Era el proyecto de defensa del siglo. Al menos hasta el momento. Uno en el que participaba España. El caza de sexta generación FCAS (Future Combat Air System) de 100.000 millones de euros no encontró solución después de que Francia y Alemania tirasen lo suficiente de la cuerda como para romperla. Tras ello, Francia decidió ir por vía libre y Alemania y España siguieron un camino aparte. Entre la baraja de opciones para construir el caza de sexta generación resaltaba el GCAP británico o unirse a Suecia, mediante la gigante Saab.

Y ahora, Alemania está centrándose en la opción de construir el caza de sexta generación con Suecia, pero sin dejar de lado a España como socio principal en el proyecto del FCAS. Una evaluación del Ministerio de Defensa alemán señala que España, Alemania y Suecia cuentan con requisitos militares estrechamente alineados y posiciones de partida comparables, según ha informado Politico. Así, los funcionarios de defensa alemanes aconsejaron a Berlín de que buscara una nueva colaboración con Suecia y España, en vez de unirse al GCAP liderado por Reino Unido, Japón e Italia. Aunque esta recomendación no inclina de forma definitiva la decisión de Alemania.

Esto es porque, según consideran, la alianza germano-sueca-española es más ventajosa y prometedora que el Global Combat Air Programme (GCAP) que entrará en servicio en 2035. Este proyecto inició en 2022, cinco años después de la primera propuesta del FCAS, y ha mostrado avances, a diferencia del sepultado programa europeo tripartito. El GCAP está formado por tres gigantes de la defensa. BAE Systems, por parte de Reino Unido; Leonardo, de Italia; y Mitsubishi Industries, por parte de Japón.

Por otro lado, un portavoz de Airbus, representando a la parte alemana del proyecto, afirmó que el grupo estaba "abierta a la cooperación", siempre y cuando la industria alemana y española obtuvieran un "papel sustancial e igualitario" en el desarrollo, la producción y la operación. Y en este punto no parecen chocar, pues fue Francia, mediante Dassault, la que terminó por dinamitar un proyecto en el que cada país quería tener más papel del que le correspondía en un primer lugar. De hecho, el papel de Indra y España se vio difuminada en el trío de países y, a pesar de tener la misma propiedad del proyecto (33%), su rol ha sido menor que el de Francia y Alemania.

Esto es porque hasta el momento el papel de España en el proyecto del caza se situó casi desde la posición de un mero observador. José Vicente de los Mozos, antiguo CEO de Indra, aseguró en marzo, en medio del conflicto entre Airbus-Alemania y Dassault-Francia, ante una pregunta realizada por este medio que el papel de España sería "en función de los requerimiento de cada país y de la plataforma". Es decir, España se mantiene al margen de las disputas, en tierra de nadie, esperando a la resolución de sus socios europeos.

Además, la información del diario estadounidense llega a la vez que una entrevista en el medio alemán Handelsblatt del CEO de Airbus Espacio y Defensa, Michael Schöllhorn. El ejecutivo afirmó que Alemania no construirá el caza de sexta generación en solitario ni con un único aliado, por lo que, "además de España, necesitamos al menos un socio fuerte más". La verdadera pregunta no es si España y Alemania podrían construir su propio caza de sexta generación, sino si serían capaces de hacerlo a tiempo de las necesidades que estos tiempos requieren. 

"Y no quedan muchas opciones. Podemos mirar hacia Gran Bretaña e Italia, y podemos mirar hacia Suecia. El proyecto GCAP ya está bastante avanzado, así que hay poco margen de maniobra", aseguró Schöllhorn.

La desclasificación por parte del Gobierno de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha abierto un debate que va más allá de la propia crisis del 30 de julio. Cargos vinculados al funcionamiento del servicio de inteligencia han explicado a El Independiente que consideran peligroso que documentación elaborada bajo la premisa de que permanecería reservada pueda ser desclasificada para dirimir una controversia política y alertan de que esta práctica "sienta un precedente".

La preocupación, explican estas fuentes, no se refiere únicamente a los documentos concretos relacionados con Ceuta, sino al criterio que pueda consolidarse para futuras desclasificaciones. La documentación de inteligencia puede contener información sobre fuentes, métodos de obtención, sistemas de vigilancia, valoraciones de riesgo o información recibida de otros servicios, de manera que levantar su reserva no es equivalente a hacer público un expediente administrativo ordinario.

El debate dentro del propio Ministerio de Defensa nace a raíz de cómo se generó la controversia que llevó a dicha desclasificación. Después de la entrada masiva en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no había recibido un aviso del CNI que anticipara una operación de las dimensiones que finalmente se produjo. La afirmación provocó un enfrentamiento político con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió que los servicios de inteligencia sí habían advertido previamente de la situación.

Cuando Sánchez desclasificó los papeles

Fue en ese contexto cuando Pedro Sánchez anunció en el Congreso que se desclasificarían los informes y avisos manejados por el Gobierno antes y durante la crisis. El Consejo de Ministros acordó posteriormente la desclasificación parcial de documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Entre los documentos desclasificados había tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas por el servicio de inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil. El propio Gobierno admitió que no toda la documentación podía hacerse pública porque parte de ella afectaba a información especialmente protegida o incorporaba elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La documentación que ha ido aflorando desde entonces ha complicado precisamente la versión inicial de que no existió aviso. No se trata de que los servicios de inteligencia hubieran predicho con exactitud que decenas de miles de personas entrarían en Ceuta, sino de que existía información previa sobre el incremento de la presión migratoria, la organización de convocatorias en Marruecos y el riesgo de una entrada por la frontera.

Uno de los elementos más relevantes fue la información que el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio, la víspera de la entrada masiva, y que adelantó El Independiente en exclusiva. El servicio alertó de la existencia de grupos en redes sociales con decenas de miles de integrantes que estaban organizando una entrada desde Marruecos y trasladó el riesgo a su interlocutor en la Delegación. Posteriormente se conoció incluso la existencia de 19 mensajes intercambiados ese día entre un oficial del CNI y el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno que no habían formado parte de la primera desclasificación.

La Audiencia Nacional investiga la documentación

La propia investigación de la Audiencia Nacional está contribuyendo a reconstruir una cadena de avisos mucho más amplia. La jueza María Tardón ha solicitado documentación a prácticamente todos los organismos que participaron en la gestión de la frontera y de la crisis y ha puesto el foco en qué información existía antes del 30 de julio, cómo circuló entre los distintos organismos, quién la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

En su última batería de diligencias, la magistrada ha pedido al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto. También ha reclamado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) los informes elaborados por su grupo de seguimiento de Marruecos, ha ampliado la petición de imágenes satelitales sobre la frontera y ha solicitado específicamente la información correspondiente a la interceptación sobre la frontera de Ceuta del denominado 'Programa Santiago'.

La jueza explica que esta documentación resulta "particularmente relevante" para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de la información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados durante la investigación. Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a la primera desclasificación promovida por el Gobierno.

Diferencias entre la AN y el Gobierno

Una cosa es que el Ejecutivo decida levantar la reserva de documentación de inteligencia para responder a una controversia política y defender su actuación ante las críticas por la gestión de la crisis. Otra es que un órgano judicial, dentro de una investigación, reclame documentación reservada porque considera que puede ser necesaria para determinar qué ocurrió y depurar responsabilidades.

En el caso de Tardón, además, la petición judicial no se limita al CNI. La magistrada está reclamando información al Estado Mayor de la Defensa, al CIFAS, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma. También ha pedido grabaciones de cámaras, drones y sistemas de control fronterizo, así como documentación sobre las reuniones celebradas antes de la entrada masiva. Todo ello responde a la intención de reconstruir la secuencia de acontecimientos y comprobar qué sabían las autoridades antes de que miles de personas atravesaran la frontera.

El problema es que parte de esa documentación puede encontrarse precisamente dentro del ámbito de la información clasificada. La petición de una jueza no equivale por sí misma a una desclasificación. Si un documento está formalmente protegido por la legislación sobre secretos oficiales, será necesario seguir el procedimiento correspondiente para que pueda incorporarse a la causa.

La reserva pierde parte de su función

La diferencia es importante para quienes dentro de los servicios de inteligencia cuestionan el precedente de la decisión del Ejecutivo. No plantean que un juez deba quedar privado de la información que necesita para investigar unos hechos. Su preocupación se centra en que la clasificación de documentos pueda levantarse en función de las necesidades coyunturales de una controversia política.

"El problema es el precedente", resumen estas fuentes. Si informes de inteligencia pueden dejar de estar protegidos porque un Gobierno necesita acreditar que actuó correctamente frente a una determinada crisis, sostienen, la reserva pierde parte de su función como garantía estable del trabajo de los servicios de inteligencia.

Airbus Defence and Space ha entregado al Ministerio de Defensa el tercer Airbus A330 MRTT que entrará en las filas del Ejército del Aire y del Espacio y que operará el Ala 45 desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Este pedido entra en el programa de aviones cisterna y de transporte multimisión realizado por España en 2021.

La entrega de este avión ha tenido lugar en las instalaciones de Airbus en Getafe, donde se encuentra el Centro de Conversión del A330 MRTT. Los Airbus A330 MRTT para el Ejército del Aire y del Espacio se encuentran equipados con un sistema de reabastecimiento de tipo manguera y cesta de última generación y disponen de una autonomía de más de 18 horas de vuelo y un alcance de 16.000 kilómetros. 

El A330 MRTT, que cuenta con más de 375.000 horas de vuelo, es el único avión cisterna y de transporte estratégico de nueva generación disponible y operativo en la actualidad. Su gran capacidad básica de carga de combustible de 111 toneladas le permiten, entre otras funciones, desempeñar con éxito misiones de repostaje aéreo sin necesidad de añadir depósitos de combustible adicionales.

Hasta la fecha, Airbus Defence and Space cuenta con una cartera de pedidos de 91 A330 MRTT, de los cuales ha entregado 68 aviones a más de 18 países. 

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) describe en uno de sus análisis estratégicos una "estructura logística organizada" para facilitar la llegada de migrantes marroquíes a Ceuta, con una red de "facilitadores", alquileres temporales de viviendas en varias localidades del norte de Marruecos y el uso de motos de agua y pesqueros para trasladarlos desde las costas de Castillejos hasta la zona del Sarchal, en la ciudad autónoma.

La información aparece en el informe que el CNI ha remitido a la jueza María Tardón, instructora de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio y al que ha tenido acceso El Independiente. El documento, elaborado a requerimiento de la magistrada, repasa la información de inteligencia recopilada durante los meses anteriores y sitúa esta infraestructura dentro de los análisis que el servicio de inteligencia venía realizando sobre la presión migratoria hacia Ceuta.

El CNI afirma expresamente que sus informes recogían que los migrantes, "particularmente los de nacionalidad marroquí", operaban con una "estructura logística establecida". Según detalla, esta incluía una "red de facilitadores con alquileres estacionales en Castillejos, Mdiq, Martil y Tetuán", además del "uso de motos de agua y pesqueros para el traslado desde las costas de Castillejos a la zona del Sarchal en Ceuta".

Una red de apoyo

Se trata de uno de los elementos más novedosos del informe entregado ahora por el CNI a la Justicia, ya que aporta una descripción de cómo, según la inteligencia española, se articulaban los movimientos de los migrantes antes de alcanzar la ciudad autónoma. El documento no se limita a hablar de personas que intentaban cruzar individualmente a nado, sino que identifica una red de apoyo y medios materiales destinados a facilitar los desplazamientos desde el norte de Marruecos.

La referencia a los "alquileres estacionales" adquiere importancia por la concentración de población que se produce en Castillejos y otras localidades próximas a Ceuta durante los meses de verano. El propio CNI explica que sus análisis consideraban la presión migratoria procedente de Marruecos como un fenómeno estructural y que la zona colindante con Ceuta experimentaba una especial presión. En el caso de la ciudad autónoma, la vía marítima se había convertido en la principal forma de acceso irregular de los migrantes marroquíes, con casi 13.000 intentos de entrada a nado registrados durante 2025.

El informe sitúa esta estructura logística dentro de un escenario que los servicios de inteligencia españoles venían siguiendo desde comienzos de año. El CNI explica que sus análisis estratégicos recogían de forma periódica la elevada y constante presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y las convocatorias de asalto difundidas a través de redes sociales, especialmente coincidiendo con festividades religiosas o locales.

El CNI habló con el CENIF

En julio, la atención del servicio de inteligencia se centró además en el posible efecto que una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo podía tener sobre los intentos de entrada a nado. El 28 de julio, el CNI de Ceuta contactó con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para valorar conjuntamente el incremento de las entradas a nado y de ese intercambio salió el informe de riesgo difundido el día 29.

Ese episodio forma parte de los avisos previos a la entrada masiva que ya han sido documentados. El nuevo informe, sin embargo, permite añadir que la inteligencia española no solo estaba siguiendo el aumento de personas que pretendían alcanzar Ceuta, sino que describía una estructura de facilitación que, según el CNI, incluía alojamientos temporales y medios marítimos.

El documento detalla además cómo evolucionó la situación en las horas previas al 30 de julio. Según el CNI, las autoridades marroquíes tenían conocimiento del incremento de la afluencia de migrantes hacia la zona próxima a Ceuta. El 29 de julio aumentó de forma muy notable el número de personas interceptadas por las fuerzas de seguridad marroquíes y durante la noche se detectó un número creciente de ciudadanos que se dirigían hacia la ciudad autónoma. A primera hora del día 30 comenzaron las travesías a nado.

El CNI sostiene que durante esa jornada numerosos grupos de migrantes se aproximaron al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas y que incluso se produjeron atascos en la carretera A-7 entre Tetuán y Castillejos por la llegada de personas en vehículos y a pie. Según su reconstrucción, los controles establecidos por la Gendarmería Real fueron insuficientes y la entrada masiva se produjo alrededor de las 11.00 horas.

Las figura de "Ahmed"

Ahora, la investigación judicial todavía trata de reconstruir qué ocurrió en las horas previas y cómo se organizó la llegada de miles de personas a la frontera. De hecho, el último auto dictado por Tardón, pone el foco precisamente en la información disponible antes de los acontecimientos. La magistrada ha ordenado identificar y llamar como testigo a una persona conocida como "Ahmed", residente en Benzú, después de que el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz Ruiz, declarara que habría proporcionado información previa sobre "movimientos inusuales en Castillejos" y concentraciones de personas en territorio marroquí. Sanz lo describió, además, como un interlocutor "constante y fiable" de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

La magistrada ha pedido también a la Guardia Civil y a la Policía que identifiquen a los agentes que hubieran mantenido interlocución con "Ahmed" para que puedan declarar como testigos. Al mismo tiempo, ha reclamado documentación de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio y grabaciones procedentes de cámaras, drones, sistemas de control fronterizo y otros medios audiovisuales. También ha solicitado los informes de inteligencia y seguridad elaborados entre el 15 de julio y el 7 de agosto y los informes generados por el grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

En su último informe aportado a la jueza María Tardón en la causa en la que se investiga la entrada masiva el pasado 30 y 31 de julio en Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha aportado una nueva cronología sobre la actitud de las autoridades marroquíes durante el comienzo de la crisis. Aunque en los días anteriores al 30 de julio –cuando 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en territorio español– Rabat mantenía "una cierta proactividad en la interceptación de nadadores", durante las horas críticas "se observó un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad combinado con una actitud de pasividad". Esta actitud, según recoge el informe, al que ha tenido acceso El Independiente, "llevó al desbordamiento de su dispositivo".

Para el CNI, el motivo principal del "insuficiente despliegue" de las autoridades marroquíes ese día fue la Fiesta del Trono, que Mohamed VI celebraba a pocos kilómetros de la frontera española. Según detalla el informe, desde Rabat "decidieron dar prioridad" al dispositivo de seguridad para los festejos por el 27 aniversario de la llegada del monarca al trono marroquí. Y es que el 30 de julio Mohamed VI se encontraba en su palacio de M'diq (Rincón), situado a menos de treinta kilómetros de Ceuta.

"Esto produjo que la llegada de inmigrantes de forma descontrolada al entorno de Ceuta se pudiera hacer sin la oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes", concluye el CNI. De hecho, el propio servicio de inteligencia admite que Marruecos comenzó a "aplicar medidas más contundentes" cuando ya se había producido "el
pico de entradas por tierra y mar" a la ciudad autónoma. Solo cuando ya habían entrado 80.000 personas al territorio español las autoridades alauís empezaron a realizar detenciones, traslados al interior y usar medios disuasorios.

Marruecos priorizó su seguridad pese al aviso desde España

Esta información llega mes y medio después de que el Gobierno desclasificase el contenido de cuarenta informes con los que se pretendía justificar su actuación durante el comienzo de la crisis. Uno de estos documentos era una comunicación entre el CNI y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), los servicios de inteligencia interior y exterior de Marruecos.

Según se desprende de ese documento, a las 18:26 horas del 29 de julio, el servicio secreto español se puso en contacto con su contraparte marroquí para avisarle de que al día siguiente había convocado un intento de entrada a la ciudad española. "POSIBLES INTENTOS DE ENTRADA A CEUTA DURANTE LA SEMANA DE LA FIESTA DEL TRONO", avisaban los agentes españoles. Sin embargo, y según se desprende de las nuevas conclusiones del CNI, Rabat decidió ignorar el aviso y priorizó el dispositivo de seguridad durante la Fiesta del Trono.

Rabat ignoró a Madrid

De hecho, el mismo informe que se publicó la semana pasada recoge que esta festividad es una fecha "recurrente y de referencia" en las convocatorias para cruzar ilegalmente promovidas en las redes sociales de Marruecos "al ser habitual que las fuerzas de seguridad marroquíes se centren en el control de las diferentes celebraciones". A pesar de esto, y de que la inteligencia española detectó grupos con miles de participantes, las autoridades de Rabar ignoraron la advertencia de Madrid.

Este último documento también apunta en esta dirección. "Las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta, y habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento", asegura el CNI. Por ello, es chocante que, en la práctica, mostraran una implicación "muy irregular" en la prevención y control de la crisis, en las propias palabras de los servicios de inteligencia.

Los agentes marroquíes controlaron los alrededores de Castillejos

El nuevo documento revela a su vez que las fuerzas marroquíes retuvieron preventivamente a grupos de subsaharianos en los montes de Castillejos "para bloquear su avance" desde la tarde del 30 de julio. En estos montes se suelen establecer los inmigrantes subsaharianos que llegan hasta territorio marroquí con la intención de llegar hasta España. Desde allí, esperan su oportunidad para poder cruzar hacia Ceuta.

Según la cronología del CNI, "tras considerar que la situación de entrada masiva en Ceuta estaba completamente controlada", al día siguiente –el 1 de agosto– las autoridades marroquíes crearon "células de crisis". Estos operativos estaban destinados a asegurar que la convocatoria de un nuevo intento de cruce a Ceuta no tuviese éxito, tal y como sucedió el 15 de agosto. Aunque la inteligencia española no lo menciona, las imágenes tomadas ese día mostraban, en su mayoría, a inmigrantes subsaharianos, no marroquíes. Durante aquella jornada, los periodistas de RTVE y Efe que cubrían el dispositivo de seguridad desplegado por Rabat fueron expulsados de esta zona.

La intención de Marruecos de "controlar el relato"

El informe señala además que "se han observado las iniciativas de las autoridades marroquíes en diferentes ámbitos con objeto de tratar de evitar condenas o llamadas de atención por parte de organismos internacionales como la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 17.09.20266". Esta resolución salió adelante sin los votos de la izquierda parlamentaria.

Además, los agentes señalan que "la gestión de esta crisis por parte de las autoridades marroquíes tiene como finalidad prioritaria controlar el mensaje sobre la situación social en el norte del país y mantener la imagen de aliado comprometido y fiable con la Unión Europea y España en relación con los flujos migratorios", sentencian.

"No hay por donde cogerlo". "Ganamos por goleada". Son algunas las respuestas de diferentes fuentes del sector de la defensa y la seguridad cuando se les pregunta acerca de la diferencia de capacidades marítimas entre España y Marruecos. También apuntan que una guerra común entre ambos países es muy improbable debido al artículo 5 de la OTAN que blinda a España con el paraguas de la Alianza.

Es por eso que Rabat ha decidido ampliar la presión sobre España desde otro argumentario. La guerra híbrida, advierten las fuentes, es el escenario perfecto para Marruecos. Es el escenario perfecto para presionar a un país. Pero, no entienden, dicen las fuentes consultadas, la respuesta del Gobierno de España, que no ha sabido reaccionar "correctamente" desde el punto de vista político. Más aun cuando España se encamina a convertirse en el tercer inversor en Marruecos y es el principal socio comercial de Rabat. Y parece que España no sabe jugar con esa baza. Juntos suman un comercio anual que supera los 22.000 millones de euros.

Pero además, desde el plano militar, comparar a España con Marruecos, a pesar de que Rabat haya reforzado su inversión en defensa con un nuevo récord de gasto, "no es una comparativa real", asegura a El Independiente Juanjo Rodríguez, Chief Engineer de sistemas de guerra electrónica. Marruecos aumentó su gasto militar, pasando del 3,44% del PIB al 3,54% del PIB y ya se posiciona como la decimoquinta (15º) economía que más gasta en proporción de su producción anual.

Aún así, Rodríguez insiste en que, más allá de que Marruecos tenga una capacidad militar mucho menor que España a pesar de su récord de inversión militar, "sí cuenta con esa fuerza para generar acciones de guerra híbrida de las que no es fácil defenderse en una sociedad polarizada". En el plano marítimo, España cuenta con el Portaaviones Juan Carlos I, además de 11 fragatas, entre las que se incluyen las cinco avanzadas clase F-100 con la tecnología Aegis, el sistema de combate más avanzado del mundo y que solo lo disponen siete ejércitos en el planeta.

Mientras tanto, Marruecos posee seis fragatas. Una FREMM, tres Sigma y dos Floréal. Pero Juanjo Fernández advierte que aunque la Marina Real marroquí fue una fuerza de protección costera, "eso está cambiando. Hoy su buque insignia es la fragata FREMM Mohammed VI, de 6.000 toneladas, una de las unidades de combate más modernas del Mediterráneo occidental, acompañada de tres fragatas clase Sigma", añade. Así, "Marruecos está pasando de vigilar su costa a tener una flota con capacidad oceánica".

"Pero lo que de verdad debería hacernos levantar la vista del mapa no es un buque. Es un puerto", asegura Rodríguez. Se trata de la base naval de Ksar Sghir que está terminando de construir Marruecos a treinta kilómetros de Tánger, ubicado en el punto más angosto del Estrecho de Gibraltar, el paso marítimo más estratégico que comparte con España. Este puerto "está llamado a ser la principal base de la Marina Real, y el puerto desde el que operarán sus fragatas más modernas".

Incomparables por debajo del agua

En el plano de los sumergibles, mientras España cuenta con dos submarinos disponibles y otros tres en pruebas y construcción, Marruecos no cuenta con ninguno en sus filas. La Armada española tiene el S-81 Isaac Peral que está operativo, además del S-71 Galerna pero que, a pesar de estar en la flota, está pendiente de retirada. Pero el futuro de los submarinos españoles es aún más prometedor tras el éxito tecnológico de las recientes pruebas del sistema AIP (Propulsión Independiente de Aire) del submarino S-83 que fueron descritas como "un hito tecnológico clave para la industria naval española". En este momento, las prioridades de las instalaciones de Cartagena se centran en el S-82 Narciso Monturiol que, con la superación del hito clave de su primera inmersión estática, "demostró la estabilidad y resistencia de su casco".

Y ahora, con el éxito de la integración del sistema avanzado AIP, los submarinos S-80 "tendrán la capacidad de permanecer en inmersión durante semanas, frente al par de días habitual en submarinos convencionales equipados únicamente con baterías de plomo-ácido". Con ello, esta nueva capacidad proporcionará una ventaja táctica "sin precedentes a la Armada", ya que incrementa "de forma significativa" su capacidad para mantenerse indetectable y su poder de disuasión.

Y por el otro lado, cruzando el Mediterráneo, Marruecos, sin ningún sumergible, se posiciona en mayor indefensión. Sin embargo, la prensa local ha informado del interés de Rabat de hacerse con tres submarinos en 2027. Y aquí, en opinión de Juanjo Rodríguez, "conviene pararse", ya que "un submarino en el Estrecho no es una herramienta de vigilancia, es una capacidad de negación de acceso". El submarino posibilita "amenazar, condicionar o cerrar un paso que España (y media Europa) necesitan mantener abierto. Como acabamos de aprender en Ormuz, no cambia quién patrulla el Estrecho, cambia quién puede cerrarlo".

Capacidades militares de Marruecos de origen español

Y entre las capacidades marítimas de Marruecos reflota una de origen español. El Avante 1800 es la primera embarcación que construye España para Marruecos desde que le entregó la corbeta Teniente Coronel Errahmani hace ya 43 años. La principal función del aparato, que se entregó el pasado mes de septiembre será la de controlar el tráfico marítimo, además de vigilar la zona para luchar contra el narcotráfico.

El patrullero Avante es una corbeta "compacta y asequible, diseñada para misiones de guerra aérea, superficie y electrónica, además de vigilancia de Zonas Económicas Exclusivas. Con un diseño furtivo, gran autonomía y sensores avanzados, combina flexibilidad operativa con la experiencia de Navantia en el diseño de fragatas", explica el fabricante.

Pero España no solo ha construido este patrullero, ya que en 2025 las exportaciones de España a Marruecos registraron un aumento de más del 40% con respecto a 2024, según datos de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía analizados por El Independiente. Las ventas militares a Marruecos pasaron de 21 millones a 29,6 millones de euros, en el que destacaron las partidas conocidas como "armas de guerra" y "bombas, granadas y torpedos".