El conjunto de joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero alcanza un valor de 1.023.320 euros. Así lo recoge el informe pericial elaborado por YANES al que ha tenido acceso El Independiente, que analiza las características gemológicas y de fabricación de las piezas y apunta a un probable origen asiático. Los expertos concluyen, además, que las joyas no se habrían fabricado antes de 2007, a partir de la composición del metal, aunque advierten de que no es posible establecer una fecha exacta ni determinar el país de procedencia.

La tasación supera el millón de euros y se distribuye en cuatro lotes. El primero, compuesto por esmeraldas y diamantes, está valorado en 373.100 euros; el segundo, con gemas rojas y diamantes, en 203.000 euros, y el tercero, con zafiros y diamantes, en 362.400 euros. El cuarto lote, integrado por piezas de joyería menor, suma otros 84.820 euros. La cifra corresponde al valor de reposición actual calculado por los peritos, no necesariamente al importe que se pagó por las joyas. El documento tampoco establece quién las adquirió ni cuál fue su procedencia económica.

El níquel, clave en la investigación

Uno de los elementos que los expertos utilizan para acotar la antigüedad de las piezas es la composición de la aleación metálica. El análisis detecta un bajo contenido en níquel, circunstancia que lleva a los peritos a situar su fabricación después de la entrada en vigor de la normativa europea REACH, en 2007. El informe no permite, sin embargo, concretar el año. Los especialistas señalan que el estilo clásico y atemporal de las joyas impide adscribirlas a una época determinada.

El estudio encuentra también similitudes técnicas entre los tres primeros lotes. Las piezas comparten características en el metal, la aleación, los engastes, el estilo y los acabados. A juicio de los expertos, estos elementos permiten plantear que pudieron ser elaboradas por un mismo orfebre y en un mismo periodo. El análisis técnico les lleva a considerar que se trata de piezas de fabricación comercial y que su origen asiático es “muy probable”, sin que puedan atribuirlas de forma concluyente a un país concreto.

El diseño del punzón

El informe identifica, además, una marca común en las joyas examinadas. El punzón “18K”, acompañado de una letra “T” de diseño particular dentro de un rectángulo con los extremos redondeados. Los peritos consideran que esa señal podría servir para localizar al fabricante mediante una investigación internacional exhaustiva.

Entre los países compatibles con las características observadas, el documento menciona Tailandia, India y China, además de otros territorios de Asia central y Turquía. Se trata de posibles procedencias, no de una identificación definitiva del lugar en el que se elaboraron las piezas.

La valoración gemológica introduce también matices sobre las piedras. Los peritos describen el conjunto como homogéneo y de calidad comercial. Las esmeraldas son naturales, aunque han recibido tratamientos para mejorar su aspecto, y los zafiros también son naturales y han sido sometidos a tratamiento térmico. En el lote de gemas rojas, el análisis detecta corindón natural con relleno de vidrio de plomo, por lo que los expertos consideran que esas piedras no pueden calificarse como rubíes.

Los especialistas destacan asimismo que las piezas carecen de firma de un joyero o de una marca reconocida de alta joyería. Tampoco se han aportado certificados de calidad e identidad ni los estuches originales. El informe ofrece una tasación y una caracterización técnica de las joyas, pero no permite determinar su comprador, el precio abonado ni el origen de los fondos con los que pudieron adquirirse.

El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López Gutiérrez, ha lanzado este miércoles desde Ceuta una defensa cerrada de la independencia de los mandos y de las unidades de investigación de la Policía Nacional frente a lo que ha definido como “intolerables presiones políticas” y un “hostigamiento sistemático” en los últimos meses. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar y a quién no", ha explicado, "lo redacta con la verdad, con unos hechos y con la ley en la mano", ha sentenciado. Y ha rematado: “Estaremos siempre por encima de cualquier injerencia”.

La intervención de López Gutiérrez se ha producido después de la Junta Nacional del SPP, sindicato de mandos de la Policía Nacional, celebrada en Ceuta, donde los responsables del sindicato han abordado la situación de la Policía Nacional y los principales retos de seguridad a los que se enfrenta España, con especial atención a la ciudad autónoma. El acto ha estado marcado por el grave accidente ocurrido en Toledo en la mañana el miércoles, por el que se ha guardado un minuto de silencio.

Presión de las unidades policiales

El mensaje del presidente del sindicato de mandos ha ido mucho más allá de una reivindicación laboral. Daniel López ha situado en el centro de su intervención la presión que, a juicio de los responsables, están sufriendo las unidades policiales cuando sus investigaciones afectan a asuntos políticamente sensibles. Y ha citado expresamente los informes de la UDEF y la UCRIF que han provocado controversia durante las últimas semanas.

“Si la verdad incomoda a alguien, el problema no es del policía o de la unidad que lo redacta”, ha señalado. El presidente del SPP ha defendido que los agentes no trabajan pensando en las consecuencias políticas de sus conclusiones y ha reivindicado la “neutralidad y la independencia” de la Policía Nacional. “Los mandos y los agentes de esta institución no sirven a ningún partido ni a ningún interés particular; servimos únicamente al imperio de la ley, de la Constitución y del pueblo español”, ha afirmado.

Marlaska y el CENIF

Las palabras llegan después de varios episodios en los que informes policiales han quedado en el centro de la disputa política. Uno de los más recientes ha sido precisamente el de Ceuta. El SPP ya salió públicamente en defensa del CENIF cuando el informe elaborado por esta unidad sobre la crisis migratoria fue puesto en cuestión y el ministro del Interior reclamó explicaciones a la cadena de mando. El sindicato acusó entonces de intentar buscar responsabilidades en el ámbito policial y defendió el “rigor técnico” y la independencia de las unidades de inteligencia e investigación.

La controversia se produjo después de que el informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional señalara la actuación de agentes de la Gendarmería marroquí en la entrada masiva de finales de julio. Paralelamente, la documentación posteriormente publicada por el Gobierno ha permitido reconstruir que distintas unidades habían elaborado informes y comunicaciones antes de la crisis, entre ellos documentos del CENIF de los días 23, 28 y 29 de julio.

Zapatero y la UDEF

El otro gran frente al que se refieren las palabras de López Gutiérrez es el de la UDEF. Los informes de la unidad en la investigación sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra han tenido un enorme impacto político y judicial. La Policía ha situado en sus informes elementos económicos y societarios que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a autorizar nuevas pesquisas sobre cuentas del expresidente, sus hijas, su secretaria y sociedades vinculadas a la investigación.

Precisamente la defensa de Zapatero ha cuestionado ante el juez la actuación de la UDEF y ha pedido límites a sus pesquisas, al considerar que algunas de sus conclusiones podían responder a una tesis “elucubrativa” y acercarse a una investigación prospectiva. Es en este contexto de informes policiales que afectan directamente a asuntos políticos donde el presidente del SPP ha querido reivindicar que las unidades deben poder investigar y redactar sus conclusiones sin atender a quién puedan incomodar.

“Frente a la presión política y el hostigamiento que buscan doblegarnos, quiero dejar claro la neutralidad y la independencia de la Policía Nacional”, ha proclamado.

La Junta Nacional, en Ceuta

La elección de Ceuta como escenario de la Junta Nacional ha permitido además al sindicato conectar esta reivindicación con la situación que viven los policías destinados en la frontera. López Gutiérrez ha presentado la ciudad como “la frontera del sur de Europa” y ha denunciado una “paradoja insostenible”: mientras desde Madrid o Bruselas se trata de trasladar un discurso de normalidad y control, los mandos policiales se enfrentan sobre el terreno a una realidad marcada, ha dicho, por la “insuficiencia estructural” de recursos, la “indefinición jurídica” y, sobre todo, la improvisación.

El presidente del SPP ha recordado la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio para reivindicar el papel desempeñado por los mandos policiales durante aquellas jornadas. Miles de personas entrando al mismo tiempo, el perímetro desbordado, los servicios de la ciudad al límite y agentes triplicando turnos fueron, según su relato, el escenario en el que los responsables policiales tuvieron que tomar decisiones “bajo una presión extrema”.

Sin plantilla y sin coches

La denuncia no se limita a la falta de efectivos. El sindicato ha señalado plantillas por debajo del catálogo, vehículos que “no deberían seguir circulando”, material antidisturbios insuficiente, instalaciones deficientes y dietas que considera insuficientes. Y ha reclamado al Ministerio del Interior y al Gobierno un plan integral para Ceuta, un refuerzo permanente de las plantillas y, sobre todo, seguridad jurídica para los policías.

“Si la frontera de Ceuta es estratégica para España y para la Unión Europea, la dotación, el respaldo legal y la protección jurídica a la labor policial deben estar a esa misma altura estratégica. Y hoy por hoy no lo están”, ha afirmado.

El discurso ha incorporado además una advertencia de futuro. López Gutiérrez ha alertado de los riesgos derivados de la polarización política y ha situado los próximos procesos electorales como un posible escenario de tensión. Tras referirse a disturbios y episodios de violencia registrados en otros países europeos como Francia o Italia, ha advertido de que “España no es inmune” a esa dinámica.

Cuestionar el resultado electoral

El presidente del SPP ha planteado incluso que, ante un eventual cambio de tendencia política, determinados sectores radicales podrían intentar cuestionar el resultado electoral en la calle y provocar movilizaciones que degenerasen en disturbios. “No vamos a esperar a que esto ocurra”, ha asegurado. La Policía, ha añadido, debe prepararse para anticipar esas situaciones y garantizar que el derecho de manifestación no termine convirtiéndose en inseguridad.

Por eso, el sindicato reclama un Gobierno que respalde a los policías cuando actúen conforme a la ley. “España necesitará un gobierno fuerte y sin complejos”, ha defendido Daniel, que ha pedido que los agentes no sean abandonados durante las crisis para después enfrentarse a expedientes o procedimientos judiciales.

El ahora exinspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages ha declarado este lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio vio desde la frontera cómo agentes marroquíes dirigían a personas hacia territorio español. Según ha explicado ante la magistrada, había una cola muy larga de personas en el lado marroquí, a la vista de la Gendarmería, y observó a individuos que las iban conduciendo hacia la zona del espigón, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente.

Fages, responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta durante aquellos hechos, relató que recibió sobre las 10.00-10.30 horas una llamada alertando de una entrada masiva por la playa del Tarajal. Cuando llegó a la zona se encontró con un "río humano" que avanzaba hacia España y consideró que la puerta de servicio situada en el paso del Tarajal debía cerrarse para intentar contener la avalancha.

Sin embargo, la Guardia Civil se opuso a esa decisión. Según explicó Fages ante Tardón, el mando del Instituto Armado le advirtió de que, si se producía un tapón, las personas podían terminar lanzándose al agua y que, en caso de fallecimientos, la responsabilidad recaería sobre la Guardia Civil. La puerta llegó a cerrarse durante unos minutos, pero posteriormente volvió a abrirse.

El Tarajal

El entonces responsable policial aseguró que incluso manifestó que él asumía la responsabilidad de cerrar la puerta, pero que la Guardia Civil mantuvo su negativa. Ante la imposibilidad de contener el flujo por ese punto, la Policía intentó redirigir la entrada masiva hacia el polígono del Tarajal.

La situación provocó un enfrentamiento entre ambos cuerpos en la propia frontera. Fages confirmó ante la jueza las imágenes en las que se observa el rifirrafe entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y explicó que la Policía trataba de detener el flujo mientras la Guardia Civil defendía mantener abierta la puerta por el riesgo que, a su juicio, suponía cerrarla.

El problema, además, era la falta de efectivos. Fages ha declarado que llegó a encontrarse con apenas 20 o 25 policías para afrontar la entrada masiva, a los que posteriormente se sumaron 12 agentes de la UIP. Ante una entrada masiva que ha considerado descontrolada, los agentes tuvieron que concentrarse en intentar canalizar a las personas que entraban y finalmente priorizar la seguridad de la ciudad.

No hubo alerta previa

El inspector jefe ha explicado asimismo que la Policía Nacional no había recibido una alerta previa que permitiera preparar un dispositivo extraordinario. Existía un protocolo específico para afrontar entradas masivas, vigente desde 2021, que contempla la petición de apoyo de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, según su declaración, aquel procedimiento no llegó a activarse: "Nunca llegó la orden", afirmó ante la magistrada. El propio Fages aseguró que no sabía quién debía haber ordenado su activación.

Su testimonio incorpora además un elemento sobre lo que estaba sucediendo en el lado marroquí antes y durante la entrada. Según relató, había una cola muy larga de personas esperando para cruzar, perfectamente visible desde la frontera y a la vista de la Gendarmería marroquí. Fages aseguró que vio a personas "dirigiendo" desde Marruecos y que algunas vestían uniformes de color gris y caqui. El inspector jefe no pudo precisar, sin embargo, qué cuerpo concreto integraban todos los individuos que observó.

El teniente coronel de la Guardia Civil

El relato del mando policial se suma al prestado ante Tardón por el teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de las operaciones de la Comandancia de Ceuta. Su versión sobre la actuación en la frontera difiere de la de la Policía. El mando de la Guardia Civil sostuvo que todas las decisiones operativas fueron suyas y que no recibió instrucciones del delegado del Gobierno ni de otros superiores durante la entrada masiva.

El teniente coronel defendió precisamente la decisión de mantener abierta la puerta del Tarajal. Según su declaración, cerrarla podía provocar un tapón y aumentar el riesgo de aplastamientos o de que quienes se encontraban en la zona se lanzaran al agua. Aseguró que entre quienes intentaban entrar había familias con bebés y personas mayores, mientras que numerosos jóvenes ya estaban nadando.

Seis embarcaciones marroquíes el día antes

El mando de la Guardia Civil también ha explicado que la noche anterior había seis embarcaciones marroquíes en la zona: dos patrulleras, dos interceptoras y dos embarcaciones pequeñas. Y afirmó que durante la entrada observó a militares marroquíes dirigiendo a las personas hacia el espigón. También señaló que algunas de las embarcaciones pequeñas recogían a personas en el agua y las dejaban posteriormente en la playa.

Según su declaración, la situación ya había comenzado a complicarse durante los días anteriores, con un aumento de la llegada de nadadores, pero aseguró que no recibió un aviso de que fuera a producirse una entrada masiva. El día 30, explicó, a primera hora ya habían llegado unas 300 personas y posteriormente se produjo una salida masiva de varios cientos de nadadores. Las declaraciones de ambos responsables policiales permiten a Tardón reconstruir ahora no solo cómo se desarrolló la avalancha, sino también las distintas decisiones adoptadas por los cuerpos desplegados en la frontera.

La desclasificación por parte del Gobierno de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha abierto un debate que va más allá de la propia crisis del 30 de julio. Cargos vinculados al funcionamiento del servicio de inteligencia han explicado a El Independiente que consideran peligroso que documentación elaborada bajo la premisa de que permanecería reservada pueda ser desclasificada para dirimir una controversia política y alertan de que esta práctica "sienta un precedente".

La preocupación, explican estas fuentes, no se refiere únicamente a los documentos concretos relacionados con Ceuta, sino al criterio que pueda consolidarse para futuras desclasificaciones. La documentación de inteligencia puede contener información sobre fuentes, métodos de obtención, sistemas de vigilancia, valoraciones de riesgo o información recibida de otros servicios, de manera que levantar su reserva no es equivalente a hacer público un expediente administrativo ordinario.

El debate dentro del propio Ministerio de Defensa nace a raíz de cómo se generó la controversia que llevó a dicha desclasificación. Después de la entrada masiva en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no había recibido un aviso del CNI que anticipara una operación de las dimensiones que finalmente se produjo. La afirmación provocó un enfrentamiento político con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió que los servicios de inteligencia sí habían advertido previamente de la situación.

Cuando Sánchez desclasificó los papeles

Fue en ese contexto cuando Pedro Sánchez anunció en el Congreso que se desclasificarían los informes y avisos manejados por el Gobierno antes y durante la crisis. El Consejo de Ministros acordó posteriormente la desclasificación parcial de documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Entre los documentos desclasificados había tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas por el servicio de inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil. El propio Gobierno admitió que no toda la documentación podía hacerse pública porque parte de ella afectaba a información especialmente protegida o incorporaba elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La documentación que ha ido aflorando desde entonces ha complicado precisamente la versión inicial de que no existió aviso. No se trata de que los servicios de inteligencia hubieran predicho con exactitud que decenas de miles de personas entrarían en Ceuta, sino de que existía información previa sobre el incremento de la presión migratoria, la organización de convocatorias en Marruecos y el riesgo de una entrada por la frontera.

Uno de los elementos más relevantes fue la información que el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio, la víspera de la entrada masiva, y que adelantó El Independiente en exclusiva. El servicio alertó de la existencia de grupos en redes sociales con decenas de miles de integrantes que estaban organizando una entrada desde Marruecos y trasladó el riesgo a su interlocutor en la Delegación. Posteriormente se conoció incluso la existencia de 19 mensajes intercambiados ese día entre un oficial del CNI y el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno que no habían formado parte de la primera desclasificación.

La Audiencia Nacional investiga la documentación

La propia investigación de la Audiencia Nacional está contribuyendo a reconstruir una cadena de avisos mucho más amplia. La jueza María Tardón ha solicitado documentación a prácticamente todos los organismos que participaron en la gestión de la frontera y de la crisis y ha puesto el foco en qué información existía antes del 30 de julio, cómo circuló entre los distintos organismos, quién la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

En su última batería de diligencias, la magistrada ha pedido al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto. También ha reclamado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) los informes elaborados por su grupo de seguimiento de Marruecos, ha ampliado la petición de imágenes satelitales sobre la frontera y ha solicitado específicamente la información correspondiente a la interceptación sobre la frontera de Ceuta del denominado 'Programa Santiago'.

La jueza explica que esta documentación resulta "particularmente relevante" para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de la información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados durante la investigación. Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a la primera desclasificación promovida por el Gobierno.

Diferencias entre la AN y el Gobierno

Una cosa es que el Ejecutivo decida levantar la reserva de documentación de inteligencia para responder a una controversia política y defender su actuación ante las críticas por la gestión de la crisis. Otra es que un órgano judicial, dentro de una investigación, reclame documentación reservada porque considera que puede ser necesaria para determinar qué ocurrió y depurar responsabilidades.

En el caso de Tardón, además, la petición judicial no se limita al CNI. La magistrada está reclamando información al Estado Mayor de la Defensa, al CIFAS, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma. También ha pedido grabaciones de cámaras, drones y sistemas de control fronterizo, así como documentación sobre las reuniones celebradas antes de la entrada masiva. Todo ello responde a la intención de reconstruir la secuencia de acontecimientos y comprobar qué sabían las autoridades antes de que miles de personas atravesaran la frontera.

El problema es que parte de esa documentación puede encontrarse precisamente dentro del ámbito de la información clasificada. La petición de una jueza no equivale por sí misma a una desclasificación. Si un documento está formalmente protegido por la legislación sobre secretos oficiales, será necesario seguir el procedimiento correspondiente para que pueda incorporarse a la causa.

La reserva pierde parte de su función

La diferencia es importante para quienes dentro de los servicios de inteligencia cuestionan el precedente de la decisión del Ejecutivo. No plantean que un juez deba quedar privado de la información que necesita para investigar unos hechos. Su preocupación se centra en que la clasificación de documentos pueda levantarse en función de las necesidades coyunturales de una controversia política.

"El problema es el precedente", resumen estas fuentes. Si informes de inteligencia pueden dejar de estar protegidos porque un Gobierno necesita acreditar que actuó correctamente frente a una determinada crisis, sostienen, la reserva pierde parte de su función como garantía estable del trabajo de los servicios de inteligencia.

La Audiencia Nacional investiga ahora a dónde conducen los mapas de antiguos zulos de ETA que llevaban dos integrantes de Jardun Koordinadora detenidos hace unas semanas. Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez fueron arrestados después de que la Ertzaintza les diese el alto en un control en Eskoriatza (Gipuzkoa) y posteriormente ingresaron en prisión provisional sin fianza por orden del magistrado Antonio Piña. Entre la documentación intervenida había "planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA", según consta en los autos judiciales.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a El Independiente que la Audiencia Nacional está comprobando ahora si las localizaciones que figuran en esos documentos se corresponden realmente con antiguos escondites de la banda. Con esto, los investigadores no se limitan a contrastar si los detenidos tenían mapas de esos antiguos zulos. Trata también de determinar si son ciertos y, por lo tanto, si podría existir alguna relación entre personas conocedoras de estos escondites y la organización Jardun.

Uno de los documentos encontrados en el coche presenta además una coincidencia especialmente relevante. Cuando los agentes preguntaron a Malen Grunig por el lugar del que procedían, la detenida explicó que habían estado en una zona de monte de la Sierra de Urbasa, en Navarra. El propio auto señala que esa zona "coincidía con uno de los planos" encontrados en la mochila de Aratz Bilbao.

Detenidos tras un control en Gipuzkoa

Los hechos se remontan al 26 de septiembre. A las 04.03 horas, agentes de la Ertzaintza dieron el alto a un Toyota Yaris en la carretera GI-627, a su paso por Eskoriatza, durante un control de alcohol y drogas. Al introducir los datos de los ocupantes en los sistemas policiales, los agentes comprobaron que sobre Grunig constaba un señalamiento de Italia para un control discreto por razones de seguridad nacional y que sobre Bilbao pesaba otro señalamiento de Francia por motivos de seguridad nacional.

En la mochila que llevaba Bilbao los agentes localizaron documentación y dispositivos relacionados con Jardun, además de información sobre un posible zulo, datos sobre personas pertenecientes a otros cuerpos policiales y numerosas anotaciones manuscritas de matrículas. Parte de la documentación estaba almacenada en dispositivos encriptados. Además, tenían listas de guardias civiles que están en activo actualmente.

Fue en el propio vehículo donde aparecieron los planos de antiguos zulos de ETA. El auto precisa que se trataba de "planos de situación" de escondites que habían pertenecido a la organización terrorista. La coincidencia con Urbasa es uno de los elementos que han llevado a los investigadores a analizar con mayor detalle esas localizaciones.

La investigación tira del hilo de los mapas

A partir de ahí, una de las cuestiones que debe esclarecer la investigación es si las referencias que aparecen en los documentos se corresponden con antiguos zulos de ETA y, en su caso, qué información concreta conservaban los detenidos sobre ellos y cómo habían llegado a ella.

Los autos no establecen que todas las localizaciones recogidas en los planos hayan sido verificadas como antiguos escondites. Lo que recoge la resolución judicial es la existencia de esa documentación y, en el caso de Urbasa, la coincidencia entre una de las zonas que los detenidos dijeron haber visitado y uno de los planos intervenidos.

La comprobación de esas referencias permitirá determinar si los mapas eran documentación histórica sin más o si contenían información sobre lugares concretos que los investigados conocían y manejaban.

El hallazgo se produce además en una investigación en la que los agentes encontraron otras medidas de seguridad. Grunig, por ejemplo, no llevaba teléfono móvil para evitar que pudieran localizarlos, según recoge el auto. En el vehículo se encontraron también dos teléfonos satelitales que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura móvil ni conexión a internet.

¿Qué es Jardun?

Bilbao y Grunig forman parte, según los autos, de Jardun Koordinadora, integrada por Jarki y Aske. El juez sitúa a Jarki dentro de los grupos surgidos después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada en 2011 y recoge que esta organización llevaba constituida desde aproximadamente mediados de 2013, aunque las autoridades tuvieron conocimiento de su existencia en 2015.

La resolución describe a Bilbao como una figura central de Jardun y le atribuye labores de captación de militantes, elaboración de manuales de seguridad, directrices organizativas, ponencias políticas, gestión de finanzas y organización de actos. En el caso de Grunig, el magistrado señala que era una militante activa de Jardun y que había sido identificada en varios actos violentos protagonizados por la organización.

Ese contexto es el que rodea la documentación intervenida. Entre ella había también dispositivos cifrados que, una vez abiertos, permitieron localizar fotografías de entrenamiento para la comisión de actos violentos, banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional.

El juez Antonio Piña acordó el ingreso en prisión provisional de Bilbao y Grunig sin posibilidad de eludir la medida mediante fianza. La decisión se adopta en una fase todavía inicial de las pesquisas, en la que el magistrado aprecia riesgos para la conservación de las fuentes de prueba. Además, fuentes de la investigación han explicado que probablemente se continúe indagando en la organización Jardun y sobre para qué querían esos datos o cómo pensaban usarlos.

Julio Martínez Martínez, amigo y socio empresarial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero explicó ante el juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, cómo utilizaba los contactos del expresidente en Venezuela para gestionar asuntos de sus "clientes", según consta en su declaración, a la que ha tenido acceso El Independiente. Durante el interrogatorio, Martínez Martínez reconoció que su acceso a las autoridades del país se apoyaba en su relación con el expresidente y situó a Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta venezolana, como su principal interlocutora en el país. Entre los encargos que describió figuran la gestión de permisos para vuelos, la búsqueda de mejores precios de combustible con la petrolera estatal PDVSA y los trámites vinculados a una concesión minera.

Julio Martínez conoció a Zapatero en 2011, cuando compró una vivienda al expresidente en Almería. A finales de 2019, ambos quedaron vinculados a la consultora Análisis Relevante, ahora también investigada por Calama, de la que Martínez era socio mayoritario, ya que el expresidente Zapatero figuraba como consultor principal. La relación entre ambos fue también, según el propio Martínez, la clave para abrirle puertas en Venezuela.

"Yo en Venezuela tengo ese acceso a todo por el señor Zapatero", declaró al explicar cómo podía realizar gestiones en el país. Y fue aún más explícito al referirse al peso que atribuía al expresidente: "Sin el señor Zapatero no podría hacer nada en Venezuela". Martínez sostuvo que ese acceso no significaba que Zapatero tuviera que intervenir personalmente en cada operación, pero sí que su relación con él le permitía desenvolverse en el entorno de las autoridades venezolanas.

Delcy como contacto en Venezuela

Fue a través de esa conexión, según explicó, como conoció a Delcy Rodríguez. El empresario resumió que el origen de su contacto fue "a través del presidente Zapatero" En ese momento, según confirmó, Delcy Rodríguez terminó convirtiéndose en la persona a la que acudía habitualmente para trasladar los asuntos que necesitaba resolver. "Mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta", afirmó durante el interrogatorio.

Martínez describió un procedimiento concreto en el que planteaba la cuestión a Delcy Rodríguez y, a partir de ahí, ella le dirigía al ministro o al responsable público que correspondiera. Cuando el instructor le preguntó si primero contactaba con la vicepresidenta y después trataba con el departamento competente, respondió: "Sí, siempre". Esa interlocución, según su relato, abarcaba asuntos de naturaleza muy distinta, desde operaciones aéreas hasta proyectos empresariales.

Uno de ellos estaba relacionado con el suministro de combustible. Martínez explicó que Plus Ultra arrastraba una dificultad con PDVSA por el precio que se le aplicaba al combustible y que él intervino para intentar resolverla, siempre con la ayuda de la actual presidenta de Venezuela. El socio de Zapatero también relató el caso de los vuelos chárter a la isla venezolana de Margarita vinculados a un operador polaco. Martínez Martínez explicó que el precio del combustible hacía inviable la operación, por lo que se encargó de buscar una tarifa de "cliente internacional".

Al detallar esas gestiones, Martínez volvió a situar a Delcy como su contacto inicial. A partir de ella, explicó, podía intervenir el responsable correspondiente. En función del asunto, explicó, se hablaba al Ministerio de Transportes o a PDVSA entre otros. Su declaración vincula así la interlocución política con gestiones empresariales concretas, aunque no implica que la vicepresidenta fijara personalmente los precios ni que decidiera cada trámite.

Los hermanos Amaro Chacón

La actividad que describió no se limitaba al sector aéreo. Martínez también explicó que trabajó para los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón en relación con una importante concesión minera en Venezuela. Como ellos no podían desplazarse al país en aquel momento, asumió, según sus palabras, "toda interlocución con la parte pública".

En ese proyecto tuvo que tratar con el Ministerio de Minas y con la Corporación Venezolana de Minería (CBM). Martínez habló de numerosos trámites administrativos, permisos y gestiones ante los responsables públicos. Durante la relación, señaló, cambiaron varios ministros y presidentes de la corporación, por lo que fue necesario retomar determinadas gestiones con los nuevos responsables. También en este caso situó a la actual presidenta de Venezuela como la persona a la que acudía para abrir la interlocución con la Administración.

Otro ejemplo que aportó fue el de Turboven, una compañía vinculada a la producción de electricidad en Venezuela. Martínez explicó que le encargaron gestionar la situación de una planta que había sido ocupada por las autoridades venezolanas y tratar de que se reconociera como una expropiación. Al preguntarle ante quién había realizado esas gestiones, contestó: "Yo hago esa gestión, como siempre, ante la vicepresidenta". También relató una reunión en Caracas con ella y el propietario de la empresa.

Peticiones de inversores

Durante el interrogatorio, Martínez explicó asimismo que muchas de las anotaciones de su agenda correspondían a peticiones de inversores que trasladaba a sus contactos en Venezuela. Citó a interesados de distintas nacionalidades y puso como ejemplo una empresa canadiense interesada en una gran concesión minera. Según declaró, su papel consistía en hacer llegar esas solicitudes y ayudar a encauzarlas ante las autoridades competentes.

La declaración dibuja así el papel que Martínez atribuía a sus contactos. Siendo Zapatero, según su versión, la vía que le permitió acceder al entorno de las autoridades venezolanas; Delcy se convirtió en su interlocutora habitual, y desde ella canalizaba gestiones que afectaban a clientes y proyectos empresariales. No todos los asuntos eran iguales ni dependían del mismo organismo, pero el empresario describió el mismo esquema para llegar a los responsables públicos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a requerir al PSOE que entregue documentación sobre los despachos de abogados y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025, según consta en una providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso El Independiente, en la causa que investiga un posible delito de tráfico de influencias. El magistrado se ha dirigido al servicio jurídico del PSOE y ha recordado que el requerimiento ya se acordó el pasado 6 de octubre.

En concreto, Pedraz reclama una relación completa de los letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría contratados por el PSOE en cualquiera de sus órganos centrales o territoriales durante ese periodo. Además, pide copia de los expedientes o documentación que permita comprobar para qué servicios se les contrató -incluidas las notas de encargo o contratos y la autorización correspondiente-, así como la documentación aportada para justificar que esos servicios, efectivamente se prestaron.

El juez hace constar que ha transcurrido el tiempo desde que realizó el primer requerimiento al servicio jurídico del PSOE sin que hasta la fecha haya recibido la documentación solicitada. Pedraz establece, no obstante, que la entrega deberá hacerse respetando el secreto profesional de los abogados y el derecho del partido a no aportar aquella información que considere que puede incriminarle, en los términos previstos en el Estatuto General de la Abogacía.

Esta diligencia judicial se enmarca en la instrucción del 'caso Leire Díez', donde el magistrado investiga una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Según las investigaciones, esta red habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa señala que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes -también imputada-, habría sido la encargada de falsear dos notas de encargo profesional bajo las directrices de Cerdán y con la intermediación de Díez.

Una de estas notas de encargo correspondería al despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exletrado del exasesor ministerial Koldo García, y la otra a Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán, figurando ambos letrados como investigados en el procedimiento. Asimismo, entre las principales líneas de investigación de Pedraz figura esclarecer si el PSOE utilizó sociedades mercantiles ligadas a Oliver y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para canalizar pagos a Leire Díez como contraprestación por sus servicios en la trama.

Noticia en ampliación...

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) describe en uno de sus análisis estratégicos una "estructura logística organizada" para facilitar la llegada de migrantes marroquíes a Ceuta, con una red de "facilitadores", alquileres temporales de viviendas en varias localidades del norte de Marruecos y el uso de motos de agua y pesqueros para trasladarlos desde las costas de Castillejos hasta la zona del Sarchal, en la ciudad autónoma.

La información aparece en el informe que el CNI ha remitido a la jueza María Tardón, instructora de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio y al que ha tenido acceso El Independiente. El documento, elaborado a requerimiento de la magistrada, repasa la información de inteligencia recopilada durante los meses anteriores y sitúa esta infraestructura dentro de los análisis que el servicio de inteligencia venía realizando sobre la presión migratoria hacia Ceuta.

El CNI afirma expresamente que sus informes recogían que los migrantes, "particularmente los de nacionalidad marroquí", operaban con una "estructura logística establecida". Según detalla, esta incluía una "red de facilitadores con alquileres estacionales en Castillejos, Mdiq, Martil y Tetuán", además del "uso de motos de agua y pesqueros para el traslado desde las costas de Castillejos a la zona del Sarchal en Ceuta".

Una red de apoyo

Se trata de uno de los elementos más novedosos del informe entregado ahora por el CNI a la Justicia, ya que aporta una descripción de cómo, según la inteligencia española, se articulaban los movimientos de los migrantes antes de alcanzar la ciudad autónoma. El documento no se limita a hablar de personas que intentaban cruzar individualmente a nado, sino que identifica una red de apoyo y medios materiales destinados a facilitar los desplazamientos desde el norte de Marruecos.

La referencia a los "alquileres estacionales" adquiere importancia por la concentración de población que se produce en Castillejos y otras localidades próximas a Ceuta durante los meses de verano. El propio CNI explica que sus análisis consideraban la presión migratoria procedente de Marruecos como un fenómeno estructural y que la zona colindante con Ceuta experimentaba una especial presión. En el caso de la ciudad autónoma, la vía marítima se había convertido en la principal forma de acceso irregular de los migrantes marroquíes, con casi 13.000 intentos de entrada a nado registrados durante 2025.

El informe sitúa esta estructura logística dentro de un escenario que los servicios de inteligencia españoles venían siguiendo desde comienzos de año. El CNI explica que sus análisis estratégicos recogían de forma periódica la elevada y constante presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y las convocatorias de asalto difundidas a través de redes sociales, especialmente coincidiendo con festividades religiosas o locales.

El CNI habló con el CENIF

En julio, la atención del servicio de inteligencia se centró además en el posible efecto que una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo podía tener sobre los intentos de entrada a nado. El 28 de julio, el CNI de Ceuta contactó con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para valorar conjuntamente el incremento de las entradas a nado y de ese intercambio salió el informe de riesgo difundido el día 29.

Ese episodio forma parte de los avisos previos a la entrada masiva que ya han sido documentados. El nuevo informe, sin embargo, permite añadir que la inteligencia española no solo estaba siguiendo el aumento de personas que pretendían alcanzar Ceuta, sino que describía una estructura de facilitación que, según el CNI, incluía alojamientos temporales y medios marítimos.

El documento detalla además cómo evolucionó la situación en las horas previas al 30 de julio. Según el CNI, las autoridades marroquíes tenían conocimiento del incremento de la afluencia de migrantes hacia la zona próxima a Ceuta. El 29 de julio aumentó de forma muy notable el número de personas interceptadas por las fuerzas de seguridad marroquíes y durante la noche se detectó un número creciente de ciudadanos que se dirigían hacia la ciudad autónoma. A primera hora del día 30 comenzaron las travesías a nado.

El CNI sostiene que durante esa jornada numerosos grupos de migrantes se aproximaron al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas y que incluso se produjeron atascos en la carretera A-7 entre Tetuán y Castillejos por la llegada de personas en vehículos y a pie. Según su reconstrucción, los controles establecidos por la Gendarmería Real fueron insuficientes y la entrada masiva se produjo alrededor de las 11.00 horas.

Las figura de "Ahmed"

Ahora, la investigación judicial todavía trata de reconstruir qué ocurrió en las horas previas y cómo se organizó la llegada de miles de personas a la frontera. De hecho, el último auto dictado por Tardón, pone el foco precisamente en la información disponible antes de los acontecimientos. La magistrada ha ordenado identificar y llamar como testigo a una persona conocida como "Ahmed", residente en Benzú, después de que el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz Ruiz, declarara que habría proporcionado información previa sobre "movimientos inusuales en Castillejos" y concentraciones de personas en territorio marroquí. Sanz lo describió, además, como un interlocutor "constante y fiable" de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

La magistrada ha pedido también a la Guardia Civil y a la Policía que identifiquen a los agentes que hubieran mantenido interlocución con "Ahmed" para que puedan declarar como testigos. Al mismo tiempo, ha reclamado documentación de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio y grabaciones procedentes de cámaras, drones, sistemas de control fronterizo y otros medios audiovisuales. También ha solicitado los informes de inteligencia y seguridad elaborados entre el 15 de julio y el 7 de agosto y los informes generados por el grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

En su último informe aportado a la jueza María Tardón en la causa en la que se investiga la entrada masiva el pasado 30 y 31 de julio en Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha aportado una nueva cronología sobre la actitud de las autoridades marroquíes durante el comienzo de la crisis. Aunque en los días anteriores al 30 de julio –cuando 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en territorio español– Rabat mantenía "una cierta proactividad en la interceptación de nadadores", durante las horas críticas "se observó un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad". Esta actitud, según recoge el informe, al que ha tenido acceso El Independiente, "llevó al desbordamiento de su dispositivo".

Para el CNI, el motivo principal del "insuficiente despliegue" de las autoridades marroquíes ese día fue la Fiesta del Trono, que Mohamed VI celebraba a pocos kilómetros de la frontera española. Según detalla el informe, desde Rabat "decidieron dar prioridad" al dispositivo de seguridad para los festejos por el 27 aniversario de la llegada del monarca al trono marroquí. Y es que el 30 de julio Mohamed VI se encontraba en su palacio de M'diq (Rincón), situado a menos de treinta kilómetros de Ceuta.

"Esto produjo que la llegada de inmigrantes de forma descontrolada al entorno de Ceuta se pudiera hacer sin la oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes", concluye el CNI. De hecho, el propio servicio de inteligencia admite que Marruecos comenzó a "aplicar medidas más contundentes" cuando ya se había producido "el
pico de entradas por tierra y mar" a la ciudad autónoma. Solo cuando ya habían entrado 80.000 personas al territorio español las autoridades alauís empezaron a realizar detenciones, traslados al interior y usar medios disuasorios.

Marruecos priorizó su seguridad pese al aviso desde España

Esta información llega mes y medio después de que el Gobierno desclasificase el contenido de cuarenta informes con los que se pretendía justificar su actuación durante el comienzo de la crisis. Uno de estos documentos era una comunicación entre el CNI y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), los servicios de inteligencia interior y exterior de Marruecos.

Según se desprende de ese documento, a las 18:26 horas del 29 de julio, el servicio secreto español se puso en contacto con su contraparte marroquí para avisarle de que al día siguiente había convocado un intento de entrada a la ciudad española. "POSIBLES INTENTOS DE ENTRADA A CEUTA DURANTE LA SEMANA DE LA FIESTA DEL TRONO", avisaban los agentes españoles. Sin embargo, y según se desprende de las nuevas conclusiones del CNI, Rabat decidió ignorar el aviso y priorizó el dispositivo de seguridad durante la Fiesta del Trono.

Rabat ignoró a Madrid

De hecho, el mismo informe que se publicó la semana pasada recoge que esta festividad es una fecha "recurrente y de referencia" en las convocatorias para cruzar ilegalmente promovidas en las redes sociales de Marruecos "al ser habitual que las fuerzas de seguridad marroquíes se centren en el control de las diferentes celebraciones". A pesar de esto, y de que la inteligencia española detectó grupos con miles de participantes, las autoridades de Rabar ignoraron la advertencia de Madrid.

Este último documento también apunta en esta dirección. "Las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta, y habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento", asegura el CNI. Por ello, es chocante que, en la práctica, mostraran una implicación "muy irregular" en la prevención y control de la crisis, en las propias palabras de los servicios de inteligencia.

Los agentes marroquíes controlaron los alrededores de Castillejos

El nuevo documento revela a su vez que las fuerzas marroquíes retuvieron preventivamente a grupos de subsaharianos en los montes de Castillejos "para bloquear su avance" desde la tarde del 30 de julio. En estos montes se suelen establecer los inmigrantes subsaharianos que llegan hasta territorio marroquí con la intención de llegar hasta España. Desde allí, esperan su oportunidad para poder cruzar hacia Ceuta.

Según la cronología del CNI, "tras considerar que la situación de entrada masiva en Ceuta estaba completamente controlada", al día siguiente –el 1 de agosto– las autoridades marroquíes crearon "células de crisis". Estos operativos estaban destinados a asegurar que la convocatoria de un nuevo intento de cruce a Ceuta no tuviese éxito, tal y como sucedió el 15 de agosto. Aunque la inteligencia española no lo menciona, las imágenes tomadas ese día mostraban, en su mayoría, a inmigrantes subsaharianos, no marroquíes. Durante aquella jornada, los periodistas de RTVE y Efe que cubrían el dispositivo de seguridad desplegado por Rabat fueron expulsados de esta zona.

La intención de Marruecos de "controlar el relato"

El informe señala además que "se han observado las iniciativas de las autoridades marroquíes en diferentes ámbitos con objeto de tratar de evitar condenas o llamadas de atención por parte de organismos internacionales como la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 17.09.20266". Esta resolución salió adelante sin los votos de la izquierda parlamentaria.

Además, los agentes señalan que "la gestión de esta crisis por parte de las autoridades marroquíes tiene como finalidad prioritaria controlar el mensaje sobre la situación social en el norte del país y mantener la imagen de aliado comprometido y fiable con la Unión Europea y España en relación con los flujos migratorios", sentencian.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó abrir una información reservada para investigar si la filtración de los WhatsApp de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos publicados por El Mundo procedía de la Unidad Central Operativa (UCO) mientras los agentes seguían revisando los dispositivos de la Operación Delorme para comprobar si contenían los mensajes difundidos por el periódico. La cronología figura en la documentación incorporada a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz, que ha pedido nuevas explicaciones sobre aquellas comprobaciones y sobre la información que manejaba la cadena de mando.

El 11 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara nuevas conversaciones entre el presidente del Gobierno y su entonces ministro de Transportes, el DAO llamó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) y se reunió con él en la Dirección General de la Guardia Civil. Según declaró este mando ante la UCO, el DAO le comunicó que tenía intención de abrir una información reservada a raíz de las noticias sobre la investigación de Ábalos y Koldo García y le preguntó si tenía algún inconveniente en asumir la instrucción.

Una "posible filtración" de la UCO

La reunión se celebró entre las 11.30 y las 12.00 horas. La orden formal llegó al instructor el 13 de mayo, en un sobre cerrado, según su declaración. El objetivo era esclarecer una posible filtración por parte de la UCO relacionada con las investigaciones que desarrollaba y con las informaciones publicadas en prensa.

Sin embargo, ese mismo 11 de mayo, un mensaje de WhatsApp de López Malo a Llamas reflejaba que la UCO estaba revisando los dispositivos del 'caso Koldo' —discos duros, memorias USB, teléfonos y tabletas— "por si apareciera lo publicado en el diario Mundo". En la misma conversación se indicaba que no había nada relativo a los dispositivos a los que se refería Ábalos.

El mensaje no acredita por sí solo que la UCO hubiera abierto una investigación formal para identificar el origen de la filtración, pero sí que estaba buscando en los dispositivos que analizaba para saber si se encontraban los mensajes filtrados a la prensa y si se encontraban entonces poder actuar al respecto. Sin embargo, Manuel Llamas no esperó a que terminasen de evaluar la situación y decidió que, mientras buscaban, el DAO ponía en marcha una investigación interna para determinar si las conversaciones habían salido de la propia Unidad.

Pedraz pide aclarar la secuencia

El juez Santiago Pedraz ha pedido aclarar precisamente esa secuencia. En una providencia reclamó al jefe de la UCO un informe sobre la conversación del 11 de mayo y sobre los dispositivos intervenidos a Koldo García que podían contener información relacionada con la publicación. El magistrado quiere que se explique lo que la defensa de Llamas presenta como una contradicción entre la afirmación de que no había nada en los dispositivos a los que se refería Ábalos y el hecho de que la UCO continuara revisando otros equipos del caso para localizar los mensajes.

La cronología incluye un segundo mensaje que añade relevancia al episodio. El 14 de mayo, a las nueve de la mañana, el jefe de Policía Judicial remitió un WhatsApp al entonces responsable de la UCO en el que le trasladaba: "Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO".

El jefe de Policía Judicial explicó que había comunicado previamente que la UCO no podía haber sido el origen de la filtración por razones cronológicas relacionadas con los archivos de los dispositivos. Según su declaración, el archivo más reciente del equipo del que supuestamente procedían los mensajes databa de octubre de 2021, antes de algunas de las conversaciones difundidas. Preguntado sobre si Llamas conocía esa circunstancia, respondió afirmativamente y aportó el mensaje del 14 de mayo como respaldo.

Pese a ello, la información reservada siguió su tramitación administrativa. El informe de la UCO destaca expresamente que, aunque el DAO conocía —según el testimonio del jefe de Policía Judicial— que la filtración no procedía de la Unidad, no se acordó el archivo de las actuaciones internas.

La difusión de datos personales

La defensa de Llamas sostiene que la apertura de la información reservada respondía a la necesidad de esclarecer la posible difusión de datos personales y que la actuación del DAO estaba justificada por la publicación de las conversaciones. También cuestiona la interpretación de los mensajes relativos a los dispositivos. Esa es la versión de la defensa, que debe contrastarse con los mensajes y las declaraciones incorporados a la causa.

La providencia de Pedraz no da por resuelta la controversia. El juez ha solicitado nuevas explicaciones a la UCO para contrastar la documentación aportada por la defensa con los extremos que constan en los informes y las declaraciones. Entre ellos figura la diferencia entre los dispositivos a los que se refería Ábalos y el conjunto de equipos que estuvo investigando la unidad.

La cronología documental sitúa, por tanto, el inicio de la información reservada el mismo día en que la UCO comunicaba que seguía buscando en sus dispositivos los mensajes publicados por El Mundo, sin dar por parte de DAO margen a que la duda sobre si estos mensajes se encontraban en posesión de la UCO en ese momento se resolviera de forma orgánica.

La documentación aportada por el director adjutno operativo (DAO) de la Guardia Civil al magistrado Santiago Pedraz, recoge, entre otros, la relación de las 58 investigaciones reservadas por infracciones muy graves aplicadas por la cúpula de la Guardia Civil entre junio de 2024 y junio de 2026. La mayoría, según el documento al que ha tenido acceso El Independiente, corresponde a casos de abusos de atribuciones, desobediencia, incompatibilidades, trato vejatorio, abandono de servicios o negativa a someterse a pruebas, pero ninguna de ellas aparece vinculada a filtraciones de información.

La relación forma parte de la documentación aportada por la defensa del DAO, Manuel Llamas, después de su declaración ante Pedraz. El escrito explica que Llamas había señalado ante el magistrado que las informaciones reservadas "no son excepcionales" dentro de la Guardia Civil y que él mismo había abierto seis. El listado que se entrega al juez recoge únicamente aquellas de las que el DAO tiene conocimiento porque terminan vinculadas a infracciones muy graves. Según su declaración, si se sumaran las relativas a infracciones graves, leves o aquellas que finalmente no conllevan responsabilidad, el número podría situarse en torno al millar.

La relación, por tanto, no recoge todas las informaciones reservadas abiertas por la Guardia Civil durante esos dos años, sino el conjunto de 58 que la documentación vincula a infracciones muy graves. Y el contenido de esas investigaciones ofrece una fotografía bastante precisa de para qué se utilizó esta herramienta disciplinaria durante el periodo analizado.

El régimen disciplinario de la Guardia Civil

La conducta que aparece de forma reiterada es el abuso de atribuciones previsto en el artículo 7.7 del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Junto a ella figuran casos relativos a incompatibilidades, discriminación o acoso, trato inhumano, degradante o vejatorio, incumplimiento o abandono de servicios de especial relevancia, grave desobediencia o indisciplina, omisión injustificada de auxilio y negativa injustificada a someterse a pruebas médicas o de alcohol y drogas.

El listado distribuye estos casos entre puestos, compañías, comandancias y otras unidades de la Guardia Civil de distintos puntos de España. Es decir, se trata fundamentalmente de investigaciones sobre la actuación profesional de los agentes y mandos como posibles abusos en el ejercicio de sus funciones, incumplimientos del servicio, conductas incompatibles con el cargo o actuaciones que pudieran causar un perjuicio grave.

La Ley Orgánica 12/2007 establece que la información reservada es una actuación previa al inicio de un procedimiento disciplinario. El artículo 39.5 permite a la autoridad disciplinaria ordenarla para esclarecer los hechos, determinar a sus posibles responsables y decidir si procede o no iniciar un procedimiento sancionador.

No aparece la filtración de información

En esa relación de 58 investigaciones no aparece, sin embargo, la filtración de información como conducta que haya motivado la apertura. No figuran como objeto de esas informaciones la publicación de informes policiales, la difusión de documentación judicial o la revelación de información reservada a medios de comunicación. Es precisamente este dato el que diferencia los casos relacionados con la UCO que el DAO ha tenido que explicar ante Pedraz.

La propia documentación aportada por Llamas incluye, además, tres informaciones reservadas abiertas por él distintas que no tienen como destinataria a la UCO. Una fue dirigida a Asuntos Internos; otra, a una Agregaduría de Interior en el extranjero por una filtración a la prensa; y una tercera afectó a un oficial del Sector de Tráfico por el uso para fines particulares de vehículos oficiales.

La primera de ellas está documentada en un escrito firmado por el propio Llamas el 30 de agosto de 2024. El DAO recibió un escrito procedente de la Agregaduría de Interior en Tánger en el que se comunicaba la filtración a la prensa de una nota informativa elaborada por el agregado y distribuida a varios destinatarios dentro de la Guardia Civil. Llamas ordenó entonces instruir una información reservada para esclarecer los hechos y determinar si procedía iniciar un procedimiento sancionador.

Pero esta investigación no forma parte de las 58 que constituyen la relación de informaciones reservadas por infracciones muy graves aportada al juez. Es decir, la propia documentación distingue entre esa información por una filtración y el listado de las 58 investigaciones que el DAO utiliza para contextualizar la frecuencia y naturaleza de estas actuaciones disciplinarias.

A la UCO sí

El contraste con la UCO es especialmente significativo. La primera información reservada relacionada con la unidad la abrieron el 4 de diciembre de 2024, después de que la prensa publicara direcciones de correo electrónico de personas a las que no se estaba investigadando en la causa de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según la versión aportada por la defensa del DAO, Llamas se encontraba en París el 29 de noviembre de 2024 cuando tuvo conocimiento de la publicación. Pidió explicaciones al general jefe de la Policía Judicial y consideró insuficiente tanto la explicación verbal recibida como la primera nota de despacho que se le remitió. Fue después de esas explicaciones cuando ordenó abrir la información reservada.

La investigación puso posteriormente el foco en el supuesto incumplimiento del "Protocolo de control documental" en la documentación remitida al órgano judicial. Según la explicación ofrecida por el DAO, se habían incluido datos personales de personas ajenas a la investigación bajo la premisa de que no serían puestos en manos de las partes del procedimiento, algo que finalmente ocurrió.

Sánchez y Ábalos

El segundo caso es todavía más claro en cuanto a su relación con una posible filtración. Se trata de la información reservada abierta después de la publicación de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

El 11 de mayo de 2025, El Mundo publicó los mensajes y, al día siguiente, comenzaron las acusaciones públicas que apuntaban a la UCO como posible origen de la filtración. La documentación aportada por el DAO sostiene que la unidad tenía bajo su custodia dispositivos incautados en el 'caso Koldo' y que todavía estaba analizando parte de ese material. Por ello, Llamas defendió que existían elementos suficientes para investigar si los mensajes publicados podían haber salido de alguno de esos dispositivos.

La información reservada se abrió el 12 de mayo de 2025 y posteriormente fue cerrada después de que Ábalos afirmara que había autorizado la difusión de los mensajes. La UCO negó que los WhatsApp hubieran salido de los dispositivos que estaban bajo su custodia. La defensa del DAO insiste, no obstante, en que la investigación estaba justificada porque los mensajes afectaban a datos personales del presidente del Gobierno y porque inicialmente existía una duda sobre su posible origen.

Existe además una tercera información reservada relacionada con la UCO, aunque de naturaleza diferente a las dos anteriores. Según la documentación aportada por el DAO, fue incoada por la directora general de la Guardia Civil y estaba desvinculada de una instrucción judicial concreta. Se sitúa en el contexto de las notas de despacho de abril y mayo de 2025 que alertaban de una supuesta "campaña de descrédito contra la UCO". La defensa de Llamas niega que el DAO ocultara durante ocho días una de esas notas y sostiene que la comunicación fue finalmente despachada el 8 de mayo.

No todo acaba en información reservada

El propio DAO explicó ante el juez que la diferencia entre unas filtraciones y otras estaba precisamente en la naturaleza de la información afectada. Según su versión, cuando una filtración se produce dentro de una investigación penal y no afecta a datos de terceras personas ajenas al procedimiento, corresponde al magistrado instructor decidir si debe investigarse y no necesariamente se abre una información reservada desde la Guardia Civil. En cambio, defendió la apertura de las investigaciones relacionadas con la UCO cuando estaban comprometidos datos personales de terceros.

La documentación aportada al juez muestra, además, que no todas las filtraciones de informes de la UCO provocaron una actuación disciplinaria de la Dirección General. En el caso de Begoña Gómez, el juez Peinado abrió una pieza separada para investigar la filtración de un informe de la unidad. En la causa de David Sánchez, en cambio, la magistrada Biedma no abrió una investigación judicial y tampoco se inició una información reservada desde la Dirección General de la Guardia Civil.

El propio listado de 58 casos aporta otro elemento relevante para el debate sobre la actuación del DAO. Según la documentación, sólo en 2025 se abrieron cuatro expedientes disciplinarios por infracciones muy graves contra agentes de la UCO que no estuvieron precedidos de una información reservada porque, según explicó Llamas, los hechos estaban claros. La Guardia Civil, por tanto, no recurrió siempre a esta vía cuando se trató de posibles infracciones muy graves cometidas por miembros de la unidad.

La relación aportada a Pedraz permite así establecer una diferencia entre la utilización ordinaria de las informaciones reservadas por infracciones muy graves y los casos que han provocado la controversia en torno a la UCO.