México, al contrario que España, cuenta con un modelo de pensiones mixto que combina prestaciones de reparto, cuentas individuales de ahorro y complementos financiados por el Estado. Desde julio de 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar permite elevar determinadas prestaciones hasta el 100% del salario medio del último año trabajado, aunque con un máximo fijado para 2026 en 17.885,85 pesos mensuales, unos 862 euros.
La cuantía que recibe cada jubilado depende de varios factores, entre ellos la fecha en que comenzó a cotizar, el número de semanas acumuladas y el salario percibido durante su vida laboral. Por eso, dos personas que se retiren a la misma edad pueden acceder a prestaciones muy diferentes. La edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años, aunque existen vías para dejar de trabajar antes bajo determinadas condiciones.
El modelo se organiza en cuatro niveles: una pensión no contributiva para las personas mayores, el seguro social para los trabajadores del sector privado, un complemento público para determinadas jubilaciones y los planes de pensiones promovidos voluntariamente por las empresas. La combinación busca ofrecer una protección básica y mejorar los ingresos durante la vejez, pero el resultado final depende de la trayectoria laboral de cada persona, señalan expertos en pensiones de BBVA.
El sistema de pensiones mexicano es diferente al de España que posee un modelo de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas.
La fecha clave para calcular la pensión contributiva es el 1 de julio de 1997. Quienes comenzaron a cotizar antes de ese día están sujetos a la llamada Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), basada en un sistema de reparto y una prestación definida. Para acceder a ella se necesitan, como mínimo, 500 semanas cotizadas —casi diez años— y haber cumplido 60 años para la jubilación por cesantía en edad avanzada o 65 para la pensión de vejez.
Mientras que en España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.
En cuanto a la cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.
En el modelo mexicano, el cálculo de la pensión parte del salario medio de las últimas 250 semanas cotizadas, equivalentes a casi cinco años. A esa base se aplica una cuantía inicial, que puede aumentar en función del tiempo cotizado por encima del mínimo exigido. La pensión mínima garantizada asciende en 2026 a 10.636,54 pesos mensuales, alrededor de 513 euros.
Adelantar el retiro tiene un coste. Una persona que se jubile a los 60 años percibe el 75% de la pensión que le correspondería a los 65, a los 61 recibe el 80%, a los 62 el 85%, a los 63 el 90% y a los 64 el 95%. Solo al alcanzar los 65 años se aplica el 100%.
Además, quienes ya no trabajan pueden recurrir a la denominada Modalidad 40 para seguir cotizando voluntariamente y mejorar su promedio salarial a efectos de pensión, aunque desde el 22 de octubre de 2026 se aplican condiciones más restrictivas.
Para quienes comenzaron a cotizar en México a partir del 1 de julio de 1997, la Ley 97 establece un sistema de capitalización individual. En este caso, el importe final depende del dinero acumulado en la cuenta personal, las aportaciones realizadas, los rendimientos obtenidos y las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como Afores.
En 2026, los trabajadores que accedan a esta modalidad deben acreditar 875 semanas cotizadas y tener 60 años en caso de cesantía laboral o 65 para la pensión de vejez. El requisito de cotización aumenta progresivamente: partió de 750 semanas en 2021 y crecerá en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1.000 en 2031.
Una vez llega la jubilación, el ahorro puede transformarse en una renta vitalicia contratada con una aseguradora o en retiros programados gestionados por las Afores -gestoras de las cuentas individuales de retiro- que distribuyen el saldo de acuerdo con la esperanza de vida prevista.
Si el capital acumulado no alcanza el mínimo necesario, el Estado garantiza una prestación cuyo importe depende de la edad, las semanas cotizadas y el salario medio. En 2026, esas cuantías oscilan entre 3.540,56 y 11.128,01 pesos al mes, unos 171 y 536 euros, respectivamente.
El complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar es uno de los elementos que explica la elevada tasa de sustitución mexicana. El mecanismo permite completar las pensiones de cuentas individuales hasta el 100% del salario medio del último año, con el límite mensual establecido. La referencia máxima se actualiza cada enero y, en 2026, se sitúa en 17.885,85 pesos.
A esa protección se suma la Pensión Bienestar, una ayuda no contributiva financiada con impuestos para las personas de 65 años o más. En 2026 paga 6.400 pesos cada dos meses, equivalentes a unos 154 euros mensuales. La ayuda se amplía progresivamente a mujeres de entre 60 y 64 años, que reciben 3.100 pesos bimestrales.
Los datos de la OCDE reflejan el efecto de estas medidas. Según el informe Pensions at a Glance 2025, una persona con salario medio y una carrera laboral completa entre los 22 y los 65 años obtiene en México una tasa de sustitución neta del 79,6%, frente al 63,2% de media de la organización. Para quienes cobran la mitad del salario medio, la tasa alcanza el 131,9%; para quienes ganan el doble, baja al 56,9%.
España también mantiene una de las tasas de sustitución más elevadas, lo que significa que la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión es mucho menor que en otros países. La tasa de sustitución alcanza el 80,4%, según datos de la OCDE.
México también cuenta con planes de pensiones de empleo que complementan las prestaciones públicas, aunque no son obligatorios. Cada empresa puede establecer sus propias condiciones, incluidos los requisitos de antigüedad, la edad de jubilación y las aportaciones. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en 2025 había 3.222 planes de este tipo en 2.938 empresas, con 1,9 millones de trabajadores activos y 86.322 pensionistas beneficiarios.
Pese a las tasas de sustitución registradas, el sistema mantiene importantes diferencias entre trabajadores. El complemento público mejora especialmente las pensiones de quienes perciben salarios bajos, mientras que el límite establecido reduce su efecto relativo en las rentas más altas. Además, la cuantía final depende de las cotizaciones acumuladas y de las condiciones de acceso a cada régimen, señalan expertos en pensiones de BBVA.
El desafío consiste en garantizar ingresos suficientes durante la jubilación sin dejar fuera a quienes han desarrollado buena parte de su vida laboral en la economía informal o no han podido cotizar lo suficiente. En un sistema que combina un sistema de reparto y ahorro individual, la carrera laboral sigue siendo decisiva para determinar cuánto dinero llega cada mes al bolsillo del pensionista.
El mercado de coches de segunda mano sigue ganando protagonismo en España, pero comprar un vehículo usado exige mirar más allá de su antigüedad, su kilometraje o su aspecto exterior, recomiendan los expertos. Entre enero y septiembre de 2026, el 61% de los automóviles que cambiaron de propietario presentaba al menos un factor de riesgo asociado a su historial, nueve puntos porcentuales por encima del 52% registrado en el conjunto del parque móvil nacional. Así lo revela un análisis de Carfax, proveedor de historiales de vehículos, elaborado a partir de 1.515.780 coches transferidos durante los nueve primeros meses del año.
La cifra adquiere relevancia en un mercado que mueve millones de operaciones. Según datos de Ganvam, las ventas de turismos y todoterrenos usados superaron el millón de unidades durante el primer semestre, con 1.069.372 operaciones, cerca de un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Por cada turismo nuevo vendido, se comercializaron 1,8 usados, una proporción que refleja el peso de este segmento en la automoción española.
Los coches que cambiaron de manos durante los tres primeros trimestres de 2026 tienen una antigüedad media inferior a la del conjunto del parque español, pero acumulan más kilómetros y presentan una mayor proporción de factores de riesgo asociados a su historial. Su antigüedad media es de 13 años, frente a los 15,11 años del parque español, mientras que su kilometraje alcanza los 183.300 kilómetros, por encima de los 177.442 registrados en el conjunto de los vehículos.
Entre los factores analizados, los antecedentes de daños o accidentes son los más frecuentes: aparecen en el 43% de los vehículos que cambiaron de propietario. Los vehículos importados representan el 10% de las transferencias analizadas, frente al 6% del conjunto del parque español.
En el caso de los coches con historial de alquiler, la proporción alcanza el 13%, frente al 7% nacional. Además, los importados que cambiaron de propietario durante el periodo estudiado acumulan una media de 199.247 kilómetros, mientras que los procedentes de flotas de alquiler registran 142.936. Las inconsistencias en el kilometraje afectan al 2% de los coches estudiados.
“Los vehículos que cambian de propietario pueden acumular un historial especialmente relevante para el comprador, ya que han pasado, de media, por más propietarios que el conjunto del parque”, señala Francisco Rudilla, responsable de Desarrollo de Negocio de Carfax.
Incide en que “la presencia de estos factores no significa necesariamente que estemos ante un vehículo problemático, pero sí demuestra la importancia de conocer su historial. Disponer de esta información permite al comprador valorar mejor el vehículo y tomar una decisión de compra con mayor seguridad”.
La trayectoria de cada automóvil constituye otra de las diferencias relevantes. Los vehículos transferidos entre enero y septiembre han tenido una media de 4,1 propietarios, frente a los 2,6 del conjunto del parque móvil español. Esta rotación hace que la información sobre anteriores titulares, posibles daños y usos previos adquiera especial importancia para quienes buscan un coche de ocasión.
En cuanto a la motorización, el diésel continúa dominando entre los vehículos analizados, con un 47% del total. La gasolina representa el 38%, mientras que los híbridos alcanzan el 12%. Los eléctricos, por su parte, suponen un 2%, y el 1% restante corresponde a otras opciones de combustible. La distribución muestra el peso que todavía mantienen las motorizaciones tradicionales en el mercado de segunda mano.
Por territorios, Madrid concentra el mayor volumen de cambios de propietario, con un 15% de las operaciones estudiadas. Barcelona ocupa la segunda posición, con un 9%, seguida de Valencia, que reúne el 5%. Estas cifras sitúan a las grandes áreas urbanas entre los principales focos de actividad del mercado español de vehículos usados.
En la clasificación por marcas, Volkswagen encabeza la lista, con un 9,2% de los vehículos analizados. Peugeot ocupa el segundo puesto, con un 8,1%, seguida de SEAT, con un 7,9%. Renault y Citroën completan el grupo de las marcas con mayor presencia, ambas con un 7,2%.
Por modelos, el Volkswagen Golf es el más habitual entre los coches que cambiaron de propietario, con un 3,1% del total. Sin embargo, las unidades analizadas tienen una antigüedad media de 16,8 años y acumulan 221.041 kilómetros. Además, el 53,7% registra antecedentes de daños y el 71,5% presenta al menos un factor de riesgo, el porcentaje más elevado entre los cinco modelos con mayor presencia en el estudio.
El SEAT Ibiza representa el 2,7% de las transferencias, el SEAT León el 2,5%, el Ford Focus el 2% y el Renault Clio el 1,9%. En el caso del León, la media es de 13,3 años y 220.865 kilómetros, mientras que el 63,9% de las unidades presenta algún indicador de riesgo.
El enorme despliegue de medios de emergencias, sanitarios y de seguridad desde primera hora de la mañana ya hacía presagiar que el accidente de un tren AVE y un Iryo a la altura de la localidad toledana de Urda era una tragedia. Mucho más que la registrada hace apenas nueve meses en Adamuz (Córdoba). Y los datos provisionales así lo corroboran, con al menos 68 personas fallecidas. Pero se esperan “muchas más”, en palabras del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page. Los efectivos se afanan en acceder a los últimos vagones del Iryo para rescatar a las víctimas que aún siguen atrapadas.
El avance de medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro está abriendo un nuevo frente para la industria alimentaria que ve cómo cambian los hábitos de compra de los consumidores. Más allá de sus efectos sobre el apetito, los tratamientos basados en agonistas del receptor GLP-1 empiezan a relacionarse con variaciones en el gasto doméstico, las cantidades adquiridas y los productos que terminan en la cesta de la compra. Una transformación que obliga a fabricantes y distribuidores a revisar cómo calculan la demanda y planifican sus existencias.
Según un estudio de la Universidad de Cornell, el gasto en alimentación cae un 5,3% durante los seis meses posteriores a que un miembro del hogar comience un tratamiento con GLP-1. En las familias con mayores ingresos, la reducción alcanza el 8,2%. Los resultados apuntan a un posible impacto económico que va más allá del consumidor y que puede trasladarse a las decisiones de producción, distribución y aprovisionamiento de las empresas.
El cambio no se limita a cuánto se compra, sino que también afecta a qué alimentos se eligen. Datos de la Universidad de California en Davis señalan una reducción del consumo de bebidas azucaradas, alcohol, aperitivos, dulces y productos de panadería, mientras que las frutas, las verduras, los yogures y los alimentos ricos en proteínas ganan protagonismo. Para el sector, esta evolución plantea el desafío de identificar qué categorías pueden perder demanda y cuáles podrían beneficiarse de las nuevas preferencias.
En este contexto, las empresas podrían encontrarse con dificultades si siguen utilizando exclusivamente las ventas históricas para anticipar el comportamiento del mercado. Slimstock, compañía especializada en la planificación de la cadena de suministro, advierte de que los cambios en los patrones de consumo pueden reducir la precisión de los modelos tradicionales de previsión, especialmente cuando las variaciones se mantienen durante varios meses.
“Estamos ante un cambio que puede modificar no solo cuánto compra el consumidor, sino también qué productos introduce en su cesta. Para la industria alimentaria, mirar únicamente al histórico puede dejar de ser suficiente para anticipar la demanda real”, señala Arnau Peris, country manager de Slimstock España.
El problema adquiere especial relevancia para las compañías que trabajan con acuerdos de compra, compromisos de volumen o contratos de suministro a largo plazo. Si la demanda de determinadas categorías disminuye y las previsiones no se ajustan, los fabricantes y distribuidores pueden acumular mercancía que tarda más en venderse, con el consiguiente aumento de los costes de almacenamiento y del capital inmovilizado. El desajuste también puede dificultar la planificación de las compras y la utilización de los recursos productivos.
Desde Slimstock recomiendan incorporar diferentes escenarios de consumo en las previsiones a medio y largo plazo, revisar las políticas de stock de seguridad e identificar las categorías más expuestas a cambios rápidos en los hábitos de compra. El objetivo es que las empresas puedan adaptar sus decisiones a tiempo, en lugar de reaccionar cuando el exceso de inventario ya se ha producido.
“El principal riesgo no es que la demanda desaparezca de un día para otro, sino no detectar suficientemente rápido que el mix de consumo está cambiando. Una desviación relativamente pequeña, mantenida durante meses, puede terminar generando un volumen importante de stock innecesario”, explican desde Slimstock.
La transformación también podría reflejarse en el diseño y el tamaño de los productos. Un estudio elaborado en 2024 por AMC Global y OpinionRoute reveló que el 95% de los usuarios de GLP-1 encuestados afirma consumir porciones más pequeñas. Además, el 78% busca envases de menor tamaño y el 82% declara buscar activamente alimentos con beneficios nutricionales añadidos.
Estas preferencias pueden llevar a fabricantes y distribuidores a replantearse sus surtidos y formatos comerciales. Los envases más pequeños, por ejemplo, pueden exigir ajustes en las líneas de producción, las necesidades de almacenamiento y la organización logística. Al mismo tiempo, una mayor atención a las proteínas, la fibra, los alimentos frescos y los productos funcionales podría modificar las necesidades de aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.
La adaptación, sin embargo, no consiste únicamente en reducir cantidades o sustituir unos productos por otros. También exige determinar qué cambios responden a una tendencia sostenida y cuáles pueden ser puntuales. Para ello, las compañías necesitan combinar la información histórica de ventas con señales recientes del mercado y escenarios que contemplen diferentes ritmos de evolución del consumo.
“La clave no está en intentar predecir hasta dónde llegará el fenómeno GLP-1, sino en construir cadenas de suministro capaces de responder a distintos escenarios. Las compañías que detecten antes los cambios podrán ajustar inventario, surtido y aprovisionamiento antes de que el impacto sea evidente en sus niveles de stock”, concluye Peris.
Un AVE de Renfe ha colisionado contra un tren de Iryo este miércoles a las 8:54 horas a la altura de Urda, en Toledo, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. El impacto ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones del convoy de Iryo, que han caído por un terraplén. El balance de inicial de víctimas ha sido de 10 fallecidos, cifra que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aumentado a 30, después a 64, y aún no es definitiva.
Los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, transportaban a 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa del sistema de seguridad. El accidente ha obligado a suspender la circulación entre Madrid y Andalucía.
Los expertos entrevistados a esta hora coinciden en pedir prudencia, pero también en que “teóricamente, es un accidente imposible”. Uno de los que lo ha dicho es Óscar Carballo, del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en TVE, quien tras expresar sus condolencias a los afectados, ha explicado: “La línea tiene un sistema de seguridad y comunicación muy bueno que vigila la velocidad y el frenado de los trenes si rebasan una señal en rojo, si hacen algo raro”.
“Es un sistema totalmente automático -ha continuado Carballo-. No da órdenes al maquinista sino que toma las riedas y frena automáticamente el tren si va a hacer alcance al siguiente. La vía está dividida en trozos, en cantones, y entre un tren y otro tiene que haber dos cantones libres. Si un tren se pasara y se acercara demasiado, frenaría automáticamente”, ha enfatizado el técnico, para quien, por todo lo anterior, “es imposible que haya un alcance en una línea de alta velocidad”.
En los mismos términos se ha expresado Francisco Cárdenas, responsable de UGT-Renfe Catalunya, este en la Cadena SER: “Es un accidente que teóricamente es imposible. Los sistemas de frenada son de kilómetros para las velocidades a las que llegamos en la alta velocidad y nunca deberíamos llegar a chocar con el otro tren. Incluso con una distracción, el tren te para automáticamente”.
Martín Perea, ingeniero de Caminos especializado en transportes, ha subrayado en declaraciones a la agencia Europa Press que el servicio ferroviario en España cuenta con varios sistemas de seguridad “en general redundantes”. “Que un tren de alta velocidad alcance a otro era algo totalmente impensable hasta este momento”, ha coincidido con Carballo y con Cárdenas.
Perea ha explicado que en la línea Madrid-Sevilla existía desde su inauguración el sistema LZB, redundante con el ASFA. El sistema ASFA, “el más sencillo”, consiste en un mecanismo de aviso conectado a señalizaciones concretas. Así, cuando hay un semáforo, una señal o un cambio de aguja, “avisa al tren y puede tomar el control del frenado, por ejemplo”.
En el AVE tradicional, por ejemplo, en la línea Madrid-Sevilla, este sistema estaba asociado al sistema alemán LZB, que consiste en un cable que envía señales electromagnéticas a los trenes para evitar alcances o permitir su detención ante un aviso en un punto de la línea. “Es un sistema complejo, en el que se calcula o se fija de manera previa cuál puede ser la distancia máxima entre dos trenes para que el frenado (no derive) en un alcance”, ha incidido.
El experto ha explicado que el último sistema que se ha implantado en las líneas AVE -aunque en la Madrid-Sevilla su implementación estaba “más retrasada”- es el ERTMS, “el más avanzado”. Este depende de una serie de balizas que transmiten información cuando el tren pasa por encima de ellas. Estas balizas no están expuestas a posibles cortes de suministro eléctrico.
Además de estos, existen otros sistemas. Por ejemplo, el dispositivo de hombre muerto, que obliga a los maquinistas a pulsar un pedal cada cierto tiempo. Si no lo pulsan, se asume que han podido sufrir algún percance, por lo que el tren se pararía. Esa parada sería detectada y su posición, transmitida a otros trenes por el ERTMS y el LZB.
Para el ingeniero de Caminos, “no ha funcionado nada, esa es la hipótesis, y no se puede decir otra cosa”. “No sé en qué estado se encuentran los sistemas de señalización, aviso y detección en este momento de la red. ¿Lo sabe alguien? No lo sé, a lo mejor lo sabe el ministro. Esto es un disparate. Esto es un auténtico disparate. Es un despropósito y se está pagando con muertos”, ha lamentado.
(Con información de Europa Press)
© REUTERS
Vox, a diferencia del resto de formaciones políticas, prosigue hoy con la campaña electoral al entender, según ha señalado, que su deber es seguir denunciando la gestión del Gobierno y dar alternativa a la ciudadanía. Desde Santander, el presidente del partido, Santiago Abascal, ha realizado una comparecencia en la que tras dar el pésame a los fallecidos en el accidente ferroviario en Toledo y el apoyo a los heridos ha realizado un duro alegato contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha culpado de la tragedia. “Manifiesto -ha dicho- mi absoluta rabia ante un Gobierno que es una organización criminal. Ante un Gobierno que ha destruido todo” .
Centenares de médicos se han manifestado esta mañana en Barcelona en la primera jornada de la huelga indefinida de facultativos del sistema público y concertado de Catalunya, convocada por Metges de Catalunya (MC). El paro seguirá “hasta que se sienten a negociar (el Departament de Salut) o convoquen elecciones”, ha enfatizado el secretario general de MC, Xavier Lleonart.
La exministra de Trabajo Fátima Báñez sigue desaparecida en el accidente ferroviario de Toledo. En concreto, Báñez se dirigía en el Iryo, destino Sevilla, para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su familia se ha trasladado a Toledo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este miércoles que su partido sigue “sin noticias confirmadas” sobre la exministra. En una declaración desde la sede del partido, Feijóo ha trasladado toda su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que entiende la angustia de muchos de ellos que siguen sin conocer el paradero de su seres queridos. “La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros; saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas”, ha señalado.
A las 8:54 horas, un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo a la altura de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo. El choque ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones del convoy de Iryo, que han caído por un terraplén, con un balance inicial de 10 fallecidos.
En los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, viajaban 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el tren de Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa en el sistema de seguridad.
Báñez (Huelva, 1967) fue la primera ministra de Empleo y Seguridad Social y también la titular que más tiempo ha ostentado el cargo. Lo hizo cerca de siete años, de diciembre de 2011 a junio de 2018. Báñez se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (Icade) y posteriormente realizó un posgrado en Administración y Gestión de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard y un programa de Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE Business School.
Su primer trabajo y única experiencia previa en el sector privado fue como responsable de Estrategia de una empresa familiar entre 1993 y 1997. A partir de entonces comienza su carrera en la política, primero como coordinadora de la Presidencia del PP en Andalucía. En 2000, con 33 años, ya era diputada en el Congreso, legislatura en la que ejerció como portavoz adjunta en la Comisión de Economía y Hacienda. Revalidaría su escaño en las elecciones de 2004 y en las de 2008, con el PP en la oposición (gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero).
En 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones por mayoría absoluta y es investido presidente del Gobierno. Báñez, quien le había arropado y asesorado en los años a la sombra del PSOE, es ascendida a ministra de Empleo y Seguridad Social. Entre agosto y noviembre de 2016 lo sería también, en funciones, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 tumba al Gobierno y con él, a Báñez. En 2019, la dirigente anuncia que abandona la actividad política para incorporarse al ámbito privado.
Báñez había heredado una de las carteras más complejas en un momento crítico. Rodríguez Zapatero fue derrotado por su gestión de la crisis económica, y el nuevo ejecutivo debía demostrar que sabía sacar adelante el país. El paro superaba el 22% y la Unión Europea apretaba por todos los flancos.
Como ministra, será recordada por su reforma laboral de 2012, que abarató el despido, pasando de una indemnización por improcedente de 45 días por año trabajado a 33. Se facilitó también poder echar a trabajadores por causas económicas y hasta ante previsiones de pérdidas. Las empresas ganaron poder, pudiendo modificar salarios, horarios, turnos o funciones con más facilidad, así como descolgarse de los convenios colectivos. Se creó además un contrato que ampliaba el periodo de prueba por un año, permitiendo el despido libre durante todo ese periodo.
Durante su mandato impulsó también medidas como la tarifa plana de 100 euros en cotizaciones para nuevos contratos indefinidos, los contratos de emprendedores, incentivos a la contratación juvenil y programas ligados a la Garantía Juvenil. Estas políticas contribuyeron al aumento del empleo a partir de 2014, aunque buena parte de ese crecimiento se concentró en contratos temporales y salarios bajos. En materia de pensiones, aplicó el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización, que rompía con la actualización automática conforme al IPC.
Una vez abandonó la política y las instituciones, en diciembre de 2019 fue nombrada consejera externa independiente de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, la compañía farmacéutica cotizada con sede en Madrid. En este puesto participa en comisiones clave como la de Auditoría y la de Nombramientos y Retribuciones.
En julio de 2020 fue designada presidenta de la Fundación CEOE, el brazo social y de programas de la patronal. En ese rol ha liderado iniciativas para fomentar empleabilidad, diálogo social y formación, consolidándose como una figura relevante en la esfera empresarial española. En septiembre de 2020, Báñez se incorporó como consejera independiente de Iberdrola México, parte del grupo energético español con presencia internacional, cargo que ejerció hasta mediados de 2022.
Posteriormente, en julio de 2022, fue propuesta para formar parte del consejo de Avangrid, Inc., la filial estadounidense del grupo Iberdrola, donde aportó experiencia en liderazgo ejecutivo y relaciones institucionales. Además de sus cargos en fundaciones y consejos, Báñez ha desarrollado actividad de asesoría externa para empresas privadas. Desde aproximadamente 2020 ha trabajado como asesora externa del consejo de administración de Incarlopsa, la empresa cárnica proveedora de Mercadona, combinando esa labor con sus otras responsabilidades profesionales.
Tras la opa de exclusión de Avangrid por parte de Iberdrola a finales de 2024, Báñez dejó el consejo de esa filial estadounidense y fue redirigida por el grupo a un nuevo cargo ejecutivo: vocal externa y presidenta de la Comisión de Auditoría Interna de Iberdrola Energía Internacional, la subholding que agrupa la actividad energética del grupo fuera de España.
Actualmente, Báñez era presidenta de la Fundación CEOE, consejera independiente de Laboratorios Rovi, vocal del consejo de Iberdrola Energía Internacional y asesora en entidades privadas como Incarlopsa. En paralelo, también ha estado vinculada a otros foros y think tanks económicos vinculados a su partido, ampliando su presencia en ámbitos de debate público y empresarial.
En literatura, teatro, cine y televisión se conoce como «la escopeta de Chéjov» a un principio narrativo según el cual, si un autor llama deliberadamente la atención sobre un elemento de la escena, debería existir una razón para haberlo incluido. Trasladado a la gastronomía, vendría a ser aquello de que «todo lo que se coloca en el plato debería poder comerse». No significa que cada objeto mencionado tenga que convertirse en protagonista, sino que conviene evitar detalles destacados que después no llevan a ninguna parte.
El nombre procede del escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov, quien expresó esta idea en distintas ocasiones. En una carta de 1889 a Aleksandr Lazarev escribió que «no debe colocarse un rifle cargado sobre el escenario si nadie tiene intención de dispararlo». La versión más conocida, transmitida posteriormente en recuerdos sobre el escritor, amplió el ejemplo asegurando que «si en el primer acto aparece un arma colgada en la pared, esta debería dispararse más adelante».
La clave está en las expectativas que crea el propio autor. Si al comienzo de una novela se menciona de manera llamativa que un personaje es adoptado, el lector puede esperar que ese dato tenga alguna relevancia posterior, quizá mediante la aparición de sus padres biológicos, un secreto familiar o una revelación relacionada con su pasado. Si nunca vuelve a mencionarse, aquella información puede parecer gratuita.
La escopeta de Chéjov tampoco es una norma que deba cumplirse obligatoriamente. La ficción utiliza señuelos, pistas falsas y detalles destinados de manera precisa a despistar, especialmente en novelas policíacas y thrillers, por lo que un escritor puede decidir jugar con las expectativas del lector.
Por primera vez en Europa después de 20 años, el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá el campeonato de la Indycar el 18 de julio del 2027. Será en el primero de los diez años que ha firmado el Govern catalán con las series norteamericanas; un acuerdo que ha tenido como artífice el piloto a Àlex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997), cinco veces campeón de la Indycar, surgido, precisamente, del programa Jóvenes Pilotos del Circuit y el RACC. Podrá el vallesano volver a casa, y ganar de nuevo.
Las elecciones generales del 29 de noviembre son ya probablemente las que más a las claras están mostrando que el Senado no es esa aparentemente inocente cámara de representación territorial y segunda lectura, dicho en ocasiones con menosprecio. Si bien su valor para los partidos no es este, sino el control que otorga sobre el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Administración de RTVE, nada menos. Debe ser importante cuando las dos grandes fuerzas han decidido una renuncia histórica: el PSOE, a sus siglas, diluidas en una coalición de izquierdas; el PP, a presentar candidatura en circunscripciones como Gipuzkoa, Tarragona y Girona.
También han asumido un riesgo. Los pactos son aquello que se niega en campaña y se produce después si los votos no han alcanzado. En unas generales tan excepcionales como estas se ha invertido el orden y pasadas las urnas, ya habrá tiempo de romper la tregua y marcar territorio. Pero se da la particularidad de que el Senado, además de una proporcionalidad muy distinta a la del Congreso -que sin duda buscan optimizar-, da mayor poder al votante, al punto que puede expresar si aprueba o reprueba esta operación de bloques. Conviene recordar que al contrario que el sobre blanco, el sepia no necesariamente debe contener un menú cerrado al gusto de Génova o Ferraz y sus aliados instrumentales.
El Senado reparte sus escaños por un mecanismo que premia sobremanera al partido más votado en cada circunscripción, una característica que explica los movimientos de PSOE-Frente Amplio y PP-Vox. Si en la Cámara Baja ordena el sistema proporcional D’Hondt, la Alta funciona con listas abiertas y un reparto mayoritario que, en la práctica, suele dejar tres de los cuatro senadores de cada provincia peninsular para la fuerza ganadora y uno solo para la segunda, con independencia de la distancia de votos entre ambas. Así, izquierda y derecha han hecho un cálculo simple: presentándose unidos, concentran los apoyos y aspiran a maximizar el número de representantes.
El mecanismo de votación es lo que marca la diferencia con el Congreso. En lugar de elegir una lista cerrada de partido, cada votante puede marcar hasta tres nombres en la papeleta de su provincia, que pueden pertenecer a formaciones distintas. Los cuatro candidatos con más votos individuales obtienen el escaño, sin que medie ningún cálculo de proporcionalidad entre partidos. Este diseño, vigente desde la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, buscó diferenciar al Senado del Congreso dándole un carácter de representación territorial y personal, y no partidista. La consecuencia práctica es que la segunda fuerza en una provincia rara vez logra más de un senador.
Fue la izquierda -Senado de Progreso- la que actuó primero, y la derecha la que ha reaccionado. En palabras de Alberto Núñez Feijóo, “una respuesta esperada ante una coalición de desesperados para controlar la cámara”. Pero estos segundos han tenido menos margen, ya que el plazo para registrar coaliciones se había cerrado, por lo que jugaron con las cartas que restaban y optaron por un pacto de retirada selectiva de candidaturas. El acuerdo afecta a 23 de las 60 circunscripciones del país, con el objetivo de alcanzar los ansiados tres quintos de la Cámara Alta, mayoría reforzada que permite un margen de maniobra casi absoluto.
Pero el votante tiene la última palabra. La razón es sencilla: como se ha mencionado, en el Senado no se vota a un partido, se vota a personas, una por una. En cada provincia hay cuatro puestos en juego y la papeleta muestra los nombres de todos los candidatos agrupados visualmente por partido, pero cada casilla es independiente. El votante puede marcar hasta tres nombres, y esas tres cruces pueden ir a cualquier candidato, sin importar de qué partido sea. El votante puede elegir candidato por candidato, con la posibilidad de meter en su selección a nombres de distintos partidos, y esto es lo que puede romper los pactos cerrados.
Cuando el PSOE y Frente Amplio arman una lista conjunta, o cuando el PP retira a sus candidatos para dejarle paso a uno de Vox, lo que hacen es ordenar nombres en una papeleta. Pero esa papeleta llega igual a manos del votante, que no está obligado a respetar ese orden ni esa alianza. Un simpatizante de izquierda puede votar al PSOE pero descartar a un candidato concreto de Frente Amplio y marcar en su lugar a otro nombre, aunque sea de otro partido. El acuerdo cerrado por los dirigentes se deshace en el momento en que esa persona marca su papeleta.
En el Congreso esto no ocurre porque el voto va a una lista cerrada: el elector elige un partido y entran los candidatos en el orden que ese partido decidió, sin posibilidad de alterarlo. Ahí un pacto entre partidos se traduce de forma automática en escaños. En el Senado, en cambio, el pacto depende de que millones de personas, cada una por su cuenta, voten exactamente como el partido les pide. Si una parte relevante del electorado mezcla nombres o no agota sus tres votos, el resultado final puede ser distinto al que buscaban los partidos al pactar.
En el caso del acuerdo entre PP y Vox, esto exige además una coordinación entre electorados distintos: en las 14 provincias donde Vox solo presenta un candidato, sus votantes deberán repartir sus otros dos votos entre los aspirantes del PP para que la estrategia conjunta funcione, un nivel de disciplina electoral que ninguno de los dos bloques ha puesto a prueba hasta ahora en una convocatoria general.
El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los tipos de interés en la reunión que su Consejo de Gobierno celebrará el próximo jueves, vaticinan los analistas. Esta decisión dará un respiro a los hipotecados a tipo de interés variable, que ven cómo la media provisional del euríbor en octubre baja respecto a septiembre y se sitúa en el 3,227%.
Los mercados asignan una probabilidad del 97,6% a que el guardián del euro congele los tipos tras la subida de 25 puntos básicos realizada en septiembre. Si se cumplen las previsiones, el tipo de interés de la facilidad de depósito se quedará en el 2,50%; el de las operaciones principales de financiación, en el 2,65%, y el de la facilidad marginal de crédito, en el 2,90%.
La decisión de no tocar los tipos a pesar del repunte de la inflación se explica porque la economía de la zona euro sigue resistiendo, aunque con diferencias entre países. La inflación cerró septiembre en el 3,8%, frente al 3,2% de agosto, según los datos de Eurostat, impulsada por los precios de la energía, que se encarecieron un 18,8% interanual.
En este escenario, “el Banco Central Europeo mantendrá sin cambios todos sus tipos de interés oficiales”, defienden Mabrouk Chetouane y Romain Aumond, estrategas de Natixis. Ambos argumentan que “pese al incremento del 18,8% del componente energético del índice armonizado de precios de consumo y a que la inflación de la eurozona alcanzó el 3,8%, la subyacente registró un aumento más moderado, hasta situarse en el 2,5%, apenas una décima por encima del mes anterior en términos interanuales”.
Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, también descarta una nueva subida de tipos en octubre. Reconoce que, ante las crisis energéticas, la estrategia del BCE no consiste en reaccionar a los precios de la energía, sino en actuar ante el riesgo de que su encarecimiento se traslade a la inflación: “Aunque actualmente observamos una mayor inflación, todavía no hay indicios de que se esté incorporando de forma duradera”. Veit apunta que los efectos indirectos siguen “estando contenidos” y que los efectos de segunda ronda “no son evidentes”.
Más allá de la inflación, los analistas consideran que el BCE debe hacer frente a dos factores que “complican su actuación”: las diferencias en el crecimiento de los países de la eurozona, que dificultan la transmisión de la política monetaria al conjunto de la unión monetaria, y la estabilidad financiera de la región. Ante este escenario, Chetouane y Aumond aconsejan adoptar un enfoque “más prudente” en la política monetaria.
A su juicio, el “verdadero desafío” al que se enfrenta el BCE está relacionado con la estabilidad financiera y la preservación de la integridad de la eurozona. Los estrategas subrayan que la ampliación del diferencial de rentabilidad entre los bonos soberanos franceses y alemanes, con independencia de su plazo de vencimiento, junto con el “acusado” encarecimiento de los seguros de impago a cinco años sobre la deuda pública francesa y, en menor medida, sobre la italiana, “ponen de manifiesto las tensiones que atraviesan los mercados europeos de deuda soberana”.
Los estrategas de Natixis inciden en que la presión sobre las rentabilidades de la deuda pública francesa “alimenta el temor a un posible contagio que podría agravar la fragmentación financiera de la eurozona”.
En este contexto, los mercados esperan la intervención de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno por si da pistas sobre los próximos movimientos de la institución. Los analistas de Natixis prevén que pueda referirse explícitamente a los riesgos de fragmentación financiera de la eurozona, que amenazan la estabilidad financiera de la unión monetaria.
“El reconocimiento de estos factores de riesgo, por un lado, y la suspensión del proceso de endurecimiento cuantitativo (quantitative tightening), por otro, enviarían señales contundentes por parte del BCE, orientadas a contener las presiones sobre los mercados de deuda soberana”, recalcan Chetouane y Aumond.
Por su parte, Annalisa Piazza, gestora de carteras de renta fija de MFS Investment Management, sostiene que la cuestión clave es si Lagarde confirma las expectativas de un mayor endurecimiento monetario o si da a entender que la reciente caída del mercado de bonos ya está haciendo parte del trabajo del BCE.
“Lo que descuenta actualmente el mercado parece excesivo en relación con los indicios de persistencia de la inflación subyacente y con un entorno de financiación cada vez más restrictivo, aunque la presión persistente sobre los precios de venta de las empresas no justifica un giro claramente moderado”, indica Piazza.
Los expertos aplazan hasta diciembre la próxima subida de los tipos de interés. La gestora de MFS Investment Management espera que el eurobanco deje abierta la posibilidad de una nueva subida en diciembre: “Prevemos que el BCE mantenga una orientación restrictiva hasta diciembre, con una posible nueva subida de 25 puntos básicos hasta el 2,75%, antes de entrar en un período prolongado de tipos sin cambios en 2027”.
También Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, aplaza la subida de tipos a diciembre, “entrando en un territorio ligeramente restrictivo”.
De cara al próximo año, Piazza no descarta una subida adicional de los tipos a principios de 2027 si los precios de la energía se mantienen elevados o se intensifican los efectos de segunda ronda sobre la inflación.
Sin embargo, considera que hay “pocos argumentos” para llevar los tipos mucho más allá del territorio restrictivo. De hecho, “si los precios de la energía se normalizan y la inflación subyacente se mantiene contenida, la combinación de un menor crecimiento y unas condiciones de financiación restrictivas podría reabrir el debate sobre los recortes de tipos a finales de 2027”, asegura.
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