Dos años y medio después de que Marc Ortega, el vecino de Begur de 23 años se ahogara haciendo trabajos en apnea bajo el agua para el Club Náutico de Sa Riera (Begur), para los que, que según Inspección de Trabajo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de l’Estartit, no estaba formado, ni disponía del material adecuado, han empezado las declaraciones de los testigos. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Bisbal d’Empordà ha citado a declarar a una quincena de personas los días 28, 29 y 30, entre ellos, los compañeros de trabajo de Marc en 2024, el año que murió y también con los que trabajó años anteriores en el Club. Todos ellos han coincidido en declarar que a pesar que eran “marineros de tierra”, tanto él como otros de ellos, habían hecho trabajos bajo el agua para los que no tenían formación. Las órdenes, dicen, venían de arriba, de la Junta directiva.
La propuesta lanzada por el ministro de Transportes para cortar del todo la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras se hacen obras exhaustivas en la infraestructura pivota sobre razones de seguridad, pero la contundencia de la medida no despierta consensos. En Cataluña, el Colegio de Ingenieros de Caminos acepta que las obras convienen pero reclama que no bloqueen “completamente” un corredor ferroviario que cubre una demanda de más de 40.000 viajeros diarios. “Si cierras la línea, las harás (las obras) más rápido, pero con la trascendencia y la ocupación que ha tenido durante estos años, no sé si podemos permitirnos cerrarla completamente”, ha dicho en una atención a los medios el decano de la institución, Pere Calvet. La idea de restringir el paso de trenes de alta velocidad la ha verbalizado este viernes el propio ministro Óscar Puente, muy cuestionado tras el trágico accidente de trenes en Toledo.
La visita del papa León XIV a Barcelona los pasados 9 y 10 de junio generó un impacto económico de entre 36 y 40 millones de euros, según las auditorías realizadas por la organización del viaje apostólico. Así lo ha explicado el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, en una entrevista a Catalunya Cristiana, en la que ha ofrecido el balance económico de la estancia del Pontífice. El coste de los actos osciló entre los 3,5 y los 4 millones de euros, una cantidad que se cubrió íntegramente con financiación pública y privada.
Para evaluar el impacto, se llevaron a cabo dos auditorías: una específica de Barcelona y otra conjunta con Madrid, ambas con conclusiones similares. Según Abadías, los gastos se sufragaron principalmente con aportaciones del Ayuntamiento y la Generalitat, así como con donativos particulares, que ascendieron a cerca de 1,7 millones de euros.
Más allá de las cifras económicas, el obispo auxiliar ha destacado también la repercusión social y mediática del acontecimiento. Las encuestas recogidas en el estudio apuntan a que la visita ha sido uno de esos acontecimientos capaces de marcar la historia de una ciudad y dejar un recuerdo colectivo. «Habrá gente que dentro de unos años podrá decir: Yo lo viví, yo estuve allí», ha señalado. En el ámbito mediático, la repercusión también fue considerable: durante el momento de mayor atención, especialmente con motivo de la celebración en la Sagrada Familia, se llegó a una audiencia estimada de unos 550 millones de personas.
Miles de voluntarios y una lista de espera
Otro de los aspectos que más ha sorprendido positivamente a la organización ha sido la respuesta ciudadana. La movilización de voluntarios superó las expectativas y permitió cubrir rápidamente las necesidades de los distintos actos. Abadías ha explicado que necesitaban miles de personas para atender unos espacios con aforos y funciones muy controlados, pero las plazas disponibles se completaron en poco tiempo e incluso tuvieron que habilitar una lista de espera.
La elevada participación permitió seleccionar voluntarios de distintas edades y perfiles, algunos de ellos destinados a tareas que requerían características específicas. El obispo auxiliar ha recordado especialmente el momento en el que León XIV se acercó a la puerta principal de la Catedral de Barcelona y los voluntarios pudieron tenderle la mano.
La organización quiso que quienes habían dedicado su tiempo a preparar la visita también pudieran vivir de cerca aquel primer encuentro con el Pontífice. En lugar de reservar su participación para el momento de la despedida, decidió agradecerles el trabajo realizado y el que todavía tenían por delante, incorporándolos a la recepción. Abadías ha recordado aquella escena como «un encuentro de servicio, de entrega y de comunión».
La respuesta de los voluntarios, ha explicado, fue similar en las distintas etapas del viaje apostólico por España, tanto en Madrid como en Canarias y Tenerife. En Barcelona, sin embargo, la rapidez con la que se cubrieron las plazas y la diversidad de los participantes dejaron una imagen especialmente positiva para los organizadores.
El Papa, «muy relajado» en Barcelona
Abadías también ha valorado positivamente la experiencia del propio León XIV durante su estancia en la capital catalana. Según ha relatado, el Pontífice llegó procedente de Madrid, después de varios días de intensa actividad, pero en Barcelona se mostró tranquilo, cercano y con muchas ganas de encontrarse con la gente.
El obispo auxiliar ha destacado que en numerosas ocasiones era el propio Papa quien tomaba la iniciativa para saludar a los asistentes, acercarse a ellos o salir al balcón. De hecho, aunque inicialmente estaba previsto que lo hiciera una sola vez, terminó saliendo cuatro o cinco. «Yo creo que disfrutó de la visita. Se le veía contento y con ganas de compartir aquellos momentos», ha explicado.
La buena impresión que dejó Barcelona también se habría trasladado al propio Pontífice una vez finalizado el viaje. Abadías ha revelado que, durante un encuentro posterior en Roma con el cardenal Juan José Omella, León XIV le comentó que todo el mundo le estaba felicitando por su paso por la capital catalana. «Esta es también la impresión que nos ha llegado: que la visita tuvo un impacto muy positivo», ha señalado el obispo, que ha resumido aquella experiencia en una imagen: «La alegría de todos».
Dos proyectos pastorales para prolongar el legado de la visita
Más allá del balance económico y de la repercusión pública, la diócesis de Barcelona quiere aprovechar el impulso de la visita para poner en marcha nuevas iniciativas pastorales inspiradas en los mensajes del Papa. Abadías ha avanzado que actualmente trabajan en dos proyectos, uno centrado en la salud mental de los jóvenes y otro orientado a impulsar la nueva evangelización.
El primero de ellos surgió del interés de algunos de los donantes que colaboraron económicamente en la organización de los actos por las palabras que León XIV dedicó a la salud mental de los jóvenes durante su intervención en Montjuïc. Estas personas se han mostrado dispuestas a financiar una iniciativa que permita abordar esta problemática en la diócesis de Barcelona.
La segunda propuesta tiene un alcance más amplio y pretende convertir Barcelona, o alguna de sus realidades, en una especie de laboratorio pastoral. La idea pasa por dotar el proyecto de recursos, una estructura y un programa de trabajo que permitan reflexionar sobre la nueva evangelización y el primer anuncio del cristianismo, pero también trasladar esas reflexiones a iniciativas concretas.
Según ha explicado el obispo auxiliar, esta iniciativa podría trascender los límites de la diócesis y proyectarse hacia Cataluña e incluso Europa. El objetivo es que la visita no quede reducida a dos jornadas de celebraciones y encuentros, sino que sirva como punto de partida para nuevas formas de acción evangelizadora.
Abadías considera que la Iglesia de Barcelona se encuentra ahora en una tercera etapa del proceso: después de la preparación y de la celebración de los dos días de visita, llega el momento de recoger sus frutos y traducirlos en proyectos duraderos.
Una huella espiritual difícil de cuantificar
Junto a las consecuencias económicas, sociales y pastorales, el obispo auxiliar ha puesto el acento en el impacto espiritual que dejó la presencia de León XIV entre los fieles y el conjunto de la ciudadanía. Aunque reconoce que resulta complicado medir estadísticamente este tipo de experiencias, ha asegurado que la diócesis está recopilando numerosos testimonios de personas que quedaron especialmente conmovidas por algún momento de la visita.
Son relatos de ciudadanos que recuerdan una palabra, una mirada, la oportunidad de ver al Papa de cerca o la posibilidad de rezar junto a él. Estas experiencias se comparten en grupos, encuentros de oración y conversaciones, y constituyen, según Abadías, una de las principales muestras de los frutos espirituales del acontecimiento.
El propio obispo ha reconocido que la organización necesitó tiempo para recuperarse del esfuerzo de aquellos días. La tensión acumulada y las numerosas horas de trabajo hicieron que no terminara de recuperar la normalidad hasta mediados de agosto. Ahora, sin embargo, considera que ha llegado el momento de mirar hacia delante y evitar que todo lo vivido quede únicamente en el recuerdo.
«No podemos dejar que todo esto se duerma», ha advertido. A su juicio, la visita fue mucho más que un acontecimiento institucional o religioso: permitió que personas de procedencias y sensibilidades muy distintas hicieran suyo el encuentro con el Pontífice. «Ha sido un regalo en sentido apostólico y espiritual, pero también para la ciudadanía y para miradas que van más allá de la Iglesia», ha resumido.
El obispo auxiliar ha concluido que las expectativas iniciales, que ya eran elevadas, terminaron superándose. Por ello, ha reivindicado la necesidad de agradecer lo vivido, recoger sus consecuencias y mantener vivo el impulso generado por la visita. «Es bonito mirar atrás y ver que, cuando la gente habla de ello, todavía se remueven muchas emociones», ha afirmado. Pero ha insistido en que la Iglesia no debe quedarse anclada en el pasado: «Quien pone la mano en el arado tiene que mirar hacia delante».
El portavoz nacional de Desregulación, Energía y Economía de Vox, José María Figaredo, se ha reunido este viernes con representantes del Cercle d'Economia para presentarles las principales propuestas económicas de su formación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre las medidas defendidas por el partido, Figaredo ha destacado la remigración, que ha definido como «un pivote esencial» de su programa.
El dirigente de Vox ha mantenido el encuentro en Barcelona acompañado por el portavoz de la formación en el Parlament, Joan Garriga, y el candidato al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe. Durante la reunión, ambas partes han intercambiado impresiones sobre la situación económica actual y las perspectivas del tejido empresarial catalán.
Además de la remigración, Figaredo ha expuesto otras líneas del programa de Vox, como la prioridad nacional, la desregulación y la simplificación normativa. En este último ámbito, ha criticado el exceso de regulación, que, a su juicio, «asfixia a la actividad económica y a los empresarios». También ha defendido una bajada de impuestos.
«Hemos intercambiado impresiones, ellos nos han manifestado y expuesto cuál es su visión de la situación económica actual y nosotros les hemos expuesto cuál es el programa de Vox, cuáles son los planes que tenemos para estas próximas elecciones», ha explicado tras el encuentro.
Críticas a la inseguridad en Barcelona
Por otro lado, preguntado por los disturbios registrados el pasado sábado en Barcelona, Figaredo ha lamentado los episodios de violencia y ha responsabilizado al Gobierno de la situación de «absoluta inseguridad» que, según ha denunciado, sufre la ciudad.
El portavoz de Vox ha puesto el foco en las consecuencias económicas de estos altercados para comerciantes, autónomos y trabajadores, y ha acusado al Ejecutivo de no garantizar la protección de los ciudadanos.
«Autónomos, trabajadores, personas que han levantado la persiana cada día han visto cómo se ha arruinado su futuro en unas pocas horas por un Gobierno que es incapaz de garantizar la seguridad de los españoles», ha concluido.
La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que se ha saldado con más de 60 fallecidos, de momento, ha provocado una oleada de críticas de los partidos catalanes al Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha calificado de «inaplazable» la dimisión de Puente y ha reclamado que Sánchez comparezca para dar explicaciones sobre el accidente. En declaraciones a los medios desde Girona, la dirigente independentista ha lamentado que los ciudadanos tengan ahora «miedo de coger un tren» y ha recordado que el presidente del Gobierno se comprometió el pasado 11 de febrero a que una tragedia de estas características no volvería a producirse.
«Y ha vuelto a pasar nueve meses después», ha advertido Nogueras, que considera que el Ejecutivo debe ofrecer garantías de seguridad a los usuarios. La portavoz de Junts ha cuestionado que unas infraestructuras que se presuponen sólidas no estén garantizando actualmente la seguridad de los pasajeros y ha reclamado que «no se pueden seguir dando excusas».
Nogueras también se ha pronunciado sobre la filtración de parte de los audios de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de mando de Atocha. La diputada ha lamentado que se hayan difundido mientras continúa abierta la investigación y ha pedido que se respete el proceso «por respeto a las personas que han perdido la vida» y a sus familiares. En cualquier caso, ha insistido en que deben asumirse responsabilidades tanto desde la empresa encargada de gestionar las infraestructuras como desde el Gobierno.
En la misma línea de exigir la salida de Puente se ha pronunciado Ada Colau. La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N ha confirmado que su formación ha trasladado a Moncloa la petición de dimisión del ministro, al considerar que el segundo accidente ferroviario grave en la red española en apenas diez meses y la consiguiente pérdida de confianza ciudadana exigen responsabilidades políticas.
«No entraré a decir si esta dimisión debe producirse hoy, mañana o pasado, pero creemos que se debería producir lo antes posible», ha señalado Colau en Barcelona. La exalcaldesa ha defendido que la respuesta a una tragedia de esta magnitud no puede limitarse al ámbito técnico y debe incluir también decisiones políticas.
Para justificar su petición, ha recordado las propias palabras de Sánchez, que calificó de inasumibles dos accidentes de esta gravedad en la alta velocidad y reconoció que la confianza en la red se había quebrado. «Si asumimos que se ha quebrado la confianza en el sistema, es imprescindible que haya una respuesta política que esté a la altura y que sea rápida», ha sostenido.
Colau ha reconocido que Puente no tuvo una intervención directa en el accidente, pero ha considerado que sí tiene responsabilidad política. Asimismo, ha cuestionado el tono empleado por el ministro en su comparecencia de este viernes y ha criticado que se hayan ofrecido tantos detalles técnicos mientras sigue abierta la investigación. En este sentido, ha advertido de que «no se trata ahora de encontrar y señalar culpables» y ha tachado de inadmisible que se responsabilice a los trabajadores.
Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha puesto el foco en la falta de inversión destinada al mantenimiento de la red ferroviaria. Sin reclamar expresamente la dimisión del ministro, el líder republicano ha exigido que tanto Puente como Adif «tienen que dar la cara» por los recursos destinados a conservar las infraestructuras.
En un mensaje publicado en X, Junqueras ha denunciado que España destina a la conservación de cada kilómetro de red ferroviaria la mitad que la media europea. Una situación que, a su juicio, refuerza las reivindicaciones que ERC lleva años planteando sobre la necesidad de incrementar las inversiones y garantizar la seguridad de las infraestructuras, especialmente en Cataluña. «Con la vida de las personas no se juega», ha advertido.
La crítica más contundente al Ejecutivo ha llegado desde Vox. Su portavoz nacional de Desregulación, Energía y Economía, José María Figaredo, de visita en Cataluña, ha responsabilizado directamente al Gobierno de Sánchez de la tragedia y ha asegurado que la dimisión de Puente es insuficiente. «Por supuesto que pedimos la dimisión, pero es que eso es una cuestión accidental», ha afirmado durante una comparecencia en Barcelona junto al portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, y el candidato al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe.
Figaredo ha llegado a calificar al ministro de «criminal» y ha reclamado que se ponga a disposición judicial. También ha considerado insuficiente su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, prevista para el próximo martes, para dar explicaciones sobre el accidente.
El dirigente de Vox ha extendido sus acusaciones al conjunto del Ejecutivo, al que ha responsabilizado del deterioro de las infraestructuras y ha reprochado que, a su juicio, se esconda detrás de los trabajadores. Asimismo, ha cuestionado la propuesta de Puente de cerrar la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras se ejecutan las obras de remodelación, al considerar que clausurar una conexión ferroviaria supone «un desastre» y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar el servicio.
Després d’una setmana d’indefinides i ansioses elucubracions sobre les arrels socioeconòmiques de la ràbia juvenil (sic) dels responsables dels disturibis convocats per Blocus a Barcelona, crec que toca abordar la dimensió tecnològica del fenomen. Diguem-ho clar: mig miler de joves no poden protagonitzar un acte d’enfrontaments amb la policia, de saquejos i violència, sense pertànyer a un moviment, sense organitzar-se entre si; almenys sense que algú proveeixi els mitjans específics per fer-ho.
Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes en Barcelona una segunda persona vinculada a canales de Blocus que convocaron los graves disturbios del pasado sábado 24, lo que eleva a tres los arrestos realizados en las últimas 48 horas por estos hechos.
Fuentes de la policía catalana han explicado a Europa Press que se trata de un joven de 18 años que acaba de ser arrestado.
Este arresto se une a la detención del menor de 17 años en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) este jueves también vinculado a estos canales, y a la de otro menor de 16 ese mismo día en Bellmunt d'Urgell (Lleida) que es el presunto creador y administrador de uno de esos canales.
Los profesores catalanes afrontan un nuevo calendario de movilizaciones en el mes de noviembre con cierto grado de incertidumbre: "Estamos en un contexto complicado. Vienen elecciones generales, el tema de la vivienda,... Es difícil saber qué impacto y participación tendremos", asegura a este diario la portavoz nacional de Ustec·Stes, Iolanda Segura, a pesar de que ve en la celebración de comicios un "escenario óptimo para hacer presión".
Los sindicatos contrarios al pacto educativo del Govern divulgaron esta semana a través de un comunicado conjunto la próxima hoja de ruta a seguir en las calles, tras acordarla el pasado sábado en la novena Asamblea Educativa de Cataluña (AEC). La lista de reivindicaciones, en la que también se abre la puerta a llevar a cabo marchas durante el segundo y tercer trimestre, marca como primera fecha señalada el 4 de noviembre, cuando se plantea hacer concentraciones en los centros.
El 11 de ese mismo mes, el sector secundará la huelga general por la vivienda, mientras que el 21 de noviembre los sindicatos protagonizarán una manifestación en defensa de la educación pública. Los paros culminarán el 26 de noviembre, cuando las plataformas sindicales —Ustec·Stes, CGT, La Intersindical, COS, CNT y la AEC— celebrarán una huelga educativa. Sin embargo, el apoyo a esta iniciativa por parte de los docentes no es tan boyante ahora como sí lo fue en muchos momentos del curso pasado.
"Somos un motor diésel"
Prueba de ello, son los resultados de la consulta lanzada la semana pasada al profesorado catalán: el 50,2% del total de los participantes revelaron que no estarían dispuestos a hacer huelga, mientras que el 49,8% sí. En la encuesta, solamente participó un tercio del censo total de profesores y personal de atención educativa. "Fue muy ajustado. Nos planteamos que lo más oportuno era convocar un día de huelga. Si no convocas nada, corres el riesgo de perder un potencial dispuesto a movilizarse", analiza Segura para LA RAZÓN.
Los porcentajes, en efecto, contrastan con los aproximadamente 40.000 profesores que secundaron en junio esta medida de presión, tras el rechazo de los maestros al preacuerdo educativo del Govern. Esta división de opiniones llega tras más de 20 jornadas de protesta en el último trimestre del curso pasado y un paro el primer día del curso 2026-27 que no tuvo un seguimiento masivo por parte de los profesores, a diferencia de las convocadas en febrero o marzo.
La representante de Ustec reconoce que aquel "ciclo de lucha fue muy desgastador para todos", pero que lo "tiramos adelante porque el colectivo nos lo pidió". Admite también que activar a la comunidad en el primer trimestre "siempre cuesta más" y que se estudiará el "músculo" que registre el paro general por la vivienda y el educativo. ¿Para qué? Para evaluar cuáles son las mejores formas de reivindicación en el futuro. "Somos un motor un diésel. Veremos si este año vamos en crecimiento o no. Será el colectivo el que nos diga si está dispuesto a movilizarse".
Demandas
Desde el sindicato mayoritario de la escuela pública catalana, no obstante, afirman que solo a través de las protestas en las calles se pueden reabrir unas negociaciones con el Departamento de Educación que actualmente están encalladas. Durante la novena AEC, en paralelo, se ratificó presentar el documento de objetivos de la comunidad educativa en el que exigen múltiples demandas a la Generalitat. Por ejemplo, más recursos para la educación inclusiva mediante el incremento de plantillas.
En concreto, exigen unos 34.000 profesionales más: 18.000 nuevas plazas estructurales de docentes y PAE, cinco dotaciones por centro (16.225) y refuerzo de los servicios educativos. Por otro lado, piden igualmente una bajada de ratios, una cláusula de garantía salarial (ligada al IPC) para todos los colectivos y equiparación salarial de los colectivos externalizados, entre otras peticiones. Pero la más importante, según Segura, es que se destine el 6% del PIB a educación: "Es la única forma de dar cabida a todas las carencias en las aulas".
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lanzado una crítica a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, a la falta de mantenimiento de las infraestructuras y los servicios públicos, en plena conmoción por el accidente ferroviario de Toledo. El dirigente popular considera que el deterioro de lo público es consecuencia de unas prioridades políticas equivocadas y de la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023.
«Gobernar no es atrincherarse en el despacho, es gestionar la realidad cotidiana», ha escrito Albiol en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que ha reivindicado su experiencia al frente de la cuarta ciudad de Cataluña. El alcalde sostiene que la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones municipales de 2023 ha permitido desbloquear la gestión de Badalona después de una década de «parálisis política».
A partir de esta experiencia, Albiol ha trasladado su crítica al Ejecutivo central y ha advertido de las consecuencias de gobernar sin capacidad para aprobar unas nuevas cuentas públicas. «Con tres años sin presupuestos es imposible atender las necesidades del país, empezando por algo tan básico como el mantenimiento de lo público», ha señalado en referencia a la falta de presupuestos del Gobierno.
El dirigente popular considera que la ausencia de nuevos Presupuestos no es una cuestión meramente administrativa, sino que tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las administraciones para planificar, invertir y atender las necesidades de los ciudadanos. «Tres años sin capacidad de aprobar unas cuentas no es gobernar, es resistir administrando la parálisis. Las consecuencias están ahí», ha sentenciado.
Los accidentes ferroviarios, trasfondo de su crítica
La reflexión de Albiol llega después del grave accidente de Urda (Toledo) y con la sombra del de Adamuz todavía viva, que han vuelto a situar en el centro del debate político el estado de las infraestructuras y la inversión destinada a su conservación.
Ambas tragedias han reavivado las críticas sobre la conservación de la red ferroviaria española, las inversiones en infraestructuras y la capacidad de las administraciones para anticiparse a los problemas. Albiol sitúa estos episodios en un contexto más amplio de deterioro de los servicios públicos y cuestiona que las prioridades del gasto se estén dirigiendo hacia las necesidades más inmediatas de los ciudadanos.
En este sentido, la crítica del alcalde de Badalona se enmarca en uno de los principales argumentos que la oposición viene utilizando contra el Gobierno de Sánchez: la distribución de los recursos públicos. Las formaciones contrarias al PSOE cuestionan que, mientras persisten necesidades de inversión en infraestructuras, transporte y mantenimiento de los servicios públicos, una parte de los recursos se destine a partidas como la cooperación internacional, el sostenimiento de estructuras administrativas duplicadas o el crecimiento de la propia Administración y de sus plantillas, en vez de destinar el dinero a mantener la red ferroviaria o construir viviendas.
De un tiempo a esta parte, en las urgencias se ha evidenciado un incremento de la prevalencia de pacientes con traumatismos en la cara y fracturas faciales tras haber sufrido un accidente con patinete eléctrico.
Ante esta observación, desde el Servicio de Cirugía Plástica de Vall d'Hebron se puso en marcha un estudio para conocer con precisión los datos relativos a los pacientes sometidos a cirugías por fracturas faciales durante el periodo 2020-2024 a consecuencia de un accidente con patinete eléctrico, los cuales, según este trabajo, representan el 10% del total (12 pacientes), por detrás de aquellos que han sufrido agresiones o accidentes (24), caídas accidentales (21) y caídas de bicicletas (14). Las personas intervenidas por fracturas faciales a consecuencia de accidentes laborales fueron 11 y por autolesiones, una decena.
Como resultado de la comparativa entre los pacientes intervenidos por los especialistas del Servicio de Cirugía Plástica a raíz de un accidente de patinete eléctrico y el resto, el estudio indica que los primeros son "pacientes más jóvenes en relación a las otras etilogías". Concretamente, como explica Bernat López-Masramon, líder del estudio junto con el doctor Alexander Lugilde-Guerbek, "la media de edad de los pacientes intervenidos por fracturas faciales debido a un accidente en patinete eléctrico es de 27,8 años, mientras que la del resto de es 40,6".
Seguramente debido a la juventud de los mismos, estos pacientes registran estancias hospitalarias más cortas, concretamente de una meda de 7,7 días por los 16,7 del resto de casuísticas, y menos ingresos en cuidados intensivos. De hecho, tan solo dos de ellos (16,7% del total) acabaron en la UCI, frente a los 49 (45,8%) del resto de pacientes.
Más jóvenes y con más secuelas
Sin embargo, según releva el estudio, las personas intervenidas tras sufrir un accidente con patinete eléctrico "presentaban un mayor número de fracturas faciales y requirieron cirugías más complejas", apunta López-Masramon. De hecho, el 81,5% requirió una cirugía abierta con fijación interna y, en un 41,7% de los casos, se complementó con una fijación intermaxilar. Todo ello se traduce en una elevada tasas de resultados adversos tras la cirugía. "Las secuelas y complicaciones a largo plazo son más frecuentes entre estos pacientes (58,3%) que entre el resto (26,2%)", indica el colíder del estudio.
La peculiaridad de los accidentes con patinete eléctrico es, principalmente, que "la persona va erguida y, a raíz de un impacto, sale despedida hacia adelante, con lo que el golpe suele ser en la cara, frontalmente. Si a eso le sumamos la alta energía del mismo por la velocidad que lleva y que normalmente los usuarios del patinete eléctrico no llevan protección en la cara, el resultado son fracturas más complejas, tanto por el número de huesos afectados como por la rotura de los mismos", explica el doctor.
Por lo tanto, a la hora de ser intervenidos, las cirugías suelen alargarse en el tiempo y requerir un mayor número de placas y tornillos, lo que complica la recuperación del paciente. "Las secuelas estéticas, como las retracciones de las cicatrices o una forma diferente de los huesos de la cara, y funcionales, como una mala oclusión mandibular, dolor crónico, un incorrecto encaje de los dientes y problemas oculares, son más frecuentes entre los pacientes que han sufrido un accidente con patinete eléctrico", explica López-Masramon.
Ante esta evidencia, el doctor indica que "el estudio pone sobre la mesa el problema, el importante número y tipo de secuelas que pueden vivir unos pacientes que se caracterizan por su juventud", lo que confirmaría la "importancia de implementar estrategias de prevención, tanto en relación con las medidas de protección de los usuarios como de las normas de circulación".
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la detención de este jueves por la noche de un menor por su presunta vinculación a los canales de comunicación de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Barcelona del sábado pasado: "No habrá impunidad frente a los actos de violencia".
"Continuaremos actuando con determinación para que todo el que comete un delito asuma sus consecuencias", ha dicho en un apunte en 'X' este viernes, en el que ha ensalzado el trabajo que califica de imprescindible de los Mossos d'Esquadra.
Según la policía catalana, el detenido supuestamente difundió el enlace de acceso al grupo, participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material a llevar, las medidas para evitar la detección policial y las pautas de autoprotección.
Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la noche a un menor de 17 años en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) por su presunta vinculación a los canales de comunicación de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Barcelona del sábado pasado.
El detenido supuestamente difundió el enlace de acceso al grupo, participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material a llevar, las medidas para evitar la detección policial y las pautas de autoprotección, informa la policía catalana en un comunicado este viernes. También "habría incitado a otros participantes a tomar parte en las acciones violentas y habría propuesto posibles objetivos para ser objeto de saqueo".
La detención se ha producido, concretamente, por la presunta participación del investigado en un grupo de un canal de mensajería instantánea que "habría sido utilizado para organizar y coordinar actos de saqueo, desórdenes públicos y acciones de incitación a la violencia contra efectivos policiales.
La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
El Govern y los Comuns no han logrado un acuerdo para modificar la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda que el Consell de Garanties Estatutàries cuestionó en agosto, cuyo plazo para las enmiendas finaliza este viernes, han confirmado fuentes de la negociación y avanzó 'Público'.
Por este motivo, y a pesar de las negociaciones de las últimas semanas con el objetivo de enmendar conjuntamente la proposición de ley, los Comuns han anunciado este viernes en un comunicado que presentarán sus propias enmiendas al texto "para garantizar su constitucionalidad".
Fuentes del Govern, por su parte, han insistido en que mantienen el objetivo de "evitar la especulación con la vivienda", pero de hacerlo con seguridad jurídica, por lo que el grupo parlamentario de PSC-Units presentará las enmiendas que sean necesarias para ello, en solitario.
Si no hay movimientos a última hora, los grupos enmendarán por separado el texto, y con ello la norma podría decaer si los socialistas no validan la norma y las enmiendas de los Comuns, y los Comuns hacen lo propio con las enmiendas del PSC.
Durante la ponencia de la norma tienen margen para llegar a un acuerdo, antes de que llegue finalmente a votación en el Pleno del Parlament. Además, para que saliera adelante la proposición de ley sería necesario también el apoyo de ERC, formación con la que no se ha cerrado ningún acuerdo sobre esta cuestión por el momento.
El objetivo, anunciaron entonces, era que la norma estuviera en vigor "antes de verano", y la propuesta que acordaron pasaba por prohibir la compra de vivienda en zonas de mercado tensionado excepto si la compra era para residencia habitual, y habilitando a los ayuntamientos a elaborar planes especiales de urbanismo para aplicarlo.
Enmiendas al texto
Las enmiendas de los Comuns pasan por clarificar la diferencia entre pequeño tenedor de vivienda (hasta cuatro viviendas en propiedad) y gran tenedor (a partir de 5), cuestión que no estaba recogida en la ley, porque se negoció posteriormente a que los Comuns la registraran.
También han concretado que las herencias estarían limitadas solo para los grandes tenedores (que si reciben una vivienda en herencia estarían obligados a destinarla a residencia habitual y permanente).
Con ello, han asegurado que buscan robustecer la norma y que sea más "sólida", aunque desde el principio los de Jéssica Albiach han defendido que la ley sí que es constitucional y que no comparten el dictamen que hizo el CGE.
Tras el revés del CGE, que cuestionaba varios aspectos jurídicos de la norma que pactaron ambas partes, los socialistas han defendido que quieren impulsar una regulación sobre esta norma, pero que en todo caso debía hacerse con "seguridad jurídica".
De esta forma, la propuesta del Ejecutivo y que se traducirá en las enmiendas del PSC iría en la línea de limitar el uso de las propiedades que se compren para que se destinen a uso residencial y habitual, pero sin prohibir la posibilidad de compra, algo que creen que el CGE deja claro que no es viable jurídicamente.
Informe de CGE
En agosto, el Consell de Garanties Estatutàries resolvió los recursos que presentaron Junts y el PP a la norma, y concluyó en su informe que la norma vulneraba el derecho a la propiedad privada y a la herencia establecidos en la Constitución, así como los artículos referidos a la libertad de empresa.
El órgano señaló también "falta de suficiente certeza y previsibilidad" en la norma y afectación al principio de seguridad jurídica, y que el texto vulneraba el Estatut en relación a la competencia en materia de derecho civil e invadía la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales.
El informe del órgano estatutario, que no es vinculante, también cuestionaba el procedimiento de tramitación, puesto que el Govern y los Comuns acordaron que tramitarían por lectura única la norma, y recomendó una tramitación ordinaria de la proposición de ley.
La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlón, advirtió el miércoles que desde el Departamento prevén un nuevo escenario violento en Barcelona mañana. Lo aseguró en una comisión de Interior en el Parlament, acompañada del director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López y la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà, en la que añadió que se pondrán todos los medios que están a su alcance para evitar que la situación sea como la de la semana pasada. Entonces, los disturbios y altercados se saldaron con 133 detenidos, 85 de los cuales menores de edad, así como numerosos comercios saqueados y mobiliario urbano vandalizado.
Así, el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Jaume Collboni acogió ayer de forma extraordinaria una Junta Local de Seguridad en la que participaron el alcalde de la ciudad, la consellera de Interior, el delegado del Gobierno, José Crespín, y la presidenta del Tribunal de Instancia, Cristina Ferrando. Además, también estuvieron presentes representantes de los diferentes cuerpos de seguridad. "Todas las instituciones", recalcó el consistorio en un comunicado, "han afianzado su compromiso absoluto por preservar la convivencia y el orden público en la ciudad, ante la posibilidad de que el próximo sábado 31 de octubre se repitan los saqueos del pasado fin de semana".
En este sentido, subrayaron su "voluntad" de actuar "con la máxima firmeza" en caso de que sucedan los disturbios, e insistieron en la importancia de dar una respuesta "robusta" ante un fenómeno "sin precedentes". "Los distintos poderes públicos han reiterado que serán implacables con todos aquellos que provoquen destrozos o alteren la convivencia y que mantendrán una tolerancia cero con cualquier actitud violenta en el espacio público", añadía el texto.
Además, el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) acordó el jueves, en coordinación con la Generalitat y los Mossos d'Esquadra, reforzar la asistencia letrada con 15 profesionales adicionales por la previsión de un incremento de detenciones durante el fin de semana en Barcelona. En concreto, el dispositivo pasa de 13 a 20 profesionales de guardia del turno Penal General de Barcelona, y el turno de Menores de Barcelona pasa de 2 a 10 letrados. Tras una nueva convocatoria en redes alentando a disturbios como los de la semana pasada, el refuerzo de las guardias pretende agilizar las designaciones y asegurar una asistencia "efectiva e individualizada", y la ampliación del turno de Menores responde a la especial atención que requieren estos casos.
Por su lado, el presidente del Partido Popular en Barcelona, Daniel Sirera, reclamó al presidente del Govern, Salvador Illa, y al alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, que refuercen de forma "extraordinaria" la seguridad ante la previsión de nuevos disturbios este fin de semana. "Barcelona no puede volver a vivir las escenas del pasado fin de semana, con comercios atacados, escaparates destrozados, saqueos, contenedores incendiados y policías heridos. Lo que ocurrió fue gravísimo y no puede repetirse", lamentó el concejal. Además, les pidió que permitan abrir el domingo de forma excepcional a los comercios que "se vean obligados a cerrar el sábado por motivos de seguridad" para compensar las pérdidas.
Investigación en curso
Durante la comisión en el Parlament, la comisaria jefe de los Mossos reconoció que el cuerpo está preocupado por la nueva convocatoria para este sábado difundida por redes sociales. Catà recordó que la investigación policial está en curso y todavía se está trabajando para averiguar quién o qué está detrás de estas movilizaciones de jóvenes que se realizan principalmente por plataformas de mensajería masiva, sobre las que apuntó que ya se han cerrado dos canales de Telegram que alentaban a nuevos altercados el día 31.
Por otro lado, Catà lanzó un mensaje de confianza a la ciudadanía ante estas posibles nuevas convocatorias: "No nos encontramos frente a una amenaza generalizada para la seguridad pública ni un fenómeno extenso en la juventud" dijo.
Sobre el dispositivo policial del pasado sábado, el jefe del cuerpo desmintió que "cogiera por sorpresa" a los Mossos, ya que en los alrededores de plaza Catalunya ya había más de 30 unidades de orden público para saturar el espacio público y en el CECOR de la calle Lleida ya había un dispositivo previo establecido. "No atinamos con el grado de violencia que nos encontramos el sábado, aparentemente desorganizada", reconoció López, que aseguró que los jóvenes no tenían otra finalidad que no fuera destrozar y saquear.
Las familias residentes en Cataluña que hayan tenido un bebé a partir del pasado 14 de julio -o adoptado, acogido o tutelado a un menor- pueden solicitar una ayuda económica con un plazo de tres meses. En concreto, la subvención puede llegar a los 650 euros por hijo y hasta los 750 euros en el caso de familias numerosas o monoparentales. Así lo asegura el CEO de la startup TuTrámiteFácil, Francisco Antonio Mas, que añade que las familias "pueden ir preparando su solicitud durante el embarazo y presentarla inmediatamente después de que nazca el niño".
Para recibir la ayuda, sin embargo, se deben cumplir algunos requisitos. Los ingresos anuales del hogar no pueden superar estos límites: 27.904 euros en hogares de hasta tres miembros, 36.275 euros en los de cuatro, 44.646 euros en los de cinco y 53.018 euros en los de seis. Según la startup, la ayuda debe solicitarse durante los tres meses posteriores al nacimiento o adopción del menor.
Mas concreta, además, que aparte del plazo, no hay otro límite: si se cumplen los requisitos, se cobra. "No es un concurso como otras ayudas donde hay una cantidad limitada, aquí se trata de un derecho donde si cumples las condiciones recibes en un único pago y sin necesidad de justificación posterior la ayuda. El riesgo principal es dejar pasar el plazo", destaca.
Según explican desde TuTrámiteFácil, la ayuda debe solicitarse en los tres meses siguientes al nacimiento, la adopción, la tutela o el acogimiento del menor, siempre que este se haya producido después del 14 de julio de 2026. Además, al menos uno de los progenitores debe acreditar cinco años de residencia legal en Cataluña, dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. El resto de requisitos son los habituales: convivir con el menor y tener su guarda y custodia, contar con la documentación en vigor y disponer de una cuenta bancaria a nombre de la persona solicitante.
Cambio legal
El plazo de tres meses es una novedad de este año. Hasta ahora, las familias solo disponían de un mes desde el nacimiento, la adopción, la tutela o el acogimiento para pedir la prestación, pero la Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, modificó el artículo 10 de la Ley 18/2003 de apoyo a las familias para ampliarlo.
La modificación responde a una recomendación de la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, que el departamento aceptó. El origen fue la queja de una familia a la que se denegó la ayuda por solicitarla fuera de plazo: tanto la madre como el bebé necesitaron atención médica y hospitalización durante las primeras semanas tras el parto, lo que les impidió tramitarla en el mes previsto. La institución consideró que ese margen era insuficiente y advirtió de que los problemas de salud tras el parto, unidos al desconocimiento de la prestación, suponían un "obstáculo importante" para las familias más vulnerables.
La ley contra la compra especulativa no encuentra su espacio en el Parlament de Cataluña. El Govern y Comuns llegan este viernes al final del plazo para presentar enmiendas a la proposición de los comunes sin un acuerdo para dar forma a uno de sus pactos estrella, encallado en la Cámara tras el duro dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Los comunes acceden a suavizar las restricciones para la compra de vivienda, especialmente en el ámbito de los pequeños propietarios y herederos, pero rechazan los planteamientos del Govern. El Ejecutivo de Illa prefiere evitar toda limitación a la adquisición de inmuebles, incluso a los grandes tenedores, siempre que se destinen a vivienda habitual.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el debat de política general, con la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, al fondo.
El Liceu estrena este viernes la ópera I Capuleti e i Montecchi, de Vincenzo Bellini, una de las joyas del bel canto que narra la dramática historia de los dos célebres amantes de Verona basada en la obra renacentista y alejada de la famosísima de Shakespeare. El director Allex Aguilera ha ideado una puesta de escena simbólica de esta ópera que cuenta como principal reclamo con la soprano norteamericana belcantista Lisette Oropesa en el rol de Giulietta. El papel de Romeofue escrito para mezzosoprano y lo asumirá la italiana Raffaella Lupinacci, que debuta en el Liceu. El maestro Riccardo Frizza se pondrá al frente de la orquesta en esta función que estará en cartel hasta el 11 de noviembre.
Si uno tiene ganas de disfrazarse y quemar los panellets y las castañas, la oferta para salir a bailar es infinita. La sala Razzmatazz une sus dos fiestas más exitosas (Mandanga y el Dirty) para organizar su Razzlloween; en Apolo pinchará el histórico DJ de techno Óscar Mulero y en La Paloma se podrá bailar funk, soul y música disco con el DJ británico Kirollus. Pero este fin de semana la oferta se extiende a la tarde y a espacios poco habituales, como una rave techno en las Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs o ediciones especiales y más multitudinarias de fiestas icónicas de la ciudad como la queer Churros con Chocolate o la argentina Bresh.
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