Marta se presenta como una de las personas afectadas por el accidente ferroviario de Angrois de 2013. Trece años después, las noticias sobre nuevos choques de trenes la han llevado a grabar un mensaje: las consecuencias de un siniestro siguen presentes mucho después de que termine la cobertura informativa. Lo dice desde su experiencia, sin detallar en el vídeo las secuelas concretas que sufrió.

El Alvia descarriló el 24 de julio de aquel año en las inmediaciones de Santiago de Compostela. Para Marta, recordar esa fecha ahora significa volver a pensar en las personas que iban a bordo y en quienes esperaban su llegada. Detrás de cada fallecido hay una vida y una familia, insiste, frente al riesgo de reducirlos a una cifra en un informe.

Su mensaje llega después del accidente de Adamuz, ocurrido en enero, y del choque de dos trenes en Urda (Toledo) el 28 de octubre. Son sucesos distintos, cuyas circunstancias deben examinarse por separado. Marta habla desde el lugar de quien ya vivió una tragedia ferroviaria en España y vuelve a reclamar respuestas para las familias afectadas.

Una petición sin culpables anticipados

En el vídeo se dirige a Renfe, Adif y a las autoridades competentes. Les pide que asuman las responsabilidades que correspondan, aunque precisa: "No voy a señalar culpables antes de que se investigue todo". Su reclamación parte de una necesidad de conocer qué ocurrió y de saber qué decisiones se tomarán para proteger a quienes siguen utilizando el ferrocarril.

Marta habla de retrasos, cancelaciones, incidencias y falta de información, experiencias que, dice, los viajeros han terminado por normalizar. Quiere saber si se destinan los recursos necesarios a la prevención y al mantenimiento de las vías. También reclama transparencia sobre las medidas concretas que se adopten y sobre cómo se vigilará su cumplimiento.

Otra de sus preocupaciones es el dinero que requiere mantener una red segura. "La seguridad de las personas no puede quedar supeditada a los costes económicos", afirma. No presenta una cuenta de gastos ni acusa de un recorte específico: está expresando qué prioridad exige como pasajera después de haber vivido un accidente y de conocer los ocurridos este año.

La vida tras el siniestro

"Un accidente de tren no se acaba cuando terminan las noticias", dice Marta al principio de su intervención. Su frase también sirve para mirar más allá de las primeras horas de Urda y Adamuz: mientras avanza la investigación, las familias se ocupan de los heridos, de los fallecidos y de sus propias vidas. Las preguntas continúan después de la emergencia, aunque la atención pública cambie de asunto.

Las personas afectadas por Urda pueden encontrarse además ante gestiones médicas, administrativas y económicas que no se resuelven en un día. Entre ellas están las reclamaciones de las víctimas, cuyo alcance depende de cada situación. Marta no desarrolla esos trámites en su vídeo; sí plantea una pregunta sobre quién responderá y pide que las familias reciban explicaciones.

Las causas de Angrois, Adamuz y Urda no pueden tratarse como si fueran las mismas. Sobre el choque de Toledo, Marta evita atribuir responsabilidades antes de que concluya la investigación. Lo que sí reivindica, después de recordar 2013 y mirar a las víctimas de este año, es que la seguridad de los pasajeros siga siendo una prioridad cuando las cámaras se retiren del lugar del accidente.

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El Ayuntamiento de Valladolid ha adelantado el sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales de las próximas elecciones generales, que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. El procedimiento se llevó a cabo el jueves por la mañana, durante un Pleno extraordinario, dos días antes del plazo establecido en el calendario, que fija estas designaciones entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.

En total, se han seleccionado 1.122 titulares, así como sus suplentes, para las 374 mesas electorales que está previsto constituir en la ciudad. La cifra asciende a 3.366 personas elegidas, ya que por cada mesa se designan un presidente y dos vocales, además de dos suplentes para cada uno de estos puestos. Además, el Ayuntamiento ha preseleccionado una reserva de 10 personas por cada puesto. La aplicación informática ha elegido en total a unos 16.000 ciudadanos.

Los vallisoletanos ya pueden comprobar si han sido elegidos a través de la página web del Ayuntamiento. Los ciudadanos tienen que introducir su número de DNI y el sistema le indicará si figuran como titulares o suplentes de alguna de las mesas. Además, los servicios municipales comenzarán a notificar oficialmente a las personas seleccionadas una vez descarguen los datos.

El censo electoral para estas elecciones generales en Valladolid es de 242.086 personas, pero no todas han entrado en el sorteo. Y es que para ser miembro de una mesa hay que cumplir con una serie de requisitos, como tener entre 18 y 70 años en la jornada electoral. Además, para poder ocupar el puesto de presidente es necesario contar con una titulación mínima de Bachillerato o Formación Profesional de segundo grado.

Dos años y medio después de que Marc Ortega, el vecino de Begur de 23 años se ahogara haciendo trabajos en apnea bajo el agua para el Club Náutico de Sa Riera (Begur), para los que, que según Inspección de Trabajo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de l’Estartit, no estaba formado, ni disponía del material adecuado, han empezado las declaraciones de los testigos. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Bisbal d’Empordà ha citado a declarar a una quincena de personas los días 28, 29 y 30, entre ellos, los compañeros de trabajo de Marc en 2024, el año que murió y también con los que trabajó años anteriores en el Club. Todos ellos han coincidido en declarar que a pesar que eran “marineros de tierra”, tanto él como otros de ellos, habían hecho trabajos bajo el agua para los que no tenían formación. Las órdenes, dicen, venían de arriba, de la Junta directiva.

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Trabajadores portuarios de 22 países protagonizan una huelga internacional para exigir el fin de la ofensiva israelí en Gaza y bloquear el transporte de armamento.

El tren debía volver a salir en pocos minutos, pero el maquinista todavía no sabía por qué se había quedado frenado durante el trayecto anterior. Había llegado con retraso y, al otro lado de la puerta, esperaban cientos de pasajeros. Ante una avería que no lograba identificar, decidió avisar de que el convoy no estaba listo para continuar.

Quien cuenta esta escena es un conductor ferroviario que se presenta como Víctor, un nombre ficticio. Ha trabajado, según explica, en cercanías, mercancías y larga distancia. Tras el choque entre dos trenes en Urda (Toledo), accedió a hablar sin mostrar su identidad por temor a las consecuencias de hacerlo públicamente. Su experiencia al mando de distintos trenes sirve para entender qué decisiones se toman cuando aparece un problema antes de salir.

Durante la conversación recuerda también la presión que siente al mirar hacia el andén y ver a los viajeros esperando. No resta importancia a ese retraso: sabe que afecta a mucha gente. Pero cuenta que, cuando no tiene claro el estado del tren, comprobar si puede circular con seguridad ocupa primero su atención.

El servicio que no quiso iniciar

En la entrevista difundida en YouTube, Víctor describe un trayecto en el que su tren quedó detenido por un problema de frenos. Hizo las comprobaciones que conocía y llamó a los ingenieros para buscar una solución. Consiguió llegar al destino a velocidad reducida, con unos 50 minutos de demora. Allí esperaba otra salida inmediata; la causa del fallo seguía sin aclararse y él no quería volver a circular sin revisar el convoy.

Relata que avisó al personal del tren y pidió que prepararan una alternativa para los viajeros mientras intentaba reiniciar los sistemas. Su postura, tal como la expresa, fue: "Por mí no está útil". Después de apagar y encender el equipo y revisar su funcionamiento, el servicio pudo salir con retraso. Víctor asegura que el tren reanudó la marcha tras esas comprobaciones, cuando consideró que podía hacerlo en condiciones de seguridad.

El maquinista dice haberse encontrado otras veces ante decisiones difíciles por incidencias del material o de la infraestructura. Al hablar del mal estado de las vías, menciona una línea por la que circuló días antes del accidente y que, según su valoración, necesitaba atención. Es una apreciación basada en su experiencia; no acredita por sí sola las condiciones del tramo donde ocurrió la colisión.

 

El alcance aún bajo investigación

Víctor también ofrece su interpretación de lo ocurrido en Urda. Explica que, tras el fallo del sistema LZB, los trenes se detuvieron y el centro de control asumió un papel decisivo para reanudar la circulación. A su juicio, la orden de continuar con marcha normal debe examinarse junto con las condiciones en que trabajaba el personal de control.

El conductor cree que la formación, el mantenimiento y la presión para evitar retrasos influyen en la capacidad de responder a una incidencia. Dice que en las grandes estaciones hay "muchísima presión" y reclama que se estudie el conjunto de la cadena antes de señalar a una sola persona. Son valoraciones de un profesional que habla desde el anonimato, cuya identidad no ha sido comprobada de forma independiente por este periódico.

La investigación técnica sobre Urda continúa. Su primer informe sitúa el inicio de la situación de riesgo en una avería del LZB y describe una secuencia de incidencias e instrucciones que habrá que reconstruir. Todavía debe determinar qué información tenía cada trabajador y por qué las medidas de protección disponibles no evitaron que un tren alcanzara al otro.

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Elegir las joyas de la boda puede generar tantas dudas como decidir los zapatos o el peinado. ¿Pendientes largos o pequeños? ¿Una pulsera será suficiente? ¿Y si llevamos una peineta? Queremos vernos favorecidas, sentirnos cómodas y que todo encaje con el vestido, sin terminar llevando accesorios con los que apenas nos identificamos.

Mamen Aceña conoce bien esas dudas. Al frente de su joyería familiar en la calle Santo Tomé de Toledo, defiende la elección de piezas que puedan seguir utilizándose después del enlace. “Las novias que acuden a nuestra tienda lo hacen buscando piezas elegantes, silenciosas y atemporales”, explica en una entrevista con Lucía Se Casa. Joyas para toda la vida que puedan pasar de generación en generación.

Los pendientes mandan entre las joyas de novia

Para Mamen, los pendientes son el complemento imprescindible de una novia porque “realzan el estilo que se quiere proyectar”. Después recomienda una peineta o un aderezo para el cabello y, por último, una pulsera.

No hace falta llevarlo todo. Depende del vestido y del estilo de cada una. Como recuerda Mamen, “los complementos deben favorecer por encima de todo, y por supuesto, acompañar su imagen sin recargarla”.

Cuando una clienta busca unos pendientes sencillos, Mamen la anima a probar también diseños algo más largos o diferentes de los que suele llevar. La forma del rostro ayuda a elegir la longitud, pero lo importante es sentirse cómoda y seguir viéndose una misma. A veces, ese par que descartamos de entrada nos favorece más de lo que pensábamos.

El mismo criterio sirve para las tiaras, las peinetas y los broches de mantilla. Antes de decidirnos, conviene ver cómo quedan con el velo y el peinado elegido. Y para comprobarlo con tiempo, la experta aconseja tener los complementos preparados para las primeras pruebas de vestido y peluquería.

Joyas que seguirás llevando después del “sí, quiero”

La preferencia por las piezas atemporales se refleja en su colección Vintage, que reúne reproducciones de joyas antiguas españolas elaboradas en plata de ley 925, con marcasitas y piedras naturales como nácar, ónix o amatista. Son diseños que recuerdan a esas joyas familiares que guardamos con especial cariño.

También hay espacio para incorporar color. Mamen señala el interés por los tonos azul claro y verde agua, presentes en piedras como las aguamarinas y los topacios. Una opción para quienes quieren llevar un detalle de color en el look nupcial.

Y si la boda es civil y preferimos no llevar ramo, Mamen sugiere un bolso de plata, que también recomienda a madrinas e invitadas. “Es un accesorio único, que no pasa de moda y que se transmite de abuelas a nietas”, explica.

Además, los complementos que llevamos el día de nuestra boda pueden volver a salir del joyero en un aniversario, en una cena o en otra celebración. Seguir disfrutándolos es una bonita forma de mantener presente ese recuerdo cada vez que nos los ponemos.

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Olvidar dónde dejamos las llaves puede desesperarnos. También ocurre que, años después de una conversación, no recordamos las palabras exactas, pero sí lo que aquella persona quería decirnos. Son experiencias distintas, y la ciencia todavía estudia cómo cambia cada tipo de memoria con la edad.

Tres investigadores de la Universidad de Arizona proponen una forma de mirar esos cambios. Según su hipótesis, al envejecer podríamos dar menos peso a los detalles de cada episodio y apoyarnos más en el conocimiento que hemos reunido durante décadas. La propuesta no significa que todos los olvidos tengan una utilidad.

Fabian-Xosé Fernandez, Sara N. Burke y Lynn Nadel desarrollan esta idea en un artículo publicado en Perspectives on Psychological Science. Es una hipótesis construida a partir de investigaciones anteriores, no el resultado de un ensayo que haya demostrado que el cerebro de todas las personas envejece de ese modo.

Del recuerdo de un momento a lo aprendido con los años

La memoria nos permite recuperar cosas diferentes. Podemos recordar dónde estábamos cuando recibimos una noticia, con quién hablábamos y qué ocurrió después. También podemos conservar el conocimiento general que esa experiencia nos dejó. Los autores plantean que el equilibrio entre ambas formas de recordar podría cambiar con el tiempo.

En su explicación intervienen el hipocampo, importante para recordar episodios con sus detalles, y otras redes cerebrales relacionadas con la integración de conocimientos. La propuesta es que, durante el envejecimiento habitual, la experiencia acumulada gane peso a la hora de interpretar lo nuevo. Eso podría ayudar a reconocer patrones o compartir lo aprendido sin recordar cada escena con la misma precisión.

Se entiende mejor con una situación cotidiana: alguien puede no acordarse de qué se dijo palabra por palabra en una reunión familiar y, aun así, conocer bien la historia de esa familia. Ya hemos contado por qué a veces olvidamos un nombre aunque reconocemos perfectamente a la persona. Recordar tiene varias facetas, y una dificultad concreta no permite sacar conclusiones sobre todas las demás.

Lo que aún falta por comprobar

Los autores describen su trabajo como un marco que permite hacer nuevas preguntas. Harán falta estudios que sigan a las mismas personas durante años y examinen cómo se relacionan los cambios cerebrales con su memoria. Por ahora, no se ha probado que perder precisión sea siempre una adaptación ni que cada persona gane otras capacidades en la misma medida.

También conviene separar el envejecimiento habitual de las enfermedades. El artículo propone investigar mejor esa diferencia, pero no ofrece una prueba para diagnosticar alzhéimer. Los problemas de memoria que empeoran o alteran la vida diaria merecen una valoración profesional; no basta con atribuirlos a la edad ni con explicar cada olvido mediante esta hipótesis. Otra investigación sobre pequeños despistes cotidianos muestra precisamente que el contexto importa antes de interpretar un fallo de memoria.

La idea resulta sugerente porque invita a mirar lo que una persona mayor sabe y aporta, además de lo que le cuesta recordar. Pero su valor científico dependerá de las pruebas que vengan después. Por ahora, es una explicación posible sobre cómo cambia la memoria, no una respuesta definitiva para cualquier olvido.

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Cuba has welcomed home a diplomat expelled by the United States after a heated confrontation at the United Nations this week

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Hay una fila que avanza por donde no debe y alguien se coloca detrás. Ese gesto cotidiano ayuda a entender la pregunta de un equipo de investigadores: ¿influye lo que vemos hacer a otros cuando decidimos cumplir una norma? Para estudiarlo, organizaron una tarea en línea con 750 participantes de Estados Unidos.

El trabajo, publicado en Proceedings of the Royal Society B y explicado por The Guardian, encontró que las infracciones visibles podían animar a otras personas a desviarse también. El tamaño de la desviación importaba: observar a alguien que se apartaba mucho de la regla produjo un cambio mayor que ver una infracción pequeña.

Eso no significa que todos los participantes imitaran a los demás. Cerca de un tercio siguió la norma durante toda la prueba, incluso cuando hacerlo no daba la recompensa más alta. La respuesta no fue igual para todo el mundo.

Una estrella fugaz y una decisión con premio

La tarea mostraba una estrella animada que se movía por una hilera de cien casillas. Cada persona debía elegir la casilla que había brillado con más intensidad. Esa era la regla. Pero el diseño ofrecía un incentivo para incumplirla: marcar una casilla situada más a la derecha podía dar más dinero, aunque no fuera la respuesta correcta.

Después de elegir, los participantes veían la decisión de otra persona y podían cambiar la suya. El procedimiento se repitió seis veces. Así, los investigadores compararon qué ocurría cuando el ejemplo observado respetaba la regla, la infringía un poco o se alejaba claramente de ella.

Ver a alguien cumplirla redujo ligeramente las infracciones. Una desviación pequeña elevó un poco la tendencia contraria. Cuando el otro participante se saltaba la regla de forma más evidente, algunas personas acababan yendo incluso más lejos. Los autores exploraron después, mediante simulaciones, cómo podrían acumularse esas decisiones dentro de un grupo.

La investigación se suma a otras preguntas sobre cómo ajustamos nuestra conducta al entorno. No siempre copiamos de forma consciente lo que vemos; la imitación de gestos o formas de hablar ofrece un ejemplo distinto de esa influencia social. En este experimento, lo observado fue más concreto: elegir una respuesta sabiendo que se apartaba de una instrucción.

Lo que la prueba permite decir

Los resultados muestran que las decisiones de otros influyeron en esta tarea, con un pequeño premio económico y sin una sanción por incumplir. Stephen Reicher, investigador que no participó en el estudio, señaló a The Guardian que esas condiciones limitan lo que puede concluirse sobre situaciones reales, donde pueden intervenir consecuencias y relaciones más complejas.

También importa quién da el ejemplo. El estudio examinó la afinidad entre participantes y halló diferencias en su influencia. Por eso, hablar de "contagio" es una forma abreviada de describir el resultado, no una prueba de que cualquier infracción se propague automáticamente entre desconocidos.

En un grupo, incluso quien observa antes de actuar puede tomar una decisión distinta según el contexto. La conducta de quienes primero observan al resto recuerda que mirar no equivale siempre a seguir. En la prueba, unos cambiaron su elección y otros mantuvieron la regla hasta el final. Esa diferencia individual también forma parte del hallazgo.

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Los productos de belleza de Mercadona siempre consiguen despertar nuestra curiosidad, sobre todo cuando combinan resultados exprés con un precio asequible. Y es que, aunque una buena rutina facial es fundamental para cuidar la piel, a veces buscamos un extra de luminosidad y un aspecto más descansado, especialmente cuando tenemos una celebración o un plan en el que queremos vernos bien.

Una de las últimas novedades de Deliplus es Gold Flash, un sérum tensor inmediato pensado para esas ocasiones. La farmacéutica especializada en dermocosmética Dámaris Plá Sánchez ha repasado su fórmula en su canal de YouTube, Tinycosmetics DP, y lo considera una opción interesante para quienes buscan suavizar las líneas de expresión antes de un evento.

Una piel más tersa en cuestión de minutos

Gold Flash se presenta en un pequeño envase de 4 ml y está pensado para conseguir una piel visiblemente más tersa y reducir la apariencia de los signos de fatiga. Al comentar la información del etiquetado, Dámaris señala que el producto “podría adaptarse a todo tipo de pieles sin ningún tipo de problema”.

Sérum tensor inmediato Gold Flash (2,75 €) | Mercadona

La farmacéutica examina sus 13 ingredientes para explicar de dónde viene ese efecto tensor y qué podemos esperar al utilizarlo. Entre ellos destacan la proteína hidrolizada de maíz, el extracto hidrolizado de yuca y un ingrediente que forma una fina película sobre la piel. Según explica, esta combinación ayuda a difuminar temporalmente la apariencia de las arrugas y a conseguir un efecto lifting inmediato.

La fórmula también incorpora humectantes y un prebiótico al que la especialista atribuye una acción hidratante, calmante y reparadora. “Estamos viendo una buena combinación”, afirma durante el análisis. A estos ingredientes se suman las láminas de oro, que tienen una función principalmente estética y pueden dar un toque sutil de luminosidad.

Un aliado para tus citas especiales

Se trata, por tanto, de un complemento para mejorar el aspecto del cutis durante unas horas. Su finalidad es conseguir ese acabado más terso al momento, no actuar como un tratamiento para eliminar las arrugas o corregir las manchas. Con ese objetivo puntual, la valoración de la especialista es favorable.

El sérum se aplica después de la rutina facial habitual | Magnific

Dámaris recomienda dejarlo como último paso de la rutina de cuidado facial habitual, antes del maquillaje, para conservar la película responsable de su acción tensora. Una vez aplicado, conviene esperar entre uno y dos minutos hasta que se absorba por completo.

La farmacéutica lo considera interesante para bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones. “Si estamos buscando únicamente poder conseguir este efecto flash para un momento puntual, un evento importante, sí que puede ser interesante”, afirma.

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After months of scrutiny, the Philippines has closed its doors to electronic waste from the United States, ending, for now, a stream of shipments that environmental groups have tracked since March 2025. This move marks the clearest government response yet to controversy over suspected U.S. e-waste shipments entering the Philippines via the Subic Bay freeport, with environmental groups questioning whether cargoes were being properly screened and regulated. The Department of Environment and Natural Resources (DENR) told Mongabay on Oct. 12 the restriction is not a new U.S.-specific ban. Instead, it said, the policy, which was publicly announced on Sept. 22, will see customs officials enforcing existing rules under the Basel Convention. The convention, an international treaty governing cross-border waste shipments, prohibits e-waste imports from the five countries that are not parties to the treaty — including the United States. Michael Drake Matias, who heads the DENR’s Environmental Management Bureau, said customs has stopped allowing waste shipments from all nonparty countries to be unloaded at Philippine ports. Aerial photo obtained by the Basel Action Network on April 27, 2026 of the discarded electronics piling up outside of Jack Electronics, one of the recovery facilities northeast of Subic Bay. Photo credit: Basel Action Network, 2026. Customs-free zones? It remains unclear whether the reinforced restriction resolves a broader enforcement problem created by a 2025 Manila court ruling that disrupted normal pre-shipment controls in the Subic Bay freeport. The case began in 2024, when the customs bureau held shipments belonging to three recycling companies…This article was originally published on Mongabay

Jerry Zelenka lleva más de tres décadas viviendo en una finca de Fredonia, en el estado estadounidense de Wisconsin, donde construyó su casa y levantó varios edificios auxiliares junto a su esposa. Ahora teme que una línea eléctrica proyectada para atender, entre otras necesidades, la demanda de un futuro centro de datos en Port Washington atraviese el terreno y obligue a retirar construcciones y árboles.

El recorrido todavía no está aprobado: la compañía American Transmission Company (ATC) ha presentado una ruta preferente y otra alternativa para esta parte de la infraestructura, y la Comisión de Servicios Públicos de Wisconsin deberá decidir si autoriza el proyecto y por dónde pasará.

La oferta y los daños que denuncia

Tal y como informa el Washington County Insider, Zelenka asegura que la propuesta recibida afectaría a un cobertizo, un gallinero, dos graneros, un garaje y otras instalaciones de la propiedad, además de exigir la tala de árboles y situar una torre de unos 40 metros cerca de la entrada, según declaró al medio local Washington County Insider.

«Solo quedaría la casa en pie», resumió el propietario, que sostiene que la pérdida de los edificios y la presencia de los cables reducirían el valor de una finca que, según su estimación, está tasada en unos 650.000 dólares.

De acuerdo con su relato, ATC le ofreció 81.000 dólares por las afecciones previstas y otros 50.000 (unos 117.000 euros en total) si firmaba de inmediato; Zelenka rechaza que esa cantidad permita reponer las construcciones y ha anunciado que no aceptará voluntariamente la cesión del terreno. En una carta remitida al mismo periódico, fechada el 1 de octubre, describió una franja de aproximadamente 305 metros de largo por 23 de ancho que, según dice, sería despejada para la línea, y cerró su escrito con una advertencia dirigida a la empresa: «Nos vemos en los tribunales».

El vecino, de 75 años, explica que mudarse o rehacer la propiedad no es una solución realista para él y su esposa, de 73 años y con párkinson avanzado; también teme que la empresa recurra a la expropiación si los propietarios afectados no llegan a un acuerdo.

Una ruta alternativa pendiente de resolución

ATC presentó en septiembre una solicitud revisada para el proyecto Ozaukee County Distribution Interconnection, después de que la comisión estatal revocara la declaración de que la primera solicitud estaba completa, y señala que los cambios responden a nueva información, observaciones recibidas y análisis medioambientales.

La compañía sitúa el corredor suroeste que pasa por Fredonia como ruta alternativa en el tramo meridional, mientras que su opción preferida discurre por el sureste; por tanto, la ubicación de la vivienda de Zelenka en una propuesta no equivale a una decisión definitiva sobre su finca.

El plan incluye líneas nuevas o renovadas de 345 kilovoltios y hasta cinco subestaciones en seis condados de Wisconsin, según ATC, que vincula la obra tanto al aumento del consumo eléctrico en la zona de Port Washington, incluido el centro de datos, como a la fiabilidad de la red regional.

La empresa sostiene que el usuario del futuro complejo asumirá a través de sus tarifas el coste de la infraestructura necesaria para abastecerlo, mientras que la comisión reguladora conserva la facultad de aprobar, modificar o rechazar el proyecto tras examinar las rutas y las alegaciones.

 

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Un empleo de verano puede ayudar a un hijo mayor de edad a costear parte de sus gastos sin proporcionarle recursos bastantes para sostenerse por sí mismo, una diferencia determinante en un conflicto familiar sobre la pensión de alimentos de un joven que cursaba Formación Profesional y trabajaba algunos meses como socorrista.

El padre solicitó que se extinguiera la obligación de contribuir a sus gastos o, de forma subsidiaria, que la cuantía se redujera a 120 euros mensuales, aduciendo que el hijo ya era mayor de edad, obtenía ingresos propios y que él percibía una pensión de 893,21 euros al mes sometida a un embargo.

Un juzgado de Fuengirola había rechazado extinguir los alimentos, aunque disminuyó la pensión a 250 euros mensuales, y el padre recurrió para lograr su supresión o una rebaja mayor, pero la Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado íntegramente aquella decisión y le ha impuesto las costas de la apelación.

Ingresos de temporada y formación

La Sentencia número 358/2026, dictada el 15 de abril por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, parte de que el hijo residía con su madre y cursaba un grado medio de comercio y marketing cuando se resolvió el litigio en primera instancia, mientras que su intención de continuar con estudios superiores también constaba en el procedimiento, sin que la resolución dé por concluida esa formación ni aprecie independencia económica.

El joven había trabajado como socorrista durante unos dos meses y medio al año, con ingresos que la Audiencia cifra en aproximadamente 3.600 euros anuales, y también había realizado prácticas vinculadas a sus estudios, una actividad que el tribunal distingue del empleo estival al valorar si podía sostenerse sin ayuda de sus progenitores.

Para la Sala, el dinero obtenido durante el verano podía servirle para afrontar una parte de sus necesidades, pero «en ningún caso» le procuraba independencia económica, mientras que la mayoría de edad tampoco bastaba por sí sola para retirar los alimentos si el hijo continuaba formándose, convivía en el domicilio familiar y necesitaba esa contribución.

La situación económica del progenitor

El padre sostuvo que sus recursos habían disminuido y que el embargo del 60% de su pensión le impedía afrontar el pago, pero la Audiencia señala que la prestación que percibía por incapacidad ya existía desde hacía muchos años y que no acreditó un empeoramiento de sus ingresos respecto de la situación tomada en cuenta al fijar los alimentos.

El tribunal atribuye el embargo a los impagos de la propia pensión de alimentos y considera que esa circunstancia no justifica extinguirla, además de señalar que el padre seguía residiendo en una vivienda de grandes dimensiones y apreciar indicios de otros ingresos, aunque la sentencia los presenta como una presunción y no cuantifica ninguna renta adicional acreditada.

Sí admite la Audiencia que los ingresos estivales del hijo constituyen un cambio frente a 2009, cuando se fijó una pensión inicial de 300 euros al mes y el menor no obtenía dinero propio, y, dado que la cantidad se había actualizado hasta 348,27 euros en 2020, confirma la reducción a 250 euros decidida por el juzgado, que la madre no recurrió.

La rebaja a 120 euros solicitada por el padre habría dejado el sostenimiento del joven prácticamente a cargo de la madre, según razona la Sala al recordar que ambos progenitores deben contribuir, por lo que desestima la apelación y confirma la cuantía de 250 euros mensuales.

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Los dos hijos de un fontanero municipal de Zaragoza han tenido que continuar la reclamación que inició su padre. Él enfermó tras trabajar expuesto al amianto y falleció en noviembre de 2017. La familia reclamaba una indemnización por los daños que, según los tribunales, guardaban relación con su trabajo.

El litigio llegó al Tribunal Supremo por una cuestión difícil de entender a primera vista: el Ayuntamiento había ingresado 264.562,43 euros en la Seguridad Social para financiar un aumento de la pensión del trabajador. Una sentencia anterior trató esa suma como si la familia ya la hubiera cobrado y la descontó de la indemnización.

El Supremo ha corregido esa cuenta. Su sentencia del 20 de julio de 2026 reconoce a los dos hijos 214.594,65 euros, más intereses, a repartir por mitad. El pago corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza.

Una reclamación que pasó de 286.126 a 16.172 euros

El padre había trabajado como fontanero para el consistorio. Su enfermedad fue reconocida como profesional y se le concedió una incapacidad permanente absoluta. También se apreció que faltaron medidas de protección en su puesto, por lo que su prestación se incrementó un 50 %.

Tras su fallecimiento, los hijos siguieron la reclamación de responsabilidad patrimonial. Un juzgado fijó inicialmente la compensación en 286.126,20 euros. Después, el tribunal aragonés la redujo un 25 % al considerar que el tabaquismo había contribuido al resultado. Además, restó el dinero que el Ayuntamiento había ingresado para el recargo de la pensión. El importe final cayó a 16.172,82 euros.

Ahí estaba el desacuerdo que los hermanos llevaron al Supremo. Aquellos 264.562,43 euros no habían entrado en la cuenta del trabajador ni en la de sus hijos: se ingresaron en la Tesorería General de la Seguridad Social para sostener el aumento mensual de una prestación. Y, al morir el beneficiario pocos meses después de que se reconociera, dejó de percibir ese incremento.

El amianto ha dado lugar a otros litigios por daños laborales y falta de protección. En este caso, la responsabilidad del Ayuntamiento por la enfermedad y el fallecimiento ya se había reconocido. Lo que quedaba por resolver era cuánto podía descontarse de la compensación.

Por qué el Supremo cambia la cifra

La sala distingue dos conceptos. Uno es la indemnización por los daños atribuidos a la falta de protección. Otro es el recargo de las prestaciones de Seguridad Social que se impone por incumplir medidas de seguridad laboral. Tienen finalidades distintas y el segundo no reduce automáticamente el primero.

Ese recargo por falta de seguridad se paga mediante la prestación, no entregando a la familia el capital que el empleador deposita para financiarla. Por eso el Supremo considera incorrecto hablar de un doble cobro. Los hijos nunca recibieron esa suma de 264.562,43 euros.

La sentencia mantiene, sin embargo, la reducción del 25 % por la contribución del tabaquismo, extremo que no revisa en su decisión final. Así resulta la cifra de 214.594,65 euros: el 75 % de la indemnización fijada inicialmente. Para los hijos, la resolución cierra una discusión larga sobre un dinero que figuraba en el expediente, pero que nunca había llegado a sus manos.

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Una trabajadora con horario de tarde necesitaba organizar sus días para cuidar a su hija, escolarizada por las mañanas. En octubre de 2024 vio que su empresa buscaba a alguien para un puesto similar al suyo en el turno de mañana. Pidió ocupar esa plaza, pero no obtuvo respuesta.

Volvió a intentarlo a comienzos de 2025. La compañía tampoco contestó entonces y acabó contratando a una persona de fuera. Aquella decisión llevó a la empleada a los tribunales. Primero perdió el juicio; después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón y reconoció su derecho a trabajar por la mañana.

La sentencia, dictada el 4 de junio de 2026 y explicada por Cinco Días, obliga además a la empresa a abonarle 7.501 euros por el daño causado. La resolución pone el foco tanto en la plaza que se cubrió como en el silencio ante sus peticiones.

Dos solicitudes sin respuesta

La mujer trabajaba de lunes a viernes en el departamento de moneda de la empresa. Su jornada era de tarde. Cuando comenzó el curso 2024-2025, matriculó a su hija en un centro con clases por la mañana y empezó a buscar una manera de conciliar los horarios. En septiembre comunicó que no haría horas extraordinarias y pidió que se respetara su cuadrante. La oportunidad concreta llegó un mes después, al aparecer dos vacantes de funciones semejantes a las suyas: una de mañana y otra de tarde.

Solicitó el puesto matutino. Al no recibir contestación, presentó una nueva petición a principios del año siguiente. La empresa cubrió la plaza con otra persona y no explicó a la trabajadora por qué no había atendido su solicitud. Esa falta de respuesta fue decisiva para el tribunal que examinó su recurso.

En julio de 2025, un juzgado de Bilbao había desestimado la demanda. La sala autonómica revisó después la cronología y concluyó que existía una petición clara para conciliar la vida familiar. A su juicio, la empresa tenía capacidad para tramitarla y buscar un posible acuerdo sobre la distribución del tiempo de trabajo.

Una petición de cambio de turno para cuidar a una hija debe examinarse según sus circunstancias. También importa si existen puestos y horarios disponibles. En este caso, la contratación externa para la mañana daba especial relevancia a la solicitud que había quedado sin contestar.

Qué decidió el tribunal

Los magistrados apreciaron una vulneración del derecho de la empleada. La apariencia de neutralidad que producía no responder a sus escritos escondía, según la sentencia, una práctica de discriminación indirecta. Ordenaron adaptar su jornada y fijaron la indemnización de 7.501 euros.

La decisión no fue unánime. Un magistrado formuló un voto particular: entendió que la empleada pedía un puesto diferente y que la compañía no estaba obligada a iniciar una negociación en esos términos. La mayoría de la sala sostuvo otra conclusión, atendiendo a las funciones del puesto anunciado, el turno solicitado y las respuestas que nunca llegaron.

El caso muestra por qué conviene plantear estas solicitudes por escrito y conservar la contestación, si la hay. El derecho a adaptar la jornada para conciliar requiere examinar las necesidades de ambas partes. Aquí, la empresa ni siquiera abrió esa conversación antes de ocupar el turno de mañana.

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Un padre acudió a los tribunales para dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo, que tiene reconocido un 48 % de discapacidad. El juzgado rechazó su petición y él recurrió. La sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado también esa apelación, según publicó La Voz de Galicia el 23 de octubre.

El hombre expuso que él mismo padece una discapacidad y que necesita su prestación por incapacidad para cubrir sus gastos vitales. Así, el procedimiento ponía frente a frente las necesidades económicas del hijo y las del padre. El recurso, en cualquier caso, no ha conseguido extinguir la pensión.

El caso deja una pregunta que afecta a muchas familias: ¿qué ocurre cuando cambian las necesidades de quien recibe la pensión o los recursos de quien la paga? La revisión debe pedirse ante un juez, que examina las circunstancias de cada parte antes de decidir.

La situación de los dos cuenta al revisar una pensión

La pensión de alimentos cubre más cosas que la comida. El Código Civil incluye, entre otras necesidades, el sustento, la vivienda, la ropa y la asistencia médica. También prevé que la cuantía guarde proporción con los medios de quien paga y las necesidades de quien la recibe.

Eso significa que los cambios económicos o personales pueden llevar a una familia a pedir una revisión judicial. La ley contempla, por ejemplo, que la obligación cese si la situación de quien paga ha empeorado hasta el punto de no poder atenderla sin desatender sus propias necesidades. También permite valorar si quien recibía la pensión ya dispone de medios para mantenerse. La respuesta depende de las circunstancias acreditadas en cada procedimiento.

Otros casos muestran lo diferentes que pueden ser esas circunstancias. En uno de ellos, la Audiencia mantuvo una pensión de 350 euros a un estudiante tras examinar sus ingresos y la relación con su padre. En el caso publicado ahora en Carballo, lo comprobado es la petición de extinción y el rechazo del recurso.

Qué significa la decisión para esta familia

La Audiencia ha confirmado la negativa que ya había recibido el padre en primera instancia. En consecuencia, su solicitud de dejar de pagar no ha prosperado. El padre planteó la necesidad de atender sus propios gastos; el hijo tiene reconocida una discapacidad. La resolución mantiene la obligación de pago tras el recurso.

También conviene recordar que una pensión fijada judicialmente no desaparece porque uno de los progenitores decida dejar de abonarla. Si las circunstancias cambian, debe solicitarse su modificación por la vía correspondiente. En otro litigio sobre la pensión de un hijo universitario, el tribunal revisó precisamente las cuentas del padre antes de mantener la cantidad establecida.

En este caso, el dato decisivo para contar el desenlace es sencillo: el padre pidió que terminara su obligación, recurrió al no obtenerlo y la Audiencia volvió a rechazar su petición. El porcentaje de discapacidad del hijo, por sí solo, no explica todos los motivos de una resolución que requiere leer y valorar las circunstancias de ambos.

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La plantilla municipal de Santa Isabel, en la provincia argentina de La Pampa, no percibirá este viernes 30 de octubre como estaba previsto, después de que el ayuntamiento denunciara la salida de dinero de la cuenta reservada para los salarios mediante dos transferencias que asegura no haber autorizado.

Sin que se haya informado de la recuperación del dinero ni se haya hecho público el importe exacto de las operaciones, el Gobierno provincial se ha comprometido a aportar recursos para que los trabajadores reciban sus nóminas la próxima semana, aunque tampoco se ha comunicado una fecha concreta de ingreso. El caso se conoció después de que la tesorera municipal detectara un faltante al acceder a la banca electrónica, y la investigación deberá aclarar cómo se ordenaron los pagos, quién recibió el dinero y si es posible recuperarlo.

Un aviso en la banca electrónica

La incidencia ocurrió el lunes 26 de octubre, en torno a las once de la mañana, cuando la responsable de Tesorería entró en Pampa Digital, el servicio del Banco de La Pampa, y vio un aviso de actualización del sistema, seguido de una petición de un código de seguridad temporal y del cierre de la sesión tras introducirlo, según el relato recogido en la denuncia policial.

Al intentar acceder de nuevo, la empleada observó que faltaba dinero en la cuenta, por lo que la alcaldesa, María Elisabet Cabral, y la tesorera fueron a la sucursal bancaria de Santa Isabel, donde constataron que se habían efectuado dos transferencias a cuentas de terceros, tras lo cual se bloquearon las cuentas afectadas.

Tras la presentación de la denuncia ese mismo lunes a las 12.55 en la comisaría local, adscrita a la Unidad Regional IV de la Policía de La Pampa, Infobae informó de la secuencia de acceso a la plataforma y de las operaciones denunciadas, si bien el relato del aviso y la petición del código procede de esa denuncia y no permite por sí solo establecer si hubo una suplantación de la web bancaria o qué falló en la autorización de las transferencias.

El banco señala la falta de una segunda firma

La alcaldesa comunicó a los empleados que no podrían cobrar en la fecha prevista y agradeció la asistencia anunciada por el Ejecutivo provincial, además de pedir al Banco de La Pampa información sobre las operaciones y sobre las circunstancias en que se produjeron, mientras se espera la intervención de especialistas policiales en ciberdelincuencia.

Fuentes vinculadas a la entidad bancaria consultadas por el periódico local La Arena sostienen que el municipio "no tiene doble firma" para autorizar transferencias y que la entidad ya le había pedido aplicar ese mecanismo, en el que una persona inicia cada operación y otra la confirma, aunque esta versión no es una conclusión de la investigación policial.

Las mismas fuentes aseguran que sería la tercera incidencia de este tipo en cuentas municipales de Santa Isabel, aunque ni el banco ni el ayuntamiento han publicado hasta ahora una relación de esos supuestos episodios anteriores y la información disponible tampoco precisa el importe sustraído en esta ocasión ni confirma si el dinero podrá ser devuelto.

La investigación tiene que reconstruir tanto el acceso a la plataforma como la aprobación de los movimientos y el recorrido de los fondos, mientras que el pago de las nóminas depende ahora de la aportación provincial anunciada para la semana siguiente.

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