Spain’s prime minister, Pedro Sánchez, has admitted “trust in high-speed rail has been broken” after Wednesday’s train collision that killed at least 69 people, injured more than 100 and prompted a national debate on the safety of the country’s rail network.
Sánchez said Spain was “working tirelessly” to provide information as quickly as possible to the families of the victims – who include people from at least 23 different foreign countries – adding his government was committed to finding what had caused the country’s second deadly train collision this year.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con expertos ferroviarios y de infraestructuras para analizar las causas de las tragedias de Adamuz y de Urda y las posibles vías de solución. Tampoco se pueden ofrecer soluciones mágicas, a corto plazo, dado el deterioro en la prestación del servicio, pero ha prometido, como primeros pasos si llega a gobernar, una "revisión técnica independiente, una auditoría y un plan de emergencia como prioridad".
"Ni un hecho aislado, ni un fallo personal, ni una fatalidad inevitable"
Así lo ha explicado en un comparecencia al término de esa reunión, en la que manteniendo el mismo tono institucional aunque ya algo más crítico, ha explicado que los ciudadanos "necesitan algo más que meras declaraciones de políticos. Necesitan certezas en este caos y que se haga lo posible para evitar tragedias". A su juicio, las dos catástrofes ferroviarias en apenas nueve meses "no son un hecho aislado, ni un fallo personal, ni una fatalidad inevitable", sino una "dramática gota que colma el vaso" de reiteradas quejas de los ferroviarios, de advertencias y de retrasos que han dejado, de momento, un reguero de 115 muertos.
Con Adamuz y Urda se "ha quebrado la confianza de miles de españoles en su servicio ferroviario" y restaurar la confianza "será muy difícil", ha agregado para volver a insistir, como hizo ayer, en que la asunción de responsabilidades políticas no pueden esperar al resultado de ninguna investigación.
"De esta situación se puede salir, pero con rigor, experiencia y conocimiento. No es taparse los ojos y señalar a una sola persona, eso cobarde e inmoral", ha apuntado respecto a la estrategia gubernamental de apuntar al controlador de Atocha que ordenó al AVE que reiniciara la marcha a velocidad normal. Ofrece a cambio "gestión, gestión y gestión" y "poner a los mejores al frente de las decisiones".
Siete de cada diez muertos en alta velocidad se han producido en accidentes en España
Dice Feijóo, tomarse "muy en serio lo que está pasando. Gobernar no es una broma, cada decisión puede medirse en muertos. La alta velocidad tiene una situación crítica", pero entiende que no es una cuestión de circulación y frecuencia, tampoco de fondos, sino de una "mala" gestión y un abandono de la seguridad. Propone "trascender" la búsqueda de chivos expiatorios, ese "plan de acoso y derribo contra un único operario" porque el accidente de Urda "evidencia que falló todo lo que podía fallar, todas las capas de seguridad" y en el mismo corredor ferroviario donde el accidente de Adamuz.
Precisamente, otra de las medidas será abordar la seguridad en su conjunto y reforzar el departamento dedicado a garantizar la seguridad de los pasajeros, ahora en manos de una persona de confianza de Puente.
Óscar Puente está decidido a seguir al frente del Ministerio de Transportes pese a la segunda tragedia ferroviaria en la alta velocidad en menos de nueve meses. El titular de Transportes ha asegurado en rueda de prensa que el presidente del Gobierno, PedroSánchez, no le ha pedido dejar el cargo y que ve adecuado que siga al frente para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario.
"Hay que recuperar la confianza. ¿Soy yo la persona más adecuada para hacerlo? Bueno, yo soy la persona que está en este momento al frente y creo que puedo conseguirlo, confío en ello y confía en ello el presidente del Gobierno", ha dicho el titular de Transportes durante su comparecencia sobre el accidente de Urda en el que fallecieron el miércoles al menos 69 personas.
"Lo fácil para mí es salir. Pero ni es eso lo que va con mi carácter ni es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido", ha insistido Puente a preguntas de los periodistas. Es más, el dirigente socialista ha asegurado que si creyera que su continuidad perjudica al proyecto del que forma parte, "habría dado un paso a un lado".
El martes comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso. Aunque ha asegurado se queda para "dar la cara" y ofrecer "explicaciones". "Pasar por esta circunstancia en dos ocasiones en un año es algo que no le deseo a nadie. Sé lo que me espera, el calvario al que me van a someter, encima en campaña. Sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad", ha rematado. "No sé qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima que yo dimita", ha dicho preguntado por los periodistas sobre su continuidad en el cargo. Y ha subrayado que su partido no pidió la dimisión de la ministra Ana Pastor (PP) cuando ocurrió el accidente del Alvia en Angrois.
En todo caso, ha dicho coincidir con Pedro Sánchez en que dos accidentes de este tipo en menos de nueve meses es algo "inasumible". Pero pese a reconocer que "se ha quebrado la confianza" de la ciudadanía en el tren, él la mantiene. "Yo iría en tren, porque sigo confiando en nuestro sistema. Si no lo hiciera, no lo haría y no dejaría que nadie de mi familia lo hiciera. Los hechos que han ocurrido tienen un carácter absolutamente excepcional", ha concluido.
Entre otras cosas, ha dicho que las averías del sistema de seguridad LZB son "habituales y frecuentes". Aunque ha defendido que aunque se "cayó", no falló. De hecho, lo que hizo al detectar una avería de comunicación entre ordenadores, fue detener los trenes que se encontraban en el tramo afectado.
Ahora mismo estaba en marcha un proceso de migración hacia el sistema ERTMS, más avanzado y de uso estándar en Europa. Pero ha asegurado que los trabajos para cambiar el sistema no han tenido nada que ver con el accidente y que ambos son igual de seguros. Puente ha vuelto a centrar el relato de los hechos en el procedimiento de los responsables de circulación del centro de control de Adif en Atocha.
Por otro lado, ha planteado la posibilidad de cambiar el modelo que usa hasta ahora Adif de realizar los trabajos de renovación en las líneas sin realizar cortes y manteniendo la actividad comercial. De hecho, ha dicho que el ministerio está estudiando optar por el modelo alemán para las obras del corredor Madrid-Barcelona. Eso sí, ha dicho que dejar la línea sin funcionamiento mientras duren los trabajos tendrá una segura "contestación".
El Gobierno no solo está investigando qué pudo originar el terrible accidente en Urda del pasado miércoles que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas. También aportará "soluciones para reforzar aún más el sistema de la alta velocidad" en España, dado que la "confianza" está "quebrada". Es lo que prometió este viernes el presidente, Pedro Sánchez, tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Toledo. Pero este es el segundo siniestro ferroviario en apenas nueve meses, porque el 18 de enero tuvo lugar el de Adamuz, con 46 fallecidos.
Sánchez, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participó en la cita en el Centro 112 de la capital toledana, del lado del presidente regional, Emiliano García-Page, que adelantó la decisión de desescalar el nivel de la emergencia, que pasa de nivel 2 a nivel 1, lo que permitirá la desmovilización de "muchos medios que han cumplido ya con su trabajo". El jefe de la Junta, además, mantuvo en 69 el número de víctimas mortales, si bien no descartó que pueda aumentar el volumen de fallecidos, ya que hay 70 denuncias de desaparecidos y "hasta 31 bolsas con restos".
Lo que vamos a hacer no es solamente investigar cuáles son las causas de lo sucedido, sino aportar soluciones para reforzar aún más el sistema de la alta velocidad en nuestro país", remarca
Sánchez, en su breve declaración institucional con Page a la salida de la reunión, insistió en que el Ministerio de Transportes y el conjunto del Gobierno continúa investigando lo sucedido "para conocer cuáles son las causas de este accidente ferroviario". Y reiteró aquello que ya avanzó el miércoles, que "no es asumible para un país como España, con un sistema de alta velocidad tan potente como el que tenemos, sufrir dos accidentes de estas características y de esta magnitud en un año". Una afirmación que algunos cargos en el partido y en el Ejecutivo interpretaron como una futura depuración de responsabilidades que podría suponer la salida de Óscar Puente, aunque posteriormente tanto la Moncloa como Ferraz reiteraron que el ministro de Transportes cuenta con todo el respaldo del presidente y que por tanto no dimitirá ni será cesado.
Pedro Sánchez: "Desde el Ministerio de Transportes y el Gobierno estamos siguiendo con la investigación para conocer las causas de este accidente ferroviario. No es asumible para un país como España, con un sistema de alta velocidad tan potente como el que tenemos, sufrir dos… pic.twitter.com/9GNML5WdfJ
Y precisamente porque no es "asumible" que haya dos tragedias ferroviarias en menos de 10 meses, siguió, el Gobierno se moverá: "Lo que vamos a hacer no es solamente investigar cuáles son las causas de lo sucedido, sino aportar soluciones para reforzar aún más el sistema de la alta velocidad en nuestro país. Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en nuestro país y la labor del Gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud, como ayer dijo el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos". El presidente no detalló en qué tipo de "soluciones" piensa el Ejecutivo, ni los plazos que se marca. Ni hizo autocrítica por el hecho de que no se hubiera resguardado más el sistema pese a la catástrofe de Adamuz, que sucedió hace muy poco, el 18 de enero.
Se baja el nivel de emergencia, de 2 a 1, lo que permitirá la desmovilización de "muchos medios que han cumplido ya con su trabajo". Page agradece la labor de 1.300 efectivos y la ayuda de las CCAA
Sánchez subrayó que desde el Gobierno, desde Protección Civil y desde el resto de instituciones se está proveyendo "todo el apoyo material, humano y psicológico en unas circunstancias absolutamente inimaginables". Además, como Page, alabó la "extraordinaria cooperación y colaboración que ha habido entre instituciones" y agradeció no solo la "solidaridad" de otras comunidades con la región, sino la del propio pueblo castellanomanchego: "Creo que en un momento como este, la profesionalidad de los servidores públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de las diputaciones, de los ayuntamientos, a nivel de consejerías, desde luego es encomiable. Es de una extraordinaria eficacia en situaciones muy dramáticas, de una absoluta empatía y, desde luego, nosotros desde el sistema de Protección Civil. No podemos sino reconocer esa profesionalidad, ese saber hacer y reconocer también en el pueblo de Castilla-La Mancha la extraordinaria empatía y solidaridad que también se ha reflejado con las víctimas de este accidente y con sus familiares".
Pedro Sánchez: "Quería reiterar las condolencias y el compromiso del Gobierno de España con las víctimas, heridos y familiares [...] Estamos trabajando de manera incansable para tratar de dar la mayor información" https://t.co/NHmW24bjdkpic.twitter.com/kHQ5N0SBxf
Las víctimas y sus familiares, recordó, no solo son españoles. Hay hasta 27 nacionalidades de víctimas que pueden haber fallecido en este accidente, y desde el Gobierno, señaló, están comunicando y coordinándose con "todos los consulados de los países" con afectados por la tragedia para que "tengan la información más pronta posible y más detallada posible sobre sus nacionales".
Emiliano García-Page informa sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo): "Los fallecidos siguen siendo 69 [...] Hay 70 denuncias de desaparición, puede haber más denuncias y no descartamos que haya más fallecidos. Cuando hablamos de fallecidos, hablamos de cuerpos completos… https://t.co/scHWwHzkVepic.twitter.com/tAfuielsJz
Page, por su parte, agradeció el "inmenso trabajo" de los más de 1.300 efectivos "de unos y otros servicios", con la colaboración de todas las CCAA, porque "absolutamente todas se han ofrecido a Castilla-La Mancha". "Es bueno que la ciudadanía sepa que en momentos de dolor, hay muchísima solidaridad", recalcó.
El mercado mayorista de la electricidad, cuya operativa se encuentra bajo la supervisión del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), ha registrado este viernes un precio medio de 244,69 €/MWh. Esta cifra representa un incremento del 5,92% respecto al valor alcanzado en la jornada anterior.
Por su parte, los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) afrontan un precio medio de la electricidad de 239,05 €/MWh. Esta cifra ya refleja la actualización aplicada a la tarifa regulada, aunque podría experimentar incrementos adicionales en los próximos días una vez se incorporen los peajes de acceso y otros cargos regulados.
Qué ocurre cuando la factura de la luz se calcula con una lectura estimada
Cuando una compañía eléctrica no dispone de una lectura real del contador para un periodo de facturación, puede emitir el recibo utilizando una estimación del consumo. Este cálculo se realiza a partir de los datos históricos de la vivienda y de los patrones de consumo registrados anteriormente. Aunque los contadores inteligentes permiten enviar las lecturas de forma telemática, pueden producirse incidencias que impidan recibir los datos reales a tiempo.
La principal consecuencia es que el importe de la factura puede no coincidir con la electricidad que se ha consumido realmente. Si la estimación es superior al consumo efectivo, el cliente puede acabar pagando de más en ese recibo. Si ocurre lo contrario, la cantidad pendiente se regularizará posteriormente cuando la distribuidora disponga de una lectura real. En ese momento, se ajustará la diferencia entre el consumo estimado y el registrado, que podrá reflejarse como un importe adicional o como una devolución en una factura posterior.
Para comprobar si el recibo se ha calculado correctamente, conviene revisar si aparece indicado que la lectura es estimada o real y comparar los datos con los del contador. Si el importe parece incorrecto, el consumidor puede contactar con su comercializadora para solicitar una revisión y aportar una lectura actualizada. Es importante recordar que la comercializadora emite la factura, pero la lectura del contador y la distribución de la electricidad corresponden a la empresa distribuidora de la zona.
Cuándo es más barato y más caro el precio de la luz
Hora más barata: Una de las franjas con menor precio es entre las 14:00 y las 15:00, aproximadamente 140,17 €/MWh para PVPC.
Hora más cara: La franja más elevada del día se encuentra entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 382,47 €/MWh para la tarifación PVPC.
Lo primero, lo único verdaderamente irreparable, son los muertos: 115 en lo que va de año en la red ferroviaria española, cinco veces más que la media de la década anterior, y el cómputo de Urda sigue abierto. 45 en Adamuz en enero; 69 este miércoles entre Mora y Urda, sobre la misma línea Madrid-Sevilla. Una red que hasta hace poco presumía de ser vanguardia mundial. Tras el luto insoportable y el dolor de las familias, España debe mirarse al espejo y afrontar la magnitud del desastre que se cierne sobre nuestro futuro: el Gobierno ha quebrado la seguridad de los ciudadanos y ha dinamitado, en nueve meses, treinta años de prestigio de la ingeniería española en el mundo.
La degradación no ocurrió de la noche a la mañana; nos fueron cociendo a fuego lento. Todo empezó el día en que suprimieron el histórico compromiso de puntualidad, aquel que devolvía el importe íntegro del billete si el AVE se retrasaba apenas cinco minutos. Parecía un detalle comercial; era una declaración de intenciones: la renuncia oficial a la excelencia. Después nos acostumbraron a retrasos cada vez mayores, a trenes parados sin luz ni aire acondicionado en mitad de la nada, a un caos diario normalizado desde el poder. Más tarde llegaron las vibraciones anómalas que los pasajeros grababan con inquietud y que los maquinistas denunciaron por escrito miles de veces, topándose con el muro de un Ministerio entregado a la propaganda. La curva del deterioro estaba trazada y ha terminado en Urda: un centro de control que autoriza a un AVE a reanudar la marcha en aviso rojo, 25 kilómetros de viaje con un tren detenido más adelante, 69 muertos. El ministro de Transportes lo califica de «inexplicable». No lo es: es el final lógico de esa curva.
La primera consecuencia es interna y devastadora: el miedo. ¿Quién se va a montar tranquilo en un AVE a partir de ahora?
La primera consecuencia es interna y devastadora: el miedo. ¿Quién se va a montar tranquilo en un AVE a partir de ahora? Cuando el ciudadano sabe que los sistemas automáticos de frenado y bloqueo fallan por falta de mantenimiento y que las advertencias de los profesionales se ignoran sistemáticamente, subir a un tren a trescientos kilómetros por hora deja de ser un viaje para convertirse en un acto de fe. Han roto la confianza básica entre el ciudadano y las infraestructuras críticas del Estado.
La segunda consecuencia es geopolítica y económica, y nos empobrecerá durante décadas. Durante treinta años, el talento de los ingenieros españoles obró un milagro tecnológico admirado en los cinco continentes: nuestras empresas construyeron el AVE a La Meca y lideraron licitaciones en Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica. Hoy toda esa reputación la ha tirado a la basura una deplorable gestión política.
El mercado global de las infraestructuras no perdona la negligencia, y la comparación es de manual. El Shinkansen japonés lleva desde 1964 sin un solo pasajero muerto por colisión o descarrilamiento. La alta velocidad francesa no acumula nada comparable en servicio comercial. Y la china, que sí tuvo su tragedia —Wenzhou, 2011: 40 muertos por un fallo de señalización tras un rayo—, hizo lo que hace un Estado serio: sancionó a 54 responsables, recortó la velocidad de toda la red y no ha vuelto a registrar un accidente mortal.
No solo han matado el prestigio del AVE; han destruido la credibilidad de una nación entera, y tarde o temprano tendrán que responder por ello ante los tribunales
España ha reproducido en 2026 el mecanismo exacto de Wenzhou, quince años después, y la respuesta oficial es un ministro que declara que el sistema «sigue siendo fiable». ¿Adónde van a acudir mañana los países que quieran construir sus líneas de alta velocidad? A Tokio, a París o a Pekín. Ningún gobierno extranjero va a comprar tecnología ni gestión ferroviaria a un país que acumula 115 muertos en un año en su red principal. La Marca España acaba de quedar expulsada del mayor mercado de obra civil del siglo XXI.
Y frente a esta ruina humana, moral y económica, Pedro Sánchez sale a declarar con un cinismo insoportable que «dos accidentes de AVE en un año no son asumibles», hablando como si fuera un comentarista ajeno a la tragedia y no el máximo responsable del Ejecutivo tras ocho años en el poder. Si no son asumibles, ¿por qué nadie los asume? Porque acto seguido, Óscar Puente vuelve a comparecer para anunciar que, otra vez, no piensa dimitir.
Esa soberbia blindada en el sillón demuestra que ya no bastan las responsabilidades políticas, porque quienes nos gobiernan carecen del más mínimo sentido del honor institucional. Estamos ante responsabilidades penales de libro: imprudencia grave con resultado de muerte. No solo han matado el prestigio del AVE; han destruido la credibilidad de una nación entera, y tarde o temprano tendrán que responder por ello ante los tribunales.
Óscar Puente no caerá. No dimitirá ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cesará. No está en los planes de ninguno de los dos que pueda abandonar el Ejecutivo. Es lo que repiten en la Moncloa y en Ferraz, también fuentes cercanas al propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. "Apoyo total", no hay "ningún motivo" para que deje su cargo, para que asuma responsabilidades políticas, insisten, no puede echarse a la espalda una culpa cuando el accidente de Urda (Toledo), el que se ha llevado por delante la vida de al menos 69 personas, es achacable a un "error humano". Puente y Sánchez, por tanto, aguantarán la presión creciente, no solo de la derecha, sino incluso de los socios de izquierdas o del propio sindicato CCOO, que piden su cabeza. La consigna es resistir. Al menos, por ahora, porque "no hay decisión política detrás de un error humano y por tanto no puede haber responsabilidad política". Ni por la catástrofe de Urda ni por la ocurrida nueve meses atrás, en Adamuz (Córdoba), en la que fallecieron 46 personas.
Este jueves, Puente participó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, junto a su compañero de Interior, Fernando Grande-Marlaska —las cámaras captaron un cálido abrazo entre ambos—. Encuentro que dirigieron Sánchez y el jefe de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Fueron los dos presidentes los que atendieron a los medios. Sánchez incidió es que se esclarecerá "hasta el último detalle" de lo sucedido y se reforzará la seguridad ferroviaria para poder restaurar la credibilidad en el sistema. Después, el presidente y el titular de Transportes visitaron el centro de control H24 de Adif, en Atocha. Allí no hubo declaraciones. Las últimas suyas fueron las del miércoles, casi seis horas después del impacto mortal entre el AVE 2080 de Renfe y el Iryo 6076 en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Entonces, a la pregunta de si se planteaba renunciar, respondió que en ese momento no estaba "pensando" en él mismo, sino en atender la emergencia.
El ministro comparece este viernes en rueda de prensa desde el ministerio y el martes se enfrentará a la Diputación Permanente del Congreso, después de que se lo pidieran ERC, Podemos y Sumar
Puente volverá a enfrentarse a los medios este viernes desde la sede de su ministerio, en una previsible larga rueda de prensa, y el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17 horas, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso, a petición propia pero también después de que lo solicitaran ERC, Podemos y Sumar. No se prevé su salida del cargo ni antes ni después de su paso por la Cámara baja.
"No dimite. Segurísimo. Tampoco después de que acuda a la Diputación Permanente. Aguantará el chaparrón hasta el final. No está sobre la mesa su dimisión", indican desde su entorno, en el que subrayan que no se rendirá ante la "presión ultra" del exterior, pese a que quien le pide cuentas son grupos como ERC, Podemos y Frente Amplio, y pese a que quien ha exigido su "inmediato cese" es el sector ferroviario de CCOO por "culpabilizar" a los trabajadores del centro de control de Adif en Atocha, "poniendo en la picota al eslabón más débil de la cadena, cuando aún no se ha terminado la investigación". El ministro había calificado de "inexplicable" que un operario diera la orden "errónea" al AVE de reanudar la marcha, y a velocidad "normal" —en el entorno de los 200 km/h—, cuando se cayó el sistema de señalización LZB, contraviniendo los protocolos de circulación. Estos prescriben que cuando colapsa el sistema de protección LZB y se detienen de manera automática los trenes, debe retomarse el viaje con "marcha a la vista", a un máximo de 40 km/h, precisamente para evitar choques.
Apoyo total al ministro. Es un buen gestor y un buen político. No hay ningún motivo para que dimita. Piden su dimisión los que quieren hacer un uso político del accidente", aseguran en la Moncloa
Fuentes próximas a Puente señalan que "nadie" le ha pedido su dimisión. Desde luego, no la única persona que puede hacerlo, el presidente, insisten. Una versión que casa con la que ofrece la propia Moncloa: "Apoyo total al ministro. Es un buen gestor y un buen político. No hay ningún motivo para que dimita. Piden su dimisión los que quieren hacer un uso político del accidente". En el Ejecutivo valoran además su capacidad de "dar la cara" y no esconderse.
El cierre de filas con el titular de Transportes en las últimas horas es más que evidente. Pero en los momentos siguientes al siniestro el partido y una parte del Ejecutivo respiraba de otra forma. Sobre todo después de unas palabras muy significativas de Sánchez: "Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido". Varios cargos del PSOE y del Gabinete interpretaron que el presidente dejaba la puerta a una eventual salida de Puente, y en todo caso dudaban de que este pudiera continuar en su puesto. "No iba por ahí", aseguran con rotundidad desde Ferraz, donde rehúsan aclarar a qué aludía entonces, con el argumento de que ya se irán avanzando "los siguientes pasos que dé el Gobierno". El líder socialista prometió actuar con "contundencia" y tomar "las medidas oportunas" para "reconstruir esa confianza" en el sistema español de alta velocidad, considerado hasta ahora joya de la corona y marca España, y para "garantizar aún más la seguridad de nuestros conciudadanos que utilicen este servicio".
Cuándo hay responsabilidad política
"Es que no hay motivo para que Puente dimita. No hay decisión política detrás del error y por tanto no puede haber responsabilidad política", esgrimen de manera coincidente en la dirección federal del partido. En Ferraz, igual que en la Moncloa, se agarran al hecho de que no se pueden exigir responsabilidades al ministro cuando, como se escucha en los audios filtrados, quien dio la orden "errónea" de reanudar la circulación a "marcha normal", sin limitación de velocidad, y no a "marcha a la vista", fue el controlador que asumió el mando una vez caído el sistema de frenado LZB.
No hay responsabilidad directa ni indirecta del ministro, no hay decisión política que propicie el accidente. Las responsabilidades políticas se asumen cuando hay una decisión política que deriva en el problema", esgrimen en Ferraz
"A un operario de estampación le pilla una máquina y le mutila un brazo porque su encargado se salta los protocolos y reanuda la máquina... ¿y tiene que dimitir el CEO de la empresa? O pongamos otro ejemplo: una enfermera que negligentemente administra un tratamiento a un paciente que no le corresponde y muere, ¿tiene que dimitir el consejero de Sanidad? —defienden desde la cúpula federal—. Es que en el caso de este siniestro, no hay responsabilidad directa ni indirecta del ministro, no hay decisión política que propicie el accidente. Las responsabilidades políticas se asumen cuando hay una decisión política que deriva en el problema, y no es así".
En el cuartel general socialista y en el corazón del Gobierno otorgan pleno respaldo a la versión ofrecida por Puente: hubo un fallo del sistema LZB, sí, pero automáticamente se pararon los trenes —los seis que, en principio, había en ese tramo de 63 kilómetros—, pero fue en el centro de control de Adif en Atocha donde "se incumple el protocolo y la normativa". "Los fallos del sistema pueden pasar y por eso se bloquea para que no circulen los trenes y preservar la seguridad", justifican.
En el cuartel general recalcan que fue un operario el que por error "incumple el protocolo y la normativa", al autorizar al AVE la marcha sin límite de velocidad pese a que tenía el Iryo delante
Pero no está claro por qué colapsó el sistema LZB, más allá de un error de comunicación de tres ordenadores de la red, según dijo Puente. O por qué no se había procedido ya a la sustitución del LZB, que funcionaba desde la entrada en funcionamiento de la línea, en 1992, por el más moderno e interoperable ERTMS, el estándar europeo que se licitó para el corredor Madrid-Andalucía en 2021 y que debería haberse implantado en los siguientes 52 meses (o sea, como tarde, a primeros de 2026), y que sin embargo no estaba listo. Tampoco se sabe de qué información exacta disponían en pantalla los operarios de Adif en Atocha, o si funcionaron el sistema ASFA —que detiene un tren en marcha si rebasa un semáforo en rojo sin permiso del centro de control— o el bloqueo de señalización lateral (BSL) —que entra en acción cuando cae el LZB y que busca garantizar la separación entre convoyes—. No se sabe por qué permaneció detenido el Iryo. Los sindicatos, además, denuncian sobrecarga de trabajo y falta de inversión en la red, también plantillas raquíticas que no se han redimensionado tras la liberalización del servicio.
La recomendación desatendida de la CIAF
En 2024, la ya extinta Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aconsejó adoptar medidas técnicas para que la verificación humana no fuera la última capa de seguridad en los casos en los que esta sustituye al sistema automaticado, como ocurrió en Urda al colapsar el LZB. Ese informe de la CIAF aludía a un incidente que se produjo el 25 de junio de 2024 cuando el AVE 05903 que circulaba con el sistema ERTMS-1 rebasó indebidamente una señal que le obligaba a detenerse en la estación de Cuenca-Fernando Zóbel.
Hay muchas preguntas por responder y consejos de la CIAF por aplicar, como los que expuso tras un incidente parecido en Cuenca (pero sin muertos) en 2024: pedía implantar "medidas mitigadoras de carácter técnico" porque el humano puede fallar
En aquella ocasión, no ocurrió nada, no hubo muertos ni heridos. Pero lo que ocurrió es que tras la caída del sistema y el freno del convoy, ni el maquinista ni el responsable de circulación identificaron la señal de rebase indebido. El control ordenó que reanudara la marcha. La CIAF se dio cuenta de que cuando falla la automatización, la seguridad descansa en una autorización humana y, si no hay una capa extra de protección automática, entonces puede haber una colisión por error, que fue lo que sucedió en Urda. La comisión puso de manifiesto la necesidad de implantar medidas "mitigadoras de carácter técnico", dado que la autorización humana es "susceptible de fallar".
Accidente de tren en Toledo | Pedro Sánchez: "Todo el Estado está volcado en un triple vertiente. En primer lugar, de respuesta a la emergencia [...] En segundo lugar, el conocimiento y esclarecimiento de las causas y, finalmente, el resarcimiento, al menos desde el punto de… pic.twitter.com/lyzmTsntjI
En la dirección responden que "ni el sistema ferroviario ni el de seguridad es de Puente, y aquí el problema es que un señor ha incumplido el protocolo". "Ni el ERTMS ni el LZB tienen fallos cero. Siempre puede haber fallos, de ahí el protocolo que entra en acción después y que no se respetó", aducen. Puente también había puesto el acento en los 17 minutos que transcurrieron entre la orden de reanudar la marcha, 8.36, hasta la embestida del Iryo, 8.53, en los que nadie reparó que el AVE se estaba aproximando a una velocidad que rondaba los 200 km/h a un convoy detenido. 17 minutos en los que nadie rectificó la directriz dada.
En el núcleo duro de Sánchez creen que hay que aguantar la presión incluso frente a los socios, que son más exigentes con el Gobierno, aducen, por "el momento electoral", por la cercanía del 29-N
La Moncloa y Ferraz consideran que hay que aguantar la presión de estos días. También la que ejercen los socios, que son más exigentes con el Gobierno, indican en el aparato del partido, "por el momento electoral", por la cercanía de los comicios del 29-N.
"Nos van a caer palos y palos"
Pero la presión también viene de dentro. De dentro del propio PSOE. En la ejecutiva hay dirigentes que no entienden que Puente no se marche, que creen que la losa de 115 muertes —la suma de los fallecidos en Adamuz y los por ahora contabilizados en Urda— es demoledora, que anticipan que el partido no podrá remontar cara a las generales con un ministro tan señalado todavía en pie. "Es que como poco hasta la huelga general del 11 de noviembre nos van a caer palos y palos, y el 12 por la noche empieza la campaña. Los gritos de dimisión o cese están también entre los nuestros. Hemos pasado de una precampaña que iba muy bien, muy positiva, alegre y liderando a una situación en la que se nos ve hundidos", constata un barón provincial y parlamentario en esta última legislatura.
En Ferraz no están de acuerdo. No creen que sea una buena señal sacrificar a Puente, porque se interpretaría, a menos de un mes de las urnas, como una enmienda a la totalidad de la gestión ferroviaria. "Todo en esta vida no se puede medir en claves electorales. No ha hecho nada Puente en esto", justifican. Y él está dispuesto a resistir, cosa que no hizo Montse Mínguez, la portavoz de la ejecutiva que decidió dimitir de todos sus cargos y abandonar las listas del 29-N con la polémica por las propiedades inmobiliarias que tenía su pareja. "Ella no quiso aguantar la presión, y es respetable", explican.
Los gritos de dimisión o cese están también entre los nuestros. Hemos pasado de una precampaña que iba bien, positiva y liderando a ahora, cuando se nos ve hundidos", apunta un barón provincial
Tampoco creen en la dirección que el caso del ministro sea siquiera comparable al del president Carlos Mazón, que tuvo que dimitir un año después por la catastrófica gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron más de 230 personas. "¿Cómo va a ser comparable un tío que estaba de comilona en El Ventorro con un error de un trabajador? Es de locos", se indignan.
Entre los cargos socialistas se apunta a que Puente tiene más difícil salida por su actitud, por el gatillo fácil con el que maneja su cuenta de X, desde la que en muchas ocasiones insulta a rivales (y miembros de su partido). En la dirección defienden, sin embargo, que "es el mismo tuitero que hizo una maravillosa gestión en la dana", cuando logró reconectar la zona cero de las riadas y reparar las infraestructuras dañadas en poco tiempo.
"Nadie duda de que hubo un error humano —señala un dirigente con hilo con la Moncloa—. Lo que sucede es que la gente también se pone en el lugar del pobre operario, y que nadie resiste políticamente dos accidentes de esta magnitud en un mismo año. Óscar lo sabe, y se le pudo leer en el rostro en la rueda de prensa. La cuestión es que nadie sabe cómo gestionar políticamente un impacto de este calibre a un mes de unas elecciones. Nadie sabe qué es mejor: sacrificar ya, más adelante, aguantar… No hay precedentes". Este dirigente, que conoce bien el circuito monclovita, no da nada por hecho, de modo que, como otros dirigentes consultados, no descarta que la renuncia de Puente pueda llegar más adelante: "Hay que reorientar toda la campaña y la dimisión se decidirá en función de lo que finalmente se estime menos lesivo en términos políticos. Ahora lo que toca es aguantar, pero la última palabra la tiene el presidente".
Hay dirigentes que creen que la dimisión podría llegar más tarde, porque ahora mismo no conviene ya que podría hacer más daño a la marcha de la campaña. La última palabra la tiene el presidente
Otros responsables insisten en que la situación de Puente es "insostenible", creen que Sánchez se hace daño a sí mismo y al PSOE si no le cesa, que la campaña no aguanta "ni un segundo" con el ministro en su puesto. Por ahora, sin embargo, la decisión no parece reversible. "Claro que no va a dimitir ni se lo va a pedir Pedro", resuelve una dirigente que ha formado parte de equipos pasados de Sánchez, "Óscar es su niño bonito". Un peso pesado de su núcleo de confianza, del que no quiere ni puede prescindir.
She reaffirmed her commitment to judicial reform and pledged to hold elections under a revamped electoral authority.
In a national address delivered on Thursday, Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez presented an overview of the political, economic, cultural, spiritual and democratic transformation initiatives carried out throughout the year.
During her address, she underscored the Venezuelan government’s independence in directing public policies and making strategic decisions.
“The decisions behind this transformation are made here, signed here and announced here, before you. Sovereignty is not negotiable,” Rodriguez said, emphasizing that Venezuela’s political horizon is measured by a sequence of objectives to be achieved, while maintaining international relations based on mutual respect.
Nearly 10 months after the U.S. military attack, Rodriguez referred to the “two perspectives” shaping Venezuela: that of those who view the changes as an excessive opening and that of those who believe the changes are happening too slowly. The Venezuelan acting president then stressed that her administration operates and positions itself at the point where these two perspectives intersect.
“Governance takes place between these two tensions, and we have chosen a path that will lead us steadily to a successful outcome,” she said, urging citizens to assess the government’s performance more objectively and dispassionately.
“I am not asking you to have faith. I am asking you to judge me by the facts. Less fighting, more solutions,” Rodriguez said, setting out the standard by which she wants her administration to be evaluated: “An announcement is not worth what it promises. It is worth what is delivered.”
Her statements come as U.S. President Donald Trump envisions Venezuela becoming the 51st state of his country, while Secretary of State Marco Rubio seeks to set the pace of Venezuela’s political process. In response to those ambitions, Acting President Rodriguez outlined her main priorities.
1. All Decisions Are Made in Venezuela
In keeping with the defense of national sovereignty, Rodriguez described the transformation proposed under the “Venezuela Reborn” plan as a “democratic, orderly, institutional and verifiable transformation.”
This translates into three aspirations that matter in every Venezuelan household: “that your child can return, that the power does not go out, and that your salary is enough to make ends meet. That is what rebirth means,” she said.
“Return will always be voluntary, dignified and guaranteed,” Rodriguez promised Venezuelans living abroad. She assured them that anyone who decides to return will find “a country that welcomes them with respect, their documents in order and employment opportunities.”
2. A Justice System Open to Witnesses
Regarding criminal justice reform, Rodriguez invited “independent organizations to verify each of these steps in complete freedom and transparency.”
She recalled that the reform is currently advancing through a nationwide consultation intended to hear everyone’s views, with technical assistance from the European Union and cooperation from the U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights. Its purpose is to build “a fairer, more humane, transparent and impartial justice system.”
To date, nearly 9,000 people have benefited from the Amnesty Law, which ended criminal proceedings “stemming from the confrontation in which we were immersed,” Rodriguez said, emphasizing that more than 1,000 people have already regained their freedom.
In September, Rodriguez had acknowledged that the Law Against Hate “had been applied abusively.” Accordingly, the reform to that law introduced by the National Assembly seeks to eliminate criminal penalties and strengthen its educational purpose.
Once enacted, the reform will require the justice system to review the cases of individuals prosecuted under the law. This is in addition to instructions to security forces that no one may be detained without a court order, except when caught in the act of committing a crime, and a reminder that peaceful protest is a constitutional right that requires respect for the physical integrity of public officials.
“The responsible exercise of politics is guaranteed for everyone. The doors are open,” the Venezuelan acting president said.
3. Elections with the World as a Witness
“This is not a dialogue for the sake of appearances. These are difficult issues, and they cannot be resolved in a single day,” Rodriguez said, referring to one of the issues on the agenda of the dialogue table established under the Democratic Coexistence and Peace Program.
In October, the Venezuelan government and representatives of the 2015 National Assembly held a third round of talks in Caracas.
The agenda focuses on “upcoming electoral processes, reform of the Supreme Tribunal of Justice and the recovery of resources for post-earthquake socioeconomic assistance,” Rodriguez said, highlighting that the dialogue table had demanded that the United Kingdom return the seized Venezuelan gold.
In response to those calling for early elections, an urgency encouraged by the far right, Rodriguez recalled that “Venezuela’s political horizon is not measured by a date on the calendar, but by a sequence of objectives we must achieve.” At the end of that sequence are the ballot boxes.
“There will be elections, all those required by our Constitution, organized by a renewed electoral authority and with the world as a witness,” the Venezuelan acting president pledged.
She stressed that the process aims to establish an electoral authority “accepted by everyone,” guarantee internal democracy within political parties and leave behind the “times of confrontation that nobody wants anymore.”
Addressing those who hold different views, she said: “This transformation also belongs to you. I am not asking you to change your opinion. I am asking you to judge by the facts and come to the table, with equal rules for everyone.”
4. Contracts, Wages and Reconstruction
“You have the right to make demands, and I am listening,” Rodriguez said, emphasizing that dialogue on economic issues is already producing concrete results.
Thanks to the new regulations that have been approved, the Venezuelan government has managed to sign 61 contracts in the hydrocarbons sector, while another 44 contracts are under negotiation.
Authorities are also making progress in talks on mining and in assessing “nonessential assets held by the state that could be offered to the private sector or returned to their former owners.”
Workers’ wages are being discussed at a negotiating table that brings together trade union federations, business chambers and government authorities. For 2027, “increases in workers’ income across the country at four different points during the year” are planned. These increases “may in no case be lower than the economic growth recorded in the preceding quarter.”
To families who are still rebuilding their homes after the earthquake, Rodriguez promised that reconstruction efforts would not stop and that every month she would show them what had been done, where and when.
5. Legality as a Method
“When I said at the United Nations that legality was the way forward, it was not just a phrase. It was a method,” the Venezuelan acting president said during her national address.
She recalled that her administration continues to restore access to news websites “that had been subject to administrative measures as a result of the confrontation we experienced.” Restrictions imposed during the years of confrontation are now being reversed under the same legal framework that Rodriguez has made her governing method.
She urged Venezuelan journalists to act responsibly and respect citizens’ rights, while asking the foreign press not to stigmatize “the image of our country, nor its people and national identity.”
Finally, in response to those who fear that the transformations will entail too many concessions to traditional economic power groups, Rodriguez assured them that “nothing that has been built will be lost. What works will be protected, and what is wrong will be corrected.”
She urged young people to believe again, because these reforms are intended to ensure that “when it is their turn to decide the country’s direction, they will find institutions, not rubble.”
El mandatario cubano calificó el respaldo como un acto de soberanía frente a las coacciones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos durante la votación.
Spain’s prime minister, Pedro Sánchez, has admitted “trust in high-speed rail has been broken” after Wednesday’s train collision that killed at least 69 people, injured more than 100 and prompted a national debate on the safety of the country’s rail network.
Sánchez said Spain was “working tirelessly” to provide information as quickly as possible to the families of the victims – who include people from at least 23 different foreign countries – adding his government was committed to finding what had caused the country’s second deadly train collision this year.
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