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El País Vasco pone en marcha un programa de ejercicio físico para personas que han sufrido un ictus

Terminar la rehabilitación después de sufrir un ictus no siempre significa recuperar por completo la movilidad o la autonomía. Muchos pacientes continúan teniendo dificultades para realizar determinadas actividades cotidianas y, cuando dejan de acudir al hospital, mantener una rutina de ejercicio puede resultar complicado.

Para ayudarles a continuar con su recuperación, el Hospital de Gorliz, en Bizkaia, ha impulsado un programa piloto de ejercicio físico supervisado junto a Getxo Kirolak. La iniciativa permitirá que hasta 24 personas participen durante doce semanas en sesiones adaptadas a sus necesidades, una vez finalizada la fase principal de rehabilitación.

Quiénes podrán participar en el programa de ejercicio físico

El proyecto está dirigido a personas adultas que hayan sufrido un ictus isquémico o hemorrágico y que ya hayan completado su rehabilitación hospitalaria. Está especialmente pensado para quienes presentan secuelas motoras leves o moderadas, siempre que puedan participar con seguridad en actividades grupales.

Los profesionales del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Gorliz seleccionarán a los participantes y diseñarán los ejercicios en función de sus capacidades. Las sesiones tendrán lugar en las instalaciones deportivas de Gobela, en Getxo, donde podrán mantener una rutina de actividad física fuera del entorno hospitalario.

Según explica el Gobierno Vasco, uno de los problemas que afrontan estos pacientes es que muchos reducen progresivamente su actividad física al terminar la rehabilitación, lo que puede provocar una pérdida de capacidad funcional. Por ello, el programa busca ayudarles a conservar los avances conseguidos y mejorar aspectos como la fuerza muscular, el equilibrio y la movilidad, además de favorecer su autonomía en las tareas cotidianas.

Cerca de 6.900 personas fueron atendidas por ictus en Euskadi en 2025

La puesta en marcha de este programa coincide con el Día Mundial del Ictus, que se celebra cada 29 de octubre. Según los datos de Osakidetza, durante 2025 los servicios sanitarios vascos atendieron a cerca de 6.900 personas por esta enfermedad, de las cuales más de la mitad, concretamente 3.858, tenían más de 75 años. Por su parte, los pacientes de entre 46 y 75 años representaron el 39,7 % del total.

En cuanto a la distribución por territorios, Vizcaya fue la provincia con más personas atendidas, al superar las 3.500, mientras que en Gipuzkoa se contabilizaron más de 2.400 y en Álava, más de 800. Aunque el número total de pacientes apenas ha variado respecto a 2024, Osakidetza ha detectado un ligero aumento entre los mayores de 75 años.

© EUROPAPRESS

Osakidetza impulsa en el Hospital de Gorliz un programa de ejercicio físico para personas que han sufrido un ictus
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La Catedral de Ibiza acogerá un concierto gratuito de una de las obras más misteriosas de Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart murió en diciembre de 1791, cuando apenas tenía 35 años, sin haber terminado una de sus composiciones más conocidas. Se trataba del Réquiem, una misa de difuntos cuyo encargo había recibido meses antes de forma anónima y que, más de dos siglos después, sigue siendo una de las obras más reconocidas de la música clásica.

Esta composición podrá escucharse el próximo domingo 1 de noviembre en la Catedral de Ibiza, donde se ha organizado un concierto gratuito para conmemorar el 270 aniversario del nacimiento del músico austríaco. La actuación comenzará a las 12.00 horas y coincidirá con el Día de Todos los Santos, una fecha especialmente relacionada con el recuerdo de los fallecidos.

El misterio que rodeó la última obra de Mozart

Mozart recibió el encargo de componer el Réquiem en 1791, durante los últimos meses de su vida, aunque por aquel entonces desconocía quién había solicitado aquella misa de difuntos. El anonimato del encargo acabaría alimentando numerosas leyendas, especialmente después de que el músico falleciera el 5 de diciembre de ese mismo año, a los 35 años, sin haber conseguido terminar la partitura.

La obra quedó entonces en manos de su discípulo Franz Xaver Süssmayr, que se encargó de completarla a partir del trabajo que había dejado Mozart. De este modo, el Réquiem pudo llegar a interpretarse y, con el paso del tiempo, se convirtió en una de sus composiciones más conocidas, con pasajes como el Dies irae, marcado por su intensidad, o el Lacrimosa, cuya melodía es una de las más reconocibles de la pieza.

Un concierto gratuito en la Catedral de Ibiza

El concierto comenzará con el Laudate Dominum, KV 339, una de las composiciones religiosas de Mozart, antes de dar paso al Réquiem en re menor, KV 626. Ambas obras se interpretarán bajo la dirección musical de Juan F. Ballesteros y reunirán a cuatro solistas, el Cor de Cambra Amalthea, dirigido por Marta Mármol, y la Jove Orquestra Illes Balears, vinculada a Joan Barceló.

En cuanto a las voces solistas, el público podrá escuchar a la soprano Tanya Durán-Gil, la mezzosoprano Adriana Mayer, el tenor Néster Martorell y el bajo Sebastià Peris, que participarán en esta actuación organizada con la colaboración del Consell Insular de Ibiza, el Obispado y distintas entidades musicales de la isla.

La cita será el domingo 1 de noviembre, a las 12.00 horas, en la Catedral de Ibiza, situada en Dalt Vila, y tendrá entrada libre.

© Fundación Endesa

Catedral de Ibiza

© LA RAZÓN

Mozart será protagonista esta noche en Granada con su bellísimo e inacabado "Requiem"
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El sorprendente hallazgo en Ibiza de un fósil de la época de los dinosaurios que podría ser excepcional en España

Un fósil de entre 100 y 130 millones de años de antigüedad, descubierto este verano en una zona montañosa de Ibiza, ha sido recuperado por los bomberos después de permanecer varios meses en un sendero de difícil acceso. Se trata de un amonite de grandes dimensiones que ha despertado el interés de los geólogos por su estado de conservación y que ya se encuentra en las instalaciones de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El hallazgo tuvo lugar en Cala d’Aubarca, donde un excursionista encontró la pieza mientras exploraba un camino poco transitado. Sin embargo, su peso, de entre 35 y 40 kilos, y las dificultades del terreno impidieron que pudiera trasladarse hasta que se organizó un operativo especializado.

El hallazgo de un fósil de 130 millones de años en Ibiza

Carlos, responsable de Ibiza Sin Filtro, encontró el amonite el pasado mes de julio mientras exploraba un sendero próximo a Cala d’Aubarca. Aquel día había decidido desviarse de una de sus rutas habituales y, durante el recorrido, se fijó en una piedra que parecía contener un fósil, aunque inicialmente no le dio demasiada importancia.

“Pasé por allí, vi que era un fósil, pero sinceramente no le di más importancia”, explicó al Periódico de Ibiza y Formentera. Sin embargo, al comprobar que el camino no tenía salida y regresar sobre sus pasos, volvió a observar la pieza y se sorprendió por sus dimensiones. Entonces decidió hacer varias fotografías y compartir el hallazgo en sus redes sociales.

Poco después, el geólogo Luis Alberto Tostón se puso en contacto con él para explicarle el interés científico del ejemplar y proponerle su recuperación, de manera que pudiera estudiarse y exponerse al público. Carlos estuvo de acuerdo con la propuesta, ya que consideraba que el fósil debía permanecer en Ibiza y formar parte del patrimonio de la isla.

El problema era que la pieza se encontraba cerca de la bajada hacia el Ullal de na Coloms, en una zona de fuertes pendientes y precipicios que dificultaban su traslado. Por ello, el lunes 26 de octubre, un equipo de hasta doce bomberos especializados en rescates de montaña acudió al lugar y utilizó cuerdas, poleas y una camilla para transportar el bloque de roca, en una operación que duró aproximadamente una hora.

Por qué es tan especial el amonite encontrado en Ibiza

El amonite tiene unos 30 centímetros de diámetro y se encuentra dentro de un bloque de roca de aproximadamente 40 centímetros. Lo que más ha sorprendido al geólogo Luis Alberto Tostón es que, pese a su antigüedad, conserva con bastante claridad la estructura de su concha, algo poco habitual en ejemplares de estas dimensiones.

Estos animales eran moluscos marinos emparentados con los actuales pulpos y calamares, aunque, a diferencia de ellos, tenían una concha externa en forma de espiral. El fósil encontrado en Cala d’Aubarca pertenece al periodo Cretácico y podría tener entre 100 y 130 millones de años, una época en la que los terrenos que hoy forman Ibiza se encontraban bajo el mar.

Aunque los amonites son relativamente frecuentes en las formaciones rocosas de la isla, Tostón asegura que nunca había visto uno de semejante tamaño y tan bien conservado. “Aquí, en la exposición de la UIB, hay muchos fósiles valiosos, pero como este ninguno”, explicó al Periódico de Ibiza y Formentera.

El especialista considera que el hallazgo podría ser excepcional incluso en España, aunque todavía tendrá que comparar la pieza con otras colecciones científicas para comprobarlo. Por ahora, el amonite ya se encuentra en las instalaciones de la Universitat de les Illes Balears, donde formará parte de una exposición dedicada a la geología de las Pitiusas y permitirá conocer cómo era la isla hace millones de años.

© Wikipedia

Ibiza ciudad
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Qué pasará con "Avengers Doomsday" y "Secret Wars" tras la muerte de Patrick Stewart

Patrick Stewart llegó a ponerse de nuevo en la piel del profesor Charles Xavier para “Avengers: Doomsday”, pero su muerte a los 86 años ha dejado sin resolver una cuestión importante: si había terminado de grabar todas sus escenas. El actor británico aparece en los avances de la película y varios de sus compañeros han confirmado que coincidieron con él durante el rodaje, aunque Marvel todavía no ha aclarado si había completado su trabajo.

El intérprete falleció el miércoles 28 de octubre en su domicilio de Los Ángeles, acompañado por su familia, después de padecer Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. Stewart era especialmente conocido por sus papeles en “X-Men” y “Star Trek”, dos franquicias que marcaron su trayectoria y en las que interpretó al profesor Xavier y al capitán Jean-Luc Picard, respectivamente.

¿Había terminado Patrick Stewart de rodar “Avengers: Doomsday”?

Marvel Studios anunció en marzo de 2025 que Stewart volvería a interpretar a Charles Xavier en “Avengers: Doomsday”, donde compartiría reparto con varios de sus antiguos compañeros de “X-Men”, entre ellos Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Kelsey Grammer.

El actor aparece en un avance difundido en enero de 2026 junto a McKellen, que recupera su papel de Magneto. En las imágenes, ambos personajes se encuentran frente a un tablero de ajedrez, mientras que otros intérpretes, como Simu Liu y Danny Ramírez, han contado que también coincidieron con ellos durante las grabaciones.

Aunque estos testimonios confirman que Stewart llegó a rodar escenas para la película, se desconoce si había terminado toda su participación antes de fallecer. Marvel tampoco ha anunciado cambios en la producción, cuyo estreno está previsto para el próximo 18 de diciembre.

¿Aparecerá Patrick Stewart en “Avengers: Secret Wars”?

En el caso de “Avengers: Secret Wars”, que llegará a los cines en diciembre de 2027, Marvel no había confirmado la participación de Stewart. Sin embargo, su regreso como Charles Xavier en “Doomsday” había abierto la posibilidad de que el personaje también apareciera en la siguiente entrega, ya que ambas películas estarán relacionadas.

Algunas informaciones sitúan el comienzo del rodaje principal de “Secret Wars” en febrero de 2027, aunque el estudio todavía no ha anunciado oficialmente esa fecha. Si finalmente se mantiene ese calendario, el actor no habría podido participar en las grabaciones previstas para el próximo año, por lo que su posible aparición dependería de la existencia de material filmado con anterioridad.

Por el momento, no hay información que indique que Marvel tenga previsto utilizar imágenes anteriores de Stewart ni que haya tomado alguna decisión sobre el futuro de Charles Xavier en esta segunda película.

© EFE

British actor Sir Patrick Stewart dies at 86

© EUROPAPRESS

Patrick Stewart revela si se retirará tras interpretar al Profesor X en Vengadores: Doomsday
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Una profesora deja su trabajo y gana cientos de euros recogiendo arándanos y setas en los bosques de Finlandia

Una profesora de idiomas de Finlandia decidió dejar su trabajo este verano sin tener otro empleo asegurado y encontró una forma de ganar dinero recogiendo frutos silvestres y setas. La actividad, que practicaba desde hacía décadas, le permitió obtener cientos de euros en algunas jornadas e incluso llegar a recolectar 104 kilos de arándanos en un solo día.

La profesora decidió renunciar a su puesto fijo después de vivir una serie de problemas en el trabajo que la llevaron a plantearse su continuidad. Aunque no ha dado detalles sobre lo ocurrido, reconoció que le costó tomar la decisión porque no tenía otro empleo asegurado y le preocupaba cómo iba a mantener a su familia sin un sueldo.

Para afrontar los gastos, recurrió a una afición que practicaba desde los 20 años. Conocía bien los bosques de la región finlandesa donde vivía y sabía dónde encontrar frutos y setas, por lo que decidió aprovechar esa experiencia para conseguir ingresos.

Hasta 104 kilos de arándanos en un solo día

La abundancia de arándanos, moras árticas y boletus en los bosques de Finlandia permitió a la profesora salir a recolectar una media de cuatro días por semana. En una de esas jornadas llegó a recoger 104 kilos de arándanos que después vendió, mientras que en otras consiguió ganar varios cientos de euros, unos ingresos que le ayudaron a mantenerse durante el tiempo que estuvo sin trabajo.

Además de los frutos silvestres, la mujer también recogía boletus, unas setas a las que tiene especial afición y que lleva años buscando junto a su hermana. Ambas están pendientes de las condiciones meteorológicas para saber cuándo pueden aparecer y se avisan cuando encuentran una buena zona de recolección.

Este verano hubo tantos boletus que, según recordó, podían crecer decenas de ejemplares pequeños junto a un mismo pino. Sin embargo, la temporada apenas duró unos días y había que recogerlos rápidamente, antes de que los gusanos los estropearan y perdieran su valor comercial.

La venta de estas setas también requería bastante trabajo, ya que la profesora las limpiaba en el propio bosque, cortando parte del pie y retirando la suciedad del sombrero. Cuando encontraba cientos de ejemplares, esta tarea podía llevarle mucho tiempo, aunque procuraba prepararlos cuanto antes para que llegaran en buenas condiciones a la venta.

Encontró un nuevo empleo antes de terminar el verano

A principios de septiembre, la profesora supo que tendría que pasar 45 días sin cobrar la prestación por desempleo tras haber dejado voluntariamente su trabajo. Durante ese tiempo, el dinero que ganaba recogiendo frutos y setas le permitió afrontar parte de sus gastos, hasta que encontró otro empleo como profesora de idiomas y volvió a las aulas apenas tres días antes de que terminara ese plazo.

Pese a haber regresado a la enseñanza, quiere seguir dedicando parte de su tiempo a la recolección, una afición que comparte desde pequeña con su familia. Sus padres también acostumbraban a salir al bosque y este verano ha sido especialmente significativo para ella, ya que se cumplen 20 años de la muerte de su madre, a quien ha querido rendir homenaje con su esfuerzo.

De hecho, le gustaría compartir todo lo que ha aprendido durante estos años y no descarta organizar en el futuro actividades para enseñar a otras personas a recoger frutos silvestres y setas.

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Una profesora deja su trabajo y gana cientos de euros recogiendo arándanos y setas en los bosques de Finlandia

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Los arándanos proporcionan una verdadera protección celular, pero solo bajo una condición
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Una empresa despide a una mujer tras 40 años por supuestamente robar golosinas y hacer viajes privados, pero acaba obligada a indemnizarla

Una empresa del sector alimentario de Países Bajos tendrá que pagar más de 250.000 euros a una directiva de 64 años a la que despidió después de cuatro décadas de trabajo. La compañía la acusaba de llevarse golosinas, utilizar a otros empleados para asuntos personales y realizar viajes privados a su costa, pero el juez ha considerado que estas acusaciones no justificaban su despido inmediato.

Según informa el diario neerlandés AD, la mujer trabajaba desde 1985 en una compañía con sede en Breda, donde llevaba años dirigiendo varios departamentos internacionales. El conflicto comenzó en octubre de 2025, cuando un compañero presentó una queja contra ella que llevó a sus superiores a investigar su comportamiento.

Durante esa investigación, la empresa sostuvo que la directiva se había llevado varios kilos de golosinas de una sala de reuniones y que había pedido a otros trabajadores que se ocuparan de asuntos particulares. También cuestionó sus viajes profesionales a India, China y Brasil, al sospechar que había aprovechado algunos de esos desplazamientos para disfrutar de vacaciones privadas.

El juez cuestiona los motivos del despido

Sin embargo, en la carta de despido apenas se mencionaban los supuestos viajes privados. La empresa le reprochaba principalmente haber reservado hoteles demasiado caros y no haber respetado las normas sobre gastos de viaje.

Fue durante el juicio cuando la compañía aseguró que algunos de esos desplazamientos habían sido vacaciones encubiertas, pero el juez recordó que no podía añadir nuevas acusaciones después de haber comunicado el despido. Además, aunque reconoció que los viajes incluían actividades personales y que la directiva debería haber sido más transparente, también señaló que tenían motivos profesionales, por lo que no consideró justificado su despido inmediato.

La empresa también la acusaba de acudir poco a la oficina, ya que durante las quince semanas investigadas había asistido una media de 1,7 días por semana. No obstante, el tribunal tuvo en cuenta que su trabajo exigía mantener reuniones a primera hora con compañeros de China e India y por la noche con equipos de Estados Unidos y Sudamérica, por lo que pasar pocos días en la oficina no significaba necesariamente que estuviera desatendiendo sus obligaciones.

Una indemnización de más de 250.000 euros

La empresa tampoco pudo demostrar que la directiva se hubiera llevado las golosinas o hubiera recurrido a otros empleados para resolver asuntos personales. Otro de los motivos de conflicto fue su negativa a entregar las contraseñas del teléfono de trabajo, aunque el juez consideró comprensible su postura porque también utilizaba el dispositivo para asuntos privados y no quería que otras personas tuvieran acceso a sus datos personales.

El tribunal también tuvo en cuenta que la mujer llevaba más de 40 años trabajando en la compañía, había recibido buenas evaluaciones y cumplido sus objetivos profesionales, sin que constaran advertencias anteriores sobre su comportamiento.

El juez concluyó que ninguna de las acusaciones justificaba el despido inmediato de la directiva, por lo que la empresa tendrá que pagarle más de 250.000 euros. La mayor parte de esta cantidad corresponde a una indemnización de más de 160.000 euros por la finalización de su contrato, a la que se suman otros 64.000 euros por la extinción irregular de la relación laboral y una compensación adicional de 40.000 euros.

La compañía tampoco ha conseguido que la trabajadora le devuelva el dinero que reclamaba por los viajes y los gastos de la investigación, ya que el tribunal ha rechazado todas sus peticiones, incluidas las penalizaciones contractuales que pretendía cobrarle.

El Supremo da vía libre a que un trabajador reciba 12.500 euros de indemnización a cambio de renunciar a la nulidad de su despido

Varios tipos de golosina
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Una mujer en Japón alquila un piso con fama de estar encantado y consigue un descuento de casi el 30 %: “Quería hacerme amiga del fantasma”

Ryua lleva cuatro años viviendo en un apartamento de Tokio que, según asegura, está encantado, aunque eso no parece preocuparle demasiado. De hecho, cuando visitó el piso por primera vez, creyó ver a un hombre que la miraba fijamente y, al comprobar que el agente inmobiliario no podía verlo, llegó a la conclusión de que se trataba de un fantasma. Sin embargo, lejos de echarse atrás, decidió alquilar la vivienda, donde el anterior inquilino se había quitado la vida, y consiguió así un descuento de casi el 30 %.

La joven ha contado su experiencia a la BBC y asegura que, desde entonces, escucha pasos y voces que atribuye al supuesto fantasma. Sin embargo, estas experiencias no parecen preocuparle demasiado, ya que incluso reconoce que su intención inicial era llevarse bien con aquella presencia. “Soy un poco inconformista, así que decidí que quería hacerme amiga de aquel fantasma”, ha explicado.

Ryua, que trabaja en el mundo del entretenimiento y prefiere no revelar su apellido, lleva cuatro años viviendo en un estudio de 25 metros cuadrados en Setagaya, un distrito de Tokio. Por él paga 45.000 yenes mensuales, frente a los 62.000 que habría costado normalmente, una diferencia que se explica porque el anterior ocupante se había quitado la vida en el apartamento.

Por qué algunas viviendas son más baratas en Japón

En Japón existen las llamadas jiko bukken, viviendas en las que se han producido sucesos como asesinatos, suicidios o muertes en soledad y que, debido a sus antecedentes, pueden resultar más difíciles de vender o alquilar. Una de las razones es la creencia en los yuurei, espíritus de personas que fallecieron en circunstancias trágicas y que, según la tradición japonesa, pueden permanecer en el lugar donde murieron.

Aunque no hay pruebas de que estas viviendas estén realmente encantadas, algunas personas prefieren evitarlas por miedo a encontrarse con una presencia paranormal, lo que lleva a que sus precios sean inferiores a los de otros inmuebles similares.

Precisamente por los antecedentes de estas propiedades, el Gobierno japonés aprobó en 2021 unas directrices que obligan a los agentes inmobiliarios a informar sobre determinados fallecimientos ocurridos en las viviendas. En el caso de los alquileres, esta obligación suele dejar de aplicarse después de aproximadamente tres años, aunque existen excepciones, mientras que en las compraventas no se establece un plazo general para dejar de comunicar esta información.

Una casa por menos de la mitad de su precio habitual

Una estadounidense de 79 años que lleva casi cuatro décadas viviendo en Japón compró una casa de tres dormitorios en Kagoshima, al suroeste del país, por 20 millones de yenes, cuando otras viviendas similares de la zona pueden alcanzar los 45 millones. El precio era mucho más bajo porque una anciana había fallecido sola en el inmueble, algo que la inmobiliaria le explicó antes de la compra y que no le impidió seguir adelante.

La mujer ha contado a la BBC que no cree en los fantasmas y que está encantada con su nueva casa, hasta el punto de bromear con que, si realmente hubiera algún espíritu viviendo allí, le daría las gracias por haberle permitido comprarla a un precio tan reducido.

Aunque estas propiedades siguen generando rechazo en Japón, el aumento del precio de la vivienda está haciendo que más personas se planteen vivir en ellas. Según una encuesta de 2025 citada por la BBC, más de la mitad de los japoneses estaría dispuesto a alquilar una casa con estos antecedentes si pudiera conseguirla más barata.

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Una mujer en Japón alquila un piso con fama de estar encantado y consigue un descuento de casi el 30 %: “Quería hacerme amiga del fantasma”

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Tokio
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Ouigo cancela sus trenes mañana y el lunes para evitar el "caos" tras anularse los servicios mínimos

Ouigo ha decidido anular la circulación de todos sus trenes de Alta Velocidad para este viernes, 30 de octubre, y el próximo lunes, 2 de noviembre, después de que la Audiencia Nacional haya dado la razón al Sindicato de Maquinistas y haya anulado los servicios mínimos que le aprobó el Ministerio de Transportes para mantener el 71% de su servicio en estos dos días de huelga.

"No podemos garantizar qué trenes circularán y nos vemos obligados a cancelar todos nuestros trenes del 30/10 y 2/11 para evitar confusión en las estaciones", ha informado la operadora francesa mediante redes sociales y a los pasajeros tras el fallo judicial que lleva a no saber si los maquinistas del 71% de los trenes que en principio estaban previsto que circulasen por los servicios mínimos irán a trabajar o pararán.

Con ello, tratan de evitar el "caos" que creen que se generaría en las estaciones si cientos de pasajeros cuyos trenes en principio iban a salir acuden y los trenes están parados.

Según informa Ouigo, los trenes para el sábado y el domingo del Puente de Todos los Santos, el 31 de octubre y 1 de noviembre- "se mantienen programados con normalidad", puesto que a estos dos días no les afecta la convocatoria de huelga de maquinistas para hasta seis jornadas de tre puentes de aquí a diciembre.

En este de Todos los Santos, los paros convocados eran totales y para ello el Ministerio de Transportes autorizó a Ouigo a operar el 71% de sus circulaciones en servicios mínimos, lo que significaba anular 12 trenes este viernes y otros 10 el lunes.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha fallado a favor del recurso de la Semaf contra los servicios mínimos -normalmente, suele hacerlo si, como en este caso, existen otros operadores que puedan hacer los mismos trayectos-, de manera que Ouigo no puede saber qué trenes funcionará o cuáles no. Ante esta tesitura, ha decidido suspenderlos todos los del 30 de octubre y el 2 de noviembre.

Por otra parte Semaf ha convocado otras cuatro jornadas de paros parciales el 6 y 9 de noviembre, en pleno Puente de la Almudena en Madrid, y el 4 y 8 de diciembre, afectando así al Puente de la Constitución. Los maquinistas de Ouigo pararán estos días entre las 6 y las 12 de la mañana y entre las seis de la tarde y la medianoche.

Semaf ha convocado esta huelga en protesta por el "reiterado incumplimiento continuado" del convenio colectivo de Ouigo que les obliga a hacer "jornadas excesivas" que tienen un impacto en "la fatiga del trabajador", con "abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extras generada.

Los maquinistas de Renfe pararán otros dos días: 10 y 12 de noviembre

Los paros han sido convocados por Semaf, el mismo sindicato convocante de la huelga de maquinistas de Renfe de este jueves, que un día después del accidente de Urda, está teniendo un seguimiento muy superior a otras ocasiones, que ha obligado a parar la circulación de cuatro líneas de Cercanías en Madrid por ausencia de conductores y que el sindicato cifra en un seguimiento del "100%" de los maquinistas.

Esta organización sindical ha convocado otras dos jornadas de huelga de maquinistas de Renfe, el 10 y 12 de noviembre. El primero será un parto total y el segundo habrá paros parciales a lo largo de la jornada.

Como este jueves, Semaf explica que el motivo de la huelga es "el bloqueo de los compromisos de seguridad ferroviaria" que adquirieron la compañía y el Ministerio de Transportes para desconvocar la huelga de febrero, justo después del accidente de Adamuz, en el seno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un hecho que hace que Renfe considere que esta huelga no es contra un incumplimiento de la compañía. Sin embargo, Semaf también denuncia que no se han cumplido otros acuerdos sobre contratación y formación de maquinistas, para reducir la "desprotección del personal ante arrollamientos", por la "inexistencia" de procedimientos operativos en Renfe ante fenómenos meteorológicos extremos y por "deficiencias técnicas y seguridad" en los trenes.

Alto seguimiento de la huelga de Renfe de este jueves

De acuerdo con la información proporcionada por Renfe a media tarde de este jueves sobre los servicios públicos de Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia han registrado un 17% de servicios mínimos suprimidos y un 29% de circulaciones sin salida.

Además el sindicato convocante, Semaf, ha adelantado que seguirá convocando nuevos paros para reclamar medidas para que no puedan volver a producirse accidentes como el de Urda o Adamuz.

En cuanto a los Servicios Comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), se ha registrado un 12,5% de supresiones en los servicios mínimos: 6 de las 48 circulaciones programadas.

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Una popular isla turística de Italia declara la guerra a los móviles en la mesa y propone una alternativa para las familias

Quince restaurantes de Cerdeña, una de las islas más visitadas de Italia, pedirán a las familias que guarden sus teléfonos móviles mientras comen y les ofrecerán juegos y dibujos para entretenerse sin necesidad de recurrir a las pantallas. La iniciativa comenzará en noviembre y se prolongará durante un mes, aunque sus impulsores esperan que más establecimientos se sumen en el futuro.

La propuesta, denominada A tavola senza schermi (“A la mesa sin pantallas”), pretende reducir el uso de dispositivos electrónicos entre los menores y conseguir que padres e hijos vuelvan a conversar durante las comidas. Según informa The Guardian, los quince restaurantes participarán voluntariamente, por lo que la medida no supone una prohibición general del uso de móviles en la isla.

La iniciativa está impulsada por Anna Cau, defensora de la infancia de Cerdeña y antigua magistrada de menores, que defiende la importancia de ofrecer alternativas a las pantallas en los espacios que frecuentan las familias, en lugar de dejar toda la responsabilidad en manos de los padres.

Juegos y dibujos para entretener a los niños sin pantallas

Las familias que acudan a alguno de los restaurantes participantes tendrán que guardar sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante la comida. Para que los niños no recurran a las pantallas, el personal les entregará un kit elaborado por la Federación Italiana de Pediatras con juegos y dibujos que podrán compartir con sus padres.

Las actividades están pensadas para entretener a las familias durante el tiempo que permanezcan en el restaurante y animarlas a hablar sobre cuestiones cotidianas, como lo que han hecho durante el día. Además, el kit incluye un folleto con información sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas y recomendaciones para gestionar las redes sociales en casa.

Cau ha explicado que no basta con prohibir el uso de móviles ni con pedir a los padres que controlen cuánto tiempo pasan sus hijos frente a las pantallas. A su juicio, los restaurantes también pueden ayudar si ofrecen juegos y otras actividades para que las familias tengan alternativas cuando salen a comer.

Los restaurantes quieren recuperar las conversaciones durante las comidas

La iniciativa se ha puesto en marcha con la colaboración de Fipe-Confcommercio, una asociación que representa a empresas de hostelería, turismo y ocio. Su presidente en Cerdeña, Emanuele Frongia, ha explicado que los quince restaurantes aceptaron participar sin dificultades y que esperan ampliar la propuesta a otros establecimientos.

Según Frongia, cada vez es más frecuente ver a familias que apenas hablan durante las comidas porque están pendientes de sus teléfonos. También señala que algunos padres entregan un móvil o una tableta a sus hijos para que estén entretenidos mientras comen, una situación que, a su juicio, está cambiando la forma en que las familias disfrutan de estos momentos.

Esta preocupación también ha dado lugar a iniciativas similares en España. En diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Elche puso en marcha una campaña para reducir el uso de pantallas entre los menores que contemplaba el reparto de manteles y pinturas en restaurantes y cafeterías. De esta manera, los niños podían entretenerse dibujando durante las comidas, mientras que otras actividades de la campaña fomentaban los juegos de mesa en familia.

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El restaurante exclusivo que cobra 650 euros por menú y prohíbe usar el teléfono móvil

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Niños jugando con tablet y teléfono móvil.
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Dos jubilados compran camarotes para vivir en un crucero de por vida y dos años después les dan siete horas para abandonar el barco en Camboya

Lo que iba a ser una vida recorriendo el mundo a bordo de un crucero ha terminado antes de lo previsto para unos 200 pasajeros, que este martes tuvieron que abandonar el barco en Camboya después de que la compañía suspendiera sus operaciones por problemas económicos. Para muchos de ellos, no se trataba de unas simples vacaciones, ya que habían comprado un camarote con la intención de vivir permanentemente a bordo.

El buque había zarpado de Belfast en octubre de 2024 con la promesa de visitar cerca de 150 países y la posibilidad de adquirir camarotes desde unos 107.000 euros. Sin embargo, dos años después, el viaje ha quedado interrumpido en el puerto camboyano de Sihanoukville, donde los pasajeros apenas tuvieron tiempo para organizar su salida. Según explicaron dos residentes a la BBC, la compañía les avisó a las seis de la mañana de que debían abandonar el barco antes de las dos de la tarde.

Entre los pasajeros se encontraban una estadounidense de 70 años que había vendido su casa para recorrer el mundo junto a su gato siamés, Captain, y un banquero jubilado de origen neerlandés, de 83 años, que había comprado su camarote para poder seguir viajando sin necesidad de cambiar constantemente de alojamiento.

Los problemas económicos comenzaron durante el viaje

En declaraciones a un diario neerlandés, uno de los pasajeros cuenta que los problemas comenzaron a hacerse evidentes durante la travesía, cuando empezaron a escasear algunos alimentos, se modificaron las rutas sin previo aviso y surgieron dificultades con el personal. Al principio pensó que se trataba de contratiempos puntuales, pero la situación empezó a preocuparle cuando la compañía pidió más dinero a los residentes para intentar mantener el barco en funcionamiento.

Las dificultades económicas se vieron agravadas por el aumento del precio del combustible, que la naviera atribuye a la guerra en Oriente Próximo. Según explicó la empresa a la cadena pública británica, el coste mensual por camarote pasó de 1.800 a 8.000 dólares en algunas zonas de Asia, lo que llevó a reducir la velocidad del barco y prolongar las escalas en los puertos para ahorrar combustible.

Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes y la compañía acabó suspendiendo el viaje. Ahora dispone de 60 días para intentar reorganizar sus finanzas y conseguir nuevos fondos, aunque todavía no está claro si el crucero podrá volver a navegar.

“Que se interrumpan unas vacaciones es desagradable. Que te digan que tienes que abandonar tu casa es algo completamente distinto”, lamenta el jubilado.

Vendió su casa para vivir en el barco y ahora no sabe qué hará

La estadounidense de 70 años se encuentra actualmente alojada en un hotel de Camboya junto a otros pasajeros y asegura que no recuperará el dinero que pagó por su camarote, ya que considera que la compañía no dispone de fondos suficientes para devolverlo.

Sin embargo, no se arrepiente de haber vendido su casa para recorrer el mundo y guarda un buen recuerdo de los dos años que pasó a bordo, especialmente por el trato de la tripulación, que ayudó a los residentes a transportar sus pertenencias y buscar alojamiento cuando tuvieron que abandonar el barco.

El jubilado de 83 años también agradece el apoyo del personal, aunque lamenta la falta de explicaciones por parte de la empresa. Mientras él ha conseguido instalarse temporalmente en otro crucero, la estadounidense ha decidido permanecer en Camboya con la esperanza de que el barco pueda volver a zarpar.

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Dos jubilados compran camarotes para vivir en un crucero de por vida y dos años después les dan siete horas para abandonar el barco en Camboya

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¿Y si tu próximo sueño fuera un crucero?
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Puente rechaza las peticiones de dimisión y comparecerá en el Congreso el próximo martes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitará comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones del accidente ferroviario de Urda, ocurrido este miércoles y que se ha cobrado al menos 74 víctimas mortales y más de 100 heridos. Puente hace este movimiento después de que a lo largo de la mañana de este jueves Sumar, ERC y Podemos le reclaman acudir de forma urgente a la Cámara Baja y de que se generalizase entre políticos y sindicatos la exigencia de su dimisión, algo que fuentes del Gobierno aseguran que en estos momentos no está sobre la mesa.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su confianza y respaldo al ministro sin ambages, porque considera, según han señalado a 20minutos fuentes de Moncloa, que el accidente ferroviario nada tiene que ver con su gestión.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado de su intención de informar en el Congreso sobre el accidente de tren después de que a lo largo de este jueves se sucedieran las peticiones por parte de partidos de izquierda para que compareciera de forma urgente. Así lo han exigido Sumar, ERC y Podemos. El ministro acudirá al Congreso el próximo martes, 3 de noviembre, segun han informado fuentes parlamentarias.

Antes, este viernes, Puente ofrecerá otra rueda de prensa para "seguir informando con máxima transparencia" sobre este nuevo siniestro ferroviario, que se ha cobrado ya 74 pasajeros fallecidos y más de 100 heridos.

Estos dos movimientos hacen descartar que el ministro vaya a dimitir, algo que en estos momentos es mucho más lejano a lo que parecía este miércoles. En su primera comparecencia en el centro de Adif de Atocha horas después del accidente, Puente evitó contestar si lo haría con una frase críptica. "Estoy tratando de esclarecer esto, no estoy pensando en mí", dijo.

Este jueves, le han exigido la dimisión CCOO, CSI-F o el Sindicato de Circulación Ferroviaria por cargar todas las culpas al regulador de la circulación. Desde el PP y también desde la izquierda al PSOE, también el Frente Amplio, se piden "responsabilidades políticas" después esta nueva tragedia ferroviaria, nueve meses después del accidente de Adamuz. Por su parte, Vox ha presentado una querella contra Puente por homicidio imprudente mientras que la sensación de que no puede seguir siendo ministro de Transportes después de los dos graves accidentes también empieza a extenderse dentro del PSOE y también ha reflexionado sobre ello el propio presidente, Pedro Sánchez, que este martes afirmó que, tras Adamuz, el nuevo accidente de Urda no es "asumible" y prometió actuar con "contundencia".

Al margen de que sea una posición definitiva o solo temporal, fuentes del Gobierno indican que la dimisión de Puente no está en estos momentos sobre la mesa, como demuestra su petición para acudir al Congreso.

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Investigan a un hombre por matar presuntamente a su primo con un dónut relleno de crema para cobrar una herencia de más de 300.000 euros

Un hombre de 76 años ha sido detenido en Italia, acusado de provocar la muerte de su primo, de 74, al darle varios bollos rellenos de crema pese a saber que no podía comer alimentos sólidos. Los investigadores sospechan que pretendía quedarse con parte de una herencia familiar valorada en más de 300.000 euros, por lo que habría planeado el crimen aprovechándose de los problemas de salud de la víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio en una residencia de Reggio Emilia, donde vivía el fallecido, que tenía una discapacidad y padecía disfagia grave, un trastorno que le impedía tragar alimentos sólidos. Debido a esta enfermedad, había sufrido varios episodios de atragantamiento durante los meses anteriores y los médicos habían establecido una dieta basada en purés, batidos y otros alimentos de textura líquida.

Sin embargo, según informa Corriere della Sera, su primo, que también ejercía como tutor legal desde 2009, conocía estas restricciones y aun así habría acudido a visitarlo con varios bomboloni, unos bollos fritos italianos parecidos a los dónuts y rellenos de crema.

La excusa que habría utilizado para distraer a las cuidadoras

Según la reconstrucción de los investigadores, el acusado habría introducido los dulces a escondidas para evitar los controles de la residencia, donde los visitantes debían mostrar al personal cualquier alimento que llevaran.

Después de darle los bollos a su primo, el acusado habría buscado una excusa para alejar a las cuidadoras de la habitación. Para ello, se presentó ante las trabajadoras con la caja de una maquinilla de afeitar eléctrica y les preguntó si el aparato era adecuado, consiguiendo así distraerlas durante varios minutos mientras el hombre de 74 años se quedaba solo comiendo los dulces.

Según la reconstrucción de los investigadores, cuando el acusado regresó a la habitación, su primo ya tenía dificultades para respirar. Sin embargo, en lugar de pedir ayuda inmediatamente, habría comprado un refresco con gas en una máquina expendedora e intentado que lo bebiera para que pudiera tragar los trozos de comida con los que se estaba atragantando y, presuntamente, eliminar las pruebas de lo ocurrido.

El hombre terminó avisando a las cuidadoras, aunque inicialmente ocultó que le había dado los bollos. No obstante, una de las trabajadoras encontró varias migas en la ropa de la víctima y, cuando le preguntó de dónde procedían, el acusado reconoció que le había dado los dulces.

A pesar de que el personal intentó auxiliar al hombre mediante maniobras de Heimlich y de que los servicios de emergencia consiguieron extraer varios trozos de comida de su tráquea, no pudieron salvarle la vida. La víctima falleció por una parada cardiorrespiratoria causada por la obstrucción completa de las vías respiratorias.

Los investigadores descubrieron que había intentado hacerlo antes

Las sospechas del personal de la residencia dieron lugar a una investigación que se prolongó durante varios meses y que permitió descubrir que el acusado ya habría intentado dar alimentos sólidos a su primo en otras ocasiones, a pesar de conocer sus problemas para tragar. Según recoge Corriere della Sera, también habría contactado con otros familiares para tratar de acordar una versión común sobre los atragantamientos que había sufrido anteriormente la víctima.

Los investigadores sospechan que detrás de estas actuaciones había un interés económico, ya que el fallecido tenía un patrimonio de más de 300.000 euros y su primo era uno de sus herederos legales, por lo que habría recibido parte de esa cantidad tras su muerte.

La Fiscalía italiana considera que el hombre actuó de forma premeditada y se aprovechó tanto de su condición de tutor legal, que ejercía desde 2009, como de la discapacidad y la situación de dependencia de la víctima.Por estos hechos, se le acusa de homicidio voluntario con las agravantes de premeditación y abuso de su condición de tutor legal, entre otras.

El hombre fue detenido el miércoles 28 de octubre y se encuentra bajo arresto domiciliario, aunque solo puede mantener contacto con sus abogados y las personas con las que vive. La Fiscalía pretende evitar así que pueda ponerse de acuerdo con otros familiares sobre qué declarar acerca de los atragantamientos que había sufrido anteriormente su primo.

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Investigan a un hombre por matar presuntamente a su primo con un dónut relleno de crema para cobrar una herencia de más de 300.000 euros

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Coche de los Carabinieri
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Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

El conjunto de joyas con gemas rojas de José Luis Rodríguez Zapatero. (Infobae)

La segunda tasación de las joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho de Madrid introduce nuevos elementos en una de las líneas de investigación que rodean al expresidente del Gobierno. El informe pericial gemológico, joyero y económico encargado por el juez José Luis Calama a la joyería Yanes sitúa en 1.023.320 euros el valor de reposición del conjunto, una cifra inferior a los 1.323.915 euros que había estimado inicialmente la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español (IGE).

Infobae ha tenido acceso al informe, de 138 páginas, entregado al juzgado el 28 de octubre. El documento examina las piezas intervenidas y aborda cuestiones que el magistrado había considerado necesario esclarecer: su composición, calidad, marcas identificativas, posible procedencia geográfica, antigüedad aproximada y valor económico.

Tres juegos concentran casi todo el valor

El informe de Yanes distribuye las piezas en cuatro lotes. Los tres primeros corresponden a los conjuntos de mayor valor, integrados cada uno por un collar, unos pendientes, una sortija y un brazalete. El cuarto reúne el resto de las joyas intervenidas, consideradas de menor relevancia económica a efectos de la tasación.

La valoración queda repartida de la siguiente manera:

  • Lote 1. Esmeraldas y diamantes: 373.100 euros.
  • Lote 2. Gemas rojas y diamantes: 203.000 euros.
  • Lote 3. Zafiros y diamantes: 362.400 euros.
  • Lote 4. Resto de las piezas: 84.820 euros.

Los tres primeros lotes suman 938.500 euros, aproximadamente el 91,7% del valor total calculado por las peritos. El resto de las joyas representa los 84.820 euros restantes.

Los tres conjuntos de joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. (Infobae)

El conjunto de esmeraldas es el más caro, seguido por el de zafiros. El informe describe las piedras preciosas de los principales lotes como naturales, aunque con tratamientos y características que condicionan su valoración. Las esmeraldas presentan una calidad que las expertas califican de muy comercial y unas características compatibles con Zambia, sin que ello equivalga a una identificación concluyente de su yacimiento. Los zafiros, también naturales, han sido sometidos a calentamiento para mejorar su color y transparencia y presentan características compatibles con explotaciones tailandesas, como las de Chanthaburi o Kanchanaburi.

Las piedras rojas del segundo lote constituyen uno de los detalles más significativos del análisis. Las peritos concluyen que no pueden denominarse rubíes, ya que se trata de corindones naturales con relleno de vidrio de plomo y no se cumple la proporción necesaria para clasificarlos como tales. El tratamiento y la composición de estas gemas, según el informe, demeritan el conjunto.

Eso no significa que las piedras sean necesariamente falsas. El dictamen distingue entre su naturaleza, los tratamientos recibidos y su calidad comercial, tres aspectos diferentes a la hora de determinar el valor de una joya. Los diamantes que acompañan a las piezas son naturales, con tallas brillantes y pesos individuales que oscilan aproximadamente entre 0,02 y 0,20 quilates. Las expertas estiman un color G-H y una pureza VS-SI.

En aquel primer informe de Ansorena destacaban un collar de oro blanco de 18 quilates con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia, valorado en 278.000 euros; un collar con trece zafiros, tasado en 220.000 euros, y una pieza con bandas de diamantes y cinco rubíes naturales, cuyo importe se situaba en 155.000 euros.

Una fabricación común y de posible origen asiático

Uno de los apartados más relevantes del dictamen es el relativo a la identificación de las joyas. Las peritos encuentran elementos comunes en los tres principales conjuntos: el metal empleado, el estilo, la aleación, el engaste y los acabados.

Esas similitudes las llevan a considerar que las piezas podrían haber sido realizadas por un mismo orfebre y fabricadas de manera simultánea. Sin embargo, advierten de que no pueden determinar el año concreto, puesto que responden a un estilo clásico y atemporal, ajeno a modas o tendencias que permitan situarlas en un periodo preciso.

La conclusión técnica es que se trata de joyas de fabricación comercial y de muy probable origen asiático. El documento menciona como posibles áreas de fabricación India, Tailandia, China o países de Asia central, entre otros, pero no identifica un país ni un taller concreto.

Las marcas tampoco permiten cerrar esa incógnita. Todas las piezas presentan un punzón rectangular de extremos redondeados, con una T mayúscula de diseño particular en el centro, el número 18 a un lado y la letra K al otro. Las expertas interpretan que el número y la letra hacen referencia a la ley del metal, oro de 18 quilates, mientras que la T podría constituir una pista para identificar al fabricante. El informe considera que una investigación internacional sobre ese punzón podría ayudar a localizar su origen. No obstante, la marca, por sí sola, no permite atribuir las joyas a una firma o a un país determinado.

La identificación de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero de una T mayúscula, el número 18 a un lado y la letra K al otro. (Infobae)

Las peritos sostienen que la ausencia de una firma reconocible y las características de los punzones permiten descartar como hipótesis más probables determinados mercados con sistemas de identificación más exigentes, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos y los países árabes. En contraposición, apuntan a mercados asiáticos donde, según el dictamen, los requisitos de identificación pueden ser menos estrictos. Se trata, en todo caso, de una hipótesis técnica sobre el posible origen, no de una trazabilidad acreditada de las piezas.

La incógnita de 2007

La antigüedad es otro de los puntos que aborda el informe. Las expertas no fijan una fecha de fabricación, pero incorporan una conclusión cronológica basada en la composición del metal. Tras analizar la aleación de varias piezas, detectan un contenido de oro compatible con la ley de 750 milésimas, correspondiente al oro de 18 quilates. En la composición también aparecen cobre, níquel, zinc, rubidio, plata y germanio, además de un recubrimiento superficial de rodio.

El contenido relativamente bajo en níquel lleva a las peritos a formular una inferencia temporal. Las joyas no se habrían fabricado antes de la entrada en vigor del Reglamento REACH, el marco europeo para el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias químicas, que comenzó a regir el 1 de junio de 2007.

La hipótesis cobra relevancia por la explicación que ha ofrecido Zapatero sobre el origen de los conjuntos. El expresidente sostiene que las joyas le fueron entregadas por el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al Saud, como regalo estrictamente personal durante la visita oficial del monarca a España en junio de 2007.

La posibilidad de una fabricación posterior a 2007, si llegara a acreditarse, sería relevante para reconstruir la historia de las joyas, pero el dictamen no permite dar ese extremo por probado.

Sin certificados, estuches originales ni firma reconocible

Las expertas llaman también la atención sobre una circunstancia que consideran llamativa. El informe señala que los principales conjuntos carecen de sus estuches originales, certificados de calidad y documentación que permita identificar al fabricante o a la firma comercial. “Resulta incoherente el hecho de que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección”, apuntan las peritos, que destacan que este tipo de joyas suele adquirirse en establecimientos conocidos y contar con certificados, marcas trazables y una presentación acorde con su categoría.

El documento tampoco identifica una firma de alta joyería de reconocido prestigio. Las expertas describen, además, irregularidades en numerosos engastes y una fabricación de carácter comercial. Algunas soluciones técnicas, como la utilización de varias piedras pequeñas en determinadas formas en lugar de una gema única, contribuyen a explicar la valoración asignada.

En sus conclusiones, las peritos definen la pedrería como homogénea y de calidad comercial, y señalan expresamente que las gemas rojas desmerecen el conjunto.

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Accidente de tren en España: ¿falla uno de los sistemas más elogiados del mundo?

España enfrenta nuevas preguntas sobre la seguridad de su sistema ferroviario tras un tercer accidente de tren en lo que va de 2026. El siniestro ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, se suma a las tragedias de Adamuz, en Córdoba, y Gelida, en Barcelona, que dejaron decenas de víctimas mortales. La sucesión de accidentes vuelve a poner bajo escrutinio una red ferroviaria reconocida internacionalmente por su desarrollo y su infraestructura de alta velocidad. ¿Se trata de episodios aislados o existen problemas de seguridad que deben investigarse a fondo? Lo analizamos en El Debate de France 24.

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El engaño a las familias de las víctimas del accidente de tren de Urda: SMS falsos suplantan a la Guardia Civil para anunciar la identificación de sus seres queridos

El dolor y la incertidumbre de las familias que buscan a sus seres queridos tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se han visto acompañados por la difusión de mensajes fraudulentos que simulan comunicar la identificación de las víctimas mortales. El Centro Integrado de Datos (CID), constituido para coordinar las labores médico-forenses y de Policía Científica tras la tragedia, ha alertado este jueves de que familiares de posibles fallecidos están recibiendo SMS en los que supuestamente la Guardia Civil les informa de que los cuerpos de sus seres queridos han sido identificados.

El organismo ha desmentido la autenticidad de estas comunicaciones y ha recordado que la notificación de las identificaciones a los familiares se realiza exclusivamente de manera presencial y personal por parte de la Guardia Civil, nunca mediante llamadas telefónicas. Ante esta situación, ha pedido a los posibles afectados que no den veracidad ni a los mensajes de texto ni a las llamadas que reciban con ese supuesto contenido.

“Se ha tenido noticias de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda están recibiendo mensajes vía SMS en los que supuestamente la Guardia Civil informaría de la identificación de los cuerpos de sus familiares”, recoge la comunicación difundida por el CID, que ha trasladado la advertencia a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

Por el momento, el CID no ha precisado cuántos familiares han recibido estos mensajes, quién está detrás de su difusión ni si los SMS contienen enlaces, solicitudes de información personal o peticiones económicas. Tampoco ha detallado si se ha abierto una investigación específica para determinar el origen de las comunicaciones fraudulentas.

Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan este jueves en el lugar del accidente ferroviario de Urda. (EFE/ J.J.Guillen)

Las identificaciones continúan

La advertencia se produce mientras los equipos médico-forenses y de Policía Científica prosiguen con las autopsias y los trabajos para determinar la identidad de las personas fallecidas en el accidente. El Centro Integrado de Datos ha asegurado que estas labores continúan “ininterrumpidamente desde ayer con el mayor rigor y celeridad posibles”, en un proceso que requiere extremar las comprobaciones antes de comunicar cualquier identificación.

El CID se constituyó el miércoles, tras la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, puesto en marcha a raíz del siniestro ferroviario. Este dispositivo permite articular las actuaciones necesarias para el examen de los cuerpos, la recogida y el cotejo de muestras y la identificación de los fallecidos, así como la comunicación de los resultados a sus familiares.

En este contexto, la Guardia Civil mantiene el procedimiento de comunicación personal y presencial para trasladar a los allegados las identificaciones confirmadas. La advertencia difundida este jueves busca evitar que las familias confundan los mensajes recibidos con una notificación oficial en un momento especialmente delicado.

Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan este jueves en el lugar del accidente ferroviario de Urda. (Europa Press)

El accidente ferroviario de Urda ha dejado, según el último balance, 69 fallecidos. Mientras avanzan las labores de identificación, las autoridades han reclamado prudencia ante cualquier información que no proceda de los canales oficiales y han insistido en que las familias no deben considerar auténticas las comunicaciones telefónicas que anuncien la identificación de sus seres queridos.

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Quién es Aristea Afroditi Ortiz, la jueza que consiguió su plaza hace ocho meses y tiene ahora en sus manos la investigación de la tragedia ferroviaria de Urda

Juramento de Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, en el centro de la imagen, como jueza sustituta ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. (TSJC)

Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou apenas había tenido tiempo de familiarizarse con su primer juzgado cuando el azar de las guardias la colocó ante una de las investigaciones más complejas que puede afrontar un órgano de instrucción. Sobre ella ha recaído la tarea esclarecer por qué dos trenes de alta velocidad chocaron en Urda (Toledo) y reconstruir una cadena de decisiones cuyo desenlace fue una catástrofe.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz se convirtió el miércoles 28 de octubre en la jueza instructora del siniestro ferroviario. Ortiz Tiliakou pertenece a la 74.ª promoción de la Carrera Judicial y tomó posesión de su destino el pasado febrero, después de superar un proceso selectivo que se prolongó durante años y de completar su formación en la Escuela Judicial. No es, por tanto, una jueza que haya llegado a la instrucción sin preparación previa, aunque sí una titular que se enfrenta, en los primeros meses de su carrera, a un procedimiento de una dimensión muy distinta a la de los asuntos ordinarios de su juzgado.

Nueve años hasta la toga

El camino de Ortiz Tiliakou hacia la judicatura no comenzó con su nombramiento, sino mucho antes. Una de las primeras referencias documentales que permiten seguir sus pasos se remonta a 2017, cuando figuraba entre los aspirantes admitidos a las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En 2019 ya aparecía en las relaciones de candidatos a las carreras Judicial y Fiscal. También concurrió a convocatorias posteriores, incluida la de 2021, antes de conseguir superar definitivamente las pruebas de acceso a la judicatura.

La culminación llegó con la convocatoria de 2022. En diciembre de 2023, su nombre figuraba en la relación de aspirantes aprobados, en el puesto número 17 y con una calificación de 73,37 puntos. Detrás de ese resultado había quedado una sucesión de convocatorias y años de preparación, hasta franquear el acceso a una carrera profesional en la que el ingreso exige superar un proceso selectivo especialmente competitivo.

En enero de 2024 ingresó en la Escuela Judicial, donde completó la formación necesaria para ejercer. Formaba parte de una promoción de 121 nuevos jueces, integrada por 85 mujeres y 36 hombres, una mayoría femenina que también caracteriza a las últimas incorporaciones a la Carrera Judicial.

La formación no terminó con las oposiciones. Antes de recibir un destino definitivo, los nuevos jueces atraviesan un periodo de preparación práctica que les permite conocer el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales, desde la tramitación de procedimientos hasta la dirección de actuaciones jurisdiccionales. En el caso de Ortiz Tiliakou, esa primera experiencia profesional la llevaría hasta Cantabria.

La primera experiencia, en Torrelavega

Antes de instalarse en Castilla-La Mancha, la instructora del accidente de Urda pasó por los tribunales cántabros. El 27 de junio de 2025 juró como jueza sustituta ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, después de superar la fase de prácticas tuteladas de su promoción.

A partir del 2 de julio, comenzó a ejercer en el Tribunal de Instancia de Torrelavega, donde se le asignó la plaza número 6. Su nombramiento, junto al de otra jueza en prácticas, formaba parte de la fase de refuerzo y sustitución prevista para los integrantes de la 74.ª promoción, que se extendía inicialmente hasta el 30 de noviembre de aquel año.

Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, la sexta por la izquierda, en su toma de posesión en Castilla-La Mancha. (Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha)

La experiencia en Cantabria le permitió asumir funciones jurisdiccionales antes de su incorporación definitiva a la carrera. No era todavía su primer destino como titular, pero sí una etapa en la que comenzó a desenvolverse en el ejercicio efectivo de la jurisdicción, con las responsabilidades que implica tomar decisiones judiciales y dirigir procedimientos.

El 12 de enero de 2026, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó su nombramiento como jueza titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz. El acuerdo, publicado en el BOE, la situó en su primer destino definitivo.

El 3 de febrero recibió su despacho en Barcelona, en el acto de entrega a los nuevos integrantes de la Carrera Judicial presidido por Felipe VI. Tres días después, el 6 de febrero, juró su cargo en Castilla-La Mancha.

Orgaz, una localidad toledana desde la que se atienden asuntos de su partido judicial, debía ser el lugar en el que consolidase sus primeros pasos como titular. La plaza combina competencias civiles y de instrucción penal, con las guardias que permiten atender las diligencias urgentes y las actuaciones que no pueden esperar al funcionamiento ordinario de los juzgados. Y fue precisamente esa obligación de guardia la que alteró el curso de su primer año.

Una investigación extraordinaria para una jueza recién llegada

El accidente ferroviario de Urda ha colocado a Ortiz Tiliakou ante una investigación que exige mucho más que reconstruir las circunstancias inmediatas de una colisión. El procedimiento deberá determinar cómo se produjo el choque, qué información manejaban los responsables de la circulación, qué órdenes se transmitieron y si se respetaron los protocolos de seguridad, además de esclarecer, en su caso, las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos.

La jueza se encontraba de guardia cuando se produjo el siniestro, una circunstancia que explica que su juzgado haya asumido las diligencias. La dimensión de la tragedia obligó desde el primer momento a reforzar los medios del órgano instructor. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó que la titular de la plaza número 1 de Orgaz, Mónica Iniesta Sampayo, colaborase en la dirección y tramitación de las actuaciones, junto con otros magistrados y profesionales especializados.

Se han constituido equipos de trabajo con magistrados, letrados de la Administración de Justicia y médicos forenses, además de activar los mecanismos de coordinación para la identificación de las víctimas y la atención a sus familiares. La estructura de apoyo pretende agilizar las diligencias sin alterar las competencias de la jueza responsable de la instrucción.

Las primeras decisiones adoptadas por Ortiz Tiliakou ofrecen ya algunas claves sobre el rumbo de las pesquisas. La instructora ha acordado preservar el escenario del accidente, restringir el acceso a la zona afectada e impedir la retirada de elementos o la difusión de imágenes, con el objetivo de proteger las pruebas.

También ha ordenado la incautación y custodia de las cajas negras de los trenes siniestrados por parte de la Policía Judicial de Toledo, para su posterior análisis. Entre las diligencias figura, asimismo, la obtención de información del centro de control de Atocha sobre la circulación ferroviaria y la identificación de las personas encargadas del mando en el momento del accidente.

La Policía Judicial deberá recabar también documentación de Adif sobre los protocolos de actuación aplicables en los minutos previos, durante el siniestro y después de este. La jueza ha decretado, además, el secreto de las actuaciones, una medida que limita el acceso al contenido de la investigación y que no equivale a anticipar ninguna conclusión sobre las causas del choque.

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Quién dio las órdenes, con qué información y bajo qué protocolo se reanudó la circulación: las incógnitas del accidente ferroviario de Urda que busca resolver la jueza

Los trenes siniestrados en Urda. (Europa Press)

La investigación judicial del accidente ferroviario de Urda ha comenzado por reconstruir las decisiones que se tomaron en el centro de control de Adif en Atocha durante los minutos que precedieron a la colisión. La jueza que dirige las diligencias, Aristea Afroditi Ortiz, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), ha ordenado recabar los registros de circulación de los trenes afectados, identificar a los responsables que estaban al frente del mando y reunir los protocolos que debían regir la actuación ante la incidencia que alteró el tráfico ferroviario.

La primera línea de investigación conduce así hasta quienes tenían encomendada la regulación de la circulación y las instrucciones que transmitieron cuando el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar con normalidad. La documentación requerida a Adif deberá permitir contrastar las comunicaciones entre el puesto de mando y los trenes con los datos registrados sobre sus movimientos, las órdenes impartidas y los procedimientos aplicables en una situación de funcionamiento degradado. De esa reconstrucción dependerá, en buena medida, que los investigadores puedan establecer qué información manejaban los responsables de la circulación y en qué condiciones se autorizó la reanudación de la marcha.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que desde el centro de control se había autorizado al AVE de Renfe a continuar la marcha después de la incidencia, pese a que el Iryo que circulaba por delante seguía ocupando la vía. El propio ministro calificó de “inexplicable” esa decisión, aunque la explicación definitiva de lo ocurrido y la eventual existencia de responsabilidades corresponden a las investigaciones abiertas.

Las comunicaciones y los registros, bajo examen

La instructora ha oficiado a la Policía Judicial para que acuda al centro de control de Atocha y recabe los datos relativos a la circulación en la zona del accidente, así como un informe de la comisión de investigación de Adif que identifique a las personas encargadas del control de mando en el momento del siniestro. En otra resolución, ha solicitado a la Policía Judicial de Toledo que obtenga de la compañía los protocolos de actuación correspondientes a los minutos anteriores, simultáneos y posteriores al accidente.

La documentación deberá servir para reconstruir no solo qué órdenes se transmitieron, sino también el marco en el que se adoptaron. La investigación tendrá que comprobar qué procedimiento estaba previsto para responder al fallo del LZB, qué instrucciones recibieron los maquinistas y cómo evolucionó la incidencia hasta desembocar en la colisión. La secuencia tendrá que establecerse a partir de los registros y de las declaraciones, sin que las hipótesis que circulan sobre el origen del accidente puedan sustituir el análisis de las pruebas.

Trabajadores de emergencia trabajan en el lugar donde chocaron dos trenes en Urda. (AP Foto / Manu Fernández)

En paralelo, la jueza ha ordenado la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, con vistas a su posterior análisis. A sus datos se sumarán los elementos que puedan recuperarse en la vía, cuyo examen resulta necesario para completar la reconstrucción de los movimientos y las circunstancias del impacto.

La preservación del escenario ha llevado a la instructora a prohibir el acceso de personas ajenas a un perímetro de dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en ambos sentidos, así como la retirada de cualquier elemento y la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. La restricción deja el acceso reservado a las fuerzas de seguridad, los equipos de salvamento y sanitarios y el personal judicial, con el propósito de evitar que se alteren los vestigios antes de que puedan ser examinados.

Una investigación judicial y otra técnica

Las primeras actuaciones se desarrollan en paralelo al trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que debe esclarecer las causas técnicas del siniestro y formular, en su caso, recomendaciones para evitar que se repita. Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la CIAF ya han interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico en el momento del accidente, una actuación que forma parte de las pesquisas técnicas y que no debe confundirse con las diligencias judiciales.

La causa judicial, que permanece bajo secreto de sumario, cuenta con un dispositivo extraordinario de apoyo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha activado el protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica para sucesos con víctimas múltiples, con la intervención del Instituto de Medicina Legal de Toledo y el apoyo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid en las tareas de identificación, recogida de muestras biológicas y análisis genéticos. La organización judicial se ha reforzado asimismo para atender las diligencias, los levantamientos de cadáveres y las necesidades de coordinación derivadas de la emergencia.

El accidente, que dejó 68 muertos, ha abierto también una disputa sobre la eventual responsabilidad penal de quienes participaron en la gestión de la circulación y de los sistemas ferroviarios. Vox ha presentado una querella contra responsables por determinar de Adif, en particular contra los operadores del puesto de mando de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha, sus superiores y quienes tuvieran atribuidas funciones sobre los procedimientos de operación degradada y la seguridad. La formación plantea posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes y solicita, entre otras diligencias, la identificación de los trabajadores que estaban de servicio y la conservación de las grabaciones y registros.

Manos Limpias ha presentado, por su parte, una denuncia contra Adif, Renfe e Iryo, además de contra las personas que pudieran resultar responsables de la gestión, supervisión o mantenimiento del material y de la infraestructura. Las iniciativas de ambas acusaciones deberán seguir su propio recorrido procesal y no suponen, por sí mismas, que exista una atribución judicial de responsabilidad.

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Los maquinistas mantienen la huelga de este jueves en Renfe "en la defensa de la seguridad ferroviaria": suspendidas las líneas C-1, C-3, C-4 y C-8 de Cercanías Madrid y graves alteraciones en el resto de red

Hoy arranca un parón de 24 horas en todas las empresas del Grupo Renfe, y dirigida a todo el personal de conducción. Mañana se reproducirá en la francesa Ouigo Leer

Hoy arranca un parón de 24 horas en todas las empresas del Grupo Renfe, y dirigida a todo el personal de conducción. Mañana se reproducirá en la francesa Ouigo
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Dos años después de la DANA, la Justicia aún busca respuestas sobre la gestión de la tragedia: el Es-Alert, los dos investigados y las incógnitas sobre Mazón

La sede del PP en Moncada, vandalizada con barro en la cara de Carlos Mazón. (Redes Sociales)

La tarde del 29 de octubre de 2024, mientras el agua anegaba municipios enteros de Valencia, las autoridades autonómicas trataban de coordinar una respuesta a una emergencia que desbordaba los medios disponibles. El mensaje masivo que debía advertir a la población de la gravedad de la situación no llegó a los teléfonos móviles hasta las 20.11 horas. Para entonces, el barranco del Poyo ya se había desbordado y la riada había convertido calles, garajes y plantas bajas en trampas mortales.

Dos años después, aquella secuencia de decisiones continúa bajo investigación judicial. La causa abierta en Catarroja no ha determinado todavía las responsabilidades penales por la gestión de la emergencia que dejó 233 muertos. La jueza Nuria Ruiz Tobarra trata de reconstruir qué sabían los responsables autonómicos, cuándo lo supieron y qué hicieron con esa información. En el centro de las pesquisas están la demora del Es-Alert, las decisiones adoptadas durante la reunión del Cecopi y las comunicaciones que mantuvieron los integrantes del Gobierno valenciano en las horas críticas.

La investigación tiene dos protagonistas procesales: Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su número dos en el área de Emergencias. Ambos están investigados por su actuación durante la catástrofe. Carlos Mazón, que presidía la Generalitat aquella jornada, quedó fuera de la causa principal después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara la petición de la instructora para investigarlo. La magistrada, sin embargo, continúa recabando pruebas y ha conseguido que la reconstrucción de aquella tarde avance por una vía que ya no depende únicamente de las versiones ofrecidas por los responsables políticos.

Reconstruir una tarde decisiva

La instrucción comenzó con una pregunta aparentemente sencilla, pero de enorme complejidad jurídica: si las autoridades responsables de gestionar la emergencia podían haber adoptado medidas que evitaran algunas de las muertes. Para responderla, la jueza debía reconstruir la sucesión de acontecimientos y determinar qué información llegó a cada responsable, qué competencias tenía y cuánto margen de actuación conservaba cuando la situación empeoró.

La investigación se ha centrado en buena medida en el funcionamiento del Cecopi, el centro de coordinación que reunió a los responsables de las distintas administraciones durante la emergencia. La hora de su constitución, las propuestas que se debatieron y la redacción del mensaje de alerta se convirtieron en piezas fundamentales para establecer cómo se respondió al riesgo.

Decenas de coches amontonados en Sedaví, Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)

Uno de los hallazgos relevantes llegó en diciembre de 2025, cuando la jueza obtuvo el primer borrador del Es-Alert que se había descartado aquella tarde. A diferencia del mensaje que finalmente se envió, aquel texto incluía una orden de confinamiento de la población. La alerta definitiva, remitida a las 20.11 horas, se limitó a recomendar que se evitaran los desplazamientos.

La diferencia entre ambos mensajes dio una nueva dimensión a la investigación. Ya no se trataba únicamente de explicar por qué la alerta había llegado cuando las inundaciones estaban en marcha, sino también de esclarecer por qué se descartó una formulación que contemplaba una medida de protección más restrictiva. La instructora ha examinado la intervención de Pradas en la elaboración del aviso y las decisiones tomadas durante la reunión de coordinación.

Las advertencias previas y las comunicaciones del entorno de Mazón

A medida que avanzaron las pesquisas, la reconstrucción dejó de limitarse a las horas del Cecopi y se extendió a los días anteriores a la catástrofe. La investigación trata de esclarecer qué advertencias habían recibido las administraciones y si la información disponible permitía anticipar la magnitud del temporal.

El 19 de octubre de 2026, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, declaró ante la jueza que el 112 había enviado al Ayuntamiento avisos sobre el riesgo meteorológico los días 25 y 28 de octubre de 2024. Según su testimonio, el municipio había activado su plan local de inundaciones antes de la jornada de la tragedia. La declaración aporta un nuevo elemento para contrastar las advertencias recibidas por las autoridades locales con la información que manejaban los responsables autonómicos.

La cuestión es especialmente relevante porque la Generalitat y los dos exaltos cargos investigados han sostenido que la falta de información procedente de organismos estatales dificultó la respuesta. La instrucción, sin embargo, ha incorporado distintas comunicaciones que permiten examinar qué avisos circularon y qué decisiones se tomaron a partir de ellos. El testimonio de Silvent obliga a precisar qué información se transmitió, a quién llegó y si resultaba suficiente para adoptar medidas adicionales.

Un hombre durante las labores de limpieza de los desperfectos ocasionados por la DANA en Paiporta, Valencia. (Diego Radamés / Europa Press)

Otro de los frentes de la causa son los mensajes intercambiados entre Pradas y José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón. Entre ellos figura una comunicación en la que Cuenca escribió a la exconsellera: “Salo, de confinar nada”. El mensaje se produjo mientras se debatían las medidas que debían adoptarse para proteger a la población. Cuenca ha defendido que sus comentarios no constituían órdenes vinculantes, mientras que la investigación trata de aclarar su contexto y el posible alcance de las indicaciones transmitidas desde Presidencia.

Las comunicaciones de Cuenca siguen siendo una de las incógnitas que la jueza quiere despejar. La magistrada ha mantenido las gestiones para intentar recuperar los mensajes de WhatsApp del día de la riada, una información que podría ayudar a completar la secuencia de contactos entre el entorno del presidente y los responsables de Emergencias. La obtención de esos datos no está garantizada, pero la instructora considera que todavía existen vías que merece la pena agotar.

La jueza aprecia indicios de que algunas muertes podrían haberse evitado

La evolución de la instrucción ha llevado a la magistrada a formular conclusiones cada vez más concretas sobre la actuación de los responsables de Emergencias. En un auto del 14 de octubre de 2026, la jueza sostuvo que existían claros indicios de que algunos fallecimientos en la pedanía valenciana de La Torre podrían haberse evitado si Pradas y Argüeso hubieran ejercido sus funciones. La resolución puso el foco en los errores relacionados con el conocimiento de sus competencias y con la elaboración del Es-Alert.

La magistrada debe examinar las circunstancias de cada fallecimiento y establecer si existe una relación causal entre las decisiones investigadas y el resultado. En una causa de esta naturaleza, la gravedad de la tragedia no sustituye la obligación de probar los elementos de cada posible delito. El análisis judicial debe precisar qué podía hacer cada responsable, qué omitió y qué consecuencias tuvo esa conducta.

Varias personas realizan labores de limpieza en Paiporta, Valencia. (Eduardo Manzana / Europa Press)

El intento de investigar a Mazón y la decisión del TSJCV

La investigación llegó hasta Carlos Mazón el 24 de febrero de 2026, cuando la jueza elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que valorase investigarlo por su actuación durante la DANA. La magistrada consideró que existían indicios de una posible negligencia en la gestión y coordinación de la emergencia y puso el foco en las comunicaciones mantenidas por su entonces jefe de gabinete con Pradas, así como en la ausencia del presidente de los centros de decisión durante las horas críticas. Mazón conservaba su condición de diputado autonómico y, por tanto, estaba aforado ante el tribunal superior valenciano. Era ese órgano, y no el juzgado de Catarroja, el competente para decidir si los indicios expuestos justificaban abrir una investigación contra él.

El TSJCV rechazó por unanimidad asumir la causa el 16 de marzo y mantuvo su decisión el 27 de abril. Los magistrados entendieron que los hechos descritos por la instructora no proporcionaban un fundamento sólido y objetivo para atribuir al expresidente un delito. También consideraron que su cargo no lo convertía automáticamente en garante penal de la seguridad de los ciudadanos y que no había indicios suficientemente sólidos de su participación directa en la decisión de enviar el Es-Alert.

Una causa que seguirá abierta en 2027

El 14 de septiembre, la jueza acordó prorrogar la instrucción seis meses más a partir del 30 de octubre de 2026, con el apoyo de la Fiscalía. La magistrada justificó la decisión por la complejidad de la causa, la gravedad de los hechos y la necesidad de practicar nuevas diligencias. Quedan declaraciones de perjudicados y testigos, informes médico-forenses y gestiones para intentar recuperar las comunicaciones de Cuenca.

La prórroga sitúa el siguiente horizonte procesal en abril de 2027, aunque no significa que la investigación vaya a concluir necesariamente en esa fecha. La jueza deberá valorar las pruebas pendientes y decidir si procede cerrar la instrucción, acordar nuevas diligencias o avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento.

Dos años después de la DANA, la investigación ha permitido reconstruir parte de la cadena de decisiones que precedió al envío del Es-Alert, incorporar testimonios sobre las advertencias previas y examinar las comunicaciones entre los responsables autonómicos. También ha delimitado las posiciones judiciales sobre Pradas, Argüeso y Mazón, aunque sus situaciones procesales son distintas. Lo que todavía no ha establecido es una conclusión definitiva sobre quién debe responder penalmente por la gestión de la emergencia.

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El futuro judicial de Mazón inquieta al PP: su salida de Les Corts tras las elecciones autonómicas de 2027 puede devolverlo al juzgado de la DANA

El expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante su visita al centro del 112. (Rober Solsona / Europa Press)

Carlos Mazón sigue ocupando un escaño en Les Corts Valencianes, aunque hace casi un año que dejó de presidir la Generalitat. Es una presencia discreta en el Parlamento autonómico, pero con una trascendencia que va más allá de la política. Mientras conserve su condición de diputado, el expresidente permanece aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Un privilegio procesal que determina qué tribunal puede investigarlo y que, a medida que se aproximan las próximas elecciones autonómicas, amenaza con convertirse en una de las principales incógnitas de su futuro.

El calendario electoral y el judicial empiezan a cruzarse. El Partido Popular debe decidir cómo afronta las elecciones autonómicas de 2027, con una dirección renovada en Valencia y una etapa política que aspira a dejar atrás la gestión de la DANA. Mazón, mientras tanto, se enfrenta a una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué lugar le reserva su partido y qué ocurrirá con su situación judicial si deja de ser diputado.

Según adelanta El Independiente, el PP no prevé incluir a Carlos Mazón en sus listas para las elecciones autonómicas de 2027, una decisión que podría marcar el final de su etapa en Les Corts Valencianes y abrir un nuevo escenario en torno a su aforamiento. El diario apunta, no obstante, a la posibilidad de que el partido mantenga al expresidente en la Diputación Permanente para prolongar su condición de diputado hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Mazón dimitió como presidente de la Generalitat en noviembre de 2025, después de que su gestión de la catástrofe, las explicaciones sobre aquella jornada y la presión de las víctimas erosionaran su posición política. Su salida abrió una nueva etapa en el PP valenciano, que quedó bajo una gestora presidida por Juanfran Pérez Llorca. La sucesión permitió al partido sostener el Consell, pero no borró el coste político de la tragedia.

Ahora, con las próximas listas en el horizonte, el expresidente ocupa un espacio cada vez más difícil de encajar. Su presencia podría reabrir el debate sobre las responsabilidades políticas de la emergencia en plena campaña electoral. Pero su eventual exclusión tampoco resuelve por sí sola qué hacer con un dirigente que conserva un acta parlamentaria y cuya situación judicial sigue bajo escrutinio.

La posibilidad de que el PP aparte a Mazón de la primera línea no implica necesariamente que vaya a desaparecer de la política. Una eventual recolocación en el Senado, en otra responsabilidad institucional o en un puesto orgánico permitiría al partido alejarlo de la contienda valenciana sin exigirle una retirada completa. Por ahora, sin embargo, no hay una decisión acreditada sobre un destino alternativo. Tampoco está demostrado que exista una negociación para ofrecerle un escaño en la Cámara Alta. Su futuro puede depender tanto de la estrategia de Génova como de la voluntad del propio Mazón, cuya continuidad en las listas y sus aspiraciones no deben darse por resueltas sin una confirmación expresa.

El escaño que lo mantiene fuera de Catarroja

La relevancia judicial de esa decisión se entiende al retroceder al origen de la causa. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la investigación sobre la gestión de la DANA en Catarroja, elevó el 24 de febrero de 2026 una exposición razonada al TSJCV al apreciar indicios de una posible responsabilidad penal de Mazón.

La magistrada apuntó a una “absoluta negligencia” en la gestión y coordinación de la emergencia y a un posible nexo causal entre esa actuación y las muertes producidas por la falta de avisos. Entre los elementos que examinó figuraban las comunicaciones de José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón, con la exconsellera Salomé Pradas durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó por unanimidad, el 16 de marzo, asumir la investigación. Consideró que la exposición razonada no contenía un fundamento sólido y objetivo para atribuirle un delito y que no se habían acreditado indicios suficientemente consistentes sobre una eventual intervención del expresidente en el envío de la alerta Es-Alert. Los magistrados también descartaron que su conducta pudiera encajar, con los elementos aportados, en un homicidio imprudente por comisión por omisión. La resolución subrayó que la responsabilidad penal no podía derivarse únicamente del cargo que ocupaba ni de una valoración política o moral de su comportamiento.

La sede del PP en Moncada, vandalizada con barro en la cara de Carlos Mazón. (Redes Sociales)

El rechazo no supuso el cierre de la causa de Catarroja, que continuó respecto de otros investigados. Tampoco convierte en inevitable una futura imputación de Mazón. La eventual aparición de nuevas pruebas podría alterar el escenario, pero el pronunciamiento del TSJCV constituye un precedente que cualquier nueva actuación deberá tener en cuenta.

Qué cambiaría si pierde el aforamiento

El aforamiento no es una protección frente a cualquier investigación, sino una regla que determina el órgano judicial competente. El artículo 23 del Estatuto de Autonomía atribuye al TSJCV la competencia sobre la responsabilidad penal de los diputados autonómicos en los términos previstos legalmente. Si Mazón deja de ser parlamentario y no conserva otro título de aforamiento, la eventual causa correspondería, en principio, a los tribunales ordinarios competentes.

Eso abriría la posibilidad de que la jueza de Catarroja volviera a intervenir, pero no implicaría que pudiera imputarlo automáticamente. La pérdida del escaño no aporta indicios nuevos ni elimina los argumentos jurídicos con los que el TSJCV rechazó investigarlo. La eventual reapertura de esa vía dependería de las pruebas disponibles, del alcance de la resolución anterior y de las reglas procesales aplicables.

El calendario añade otra incógnita. La disolución de Les Corts prevista para las elecciones de 2027 podría situar el momento decisivo antes incluso de la votación. El mandato parlamentario y el régimen de prerrogativas no deben confundirse, sin embargo, con la mera convocatoria electoral. El Estatuto y el Reglamento de la Cámara regulan la finalización del mandato y el funcionamiento de la Diputación Permanente, cuyo papel resulta determinante para interpretar el escenario.

Según la información de El Independiente, el PP contempla la posibilidad de mantener a Mazón en ese órgano hasta la constitución de las nuevas Corts, lo que prolongaría su aforamiento. La viabilidad de esa fórmula dependerá de las reglas de composición y designación y de la situación efectiva de su escaño. No es, por ahora, una garantía de continuidad ni una decisión formalmente adoptada.

Una cuenta atrás que no resuelve la causa

La instrucción de la DANA, prorrogada hasta abril de 2027, coincide ya con el tramo previo a las elecciones. La jueza mantiene abiertas diligencias y sigue reconstruyendo las decisiones adoptadas durante una emergencia que dejó 230 víctimas mortales. El proceso judicial y la disputa política avanzan así sobre calendarios distintos, pero cada vez más próximos.

Para el PP, la incógnita es cómo cerrar la etapa de Mazón sin reabrir las heridas de la catástrofe en plena campaña. Para el expresidente, la cuestión es si conservará un lugar en la política valenciana o si su salida de Les Corts terminará por modificar también el escenario judicial.

Dos años después de la DANA, su escaño sigue siendo mucho más que una posición parlamentaria. Es el vínculo que mantiene a Mazón dentro de una institución de la que ya salió su principal responsable político y, al mismo tiempo, la pieza que puede determinar dónde se dirime una eventual investigación penal.

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