La Policía Nacional ha procedido a la detención en Bilbao de un joven de 20 años acusado de administrar los canales oficiales de comunicación del movimiento 'Blocus Bilbao', desde los que se instaba a causar disturbios y saquear comercios. La operación policial se ha saldado hasta el momento con el arresto de siete personas en distintas provincias, en su mayoría menores de edad, vinculadas a la gestión de estas plataformas en redes sociales. Al detenido se le imputan presuntos delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos, delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado.

Las investigaciones lideradas por la Brigada Provincial de Información determinaron que el arrestado gestionaba perfiles en Instagram y Telegram desde los que se difundían convocatorias para el centro de la capital vizcaína coincidiendo con la festividad de Halloween y la 'Gau beltza'. En dichos espacios virtuales se realizaban llamamientos explícitos para atacar establecimientos de productos de alta gama con consignas claras como "ir a por tiendas caras, solo tiendas de lujo", además de exigir a los asistentes el uso de máscaras y guantes para evitar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad.

Difusión de manuales de fabricación de artefactos explosivos

La gravedad de las actuaciones detectadas en el canal de Telegram no se limitaba a la planificación de los saqueos comerciales. Los agentes de la Policía Nacional constataron que en el grupo se compartían manuales detallados para la confección de artefactos explosivos e instrucciones precisas para la elaboración de cócteles molotov. Entre el material intervenido figuraban contenidos procedentes de páginas vinculadas a organizaciones terroristas árabes, los cuales se instaba a propagar masivamente para reclutar a más participantes.

Al sospechoso también se le atribuye la colaboración directa en los altercados acaecidos el pasado lunes en Bilbao. La neutralización del administrador se considera un paso clave para desactivar el núcleo organizativo de las protestas violentas programadas para el fin de semana.

Refuerzo de la Ertzaintza y blindaje preventivo en el comercio

Ante el riesgo manifiesto de altercados, el Gobierno Vasco ha tomado la determinación de activar la alerta en todas las comisarías de la Ertzaintza, otorgando capacidad a cada centro operativo para convocar los refuerzos de personal que estimen oportunos. Esta medida preventiva busca garantizar la seguridad ciudadana en un fin de semana que acumula hasta 25 manifestaciones y concentraciones de diversa índole autorizadas en la comunidad autónoma.

La alarma generada por la propagación de estos mensajes ha llevado al sector comercial de Guipúzcoa a tomar medidas extremas. En el centro de Donostia, numerosos establecimientos dedicados a la venta de productos de gama alta han comenzado a tapiar sus escaparates con madera y reforzar los accesos principales para prevenir posibles actos vandálicos y saqueos durante las movilizaciones.

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ha tomado la decisión de suspender la tractorada que estaba fijada en la ciudad de Santander para este sábado en clara señal de duelo y respeto institucional. La medida de protesta ha quedado aplazada de manera inmediata tras conocerse el grave accidente ferroviario acontecido en la provincia de Toledo, según ha confirmado la propia organización convocante.

La movilización, que tenía previsto desarrollarse bajo el lema representativo 'Por tu comida, por tu futuro', buscaba visibilizar el malestar del campo y el mar frente a la actual coyuntura económica. La concentración fijaba su inicio a las 12.00 horas en la calle Eduardo García del Río para discurrir posteriormente por varios puntos estratégicos de la capital cantábrica como la rotonda de La Marga, Marqués de la Hermida, Antonio López y el Paseo Pereda.

Una convocatoria de alcance nacional e internacional

La jornada de protesta no solo abarcaba el ámbito local, sino que llamaba a la participación masiva de agricultores, ganaderos y pescadores tanto españoles como del resto de Europa. A las plataformas del sector primario se unían además colectivos de autónomos procedentes de diversos ámbitos económicos, coordinados para salir a las calles en diferentes ciudades del país.

El objetivo principal de estas manifestaciones consistía en exigir de forma unánime medidas urgentes para la supervivencia del sector, solicitando una contención de los costes de producción y la erradicación del fraude en la cadena comercial.

Exigencias estructurales frente a la administración

Entre las principales demandas articuladas por los convocantes figuraba el establecimiento de precios justos para los productos en origen, la garantía de una competencia leal frente a las importaciones de terceros países y una drástica simplificación de la carga burocrática que ahoga a las explotaciones familiares.

Asimismo, las reivindicaciones incluían la revisión de la Política Agraria Común (PAC) para lograr un reparto más equitativo de los fondos europeos y la defensa firme de la soberanía alimentaria. Pese a la urgencia de estas reclamaciones, los organizadores han determinado que la prioridad del momento pasa por guardar luto y mostrar solidaridad con las víctimas y familiares afectados por la tragedia ferroviaria.

Un insólito suceso que parece sacado de un guion cinematográfico ha puesto en jaque a las autoridades rumanas. Según informa el medio rumano Digi24, los investigadores intentan reconstruir cómo han desaparecido casi 700.000 euros en metálico que permanecían bajo custodia oficial en la oficina de aduanas del aeropuerto de Otopeni, en Bucarest. La elevada suma pertenecía a una mujer que había llegado al país a principios de año a bordo de un vuelo privado procedente de Dubái.

El origen del caso se remonta al pasado 9 de enero, cuando la pasajera y su hija declararon no llevar equipaje ni bienes que registrar tras aterrizar en el aeródromo. Sin embargo, los agentes fronterizos inspeccionaron sus pertenencias e interceptaron la abultada suma de dinero no declarada. Cumpliendo con el protocolo, un inspector de aduanas colocó los fajos de billetes en una bolsa de seguridad, la selló con el precinto oficial y la depositó dentro de la caja de seguridad de la dependencia aduanera.

Un corte en la base y el cambiazo por hojas de papel

La trama dio un giro inesperado durante una revisión rutinaria llevada a cabo el 23 de octubre, cuando otro inspector observó que el paquete depositado carecía del peso y el volumen originales. Pese a que el sello de seguridad oficial permanecía aparentemente intacto, un examen minucioso reveló una costura inusual en la parte inferior de la bolsa de plástico.

Los investigadores descubrieron que el autor o autores del robo cortaron la base de la bolsa, extrajeron la práctica totalidad del dinero y la volvieron a coser para evitar levantar sospechas. Al abrir finalmente el recipiente, los agentes comprobaron que los fajos de euros habían sido sustituidos por hojas de papel en blanco y un único billete testimonial.

Fallos en la custodia y ausencia de videovigilancia

El hallazgo ha destapado severas deficiencias en los protocolos de custodia del aeropuerto. Según la información proporcionada por Digi24, la autoridad aduanera ya había sido notificada en el mes de abril de que el dinero no se estaba almacenando en las condiciones de seguridad adecuadas, sin que se tomaran medidas correctivas.

Para complicar aún más las pesquisas, la estancia donde se custodiaba la caja fuerte carecía de cámaras de videovigilancia, aunque los agentes confían en revisar las imágenes del pasillo de acceso. Tras notificar formalmente el caso a la policía, se ha puesto en marcha un control interno para verificar el cumplimiento de los procedimientos y determinar qué funcionarios tuvieron acceso a dicho espacio.

Metrika ha vuelto a hacer lo que mejor se le da: provocar. Durante una conversación sobre feminismo, la cantante dejó una frase que ha empezado a circular por redes y que resume su postura sin matices. Cuando le plantearon que su posición no parecía defender la igualdad entre hombres y mujeres, respondió sin rodeos: “Tía, porque yo soy misándrica”.

Y ahí no se detuvo. “¿Cómo va a tener un hombre los mismos derechos que yo?”, continuó, antes de subir el tono con la frase más comentada de toda la charla: “Los hombres deberían nacer en la cárcel y demostrar que pueden salir”.

“Demuestra que estás bien de la cabeza”

La artista desarrolló después su razonamiento en el mismo registro provocador. “Demuestra que estás bien de la cabeza”, dijo sobre los hombres, y lo justificó con otra sentencia: “¿Por qué nos tenéis que demostrar que estáis mal de la olla? Si ya lo sabemos”.

Sus palabras juegan de forma deliberada con una inversión radical de la desigualdad que históricamente han sufrido las mujeres. No habla de equiparar derechos, sino de que sean ellos quienes tengan que demostrar que merecen determinadas libertades, al menos en el tono de la conversación.

Una provocación coherente con su personaje

Esto no es un terreno nuevo para ella: Metrika ha construido buena parte de su imagen pública sobre la provocación, la sexualidad explícita y unos discursos pensados para incomodar. En esta ocasión, apenas unos segundos y una pregunta sobre igualdad le bastaron para resumir su posición en una frase difícil de pasar por alto, la misma con la que cerró el intercambio: “Soy misándrica”.

La declaración llega, además, en una etapa en la que su nombre ya ha aparecido en la prensa por otros episodios polémicos. Como suele ocurrir con sus intervenciones, el tono y el contexto de la conversación pesan tanto como el contenido literal, y habrá quien las lea como una exageración buscada y quien las considere sencillamente una declaración de principios.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la nulidad del despido de una camarera de un establecimiento de hostelería de Bilbao que fue despedida pocos días después de reclamar a la empresa, a través del grupo de WhatsApp del negocio, la entrega de su hoja de salario correspondiente al mes de agosto. La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, confirma la readmisión obligatoria de la trabajadora, el abono de los salarios dejados de recibir y una indemnización de 7.500 euros por daños morales, según recoge Deia.

La trabajadora, contratada de forma indefinida a tiempo parcial desde abril de 2025, solicitó el 29 de agosto su hoja salarial mediante mensajes dirigidos a la empresa. Unos días después recibió una carta de despido disciplinario en la que se le comunicaba una "pérdida de confianza" relacionada con la atención prestada a la clientela. Según recoge la sentencia, el juzgado consideró acreditado que la empresaria llegó a "invitar a la trabajadora a abandonar el empleo y al parecer la insulta y amenaza", aunque algunos de esos mensajes "fueron posteriormente eliminados" de la conversación.

La cercanía temporal, clave para el tribunal

Los jueces consideran especialmente relevante la "cercanía temporal" entre la reclamación salarial y el despido, producido apenas unos días después, así como la ausencia de una explicación convincente que "permitiera desvincular ambas circunstancias". Esa coincidencia en el tiempo, unida a la falta de argumentos sólidos por parte de la empresa, lleva al tribunal a concluir que el despido vulneró la garantía de indemnidad de la trabajadora, es decir, su derecho a reclamar sin represalias.

La versión del dueño: "Es una maniobra orquestada"

El dueño del negocio, en declaraciones recogidas por Deia, sostiene que "es una maniobra orquestada contra la empresa". En sus palabras, el escrito "no refleja" realmente lo ocurrido. "No tiene ningún sentido que la despida por pedir la nómina", explica. En esta línea, señala que todo reside en "el mal trato" dado a los clientes, que muchos de ellos habían dejado de ir al local. Su versión, sin embargo, no ha convencido a los tribunales, que han primado la proximidad entre la reclamación y el despido.

La sentencia confirma la readmisión obligatoria de la trabajadora en las mismas condiciones que tenía antes del despido, el abono de todos los salarios dejados de recibir durante el tiempo que permaneció fuera de la empresa y una indemnización de 7.500 euros por los daños morales derivados de la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la garantía de indemnidad.

Los franceses no son los más sucios de Europa. Esa es la conclusión principal del observatorio sobre higiene que el Instituto Francés de Opinión Pública (Ifop) ha elaborado junto a Xlovecam, y que se basa en una encuesta realizada a 5.000 personas en los cinco países más poblados de la Unión Europea: España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. El estudio, difundido por el propio Ifop, compara por primera vez las prácticas de higiene corporal y vestimentaria de estos países después de la crisis del coronavirus.

La metodología del trabajo consistió en entrevistas mediante cuestionario autoadministrado entre el 21 y el 27 de junio de 2022, con muestras representativas de la población de 18 años o más en cada país: 1.007 personas en Italia, 1.008 en España, 1.009 en Francia, 1.011 en Alemania y 1.004 en Reino Unido. La representatividad se garantizó mediante el método de cuotas por edad y profesión, con estratificación por regiones, a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa de la Unión Europea (EU LFS 2011).

Los italianos, los que menos se duchan a diario

El dato más llamativo del informe es que solo algo más de la mitad de los italianos, el 53%, realiza una higiene completa todos los días, una proporción muy inferior a la de Reino Unido (68%), Francia (76%), Alemania (77%) y España (82%). La media de los países analizados se sitúa en el 71%, por debajo de Francia, lo que desmonta el estereotipo del "francés sucio" nacido en Europa en el siglo XVII y difundido durante la posguerra por producciones culturales estadounidenses, como el personaje maloliente de "Pépé le putois", premiado por Hollywood en 1949.

Según el análisis de François Kraus, director del departamento de Opinión del Ifop, el bajo porcentaje italiano de higiene completa no implica necesariamente una mala higiene. Se explicaría por una cultura nacional específica marcada por el uso aún muy extendido del bidé para la higiene de las partes íntimas, los pies y el cabello. Esa diferencia podría deberse, por tanto, a una práctica más amplia de la higiene "parcial" y a un recurso menos frecuente al baño.

La ropa interior: los franceses, los que menos se cambian

Si en higiene corporal Francia sale bien parada, no ocurre lo mismo con la higiene vestimentaria. El 73% de los hombres franceses cambia de calzoncillos a diario, frente al 82% de los españoles, el 77% de los alemanes, el 77% de los italianos y el 75% de los británicos. Es decir, Francia ocupa el último lugar entre los países estudiados. El informe constata además una fractura generacional: el 39% de los europeos mayores de 70 años no cambia de ropa interior todos los días, el doble que entre los menores de 25 años (20%).

En el caso de las mujeres, el cambio diario de ropa interior es masivo y muy homogéneo: el 93% de media en los cinco países, con tasas que oscilan entre el 92% de Reino Unido y Alemania y el 97% de España. Las francesas se sitúan en la media europea con un 93%, muy similar al 94% medido antes de la crisis sanitaria, aunque muy lejos del 17% que cambiaba de ropa interior a diario en 1951.

El "no bra", una seña de identidad francesa

El estudio dedica un apartado al abandono del sujetador, una práctica que se consolidó durante los confinamientos y que en Francia mantiene un número significativo de adeptas, sobre todo entre las jóvenes. El 13% de las francesas menores de 25 años no lleva nunca sujetador, frente al 3% de las españolas, el 2% de las italianas y el 1% de las británicas y alemanas. Entre el conjunto de la población adulta, la proporción es del 6% en Francia y del 4% de media en los cinco países.

Para Kraus, ese arraigo del "no bra" en Francia se explica por dos dinámicas presentes en la lencería antes de la Covid: un neofeminismo que promueve la liberación del cuerpo de la mujer y un "body positivismo" que prima la comodidad, ambos muy presentes en las generaciones jóvenes. A ello se suma, en su opinión, una mayor secularización que haría a las francesas menos sensibles a las presiones puritanas de carácter religioso.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón a la Seguridad Social y ha confirmado la obligación de una mujer de devolver 18.123,24 euros que cobró de forma indebida durante más de cuatro años. La beneficiaria percibía al mismo tiempo una pensión de viudedad y otra de jubilación no contributiva, dos prestaciones que, según la resolución, eran incompatibles.

La mujer comenzó a cobrar la pensión de viudedad en abril de 2017. Antes de esa fecha ya tenía reconocida una prestación de jubilación no contributiva, que abonaba el Gobierno de Canarias. Tras cruzar los datos, la Administración autorizó el pago de la pensión de viudedad.

De hecho, en un correo electrónico recogido en la sentencia, un responsable del Instituto Social de la Marina (ISM) comunicó que la prestación se pusiera al cobro porque la beneficiaria "tiene derecho a la pensión no contributiva". Así, la mujer estuvo recibiendo ambas pensiones durante más de cuatro años.

Sin embargo, posteriormente la Seguridad Social reclamó la devolución de 18.123,24 euros en concepto de prestaciones indebidamente percibidas, al considerar que las dos ayudas no podían cobrarse simultáneamente. El caso terminó en los tribunales.

La mujer no acudió al juicio inicial

El Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria dio la razón a la Seguridad Social. La sentencia señaló que la incomparecencia de la demandada no eximía a la parte demandante de aportar pruebas, pero consideró acreditado el cobro simultáneo de las dos prestaciones y su incompatibilidad.

La beneficiaria recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En esta ocasión alegó que los errores administrativos no podían perjudicar a una ciudadana que había actuado de buena fe, y trató de apoyarse en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocida como Cakarevic.

La Sala rechazó esos argumentos al considerarlos una "cuestión nueva". La mujer no había planteado esa defensa durante el procedimiento en primera instancia, por lo que el tribunal no podía examinarla en el recurso.

La resolución recuerda que "no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por estas en la instancia". Es decir, los argumentos que no se presentan en el juicio inicial no pueden incorporarse después como una nueva línea de defensa ante el tribunal superior.

La devolución de los 18.123 euros queda confirmada

El TSJ de Canarias mantiene así la obligación de reintegrar los 18.123,24 euros. Aunque la Administración conocía que la mujer cobraba ambas prestaciones y había autorizado inicialmente los pagos, la Sala considera que la defensa basada en los errores administrativos no podía analizarse en esa fase del procedimiento.

La sentencia subraya que el recurso de suplicación no permite introducir cuestiones que no se discutieron ante el juzgado de origen. Por ello, la resolución confirma el fallo que obliga a la beneficiaria a devolver las cantidades percibidas de forma indebida.

Este domingo 1 de noviembre de 2026 no es un domingo cualquiera: suma dos estatutos a la vez, domingo y festivo. Y esa coincidencia tiene consecuencias muy concretas en Francia para quien tenga pensado sacar la motosierra en el jardín. En el departamento de la Mancha, por ejemplo, un particular solo puede usar la herramienta de 10:00 a 12:00. Pasado el mediodía, toda la tarde queda prohibida, incluso para cortar las ramas que haya tirado el viento. Arrancar la máquina a las 15:00 expone a una multa de 68 euros, según recoge la normativa recogida por Ouest-France.

El escenario no tiene nada de exótico. Las previsiones anuncian rachas de 30 a 52 km/h los días 1 y 2 de noviembre, suficientes para alfombrar el césped de ramas, con tiempo seco y temperaturas de entre 11 y 16 C: todo invitará a sacar la motosierra. Un vecino llama, un gendarme se presenta en el portal. El propietario, convencido de estar en su derecho en el fondo de su propio jardín, descubre que la hora importa más que el motivo del trabajo.

Lo que fija el decreto de la Mancha

El decreto prefectoral n 97-159 del 27 de marzo de 1997 sigue aplicándose en la Mancha y continúa expuesto en el ayuntamiento. Su artículo 2 se refiere a los trabajos de bricolaje y jardinería realizados por particulares con herramientas ruidosas: cortacéspedes térmicos, motosierras, taladros, cepillos o sierras mecánicas. Los horarios se fijan día a día: de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 19:30 en días laborables, de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 los sábados. Para domingos y festivos solo queda una franja, de 10:00 a 12:00. Dos horas, frente a las 8:30 de trabajo autorizado entre semana.

El 1 de noviembre no disfruta de ningún acumulado de franjas. Domingo y festivo dependen de la misma línea del texto, y el único hueco posible es el de 10:00 a 12:00. A las 14:30, cuando podría pensarse que la semana ha retomado, la motosierra sigue prohibida. Y la noche cae hacia las 17:40, lo que empuja precisamente a empezar a primera hora de la tarde, mientras hay luz.

La urgencia solo ampara a los profesionales

Mucha gente cree que una rama caída justifica saltarse la norma. El texto prevé una excepción para intervención urgente, pero está en el artículo 1, que solo afecta a quienes usan estas herramientas en el marco de su actividad profesional y les impone parar entre las 20:00 y las 7:00, así como todo el día de domingos y festivos. Para un particular, una rama caída no permite excepción. Las derogaciones excepcionales que pueden conceder los servicios prefectorales están también en ese artículo 1, el de los profesionales. Confiar el trabajo a una empresa respondería a otro régimen, con horarios y derogaciones propios de cada municipio.

La infracción se califica como ruido de vecindad de comportamiento, regulado por los artículos R1336-5 y R1337-7 del Código de Salud Pública francés: ningún ruido debe, por su duración, repetición o intensidad, atentar contra la tranquilidad del vecindario. Es una contravención de tercera clase que pueden constatar policía, gendarmería y agentes municipales habilitados, sin necesidad de medir decibelios. El fondo del jardín no cambia nada, porque la regla vale tanto en lugar público como privado. La multa es de 68 euros si se paga de inmediato o en 45 días, y de 180 euros pasado ese plazo; ante el juez puede alcanzar los 450 euros, con posible confiscación de la herramienta. La cifra de 135 euros que circula es falsa para esta infracción.

En la práctica, el calendario se reduce a dos opciones: cortar entre las 10:00 y las 12:00, único hueco del domingo festivo, o esperar al lunes 2 de noviembre, día laborable, de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 19:30. Como también se esperan rachas ese día, conviene agrupar todo el trabajo en una sola jornada. La luz limita el lunes: la noche cae hacia las 17:40, casi dos horas antes del cierre del horario. Y conviene recordar que los horarios cambian según el departamento o el municipio, por lo que lo más prudente es consultar el reglamento en el ayuntamiento antes de sacar la motosierra.

La inflación de septiembre aumentó un 4,9% respecto al mismo mes de 2025, según el dato adelantado este viernes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Se trata del tercer dato más elevado para un mes de octubre desde que existe registro, es decir, desde 2002. Tan solo por detrás del 5,4% de 2021 y del 7,3% de 2022, dos ejercicios marcados por la parálisis económica tras la pandemia y, posteriormente, por la invasión rusa de Ucrania.

Y es que cuatro años después, la prolongación de la guerra en Irán vuelve a situar a los mercados energéticos en el centro de las presiones inflacionistas, tal y como sucedió en 2022. Así, los precios de los carburantes actúan como el motor principal del alza inflacionista ya que, en septiembre, los productos energéticos (electricidad, gas y otros combustibles) registraron un incremento interanual del 13,6%.

Pese a ello, el dato supone una estabilización respecto a septiembre, ya que entonces la inflación también se situó en el 4,9% interanual. Además, ha roto la tendencia de ocho meses consecutivos de subidas, en los que la tasa de inflación había aumentado progresivamente respecto al mes anterior.

Vigilar la inflación subyacente

La cuestión ahora es si este encarecimiento queda concentrado en estos componentes más volátiles o termina trasladándose al conjunto de la cesta de consumo. Aquí es donde entra en juego la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados para evitar el efecto de sus mayores oscilaciones. Así, su evolución permite comprobar si el encarecimiento de la energía comienza a trasladarse a los precios del resto de bienes y servicios.

En este sentido, en octubre, la tasa se ha situado en el 3,1%, la misma cifra que en septiembre aunque todavía entre el intervalo del 2,8%-3% en el que se mueve desde febrero. Y, aunque continúa por debajo de la inflación general, su evolución será determinante en los próximos meses: cuanto mayor sea la transmisión del encarecimiento energético al resto de componentes, más difícil será que la inflación general vuelva a moderarse.

El PIB se reduce una décima

En paralelo, el INE también ha publicado el avance del crecimiento de la economía española durante el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, el PIB aumentó un 0,6% respecto al trimestre anterior, aunque representa una décima menos que en el segundo trimestre.

Por componentes, la demanda nacional aportó cinco décimas al crecimiento intertrimestral. Dentro de ella, el consumo de los hogares aumentó un 0,6%, mientras que el gasto de las administraciones públicas avanzó un 0,9%. La inversión, por su parte, registró un crecimiento más moderado, del 0,1%. Po otro lado, la demanda externa contribuyó con la décima restante, en un trimestre en el que las exportaciones crecieron un 1,3% y las importaciones un 1,1%.

Así, en términos interanuales, el PIB creció un 2,7%, una décima más que en el segundo trimestre, cuando la tasa se situó en el 2,6%.

El Banco de España eleva al 3,9% su previsión para 2026

Este telón de fondo explica los vaivenes de las previsiones de los principales organismos. El Banco de España elevó a principios de octubre su estimación de crecimiento del PIB hasta el 2,6% para 2026, tres décimas más que en sus cálculos de junio, y hasta el 2,2% para 2027, cinco décimas por encima de su previsión anterior.

En la misma línea, la OCDE revisó al alza sus perspectivas de crecimiento para la economía española en septiembre. El organismo prevé que el PIB avance también un 2,6% en 2026 y un 1,8% en 2027, cuatro décimas y una décima más, respectivamente, que en sus anteriores estimaciones.

Sin embargo, el encarecimiento de la energía ha obligado a ambos organismos a elevar sus previsiones de inflación. El Banco de España sitúa ahora la tasa media en el 3,9% para 2026 y en el 3,7% para 2027, lo que supone un incremento de tres décimas y de 1,1 puntos porcentuales respecto a sus cálculos de junio. Además, el organismo que preside José Luis Escrivá anticipa que los precios podrían situarse en torno al 5% a finales de año, incluso teniendo en cuenta las medidas fiscales aprobadas para mitigar el impacto de la guerra en Irán.

Por su parte, la OCDE elevó hasta el 3,7% su estimación de inflación media para España en 2026, cuatro décimas más que en junio, y hasta el 3,4% la de 2027, cinco décimas por encima de su cálculo anterior. El organismo internacional también advirtió del riesgo de que el encarecimiento de la energía termine trasladándose al resto de componentes de la cesta de consumo si las tensiones se mantienen durante más tiempo. De ahí que la evolución de los precios en los próximos meses esté condicionada por la intensidad y la duración del conflicto en Oriente Medio.

El Gobierno de Pedro Sánchez encara la recta final de esta legislatura tal y como la empezó: sin sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Las últimas cuentas aprobadas por el Ejecutivo corresponden a 2023, durante la anterior legislatura, por lo que el Gobierno ha tenido que prorrogar este presupuesto desde 2024 y adaptarlo a las necesidades de gasto de los ejercicios posteriores mediante sucesivas modificaciones de créditos.

Aunque desde el Ejecutivo han defendido la validez de las cuentas prorrogadas, la evolución y la dimensión de los ajustes presupuestarios reflejan lo contrario. Según revelan los últimos datos disponibles de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre enero y agosto de 2026, las modificaciones de crédito ascendieron hasta los 81.300 millones de euros. Un volumen que equivale al 22% de los 368.500 millones de euros de gasto total comprometido hasta agosto. Es decir, el Gobierno ha modificado uno de cada cinco euros del presupuesto prorrogado de 2023, lo que da una idea de la dimensión que han adquirido estas operaciones.

Además, la cifra también supone un salto respecto a los ejercicios anteriores. Entre enero y agosto de 2025, Hacienda alteró créditos por valor de 33.300 millones de euros, por lo que el importe de este año es un 144% superior. Y la diferencia es aún mayor si se compara con 2024, cuando los cambios rondaron los 25.800 millones hasta agosto, lo que representa un incremento de los cambios presupuestarios del 215% en 2026 si se compara con el primer año de prórroga.

De la deuda pública a la Defensa: las partidas con más modificaciones

El 99% de las modificaciones de crédito se concentran en seis partidas presupuestarias. La mayor parte de los ajustes se corresponde con la deuda pública, con 30.200 millones de euros en modificaciones hasta agosto. El importe responde, en buena medida, a las necesidades de financiación para atender los vencimientos de deuda. Con los Presupuestos de 2023 prorrogados, el crédito inicialmente previsto para amortizar los préstamos resulta insuficiente ante las obligaciones de pago de 2026, lo que obliga al Ejecutivo a ampliar las dotaciones presupuestarias.

A continuación se sitúa el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con unos 15.100 millones, un incremento presupuestario vinculado, principalmente, a las necesidades financieras y al impacto de las ayudas del paquete anticrisis impulsado por el Gobierno tras el estallido de la guerra en Irán.

Le siguen los sistemas de financiación de entes territoriales (12.800 millones) y el refuerzo del presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (10.400 millones). En este último caso, el gasto está condicionado fundamentalmente por las necesidades de financiación de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y el gasto asociado a las prestaciones por incapacidad temporal, vinculadas a las bajas laborales, cuyo gasto se ha disparado en los últimos años.

Por su parte, el Ministerio de Defensa acumula otros 10.000 millones de euros en modificaciones, en un contexto marcado por el compromiso adquirido por el Gobierno en 2025 de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB.

Y la sexta partida con mayor volumen de recursos movilizados es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (4.200 millones). Esta última ampliación de crédito vinculada nuevamente a las ayudas extraordinarias focalizadas al sector agrario por el conflicto en Oriente Medio y al plan de ayudas para agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura afectados por las borrascas de principios de año, dotado con casi 2.900 millones de euros.

Sin control del Congreso sobre la hoja de ruta del Gobierno

Así, los datos de la IGAE reflejan que los cambios no se limitan exclusivamente a partidas estructurales, sino que afectan también a nuevas prioridades políticas. Y, aunque algunas decisiones, como la revalorización de las pensiones, sí han pasado por el Parlamento, otras se han articulado mediante modificaciones de crédito autorizadas tan solo por el propio Ejecutivo.

Es decir, se han desplazado parte de estas decisiones desde la Cámara Baja hacia el Consejo de Ministros. Y, precisamente este era uno de los reproches que formuló el consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Morillas Gómez, en su voto particular en la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, publicada el pasado mayo.

A su juicio, el problema no era solo la propia constitucionalidad de la prórroga presupuestaria en sí, sino que durante toda la XV legislatura el Gobierno no había presentado en el Congreso ningún proyecto de Ley de Presupuestos: ni para 2024, ni para 2025, ni para 2026. Para el consejero, esta situación vaciaba de contenido el control parlamentario previsto en la Constitución, ya que los presupuestos no son solo una herramienta contable, sino el instrumento con el que el Ejecutivo traduce en cifras sus prioridades políticas.

Al no presentar este proyecto ante las Cortes, el consejero concluyó que "se había hurtado a la representación de la soberanía popular y a la propia nación española durante toda la XV legislatura" de conocer la hoja de ruta económica del Ejecutivo y de debatirse en el Parlamento.

Las mujeres de Estados Unidos que recurren a terapias hormonales para aliviar los síntomas de la menopausia se enfrentan a una escasez cada vez más amplia. A la falta de parches de estrógenos se suman ahora problemas de disponibilidad de algunas inyecciones y cremas vaginales, según farmacias y entidades que monitorizan el desabastecimiento de medicamentos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) trabaja desde septiembre con los fabricantes para aumentar la producción de parches de estradiol. Sin embargo, el incremento de la demanda ha hecho que las dificultades se extiendan a otras presentaciones de la hormona.

Kevin Schipper, director de gestión del ciclo de vida de productos en la consultora farmacéutica ProPharma, considera que parte de los nuevos problemas podría estar relacionada con el cambio de tratamiento de las pacientes. Ante la dificultad para encontrar parches, algunas mujeres están recurriendo a otras alternativas hormonales, lo que genera una presión adicional sobre el suministro.

La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos de Sistemas de Salud (ASHP) incluyó en septiembre varias inyecciones de estradiol de fabricantes como Hikma, American Regent y Par Sterile Products entre los medicamentos con problemas de disponibilidad. También figuran cremas vaginales de estradiol de las compañías Viatris, Padagis y Teva, algunas de ellas bajo pedido pendiente o asignación limitada.

El aumento de la demanda presiona a fabricantes y farmacias

El crecimiento del uso de terapias hormonales se produce después de que la FDA retirara el año pasado una advertencia destacada sobre determinados tratamientos, que alertaba de posibles riesgos de cáncer de mama y ovario, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades graves. La advertencia se basaba en un amplio estudio publicado en 2002.

CVS Health ha señalado que los fabricantes llevan meses teniendo dificultades para suministrar ciertas dosis de inyecciones de estradiol, un problema que se ha agravado en las últimas semanas. La doctora Kathleen Jordan, directora médica de la plataforma de telemedicina Midi Health, también ha advertido de un efecto en cadena: la escasez de parches empuja a las pacientes hacia geles y cremas, que empiezan a registrar problemas de suministro.

La farmacia digital Cost Plus Drugs, fundada por el empresario Mark Cuban, asegura que está comprando todo lo que puede para mantener sus existencias. Cuban afirma que la demanda de casi todos sus productos ha aumentado entre cinco y diez veces, en parte por sus precios reducidos, aunque la compañía ha podido mantener el suministro de estrógenos con interrupciones puntuales.

Los laboratorios aumentan la producción para responder a la escasez

La FDA indicó en septiembre que el suministro estadounidense de parches de estradiol aprobados casi se había duplicado en el último año, aunque todavía no cubría la demanda. Viatris, uno de los fabricantes, asegura que ha registrado un fuerte aumento de pedidos y que trabaja para ampliar su capacidad.

La compañía incorporó un turno adicional en su planta de St. Albans, en Vermont, hasta alcanzar una producción continua durante las 24 horas. También prevé invertir en nuevos equipos y añadir una línea de fabricación, además de estudiar acuerdos con terceros para aumentar la disponibilidad de parches. Amneal, otro productor de estos tratamientos, también ha comunicado un incremento significativo de la demanda y trabaja para elevar su producción.

Pese a las dificultades, Schipper considera que el patrón de desabastecimiento no apunta a una falta generalizada de materias primas, aunque advierte de que los problemas de la cadena de suministro podrían contribuir a las interrupciones.

Santiago Segura ha utilizado su cuenta de Twitter para mostrar su solidaridad con las víctimas del accidente y sus familiares. "No puedo dejar de pensar en los familiares de los fallecidos", ha escrito el cineasta, que ha querido extender su mensaje más allá de quienes han perdido la vida. Se trata de una reacción personal en redes sociales, sin más desarrollo ni valoración posterior por su parte, y conviene subrayar que refleja su opinión, no una conclusión verificada de forma independiente.

En su publicación, Segura también ha tenido un recuerdo para "el resto de víctimas, gente gravemente lesionada que ha sobrevivido y ha ido llegando a hospitales con una extremidad seccionada o gravísimas heridas y lesiones que les acompañarán para siempre". Con esas palabras, el director pone el foco en los supervivientes del siniestro, cuya recuperación y secuelas, subraya, no terminan cuando abandonan el hospital. El mensaje completo se articula en torno a dos ideas: el dolor de las familias y la realidad de quienes sobreviven con daños permanentes. No es la primera vez que Segura utiliza sus redes para pronunciarse sobre asuntos de actualidad, aunque en esta ocasión lo hace con un tono especialmente grave.

Apoyo a las víctimas y reproche a los responsables

El mensaje concluye con una doble declaración de intenciones. Por un lado, Segura expresa "todo mi apoyo y cariño" hacia las víctimas y sus familias. Por otro, añade entre paréntesis "mi desprecio y resentimiento hacia los responsables de este horrible accidente", una frase con la que cierra su intervención y que deja clara su postura sobre la responsabilidad del siniestro. Con ese cierre, el cineasta no se limita a la condolencia y señala directamente a quienes, a su juicio, deben responder por lo ocurrido. La dureza de esas palabras contrasta con el tono habitualmente desenfadado que caracteriza sus publicaciones, lo que ha contribuido a amplificar el alcance de su mensaje.

Un mensaje que pone el foco en las secuelas

Más allá de la condolencia habitual, el tuit de Segura introduce un elemento que a menudo queda en segundo plano: las secuelas de los supervivientes. Al mencionar las extremidades seccionadas y las heridas que acompañarán para siempre a los lesionados, el director desplaza parte de la atención hacia quienes han sobrevivido pero deberán convivir con las consecuencias del accidente. Su intervención se suma así a las muestras de solidaridad que distintas figuras públicas han compartido tras el siniestro, aunque con un tono más duro en lo que respecta a la responsabilidad.

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de prisión a una mujer que durante más de seis años cobró la pensión de viudedad de su abuela, fallecida en 1988. La Sala de lo Penal considera que la nieta incurrió en un delito del artículo 307 ter del Código Penal al disponer de una prestación que seguía ingresando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pese a conocer que su titular había muerto.

La sentencia 595/2026, de 7 de octubre, estima el recurso de casación presentado por el INSS y revoca la absolución que habían dictado la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia del Principado. Además de la pena de cárcel, el Supremo impone a la mujer tres años de pérdida del derecho a obtener subvenciones y beneficios fiscales o de la Seguridad Social, el pago de las costas de la instancia y una indemnización al INSS por las cantidades percibidas y no devueltas.

Según los hechos probados, la abuela, nacida en 1919, tenía una cuenta bancaria en Avilés desde 1951. Su hija, madre de la condenada, figuraba como cotitular y falleció el 14 de agosto de 2013. A partir de ese momento, la nieta comenzó a realizar reintegros, transferencias, pagos con tarjeta y domiciliaciones con cargo a la cuenta, sabiendo que el dinero procedía exclusivamente de la pensión de su abuela.

Entre agosto de 2013 y diciembre de 2019 se ingresaron en la cuenta 61.834,46 euros. La entidad bancaria devolvió a la Tesorería General de la Seguridad Social 39.176,22 euros, correspondientes a las mensualidades de enero de 2016 a diciembre de 2019.

El Supremo considera que ocultar la muerte constituye el engaño

La Audiencia Provincial y el TSJ de Asturias habían absuelto a la mujer al entender que el INSS y el banco no habían comprobado si la pensionista seguía viva. A su juicio, la acusada se había beneficiado de la falta de control de ambas entidades y no se había acreditado un engaño suficiente para justificar una condena penal. Consideraron que el dinero debía reclamarse por la vía civil.

El Supremo no niega que las entidades fallaran en sus controles, pero sostiene que esa circunstancia no elimina el carácter indebido de las cantidades cobradas. El artículo 307 ter del Código Penal castiga a quien obtiene o prolonga de forma indebida prestaciones mediante la simulación de hechos o la ocultación consciente de aquellos que tenía obligación de comunicar.

La Sala considera que ese deber de informar del fallecimiento deriva de la normativa sobre el pago de pensiones de Clases Pasivas, que obliga a los causahabientes a comunicar la extinción del derecho y a abstenerse de cobrar desde la fecha de la muerte. Para el tribunal, el incumplimiento de esa obligación constituye el engaño exigido por el delito, con independencia de que el banco y la Administración no detectaran la situación.

El fallo se apoya también en un precedente de 2015, en el que el Supremo confirmó la condena de un hombre que había cobrado durante años la pensión de jubilación de su madre fallecida. En aquel caso, la Sala ya había concluido que la negligencia de las entidades no exculpaba al beneficiario.

La condena y las cantidades que deberá devolver

Para fijar la pena, el Supremo tiene en cuenta el conjunto de lo percibido y aplica el apartado 2 del artículo 307 ter, previsto para prestaciones superiores a 50.000 euros. La sentencia impone dos años de prisión y la pérdida de beneficios durante tres años.

La resolución también recoge diferencias en las cifras de la responsabilidad civil. La sentencia anterior había calculado la indemnización en 22.658 euros, tras restar a los 61.834 euros ingresados los 39.176 euros reintegrados por el banco. Sin embargo, el fallo del Supremo condena a la mujer a pagar 29.658 euros al INSS.

La Sala deja a salvo las acciones civiles que el organismo pueda ejercitar por otras cantidades que considere reclamables. El periodo analizado en la causa comienza en agosto de 2013, aunque la pensión se había seguido ingresando en la misma cuenta desde la muerte de su titular, casi 25 años antes.

La condena revoca así la absolución dictada en Asturias y establece que la falta de controles por parte de la Administración y de la entidad bancaria no impide apreciar el delito cuando la persona que dispone de la prestación conoce el fallecimiento y omite comunicarlo.

El economista Santiago Calvo ha cuestionado las críticas a la liberalización ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda. A su juicio, el problema no está en la competencia entre operadoras, sino en la gestión de la infraestructura que continúa bajo responsabilidad pública.

"El problema no es la liberalización ferroviaria. Es el desgobierno de la infraestructura que sigue gestionando el Estado", afirma Calvo en una publicación. El economista considera que, tras las tragedias, algunos sectores buscan responsabilizar a la competencia, mientras otros pretenden atribuir toda la culpa a un trabajador.

Calvo recuerda que las vías, la señalización y el control del tráfico ferroviario siguen en manos de ADIF, una empresa pública. Desde esa premisa, sostiene que la apertura del servicio a nuevas compañías no puede explicar por sí sola los problemas relacionados con la seguridad y el funcionamiento de la red.

Calvo apunta a la gestión de la infraestructura

En su análisis, el economista menciona los accidentes de Adamuz y Urda como ejemplos de fallos que, en su opinión, deben examinarse desde la gestión de la infraestructura.

Sobre Adamuz, afirma que "falló la detección de una anomalía en la vía". En el caso de Urda, sostiene que los trabajadores habían denunciado la sobrecarga de los centros de control y que el Ministerio conocía incumplimientos reiterados de los protocolos de comunicación.

Las causas y responsabilidades de los accidentes están sujetas a las investigaciones correspondientes. En el caso de Urda, las primeras reconstrucciones públicas han situado el fallo del sistema de señalización LZB y las decisiones del centro de control entre los elementos que deben esclarecerse.

Calvo sostiene que liberalizar el servicio sin adaptar el mantenimiento, los sistemas de seguridad y la gestión al aumento del tráfico supone un problema de la Administración, no un fracaso del mercado.

"Buscar un chivo expiatorio" no evitará otro accidente

El economista también critica que la respuesta a las tragedias se centre en encontrar a una persona sobre la que descargar toda la responsabilidad. En su opinión, esa estrategia puede servir para proteger a un cargo político, pero no resolverá las deficiencias que puedan existir en la red ferroviaria.

"Y buscar un chivo expiatorio puede servir para salvar un cargo político, pero difícilmente evitará el siguiente accidente", concluye.

Su mensaje plantea así una reflexión sobre el modelo ferroviario: la competencia entre operadoras y la gestión pública de la infraestructura son cuestiones distintas, y Calvo defiende que las medidas de seguridad, el mantenimiento y la organización de los centros de control deben estar en el centro del debate.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) se seguirá situando en el 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) en el 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,90%, en un alto de la política monetaria que no descarta próximos incrementos.

La entidad europea ha optado por pausar la tasa de referencia después de la subida acometida en septiembre y la previa del mes de junio, en un escernario internacional marcado por el repunte de la inflación al 3,8%, niveles no vistos en los últimos tres años.

"Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento. Aunque los efectos de la perturbación energética aún no se han materializado plenamente, la inflación subyacente se ha mantenido en general estable hasta ahora y los salarios no muestran una respuesta sustantiva en esta fase", ha destacado la institución.

No obstante, desde el Banco Central Europeo han insistido en que vigilarán de cerca la transmisión del encarecimiento de la energía al resto de bienes y servicios. La preocupación es que el repunte inicial de los precios energéticos termine trasladándose a otros componentes de la cesta de consumo, presionando la inflación de forma más generalizada y persistente, tal y como sucedió tras la invasión rusa en Ucrania.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve al centro del debate político en plena campaña electoral. Mientras el Gobierno defiende que las prestaciones están garantizadas, la oposición reclama que, aunque sea un sistema viable, necesitará reformas en el futuro. Por su parte, Vox va más allá y plantea semiprivatizarlas. Sin embargo, más allá de las valoraciones de los partidos, los últimos movimientos presupuestarios también ponen el foco en la financiación del sistema. En apenas siete días, el Consejo de Ministros ha aprobado dos operaciones que suman casi 12.100 millones de euros al presupuesto de la Seguridad Social.

Primero, un préstamo de 10.000 millones

Según publicó El Confidencial, el pasado 20 de octubre el Estado transfirió 10.003,08 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante un préstamo destinado a atender los pagos de las pensiones. Es decir, como los ingresos del sistema no son suficientes para contener los gastos, el Estado debe intervenir aportando capital adicional.

De hecho, esta operación se repite cada año desde 2023 en el mes de octubre. Con ella se permite dotar al Ministerio que dirige Elma Saiz de tiempo con el que planificar el pago de las pensiones de los meses de noviembre y diciembre, incluyendo la paga extra. No obstante, no se trata de un cheque en blanco; tiene condiciones de devolución. Se trata de un préstamo sin intereses que la Seguridad Social debe devolver al Estado en un plazo máximo de diez años, contados desde el año siguiente al de su concesión.

Segundo, una transferencia de casi 2.100 millones

Pese a esta inyección de recursos, este martes —tan solo siete días después del préstamo—, el Ejecutivo ha aprobado una segunda operación, esta vez por un importe de 2.090 millones de euros. Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda quiere dar respuesta a una necesidad de "carácter ineludible e inaplazable", con la que pretende "dar cumplimiento al compromiso de aportaciones del Estado por el Pacto de Toledo".

Además, en esta ocasión sí que se especifica en qué partidas concretas se destinará el capital: financiará "los gastos de naturaleza no contributiva". En el sistema de la Seguridad Social conviven dos tipos de prestaciones. Las contributivas se reconocen, por regla general, en función de las cotizaciones que una persona ha realizado durante su vida laboral. Las no contributivas, en cambio, están destinadas a proteger a quienes carecen de recursos suficientes y no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo necesario, para acceder a una pensión contributiva.

Es el caso del Ingreso Mínimo Vital, las pensiones de orfandad o las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que garantizan unos ingresos a personas que cumplen los requisitos establecidos, aunque no hayan cotizado lo suficiente para generar derecho a una pensión contributiva. Y también existen otros gastos que, aunque están relacionados con prestaciones contributivas, se financian con recursos del Estado, como los complementos a mínimos que elevan determinadas pensiones hasta la cuantía mínima establecida.

¿Cómo va el presupuesto de 2026?

Los últimos datos disponibles del presupuesto de la Seguridad Social son hasta agosto. Pues bien, en los primeros ocho meses del presente año, los ingresos ascienden hasta algo más de 171.000 millones y los gastos hasta los 164.000 millones: unos 144.000 millones del lado contributivo, otros 17.000 del no contributivo y unos 3.000 millones en gastos internos como el pago de la plantilla o el mantenimiento de las infraestructuras.

Es decir, el sistema cuenta con un superávit de 7.000 millones. ¿Entonces para qué necesita más capital del Estado? Por un lado, para poder prever el pago de los meses que quedan, y por otro, porque no es oro todo lo que reluce.

El desglose de los ingresos ayuda a entender esta dependencia de los recursos públicos. Las cotizaciones sociales suman unos 126.000 millones de euros, frente a los cerca de 144.000 millones que asciende el gasto contributivo. Es decir, las aportaciones de trabajadores y empresas no bastan para cubrir por sí solas las prestaciones contributivas y la diferencia debe compensarse con otras fuentes de financiación, entre ellas las transferencias del Estado, que se acercan a los 44.000 millones de euros.

Pero hay una segunda cuestión: el presupuesto también debe hacer frente a los gastos no contributivos, que hasta agosto rondan los 17.000 millones. Y hay otra mala noticia. Los presupuestos están prorrogados desde 2023 y lo que revela la segunda referencia del Consejo de Ministros es que la Seguridad Social no puede hacer frente al pago de esta parte del sistema con los mismos recursos de los que disponía en 2023. Es decir, necesita más dinero y por ello ha tenido que ampliar el crédito destinado a cumplir este compromiso en casi 2.100 millones adicionales.

El mercado laboral español pone a prueba el relato de fortaleza que defiende el Gobierno. El Ejecutivo presume de una economía que, pese a la guerra en Irán, crecerá un 2,6% en 2026, casi el triple que la zona euro (0,9%). Sin embargo, detrás de estas cifras hay un modelo de crecimiento que depende de tres factores clave, sin que ninguno implique por sí mismo una mejora de la productividad, la innovación o los salarios, lamentablemente. El turismo es uno de ellos: las previsiones apuntan a que España podría alcanzar este año los 100 millones de visitantes internacionales, un hito que hasta ahora solo ha logrado Francia. A ello se suma el respaldo de los fondos europeos, que inyectan financiación en la economía, y el aumento del empleo asociado a la llegada de población extranjera, que amplía la fuerza laboral, impulsa el consumo y contribuye a elevar la recaudación. Pues bien, la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), da una primera señal de alarma.

El tercer trimestre coincide con el final de la campaña de verano, por lo que el ritmo de creación de empleo suele moderarse una vez superado el periodo de mayor actividad turística. Además, desde la pandemia se ha ido apreciando una desaceleración gradual en el ritmo de contratación: desde las 570.000 personas del tercer trimestre de 2020, a las 387.000 en 2021, las 138.000 en 2022, 188.000 en 2023, 138.000 en 2024 y 118.000 en 2025. Sin embargo, el incremento de 73.600 ocupados nuevos entre julio y septiembre de este año es un dato más bajo de lo normal. Solo se compara con el de 2019, cuando se crearon 69.400 empleos.

Se destruye empleo en el sector privado; no pasaba desde 2012

De hecho, la señal de debilidad no está solo en el volumen de empleo creado, sino también en su composición. En 2019, el aumento de la ocupación estuvo repartido entre el sector público y el privado, que sumaron 34.200 y 35.300 trabajadores, respectivamente. En cambio, en el tercer trimestre de 2026, el empleo público aumentó en 89.900 personas, mientras que el privado retrocedió en 16.300. Es decir, los 73.600 ocupados nuevos sólo se explican por el avance del empleo público, que compensó la caída del privado.

Si bien es cierto que la desaceleración del empleo privado venía de antes, también lo es que no se registraban valores negativos, es decir, destrucción de puestos de trabajo. Sus avances habían pasado de 377.000 ocupados en el tercer trimestre de 2021 a 83.000 en 2022, 176.000 en 2023, 155.000 en 2024 y 107.000 en 2025. Sin embargo, este año el signo ha cambiado: el sector ha destruido empleo. De hecho, para encontrar una caída igual o mayor en un tercer trimestre, hay que retroceder hasta 2012, cuando se perdieron 37.000 ocupados, en un contexto muy distinto, marcado por los años más duros de la crisis financiera de 2008.

Lorenzo Amor, presidente de ATA: "La EPA refleja la dura realidad de los autónomos"

El retroceso del empleo privado se explica por la pérdida de trabajadores por cuenta propia, mientras que los asalariados del sector apenas variaron en el tercer trimestre. Concretamente, desaparecieron 15.500 autónomos entre julio y septiembre, hasta situarse en 3,17 millones. Además, el descenso se concentra en los autónomos sin asalariados a su cargo, cuyo número se redujo en 43.000 personas, mientras que aumentaron en 17.500 los autónomos que sí emplean a otros trabajadores. La caída afecta así a los más vulnerables, aquellos que desarrollan su actividad sin poder generar empleo, frente al avance de quienes tienen trabajadores contratados.

Tras conocer las cifras, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, concluyó que "la EPA refleja la dura realidad de los autónomos. No necesitamos huelgas ni pantomimas electorales. Los autónomos lo que necesitamos son menos trabas y burocracia, menos impuestos, menos cotizaciones y más protección social".

El espejismo del mercado laboral: la regularización de inmigrantes

Además, al desglosar los 73.600 nuevos ocupados por nacionalidad, se observa que el empleo aumentó en 75.400 personas extranjeras y en 148.500 con doble nacionalidad, mientras que entre los españoles descendió en 150.300. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta el impacto del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. En este sentido, Valentín Bote, director de Randstad Research, ha explicado este miércoles que, ahora sí, la realidad económica es "coherente con lo que esta EPA nos está diciendo".

En los últimos meses se estaba produciendo una divergencia entre la evolución de la economía y el número de afiliados a la Seguridad Social: mientras el crecimiento del PIB se moderaba, la afiliación aceleraba su ritmo de avance, algo que, según ha señalado, "no tenía ninguna lógica" con la marcha actual de la actividad. Por ello, finalmente, en la EPA se resuelve esta aparente contradicción. El investigador concluye que la divergencia solo se entendía si "teníamos en cuenta el hecho de que se estaban regularizando cientos de miles de inmigrantes en situación irregular" y que este proceso era el que estaba detrás de la aceleración del empleo.

La tasa de paro se aleja del objetivo de pleno empleo, comprometido por el Gobierno al final de esta legislatura

Como es habitual en un tercer trimestre, el número de parados ha crecido, concretamente en 95.900 personas, hasta alcanzar los 2.591.200 desempleados. Se trata del mayor incremento registrado entre julio y septiembre desde 2020, en plena pandemia. Con ello, la tasa de paro ha repuntado hasta el 10,18%, tres décimas más que en el trimestre anterior.

Aunque es la más baja para un tercer trimestre desde 2007, el desempleo continúa por encima del 10%, lejos del objetivo de pleno empleo que el Gobierno se había marcado. La entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió durante la campaña electoral de 2023 que "nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr el pleno empleo". Sin embargo, el repunte aleja las perspectivas de que esto suceda.

De hecho, según las previsiones del Gobierno, España cerrará 2026 con una tasa de paro del 9,9%. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus proyecciones publicadas en mayo, es todavía más pesimista. Anticipa una reducción más lenta y sitúa la tasa por encima del 10% en 2026 y 2027.

El presidente de Ryanair, Michael O’Leary, advirtió la semana pasada que los billetes de avión podrían encarecerse hasta un 20% en Europa durante 2027 por el encarecimiento del combustible. La guerra en Irán ha disparado los precios energéticos y, según ha explicado este martes el presidente de ALA, Javier Gándara, las compañías aéreas han repercutido parte del incremento del queroseno en el precio de los billetes durante 2026, aunque también han absorbido una parte del sobrecoste a costa de sus márgenes empresariales.

No obstante, durante la presentación de las perspectivas del sector para la temporada de invierno (que empieza en octubre y termina en marzo), el presidente de la patronal de las aerolíneas ha advertido que las aerolíneas afrontarán el próximo verano con una cobertura frente a las fluctuaciones sobre el precio del combustible significativamente menor. Mientras que las grandes compañías europeas tenían cubierto "entre el 60% y el 80% de sus necesidades para la temporada actual, de cara al verano de 2027 esa proporción se situará entre el 15% y el 40%".

Estas coberturas han permitido a las aerolíneas fijar por adelantado el precio de una parte del combustible que han necesitado en 2026, lo que les ha protegido frente a las subidas del mercado. Sin embargo, como señala el presidente de ALA, el margen de protección se reducirá a la mitad en la próxima temporada.

El queroseno, entre los factores coyunturales y estructurales

El precio del combustible de aviación no depende únicamente de la cotización del petróleo. Aunque el barril de Brent se situaba antes del conflicto en torno a los 70 dólares y ha llegado a alcanzar los 115 dólares, el queroseno se ha encarecido todavía más, hasta aproximarse a los 190 dólares por barril equivalente. El diferencial responde a que el coste del queroseno no solo está condicionado por el precio del petróleo, sino también por los costes de refino, transporte y de las alteraciones en las rutas de suministro.

Además, desde ALA también advierten de que el impacto sobre el sector no dependerá únicamente de cuándo termine la guerra. Gándara ha señalado que habrá que distinguir entre los efectos coyunturales de la guerra y los daños estructurales sobre infraestructuras energéticas que puedan prolongar el encarecimiento una vez que remita el conflicto. Por tanto, los daños en la capacidad de refino de la región podrán mantener la presión sobre el queroseno incluso si el precio del crudo comienza a bajar.

Las aerolíneas programan un 5,5% más de plazas para el invierno

Además, para la temporada de invierno 2026-2027, que comenzó este domingo y se prolongará hasta finales de marzo, las aerolíneas han programado 146 millones de asientos, un 5,5% más que los previstos en la misma fecha del año pasado. Aunque desde ALA advierten de que la cifra puede variar en los próximos meses y, además, no descartan que las compañías retiren capacidad si la evolución del combustible les obliga a revisar sus planes.

Sin embargo, la distribución geográfica es muy heterogénea. Mientras que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destaca con cerca de un 10% más de plazas programadas, en otros grandes aeropuertos el avance se modera: al 1,9% en Barcelona-El Prat y al 1,5% en Alicante. Asimismo, en Andalucía se supera el 5% de crecimiento y en Baleares se registra un 4,4% (con el aeropuerto de Ibiza registrando una caída del 1%), mientras que Canarias apenas aumenta un 0,1%.

La reforma del sistema de pensiones de 2023, implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo penalizaciones económicas de hasta el 30% sobre la cuantía de la pensión final para desincentivar el retiro de los trabajadores antes de la edad ordinaria de jubilación y favorecer carreras laborales más largas. El objetivo de fondo era aliviar la presión que ejercerá sobre las cuentas de la Seguridad Social la jubilación masiva de la generación del baby boom, que ya ha comenzado a retirarse. Es decir, retrasar la edad efectiva de jubilación para contener el aumento del gasto en pensiones que afrontará el sistema durante las próximas décadas.

Sin embargo, los datos acumulados de 2026 hasta agosto traen malas noticias. Las jubilaciones demoradas (aquellas en las que el trabajador sale del mercado laboral con más de 65 años si ha cotizado 38 años y 3 meses o con más de 66 años y 10 meses si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) representan el 12% sobre el total de personas que se han jubilado en los primeros ocho meses del año. Concretamente, casi 28.800 trabajadores optaron por esta modalidad respecto a las 247.200 altas del sistema.

Las optimistas proyecciones del Gobierno

Durante los años previos a la reforma, los jubilados que optaban por esta modalidad apenas representaban menos del 5% sobre el total. Sin embargo, desde que se introdujeron los desincentivos económicos, esta proporción ha ido escalando gradualmente: del 5,4% de 2022 al 8,1% en 2023, seguido del 9,3% en 2024, el 10,9% en 2025 y el 11,6% entre enero y agosto de 2026.

No obstante, estas cifras distan mucho de los cálculos estimados por el Gobierno. En 2023, el Ministerio que dirigía José Luis Ecrivá remitió a la Comisión Europea el documento con sus Proyecciones del gasto público en pensiones hasta 2050, a fin de recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Pues bien, en estas proyecciones, el entonces ministro de Seguridad Social apuntó que en 2026 se registrarían alrededor de 285.000 jubilaciones demoradas sobre un total de 345.000 altas, es decir, tendrían que haber representado el 83% del total en vez de un 11,6% como finalmente ha ocurrido.

Impacto económico de la sobreestimación

La cuestión no es solo que la estimación sea inexacta, sino también sus repercusiones económicas sobre el gasto público. El documento enviado a Bruselas calculaba que, como consecuencia del impacto de los nuevos incentivos a la jubilación demorada, se podría reducir el gasto un 0,14% sobre el PIB en 2025 y un 0,17% en 2026. En euros contantes y sonantes supondrían unos 2.300 y 2.900 millones de euros menos, respectivamente.

Sin embargo, dado que sus estimaciones no se han cumplido, este ahorro ha sido menor. Según cálculos de El Independiente, si se aplica de forma orientativa la proporción observada a las estimaciones del Gobierno, los 2.300 millones de euros que la Seguridad Social esperaba reducir del gasto en pensiones en 2025 se quedarían en unos 300 millones, mientras que los 2.900 millones proyectados para 2026 bajarían a alrededor de 400 millones.

De hecho, la desviación optimista no se limita a las jubilaciones demoradas, sino que también se ha producido sobre las previsiones globales. La reforma contemplaba más medidas, además de los desincentivos a retrasar la jubilación (como el incremento de los ingresos a través del refuerzo de las cotizaciones sociales o la elevación anual de la edad ordinaria de jubilación, entre otras), para reducir el gasto público.

Sin embargo, sus proyecciones apuntaban a que el gasto en pensiones contributivas se situaría en el 11,22% del PIB en 2025 gracias a la reforma, frente al 12,27% que habría representado sin ella. Dado que se disponen de los gastos del sistema sobre este ejercicio, las cifras revelan que el desembolso final ha sido superior incluso a la estimación del escenario previo a la reforma: casi 212.400 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB.