
El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte (66.300 vecinos), gobernado por el PP, quiere recuperar unos locales comerciales que llevan años vacíos y que en su día fueron escenario de uno de los grandes pelotazos del caso Gürtel. El Consistorio ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Caixabank, propietaria hoy de esos locales, para pagar la deuda hipotecaria que mantiene la empresa que en su día se hizo irregularmente con esos locales y que pertenecían a uno de los condenados, Ramón Blanco Balín, economista e inspector de finanzas del Estado, gran amigo en su día de José María Aznar (que le hizo directivo de Repsol) y que fue detenido como uno de los grandes cerebros financieros de la trama liderada por Paco Correa.
De hecho, Blanco Balín ya ha sido condenado en varias de las piezas de la trama (la visita del Papa a Valencia en 2006, los negocios en Arganda del Rey y en Boadilla del Monte) y espera nueva sentencia por otra pieza, por ayudar a Correa y sus socios a ocultar el dinero en el extranjero y defraudar al fisco. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla llevó este martes a su Consejo de Administración un punto del día para ser votado: pagar 600.000 euros a la Caixabank para poder recuperar la titularidad de tres fincas que albergan los 30 locales y 140 plazas de aparcamiento. Aunque el Ayuntamiento tiene el derecho de superficie, la titularidad de los locales es de la entidad financiera, que se los quedó después de que concediera un préstamo a la compañía Artas Consultoría, propiedad de Ramón Blanco Balín.
Aunque el PP tiene mayoría en el Consejo de la EMVS (nueve miembros), este martes decidió a última hora retirar la votación de ese acuerdo extrajudicial después de que la concejala del PSOE, Alessandra del Mónaco, pidiera más tiempo para estudiar toda la documentación y amenazara a los consejeros del PP con llevarles a los tribunales si con dinero público se saldaba la deuda que un condenado por corrupción mantiene con la entidad financiera. “El asunto es complejo y queremos dar la oportunidad al resto de grupos municipales de reunirse con los funcionarios y los técnicos para que les pregunten lo que consideren oportuno”, señala un portavoz del Ayuntamiento. “Es más eficiente, constructivo y beneficioso superar el actual estado de confrontación y poner fin a la judicialización de este asunto que podría alargarse durante varios años”, señala la propuesta enviada por Caixabank.

Para entender todo este lío tan “complejo” y judicializado hay que remontarse al año 2008. En ese momento, Caja Madrid (que luego sería absorbida por Caixabank) concedió dos préstamos que sumaban 6,7 millones de euros para que Ramón Blanco Balín pudiera llevarse uno de los principales contratos que la red que Correa amañó en Boadilla. Los dos préstamos, de 5,9 millones y 800.000 euros, se concedieron en junio y agosto de 2008. El negocio era redondo para Blanco Balín y Paco Correa. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero, alias ‘el Albondiguilla’ (condenado a 36 años de cárcel), sacó a concurso el derecho de superficie de tres parcelas en la mejor zona del municipio, donde se iban a construir 33 locales comerciales y 140 plazas de garaje en la Avenida Siglo XXI, una de las principales arterias del municipio.
Un amaño por 99 años
La adjudicación se la llevó Rústicas MBS SL, tres años antes de los préstamos, en octubre de 2005, empresa de Blanco Balín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma suya, Artas Consultoría. Esta última gestionaría los 33 locales y los garajes durante 99 años. Y a cambio sólo pagaría al Ayuntamiento un canon anual de 81.344 euros, canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. Todo un chollo para la trama, ya que ¿cuánto podía sacar Blanco Balín si alquilaba el espacio a su disposición? Según sus estimaciones, 1,3 millones de euros anuales, de los que había que descontar el paupérrimo canon anual que le pedía el Consistorio: 81.344 euros.
Si se hubieran mantenido esos precios en los 99 años de concesión, el negocio era de 136 millones de euros. Tras conocerse el escándalo del caso en 2009, el Ayuntamiento de Boadilla (ya con Panero fuera) rescindió en octubre de 2011 el contrato con Artas Consultoría. Han pasado 15 años y los locales comerciales languidecen en una de las avenidas más comerciales de Boadilla. Para la concejala Alessandra del Mónaco “consideramos que un asunto de esta trascendencia, relacionado con las consecuencias jurídicas de actuaciones urbanísticas del pasado y con antecedentes judiciales vinculados al caso Gürtel y la presencia del ex alcalde Arturo González Panero en prisión con una sentencia de 36 años y 11 meses, debemos exigir la máxima transparencia y todas las garantías jurídicas y económicas”.
El acuerdo que quieren firmar Boadilla y Caixabank contempla que, en el caso de que la entidad financiera recupere la totalidad del importe reclamado a Blanco Balín, 4.145.553 euros, “CaixaBank quedará obligada a reintegrar a la EMSV, en el plazo de 10 días hábiles, el importe de 600.000 euros abonado por ésta. La obligación de reintegración solo aplicard en el caso de recuperación por CaixaBank del total importe reclamado”. Las dos partes, Ayuntamiento y Caixabank, se comprometen así también a piner fin al litigio que mantienen por la titularidad real de las parcelas (y por ende, de los locales) para poder inscribirlas en el registro.
“Nos encontramos ante una cuestión jurídica compleja. La situación de bloqueo jurídico y económico de los inmuebles de la Avenida Siglo XXI está generando a la EMSV un perjuicio económico, sin perspectiva de solución a corto plazo por la vía exclusivamente litigiosa. Hasta que no se cancele la inscripción registral del derecho de hipoteca constituido sobre el derecho de superficie, las fincas no están, técnica y jurídicamente, libres de cargas”, explican desde el Consistorio. Si Boadilla tuviese los locales, podría sacar su alquiler o concesión a concurso e ingresar unos fondos públicos. Ese canon de concesió sería de 300.000 euros anuales. “No nos oponemos a que se busquen soluciones que protejan los intereses municipales, pero creemos que cualquier acuerdo debe estar suficientemente justificado y garantizar la defensa del patrimonio público. Boadilla no puede pasar página de la Gürtel sin transparencia ni explicaciones. No vamos a contribuir a normalizar sus consecuencias ni a cerrar en falso este capítulo de la historia de nuestro municipio”, recalcan desde el PSOE.

El currículo empresarial de Ramón Blanco Balín, por su parte, ha sido muy ingente. Ha tenido cargos en 40 empresas, entre las que destacan el Banco Zaragozano, Barclays Bank, NH Hoteles o Gas Natural. En 1996, tras la victoria de Aznar, Blanco Balín se incorpora a Repsol como consejero. En el año 2000 Alfonso Cortina, el presidente, lo nombra su segundo y en 2002 es elegido consejero delegado. En esos años también era apoderado de la Corporación Financiera Alcor, la sociedad patrimonial de ‘Los Albertos’ (Cortina y Alcocer). Boadilla, por su parte, fue uno de los epicentros de la trama Gürtel. Tanto, que la Audiencia Nacional abrió una pieza separada solo para investigar los tejemanejes de Correa y los suyos en este municipio madrileño. Las condenas fueron ejemplares.
El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2023 la condena de 36 años y 11 meses que la Audiencia Nacional impuso a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte. La sentencia también condenó al PP a pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de la red. Correa, al que se le impusieron por este caso 13 años y 6 meses de cárcel, la misma pena que a su número dos, Pablo Crespo, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su castigo a cambio de confesar los hechos. Esta pieza de Boadilla dejó 23 condenados.