El juez federal Alvin K. Hellerstein, que supervisaba el juicio del exmandatario venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, falleció el miércoles a los 92 años, según informó The New York Times. No está claro de inmediato quién va a reemplazar a Hellerstein en el caso de alto perfil que está previsto que comience el próximo 14 de junio.
© Owen Hoffmann (Getty Images)
El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos que le reclamó el pasado viernes. Aunque la Abogacía del Estado cifró en 163.020 personas los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectados por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fuentes del Gobierno señalan que la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres, de los que hay 901 cuyos expedientes acreditan la condición de exilio, que ha sido certificada por los cónsules. Según la orden dictada por el Supremo, solo estos podrán votar en las elecciones del 29-N.
© Juan Ignacio Roncoroni ((EPA) EFE)
El exmagistrado Luis Sáenz de Tejada ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el denominado 'caso Leire Díez', por su participación en una serie de actuaciones dirigidas, presuntamente, contra la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según ha informado Europa Press, el exmagistrado ha declarado que se refería a "eliminar judicialmente" a Beatriz Biedma y ha negado "rotundamente" ante los medios a su salida de la Audiencia Nacional haber recibido algún tipo de encargo por parte de Leire Díez, alegando que desde hace años se ha reunido con "políticos y periodistas" para denunciar "la prevaricación judicial en Badajoz".
Sobre Cintia Rocho ha declarado que no contactó con ella y que "es una ensoñación de alguien y lo ha vinculado a esto", además, ha señalado que su objetivo era "eliminar en el proceso judicial" a la jueza por "enemistad manifiesta". Además, ha reiterado que no persiguió a la jueza cerca del aeropuerto de Talavera la Real de Badajoz, a su regreso de declarar en la Audiencia Nacional en calidad de perjudicada, como ella denunció, pues mantiene que él se encontraba "a más de 450 kilómetros".
Sáenz de Tejada estaba citado a las 10.30 horas como investigado por presuntos delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral. Su comparecencia había sido solicitada por la propia Biedma, que declaró previamente como perjudicada y manifestó haberse sentido perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exmagistrado.
La Guardia Civil sitúo al exjuez en el entorno de una presunta trama que habría tratado de obstaculizar investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE y el Gobierno. Según la hipótesis de los investigadores, la organización habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
En uno de sus informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó el origen de las presuntas actuaciones contra Biedma en una conversación mantenida en agosto de 2024 entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset. Según los agentes, este último habría preguntado a Parra si conocía a alguien en Badajoz, una petición que habría terminado vinculándose con Sáenz de Tejada.
Ese mismo mes se habría creado un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', en el que participarían Dolset, Díez, Parra y el exmagistrado. Los investigadores consideran que este chat fue el principal canal de comunicación utilizado para coordinar las actuaciones relacionadas con la jueza.
La UCO también recogió en un informe el testimonio de una mujer identificada como Cintia Rocho, a la que vincula presuntamente con un grupo criminal de Badajoz dedicado al narcotráfico. Según esa declaración, Sáenz de Tejada habría calificado a Biedma de "un puto grano en el culo" y habría afirmado que "había que eliminarla".
La defensa de la jueza solicitó que el exmagistrado declarase ante Pedraz al considerar su testimonio fundamental para esclarecer su papel en los hechos investigados, sus contactos y la finalidad de sus actuaciones, así como su posible participación en la presunta organización criminal.
Biedma sostuvo que la enemistad previa de Sáenz de Tejada hacia ella habría motivado que Leire Díez lo incorporase a la trama. Según la jueza, desde el inicio de la investigación contra David Sánchez, el exmagistrado habría centrado sus actuaciones de manera directa y continuada contra ella, en línea con los objetivos atribuidos al grupo y con las anotaciones manuscritas intervenidas.
Por su parte, Sáenz de Tejada ha rechazado las acusaciones y ha acusado a los investigadores de la UCO de atribuirle hechos falsos sin haber realizado una investigación suficiente. En un escrito dirigido a Pedraz, negó haber acosado a la magistrada y calificó de "rotundamente falso" que hubiera contactado con Rocho para hablar de la necesidad de "eliminar" a Biedma. El exmagistrado, además, también atribuyó a los agentes una posible falsedad en documento público y dirigió acusaciones similares contra los testigos, en relación con presuntos delitos de calumnias e injurias.
La investigación también incluye una denuncia presentada por Biedma ante la Jefatura Superior de Policía de Extremadura. La magistrada relató que, cuando regresaba a su domicilio de Badajoz desde el aeropuerto de Talavera la Real junto a sus hijas, una de ellas advirtió la presencia de un vehículo blanco que circulaba en paralelo al suyo. Según su relato, el coche estaría ocupado por Sáenz de Tejada, aunque no pudieron identificar la matrícula.
Tras estos hechos, se estableció un dispositivo de seguridad y protección para la jueza. El exmagistrado negó posteriormente haber participado en ese supuesto seguimiento y aseguró que aquel día se encontraba en Uceda (Guadalajara), a unos 450 kilómetros de distancia, en casa de su hermana.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado una denuncia contra el PP por el vídeo que generó con inteligencia artificial (IA) para arremeter contra el PSOE a través de la simulación de la pareja del presidente del Gobierno y de otras personas vinculadas a los socialistas. En su escrito, Gómez acusa a los populares de haber “suplantado” su identidad y “utilizado” su imagen y voz para “humillarla” y causarle un “daño injusto”. “La justicia debe poner coto a estas conductas, que no pueden ampararse en el ejercicio de derecho alguno y cuya proliferación repugna a la conciencia ciudadana”, incide.
Durante las ocho sesiones que duró el juicio por la muerte de Ana Buza —la joven sevillana de 19 años que fue hallada muerta en la carretera cuando viajaba con su entonces pareja y absuelto en la causa, Rafael V., el 7 de septiembre de 2019—, los miembros del jurado atendieron a las distintas versiones sobre cómo pudo fallecer la chica ofrecidas por los peritos de la Fiscalía y los de la acusación particular. En síntesis, los agentes de la Guardia Civil y los forenses del Instituto de Medicina Legal defendieron que ella murió tras lanzarse voluntariamente del coche a 117 kilómetros por hora; y los peritos de parte sostuvieron que fue atropellada por su exnovio y que era físicamente imposible que la mujer se hubiera tirado del vehículo. La jueza encargada de redactar la sentencia absolutoria, tras el veredicto de inculpabilidad del jurado, ha ofrecido su propia teoría, tal y como ella misma reconoce, en la que, aunque deja claro que no hubo atropello, también descarta el suicidio: “Por la inercia” derivada de la velocidad que llevaba el coche y al estar la puerta abierta “bien pudo haber salido proyectada”.
El ahora exinspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages ha declarado este lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio vio desde la frontera cómo agentes marroquíes dirigían a personas hacia territorio español. Según ha explicado ante la magistrada, había una cola muy larga de personas en el lado marroquí, a la vista de la Gendarmería, y observó a individuos que las iban conduciendo hacia la zona del espigón, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente.
Fages, responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta durante aquellos hechos, relató que recibió sobre las 10.00-10.30 horas una llamada alertando de una entrada masiva por la playa del Tarajal. Cuando llegó a la zona se encontró con un "río humano" que avanzaba hacia España y consideró que la puerta de servicio situada en el paso del Tarajal debía cerrarse para intentar contener la avalancha.
Sin embargo, la Guardia Civil se opuso a esa decisión. Según explicó Fages ante Tardón, el mando del Instituto Armado le advirtió de que, si se producía un tapón, las personas podían terminar lanzándose al agua y que, en caso de fallecimientos, la responsabilidad recaería sobre la Guardia Civil. La puerta llegó a cerrarse durante unos minutos, pero posteriormente volvió a abrirse.
El entonces responsable policial aseguró que incluso manifestó que él asumía la responsabilidad de cerrar la puerta, pero que la Guardia Civil mantuvo su negativa. Ante la imposibilidad de contener el flujo por ese punto, la Policía intentó redirigir la entrada masiva hacia el polígono del Tarajal.
La situación provocó un enfrentamiento entre ambos cuerpos en la propia frontera. Fages confirmó ante la jueza las imágenes en las que se observa el rifirrafe entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y explicó que la Policía trataba de detener el flujo mientras la Guardia Civil defendía mantener abierta la puerta por el riesgo que, a su juicio, suponía cerrarla.
El problema, además, era la falta de efectivos. Fages ha declarado que llegó a encontrarse con apenas 20 o 25 policías para afrontar la entrada masiva, a los que posteriormente se sumaron 12 agentes de la UIP. Ante una entrada masiva que ha considerado descontrolada, los agentes tuvieron que concentrarse en intentar canalizar a las personas que entraban y finalmente priorizar la seguridad de la ciudad.
El inspector jefe ha explicado asimismo que la Policía Nacional no había recibido una alerta previa que permitiera preparar un dispositivo extraordinario. Existía un protocolo específico para afrontar entradas masivas, vigente desde 2021, que contempla la petición de apoyo de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, según su declaración, aquel procedimiento no llegó a activarse: "Nunca llegó la orden", afirmó ante la magistrada. El propio Fages aseguró que no sabía quién debía haber ordenado su activación.
Su testimonio incorpora además un elemento sobre lo que estaba sucediendo en el lado marroquí antes y durante la entrada. Según relató, había una cola muy larga de personas esperando para cruzar, perfectamente visible desde la frontera y a la vista de la Gendarmería marroquí. Fages aseguró que vio a personas "dirigiendo" desde Marruecos y que algunas vestían uniformes de color gris y caqui. El inspector jefe no pudo precisar, sin embargo, qué cuerpo concreto integraban todos los individuos que observó.
El relato del mando policial se suma al prestado ante Tardón por el teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de las operaciones de la Comandancia de Ceuta. Su versión sobre la actuación en la frontera difiere de la de la Policía. El mando de la Guardia Civil sostuvo que todas las decisiones operativas fueron suyas y que no recibió instrucciones del delegado del Gobierno ni de otros superiores durante la entrada masiva.
El teniente coronel defendió precisamente la decisión de mantener abierta la puerta del Tarajal. Según su declaración, cerrarla podía provocar un tapón y aumentar el riesgo de aplastamientos o de que quienes se encontraban en la zona se lanzaran al agua. Aseguró que entre quienes intentaban entrar había familias con bebés y personas mayores, mientras que numerosos jóvenes ya estaban nadando.
El mando de la Guardia Civil también ha explicado que la noche anterior había seis embarcaciones marroquíes en la zona: dos patrulleras, dos interceptoras y dos embarcaciones pequeñas. Y afirmó que durante la entrada observó a militares marroquíes dirigiendo a las personas hacia el espigón. También señaló que algunas de las embarcaciones pequeñas recogían a personas en el agua y las dejaban posteriormente en la playa.
Según su declaración, la situación ya había comenzado a complicarse durante los días anteriores, con un aumento de la llegada de nadadores, pero aseguró que no recibió un aviso de que fuera a producirse una entrada masiva. El día 30, explicó, a primera hora ya habían llegado unas 300 personas y posteriormente se produjo una salida masiva de varios cientos de nadadores. Las declaraciones de ambos responsables policiales permiten a Tardón reconstruir ahora no solo cómo se desarrolló la avalancha, sino también las distintas decisiones adoptadas por los cuerpos desplegados en la frontera.
Login