la tasa alcanza el 131,9%; para quienes ganan el doble, baja al 56,9%.
España también mantiene una de las tasas de sustitución más elevadas, lo que significa que la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión es mucho menor que en otros países. La tasa de sustitución alcanza el 80,4%, según datos de la OCDE.
México también cuenta con planes de pensiones de empleo que complementan las prestaciones públicas, aunque no son obligatorios. Cada empresa puede establecer sus propias condiciones, incluidos los requisitos de antigüedad, la edad de jubilación y las aportaciones. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en 2025 había 3.222 planes de este tipo en 2.938 empresas, con 1,9 millones de trabajadores activos y 86.322 pensionistas beneficiarios.
Pese a las tasas de sustitución registradas, el sistema mantiene importantes diferencias entre trabajadores. El complemento público mejora especialmente las pensiones de quienes perciben salarios bajos, mientras que el límite establecido reduce su efecto relativo en las rentas más altas. Además, la cuantía final depende de las cotizaciones acumuladas y de las condiciones de acceso a cada régimen, señalan expertos en pensiones de BBVA.
El desafío consiste en garantizar ingresos suficientes durante la jubilación sin dejar fuera a quienes han desarrollado buena parte de su vida laboral en la economía informal o no han podido cotizar lo suficiente. En un sistema que combina un sistema de reparto y ahorro individual, la carrera laboral sigue siendo decisiva para determinar cuánto dinero llega cada mes al bolsillo del pensionista.
El mercado de coches de segunda mano sigue ganando protagonismo en España, pero comprar un vehículo usado exige mirar más allá de su antigüedad, su kilometraje o su aspecto exterior, recomiendan los expertos. Entre enero y septiembre de 2026, el 61% de los automóviles que cambiaron de propietario presentaba al menos un factor de riesgo asociado a su historial, nueve puntos porcentuales por encima del 52% registrado en el conjunto del parque móvil nacional. Así lo revela un análisis de Carfax, proveedor de historiales de vehículos, elaborado a partir de 1.515.780 coches transferidos durante los nueve primeros meses del año.
La cifra adquiere relevancia en un mercado que mueve millones de operaciones. Según datos de Ganvam, las ventas de turismos y todoterrenos usados superaron el millón de unidades durante el primer semestre, con 1.069.372 operaciones, cerca de un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Por cada turismo nuevo vendido, se comercializaron 1,8 usados, una proporción que refleja el peso de este segmento en la automoción española.
Los coches que cambiaron de manos durante los tres primeros trimestres de 2026 tienen una antigüedad media inferior a la del conjunto del parque español, pero acumulan más kilómetros y presentan una mayor proporción de factores de riesgo asociados a su historial. Su antigüedad media es de 13 años, frente a los 15,11 años del parque español, mientras que su kilometraje alcanza los 183.300 kilómetros, por encima de los 177.442 registrados en el conjunto de los vehículos.
Entre los factores analizados, los antecedentes de daños o accidentes son los más frecuentes: aparecen en el 43% de los vehículos que cambiaron de propietario. Los vehículos importados representan el 10% de las transferencias analizadas, frente al 6% del conjunto del parque español.
En el caso de los coches con historial de alquiler, la proporción alcanza el 13%, frente al 7% nacional. Además, los importados que cambiaron de propietario durante el periodo estudiado acumulan una media de 199.247 kilómetros, mientras que los procedentes de flotas de alquiler registran 142.936. Las inconsistencias en el kilometraje afectan al 2% de los coches estudiados.
“Los vehículos que cambian de propietario pueden acumular un historial especialmente relevante para el comprador, ya que han pasado, de media, por más propietarios que el conjunto del parque”, señala Francisco Rudilla, responsable de Desarrollo de Negocio de Carfax.
Incide en que “la presencia de estos factores no significa necesariamente que estemos ante un vehículo problemático, pero sí demuestra la importancia de conocer su historial. Disponer de esta información permite al comprador valorar mejor el vehículo y tomar una decisión de compra con mayor seguridad”.
La trayectoria de cada automóvil constituye otra de las diferencias relevantes. Los vehículos transferidos entre enero y septiembre han tenido una media de 4,1 propietarios, frente a los 2,6 del conjunto del parque móvil español. Esta rotación hace que la información sobre anteriores titulares, posibles daños y usos previos adquiera especial importancia para quienes buscan un coche de ocasión.
En cuanto a la motorización, el diésel continúa dominando entre los vehículos analizados, con un 47% del total. La gasolina representa el 38%, mientras que los híbridos alcanzan el 12%. Los eléctricos, por su parte, suponen un 2%, y el 1% restante corresponde a otras opciones de combustible. La distribución muestra el peso que todavía mantienen las motorizaciones tradicionales en el mercado de segunda mano.
Por territorios, Madrid concentra el mayor volumen de cambios de propietario, con un 15% de las operaciones estudiadas. Barcelona ocupa la segunda posición, con un 9%, seguida de Valencia, que reúne el 5%. Estas cifras sitúan a las grandes áreas urbanas entre los principales focos de actividad del mercado español de vehículos usados.
En la clasificación por marcas, Volkswagen encabeza la lista, con un 9,2% de los vehículos analizados. Peugeot ocupa el segundo puesto, con un 8,1%, seguida de SEAT, con un 7,9%. Renault y Citroën completan el grupo de las marcas con mayor presencia, ambas con un 7,2%.
Por modelos, el Volkswagen Golf es el más habitual entre los coches que cambiaron de propietario, con un 3,1% del total. Sin embargo, las unidades analizadas tienen una antigüedad media de 16,8 años y acumulan 221.041 kilómetros. Además, el 53,7% registra antecedentes de daños y el 71,5% presenta al menos un factor de riesgo, el porcentaje más elevado entre los cinco modelos con mayor presencia en el estudio.
El SEAT Ibiza representa el 2,7% de las transferencias, el SEAT León el 2,5%, el Ford Focus el 2% y el Renault Clio el 1,9%. En el caso del León, la media es de 13,3 años y 220.865 kilómetros, mientras que el 63,9% de las unidades presenta algún indicador de riesgo.
El enorme despliegue de medios de emergencias, sanitarios y de seguridad desde primera hora de la mañana ya hacía presagiar que el accidente de un tren AVE y un Iryo a la altura de la localidad toledana de Urda era una tragedia. Mucho más que la registrada hace apenas nueve meses en Adamuz (Córdoba). Y los datos provisionales así lo corroboran, con al menos 68 personas fallecidas. Pero se esperan “muchas más”, en palabras del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page. Los efectivos se afanan en acceder a los últimos vagones del Iryo para rescatar a las víctimas que aún siguen atrapadas.
El avance de medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro está abriendo un nuevo frente para la industria alimentaria que ve cómo cambian los hábitos de compra de los consumidores. Más allá de sus efectos sobre el apetito, los tratamientos basados en agonistas del receptor GLP-1 empiezan a relacionarse con variaciones en el gasto doméstico, las cantidades adquiridas y los productos que terminan en la cesta de la compra. Una transformación que obliga a fabricantes y distribuidores a revisar cómo calculan la demanda y planifican sus existencias.
Según un estudio de la Universidad de Cornell, el gasto en alimentación cae un 5,3% durante los seis meses posteriores a que un miembro del hogar comience un tratamiento con GLP-1. En las familias con mayores ingresos, la reducción alcanza el 8,2%. Los resultados apuntan a un posible impacto económico que va más allá del consumidor y que puede trasladarse a las decisiones de producción, distribución y aprovisionamiento de las empresas.
El cambio no se limita a cuánto se compra, sino que también afecta a qué alimentos se eligen. Datos de la Universidad de California en Davis señalan una reducción del consumo de bebidas azucaradas, alcohol, aperitivos, dulces y productos de panadería, mientras que las frutas, las verduras, los yogures y los alimentos ricos en proteínas ganan protagonismo. Para el sector, esta evolución plantea el desafío de identificar qué categorías pueden perder demanda y cuáles podrían beneficiarse de las nuevas preferencias.
En este contexto, las empresas podrían encontrarse con dificultades si siguen utilizando exclusivamente las ventas históricas para anticipar el comportamiento del mercado. Slimstock, compañía especializada en la planificación de la cadena de suministro, advierte de que los cambios en los patrones de consumo pueden reducir la precisión de los modelos tradicionales de previsión, especialmente cuando las variaciones se mantienen durante varios meses.
“Estamos ante un cambio que puede modificar no solo cuánto compra el consumidor, sino también qué productos introduce en su cesta. Para la industria alimentaria, mirar únicamente al histórico puede dejar de ser suficiente para anticipar la demanda real”, señala Arnau Peris, country manager de Slimstock España.
El problema adquiere especial relevancia para las compañías que trabajan con acuerdos de compra, compromisos de volumen o contratos de suministro a largo plazo. Si la demanda de determinadas categorías disminuye y las previsiones no se ajustan, los fabricantes y distribuidores pueden acumular mercancía que tarda más en venderse, con el consiguiente aumento de los costes de almacenamiento y del capital inmovilizado. El desajuste también puede dificultar la planificación de las compras y la utilización de los recursos productivos.
Desde Slimstock recomiendan incorporar diferentes escenarios de consumo en las previsiones a medio y largo plazo, revisar las políticas de stock de seguridad e identificar las categorías más expuestas a cambios rápidos en los hábitos de compra. El objetivo es que las empresas puedan adaptar sus decisiones a tiempo, en lugar de reaccionar cuando el exceso de inventario ya se ha producido.
“El principal riesgo no es que la demanda desaparezca de un día para otro, sino no detectar suficientemente rápido que el mix de consumo está cambiando. Una desviación relativamente pequeña, mantenida durante meses, puede terminar generando un volumen importante de stock innecesario”, explican desde Slimstock.
La transformación también podría reflejarse en el diseño y el tamaño de los productos. Un estudio elaborado en 2024 por AMC Global y OpinionRoute reveló que el 95% de los usuarios de GLP-1 encuestados afirma consumir porciones más pequeñas. Además, el 78% busca envases de menor tamaño y el 82% declara buscar activamente alimentos con beneficios nutricionales añadidos.
Estas preferencias pueden llevar a fabricantes y distribuidores a replantearse sus surtidos y formatos comerciales. Los envases más pequeños, por ejemplo, pueden exigir ajustes en las líneas de producción, las necesidades de almacenamiento y la organización logística. Al mismo tiempo, una mayor atención a las proteínas, la fibra, los alimentos frescos y los productos funcionales podría modificar las necesidades de aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.
La adaptación, sin embargo, no consiste únicamente en reducir cantidades o sustituir unos productos por otros. También exige determinar qué cambios responden a una tendencia sostenida y cuáles pueden ser puntuales. Para ello, las compañías necesitan combinar la información histórica de ventas con señales recientes del mercado y escenarios que contemplen diferentes ritmos de evolución del consumo.
“La clave no está en intentar predecir hasta dónde llegará el fenómeno GLP-1, sino en construir cadenas de suministro capaces de responder a distintos escenarios. Las compañías que detecten antes los cambios podrán ajustar inventario, surtido y aprovisionamiento antes de que el impacto sea evidente en sus niveles de stock”, concluye Peris.
Un AVE de Renfe ha colisionado contra un tren de Iryo este miércoles a las 8:54 horas a la altura de Urda, en Toledo, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. El impacto ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones del convoy de Iryo, que han caído por un terraplén. El balance de inicial de víctimas ha sido de 10 fallecidos, cifra que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aumentado a 30, después a 64, y aún no es definitiva.
Los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, transportaban a 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa del sistema de seguridad. El accidente ha obligado a suspender la circulación entre Madrid y Andalucía.
Los expertos entrevistados a esta hora coinciden en pedir prudencia, pero también en que “teóricamente, es un accidente imposible”. Uno de los que lo ha dicho es Óscar Carballo, del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en TVE, quien tras expresar sus condolencias a los afectados, ha explicado: “La línea tiene un sistema de seguridad y comunicación muy bueno que vigila la velocidad y el frenado de los trenes si rebasan una señal en rojo, si hacen algo raro”.
“Es un sistema totalmente automático -ha continuado Carballo-. No da órdenes al maquinista sino que toma las riedas y frena automáticamente el tren si va a hacer alcance al siguiente. La vía está dividida en trozos, en cantones, y entre un tren y otro tiene que haber dos cantones libres. Si un tren se pasara y se acercara demasiado, frenaría automáticamente”, ha enfatizado el técnico, para quien, por todo lo anterior, “es imposible que haya un alcance en una línea de alta velocidad”.
En los mismos términos se ha expresado Francisco Cárdenas, responsable de UGT-Renfe Catalunya, este en la Cadena SER: “Es un accidente que teóricamente es imposible. Los sistemas de frenada son de kilómetros para las velocidades a las que llegamos en la alta velocidad y nunca deberíamos llegar a chocar con el otro tren. Incluso con una distracción, el tren te para automáticamente”.
Martín Perea, ingeniero de Caminos especializado en transportes, ha subrayado en declaraciones a la agencia Europa Press que el servicio ferroviario en España cuenta con varios sistemas de seguridad “en general redundantes”. “Que un tren de alta velocidad alcance a otro era algo totalmente impensable hasta este momento”, ha coincidido con Carballo y con Cárdenas.
Perea ha explicado que en la línea Madrid-Sevilla existía desde su inauguración el sistema LZB, redundante con el ASFA. El sistema ASFA, “el más sencillo”, consiste en un mecanismo de aviso conectado a señalizaciones concretas. Así, cuando hay un semáforo, una señal o un cambio de aguja, “avisa al tren y puede tomar el control del frenado, por ejemplo”.
En el AVE tradicional, por ejemplo, en la línea Madrid-Sevilla, este sistema estaba asociado al sistema alemán LZB, que consiste en un cable que envía señales electromagnéticas a los trenes para evitar alcances o permitir su detención ante un aviso en un punto de la línea. “Es un sistema complejo, en el que se calcula o se fija de manera previa cuál puede ser la distancia máxima entre dos trenes para que el frenado (no derive) en un alcance”, ha incidido.
El experto ha explicado que el último sistema que se ha implantado en las líneas AVE -aunque en la Madrid-Sevilla su implementación estaba “más retrasada”- es el ERTMS, “el más avanzado”. Este depende de una serie de balizas que transmiten información cuando el tren pasa por encima de ellas. Estas balizas no están expuestas a posibles cortes de suministro eléctrico.
Además de estos, existen otros sistemas. Por ejemplo, el dispositivo de hombre muerto, que obliga a los maquinistas a pulsar un pedal cada cierto tiempo. Si no lo pulsan, se asume que han podido sufrir algún percance, por lo que el tren se pararía. Esa parada sería detectada y su posición, transmitida a otros trenes por el ERTMS y el LZB.
Para el ingeniero de Caminos, “no ha funcionado nada, esa es la hipótesis, y no se puede decir otra cosa”. “No sé en qué estado se encuentran los sistemas de señalización, aviso y detección en este momento de la red. ¿Lo sabe alguien? No lo sé, a lo mejor lo sabe el ministro. Esto es un disparate. Esto es un auténtico disparate. Es un despropósito y se está pagando con muertos”, ha lamentado.
(Con información de Europa Press)
© REUTERS
Vox, a diferencia del resto de formaciones políticas, prosigue hoy con la campaña electoral al entender, según ha señalado, que su deber es seguir denunciando la gestión del Gobierno y dar alternativa a la ciudadanía. Desde Santander, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha realizado una comparecencia en la que tras dar el pésame a los fallecidos en el accidente ferroviario en Toledo y el apoyo a los heridos ha realizado un duro alegato contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha culpado de la tragedia. “Manifiesto -ha dicho- mi absoluta rabia ante un Gobierno que es una organización criminal. Ante un Gobierno que ha destruido todo” .
Centenares de médicos se han manifestado esta mañana en Barcelona en la primera jornada de la huelga indefinida de facultativos del sistema público y concertado de Catalunya, convocada por Metges de Catalunya (MC). El paro seguirá “hasta que se sienten a negociar (el Departament de Salut) o convoquen elecciones”, ha enfatizado el secretario general de MC, Xavier Lleonart.
La exministra de Trabajo Fátima Báñez sigue desaparecida en el accidente ferroviario de Toledo. En concreto, Báñez se dirigía en el Iryo, destino Sevilla, para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su familia se ha trasladado a Toledo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este miércoles que su partido sigue “sin noticias confirmadas” sobre la exministra. En una declaración desde la sede del partido, Feijóo ha trasladado toda su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que entiende la angustia de muchos de ellos que siguen sin conocer el paradero de su seres queridos. “La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros; saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas”, ha señalado.
A las 8:54 horas, un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo a la altura de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo. El choque ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones del convoy de Iryo, que han caído por un terraplén, con un balance inicial de 10 fallecidos.
En los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, viajaban 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el tren de Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa en el sistema de seguridad.
Báñez (Huelva, 1967) fue la primera ministra de Empleo y Seguridad Social y también la titular que más tiempo ha ostentado el cargo. Lo hizo cerca de siete años, de diciembre de 2011 a junio de 2018. Báñez se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (Icade) y posteriormente realizó un posgrado en Administración y Gestión de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard y un programa de Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE Business School.
Su primer trabajo y única experiencia previa en el sector privado fue como responsable de Estrategia de una empresa familiar entre 1993 y 1997. A partir de entonces comienza su carrera en la política, primero como coordinadora de la Presidencia del PP en Andalucía. En 2000, con 33 años, ya era diputada en el Congreso, legislatura en la que ejerció como portavoz adjunta en la Comisión de Economía y Hacienda. Revalidaría su escaño en las elecciones de 2004 y en las de 2008, con el PP en la oposición (gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero).
En 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones por mayoría absoluta y es investido presidente del Gobierno. Báñez, quien le había arropado y asesorado en los años a la sombra del PSOE, es ascendida a ministra de Empleo y Seguridad Social. Entre agosto y noviembre de 2016 lo sería también, en funciones, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 tumba al Gobierno y con él, a Báñez. En 2019, la dirigente anuncia que abandona la actividad política para incorporarse al ámbito privado.
Báñez había heredado una de las carteras más complejas en un momento crítico. Rodríguez Zapatero fue derrotado por su gestión de la crisis económica, y el nuevo ejecutivo debía demostrar que sabía sacar adelante el país. El paro superaba el 22% y la Unión Europea apretaba por todos los flancos.
Como ministra, será recordada por su reforma laboral de 2012, que abarató el despido, pasando de una indemnización por improcedente de 45 días por año trabajado a 33. Se facilitó también poder echar a trabajadores por causas económicas y hasta ante previsiones de pérdidas. Las empresas ganaron poder, pudiendo modificar salarios, horarios, turnos o funciones con más facilidad, así como descolgarse de los convenios colectivos. Se creó además un contrato que ampliaba el periodo de prueba por un año, permitiendo el despido libre durante todo ese periodo.
Durante su mandato impulsó también medidas como la tarifa plana de 100 euros en cotizaciones para nuevos contratos indefinidos, los contratos de emprendedores, incentivos a la contratación juvenil y programas ligados a la Garantía Juvenil. Estas políticas contribuyeron al aumento del empleo a partir de 2014, aunque buena parte de ese crecimiento se concentró en contratos temporales y salarios bajos. En materia de pensiones, aplicó el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización, que rompía con la actualización automática conforme al IPC.
Una vez abandonó la política y las instituciones, en diciembre de 2019 fue nombrada consejera externa independiente de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, la compañía farmacéutica cotizada con sede en Madrid. En este puesto participa en comisiones clave como la de Auditoría y la de Nombramientos y Retribuciones.
En julio de 2020 fue designada presidenta de la Fundación CEOE, el brazo social y de programas de la patronal. En ese rol ha liderado iniciativas para fomentar empleabilidad, diálogo social y formación, consolidándose como una figura relevante en la esfera empresarial española. En septiembre de 2020, Báñez se incorporó como consejera independiente de Iberdrola México, parte del grupo energético español con presencia internacional, cargo que ejerció hasta mediados de 2022.
Posteriormente, en julio de 2022, fue propuesta para formar parte del consejo de Avangrid, Inc., la filial estadounidense del grupo Iberdrola, donde aportó experiencia en liderazgo ejecutivo y relaciones institucionales. Además de sus cargos en fundaciones y consejos, Báñez ha desarrollado actividad de asesoría externa para empresas privadas. Desde aproximadamente 2020 ha trabajado como asesora externa del consejo de administración de Incarlopsa, la empresa cárnica proveedora de Mercadona, combinando esa labor con sus otras responsabilidades profesionales.
Tras la opa de exclusión de Avangrid por parte de Iberdrola a finales de 2024, Báñez dejó el consejo de esa filial estadounidense y fue redirigida por el grupo a un nuevo cargo ejecutivo: vocal externa y presidenta de la Comisión de Auditoría Interna de Iberdrola Energía Internacional, la subholding que agrupa la actividad energética del grupo fuera de España.
Actualmente, Báñez era presidenta de la Fundación CEOE, consejera independiente de Laboratorios Rovi, vocal del consejo de Iberdrola Energía Internacional y asesora en entidades privadas como Incarlopsa. En paralelo, también ha estado vinculada a otros foros y think tanks económicos vinculados a su partido, ampliando su presencia en ámbitos de debate público y empresarial.
El padre, Jair Bolsonaro, está en arresto domiciliario por golpismo, su hijo Eduardo Bolsonaro está prófugo en EEUU tras ser condenado a cuatro años de pisión y ahora Flávio ha escapado del país con varias causas pendientes y la pérdida de su inmunidad
Flávio Bolsonaro huye de Brasil hacia EEUU tras su derrota electoral
Rozó la presidencia de Brasil, pero el ultraderechista Flávio Bolsonaro acabó huyendo del país tan solo unas horas después de su derrota electoral ante el presidente Lula da Silva.
Poco después de la orden policial para la entrega de sus pasaportes, Flávio Bolsonaro se esfumó. Cuando emergieron las primeras informaciones sobre un sospechoso jet privado Gulfstream G400 matrícula LV-JQW aterrizado en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina, el Gobierno de Milei desmintió que estuviera relacionado con Bolsonaro y aseguró que el político ultra no había entrado en el país.
Horas después, el Gobierno argentino, a través de Migraciones, se vio obligado a corregir y cambiar de versión que había dicho en la mañana del martes: Flávio Bolsonaro entró a Argentina por la provincia de Misiones y abordó un avión privado que lo estaba esperando.
“La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 horas del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país. Asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, ha informado la dirección de Migraciones.
El comunicado agregó sobre la huida del excandidato presidencial y su familia, con escala en Ecuador: “A las 23:30 horas, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”. El avión privado esperó todo un día en Puerto Iguazú y finalmente despegó con Bolsonaro y su familia a las 00:21 horas, según los datos del portal de seguimiento de vuelos Flightradar24.
La nave había despegado a las 22.14 horas del lunes desde Aeroparque, Buenos Aires, y llegó a Iguazú a las 23.45 y pidió autorización para seguir el vuelo a Miami a las 2 de la mañana. En el pedido decía que viajarían cuatro ciudadanos brasileños. Sucedió, pero 24 horas después.
En una jugada que parece coordinada bajo las sombras, Santiago Caputo, influyente asesor de Milei, supervisó personalmente la partida de Bolsonaro, informaron los diarios argentinos Clarín y La Nación en base a fuentes cercanas a Casa Rosada. “Caputo monitoreó la operación desde la primera hora, cuando empresas vinculadas a la Embajada de Estados Unidos contrataron con la empresa argentina Baires Fly un vuelo en el avión modelo Gulfstream G400, matrícula LV-JQW”, publicó Clarín.
Según revelaron medios argentinos, el Gulfstream y Baires Fly son propiedad de Sergio Daniel Mastropietro, quien fue imputado en la causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Baires Fly habría emitido facturas falsas con vuelos que nunca existieron como parte de la trama de corrupción que se investiga en el área de discapacidad.
Tras recibir una orden de la Policía Federal (PF) para entregar sus dos pasaportes, el ordinario y el diplomático, decidió salir del país con su familia rumbo a Estados Unidos, donde el Gobierno de Donald Trump expedirá visados para ellos. Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) que emitió la orden de aprehensión de los pasaportes, investiga la relación de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz. Sobre ambos pesa la acusación de lavado de dinero y de divisas, relacionadas a Rede Loto, una empresa de apuestas online que obtuvo licencia durante el Gobierno de Claudio Castro, el gobernador bolsonarista del estado de Río de Janeiro, alejado de su cargo por la justicia por múltiples casos de corrupción.
La Polícia Federal encontró correos electrónicos del abogado que apuntan a que Flávio Bolsonaro estuvo registrado como “usuario máster” de una cuenta bancaria offshore de la empresa Alcazar Holdings, propriedad de Tomaz, hasta el 22 de mayo de 2025. Aunque ser usuario máster no significa ser miembro societario de la empresa, permite realizar transacciones. La Policía Federal sospecha que Flávio Bolsonaro era socio oculto de Alcazar Holdings y que pudo desviar dinero hacia su despacho de abogados, que facturó 13,7 millones de reales (2,3 millones de euros) mientras ejercía su cargo de senador.
Willer Tomaz, que viajó con su familia a Miami antes de la segunda vuelta de las elecciones y de donde no ha regresado, está siendo investigado por sus vínculos con el Banco Master (cerrado por el gobierno Lula por un escándalo de corrupción mayúsculo), por el fraude del INSS (Instituto Nacional da Segurança Social, la seguridad social brasileña) y por el lavado de dinero en la casa de apuestas online Blaze. Willer Tomaz movió 5 mil millones de reales (unos 839,65 millones de euros) en Blaze, tranformándose en el mayor usuario individual de Brasil de una casa de apuestas.
Flávio Bolsonaro, que tiene foro privilegiado como senador hasta febrero, también está siendo investigado en el Supremo por irregularidades en la financiación de la película Dark Horse por el dinero recibido por Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master. La investigación, conducida por el juez André Mendonça, acusa a Flávio Bolsonaro de “lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción y otros delitos relacionados” utilizando la película como tapadera.
Precisamente, el caso Dark Horse podría estar vinculado a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio también prófugo de la justicia en EEUU. La Policía sospecha que parte del dinero de la financiación de la película podría haberse desviado para costear la vida de millonario que Eduardo Bolsonaro lleva en Texas, tal como reveló la Revista Piaui en septiembre de 2025. Parte del dinero fue a parar al fondo de inversiones Havengate, registrado en el estado de Texas. Las autoridades estadounidenses todavía no han enviado a la policía brasileña informaciones sobre dicho fondo.
Las investigaciones sobre Willer Tomaz han revelado en las últimas semanas su íntima relación con Flávio Bolsonaro. Ambos viajaban juntos en Europa en un jet privado que Alcazar Holdings compartía con una empresa de Daniel Vorcaro. Por otro lado, Willer Tomaz organizó un encuentro durante la pandemia en un yate de un lago de Brasilia en el que participaron Flávio Bolsonaro, lobbistas y representantes de la empresa farmacéutica de la vacuna Covaxin y prostitutas, según publicaron medios locales.
La venta de la vacuna Covaxin, con sospechas de superfacturación, ya fue investigada en el Congreso en 2021. Por otro lado, Willer Tomaz está en el epicentro de la polémica del presunto robo de una isla al jugador de fútbol Richarlison en Angra dos Reis (Río de Janeiro), ciudad de veraneo de la familia Bolsonaro. Richarlison acusa a Willer Tomaz y a Flávio Bolsonaro de haber robado su isla con una maniobra en la justicia y la ayuda del coronel Paulo da Silva Medeiros, secretario de la Secretaria do Patrimônio da União (SPU) durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, recomendado en el cargo por el propio Flávio Bolsonaro. Lula aseguró en la recta final de la campaña que, si ganaba las elecciones, investigaría lo ocurrido con la isla a Richarlison.
Sin embargo, el escándalo de corrupción de Willer Tomaz que puede complicar más la vida a Flávio Bolsonaro es el del INSS. Aunque Flávio Bolsonaro todavía no está acusado formalmente, existen diversas conexiones. ICL Noticias reveló que Flávio Bolsonaro compartía oficina con Willer Tomas y Carlos Camilo Antunes, conocido como el “calvo del INSS”, acusado de desviar las pensiones de 4,3 millones de brasileños.
Eduardo Bolsonaro viajó a Washington para asistir a la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025. Desde entonces, realizó varios viajes a Estados Unidos y se convirtió en el principal lobbista contra el juez Alexandre de Moraes en Estados Unidos. El 27 de febrero se instaló definitivamente en Estados Unidos. El 18 de marzo de 2025, el hermano de Flávio anunció que renunciaba a su acta de diputado y que trasladaba su residencia a Estados Unidos para presionar contra la supuesta persecución del padre.
Triangulando entre Elon Musk, la Administración Trump y diputados y senadores, Eduardo Bolsonaro presionó para que Estados Unidos aplicara a Alexandre de Moraes la ley de sanciones. A su vez, Eduardo Bolsonaro presionó directamente al Gobierno de Trump para la aplicación del tarifas a los productos brasileños, llegando a anunciar su mediación en la visita a Brasilia de David Gamble, el coordinador de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En junio de 2025, el Gobierno de Trump anunció tarifas de un 50% a productos brasileños. Como consecuencia de las maniobras, destinadas a evitar el juicio que acabaría condenando Jair Bolsonaro a la cárcel, la Procuradoría General de la República (PGR) presentó en el Supremo una denuncia contra Eduardo Bolsonaro por coacción de proceso judicial. El Supremo condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de presión, en régimen semiabierto, el 16 de junio de este año.
La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos redondea el discurso de persecución política usado por Eduardo Bolsonaro desde que se estableció en el país. Sin embargo, la presencia de Willer Tomaz en suelo estadounidense puede enturbiar la narrativa victimista usada por el clan Bolsonaro.
En literatura, teatro, cine y televisión se conoce como «la escopeta de Chéjov» a un principio narrativo según el cual, si un autor llama deliberadamente la atención sobre un elemento de la escena, debería existir una razón para haberlo incluido. Trasladado a la gastronomía, vendría a ser aquello de que «todo lo que se coloca en el plato debería poder comerse». No significa que cada objeto mencionado tenga que convertirse en protagonista, sino que conviene evitar detalles destacados que después no llevan a ninguna parte.
El nombre procede del escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov, quien expresó esta idea en distintas ocasiones. En una carta de 1889 a Aleksandr Lazarev escribió que «no debe colocarse un rifle cargado sobre el escenario si nadie tiene intención de dispararlo». La versión más conocida, transmitida posteriormente en recuerdos sobre el escritor, amplió el ejemplo asegurando que «si en el primer acto aparece un arma colgada en la pared, esta debería dispararse más adelante».
La clave está en las expectativas que crea el propio autor. Si al comienzo de una novela se menciona de manera llamativa que un personaje es adoptado, el lector puede esperar que ese dato tenga alguna relevancia posterior, quizá mediante la aparición de sus padres biológicos, un secreto familiar o una revelación relacionada con su pasado. Si nunca vuelve a mencionarse, aquella información puede parecer gratuita.
La escopeta de Chéjov tampoco es una norma que deba cumplirse obligatoriamente. La ficción utiliza señuelos, pistas falsas y detalles destinados de manera precisa a despistar, especialmente en novelas policíacas y thrillers, por lo que un escritor puede decidir jugar con las expectativas del lector.
Por primera vez en Europa después de 20 años, el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá el campeonato de la Indycar el 18 de julio del 2027. Será en el primero de los diez años que ha firmado el Govern catalán con las series norteamericanas; un acuerdo que ha tenido como artífice el piloto a Àlex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997), cinco veces campeón de la Indycar, surgido, precisamente, del programa Jóvenes Pilotos del Circuit y el RACC. Podrá el vallesano volver a casa, y ganar de nuevo.
Las elecciones generales del 29 de noviembre son ya probablemente las que más a las claras están mostrando que el Senado no es esa aparentemente inocente cámara de representación territorial y segunda lectura, dicho en ocasiones con menosprecio. Si bien su valor para los partidos no es este, sino el control que otorga sobre el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Administración de RTVE, nada menos. Debe ser importante cuando las dos grandes fuerzas han decidido una renuncia histórica: el PSOE, a sus siglas, diluidas en una coalición de izquierdas; el PP, a presentar candidatura en circunscripciones como Gipuzkoa, Tarragona y Girona.
También han asumido un riesgo. Los pactos son aquello que se niega en campaña y se produce después si los votos no han alcanzado. En unas generales tan excepcionales como estas se ha invertido el orden y pasadas las urnas, ya habrá tiempo de romper la tregua y marcar territorio. Pero se da la particularidad de que el Senado, además de una proporcionalidad muy distinta a la del Congreso -que sin duda buscan optimizar-, da mayor poder al votante, al punto que puede expresar si aprueba o reprueba esta operación de bloques. Conviene recordar que al contrario que el sobre blanco, el sepia no necesariamente debe contener un menú cerrado al gusto de Génova o Ferraz y sus aliados instrumentales.
El Senado reparte sus escaños por un mecanismo que premia sobremanera al partido más votado en cada circunscripción, una característica que explica los movimientos de PSOE-Frente Amplio y PP-Vox. Si en la Cámara Baja ordena el sistema proporcional D’Hondt, la Alta funciona con listas abiertas y un reparto mayoritario que, en la práctica, suele dejar tres de los cuatro senadores de cada provincia peninsular para la fuerza ganadora y uno solo para la segunda, con independencia de la distancia de votos entre ambas. Así, izquierda y derecha han hecho un cálculo simple: presentándose unidos, concentran los apoyos y aspiran a maximizar el número de representantes.
El mecanismo de votación es lo que marca la diferencia con el Congreso. En lugar de elegir una lista cerrada de partido, cada votante puede marcar hasta tres nombres en la papeleta de su provincia, que pueden pertenecer a formaciones distintas. Los cuatro candidatos con más votos individuales obtienen el escaño, sin que medie ningún cálculo de proporcionalidad entre partidos. Este diseño, vigente desde la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, buscó diferenciar al Senado del Congreso dándole un carácter de representación territorial y personal, y no partidista. La consecuencia práctica es que la segunda fuerza en una provincia rara vez logra más de un senador.
Fue la izquierda -Senado de Progreso- la que actuó primero, y la derecha la que ha reaccionado. En palabras de Alberto Núñez Feijóo, “una respuesta esperada ante una coalición de desesperados para controlar la cámara”. Pero estos segundos han tenido menos margen, ya que el plazo para registrar coaliciones se había cerrado, por lo que jugaron con las cartas que restaban y optaron por un pacto de retirada selectiva de candidaturas. El acuerdo afecta a 23 de las 60 circunscripciones del país, con el objetivo de alcanzar los ansiados tres quintos de la Cámara Alta, mayoría reforzada que permite un margen de maniobra casi absoluto.
Pero el votante tiene la última palabra. La razón es sencilla: como se ha mencionado, en el Senado no se vota a un partido, se vota a personas, una por una. En cada provincia hay cuatro puestos en juego y la papeleta muestra los nombres de todos los candidatos agrupados visualmente por partido, pero cada casilla es independiente. El votante puede marcar hasta tres nombres, y esas tres cruces pueden ir a cualquier candidato, sin importar de qué partido sea. El votante puede elegir candidato por candidato, con la posibilidad de meter en su selección a nombres de distintos partidos, y esto es lo que puede romper los pactos cerrados.
Cuando el PSOE y Frente Amplio arman una lista conjunta, o cuando el PP retira a sus candidatos para dejarle paso a uno de Vox, lo que hacen es ordenar nombres en una papeleta. Pero esa papeleta llega igual a manos del votante, que no está obligado a respetar ese orden ni esa alianza. Un simpatizante de izquierda puede votar al PSOE pero descartar a un candidato concreto de Frente Amplio y marcar en su lugar a otro nombre, aunque sea de otro partido. El acuerdo cerrado por los dirigentes se deshace en el momento en que esa persona marca su papeleta.
En el Congreso esto no ocurre porque el voto va a una lista cerrada: el elector elige un partido y entran los candidatos en el orden que ese partido decidió, sin posibilidad de alterarlo. Ahí un pacto entre partidos se traduce de forma automática en escaños. En el Senado, en cambio, el pacto depende de que millones de personas, cada una por su cuenta, voten exactamente como el partido les pide. Si una parte relevante del electorado mezcla nombres o no agota sus tres votos, el resultado final puede ser distinto al que buscaban los partidos al pactar.
En el caso del acuerdo entre PP y Vox, esto exige además una coordinación entre electorados distintos: en las 14 provincias donde Vox solo presenta un candidato, sus votantes deberán repartir sus otros dos votos entre los aspirantes del PP para que la estrategia conjunta funcione, un nivel de disciplina electoral que ninguno de los dos bloques ha puesto a prueba hasta ahora en una convocatoria general.
El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los tipos de interés en la reunión que su Consejo de Gobierno celebrará el próximo jueves, vaticinan los analistas. Esta decisión dará un respiro a los hipotecados a tipo de interés variable, que ven cómo la media provisional del euríbor en octubre baja respecto a septiembre y se sitúa en el 3,227%.
Los mercados asignan una probabilidad del 97,6% a que el guardián del euro congele los tipos tras la subida de 25 puntos básicos realizada en septiembre. Si se cumplen las previsiones, el tipo de interés de la facilidad de depósito se quedará en el 2,50%; el de las operaciones principales de financiación, en el 2,65%, y el de la facilidad marginal de crédito, en el 2,90%.
La decisión de no tocar los tipos a pesar del repunte de la inflación se explica porque la economía de la zona euro sigue resistiendo, aunque con diferencias entre países. La inflación cerró septiembre en el 3,8%, frente al 3,2% de agosto, según los datos de Eurostat, impulsada por los precios de la energía, que se encarecieron un 18,8% interanual.
En este escenario, “el Banco Central Europeo mantendrá sin cambios todos sus tipos de interés oficiales”, defienden Mabrouk Chetouane y Romain Aumond, estrategas de Natixis. Ambos argumentan que “pese al incremento del 18,8% del componente energético del índice armonizado de precios de consumo y a que la inflación de la eurozona alcanzó el 3,8%, la subyacente registró un aumento más moderado, hasta situarse en el 2,5%, apenas una décima por encima del mes anterior en términos interanuales”.
Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, también descarta una nueva subida de tipos en octubre. Reconoce que, ante las crisis energéticas, la estrategia del BCE no consiste en reaccionar a los precios de la energía, sino en actuar ante el riesgo de que su encarecimiento se traslade a la inflación: “Aunque actualmente observamos una mayor inflación, todavía no hay indicios de que se esté incorporando de forma duradera”. Veit apunta que los efectos indirectos siguen “estando contenidos” y que los efectos de segunda ronda “no son evidentes”.
Más allá de la inflación, los analistas consideran que el BCE debe hacer frente a dos factores que “complican su actuación”: las diferencias en el crecimiento de los países de la eurozona, que dificultan la transmisión de la política monetaria al conjunto de la unión monetaria, y la estabilidad financiera de la región. Ante este escenario, Chetouane y Aumond aconsejan adoptar un enfoque “más prudente” en la política monetaria.
A su juicio, el “verdadero desafío” al que se enfrenta el BCE está relacionado con la estabilidad financiera y la preservación de la integridad de la eurozona. Los estrategas subrayan que la ampliación del diferencial de rentabilidad entre los bonos soberanos franceses y alemanes, con independencia de su plazo de vencimiento, junto con el “acusado” encarecimiento de los seguros de impago a cinco años sobre la deuda pública francesa y, en menor medida, sobre la italiana, “ponen de manifiesto las tensiones que atraviesan los mercados europeos de deuda soberana”.
Los estrategas de Natixis inciden en que la presión sobre las rentabilidades de la deuda pública francesa “alimenta el temor a un posible contagio que podría agravar la fragmentación financiera de la eurozona”.
En este contexto, los mercados esperan la intervención de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno por si da pistas sobre los próximos movimientos de la institución. Los analistas de Natixis prevén que pueda referirse explícitamente a los riesgos de fragmentación financiera de la eurozona, que amenazan la estabilidad financiera de la unión monetaria.
“El reconocimiento de estos factores de riesgo, por un lado, y la suspensión del proceso de endurecimiento cuantitativo (quantitative tightening), por otro, enviarían señales contundentes por parte del BCE, orientadas a contener las presiones sobre los mercados de deuda soberana”, recalcan Chetouane y Aumond.
Por su parte, Annalisa Piazza, gestora de carteras de renta fija de MFS Investment Management, sostiene que la cuestión clave es si Lagarde confirma las expectativas de un mayor endurecimiento monetario o si da a entender que la reciente caída del mercado de bonos ya está haciendo parte del trabajo del BCE.
“Lo que descuenta actualmente el mercado parece excesivo en relación con los indicios de persistencia de la inflación subyacente y con un entorno de financiación cada vez más restrictivo, aunque la presión persistente sobre los precios de venta de las empresas no justifica un giro claramente moderado”, indica Piazza.
Los expertos aplazan hasta diciembre la próxima subida de los tipos de interés. La gestora de MFS Investment Management espera que el eurobanco deje abierta la posibilidad de una nueva subida en diciembre: “Prevemos que el BCE mantenga una orientación restrictiva hasta diciembre, con una posible nueva subida de 25 puntos básicos hasta el 2,75%, antes de entrar en un período prolongado de tipos sin cambios en 2027”.
También Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, aplaza la subida de tipos a diciembre, “entrando en un territorio ligeramente restrictivo”.
De cara al próximo año, Piazza no descarta una subida adicional de los tipos a principios de 2027 si los precios de la energía se mantienen elevados o se intensifican los efectos de segunda ronda sobre la inflación.
Sin embargo, considera que hay “pocos argumentos” para llevar los tipos mucho más allá del territorio restrictivo. De hecho, “si los precios de la energía se normalizan y la inflación subyacente se mantiene contenida, la combinación de un menor crecimiento y unas condiciones de financiación restrictivas podría reabrir el debate sobre los recortes de tipos a finales de 2027”, asegura.
El Grupo Ecologista Mediterráneo advierte del peligro que corren tres hábitats prioritarios y de la presión sobre un entorno con nidos de aves protegidas, mientras la Junta se escuda en que está recabando informes
Sin instituto a las puertas de Cabo de Gata: vecinos de Almería demandan un centro que frene la despoblación
Los terrenos elegidos para levantar la futura ciudad deportiva de la UD Almería en El Toyo preocupan a los ecologistas. Preocupan porque los suelos en los que se levantará la instalación deportiva albergan tres tipos de hábitats naturales considerados prioritarios para su conservación en la Unión Europea. Por eso, los conservacionistas, representados por el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), advierten de que el proyecto puede destruir estos espacios y aumentar la presión sobre un entorno en el que también ha detectado nidos de aves protegidas. Para evitarlo, han presentado alegaciones ante la Junta de Andalucía para reclamar una evaluación ambiental más exhaustiva y una alternativa que reduzca la ocupación de suelo sensible.
El proyecto, promovido por Rozam Real Estate a petición de la UD Almería, contempla dos opciones de ordenación que, según el colectivo ecologista, apenas se diferencian en la superficie ocupada. El GEM propone estudiar la posibilidad de trasladar las instalaciones a terrenos ya alterados por la celebración del festival Dreambeach y cuestiona la franja de protección prevista junto a la Rambla del Puente de la Quebrada, que considera insuficiente tanto para preservar el entorno como para reducir los riesgos asociados a posibles inundaciones. Mientras las dudas ecologistas y el plan del club almeriense avanzan, la Junta dice estar tramitando el proyecto mediante una autorización ambiental unificada simplificada por el que todavía no ha podido analizar las alegaciones.
La principal preocupación del GEM se centra en la presencia de tres Hábitats de Interés Comunitario prioritarios en la zona elegida para el complejo deportivo: las estepas salinas mediterráneas, los matorrales arborescentes de Ziziphus y las zonas subestépicas de gramíneas y plantas anuales. Se trata de espacios cuya conservación considera prioritaria la normativa europea. La asociación sostiene que la instalación deportiva dañaría estos terrenos y cuestiona que la documentación ambiental contemple el posible traslado de especies protegidas como argumento para justificar la intervención. A su juicio, la respuesta debería pasar por conservar y restaurar estos hábitats, no por ocuparlos.
Los ecologistas también advierten de la presencia de fauna en el ámbito del proyecto. En sus alegaciones citan nidos de cernícalo, mochuelo y grajilla occidental, además de otras aves recogidas en la documentación ambiental. Y es, que según apuntan, el problema no solo sería la construcción en sí, sino el incremento del tráfico, el ruido, la generación de residuos y la presión de los usuarios sobre el entorno. El GEM considera que el análisis presentado no permite valorar suficientemente el impacto conjunto de estos factores.
Por eso, una de las principales peticiones de la asociación es que el proyecto se someta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y que el análisis no se limite a la primera fase de las instalaciones. El colectivo reclama que se estudie el proyecto en su conjunto para poder valorar sus efectos reales sobre los espacios protegidos, los hábitats prioritarios y la fauna. La tramitación actual, sin embargo, corresponde a una autorización ambiental unificada simplificada.
La Junta de Andalucía explica que este procedimiento se aplica al proyecto presentado por la promotora y que, durante la fase de consultas, ha solicitado informes a distintos organismos y entidades. Entre los consultados figuran los departamentos competentes en medio natural, espacios protegidos y recursos hídricos, así como administraciones públicas y organizaciones ecologistas. La Consejería señala que las consultas se realizaron el mes pasado y que todavía está recibiendo respuestas.
El Ejecutivo regional argumenta que su evaluación se limita a la actuación que ha presentado el promotor y que no puede pronunciarse sobre futuras intervenciones que deban tramitarse de forma independiente. En ese sentido, indica que el desarrollo urbanístico del sector Toyo II tendrá que someterse a su correspondiente evaluación ambiental estratégica. También asegura que las alegaciones del GEM serán examinadas cuando concluya la fase de consultas y se elabore el pronunciamiento ambiental.
Otra de las quejas del colectivo ecologista se dirige a las alternativas para evitar el daño al entorno. Según sus alegaciones, la primera es un calco del actual proyecto, mientras que la segunda, seleccionada por la promotora Rozam Real Estate, añade algunos cambios para corregir algunos de sus problemas. Sin embargo, ambas mantienen una superficie de ocupación prácticamente idéntica, por lo que el GEM considera que no resolverían realmente ningún problema desde el punto de vista ambiental.
La asociación propone estudiar otras formas de ordenar las instalaciones que respeten el viario existente, las acerquen a los terrenos ya urbanizados y las alejen de las zonas de mayor sensibilidad ecológica. Entre las posibilidades que plantea están los suelos en los que ya se celebra el festival Dreambeach, que considera mucho menos problemático porque el terreno ya ha sido modificado y las molestias sobre el entorno serían mínimas. Sin embargo, ninguna de las administraciones ha tenido en cuenta esta posibilidad.
Según el Ayuntamiento de Almería, la promotora ha mantenido desde el inicio la ubicación actual. Además, desde el Consistorio explican que los cambios introducidos responden principalmente a temas burocráticos. La división del proyecto en dos fases se hace para priorizar la ciudad deportiva y dejar para proceso posterior el futuro estadio, que tendría que cumplir más requisitos ambientales. Según explican desde el ayuntamiento, esta división de fases permitiría avanzar con la primera fase sin esperar a que se resuelvan los trámites de la segunda.
Pero el listado de problemas no acaba con los posibles daños directos sobre la flora y la fauna. La franja prevista junto a la Rambla del Puente de la Quebrada es otro de los puntos cuestionados. El proyecto contempla, según los ecologistas, una zona de amortiguación (la que se crea para dividir zonas protegidas de entornos urbanos) de diez metros delimitada por un vallado perimetral. La asociación considera que esa distancia es mínima para proteger el entorno y reclama que se amplíe para evitar problemas a futuro.
El colectivo vincula esta petición tanto a la conservación de los espacios protegidos como a la prevención de inundaciones. Aunque la documentación utiliza el criterio de una crecida de agua con un periodo de retorno de 500 años, el GEM advierte de que los episodios climáticos extremos pueden superar las previsiones habituales. No en vano, en los últimos episodios de lluvias, Almería está siendo una zona que está sufriendo inundaciones con cierta regularidad. Por ello, los ecologistas reclaman una franja de protección más amplia que reduzca la exposición del entorno a posibles crecidas.
No obstante, el Ayuntamiento asegura que el proyecto debe recabar los informes sectoriales correspondientes, entre ellos los relativos a medio ambiente, recursos hídricos, ordenación territorial y servidumbres aeronáuticas, y que no concederá las licencias municipales sin que se cumplan los requisitos exigidos. La Junta, por su parte, mantiene abierto el procedimiento y todavía no ha hecho pública una valoración definitiva de las alegaciones ecologistas.
La UD Almería, consultada sobre el proyecto, asegura que no tiene conocimiento de incidencias planteadas por el GEM ni por otras entidades. El club sostiene que la iniciativa sigue las indicaciones de la Junta y que los cambios introducidos son menores, como el desplazamiento de alguno de los campos. También afirma que sus equipos técnicos y jurídicos están a la espera de los requerimientos de la Administración y que adaptarán el proyecto a las condiciones que se establezcan. Pero los ecologistas no acaban de creerse que la futura instalación deportiva no vaya a ser dañina para la zona. Por eso, continuarán litigando cuanto sea necesario.
Vox aboga de forma sistemática por la ilegalización de las fuerzas independentistas; por el otro, la alcaldesa de Ripoll tiene como meta declarada la secesión de Catalunya. A pesar de eso, Orriols no ha tenido reparos en allanar el camino hacia las generales del 29N, sugiriendo el voto a favor de los de Abascal. Es el rocambolesco espectáculo de una independentista validando las papeletas de quienes aplaudían el despliegue policial del «A por ellos»
«Hoy hay que aplicar un 155 al califato islámico». Con esta contundencia, Santiago Abascal ha diseñado su nueva estrategia en Catalunya para perforar el techo electoral de los dos diputados obtenidos en 2019 y 2023. La maniobra es tan hábil como cínica: instrumentalizar la identidad catalana frente al fenómeno migratorio y desplazar el tradicional eje del debate del plano nacionalista al identitario. Un terreno donde las fronteras ideológicas se diluyen, permitiendo una insólita sintonía con Aliança Catalana.
La paradoja no roza el esperpento: se instala cómodamente en él. Por un lado, Vox aboga de forma sistemática por la ilegalización de las fuerzas independentistas; por el otro, la alcaldesa de Ripoll tiene como meta declarada la secesión de Catalunya. A pesar de eso —y es mucho pesar—, Orriols no ha tenido reparos en allanar el camino hacia las generales del 29N, sugiriendo el voto a favor de los de Abascal. Es el rocambolesco espectáculo de una independentista validando las papeletas de quienes aplaudían el despliegue policial del «A por ellos».
Es evidente que no solo Feijóo: Abascal también ha aprendido de los errores garrafales de 2023. Si en aquellas elecciones abogó por someter a Catalunya a un 155 «permanente» —porque el del PP era «de chiste»—, ahora el enemigo es el inmigrante, sobre todo magrebí, en una sociedad todavía traumatizada por el atentado de Las Ramblas ideado desde Ripoll, localidad de la que Sílvia Orriols es alcaldesa y donde emergió esta nueva variante trumpista del independentismo.
Lo más delirante de todo es que fue precisamente el combate frontal al soberanismo catalán el combustible electoral que propulsó la expansión nacional de Vox. Los datos históricos son inapelables: en las encuestas de 2024, casi el 60% de sus electores defendía la recentralización o la supresión total de las autonomías y la inmensa mayoría rechazaba de plano cualquier concesión a Catalunya. El acercamiento actual a Orriols no pretende reconciliar proyectos incompatibles de país, sino algo mucho más simple, descarado y descarnado: sumar votos. Cuando la inmigración se convierte en la prioridad absoluta, incluso los principios más sagrados de la unidad territorial pueden relegarse a un segundo plano.
Lo cierto es que hay una coincidencia de fondo entre ambos electorados. La inmigración es el principal problema para el 39% de los votantes de Vox y para el 25% de los de Aliança, frente al 11% del conjunto de la población catalana, que tiene a la vivienda como principal preocupación (30%). Mientras buena parte de la ciudadanía prioriza los problemas materiales, el votante extremista sitúa la inmigración en el centro del debate. Entre otras cosas, porque le han dicho que la solución de los primeros pasa por la erradicación de la segunda.
Solo la aritmética electoral puede explicar las razones de esta tregua táctica. En las generales de 2023, el PP capitalizó el voto conservador en Catalunya con más de 460.000 papeletas y seis escaños, dejando a Vox en una posición subalterna con solo dos. Pero ahora el barómetro de octubre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) apunta a otro escenario: los populares obtendrían entre seis y siete diputados y Vox podría alcanzar entre cinco y seis, recortando considerablemente las distancias. La decisión de Orriols de no concurrir a las elecciones generales deja el camino libre para que Vox lo consiga: la transferencia de voto indica que una quinta parte de los simpatizantes de Orriols ve con buenos ojos la papeleta verde para el Congreso.
Pero el Partido Popular no pretende ceder ni alegre ni gratuitamente esa mina electoral a los de Abascal, así que ha vuelto a situar en primera línea a Xavier García Albiol, que en 2015 —con un Vox irrelevante— ya popularizó la promesa de «limpiar Badalona», vinculando abiertamente inmigración y criminalidad. Ahora ha trasladado esa política a las redes sociales. El 25 de octubre difundió el vídeo de un desalojo en el que llamaba a un hombre «mafioso de mierda» y «miserable». La escena tiene algo —o mucho— de matonismo político: un alcalde que abandona el papel institucional para protagonizar una demostración de fuerza ante la cámara. Todo con tal de que la bochornosa secuencia se convierta en propaganda viral.
Porque la competencia entre nuestras derechas consiste en ver quién exhibe más dureza o promete leyes más draconianas. Es la nueva política de la crueldad. Albiol lleva años construyéndose ese perfil de alcalde sin contemplaciones y Vox ha hecho de las declaraciones políticamente incorrectas su principal seña de identidad frente a esa «derechita cobarde» que no se atreve a llamar a las cosas por su nombre. Pero intentar frenar a tu rival con sus mismas armas puede acabar legitimando su discurso y alimentando su crecimiento electoral.
La campaña electoral que se avecina, sin duda, será una pelea «a cara de perro» por situar en el centro de la atención a Maricarmen o a «Morocarmen», como escribió el líder de Vox en un calambur que delata su verdadera estatura moral. O Ceuta o vivienda. Por eso Abascal y Orriols no necesitan compartir bandera para entenderse: les basta con coincidir en quién debe quedar fuera de las respectivas comunidades —hasta ahora excluyentes— que cada uno asegura defender a capa y espada. Mientras eso dé votos, la patria puede esperar.
The Department of Justice is now targeting Washington state, threatening election officials with legal action if they do not set aside ballots the Trump administration believes could be cast by noncitizens.
In a letter to Washington Secretary of State Steve Hobbs that was obtained by MS NOW, the Justice Department said it found 400 alleged noncitizens who, “with a high level of confidence, have voted in elections” in the state.
The federal prosecutors demanded that Washington’s top election official review the list “within 24 hours” to determine whether there are citizens on it, and to set aside any ballots returned by suspected noncitizens. Acting U.S. Attorney in Washington Neil Floyd and First Assistant U.S. Attorney Pete Serrano told Hobbs to instruct local election officials “to not verify the signature and/or tabulate the ballot until citizenship can be determined.”
“The United States is concerned with the number of noncitizen voters, both enrolled and actively voting in the State of Washington, as allowing noncitizens to vote cancels citizen votes,” Floyd and Serrano wrote, adding that “we do make criminal referrals to our state counterparts.”
If the state’s top election official does not comply, the letter states, “the United States will have no choice but to seek emergency relief.” Washington began mailing ballots in mid-October.
With just seven days until Election Day, Washington is the second Democratic-led state to be targeted by the Trump administration with such a letter. The Justice Department sued California earlier this month over its refusal to segregate ballots from some 20,000 people the administration claims are noncitizens.
In another election challenge, the Justice Department sued Alaska last week to block the results of the U.S. Senate election if the Republican incumbent, whose Democratic challenger has the same name, does not win.
Federal prosecutors said in the letter to Washington state election officials that the “individuals identified are or were noncitizens,” adding that “they may have subsequently naturalized.” The department said it expects to soon receive “a second list of individuals believed to be noncitizens who are registered to vote” from the Department of Homeland Security that it will share with state election officials.
The letter includes several errors. The election date is wrong, written by the federal prosecutors as Nov. 2, 2026, when Election Day is Nov. 3. The federal attorneys also misspelled voter rolls, writing “voter roles” when referring to the Justice Department’s attempts to obtain sensitive voter data from the state.
In a press release Monday, Floyd said the 400 alleged noncitizens “are registered to vote and have voted in multiple elections.”
“This is only the tip of the iceberg,” Floyd said. Many of the people on the list are lawful permanent residents or “green card” holders, Floyd’s office said.
The Washington secretary of state’s office said it is carefully reviewing the Justice Department’s request.
“We take our responsibility to protect voter information seriously and will only respond to requests that follow due process,” Hobbs said in a statement. “We saw what happened in California and don’t want Washingtonians to be harassed.”
Hobbs said the timing of the request “is no doubt intended to cast unfounded suspicion on the results. At the same time, thousands of voters were recently disenfranchised in our August Primary due to delayed postmarks.”
Helen Smith, a spokesperson for Hobbs, noted that the DOJ system frequently flags U.S. citizens as noncitizens, risking their right to vote.
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El candidato ultra, que perdió las elecciones del domingo, cruzó la frontera con Argentina, desde donde tomó un vuelo que le acabaría dirigiendo a EEUU, donde la administración Trump le va a conceder visados a él y su familia
Terremoto en la derecha brasileña: la remontada histórica de Lula empuja al bolsonarismo a la desaparición
Flávio Bolsonaro ha huido de Brasil hacia EEUU tras las elecciones del pasado domingo en las que Lula da Silva fue elegido presidente. Tal y como informaron varios medios locales y la Agencia Reuters, el aspirante ultra a la presidencia e hijo del expresidente Jair Bolsonaro salió del país por la frontera con Argentina.
Así lo ha confirmado también el propio Gobierno argentino de Javier Milei. “Ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro”, aseguró en un comunicado la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Según este mensaje, lo hicieron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. De ahí, explica este mismo organismo, “la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.
Horas más tarde, EEUU aseguró que expedirá un visado para Bolsonaro y su familia. “Me parece bien, las elecciones fueron realmente extrañas”, ha llegado a asegurar esta madrugada el presidente de EEUU, Donald Trump.
Fuentes próximas a la familia Bolsonaro citadas por Folha de São Paulo, sostienen que el Gobierno de Donald Trump ha colaborado con la salida el senador y su familia de Brasil y que les debe de conceder asilo político.
El todavía senador Flávio Bolsonaro incumplió la orden emitida por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, de entregar sus dos pasaportes, el ordinario y el diplomático. La Policía ha confirmado que Bolsonaro no entregó los pasaportes antes del límite establecido por ley, las 11.00 hora local de Brasil.
La Policía ha confirmado que Flávio Bolsonaro no ha salido de Brasil usando su pasaporte. La empresa aérea con la que Bolsonaro ha salido del país aparece en una investigación sobre un supuesto esquema de corrupción involucrando a la Agencia Nacional de Deficiencia (ANDIS) del gobierno de Javier Milei, según ICL Notícias.
El Gobierno argentino negó inicialmente la presencia de Flávio Bolsonaro en su territorio. Un site de seguimiento de vuelos informa que el supuesto avión en el que Flávio Bolsonaro iba a viajar a Estados Unidos estaba parado en Puerto Iguazú. La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina. “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación. Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, informaron las autoridades. Horas más tarde, llegó el citado comunicado en el que se confirmaba que había salido por la frontera con Argentina.
Asimismo, el portavoz de Javier Milei, Adrián Ravier, descartó que Bolsonaro haya solicitado asilo en Argentina. Y confirmó que el gobierno ultraderechista no emitirá comunicados ni saludará a Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo en las elecciones en Brasil, limitándose a señalar que “se tomó nota del resultado”.
El ministro Alexandre de Moraes emitió la orden de entrega de pasaportes siete minutos después de que el Tribunal Superior Eletoral (TSE) confirmara el triunfo de Lula, para evitar una posible fuga del país de Flávio Bolsonaro, investigado por el Supremo por supuesto lavado de dinero, con posible vínculo con dinero negro proveniente del mercado de las apuestas online. Flávio Bolsonaro tiene otra investigación en el Supremo, relacionada con la financiación de la película Dark Horse sobre su padre, proveniente del banquero preso Daniel Vorcaro.
Flávio Bolsonaro aseguró en un vídeo que fue intimidado por la policía al salir de la casa de su padre Jair Bolsonaro, donde cumple prisión domiciliaria. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme”, aseguró Flávio Bolsonaro, que también denunció una “persecución sin fin” de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio que está prófugo de la justicia brasileña en Estados Unidos, ironizó esta mañana sobre la posible fuga de su hermano. La periodista Mariana Sanches de UOL preguntó vía WhatsaApp a Eduardo Bolsonaro si su hermano estaba intentando huir del país. “Sí. Y Elon Musk ha tildado fuegos artificiales”, respondió.
El senador Rogério Marinho, quien fue el coordinador de la campaña electoral de Flávio Bolsonaro, dijo estar “sorprendido” por la salida del país del candidato presidencial derrotado el pasado domingo en segunda vuelta. Afirmó que esperaba que el senador aprovechara los casi 60 millones de votos obtenidos para asumir un papel destacado en la coordinación de la oposición al Gobierno de Lula. “Me sorprendió porque ayer hablamos de la necesidad de que Flávio asumiera ese papel de liderazgo de la oposición”, dijo.
La Policía ha confirmado que la familia de Flávio Bolsonaro también está en paradero desconocido, según informa Folha de São Paulo.
Por otro lado, el juez del Supremo Flávio Dino mandó investigar a Flávio Bolsonaro por posible financiación internacional irregular de su campaña, proveniente del Rockbridge Network, fundada por el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance en 2019. Dino sospecha que el acuerdo entre Flávio Bolsonaro y la empresa incluía entregar tierras raras y minerales críticos a dicha empresa en caso de ganar las elecciones. La PF tendrá que verificar si hubo propaganda política favorable a Flávio Bolsonaro desde perfiles extranjeros y el posible uso de plataformas de mercado de previsiones como canal para dichas propaganda irregular.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que “quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. “Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, dijo Lula sobre su rival derrotado en las elecciones del domingo, durante el festejo de sus 81 años, en su residencia en Brasilia.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) calificó la huida como “vergonzosa”. Y frente a un gran pastel con velas de cumpleaños, enumeró las veces que perdió comicios y aceptó la derrota. “Tuve muchas invitaciones para salir de Brasil. Tuve muchas invitaciones para ir a embajadas. Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, comentó, al recordar su etapa en prisión en el marco de la operación Lava Jato.
El mandatario brasileño, que en enero asumirá su cuarto mandato no consecutivo, dijo que “intentó” que el ultraderechista demuestre su inocencia cuando le pidió que exponga el detalle de sus cuentas bancarias y sus teléfonos celulares antes de la segunda vuelta electoral del domingo. “Él no lo entregó, lo que demuestra que ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez”, afirmó.
“La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos”, dijo el líder progresista.
Conseguir financiación para comprar una vivienda se complica en la recta final del año. Los bancos cada vez son más exigentes a la hora de conceder hipotecas, a la vez que suben el interés cobrado a por ellas. Los préstamos bancarios se encarecieron y la demanda de crédito cayó durante el tercer trimestre del año, con un retroceso especialmente acusado en la financiación destinada a adquirir una casa. Así lo recoge la Encuesta de Préstamos Bancarios publicada este martes por el Banco de España, que advierte de que esta tendencia podría prolongarse durante los últimos meses de 2026.
El diagnóstico de las entidades financieras apunta a un cierre de año desfavorable para los hogares que necesiten financiación. Los bancos prevén nuevas caídas de la demanda y un endurecimiento de las condiciones para conceder préstamos familiares, en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito y unas perspectivas menos favorables para el mercado inmobiliario.
Aunque los criterios de aprobación de las hipotecas permanecieron estables entre julio y septiembre, eso no impidió que las condiciones económicas de los nuevos préstamos se volvieran más restrictivas. Financiar una compra resulta más caro, lo que puede reducir la capacidad de endeudamiento de las familias y frenar nuevas operaciones.
El aumento del coste de los préstamos figura entre los principales factores que explican la menor demanda de financiación. Según la encuesta, los tipos de interés más elevados llevaron a hogares y empresas a solicitar menos crédito durante el tercer trimestre. En el caso de las hipotecas, las entidades señalaron también el empeoramiento de las perspectivas del mercado inmobiliario como un elemento que contribuyó a reducir las peticiones.
Esta combinación puede influir en las decisiones de quienes tienen previsto comprar una vivienda. Un préstamo más caro aumenta el esfuerzo económico necesario para afrontar la adquisición, mientras que unas expectativas menos favorables pueden llevar a algunos compradores a retrasar la operación.
De cara al cuarto trimestre, los bancos esperan que el retroceso continúe. Las previsiones apuntan a nuevas caídas de la demanda en los distintos segmentos de crédito, con una contracción de la financiación a los hogares.
Más allá de las hipotecas, el encarecimiento del crédito también afectó a la financiación empresarial y a los préstamos destinados al consumo. Durante el tercer trimestre, los criterios utilizados para conceder préstamos se mantuvieron estables tanto para las empresas como para la adquisición de vivienda, mientras que se endurecieron ligeramente en los créditos al consumo y otros fines.
En las nuevas operaciones, no obstante, las condiciones económicas se hicieron más restrictivas. La financiación a las empresas se vio afectada por el aumento de los tipos de interés, al igual que los préstamos hipotecarios. En el crédito al consumo coincidieron dos factores: el encarecimiento de la financiación y unos criterios de concesión más exigentes.
El retroceso de la demanda también alcanzó a las empresas, aunque con diferencias según su tamaño. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) concentraron la caída de las solicitudes de financiación, mientras que la demanda de las grandes compañías registró un ligero aumento. Por plazos, el descenso destacó especialmente en los préstamos a más largo plazo.
Los tipos de interés más elevados explican buena parte de esta evolución. Cuando financiarse resulta más caro, las empresas pueden aplazar inversiones o reducir sus necesidades de endeudamiento, mientras que los hogares pueden posponer decisiones de compra que requieren un préstamo de elevada cuantía.
Para los próximos meses, los bancos prevén que la financiación empresarial se mantenga relativamente estable en términos generales, frente a una contracción del crédito a los hogares.
A las perspectivas de menor demanda se suma otro factor: las entidades financieras esperan que empeore su propio acceso a los mercados de financiación. La encuesta señala que esta evolución afectaría tanto a la financiación minorista como a los mercados mayoristas, dos vías relevantes para obtener los recursos con los que los bancos sostienen su actividad crediticia.
El balance del Banco de España apunta así a un final de año complicado para el mercado del crédito. Las hipotecas destacan por la intensidad de la caída de la demanda, mientras que los bancos anticipan nuevas restricciones a la financiación de los hogares. El coste de los préstamos y las perspectivas de las entidades dibujan un entorno más exigente para quienes quieran comprar vivienda con financiación bancaria.
La Unión Europea prepara una nueva etapa para las ayudas al campo. Los ministros de Agricultura de los Veintisiete han acordado su posición negociadora sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, una reforma que busca orientar mejor las subvenciones hacia los agricultores en activo, las pequeñas explotaciones y los jóvenes que quieran incorporarse al sector. Sin embargo, dos cuestiones fundamentales continúan abiertas: cuánto dinero habrá disponible y qué límites se impondrán a las ayudas que recibe cada explotación.
El acuerdo permitirá al Consejo de la UE comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo, aunque todavía no supone la aprobación definitiva de la reforma. La posición pactada deja fuera los aspectos presupuestarios, que deberán resolverse durante las conversaciones sobre las próximas cuentas comunitarias. Hasta que se cierre esa negociación, no quedarán definidos todos los detalles económicos de un sistema que condiciona buena parte de los ingresos de numerosas explotaciones agrícolas.
Detrás de estos cambios está la intención de modificar el reparto de los fondos europeos y dar mayor margen de actuación a los Estados miembros. El objetivo es que cada país pueda adaptar las medidas de apoyo a las características de su sector agrario, sin abandonar los principios comunes que regulan la financiación comunitaria. La reforma se enmarca, además, en un proyecto más amplio de reorganización del presupuesto de la UE a partir de 2028.
Uno de los cambios más relevantes afecta a la estructura de financiación de la PAC. La propuesta de la Comisión Europea plantea integrar los recursos destinados a agricultura, cohesión, pesca, migración y seguridad, entre otras políticas, en planes nacionales y regionales que sustituirían a los programas independientes actuales. Esta reorganización supondría abandonar el modelo de dos pilares de la política agraria: uno dedicado a las ayudas directas y otro al desarrollo rural.
En su lugar, ambos instrumentos quedarían reunidos en un único marco de financiación. El cambio abre la puerta a una gestión más integrada de los fondos comunitarios, pero también sitúa la negociación presupuestaria en el centro del debate. La distribución final del dinero determinará el alcance real de las medidas y los recursos que podrán destinarse a cada prioridad.
La futura PAC también revisará los pagos vinculados a la superficie agrícola, uno de los mecanismos fundamentales para distribuir las ayudas. Según el Consejo, la intención es conseguir un reparto “más justo y eficaz”, con especial atención a las pequeñas explotaciones y a los jóvenes agricultores. No obstante, la orientación general del acuerdo todavía debe traducirse en reglas concretas y en una dotación económica que sigue pendiente de definición.
Para acceder a las ayudas, los Estados miembros deberán establecer una definición de agricultor en activo. Cada país podrá adaptarla a sus circunstancias nacionales, pero tendrá que contar con criterios que permitan determinar quién desarrolla efectivamente una actividad agraria. La medida busca orientar mejor los recursos públicos hacia quienes trabajan en el campo, aunque sus efectos dependerán de cómo se concreten esas definiciones en cada Estado.
Los ministros también contemplan la posibilidad de introducir mecanismos redistributivos que modifiquen el reparto de los fondos entre beneficiarios. La intención es prestar una atención especial a las explotaciones de menor tamaño.
Otra de las prioridades es facilitar la entrada de nuevas generaciones en el sector. Los países deberán elaborar estrategias específicas para impulsar el relevo generacional, con medidas que incluyan mayores ayudas básicas, respaldo económico para poner en marcha explotaciones y acceso a formación y asesoramiento. El objetivo es reducir las barreras que afrontan quienes quieren iniciar una actividad agrícola y favorecer la continuidad de las explotaciones.
Una de las cuestiones que todavía no se han resuelto es cómo se tratarán las ayudas de mayor cuantía. Las reglas para reducir progresivamente las subvenciones más elevadas y establecer un importe máximo por explotación se negociarán en una fase posterior, junto con el resto de disposiciones relacionadas con el presupuesto europeo.
Este punto será determinante para conocer hasta qué punto cambiará la distribución de los fondos. Aunque el acuerdo señala a las pequeñas explotaciones como uno de los colectivos prioritarios, todavía no fija un techo definitivo para las subvenciones ni detalla cómo se aplicaría una eventual reducción de los pagos más elevados. Las decisiones pendientes pueden influir de manera significativa en el reparto final de las ayudas.
La reforma no se limita al reparto de las subvenciones. La futura PAC mantendrá requisitos medioambientales comunes para acceder a la financiación europea e incluirá incentivos para favorecer la biodiversidad y proteger los recursos naturales. Al mismo tiempo, los gobiernos conservarán margen para adaptar la aplicación de estas exigencias a las condiciones locales de cada territorio.
Otro de los ejes de la propuesta es reforzar las herramientas con las que los agricultores pueden afrontar situaciones que amenacen sus ingresos. Entre ellas figuran los fenómenos meteorológicos extremos, las enfermedades que afectan a animales y plantas y las alteraciones de los mercados. La intención es mejorar la capacidad de respuesta de las explotaciones ante acontecimientos que pueden comprometer su actividad.
En este ámbito, se contempla financiar seguros agrarios e inversiones destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y facilitar la adaptación del sector. Los gobiernos también podrán conceder pagos de emergencia a productores afectados por desastres naturales y otras circunstancias excepcionales. Estas medidas pretenden reducir el impacto de las crisis sobre las explotaciones y contribuir a mantener su viabilidad económica.
La posición negociadora incluye, además, medidas relacionadas con las condiciones de trabajo en el campo. Los Estados podrán establecer servicios de sustitución temporal para que las explotaciones dispongan de personal de reemplazo durante bajas por enfermedad o permisos de maternidad y cuidado de los hijos. Con ello, el Consejo busca mejorar la conciliación familiar y laboral de quienes trabajan en la agricultura.
El acuerdo también respalda la continuidad de la financiación de proyectos para diversificar la economía rural, especialmente en las zonas con mayores dificultades. El agroturismo, la innovación y la digitalización figuran entre las actividades que pueden contribuir a generar nuevas oportunidades económicas y reducir la dependencia exclusiva de la producción agraria.
La reforma entra ahora en una fase de negociación en la que deberán concretarse tanto las reglas de funcionamiento como los recursos disponibles. La prioridad declarada es mejorar el reparto de las ayudas, facilitar la incorporación de jóvenes y reforzar la capacidad de respuesta del campo ante las crisis. Pero el alcance de esos objetivos dependerá de dos decisiones aún abiertas: el presupuesto de la futura PAC y los límites que finalmente se establezcan para las subvenciones por explotación.
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