Lima, 28 oct (Prensa Latina) El gobierno de Perú expresó hoy su consternación ante el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España.
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Lima, 28 oct (Prensa Latina) La encargada de negocios de Cuba en Perú, embajadora Yamila Pita, calificó como una importante victoria la amplia votación de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo de Estados Unidos que afecta gravemente a su país.
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Os manifestantes aceitaram retirar as tendas, mas decidiram manter-se na Praça D. João I. A PSP autorizou a permanência durante a noite, desde que se mantenham em silêncio. Em Lisboa, manifestantes não passam a noite no Rossio
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Los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Atocha de Adif y el maquinista del AVE de Renfe accidentado en Urda revelan que el convoy recibió la orden de reanudar la circulación con normalidad tras el fallo del sistema de seguridad LZB. “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal”, indicó el operador, según las grabaciones a las que ha accedido la Cadena SER.
La emisora ha difundido este miércoles la transcripción de la conversación, que comenzó a las 8:31, cuando el conductor comunicó un fallo de bloqueo parcial y confirmó que el tren estaba detenido.
Cinco minutos después, el centro de control autorizó la marcha, una instrucción que, según la SER, difería del protocolo previsto para esos casos, que establecía una circulación “a la vista” y con un máximo de 40 kilómetros por hora.
La grabación recoge varios minutos de dudas y consultas internas en el centro de control de Adif, después de que el maquinista del tren 2080 avisara de que se había producido una caída de la central de Urda. El operador le indicó inicialmente que esperara mientras valoraban cómo proceder ante la incidencia.
La orden definitiva quedó registrada a las 8:36. El controlador pidió al maquinista que desconectara y volviera a conectar el LZB, el sistema de seguridad que había fallado, y le comunicó que podía continuar “al amparo del BSL con marcha normal”.
El AVE circulaba unos 25 kilómetros por detrás del tren de Iryo, que se encontraba detenido en la vía. La autorización para recuperar la marcha ordinaria se emitió sin que se hubiera comprobado que el convoy que iba por delante se hubiese alejado a una distancia suficiente para evitar una colisión.
Los audios difundidos incluyen también dos comunicaciones entre la maquinista del Iryo y el centro de control. A las 8:41, la conductora informó de una pérdida de transmisión y comunicó que estaba detenida ante la señal de entrada de Urda.
El operador le transmitió la misma pauta que al AVE: desconectar y volver a conectar el sistema y reanudar el trayecto con “marcha normal”. Sin embargo, a las 8:48, la maquinista volvió a llamar para advertir de que no podía restablecer el LZB y que continuaba parada.
“No me está permitiendo el tren revisar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada”, señaló la conductora. El controlador respondió que volviera a llamar si persistía el problema, sin que conste en esas grabaciones una orden dirigida al AVE para detenerse o reducir su velocidad.
Cinco minutos después de esa última comunicación se produjo el choque entre ambos trenes. El accidente ha dejado por el momento al menos 68 muertos.
O Grupo coordenado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), GAISPI, aprovou propostas da EAF (Entidade Administradora da Faixa) que somam R$ 1,66 bilhão em investimentos para novas políticas públicas, como a TV 3.0, na última terça-feira (27).
Entre os projetos estão a distribuição de conversores de TV 3.0 para famílias de baixa renda e implantação de um data center voltado ao processamento de dados e aplicação de IA (inteligência artificial) para o governo federal.
Do total, o investimento de R$ 1,28 bilhão atenderia aproximadamente 910 mil famílias de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, com prioridade para beneficiários do Bolsa Família inscritos no CadÚnico (Cadastro Único).
De acordo com estudo da EAF, o custo médio estimado seria de R$ 1.407,36 por família.
A implementação dos equipamentos, logística, distribuição, comunicação, atendimento à população, tecnologia e demais operações está prevista para ocorrer em até 24 meses, iniciando na cidade de São Paulo.
Já o restante, R$ 375 milhões, serão destinados ao data center de alta capacidade. O projeto prevê uma infraestrutura pública de processamento de dados, com titularidade da União e operação pela Telebras, destinada a atender órgãos e instituições federais.
A EAF ficará responsável pela implantação do estabelecimento de aproximadamente 5 mil metros quadrados, com dois módulos de infraestrutura.
O primeiro será dedicado a aplicações de inteligência artificial, com 20 racks, seis servidores equipados com um total de 48 unidades de processamento gráfico (GPUs), além de servidores e sistemas de armazenamento de alta capacidade.
O segundo módulo será destinado a serviços tradicionais de tecnologia da informação e colocalização de equipamentos. O prazo estimado de implantação é de 12 meses.
As iniciativas poderão ser financiadas com recursos remanescentes do leilão do 5G, resultado das economias obtidas na execução dos compromissos previstos no edital. As propostas seguem agora para análise e deliberação do Conselho Diretor da Anatel.
Os estudos apresentados pela EAF identificaram uma disponibilidade estimada de R$ 1,69 bilhão para projetos adicionais, após a reserva de aproximadamente R$ 2 bilhões para assegurar a conclusão das obrigações originais do edital do 5G, incluindo uma margem de segurança de 10%.
Para o conselheiro da Anatel e presidente do GAISPI, Edson Holanda, a otimização dos recursos “abrem a possibilidade de ampliar os benefícios para a sociedade, com novas políticas públicas, sem comprometer as obrigações originalmente previstas”, afirmou.
A EAF seguirá como responsável pelos detalhamentos das propostas, conforme as diretrizes do GAISPI e Anatel.
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La llegada del frío, la lluvia, la niebla y las primeras nevadas modifica las condiciones de circulación en las carreteras españolas. Durante estos meses, la visibilidad se reduce, el asfalto pierde adherencia y aumenta la importancia del mantenimiento del vehículo.
En ese contexto, las infracciones relacionadas con el alumbrado, los neumáticos, la visibilidad y el cumplimiento de la señalización específica pueden acarrear multas de 200 euros.
La normativa de tráfico obliga a los conductores a adaptar su comportamiento al estado de la vía, la meteorología y las condiciones del vehículo. El Reglamento General de Circulación establece que la velocidad debe permitir detener el coche dentro del campo de visión disponible, una obligación que cobra especial relevancia ante lluvia intensa, placas de hielo, nieve o niebla.
El uso incorrecto del alumbrado figura entre las conductas más habituales durante el invierno. Los vehículos deben llevar encendidas las luces entre la puesta y la salida del sol, en túneles y pasos inferiores. También es obligatorio utilizar el alumbrado cuando la niebla, una nevada, la lluvia intensa o las nubes de polvo y humo reduzcan de forma sensible la visibilidad.
La luz antiniebla delantera puede emplearse en esas circunstancias, mientras que la trasera queda reservada para situaciones especialmente adversas, como niebla espesa, lluvia muy intensa o una nevada fuerte. Activarla sin que exista una causa que lo justifique puede deslumbrar a los vehículos que circulan detrás.
Circular sin el alumbrado reglamentario constituye una infracción grave. La sanción prevista para las infracciones graves es de 200 euros, según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La misma cuantía puede aplicarse si el vehículo presenta fallos en dispositivos obligatorios de iluminación o señalización.
Las cadenas no son obligatorias de forma general en todos los desplazamientos invernales, pero sí lo son cuando una señal o una restricción específica impone su uso en un tramo afectado por la nieve. En esos casos, los conductores deben disponer de cadenas o de neumáticos aptos para circular bajo esas condiciones, conforme a lo que determine la señalización de la vía.
Ignorar esa obligación puede derivar en una denuncia de 200 euros e incluso en la inmovilización del vehículo si sus condiciones comprometen la seguridad. Además, desde el 1 de octubre, el Reglamento General de Circulación prohíbe adelantar en autopistas y autovías cuando la nieve dificulta la circulación. Los vehículos deben utilizar el carril derecho y dejar libres los situados a la izquierda para facilitar el paso de los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves.
El estado de los neumáticos también resulta determinante. Circular con cubiertas que no cumplen las condiciones técnicas exigidas, con desgaste excesivo o una presión inadecuada, puede considerarse una infracción grave. La profundidad mínima legal del dibujo es de 1,6 milímetros, aunque la adherencia sobre suelo mojado disminuye antes de alcanzar ese límite.
El conductor debe mantener en todo momento un campo de visión suficiente. Por ese motivo, circular con el parabrisas cubierto de hielo, nieve o vaho, o con las escobillas en mal estado, puede derivar en una sanción si impide controlar adecuadamente el vehículo. Antes de iniciar la marcha, conviene retirar el hielo de los cristales y comprobar el funcionamiento de la ventilación, la luneta térmica y los limpiaparabrisas.
La matrícula también debe permanecer legible. La legislación obliga al conductor a verificar que las placas no presentan obstáculos que dificulten su lectura e identificación. La acumulación de barro, nieve o suciedad puede ser sancionada con 200 euros.
El abrigo voluminoso no figura como una infracción autónoma, aunque puede impedir que el cinturón quede correctamente ajustado o limitar los movimientos del conductor. Si afecta al uso adecuado del cinturón o a la capacidad de control del vehículo, la conducta puede ser objeto de sanción.
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez traveled to Urda, in the province of Toledo, near the site of the devastating train crash that killed at least 68 people after two high-speed trains collided early Wednesday morning. Sánchez said he had come to support emergency workers and those affected by the accident, stressing that a full investigation would be carried out.
© Álvaro García
This story originally appeared in Panamerican Dispatch on Oct. 27, 2026, and is shared here with permission.
Sen. Flávio Bolsonaro arrived in the United States on Tuesday, according to Mexican lawyer Simón Levy, who describes himself as a liaison to President Donald Trump’s MAGA movement. In a post on X made at 3:20 p.m., Levy said the failed presidential candidate had landed safely and credited U.S. Secretary of State Marco Rubio with orchestrating the operation.
As of the time this information was provided, the U.S. government, Brazil’s Foreign Ministry and the Federal Police had not officially confirmed his arrival. Brazilian authorities also had no formal record of the senator leaving the country.
“As I reported hours ago, Flávio Bolsonaro has arrived safely in United States. The mastermind behind this operation is U.S. Secretary of State Marco Rubio. From the United States, free and safe, Flávio will lead the opposition against Lula,” Levy wrote on X.
The trip came after Supreme Court Justice Alexandre de Moraes ordered Bolsonaro’s passport seized. According to reports, he fled Brazil overnight, accompanied by his family, with help from a small group of allies from both Brazil and the United States. The Federal Police found no record of him passing through a regular immigration checkpoint.
Bolsonaro’s legal team said their last contact with him was at 4:30 p.m. on Monday. Reports in the Argentine press mentioned a possible border crossing and a jet that reportedly reached Puerto Iguazú but never took off. The exact circumstances of his departure have not been officially confirmed.
Bolsonaro had said he would hand over his passport to the Federal Police and would not leave the country over the election results. That is not what happened.
Simón Levy is a Mexican lawyer and businessman who presents himself as connected to the MAGA movement. He previously served in the government of Mexican President Andrés Manuel López Obrador.
Levy had already said on social media that Bolsonaro was en route to the United States. He later announced the senator’s arrival and said Rubio was responsible for orchestrating it. In another post, he said a U.S. protection operation was underway to ensure the lawmaker’s safety.
Levy’s statements, however, have not been confirmed by U.S. officials. His claim of proximity to Trump’s political circle does not, on its own, prove that the U.S. government formally participated in Bolsonaro’s departure or his reception in the United States.
Operation Alba is a name Levy uses to describe an alleged political strategy involving Bolsonaro and U.S. activity in Latin America. According to Levy, the senator will lead opposition to President Lula da Silva’s government from within the United States.
In Levy’s account, the effort is tied to pressure from Washington on Venezuela, Cuba and Mexico, including economic measures. Levy also credited Rubio with orchestrating the operation. Levy has written about Operation Alba on his website.
Allies of Bolsonaro say he plans to request political asylum from President Trump. According to these accounts, that protection could extend to his wife and two daughters. The reported favorable signal from the U.S. government has also not been officially confirmed.
In Brazil, the Federal Police canceled both Bolsonaro’s regular and diplomatic passports. Workers’ Party (PT) lawmakers have requested his pretrial detention and asked that his name be added to an Interpol Red Notice. The Socialism and Freedom Party (PSOL), meanwhile, has asked the Senate to investigate whether he has abandoned his elected position.
His departure also upends the political plans attributed to him. Allies had said he intended to lead opposition to Lula’s government in Congress. With his trip to the United States, that strategy is now on hold, according to these accounts.
This article originally ran in the Brazilian labor union news portal TVT News, was translated with express authorization of the editor by Panamerican Dispatch, and can be read in its original Portuguese here.
“Chiusa in un bagno di New York vedo il sangue, il corpo che cambia senza preavviso. È la prima volta, e non voglio dirlo a mia madre, sono furiosa con lei”: Myrta Merlino ricorda la notte al Danceteria con la mamma
Che cos’hanno in comune Madonna e Myrta Merlino? Nulla, verrebbe da dire. In realtà entrambe hanno messo piede al Danceteria, l’iconico club di New York, e lo hanno fatto nello stesso periodo. Siamo agli inizi degli anni ’80: l’artista americana sta cercando un posto al sole e lì conosce il dj che su quella pista avrebbe suonato la demo del suo primo singolo, “Everybody”; la futura giornalista, invece, ha raggiunto la madre nella Grande Mela e con lei ha vissuto una notte indimenticabile che per anni avrebbe condizionato il loro rapporto. L’episodio viene narrato ne “La bambina del miracolo. Storia della mia mamma geniale”, l’ultimo libro di Myrta Merlino edito da La nave di Teseo. Un’opera nata per salvare dall’oblio la storia “grande e straordinaria” di Annamaria Palermo, scomparsa nel 2017 in seguito a una leucemia.
L'articolo “Ho cercato per tanto tempo di non somigliare a mia madre, la consideravo pericolosa. Era nata per entrare nella stanza e diventare la regina della festa”: Myrta Merlino e il suo ‘La bambina del miracolo. Storia della mia mamma geniale’ proviene da Il Fatto Quotidiano.
Le pensioni assorbono circa il 15% del Pil e oltre il 30% della spesa pubblica primaria dello Stato, motivo per cui rappresentano uno dei capitoli più dibattuti ogni volta che si avvicina la sessione di bilancio per la Manovra 2027.
Per guadagnare margini di bilancio, il Governo sta immaginando di congelare la perequazione automatica per le pensioni di importo medio-alto. Ecco cosa accadrebbe ai cedolini dei pensionati se l’Esecutivo decidesse di confermare il blocco dell’adeguamento all’inflazione.
Per far quadrare i conti pubblici e reperire coperture finanziarie a stretto giro, l’Esecutivo starebbe valutando di confermare anche per il 2027 la stretta sul meccanismo di adeguamento degli assegni all’inflazione, replicando uno schema già ampiamente sfruttato nelle ultime leggi di Bilancio.
Non si tratta di una riduzione nominale dell’assegno, ma di un mancato adeguamento pieno all’aumento del costo della vita. Una misura che andrebbe a colpire la platea dei trattamenti superiori a quattro volte il minimo Inps, che per il 2026 è fissato a 611,85 euro: la soglia è quindi di 2.447,40 euro lordi al mese. I pensionati che percepiscono importi al di sopra di questo valore rappresentano circa il 45,9% del totale dei pensionati italiani.
Una scelta di questo tipo garantisce allo Stato un gettito di risparmio di diversi miliardi di euro all’anno a scapito del potere d’acquisto della classe media.
La ragione per cui il blocco della rivalutazione rappresenta la leva preferita dai governi risiede nella sua immediata praticabilità tecnica e nella straordinaria efficacia sui saldi di finanza pubblica.
Le cifre contabili evidenziano un risparmio netto per le casse dello Stato così articolato:
Il vero punto di forza contabile per lo Stato risiede nell’effetto trascinamento. Poiché la quota di rivalutazione negata in un determinato anno non viene più reintegrata nella base di calcolo dell’assegno, l’importo della pensione resta permanentemente inferiore rispetto a quello che si sarebbe raggiunto con la perequazione al 100%, generando un beneficio permanente per le casse pubbliche.
Per comprendere l’impatto sulle tasche dei cittadini, basta osservare l’evoluzione di un assegno pensionistico medio-alto nell’ultimo quadriennio. Un pensionato che nel 2022 percepiva 2.000 euro netti al mese, per effetto dei tagli percentuali alla rivalutazione applicati negli anni successivi, percepisce oggi circa 2.260 euro netti.
Se il meccanismo di indicizzazione fosse rimasto integrale e privo di tetto, lo stesso assegno avrebbe raggiunto la soglia dei 2.329 euro netti mensili. La perdita cumulata per il singolo assegno ammonta dunque a circa 69 euro netti al mese, per un danno complessivo al potere d’acquisto pari a 828 euro all’anno.
L’ipotesi di rinnovare la stretta sulle rivalutazioni si inserisce in un quadro di interventi sulla previdenza estremamente contenuto. Con le riforme sulla flessibilità in uscita per provare a superare la Legge Fornero o le nuove formule di Quota sostanzialmente congelate o rinviate al 2027, le risorse a disposizione della previdenza sono ridotte all’osso.
La creazione di un fondo da circa un miliardo di euro previsto in Manovra per gestire le future uscite anticipate conferma la linea di estrema prudenza adottata dal Ministero dell’Economia, che per finanziare le misure a sostegno dei redditi bassi torna a fare cassa sulla fascia intermedia dei trattamenti previdenziali.
La Turchia si prepara a candidare Feridun Sinirlioglu, segretario generale dell’Osce ed ex rappresentante permanente alle Nazioni Unite, alla successione di António Guterres. Secondo fonti turche, l’annuncio potrebbe arrivare venerdì sera e dipende dall’esito dello scrutinio informale che il Consiglio di Sicurezza tiene giovedì, il settimo. Ankara vuole leggere gli orientamenti dei cinque membri permanenti prima di scoprire la propria carta. Il momento ha una logica precisa: dopo il voto di giovedì restano pochi giorni alle elezioni americane di metà mandato del 3 novembre, dopo le quali Washington potrebbe decidere se far scendere in campo Viktor Orbán. Ankara si inserisce nell’intervallo in cui le opzioni americane sono ancora aperte, non ufficializzate.
La gara è bloccata dai veti più che dalla mancanza di voti. Nel sesto scrutinio, il primo con schede colorate per distinguere i cinque permanenti dai dieci eletti, Rebeca Grynspan Mayufis ha raggiunto i nove voti favorevoli necessari, ma due dei cinque l’hanno scoraggiata. Carolyn Rodrigues Birkett e Rafael Grossi hanno ottenuto lo stesso numero di voti contrari dai permanenti, senza arrivare a nove favorevoli. Quando ogni nome in corsa porta con sé un veto, l’ingresso tardivo diventa un vantaggio, e il precedente del 1981 lo conferma: lo stallo si sciolse con un outsider che non aveva fatto campagna (Javier Pérez de Cuéllar). Oggi mancano nove settimane alla scadenza del mandato di Guterres, e Washington ha chiesto di decidere entro l’anno.
L’alternativa che l’amministrazione Trump avrebbe sondato è di segno opposto. Orbán sarebbe stato incoraggiato a candidarsi, con segnali favorevoli da Mosca e Pechino – e secondo la stima di un funzionario del Dipartimento di Stato ci sono otto voti nel Consiglio, forse dieci, a suo sostegno. La candidatura ha però un problema di procedura che precede quello del consenso. I membri permanenti non nominano candidati, come ha ricordato il viceministro degli Esteri russo, e il governo di Péter Magyar, che ha battuto Orbán ad aprile, non ha motivo di sponsorizzarlo. Servirebbe uno Stato terzo disposto a sostenere il nome davanti a Parigi e Londra, che possono fermarlo con un veto o con un voto contrario, mentre Varsavia e Kyiv hanno già preso le distanze con sarcasmo. Una lettura plausibile è che il nome di Orbán serva a Washington più come leva che come candidatura, un argomento per chiedere a Francia e Regno Unito di accettare un compromesso meno sgradito.
In questo spazio Sinirlioglu offre ciò che Orbán non ha più: uno Stato alle spalle, con un seggio nella Nato, sette anni da ambasciatore all’Onu e il profilo di un diplomatico di carriera. Il criterio che rende Orbán problematico, un’autonomia costruita su rapporti stretti con Mosca e Pechino, si applica anche ad Ankara, che ha acquistato i sistemi russi S-400, ne ha pagato il prezzo con sanzioni americane e con l’esclusione dagli F-35, e mantiene con Mosca legami energetici e commerciali profondi. Sinirlioglu stesso ha lanciato la propria candidatura a margine dell’Assemblea Generale, nella stessa settimana in cui incontrava Sergej Lavrov a New York. La differenza sta nel grado e nella leva: Washington si troverebbe davanti un interlocutore difficile da controllare ma dotato di capacità proprie, mentre Orbán porta un’affinità politica senza apparato statale.
Il calcolo dei voti passa per i dieci seggi elettivi. Pakistan e Somalia sono legati ad Ankara da rapporti di sicurezza, e il Parlamento turco sta facendo avanzare un patto di difesa con Riad e Islamabad. La Grecia siede nel Consiglio con ragioni proprie di diffidenza, e il Bahrein appartiene al blocco dei sei Stati del Golfo che sostiene la candidata emiratina Lana Nusseibeh, per cui è difficile immaginarlo schierato con Ankara. La candidatura di Sinirlioglu erode in parte lo stesso bacino di voti arabi e musulmani su cui conta Nusseibeh, che secondo un funzionario turco ha già incontrato resistenze per le posizioni sulle crisi regionali, e che deve rispondere sulle accuse al suo Paese per il sostegno alle Forze di supporto rapido in Sudan, che Abu Dhabi respinge.
Cambia anche il criterio di scelta. I tre candidati in testa vengono tutti da America Latina e Caraibi, e Panama, che siede nel Consiglio, rivendica il turno per la regione. Sinirlioglu, Orbán e Nusseibeh appartengono a tre gruppi regionali diversi, e il loro ingresso trasforma la rotazione da regola in preferenza. La partita si sposta dal nome al principio con cui lo si sceglie: l’area geografica, il profilo politico o il peso geopolitico.
L’ostacolo concreto per Ankara è Parigi. Il presidente turco, Recep Tayyp Erdoğan, ha parlato con il francese Emmanuel Macron martedì sera, ma i contenziosi tra i due Paesi in Libia e nel Mediterraneo orientale rendono il veto francese più probabile di quello americano. Il paradosso è dichiarato dalla stessa diplomazia turca, secondo cui il mondo è più grande di cinque, mentre per ottenere l’incarico Ankara deve convincerli tutti.
Il rischio per la Turchia è di restare una candidatura di posizione, utile a sedersi al tavolo in cui si negozierà il compromesso finale e a incassare altrove, nei rapporti con Washington o con Bruxelles (e con Mosca e Pechino?), ciò che il voto non darà. Per gli Stati Uniti il rischio è più concreto: se i veti reggono fino a dicembre, il Consiglio sceglierà il profilo che offre meno motivi di opposizione, cioè il meno connotato politicamente. Il mandato è di cinque anni a partire da gennaio 2027 e arriva oltre la presidenza Trump: l’Onu “alle basi” che l’amministrazione chiede potrebbe avere alla guida un funzionario di carriera scelto per esaurimento delle alternative, e non l’alleato politico che Washington cercava.
A PF (Polícia Federal) não pode realizar prisões ou cumprir mandados judiciais por conta própria em território estrangeiro. A restrição decorre do princípio da soberania dos Estados, segundo o qual cada país tem autoridade para aplicar suas próprias leis e exercer o poder de polícia dentro de suas fronteiras.
A Constituição Federal estabelece a soberania como fundamento da República e define a independência nacional, a não intervenção e a igualdade entre os Estados como princípios das relações internacionais do Brasil.
A regra ganha destaque após a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do país. Na segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil em nome do parlamentar, inclusive os diplomáticos, e a inclusão de alerta migratório nos sistemas da Polícia Federal. A decisão também ordenava que o senador entregasse, em 24 horas, passaportes de outras nacionalidades que eventualmente tenha.
As medidas foram tomadas com base no Código de Processo Penal, que prevê alternativas à prisão, como a proibição de contato com determinada pessoa. Moraes também proibiu o senador de manter contato com o advogado Willer Tomaz, investigado com ele no STF. A decisão tramita sob segredo de Justiça e foi divulgada pelo próprio parlamentar, que afirmou estar proibido de deixar o país.
Não há, até o momento, qualquer mandado de prisão contra Flávio Bolsonaro.
Nesta quarta-feira (28), Flávio chegou aos Estados Unidos com a mulher e as duas filhas. Conforme apurado pela CNN Brasil, Flávio também tem cidadania italiana. No entanto, a dupla nacionalidade não altera a situação dele perante a Justiça brasileira: ele continua sendo brasileiro, e a proibição de deixar o país vale independentemente do documento usado. As autoridades brasileiras, porém, só podem cancelar passaportes emitidos pelo Brasil.
É válido lembrar ainda que, mesmo que a Justiça brasileira determine a prisão de uma pessoa, a medida não autoriza automaticamente agentes brasileiros a executá-la em outro país. Para que uma captura seja realizada no exterior, é necessário recorrer aos mecanismos de cooperação internacional e respeitar a legislação do país onde o indivíduo se encontra.
Não obstante, a cooperação jurídica internacional permite que autoridades de um país solicitem a outro a realização de medidas judiciais, investigativas ou administrativas necessárias a um processo em andamento.
A Polícia Federal pode atuar na localização de pessoas procuradas pela Justiça brasileira, compartilhar informações com autoridades estrangeiras e participar de iniciativas conjuntas de investigação. No entanto, medidas coercitivas, como uma prisão, dependem da atuação das autoridades competentes do país onde a pessoa foi localizada, conforme as regras locais e os acordos internacionais aplicáveis.
Um dos instrumentos utilizados nesse processo é a difusão vermelha da Interpol, organização internacional de cooperação policial. O mecanismo permite solicitar a localização de uma pessoa procurada e sua prisão provisória para fins de extradição ou de outros procedimentos legais.
Para que o alerta seja emitido, é preciso que exista uma ordem de prisão expedida pela Justiça do país que faz o pedido. Além disso, o estatuto da Interpol proíbe a organização de atuar em casos de caráter político, militar, religioso ou racial. Por isso, o pedido passa por análise da própria Interpol antes da publicação e pode ser recusado. O alerta também não equivale a um mandado internacional de prisão com cumprimento automático. A adoção de medidas contra a pessoa procurada depende das regras do país em que ela está e dos procedimentos jurídicos aplicáveis.
A saída do território nacional não impede, por si só, que uma pessoa continue sendo investigada ou responda a um processo na Justiça brasileira. Quando há uma ordem judicial proibindo a viagem, porém, o descumprimento pode levar à adoção de novas medidas pelo Judiciário.
Pelo Código de Processo Penal, se uma medida cautelar for descumprida, o juiz pode substituí-la, impor outra em conjunto ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Assim, uma medida cautelar desrespeitada não resulta automaticamente em prisão: as consequências dependem das circunstâncias do caso e de uma decisão da autoridade judicial competente.
No caso de Flávio Bolsonaro, é necessário distinguir o eventual descumprimento de uma decisão judicial da existência de um mandado de prisão. Até o momento, não há ordem de prisão contra o senador. Na terça-feira (27), deputados do PT pediram a Moraes a prisão preventiva do parlamentar e a inclusão de seu nome na difusão vermelha da Interpol.
Além disso, por ser parlamentar, Flávio tem uma proteção prevista na Constituição. Pelo artigo 53, desde a expedição do diploma, deputados e senadores não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, o processo deve ser enviado em até 24 horas à Casa Legislativa, que decide, pelo voto da maioria de seus membros, se mantém ou não a prisão. O mandato de Flávio no Senado, iniciado em 2019, termina em fevereiro de 2027, quando deixaria de ter essa proteção.
Caso a Justiça determine a prisão de uma pessoa que esteja no exterior, o Brasil pode recorrer aos instrumentos de cooperação internacional disponíveis. Conforme o caso, isso pode envolver um pedido de extradição, que, segundo a Lei de Migração, é a medida pela qual um Estado solicita a outro a entrega de uma pessoa para responder a um processo criminal ou cumprir uma pena definitiva.
O pedido é encaminhado pelo Judiciário ao Poder Executivo, que o envia ao outro país. A decisão final cabe ao Estado que recebe a solicitação, de acordo com suas próprias leis. Brasil e Estados Unidos têm um tratado bilateral de extradição em vigor desde a década de 1960, mas acordos desse tipo costumam excluir crimes considerados políticos.
Aliados afirmam que o senador pretende pedir asilo ao governo americano, sob o argumento de perseguição política. O Departamento de Estado dos EUA confirmou a emissão de vistos para Flávio e a família, o que, por si só, não significa a concessão de asilo. Se for apresentado, o pedido será analisado pelas autoridades americanas e pode pesar contra uma eventual extradição.
38 anos da Constituição Federal: relembre o que mudou na Carta Magna
A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) segue investigando a morte de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, que estava desaparecida desde 9 de outubro e foi encontrada enterrada em uma cova em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 21.
A investigação apura se Beatriz teria sido atraída para uma emboscada pelo ex-namorado, Samuel Castro Melo, e a atual namorada dele, Carla Luiza da Silva.
Uma adolescente de 15 anos, também suspeita de participação no crime, prestou depoimento e descreveu aos policiais uma sequência de agressões que foram praticadas contra a vítima e uma tentativa de fuga antes da morte.
Segundo as informações reunidas durante a investigação, a vítima teve os braços amarrados com arames e foi atingida por soda cáustica ainda viva. Exames também identificaram a presença da substância na garganta dela.
Um vídeo obtido pela Itatiaia mostra Carla Luiza da Silva em uma loja separando vários recipientes de soda cáustica. Fontes ligadas à investigação afirmam que os produtos teriam sido furtados.
Segundo a polícia, a substância teria sido utilizada para acelerar a decomposição do corpo.
Ainda segundo o depoimento da adolescente, ela estava no banco traseiro de um Volkswagen Up branco junto com Carla e Samuel, ex-namorado de Beatriz e suspeito do crime, que dirigia o veículo. De acordo com ele, após ser atraída para a emboscada, Beatriz entrou no carro achando que iria se encontrar com Samuel, mas teve os braços amarrados e um pano foi colocado sobre sua a cabeça.
O grupo seguiu pela MG-020 e cerca de 20 minutos depois, Samuel acessou uma estrada de terra na direção da região conhecida como Cachoeira Palmeiras em Jaboticatubas, região metropolitana de Belo Horizonte. Após percorrer aproximadamente cinco quilômetros, o veículo chegou a uma área de lotes vagos chamada Terra dos Portugueses.
No local, Samuel estacionou o carro e abriu o porta-malas, de onde retirou objetos que a adolescente não conseguiu identificar. Ainda de acordo com o relato, Carla, Beatriz e Samuel seguiram para um ponto mais afastado, fora do campo de visão da adolescente.
Segundo a investigação, Beatriz tentou fugir, mas Samuel foi atrás dela e conseguiu alcançá-la. A vítima ainda tentou soltar os arames que prendiam seus braços, mas durante a tentativa de fuga ela foi atingida por água e soda cáustica. Cerca de três horas depois, o casal voltou pro carro sem a jovem.
A PCMG afirmou que foi a adolescente que prestou depoimento que indicou aos investigadores o local em que o corpo havia sido enterrado. Os agentes informaram ainda que as informações sobre a dinâmica do crime são baseadas no relato da adolescente e nos exames realizados durante a investigação.
Carla está presa preventivamente, assim como Samuel Castro de Melo. Os dois são investigados pela morte da jovem. PCMG investiga uma eventual motivação passional para o crime.
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