La cobertura de una tragedia vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más delicados del periodismo: cómo trasladar la crudeza de lo ocurrido sin caer en el morbo ni sobrepasar los límites del dolor de víctimas y familiares. Tras el accidente ferroviario de Urda, televisiones y radios han llenado sus espacios con testimonios de supervivientes, conexiones en directo y relatos de lo sucedido en los minutos posteriores al impacto.
A las imágenes y declaraciones se han sumado las dudas sobre las causas del choque, la difusión de audios relacionados con el accidente y las primeras críticas por algunas preguntas y comentarios realizados en plena cobertura. La tragedia también ha entrado rápidamente en el terreno político, con peticiones de responsabilidades, reproches cruzados y debates sobre la actuación del Gobierno y del ministro de Transportes.
En este vídeo, El Buitre analiza cómo han abordado los principales medios la tragedia, desde el tratamiento de las víctimas y los límites del morbo hasta las polémicas, filtraciones y la batalla política que ha acompañado a la cobertura.
Lo primero, lo único verdaderamente irreparable, son los muertos: 115 en lo que va de año en la red ferroviaria española, cinco veces más que la media de la década anterior, y el cómputo de Urda sigue abierto. 45 en Adamuz en enero; 69 este miércoles entre Mora y Urda, sobre la misma línea Madrid-Sevilla. Una red que hasta hace poco presumía de ser vanguardia mundial. Tras el luto insoportable y el dolor de las familias, España debe mirarse al espejo y afrontar la magnitud del desastre que se cierne sobre nuestro futuro: el Gobierno ha quebrado la seguridad de los ciudadanos y ha dinamitado, en nueve meses, treinta años de prestigio de la ingeniería española en el mundo.
La degradación no ocurrió de la noche a la mañana; nos fueron cociendo a fuego lento. Todo empezó el día en que suprimieron el histórico compromiso de puntualidad, aquel que devolvía el importe íntegro del billete si el AVE se retrasaba apenas cinco minutos. Parecía un detalle comercial; era una declaración de intenciones: la renuncia oficial a la excelencia. Después nos acostumbraron a retrasos cada vez mayores, a trenes parados sin luz ni aire acondicionado en mitad de la nada, a un caos diario normalizado desde el poder. Más tarde llegaron las vibraciones anómalas que los pasajeros grababan con inquietud y que los maquinistas denunciaron por escrito miles de veces, topándose con el muro de un Ministerio entregado a la propaganda. La curva del deterioro estaba trazada y ha terminado en Urda: un centro de control que autoriza a un AVE a reanudar la marcha en aviso rojo, 25 kilómetros de viaje con un tren detenido más adelante, 69 muertos. El ministro de Transportes lo califica de «inexplicable». No lo es: es el final lógico de esa curva.
La primera consecuencia es interna y devastadora: el miedo. ¿Quién se va a montar tranquilo en un AVE a partir de ahora? Cuando el ciudadano sabe que los sistemas automáticos de frenado y bloqueo fallan por falta de mantenimiento y que las advertencias de los profesionales se ignoran sistemáticamente, subir a un tren a trescientos kilómetros por hora deja de ser un viaje para convertirse en un acto de fe. Han roto la confianza básica entre el ciudadano y las infraestructuras críticas del Estado.
La segunda consecuencia es geopolítica y económica, y nos empobrecerá durante décadas. Durante treinta años, el talento de los ingenieros españoles obró un milagro tecnológico admirado en los cinco continentes: nuestras empresas construyeron el AVE a La Meca y lideraron licitaciones en Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica. Hoy toda esa reputación la ha tirado a la basura una deplorable gestión política.
El mercado global de las infraestructuras no perdona la negligencia, y la comparación es de manual. El Shinkansen japonés lleva desde 1964 sin un solo pasajero muerto por colisión o descarrilamiento. La alta velocidad francesa no acumula nada comparable en servicio comercial. Y la china, que sí tuvo su tragedia —Wenzhou, 2011: 40 muertos por un fallo de señalización tras un rayo—, hizo lo que hace un Estado serio: sancionó a 54 responsables, recortó la velocidad de toda la red y no ha vuelto a registrar un accidente mortal.
España ha reproducido en 2026 el mecanismo exacto de Wenzhou, quince años después, y la respuesta oficial es un ministro que declara que el sistema «sigue siendo fiable». ¿Adónde van a acudir mañana los países que quieran construir sus líneas de alta velocidad? A Tokio, a París o a Pekín. Ningún gobierno extranjero va a comprar tecnología ni gestión ferroviaria a un país que acumula 115 muertos en un año en su red principal. La Marca España acaba de quedar expulsada del mayor mercado de obra civil del siglo XXI.
Y frente a esta ruina humana, moral y económica, Pedro Sánchez sale a declarar con un cinismo insoportable que «dos accidentes de AVE en un año no son asumibles», hablando como si fuera un comentarista ajeno a la tragedia y no el máximo responsable del Ejecutivo tras ocho años en el poder. Si no son asumibles, ¿por qué nadie los asume? Porque acto seguido, Óscar Puente vuelve a comparecer para anunciar que, otra vez, no piensa dimitir.
Esa soberbia blindada en el sillón demuestra que ya no bastan las responsabilidades políticas, porque quienes nos gobiernan carecen del más mínimo sentido del honor institucional. Estamos ante responsabilidades penales de libro: imprudencia grave con resultado de muerte. No solo han matado el prestigio del AVE; han destruido la credibilidad de una nación entera, y tarde o temprano tendrán que responder por ello ante los tribunales.
¿Dónde estás, Fátima?, ¿dónde estás, Luis?, ¿dónde estás, Antonio…? Esta última pudo haber sido la llamada de mi madre, usando torpemente por los nervios su móvil, tratando de averiguar si su hijo había sobrevivido a un trágico accidente de trenes de alta velocidad. Afortunadamente, no ha sido así en mi caso, y podré darle un abrazo este fin de semana. Pero Fátima no podrá abrazar a sus hijos ni a su marido, ni Luis, ni Jorge, ni… Así hasta sesenta y nueve personas, quizá alguna más. Pero podrían haber sido cien o doscientas, da igual. Personas todas, con familias, hijos, padres, hermanos, con amigos, con compañeros de trabajo, con vida…
Desde hace mucho tiempo, algunos tratan de convencernos de la diferencia entre siniestro y accidente. Los que trabajamos en seguros, bendita profesión, las mezclamos sin cuidado. Y no, no hay que hacerlo. Desde hace tiempo nos vienen advirtiendo los cuidadosos del marketing que siniestro es propio de nuestra actividad y que frente a los clientes suena mal. Pero ¿cómo no va a sonar mal, si siempre lo utilizamos cuando es un momento trágico para uno, unos pocos o muchos? Y veníamos hablando de accidente, accidente, accidente… Una y otra vez. Accidente, dice el diccionario, es un "suceso eventual o acción del que resulta daño involuntario para las personas o las cosas". Un accidente de coche usualmente no es un accidente. Un evento trágico como el que ocurrió ayer en Urda (Toledo), no, no es un accidente. No ha ocurrido por un "acto de Dios", como lo define la vieja teoría anglosajona del seguro: aquel acto fortuito, de fuerza mayor, extraordinario, totalmente imprevisible, exento de responsabilidad.
No, esto no ha sido un accidente, no ha ocurrido por providencia divina –perdonadme el atrevimiento–. Ha sido un evento extraordinario, terrible, pero previsible y con responsabilidades que acabarán dilucidándose. Escribo estas líneas con lágrimas, muchas, en los ojos, incapaz de asimilar por qué Fátima, o Luis, y otros muchos no amanecen esta mañana junto a sus seres queridos.
Casi cuarenta años de profesión aseguradora, unas veces atendiendo a víctimas, tantas otras trabajando en la formación para la prevención. En nuestra actividad, el accidente es genérico: ocurre por una acción humana, una imprudencia, una falta de diligencia, o simplemente ocurre porque la naturaleza o las circunstancias no humanas lo han provocado. Como aseguradores, vivimos la tragedia todos los días: niños huérfanos, padres que pierden a sus hijos, parejas jóvenes que quedan truncadas para siempre. Nuestros esfuerzos en prevención –ingentes los que desarrolla el sector asegurador; sí, ojalá nuestra actividad desapareciera para siempre porque el mundo fuera perfecto–, los del tercer sector, los de los medios de comunicación, los de las autoridades por difundir la prevención, la protección y la minimización del riesgo, no son suficientes, nunca lo son. Pero si evitamos muchas desgracias, o una sola, el esfuerzo merece la pena. Nos sentimos recompensados y felices sabiendo que cada día contribuimos a tener un mundo más seguro y feliz.
La estadística lo dice: es posible, pero no es probable. Pero desgraciadamente sí puede ser: cuando la imprevisión, la negligencia, la incompetencia afloran, puede ser, sucede
Pero toda esa felicidad se borra de golpe un solo día, en un solo instante, cuando alguien escribe en un chat de amigos: "Acaba de ocurrir un grave accidente en el AVE de Andalucía, en la provincia de Toledo". Otra vez la palabra. Y de inmediato surge en tu mente Adamuz: cuarenta y seis fallecidos, cientos de lesionados, cientos de familias destrozadas. Y comienzas a rezar y a esperar que esta vez no sea así. No, no puede ser. La estadística lo dice: es posible, pero no es probable. Pero desgraciadamente sí puede ser: cuando la imprevisión, la negligencia, la incompetencia afloran, puede ser, sucede.
Y solo nos queda rezar por los cientos de seres humanos –niños, ancianos, hombres, mujeres– que iban escuchando música, viendo una película, durmiendo, tomando un café o simplemente preparando la próxima reunión en Sevilla. Sabemos que la alta velocidad es inapelable. Que, si ocurre una desgracia, serán muchos los afectados. Y así está siendo. Muchos, demasiados, siempre demasiados.
Ahora solo cabe que aparezcan todos, todos los que faltan. Ahora solo cabe llorar a las víctimas, ahora solo cabe esperar que los supervivientes se recuperen pronto, ahora solo cabe rezar por todos, incluso si no eres creyente, y confiar en que algún día seamos capaces de construir un país mejor, una sociedad mejor, en la que todo lo evitable –los "accidentes"– se evite. Solo entonces podremos ser felices del todo.
Descansa en paz, querida Fátima; descansad en paz todos los que tuvisteis la mala fortuna de perder la vida por viajar en ese maldito tren.
Antonio Huertas Mejías es presidente de Mapfre
Ninety years ago, on Oct. 31, 1936, Literary Digest, which had correctly forecast presidential election winners since 1916, predicted that Alf Landon would beat Franklin Delano Roosevelt in the upcoming election.
Roosevelt won handily. The Digest’s poll surveyed 10 million people via postcard, using telephone books and car registration lists for the information. Even though almost 2.4 million people responded — an impressive response rate — the misleading sample provided inaccurate results. Literary Digest folded shortly afterward.
Two years later, in 1938, Gallup started tracking presidential approval ratings. Even so, polls remained far from perfect. In 1948, the Chicago Daily Tribune’s embarrassing front-page declaration "Dewey Defeats Truman" stemmed in part from a misuse of polling. The paper relied on earlier polls that did not reflect the Election Day reality in making its prediction.
As the science of polling improved over time, campaign pros began to rely on pollsters. John F. Kennedy was the first president to be strongly associated with a polling firm, as he used Lou Harris and the Harris organization's polls in his 1960 campaign for president.
LEE CARTER: AMERICA IS ANGRY AT EVERYONE — BUT WHO WILL ACTUALLY VOTE?
In the 1970s, we witnessed the rise of the celebrity pollsters: Pat Caddell for Jimmy Carter, Richard Wirthlin for Ronald Reagan, and Stan Greeberg and Dick Morris for Bill Clinton. These pollsters were successful but not infallible.
Caddell, for instance, was largely responsible for Carter's 1979 "Crisis of Confidence" speech. He misjudged the public mood, and Carter’s "malaise speech" became one of the most disastrous presidential speeches of all time.
Morris, for his part, had a tempestuous relationship with Bill Clinton. They once reportedly came to blows while Morris was advising Clinton during his time as governor of Arkansas.
Morris was initially on the outs and Greenberg in charge of polls when Clinton won the 1992 election. But Morris secretly came back and started advising Clinton after the Democrats lost control of Congress in the 1994 "Republican Revolution." Morris even had a code name — "Charlie" — to keep his identity secret from the more liberal White House staff, which resented Morris’ pushing of Clinton to the center.
Morris would poll everything, even where Clinton should go on vacation. When Clinton left office after two terms in 2000, he had survived the Monica Lewinsky scandal — despite polls showing that Americans strongly disapproved of Clinton's behavior. The most important number for Clinton was the Gallup approval rating. He left office at 66%, one of the highest outgoing figures in history.
21st-century presidents would be thrilled to get approval ratings anywhere near Clinton's final number. George W. Bush hit 86% after the 9/11 terror attacks, but that did not last. For the most part, the "low and steady" phenomenon has meant that presidents in this century have struggled to get about 50% approval.
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Still, the polling mishaps have continued. In 2004, exit polls predicted a win for John Kerry over George W. Bush. Campaign adviser Bob Shrum even said to Kerry on Election Day, "Can I be the first to call you, Mr. President?" The exit polls were wrong, and Bush won a second term.
In 2012, Mitt Romney’s campaign wrongly thought it was headed for victory when its pollster made overly optimistic weighting assumptions. The turnout model incorrectly assumed that Barack Obama would not generate the same level of youth and minority turnout that he had in 2008.
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Polling took another big hit in 2016, when pollsters confidently predicted that Hillary Clinton would defeat Donald Trump. She didn't, and the pollsters’ justification that they had the popular vote right but got the election result wrong did not help matters.
In our current midterm elections, we have seen a new wrinkle. Partisan polls overstated progressive support in the primaries, skewing the results and causing some candidates to drop out in the face of the inaccurate data. This latest mishap reinforces the lesson that polling often fails, although rarely in the same way twice.
While technology and the science of polling are much better today than in 1936, the improvements complicate matters further. While nearly everyone has a phone, they also have caller ID and don't answer calls from unfamiliar numbers. Response rates shrink, increasing the size of the "silent majority."
In this new environment, human modeling decisions ironically become more, not less, important. Polling errors come not from new techniques or technologies but from imperfect human decisions about how to deploy the new technologies. In making those decisions, pollsters can overreact to what went wrong beforehand. In this, pollsters are like generals, often fighting the last war.
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In the end, polls are more accurate as snapshots of opinion rather than predictors of behavior, specifically, who will actually submit a ballot. This means that whatever the polls say, the public should be wary. To borrow from the Psalms, put not your trust in polls, and get out and vote.
In this Portugal Resident News Review podcast, the Natasha and Carl discuss “poster laws” and the practical limits of enforcing measures like banning chained dogs, then turn to Chega figures’
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When Americans vote in the November 3 midterm elections, Europeans will be anxiously awaiting the results. After nearly two years of abuse by the Trump administration, they are understandably eager for a change of course. A strong Democratic showing will send an important signal politically, including the desire to improve ties with scorned allies. Yet Europeans should have measured expectations about what will change for them practically, as it will take time to repair the damage.
For years, Democrats — especially "mainstream" (left-wing) reporters — have pretended President Trump persecutes the press. Their current silence is deafening after Democratic Hennepin County Attorney Mary Moriarty just brought bogus and stunning felony charges against two conservative journalists, Cam Higby and James O'Keefe, for having the audacity to expose Minnesota's woefully lax voter security protocols. In other words, Moriarty illegally charged two reporters for doing their jobs.
Moriarty’s illegal felony charges against disfavored reporters for non-crimes crossed a glaring red line, and the Trump Justice Department must immediately and publicly open a civil rights criminal case against Moriarty and others for conspiring to violate and violating Higby and O’Keefe’s First Amendment constitutional rights, under 18 U.S.C. §§ 241 and 242. If the evidence is there, which it seems obvious, Moriarty must face federal charges immediately. Anything short of this turns a blind eye to an extraordinarily dangerous open season on America’s free press.
Every illegal vote, as a matter of basic arithmetic, disenfranchises a legal voter. Election integrity requires public confidence in the system's security. Tina Peters faced nearly a decade in prison for revealing serious election flaws in Colorado until Democratic Gov. Jared Polis courageously commuted her sentence. Following Peters' lead, Higby and O'Keefe set out to test Minnesota's voting system for weaknesses. Higby wore a burqa and posed as a registered voter. He also vouched for a companion he said was registered as well. He filmed the exchange with poll workers to show his online audience just how vulnerable the system really is.
COLORADO GOVERNOR COMMUTES TINA PETERS' SENTENCE AS TRUMP POSTS ‘FREE TINA!’
The video shows that Higby never had to present photo identification. His word alone cleared his companion, who also produced no ID. To be clear, neither cast a ballot. The exercise simply aimed to demonstrate, as Higby certainly did, how easily someone can manipulate Minnesota's elections.
The state's U.S. Senate race between Republican Michele Tafoya and far-left Democrat Peggy Flanagan is tightening. The stakes are high: The race could decide control of the Senate chamber. Only lawful voters should cast ballots, and the law limits federal elections to American citizens.
SLEEPER GOP CANDIDATE PUTS BLUE-LEANING STATE IN PLAY AS FRAUD SCANDAL SHADOWS DEMS
What Higby and O'Keefe did was vintage investigative journalism, not voter fraud. The First Amendment guarantees a free press to protect this precise kind of work. If prosecutors can punish undercover journalism with felony charges, oversight by the Fourth Estate will dramatically diminish. Fear of prosecution and prison will chill would-be investigators whenever the powers-that-be dislike a story, such as one revealing insecure ballot safeguards.
But Moriarty, a Democrat lawfare crusader, does not care about any of this. She only cares about getting plaudits from top Democrat brass — and power — at any and all costs, including imprisoning reporters.
JONATHAN TURLEY: SUPREME COURT MUST TAKE HERRIDGE CASE AND PROTECT REPORTERS' SOURCES
Moriarty applies the law selectively. The case of Turning Point USA activist Savannah Hernandez proves it. Three agitators assaulted Hernandez in front of numerous witnesses and cameras captured the attack. Moriarty pursued only misdemeanor charges — a slap on the hand. Fortunately, federal prosecutors stepped in and filed felony charges against the three alleged attackers. Yet Moriarty now seeks to convict Higby and O'Keefe of serious crimes, though they attacked no one and neither voted illegally nor actually attempted to vote in the first place.
Moriarty's lawfare demands a federal response. Federal law, specifically 18 U.S.C. § 242, makes it a crime to willfully deprive anyone of constitutional rights under color of law. And 18 U.S.C. § 241 makes it a crime to conspire with others to do the same. Moriarty should go after fraudsters at the ballot box and those behind billions in bogus claims against Medicaid. Instead, she is hounding two journalists for doing their jobs: showing the public how dismal Minnesota's election protections are.
SOROS NETWORK REBUILDS PROGRESSIVE PROSECUTOR PUSH AFTER STRING OF ELECTION LOSSES
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Higby and O'Keefe should not face criminal charges. But Moriarty and her co-conspirators must. Indicting them would send a resounding message to Soros-backed and other leftist district attorneys across the nation: Lawfare will carry dire legal consequences. Prosecutors must meet the highest standards. After all, as the left intoned during the anti-Trump lawfare years, no one is above the law.
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