El mercado laboral español pone a prueba el relato de fortaleza que defiende el Gobierno. El Ejecutivo presume de una economía que, pese a la guerra en Irán, crecerá un 2,6% en 2026, casi el triple que la zona euro (0,9%). Sin embargo, detrás de estas cifras hay un modelo de crecimiento que depende de tres factores clave, sin que ninguno implique por sí mismo una mejora de la productividad, la innovación o los salarios, lamentablemente. El turismo es uno de ellos: las previsiones apuntan a que España podría alcanzar este año los 100 millones de visitantes internacionales, un hito que hasta ahora solo ha logrado Francia. A ello se suma el respaldo de los fondos europeos, que inyectan financiación en la economía, y el aumento del empleo asociado a la llegada de población extranjera, que amplía la fuerza laboral, impulsa el consumo y contribuye a elevar la recaudación. Pues bien, la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), da una primera señal de alarma.

El tercer trimestre coincide con el final de la campaña de verano, por lo que el ritmo de creación de empleo suele moderarse una vez superado el periodo de mayor actividad turística. Además, desde la pandemia se ha ido apreciando una desaceleración gradual en el ritmo de contratación: desde las 570.000 personas del tercer trimestre de 2020, a las 387.000 en 2021, las 138.000 en 2022, 188.000 en 2023, 138.000 en 2024 y 118.000 en 2025. Sin embargo, el incremento de 73.600 ocupados nuevos entre julio y septiembre de este año es un dato más bajo de lo normal. Solo se compara con el de 2019, cuando se crearon 69.400 empleos.

Se destruye empleo en el sector privado; no pasaba desde 2012

De hecho, la señal de debilidad no está solo en el volumen de empleo creado, sino también en su composición. En 2019, el aumento de la ocupación estuvo repartido entre el sector público y el privado, que sumaron 34.200 y 35.300 trabajadores, respectivamente. En cambio, en el tercer trimestre de 2026, el empleo público aumentó en 89.900 personas, mientras que el privado retrocedió en 16.300. Es decir, los 73.600 ocupados nuevos sólo se explican por el avance del empleo público, que compensó la caída del privado.

Si bien es cierto que la desaceleración del empleo privado venía de antes, también lo es que no se registraban valores negativos, es decir, destrucción de puestos de trabajo. Sus avances habían pasado de 377.000 ocupados en el tercer trimestre de 2021 a 83.000 en 2022, 176.000 en 2023, 155.000 en 2024 y 107.000 en 2025. Sin embargo, este año el signo ha cambiado: el sector ha destruido empleo. De hecho, para encontrar una caída igual o mayor en un tercer trimestre, hay que retroceder hasta 2012, cuando se perdieron 37.000 ocupados, en un contexto muy distinto, marcado por los años más duros de la crisis financiera de 2008.

Lorenzo Amor, presidente de ATA: "La EPA refleja la dura realidad de los autónomos"

El retroceso del empleo privado se explica por la pérdida de trabajadores por cuenta propia, mientras que los asalariados del sector apenas variaron en el tercer trimestre. Concretamente, desaparecieron 15.500 autónomos entre julio y septiembre, hasta situarse en 3,17 millones. Además, el descenso se concentra en los autónomos sin asalariados a su cargo, cuyo número se redujo en 43.000 personas, mientras que aumentaron en 17.500 los autónomos que sí emplean a otros trabajadores. La caída afecta así a los más vulnerables, aquellos que desarrollan su actividad sin poder generar empleo, frente al avance de quienes tienen trabajadores contratados.

Tras conocer las cifras, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, concluyó que "la EPA refleja la dura realidad de los autónomos. No necesitamos huelgas ni pantomimas electorales. Los autónomos lo que necesitamos son menos trabas y burocracia, menos impuestos, menos cotizaciones y más protección social".

El espejismo del mercado laboral: la regularización de inmigrantes

Además, al desglosar los 73.600 nuevos ocupados por nacionalidad, se observa que el empleo aumentó en 75.400 personas extranjeras y en 148.500 con doble nacionalidad, mientras que entre los españoles descendió en 150.300. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta el impacto del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. En este sentido, Valentín Bote, director de Randstad Research, ha explicado este miércoles que, ahora sí, la realidad económica es "coherente con lo que esta EPA nos está diciendo".

En los últimos meses se estaba produciendo una divergencia entre la evolución de la economía y el número de afiliados a la Seguridad Social: mientras el crecimiento del PIB se moderaba, la afiliación aceleraba su ritmo de avance, algo que, según ha señalado, "no tenía ninguna lógica" con la marcha actual de la actividad. Por ello, finalmente, en la EPA se resuelve esta aparente contradicción. El investigador concluye que la divergencia solo se entendía si "teníamos en cuenta el hecho de que se estaban regularizando cientos de miles de inmigrantes en situación irregular" y que este proceso era el que estaba detrás de la aceleración del empleo.

La tasa de paro se aleja del objetivo de pleno empleo, comprometido por el Gobierno al final de esta legislatura

Como es habitual en un tercer trimestre, el número de parados ha crecido, concretamente en 95.900 personas, hasta alcanzar los 2.591.200 desempleados. Se trata del mayor incremento registrado entre julio y septiembre desde 2020, en plena pandemia. Con ello, la tasa de paro ha repuntado hasta el 10,18%, tres décimas más que en el trimestre anterior.

Aunque es la más baja para un tercer trimestre desde 2007, el desempleo continúa por encima del 10%, lejos del objetivo de pleno empleo que el Gobierno se había marcado. La entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió durante la campaña electoral de 2023 que "nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr el pleno empleo". Sin embargo, el repunte aleja las perspectivas de que esto suceda.

De hecho, según las previsiones del Gobierno, España cerrará 2026 con una tasa de paro del 9,9%. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus proyecciones publicadas en mayo, es todavía más pesimista. Anticipa una reducción más lenta y sitúa la tasa por encima del 10% en 2026 y 2027.

El presidente de Ryanair, Michael O’Leary, advirtió la semana pasada que los billetes de avión podrían encarecerse hasta un 20% en Europa durante 2027 por el encarecimiento del combustible. La guerra en Irán ha disparado los precios energéticos y, según ha explicado este martes el presidente de ALA, Javier Gándara, las compañías aéreas han repercutido parte del incremento del queroseno en el precio de los billetes durante 2026, aunque también han absorbido una parte del sobrecoste a costa de sus márgenes empresariales.

No obstante, durante la presentación de las perspectivas del sector para la temporada de invierno (que empieza en octubre y termina en marzo), el presidente de la patronal de las aerolíneas ha advertido que las aerolíneas afrontarán el próximo verano con una cobertura frente a las fluctuaciones sobre el precio del combustible significativamente menor. Mientras que las grandes compañías europeas tenían cubierto "entre el 60% y el 80% de sus necesidades para la temporada actual, de cara al verano de 2027 esa proporción se situará entre el 15% y el 40%".

Estas coberturas han permitido a las aerolíneas fijar por adelantado el precio de una parte del combustible que han necesitado en 2026, lo que les ha protegido frente a las subidas del mercado. Sin embargo, como señala el presidente de ALA, el margen de protección se reducirá a la mitad en la próxima temporada.

El queroseno, entre los factores coyunturales y estructurales

El precio del combustible de aviación no depende únicamente de la cotización del petróleo. Aunque el barril de Brent se situaba antes del conflicto en torno a los 70 dólares y ha llegado a alcanzar los 115 dólares, el queroseno se ha encarecido todavía más, hasta aproximarse a los 190 dólares por barril equivalente. El diferencial responde a que el coste del queroseno no solo está condicionado por el precio del petróleo, sino también por los costes de refino, transporte y de las alteraciones en las rutas de suministro.

Además, desde ALA también advierten de que el impacto sobre el sector no dependerá únicamente de cuándo termine la guerra. Gándara ha señalado que habrá que distinguir entre los efectos coyunturales de la guerra y los daños estructurales sobre infraestructuras energéticas que puedan prolongar el encarecimiento una vez que remita el conflicto. Por tanto, los daños en la capacidad de refino de la región podrán mantener la presión sobre el queroseno incluso si el precio del crudo comienza a bajar.

Las aerolíneas programan un 5,5% más de plazas para el invierno

Además, para la temporada de invierno 2026-2027, que comenzó este domingo y se prolongará hasta finales de marzo, las aerolíneas han programado 146 millones de asientos, un 5,5% más que los previstos en la misma fecha del año pasado. Aunque desde ALA advierten de que la cifra puede variar en los próximos meses y, además, no descartan que las compañías retiren capacidad si la evolución del combustible les obliga a revisar sus planes.

Sin embargo, la distribución geográfica es muy heterogénea. Mientras que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destaca con cerca de un 10% más de plazas programadas, en otros grandes aeropuertos el avance se modera: al 1,9% en Barcelona-El Prat y al 1,5% en Alicante. Asimismo, en Andalucía se supera el 5% de crecimiento y en Baleares se registra un 4,4% (con el aeropuerto de Ibiza registrando una caída del 1%), mientras que Canarias apenas aumenta un 0,1%.

La reforma del sistema de pensiones de 2023, implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo penalizaciones económicas de hasta el 30% sobre la cuantía de la pensión final para desincentivar el retiro de los trabajadores antes de la edad ordinaria de jubilación y favorecer carreras laborales más largas. El objetivo de fondo era aliviar la presión que ejercerá sobre las cuentas de la Seguridad Social la jubilación masiva de la generación del baby boom, que ya ha comenzado a retirarse. Es decir, retrasar la edad efectiva de jubilación para contener el aumento del gasto en pensiones que afrontará el sistema durante las próximas décadas.

Sin embargo, los datos acumulados de 2026 hasta agosto traen malas noticias. Las jubilaciones demoradas (aquellas en las que el trabajador sale del mercado laboral con más de 65 años si ha cotizado 38 años y 3 meses o con más de 66 años y 10 meses si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) representan el 12% sobre el total de personas que se han jubilado en los primeros ocho meses del año. Concretamente, casi 28.800 trabajadores optaron por esta modalidad respecto a las 247.200 altas del sistema.

Las optimistas proyecciones del Gobierno

Durante los años previos a la reforma, los jubilados que optaban por esta modalidad apenas representaban menos del 5% sobre el total. Sin embargo, desde que se introdujeron los desincentivos económicos, esta proporción ha ido escalando gradualmente: del 5,4% de 2022 al 8,1% en 2023, seguido del 9,3% en 2024, el 10,9% en 2025 y el 11,6% entre enero y agosto de 2026.

No obstante, estas cifras distan mucho de los cálculos estimados por el Gobierno. En 2023, el Ministerio que dirigía José Luis Ecrivá remitió a la Comisión Europea el documento con sus Proyecciones del gasto público en pensiones hasta 2050, a fin de recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Pues bien, en estas proyecciones, el entonces ministro de Seguridad Social apuntó que en 2026 se registrarían alrededor de 285.000 jubilaciones demoradas sobre un total de 345.000 altas, es decir, tendrían que haber representado el 83% del total en vez de un 11,6% como finalmente ha ocurrido.

Impacto económico de la sobreestimación

La cuestión no es solo que la estimación sea inexacta, sino también sus repercusiones económicas sobre el gasto público. El documento enviado a Bruselas calculaba que, como consecuencia del impacto de los nuevos incentivos a la jubilación demorada, se podría reducir el gasto un 0,14% sobre el PIB en 2025 y un 0,17% en 2026. En euros contantes y sonantes supondrían unos 2.300 y 2.900 millones de euros menos, respectivamente.

Sin embargo, dado que sus estimaciones no se han cumplido, este ahorro ha sido menor. Según cálculos de El Independiente, si se aplica de forma orientativa la proporción observada a las estimaciones del Gobierno, los 2.300 millones de euros que la Seguridad Social esperaba reducir del gasto en pensiones en 2025 se quedarían en unos 300 millones, mientras que los 2.900 millones proyectados para 2026 bajarían a alrededor de 400 millones.

De hecho, la desviación optimista no se limita a las jubilaciones demoradas, sino que también se ha producido sobre las previsiones globales. La reforma contemplaba más medidas, además de los desincentivos a retrasar la jubilación (como el incremento de los ingresos a través del refuerzo de las cotizaciones sociales o la elevación anual de la edad ordinaria de jubilación, entre otras), para reducir el gasto público.

Sin embargo, sus proyecciones apuntaban a que el gasto en pensiones contributivas se situaría en el 11,22% del PIB en 2025 gracias a la reforma, frente al 12,27% que habría representado sin ella. Dado que se disponen de los gastos del sistema sobre este ejercicio, las cifras revelan que el desembolso final ha sido superior incluso a la estimación del escenario previo a la reforma: casi 212.400 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB.

El centro de París se blinda ante una nueva manifestación prevista el sábado próximo, con comercios que protegen sus escaparates con tablones de madera y propietarios que compran armas defensivas por miedo a que se repitan los episodios de violencia y robo del pasado fin de semana.

El gobierno francés anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para evitar nuevos desórdenes ante los “numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos” y “saqueos”.

En la Armería de la Bolsa, en la zona de Les Halles, donde numerosos comercios fueron saqueados el pasado sábado, el propietario, Yves Gollety, asegura que las ventas de material defensivo se han disparado en la última semana.

“Los comerciantes compran material de defensa, aerosoles y cosas así, porque han sido agredidos y han tenido miedo -explica Gollety a EFE-. La gente se encontró bloqueada al fondo de sus tiendas por esas bandas de delincuentes. Muchos están traumatizados”, añade.

La armería, de hecho, está llena de clientes que compran aerosoles de gas pimienta y dispositivos que dispersan gases irritantes, para los que no es necesario ningún permiso. Las pistolas que disparan bolas de caucho, conocidas como ‘flash-ball’, también están en venta libre, aunque el dueño de la tienda confirma que están agotadas.

A horas de la nueva manifestación, el temor se palpa también en el bulevar Saint-Antoine, entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, por donde discurrirá la única marcha autorizada el sábado. Decenas de furgones policiales ocupaban ya la calle el miércoles, pese a que la plaza de la Bastilla permanecía abierta al tráfico y apenas se veían manifestantes.

El despliegue acompaña la imagen de los comercios cerrados y los escaparates cubiertos con tablones de madera en pleno centro de París. Las placas protegen establecimientos de las grandes cadenas.

Otros negocios siguen abiertos, pero también han blindado sus fachadas, una estampa inusual en una arteria comercial de la capital francesa, donde las tiendas parecen prepararse para resistir una amenaza inminente, tras la ola de violencia del 17 de octubre que causó daños en unos 3.000 comercios.

En una tienda especializada en productos de peluquería, Alice, una joven dependienta, confirma que cerrarán el sábado. “Sí, hay alguien que va a venir esta tarde a instalar las protecciones”, explica.

A pocos metros, unos operarios colocan tablones en la fachada de una farmacia. Tara, su responsable, resume la indignación de muchos comerciantes: “Desgraciadamente, nos estamos atrincherando. Nosotros no hemos sufrido daños, pero otros comerciantes sí”.

“Esto no es normal. Macron (el presidente francés) no hace nada. Es complicado, es triste, no es normal que haya otra manifestación prevista”, se indigna, subrayando el hecho de que en otras ciudades como Lyon o Marsella las autoridades las han prohibido.

La inquietud y la incertidumbre son los sentimientos más extendidos. Sarah, dependienta de una boutique, dice que todavía no sabe si van a cerrar.

Tony, dueño de una peluquería, muestra su asombro al descubrir que la marcha discurrirá el sábado posiblemente por delante de su comercio: “No van a hacer pasar la manifestación por el bulevar Saint-Antoine, ¿verdad?”, pregunta preocupado.

Muchos comerciantes prefieren no hablar con la prensa y preguntan primero de qué medio proceden los periodistas.

En una tienda de ropa tejana, un dependiente confirma que rompieron las protecciones de madera de los escaparates, aunque el interior parece estar en buen estado. Una empleada de una reconocida firma francesa, parada delante de las vitrinas cubiertas de su comercio, reconoce que han sufrido daños, pero no quiere dar más detalles: “Me han dicho que no haga declaraciones”.

En un pequeño kebab, cuyo cristal está fracturado, Amhed recibe a todo el mundo con una sonrisa. “Sí, nos lo rompieron durante la manifestación”, cuenta. Aun así, no piensa proteger la fachada: “Si quieren entrar, que entren y les damos de comer”.

“Nosotros somos todo: los dueños, los cocineros y los vigilantes. No vamos a hacer nada”, añade, señalando a sus compañeros sentados en el fondo de la estrecha sala.