Andalucía rechaza seguir la estela de Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, esta última desde el próximo enero, para gravar con una tasa a los millones de turistas que cada año suben los gastos de las principales ciudades, ahogados para afrontar las facturas de limpieza, seguridad y patrimonio. La región fue la más visitada del país el año pasado, con casi 38 millones de turistas. Las capitales de provincia, con Sevilla y Málaga a la cabeza, insisten a la Junta para que les permita imponer el tributo, pero la Consejería de Turismo, en manos de Vox, se niega a legislar y dice que debe ser el Gobierno central a través de la Ley de Haciendas Públicas, la que les permita recaudar nuevos fondos. “Ni abro ni cierro la puerta a la tasa. Todavía no he escuchado a ningún alcalde decir que la empleará en la recogida de residuos o los problemas derivados del turismo, y la tasa debe ser finalista”, dispara el consejero andaluz de Turismo, Manuel Gavira, líder del partido ultraderechista en la región.

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El Tribunal Supremo estudiará si suspende también el derecho al voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos a los que se ha retirado el sufragio para el 29-N. La Sala de lo Contencioso-Adiministrativo descarta adoptar esta medida por la vía urgente, pero en una resolución dictada este viernes, ha dado tres días a las partes para que se pronuncien sobre la petición formulada por Iustitia Europa, que reclama que la medida adoptada por los jueces para más de 163.000 nacionalizados como hijos o nietos del exilio se extienda a su vez a los descendientes de estos, nacionalizados por otro apartado de la Ley de Memoria Democrática que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo. Según los datos de Exteriores incorporados al procedimiento por la Abogacía del Estado, por ese supuesto se han nacionalizado más de 189.000 personas que ya están inscritas en el censo de extranjero.

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© Leo La Valle ((EPA) EFE)

Vox ha sido el único partido que no ha suspendido la precampaña electoral tras la tragedia ferroviaria del pasado miércoles en Urda (Toledo) y, desde entonces, no ha perdido la oportunidad de arremeter contra el Gobierno. El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha indicado en declaraciones a los medios en Barcelona que el accidente de trenes pone de manifiesto que el Estado es “incapaz de gestionar el bienestar de los españoles”. “Tenemos unos servicios, unas infraestructuras y una red del Estado que no funcionan y cada vez fallan más”, ha asegurado Figaredo, que no solo ha culpado al Ejecutivo del accidente sino que ha atribuido responsabilidades penales: a su juicio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, es “un criminal que debería ponerse a disposición judicial”.

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El líder del PP promete "un reseteo total" del sistema si llega al Gobierno, para recuperar la "seguridad de subirse a un tren" Leer

Algunos dirigentes de la cúpula del Partido Popular no podían contener las lágrimas tras la confirmación este jueves, 30 horas después del accidente, de que la exministra Fátima Báñez era una de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda. La familia de la exdirigente del PP tuvo que afrontar una espera agónica hasta que los bomberos consiguieron recuperar su cuerpo de los restos de los vagones siniestrados, lo que retrasó su identificación y añadió todavía más impacto emocional a la noticia de su muerte entre sus allegados en el PP, que eran muchos. Báñez era una figura muy querida en el partido y su pérdida ha provocado una conmoción en el PP que explica también el tono contenido ante la catástrofe, según transmiten en la cúpula, pese a la furia que recorre a las filas populares contra el Gobierno. Génova ya había decidido, en todo caso, respetar el luto oficial y Alberto Núñez Feijóo se mantuvo este jueves, un día después del accidente, en un perfil institucional sin pedir dimisiones, aunque sí reclamó que se asuman responsabilidades políticas antes de la investigación. En el PP los ánimos están muy caldeados y la reflexión interna es que, superado el luto, se apuntará a Sánchez. “Con la dimisión de Puente no basta”, advierte un dirigente.

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“Setenta y cuatro compatriotas han muerto y otros tanto han sido heridos en un accidente ferroviario injusto y evitable”, ha comenzado su mitin en Ávila este jueves por la tarde el líder de Vox, Santiago Abascal. En el momento en que hablaba, la cifra oficial de fallecidos se mantenía en 69 y, a falta de determinar sus nacionalidades, se sabe que hay algún extranjero, pero Abascal se ha preguntado por qué no han dimitido todavía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, “Oscar Muerte”, como le ha llamado, después de que “120 españoles” hayan fallecido en accidentes ferroviarios este año.

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© Raúl Sanchidrián (EFE)