Hay palabras así, estacionales, peregrinas. Palabras que copan nuestras lenguas una vez al año, o cada dos o tres: la situación mundial resuena siempre pero la palabra mundial se vuelve mundial cada cuatro años; turrón, cada invierno; bikini, cada verano. La palabra elecciones aparece cada tanto, pero cuando llega arrasa. Este mes estará todo el tiempo en todas partes, la diremos y oiremos y leeremos sin parar. ¿O no?
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Luiz Inácio Lula da Silva no es un personaje excéntrico que haya salido de la nada y dado un vuelco inesperado al poder en Brasil. Es un líder bien conocido a sus 81 años que, tras su victoria del domingo, inicia un cuarto mandato presidencial (no consecutivo: entre el segundo y el tercero estuvieron Dilma Rousseff, Michel Temer y Jair Bolsonaro). Sin embargo, su remontada en la segunda vuelta electoral, después de haber quedado en la primera detrás de Flávio Bolsonaro, fue respondida por la gente del dinero con un sonoro batacazo de los mercados. El real brasileño se depreció el lunes un 7,8% y el índice Bovespa de la Bolsa, que llegó a paralizar las negociaciones ante la ola de ventas, se hundió un 13,4%. Los inversores lo habían apostado todo por el segundo Bolsonaro, el hijo, un candidato nada ejemplar que pasó en pocas horas de prepararse para firmar el indulto para su padre desde el sillón presidencial a huir a Florida para no acabar encarcelado él mismo. Vaya, ¿acaso se les ha visto el plumero ideológico a los mercados? No respondamos todavía.
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Tres asociaciones y casi 70 particulares figuran ya como afectados en el procedimiento del Tribunal Supremo que ha derivado en la suspensión del voto para los nacionalizados por la ley de nietos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo emplazó a personarse el pasado 12 de octubre a los más de 163.000 nuevos españoles a los que ha retirado el derecho al sufragio, y, una vez terminado el plazo de cinco días abierto por el tribunal y examinadas todas las solicitudes, los jueces han aceptado la personación de 69 particulares y de la Asociación de Extranjeristas en Red, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Para todos ellos ha abierto un nuevo plazo de tres días para que presenten alegaciones sobre el procedimiento.
El Tribunal Supremo estudiará si suspende también el derecho al voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos a los que se ha retirado el sufragio para el 29-N. La Sala de lo Contencioso-Adiministrativo descarta adoptar esta medida por la vía urgente, pero en una resolución dictada este viernes, ha dado tres días a las partes para que se pronuncien sobre la petición formulada por Iustitia Europa, que reclama que la medida adoptada por los jueces para más de 163.000 nacionalizados como hijos o nietos del exilio se extienda a su vez a los descendientes de estos, nacionalizados por otro apartado de la Ley de Memoria Democrática que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo. Según los datos de Exteriores incorporados al procedimiento por la Abogacía del Estado, por ese supuesto se han nacionalizado más de 189.000 personas que ya están inscritas en el censo de extranjero.
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Tuvo que despedirme la Administración Trump en 2025 para que comprendiera de verdad hasta qué punto se había vuelto frágil el tejido de nuestra sociedad en Estados Unidos. Valores que durante tanto tiempo habíamos considerado universales —como acabar con el hambre en el mundo, el VIH, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas— se convirtieron de pronto en moneda de cambio político. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi país interrumpiría de forma precipitada y temeraria el suministro de material médico, alimentos de emergencia y kits de atención a víctimas de violación destinados a algunas de las personas más pobres del mundo, con un coste en vidas difícil de calcular.
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“Setenta y cuatro compatriotas han muerto y otros tanto han sido heridos en un accidente ferroviario injusto y evitable”, ha comenzado su mitin en Ávila este jueves por la tarde el líder de Vox, Santiago Abascal. En el momento en que hablaba, la cifra oficial de fallecidos se mantenía en 69 y, a falta de determinar sus nacionalidades, se sabe que hay algún extranjero, pero Abascal se ha preguntado por qué no han dimitido todavía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, “Oscar Muerte”, como le ha llamado, después de que “120 españoles” hayan fallecido en accidentes ferroviarios este año.
© Raúl Sanchidrián (EFE)
La Junta Electoral Central ha decidido este jueves estimar la denuncia presentada por el Partido Popular y ha declarado que la grabación y difusión del vídeo protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ante la obra Guernica, podría haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Ley Electoral y la limitación a la obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas fuera del período de campaña electoral prevista en otro artículo de esa norma.
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La campaña ha dado un vuelco. La tragedia ferroviaria de Toledo ha irrumpido como un cisne negro en la precampaña electoral cambiándolo todo. El accidente, que dejó al menos 69 fallecidos y 77 heridos, el segundo mortal en la alta velocidad española en apenas nueve meses, ha dado una sacudida al tablero cuando faltan solo 31 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Nada será igual ya después del siniestro, admiten en las cúpulas de todos los partidos políticos, obligados a recalcular sus estrategias y sus agendas para adaptarse a la catástrofe. El Gobierno, el principal responsable de la red ferroviaria, está en shock por una tragedia que se le sitúa en el peor escenario político posible en plena contienda electoral y que pone en el punto de mira al ministro de Transportes, aunque Pedro Sánchez mantiene de momento el apoyo a Óscar Puente. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo ayer un tono institucional y evitó pedir dimisiones por respeto a las víctimas, pero la presión irá en aumento. Vox se lanzó al ataque señalando a Sánchez como responsable y hasta Frente Amplio endureció el tono pidiendo responsabilidades políticas.
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Se acabó el colegueo de Broncano y sus coleguitas con los candidatos más afines. Y los chascarrillos cómplices de Motos y sus hormigas con los suyos. Se terminaron las piruetas con la IA de los malotes de los partidos ensalzando a sus propios líderes y humillando a los rivales. Se acabaron los bailes arrítmicos de Sánchez en sus mítines. Y los juegos de palabras autoboicoteados por Feijóo en los suyos. Podría seguir pasando revista a todas las siglas, pero aquí lo dejo, porque, por supuesto, nada de eso ha terminado ni va a terminar ni siquiera estando aún caliente el ADN de las víctimas de los trenes de Toledo en las vías. Abascal y sus esbirros ni se han molestado en disimular y ya le han echado los muertos a la cara al Gobierno antes siquiera de ser identificados por sus deudos. Y al resto, les falta cinco minutos para usarlos como munición partidista y enzarzarse a hostias con ellos. Todo lo más, dejarán pasar el puente de Todos los Santos y Difuntos, macabro capricho del calendario, para volver a los zascas, al jijí-jajá y a las consabidas gamberradas de la IA insultando la inteligencia del votante, no sea que los tachen de boomers trasnochados, el nuevo sambenito para todo.
El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos que le reclamó el pasado viernes. Aunque la Abogacía del Estado cifró en 163.020 personas los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectados por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fuentes del Gobierno señalan que la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres, de los que hay 901 cuyos expedientes acreditan la condición de exilio, que ha sido certificada por los cónsules. Según la orden dictada por el Supremo, solo estos podrán votar en las elecciones del 29-N.
© Juan Ignacio Roncoroni ((EPA) EFE)
“Disfruta España, Gabriel”, le dijo Broncano con su pin español en la solapa al candidato Rufián. El presentador hizo una pregunta áspera y necesaria: ¿sigue siendo independentista Rufián? Si será divertida España que se le pregunta, y se le pregunta además con interés, al candidato de Esquerra si es indepe. Como diría él con su eterno latiguillo: por lo que sea. Respondió Rufián que, de haber referéndum de independencia, diría sí. Fue entonces cuando se le dijo algo a lo que Rufián está acostumbrado: que está muy bien en Madrid. Cosa perfectamente compatible con sentirse de otro país, por otro lado. Lo gracioso es Rufián diciendo que apenas conoce cuatro calles: aún va a pasear por más cadenas de televisión que calles.
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