A diferencia del cupón tradicional de la ONCE, que se celebra solo de lunes a jueves, el Cuponazo de la ONCE se realiza los viernes a las 21:25 horas. Ambos están organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
La amenaza procede de unos jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que quedan a través de las redes sociales para protagonizar, enmascarados, supuestas protestas estudiantiles. Pero la acción final del movimiento Blocus, surgido en Francia, deriva en violentos disturbios, saqueos en comercios y actos vandálicos en la ciudad. Sucedió el pasado sábado en Barcelona, donde hubo 128 detenidos, 15 agentes heridos y más de una veintena de comercios vandalizados.
©
Andalucía rechaza seguir la estela de Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, esta última desde el próximo enero, para gravar con una tasa a los millones de turistas que cada año suben los gastos de las principales ciudades, ahogados para afrontar las facturas de limpieza, seguridad y patrimonio. La región fue la más visitada del país el año pasado, con casi 38 millones de turistas. Las capitales de provincia, con Sevilla y Málaga a la cabeza, insisten a la Junta para que les permita imponer el tributo, pero la Consejería de Turismo, en manos de Vox, se niega a legislar y dice que debe ser el Gobierno central a través de la Ley de Haciendas Públicas, la que les permita recaudar nuevos fondos. “Ni abro ni cierro la puerta a la tasa. Todavía no he escuchado a ningún alcalde decir que la empleará en la recogida de residuos o los problemas derivados del turismo, y la tasa debe ser finalista”, dispara el consejero andaluz de Turismo, Manuel Gavira, líder del partido ultraderechista en la región.
El Tribunal Supremo (TS) abordará la posible suspensión cautelar del voto de los hijos de nacionalizados por la "ley de nietos". La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado hacerlo de forma urgente, sin escuchar siquiera a la Administración y al resto de las partes, como solicitó Iustitia Europa, pero acoge su petición subsidiaria de tramitar esa pretensión por la vía cautelar. Para ello, da un plazo de tres días para escuchar alegaciones y, a la vista del inexorable calendario electoral, habilita como hábiles todos los días de aquí a los comicios del 29N.
Los magistrados de la Sección Cuarta sí han descartado abrir siquiera el trámite para extender la medida al voto de los nacionalizados por la "ley de nietos" que ahora residen en España, otra petición de suspensión cautelarísima que el partido que preside Luis María Pardo puso sobre la mesa. A este respecto, la Sala acuerda "no resolver sobre esta petición toda vez que se refiere a cuestiones que no forman parte del objeto de este recurso".
Ante esta negativa, la formación denunciante ha optado por acudir a la Junta Electoral Central (JEC), a la que ya ha reclamado por escrito "la identificación y revisión de las personas que, estando inicialmente comprendidas en el colectivo sometido a comprobación en el CERA", el registro de españoles residentes en el extranjero, "hayan pasado posteriormente al CER", que recoge a los censados en nuestro país.
En el escrito en el que pidió dejar en suspenso el voto de los hijos de nacionalizados por la "ley de nietos", Iustitia Europa incidía en que a 31 de julio, inmediatamente antes del cierre del censo electoral aplicable a las elecciones del próximo 29 de noviembre, constaban 189.678 inscripciones por esta vía, que un mes después el Gobierno elevó a 195.872, reconociendo la existencia de otras 134.405 solicitudes "aprobadas pendientes de inscripción".
El apartado 1.b) de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática, recordaba, "reconoce el derecho de opción a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes previamente hubiera sido reconocida nacionalidad española" por esta vía.
Por todo ello, Iustitia Europa argumentó que "la previa nacionalidad del progenitor constituye así presupuesto jurídico del título ejercitado por el hijo y la propia instrucción exige la correspondiente acreditación registral del padre o madre".
Ahora, avanza que instará al Supremo a extender la suspensión cautelar del voto de más de 162.000 nacionalizados por la "ley de nietos" con "el mismo criterio de prudencia, trazabilidad y pulcritud electoral", pues su acceso a la nacionalidad española "deriva de la previa adquisición de nacionalidad de sus progenitores".
Su petición, sostiene, busca que que esos votos "puedan ser recibidos y custodiados, pero que no se incorporen al escrutinio hasta que la Administración complete la comprobación individual correspondiente". "Si el Supremo ha considerado necesario suspender cautelarmente los efectos electorales" de los nacionalizados por la "ley de nietos" mientras se comprueba su situación de forma individual, argumenta, "debe examinarse con el mismo rigor la cadena de nacionalidad" que sustenta el acceso a la nacionalidad española de sus descendientes.
Puente ha vuelto a comparecer para explicar el accidente ferroviario de Urda, pero su reconstrucción de los hechos presenta una debilidad fundamental: identifica el lugar donde pudo producirse el error sin aclarar por qué los mecanismos de seguridad y supervisión no consiguieron evitar sus consecuencias. El ministro ha ofrecido una cronología detallada, ha defendido la fiabilidad del sistema ferroviario y ha descartado su dimisión. Sin embargo, las principales preguntas sobre el funcionamiento de Adif continúan sin respuesta.
La primera contradicción aparece en el origen del accidente. Puente reconoce que todavía se desconoce qué provocó la caída del sistema LZB, pero insiste en que se trata de una tecnología robusta y fiable. Ha admitido alrededor de 170 incidencias durante este año, una cifra que por sí sola demuestra deficiencias estructurales y que obliga a conocer su naturaleza, frecuencia y consecuencias. ¿Cuántas afectaron a la línea Madrid-Sevilla? ¿Se habían producido fallos semejantes? ¿Qué conclusiones extrajo Adif de esas incidencias? El ministro no ha sido capaz de ofrecer una respuesta suficientemente precisa.
La segunda incógnita resulta todavía más comprometida. Según la reconstrucción presentada, el centro de control autorizó a las 8.36 horas que el AVE reanudara su marcha pese a que el LZB estaba fuera de servicio y otro tren permanecía detenido por delante. Puente considera errónea aquella decisión, pero no aclara por qué pudo adoptarse sin que ningún mecanismo de supervisión impidiera sus consecuencias. ¿Quién controlaba el cumplimiento de los protocolos? ¿Existían sistemas de advertencia? ¿Qué información tenían los responsables del centro sobre la posición de ambos convoyes?
Pero hay un tercer interrogante especialmente delicado: los minutos anteriores a la colisión. A las 8.48, la maquinista del Iryo comunicó que no podía reanudar la marcha. El choque se produjo aproximadamente cinco minutos después. La investigación deberá determinar qué información recibió el centro de control, qué decisiones se adoptaron y si existía alguna posibilidad material de detener el AVE. No está demostrado que hubiera tiempo suficiente para evitar la tragedia, pero tampoco se ha explicado satisfactoriamente qué ocurrió durante ese intervalo. Es una cuestión esencial para reconstruir la cadena de decisiones.
Tampoco se conoce por qué el Iryo no pudo volver a circular. Puente ha reconocido expresamente esa incógnita. Resulta, por tanto, difícil sostener una explicación concluyente sobre las causas del siniestro cuando todavía permanece sin aclarar uno de los elementos fundamentales de la secuencia. El ministro insiste en que los indicios apuntan al centro de control, pero la investigación técnica y judicial debe establecer si concurrieron otros factores.
La defensa de la organización de Adif también es claramente insuficiente. Para responder a las informaciones sobre posibles carencias de personal, Puente ha destacado que la plantilla de los centros de control ha pasado de 1.008 trabajadores en 2016 a más de 1.700 actualmente. El dato puede acreditar un incremento de efectivos, pero no demuestra que el centro de Atocha estuviera adecuadamente dimensionado aquella mañana. Faltan explicaciones sobre los trabajadores presentes en el turno, su carga de trabajo, la formación recibida y los procedimientos previstos para gestionar simultáneamente varias incidencias.
A estas dudas se suma el retraso de aproximadamente un año en la implantación del sistema europeo ERTMS en la línea Madrid-Sevilla. Puente debe explicar las razones del incumplimiento del calendario y las evaluaciones de seguridad realizadas mientras continuaba funcionando el sistema anterior. Puente también ha anunciado nuevas medidas para reforzar la seguridad y no descarta una auditoría externa, y esto subraya aún más su responsabilidad sobre qué controles existen, qué deficiencias habían detectado y si algunas de las mejoras previstas ahora podían haberse adoptado anteriormente.
El ministro ha explicado esta mañana por qué considera que debe permanecer en el cargo, pero no ha despejado las dudas que afectan a la organización bajo su responsabilidad. Y mientras la investigación avanza, hay una conclusión que Puente ignora: la responsabilidad de garantizar el funcionamiento correcto del sistema de seguridad ferroviario era de la cúpula política de Adif y del ministro del ramo.
El Tribunal Supremo ha archivado tres denuncias de Manos Limpias contra los ministros de Interior y Justicia, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños, respectivamente, y contra la extitular de Hacienda María Jesús Montero, así como otra de Vox que imputaba un delito de falso testimonio a la expresidenta del Congreso Francina Armengol.
El colectivo de funcionarios denunció por homicidio imprudente a Grande-Marlaska por la muerte de cuatro guardias civiles en incidentes con narcolanchas en Barbate (Cádiz) y Huelva -atribuyéndole también un delito contra la seguridad de los trabajadores-, señalando a la entonces directora de la Guardia Civil Mercedes González como cooperadora necesaria. A los dos les atribuyó un "comportamiento omisivo" que habría desencadenó "una situación de peligro real" para los agentes.
Pero el Supremo concluye que "el lamento colectivo por la falta de medios y la indiferencia política ante la reivindicación de una mayor dotación de medios materiales y personales no convierte en delictivo el comportamiento de quienes no han contribuido a la creación del riesgo desencadenante de las muertes".
"La falta de acreditación, incluso en el plano más indiciario, de una aportación causal de los denunciados a la convergente concurrencia de factores desencadenantes del trágico desenlace imposibilita", dice el Supremo, considerar los hechos un delito de homicidio imprudente.
Su valoración, dejan claro los magistrados, se ciñe al Código Penal, por lo que queda fuera de su examen "otro tipo de consideraciones cuya presencia enriquece el debate público pero que, al mismo tiempo, lo aleja del estricto análisis técnico- jurídico".
El alto tribunal también archiva otra denuncia de Manos Limpias por calumnias y acusación falsa contra Bolaños por inducir supuestamente a la Audiencia Provincial de Madrid a revocar el auto de procesamiento de Begoña Gómez acordado por el juez Peinado y por presuntas coacciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sancionase al magistrado.
No obstante, el Supremo no ve indicios de delito. En cuanto a unas posibles opiniones calumniosas del ministro, incide en que "el ejercicio de la libertad de expresión ensancha su ámbito de legitimidad cuando la opinión se refiere a un tema que, por una u otra razón, ha adquirido una dimensión política incuestionable". Tampoco aprecia acusación falsa alguna pues Bolaños "no formuló denuncia, no interpuso querella ni se personó en un proceso penal ya iniciado haciendo valer una imputación falsa" contra Peinado.
Del mismo modo, no ve que indujera a prevaricar a la Audiencia de Madrid para que dejara sin efecto el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez ni tampoco que coaccionara al CGPJ para que sancionara al magistrado.
También fulmina la Sala otra denuncia del colectivo de funcionarios, esta por malversación, prevaricación y administración contra la exministra María Jesús Montero tras los reparos del Tribunal de Cuentas a dos modificaciones presupuestarias en 2024. Los magistrados no ven indicios delictivos y rechazan por tanto remitirla a la Fiscalía Europea.
Por último, tampoco admite a trámite la denuncia de Vox contra Armengol por un supuesto falso testimonio en la comisión de investigación del "caso Koldo", cuando minimizó su relación con el exasesor de José Luis Ábalos. Pero la Sala matiza que pese a ello "no existió una alteración sustancial de la verdad" pues "que esa proximidad con quien ya ha resultado condenado existió está reconocido por la propia querellada". "No ha sido escondida, antes al contrario, admitió haber hablado con él en algunas ocasiones, pero sin llegar a recordar el contenido de las conversaciones a la vista de su falta de trascendencia". añade.
Del mismo modo, continúa, "su negativa al hecho de haber participado en los procesos de contratación" para la adquisición de mascarillas a la empresa de la trama corrupta "no es incompatible con haber facilitado el contacto "entre Koldo Izaguirre y los responsables del gobierno balear con capacidad decisoria".
Para la Sala "no es identificable la declaración de algo que puede ser objetivamente inexacto con la alteración sustancial de la verdad". Un silencio o una omisión parcial, argumenta, "no es equiparable a una conducta que se dirige de forma deliberada a ofrecer a los parlamentarios una representación
manifiestamente falsa de los hechos que están siendo objeto de investigación".
Por consiguiente, concluye, aun cuando en su testimonio "pudieran identificarse afirmaciones inexactas, imprecisas u omisiones en la integridad del relato, la admisión a trámite de la querella exigiría contar ya con los elementos de juicio indispensables para afirmar que se ha faltado nuclearmente a la verdad".
© EUROPAPRESS
Alberto Núñez Feijóo enmarca la tragedia ferroviaria en Urda como un fracaso del Gobierno de Sánchez. «Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello, y quien lo ha nombrado y lo ha mantenido, con más motivo». Por tanto, los dos tienen que ir a la calle. De motu proprio. O por voluntad popular. «Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas».
El presidente nacional del PP se reunió este viernes en la sede de Génova 13 con expertos del sector ferroviario. Luego, compareció ante la prensa. «Han muerto 46 personas por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno en Adamuz y al menos 69 en Toledo porque el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho», expresó. En la catástrofe de Urda «falló todo lo que podía fallar». A pesar de «advertencias expresas, reiteradas y comunicadas».
Reclamó algo más que respuestas. «Hay que saber cuántos fallos ha habido, por qué no se solucionaron y por qué un Gobierno que ha despilfarrado en asesores ha decidido ahorrar en seguridad» y cargó con dureza contra el Gobierno por querer imputarle la culpabilidad a un operario. «Han fallado todas las capas de seguridad», por lo que «no tiene precedentes» que en Moncloa pretendan «echar la culpa de ocho años de gestión negligente a un operario».
Feijóo censuró la «búsqueda de chivos expiatorios» para armar un relato indulgente. «La tragedia no puede convertirse en un plan de acoso y derribo contra un operario». También disparó contra la filtración de los audios entre el centro de control de Adif y el maquinista fallecido. «Es lamentable». Y también «cobarde e inmoral».
Porque lo ocurrido en Urda, según el presidente popular, no se puede desvincular de lo ocurrido en Adamuz. Ni se puede reducir a un mero «hecho aislado». Va más allá. «Es la dramática gota que colma un vaso que llevaba demasiado tiempo llenándose de incidencias, averías, retrasos, advertencias y, de momento, 115 muertos».
Sobre la dimisión o el cese de Óscar Puente, que reclaman también sectores de la izquierda, Feijóo opinó que si no se produce es porque se ha convertido en «un cortafuegos». El «jefe de electricidad» quiere «mantener ese fusible para que el incendio no llegue a su responsabilidad».
Su opinión es que «en España no caben ministros como Puente» ni tampoco «presidentes como Sánchez». Y ejemplificó qué le ocurriría a Puente en un gabinete liderado por él: «Si yo veo un ministro utilizando las redes sociales con la intensidad y las horas que dedica Óscar Puente, le aseguro que al siguiente Consejos de Ministros no asistiría».
El presidente y candidato popular, además de hacer una enmienda a la totalidad del sanchismo, quiso dibujar otra España. Lanzó un mensaje de esperanza: se puede salir de esta situación con «rigor, experiencia y conocimiento» y situando en los puestos de máxima responsabilidad a «los mejores».
Para recobrar la confianza quebrada en la Alta Velocidad, joya de la corona del transporte español, reclamó en primer lugar una investigación rigurosa que permita saber si la tragedia se podría haber evitado. Eso sí, la revisión debe ser «técnica e independiente» para un «reseteo total» de la red. Además, propuso elaborar un «plan de emergencia» que priorice la seguridad, el mantenimiento y la conservación.
Para un hipotético Gobierno liderado por él prometió un refuerzo del departamento de Seguridad de Adif y Renfe. «Hay que sacar del área de Seguridad la propaganda y dejar entrar la gestión». Lo contrario, señaló, es lo que hay ahora. Un «fallo sistémico» del «deterioro general» de las infraestructuras. «Los trenes chocan por la misma razón que se produce un apagón, se colapsa la vivienda o hay carreteras llenas de agujeros».
Núñez Feijóo tampoco quiso poner paños calientes. Admitió que el problema es grave. Y que la solución no vendrá al toque de una varita. «Ni se puede mentir diciendo que no pasa nada ni se pueden prometer milagros instantáneos porque eso también sería un engaño».
A menos de un mes de las elecciones, el líder del PP empeñó su palabra en «hacer todo lo necesario» para recuperar la red ferroviaria. «Me tomo esto muy en serio porque para mí gobernar no es ninguna broma».
El operario del centro de control de Adif en la estación de Madrid Puerta de Atocha ha rechazado declarar ante los agentes de la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) por el accidente en Urda (Toledo).
Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, este trabajador se ha negado a responder a las preguntas de los agentes en el marco de la investigación abierta cumpliendo con el protocolo después de un accidente ferroviario, y que se lleva a cabo al margen de la investigación penal del juzgado de Ordaz (Toledo).
Uno de los aspectos principales de la investigación es determinar la orden de este operario desde el centro de control de Adif en Atocha para reanudar la circulación con "marcha normal" que recibió el tren AVE poco antes de colisionar contra un tren Iryo que estaba detenido en la misma vía.
El trabajador se encontraba bajo custodia de la Policía Judicial para tratar de esclarecer las causas del accidente ferroviario de Urda que ha dejado 69 víctimas mortales.
© EUROPAPRESS
Las elecciones del próximo 29-N podrían arrojar cambios sustanciales en el tablero político vasco. El juego entre los aliados de Pedro Sánchez lo gana con claridad la izquierda abertzale. Según el Sociometro vasco que elabora el Ejecutivo de Imanol Pradales, la coalición de Arnaldo Otegi ganará con claridad las elecciones en Euskadi y se llevará 7 de los 17 escaños que se reparten en Euskadi. Supondría una victoria holgada, al ganar dos representantes más y rentabilizar su respaldo sin fisuras al Ejecutivo socialista.
De este modo, EH Bildu pasaría de los cinco escaños asignados al País Vasco que ahora ostentaba -además de uno por Navarra- y los siete asientos. Además, será la fuerza más votada en Alava y en Gipuzkoa.
El otro socio del Ejecutivo de Sánchez, el PNV, sufriría, según este sondeo, un duro revés al perder un asiento en la Cámara Baja y pasar de los cinco diputados actuales a sólo cuatro. De cumplirse este pronóstico, los nacionalistas no podría conformar grupo propio en el Congreso de los Diputados. Esta circunstancia les dejaría con menor financiación y menor tiempo de intervención en la Cámara. El PNV requeriría de la cesión de un diputado por parte de otro partido para poder contar con grupo propio.
El PNV sufriría con fuerza ya que pasaría a ser la tercera formación en Euskadi, por detrás de EH Bildu y el PSE. Además, no vencería en ninguna de las tres provincias vascas. En el caso de Alava, el PNV pasaría a ser la cuarta fuerza por detrás del PSE, Bildu y el PNV. En Gipuzkoa la formación de Aitor Esteban caería a la tercera posición por detrás de Bildu y el PSE.
Quien en cambio aguantaría bien la cita electoral en Euskadi será el PSE. La formación que lidera Eneko Andueza lograría retener sus cinco actuales diputados en el Congreso. Lo haría además, según el sociómetro, convirtiéndose en la primera fuerza en Alava y Bizkaia, superando al PNV. En Gipuzkoa sería la segunda fuerza por detrás de EH Bildu.
Por último, los populares no verían mejorada su representación. Mantendrían los dos diputacos que ya obtuvieron en 2023, uno por Bizkaia y otro por Alava. El PP sería la tercera fuerza en Alava y la cuarta en Bizkaia y Gipuzkoa.
Las formaciones de izquierda agrupadas bajo el Frente Amplio no lograrían ninguna representación en Euskadi.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con expertos ferroviarios y de infraestructuras para analizar las causas de las tragedias de Adamuz y de Urda y las posibles vías de solución. Tampoco se pueden ofrecer soluciones mágicas, a corto plazo, dado el deterioro en la prestación del servicio, pero ha prometido, como primeros pasos si llega a gobernar, una "revisión técnica independiente, una auditoría y un plan de emergencia como prioridad".
"Ni un hecho aislado, ni un fallo personal, ni una fatalidad inevitable"
Así lo ha explicado en un comparecencia al término de esa reunión, en la que manteniendo el mismo tono institucional aunque ya algo más crítico, ha explicado que los ciudadanos "necesitan algo más que meras declaraciones de políticos. Necesitan certezas en este caos y que se haga lo posible para evitar tragedias". A su juicio, las dos catástrofes ferroviarias en apenas nueve meses "no son un hecho aislado, ni un fallo personal, ni una fatalidad inevitable", sino una "dramática gota que colma el vaso" de reiteradas quejas de los ferroviarios, de advertencias y de retrasos que han dejado, de momento, un reguero de 115 muertos.
Con Adamuz y Urda se "ha quebrado la confianza de miles de españoles en su servicio ferroviario" y restaurar la confianza "será muy difícil", ha agregado para volver a insistir, como hizo ayer, en que la asunción de responsabilidades políticas no pueden esperar al resultado de ninguna investigación.
"De esta situación se puede salir, pero con rigor, experiencia y conocimiento. No es taparse los ojos y señalar a una sola persona, eso cobarde e inmoral", ha apuntado respecto a la estrategia gubernamental de apuntar al controlador de Atocha que ordenó al AVE que reiniciara la marcha a velocidad normal. Ofrece a cambio "gestión, gestión y gestión" y "poner a los mejores al frente de las decisiones".
Siete de cada diez muertos en alta velocidad se han producido en accidentes en España
Tras subrayar que siete de cada diez muertos en alta velocidad se han producido en accidentes en España y preguntarse "dónde han metido nuestro dinero", ha denunciado que los mismos de Adamuz "siguen en sus puestos. Mi nivel de exigencia es muy diferente" y si no dimiten ellos "los dimitiremos en las urnas". Aludía con estas palabras no sólo al ministro Óscar Puente, sino también a "quien lo ha nombrado y lo ha mantenido", en clara referencia a Pedro Sánchez.
Dice Feijóo, tomarse "muy en serio lo que está pasando. Gobernar no es una broma, cada decisión puede medirse en muertos. La alta velocidad tiene una situación crítica", pero entiende que no es una cuestión de circulación y frecuencia, tampoco de fondos, sino de una "mala" gestión y un abandono de la seguridad. Propone "trascender" la búsqueda de chivos expiatorios, ese "plan de acoso y derribo contra un único operario" porque el accidente de Urda "evidencia que falló todo lo que podía fallar, todas las capas de seguridad" y en el mismo corredor ferroviario donde el accidente de Adamuz.
Precisamente, otra de las medidas será abordar la seguridad en su conjunto y reforzar el departamento dedicado a garantizar la seguridad de los pasajeros, ahora en manos de una persona de confianza de Puente.
Los ayuntamientos comenzarán este sábado, 31 de octubre, a seleccionar por sorteo a las personas que tendrán que formar parte de las mesas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En total, está previsto que sean convocados cerca de 550.000 ciudadanos, entre presidentes, vocales y suplentes, para garantizar el funcionamiento de los colegios electorales durante la jornada de votación.
Según ha informado Europa Press, los consistorios dispondrán hasta el próximo 4 de noviembre para completar este procedimiento. Una vez celebrado el sorteo, las personas seleccionadas recibirán una notificación junto con un manual en el que se detallan las funciones que deberán desempeñar.
Los ayuntamientos serán los encargados de comunicar a los ciudadanos si han sido seleccionados para formar parte de una mesa electoral. Una vez realizado el sorteo, dispondrán de un plazo de tres días para enviar las notificaciones a los elegidos, por lo que la comunicación deberá llegar, como máximo, el próximo 7 de noviembre. Junto a ella, recibirán un manual con las instrucciones y las tareas que tendrán que realizar durante la jornada electoral.
La elección se lleva a cabo mediante un sorteo público y aleatorio entre las personas que cumplen los requisitos establecidos por la ley. No entran en el sorteo las personas que cumplan la mayoría de edad en el plazo comprendido entre la formación de las listas de votantes y la votación. Ni tampoco quienes sean candidatos en las elecciones generales del 29N.
Por su parte, el presidente de la mesa deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente.
Cada mesa está formada por un presidente y dos vocales, pero también se nombran dos suplentes para cada uno de estos puestos. Esto significa que se seleccionan nueve personas por mesa electoral: tres titulares y seis suplentes. Todos ellos deberán presentarse a las 8:00 horas del domingo 29 de noviembre en el colegio electoral que les corresponda.
Formar parte de la mesa electoral es una obligación legal y no presentarse sin una causa justificada puede tener consecuencias penales. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla penas de prisión de tres meses a un año o multas de entre 6 y 24 meses para quienes no acudan, abandonen sus funciones sin motivo legítimo o incumplan las obligaciones relacionadas con la presentación de excusas.
Por este motivo, si una persona seleccionada considera que no puede acudir el 29 de noviembre, deberá comunicarlo dentro del plazo establecido, que serán 7 días desde que reciban la notificación y esperar la resolución de la Junta Electoral de Zona. No basta con tener un motivo personal o comunicar que no se va a asistir, es necesario que la causa esté contemplada y sea aceptada por el organismo competente.
Las personas que finalmente tengan que desempeñar estas funciones recibirán una compensación económica de 75 euros por su participación durante la jornada electoral. Esta cantidad supone cinco euros más que la dieta establecida en las elecciones generales de julio de 2023.
Además, los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que formen parte de una mesa tendrán derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada electoral, siempre que coincida con un día laborable para ellos.
A este permiso se suma una reducción de cinco horas en la jornada de trabajo del día siguiente a las elecciones. De esta manera, quienes sean designados podrán disponer de tiempo para descansar después de una jornada que comienza antes de la apertura de los colegios y termina una vez finalizado el recuento.
El Gobierno no solo está investigando qué pudo originar el terrible accidente en Urda del pasado miércoles que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas. También aportará "soluciones para reforzar aún más el sistema de la alta velocidad" en España, dado que la "confianza" está "quebrada". Es lo que prometió este viernes el presidente, Pedro Sánchez, tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Toledo. Pero este es el segundo siniestro ferroviario en apenas nueve meses, porque el 18 de enero tuvo lugar el de Adamuz, con 46 fallecidos.
Sánchez, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participó en la cita en el Centro 112 de la capital toledana, del lado del presidente regional, Emiliano García-Page, que adelantó la decisión de desescalar el nivel de la emergencia, que pasa de nivel 2 a nivel 1, lo que permitirá la desmovilización de "muchos medios que han cumplido ya con su trabajo". El jefe de la Junta, además, mantuvo en 69 el número de víctimas mortales, si bien no descartó que pueda aumentar el volumen de fallecidos, ya que hay 70 denuncias de desaparecidos y "hasta 31 bolsas con restos".
Lo que vamos a hacer no es solamente investigar cuáles son las causas de lo sucedido, sino aportar soluciones para reforzar aún más el sistema de la alta velocidad en nuestro país", remarca
Sánchez, en su breve declaración institucional con Page a la salida de la reunión, insistió en que el Ministerio de Transportes y el conjunto del Gobierno continúa investigando lo sucedido "para conocer cuáles son las causas de este accidente ferroviario". Y reiteró aquello que ya avanzó el miércoles, que "no es asumible para un país como España, con un sistema de alta velocidad tan potente como el que tenemos, sufrir dos accidentes de estas características y de esta magnitud en un año". Una afirmación que algunos cargos en el partido y en el Ejecutivo interpretaron como una futura depuración de responsabilidades que podría suponer la salida de Óscar Puente, aunque posteriormente tanto la Moncloa como Ferraz reiteraron que el ministro de Transportes cuenta con todo el respaldo del presidente y que por tanto no dimitirá ni será cesado.
Pedro Sánchez: "Desde el Ministerio de Transportes y el Gobierno estamos siguiendo con la investigación para conocer las causas de este accidente ferroviario. No es asumible para un país como España, con un sistema de alta velocidad tan potente como el que tenemos, sufrir dos… pic.twitter.com/9GNML5WdfJ
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 30, 2026
Y precisamente porque no es "asumible" que haya dos tragedias ferroviarias en menos de 10 meses, siguió, el Gobierno se moverá: "Lo que vamos a hacer no es solamente investigar cuáles son las causas de lo sucedido, sino aportar soluciones para reforzar aún más el sistema de la alta velocidad en nuestro país. Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en nuestro país y la labor del Gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud, como ayer dijo el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos". El presidente no detalló en qué tipo de "soluciones" piensa el Ejecutivo, ni los plazos que se marca. Ni hizo autocrítica por el hecho de que no se hubiera resguardado más el sistema pese a la catástrofe de Adamuz, que sucedió hace muy poco, el 18 de enero.
Se baja el nivel de emergencia, de 2 a 1, lo que permitirá la desmovilización de "muchos medios que han cumplido ya con su trabajo". Page agradece la labor de 1.300 efectivos y la ayuda de las CCAA
Sánchez subrayó que desde el Gobierno, desde Protección Civil y desde el resto de instituciones se está proveyendo "todo el apoyo material, humano y psicológico en unas circunstancias absolutamente inimaginables". Además, como Page, alabó la "extraordinaria cooperación y colaboración que ha habido entre instituciones" y agradeció no solo la "solidaridad" de otras comunidades con la región, sino la del propio pueblo castellanomanchego: "Creo que en un momento como este, la profesionalidad de los servidores públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de las diputaciones, de los ayuntamientos, a nivel de consejerías, desde luego es encomiable. Es de una extraordinaria eficacia en situaciones muy dramáticas, de una absoluta empatía y, desde luego, nosotros desde el sistema de Protección Civil. No podemos sino reconocer esa profesionalidad, ese saber hacer y reconocer también en el pueblo de Castilla-La Mancha la extraordinaria empatía y solidaridad que también se ha reflejado con las víctimas de este accidente y con sus familiares".
Pedro Sánchez: "Quería reiterar las condolencias y el compromiso del Gobierno de España con las víctimas, heridos y familiares [...] Estamos trabajando de manera incansable para tratar de dar la mayor información" https://t.co/NHmW24bjdk pic.twitter.com/kHQ5N0SBxf
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 30, 2026
Las víctimas y sus familiares, recordó, no solo son españoles. Hay hasta 27 nacionalidades de víctimas que pueden haber fallecido en este accidente, y desde el Gobierno, señaló, están comunicando y coordinándose con "todos los consulados de los países" con afectados por la tragedia para que "tengan la información más pronta posible y más detallada posible sobre sus nacionales".
Emiliano García-Page informa sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo): "Los fallecidos siguen siendo 69 [...] Hay 70 denuncias de desaparición, puede haber más denuncias y no descartamos que haya más fallecidos. Cuando hablamos de fallecidos, hablamos de cuerpos completos… https://t.co/scHWwHzkVe pic.twitter.com/tAfuielsJz
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 30, 2026
Page, por su parte, agradeció el "inmenso trabajo" de los más de 1.300 efectivos "de unos y otros servicios", con la colaboración de todas las CCAA, porque "absolutamente todas se han ofrecido a Castilla-La Mancha". "Es bueno que la ciudadanía sepa que en momentos de dolor, hay muchísima solidaridad", recalcó.
La economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional trimestral publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, según los datos de Estadística, el consumo de los hogares moderó su crecimiento cinco décimas entre julio y septiembre, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público aceleró su ritmo de avance al 0,9%, tres décimas más, y el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro avanzó un 0,6%, una décima más que en el trimestre previo.
Al igual que el consumo de los hogares, la inversión pisó el freno en el tercer trimestre trimestre, al moderar su crecimiento tres décimas, hasta el 0,6%, su menor alza desde el segundo trimestre del año pasado.
Por sus parte, las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa intertrimestral del 1,3%, lo que supuso dos décimas más que en el segundo trimestre. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 1,1%, tasa 1,1 puntos menor que la del trimestre precedente.
Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el tercer trimestre en el 2,7%, una décima más que en el trimestre anterior, gracias a la demanda nacional, que contribuyó con 2,6 puntos, en contraste con la aportación casi nula del sector exterior.
El consumo de los hogares desaceleró su crecimiento interanual cuatro décimas en el tercer trimestre, hasta el 3,1%, mientras que el gasto público moderó una décima su ritmo de avance, hasta el 2,5%.
La inversión, por su lado, aumentó un 3,9% interanual, tasa 1,1 puntos inferior a la del trimestre anterior y la menos pronunciada en al menos dos años.
El PIB a precios corrientes creció un 5,9% interanual en el tercer trimestre, cuatro décimas más que en el trimestre anterior y avanzó un 1,7% en tasa intertrimestral.
Por su lado, el deflactor del PIB aumentó un 3,1% en comparación con el tercer trimestre de 2025, tasa tres décimas mayor que la del trimestre anterior. En tasa intertrimestral, se incrementó un 1%.
El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya un total de 69 cadáveres de personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias, ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido el pasado miércoles.
Además de la recepción de los 69 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real, el CID confirma una persona fallecida que fue ingresada herida en el hospital de Ciudad Real, cuya autopsia se ha realizado en la sede del Instituto en esa ciudad.
El balance provisional, añade el comunicado del CID, es en este momento de 69 fallecidos.
Agrega que han sido notificadas a las familias 5 identificaciones que corresponden a 3 mujeres y 2 hombres.
"Hasta el momento todas las identificaciones de los fallecidos se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil".
Refiere también que las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido un total de 70 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario, y dos de esas personas han sido encontradas con vida.
De ese número de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 23 en Madrid, 7 en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño.
Las labores de autopsia e identificación de personas fallecidas prosiguen ininterrumpidamente desde el miércoles con el mayor rigor y celeridad posible, se indica en el comunicado del CID.
En dichas labores participan 12 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Toledo, 6 del de Ciudad Real, 2 del de Cáceres y 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
En la realización de las autopsias intervienen también 3 técnicos de autopsia de Toledo, 2 de Albacete y 1 de Guadalajara, especifica la nota, que añade que seis técnicos del Instituto Nacional de Toxicología realizan las pruebas de ADN post mortem.
Así mismo, tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Toledo, otra de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y una más del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal, conforman un equipo de apoyo a las familias de las víctimas.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) presta apoyo logístico a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real "proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense, concluye el CID.
Nervis Villalobos se sienta este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para explicar cómo consiguió la nacionalidad española. El antiguo viceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez está citado como investigado por un presunto delito de falsedad documental relacionado con los documentos que presentó para acogerse a la conocida como "ley de nietos", la vía de adquisición de la nacionalidad contemplada en la Ley de Memoria Democrática para los descendientes de españoles en determinados supuestos. Pedraz le ha reclamado expresamente que aporte los documentos originales de su expediente, entre ellos los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española.
La declaración se produce además en un momento especialmente sensible para esta vía de acceso a la nacionalidad. La conocida como "ley de nietos" vuelve a estar en el centro del debate judicial después de que el Gobierno haya entregado al Tribunal Supremo la identidad de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, en el marco de la controversia sobre la acreditación del exilio de los ascendientes y el derecho al voto. La disposición adicional de la ley permite optar a la nacionalidad, entre otros supuestos, a quienes nacieron fuera de España y son hijos o nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio.
El caso de Villalobos tiene, sin embargo, una particularidad que ahora investiga Pedraz. Antes de recurrir a la Ley de Memoria Democrática, el exalto cargo venezolano había intentado obtener la nacionalidad española por residencia en dos ocasiones y ambas solicitudes fueron rechazadas. La primera se presentó el 20 de febrero de 2017 y fue denegada el 17 de julio de 2020. La segunda se registró el 25 de abril de 2024 y volvió a ser denegada, el 10 de octubre de 2025, al no concurrir los requisitos legales exigidos para esa vía.
Entre ambas solicitudes, Villalobos recurrió a la vía prevista por la Ley de Memoria Democrática. La petición se estimó el 21 de abril de 2025 y la nacionalidad quedó inscrita de forma definitiva el 23 de octubre de ese mismo año. Es precisamente ese expediente el que ha terminado bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional.
La investigación no pone en cuestión únicamente que la nacionalidad fuera concedida, sino la documentación empleada para acreditar el vínculo familiar que permitía acogerse a la "ley de nietos". Pedraz quiere comprobar los originales aportados por Villalobos y, en particular, los documentos relativos a su abuela española. La UCO ya acudió en junio al Ministerio de Justicia para hacerse con el expediente completo por orden del magistrado, que reclamó también identificar a los funcionarios que habían intervenido en su tramitación y los accesos registrados en la plataforma digital.
El Ministerio de Justicia ha defendido que la concesión se ajustó al procedimiento establecido. Según explicó entonces, la solicitud de Villalobos por la Ley de Memoria Democrática se concedió después de un recurso y tras una vez examinada por los funcionarios competentes. La resolución contó, según Justicia, con un dictamen de una consejera, el visto bueno del jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general.
La relevancia de la nacionalidad para la causa de las llamadas "cloacas del PSOE" aparece, precisamente, en las comunicaciones intervenidas a Leire Díez y en la documentación incorporada al procedimiento. El 19 de diciembre de 2024, la exmilitante socialista dejó escrito: "Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervis". Semanas después, el 7 de enero de 2025, insistió ante el abogado Ismael Oliver, que representaba a Villalobos, para retomar las gestiones sobre su nacionalidad y llegó a advertir que en ese momento el venezolano estaba "muy vulnerable frente a los policías y fiscales".
Las actuaciones sitúan así la nacionalidad en el centro de las gestiones que Díez habría realizado en favor del exviceministro. Pedraz señala que la exmilitante socialista trató de utilizar sus contactos para acelerar el expediente y también para ayudar a Villalobos a resolver otros problemas administrativos y financieros. En marzo de 2025 contactó además con una persona identificada como "Hana", que podría ser Hana Jalloul, actual diputada del Parlamento Europeo por el PSOE, y buscó una reunión con el entonces gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en relación con los problemas que Villalobos tenía con sus cuentas bancarias.
La investigación ha puesto también el foco en el abogado de Villalobos, Ismael Oliver. Según un atestado incorporado a la causa, Díez y Oliver habrían desplegado distintas maniobras para favorecer la situación judicial del venezolano, incluida una propuesta para entregar 300.000 euros al fiscal José Grinda a cambio de que archivara procedimientos que afectaban a Villalobos y de obtener información sobre el fiscal Alejandro Luzón.
Es en este contexto donde aparece el vínculo de Villalobos con el entorno político español y, en particular, con José Luis Rodríguez Zapatero. El exviceministro venezolano y el expresidente se conocen, y en la documentación incorporada a la investigación aparecen distintas anotaciones que relacionan a ambos nombres con las cuestiones que afectaban a Villalobos. Entre ellas figuran referencias como "Zapatero Nervis", "Peticiones ZP / Nexus" y "Reunion Con ZP", esta última seguida de una referencia expresa a la "Nacionalidad".
Las anotaciones, por sí solas, no permiten afirmar que Zapatero interviniera personalmente en la concesión de la nacionalidad. Sí forman parte del conjunto de referencias que los investigadores están tratando de contextualizar alrededor de Villalobos y de las gestiones realizadas en su favor.
El venezolano no es un personaje ajeno a las investigaciones que afectan al entorno del chavismo. Fue viceministro de Energía Eléctrica durante los gobiernos de Hugo Chávez y posteriormente desarrolló actividades como consultor y empresario. Su nombre aparece desde hace años en procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales, entre ellos las investigaciones sobre Duro Felguera.
En la causa que dirige Pedraz, sin embargo, su posición es ahora diferente, y mañana deberá responder directamente ante el juez por la documentación que utilizó para obtener la nacionalidad española. La UCO lleva meses reconstruyendo cómo se tramitó aquel expediente y quién accedió a él. Pedraz quiere que sea el propio Villalobos quien explique de dónde proceden los documentos que le permitieron acogerse a una ley que, precisamente esta semana, vuelve a estar en el centro de una de las principales controversias judiciales sobre la nacionalidad española.
El accidente ferroviario lo ha revolucionado todo. Por un lado, principal, la vida de centenares de familiares y amigos tras el fallecimiento de al menos 69 pasajeros de los trenes AVE e Iryo que chocaron en la línea Madrid-Andalucía de alta velocidad a la altura de las poblaciones de Urda y Los Yébenes, en Toledo. Pero también el sentir de una sociedad española que no comprende cómo puede ocurrir un hecho así en nuestros días. Por otro lado, a nivel político, y en una esfera con debates que ahora pueden parecer frívolos, el marco de precampaña en el que interaccionaban las distintas formaciones se ha evaporado, imponiéndose el de si en estos momentos hay o no un país que funciona. Todo se reduce a la gestión.
La izquierda, que desde el fracaso de la votación de los decretos de vivienda, viene apoyandose en el derecho y el acceso habitacional así como en el sostenimiento de otros servicios sociales como eje de campaña, y todo para hacer frente a un hipotético gobierno de coalición entre PP y Vox. El PSOE, al mismo tiempo, y con ese enfoque, contribuye a cimentar la idea con dicotomías como "avances" o "un retroceso de 50 años" con la derecha en el poder. Este lunes, 48 horas antes del accidente en territorio castellano-manchego, figuras como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Derechos Sociales, de Sumar, Pablo Bustinduy, apelaban a esos asuntos y ponían de ejemplo la épica de la remontada de Lula da Silva en las presidenciales brasileñas, tras un segundo puesto en la primera vuelta que se invirtió hasta su victoria del domingo.
Tal es la repercusión del siniestro ferroviario y el momento en el que se adentra el Ejecutivo –sin encuestas que recojan la situación–, que hasta los partidos de Sumar, reformulados en ese Frente, han cambiado completamente el enfoque. No únicamente condicionados por la tragedia, que también, pero en las últimas fechas otros factores venían allanando un giro estratégico de los de Ada Colau, candidata a la presidencia por la lista de Barcelona. Había una máxima desde el minuto uno que la coalición Frente Amplio echó a andar: centrarse en competir contra PP y Vox y no 'agredirse' entre propuestas progresistas. Incluso con Podemos, muy beligerante desde una 'oposición cambiante'. Eso ya se ha roto con la figura de Óscar Puente como objetivo.
Este jueves Frente Amplio exigió una comparecencia de Puente en la Diputación Permanente del Congreso para que se explicasen los pormenores de la crisis y cómo se está afrontando. Todo por la "transparencia". Ocurría con menos de 24 horas de diferencia del comunicado lanzado por las siglas, en la que después de que Puente descartase dimitir en su declaración ante los medios en el centro de control de Adif en Atocha horas después del accidente, solicitaban que se asumiesen "responsabilidades políticas" además de realizar una "auditoría independiente". Finalmente, la comparecencia se producirá el 3 de noviembre a las 17.00 horas. Habrá otra de Sánchez, aún por determinar a petición del PP.
Internamente, se sabe que este episodio, si no se gestiona bien puede generar más desafección en las familias, en el conjunto de la sociedad, pero también tener un notable impacto electoral de desmovilización entre los más progresistas, desindentificados con las formas, y una tremenda movilización contraria al Gobierno. La depuración de responsabilidades es clave, y mostrarse efectivos para que se produzcan frente a la incógnita de qué pasará con Puente, más. Sánchez, defiende llegar hasta el final para conocer lo ocurrido, a la vez que defiende la gestión de su ministro.
Responsabilidad, transparencia y humanidad.
— Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) October 29, 2026
El accidente de ayer en Urda-Los Yébenes es una tragedia que nos deja sin palabras. Todo nuestro cariño a las víctimas, a sus familias y a las personas heridas.
El factor humano puede ser una de las explicaciones, pero lo que ha… pic.twitter.com/ylaQ8pyn0f
Colau, que fue la primera en anunciar esa petición de comparecencia por la mañana, ayer, fue endureciendo el tono contra el PSOE conforme pasaba la jornada y después de acceder Puente a declarar. A los socios no les gusta que el ministro y los socialistas se agarren al "error humano" para salir del paso. "Es inaceptable que se señale a los trabajadores. Solo un error humano no puede explicar una tragedia provocada por fallos en un sistema de seguridad complejo", declaró Colau en un vídeo distrubuido en el que daba sus condolencias a los familiares de las víctimas. "La sociedad española ha estado a la altura, solidaria en el lugar y combativa contra los discursos de odio en las redes", añadió.
¿De verdad nos van a decir que toda la responsabilidad de un accidente así es de un trabajador? pic.twitter.com/qwx4RTthD9
— Irene Montero (@IreneMontero) October 29, 2026
Por entonces, Podemos había ido al rebufo y presentado junto a ERC, al menos con la firma de Gabriel Rufián, su portavoz, un escrito de comparecencia de Puente semejante. Poco después, y antes que Colau, la candidata morada a las generales, Irene Montero, apuntaba en la misma dirección en redes. Ampliaba después con otro vídeo ya posterior al de la catalana. "Estos días hace falta respeto. ¿De verdad quieren que nos creamos que toda la responsabilidad es de un trabajador? Van dos accidentes gravísimos en menos de un año. Adif registró en 2025 3.633 trenes afectados por fallos de señalización cuando en 2018 fueron 243. ¿De verdad nos quieren convencer de que el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado donde ahora circulan muchos más trenes que antes? Montero criticó la liberalización de la red, la entrada de empresas privadas y la falta de mantenimiento y actualización de infraestructuras y sistemas. "Hay que tener un mínimo de decencia y respeto. Filtrar audios para señalar a un trabajador es indecente", remarcó.
Hay un plano claro de competencia por capitalizar el descontento que pueda haber entre el electorado de izquierdas en el que Podemos sigue profundizando, mientras que Frente Amplio, ante la incertidumbre, comienza a explorar. Los morados, durante la mayor parte de la legislatura, vienen insistiendo en la diferenciación respecto a Sumar tras no entrar en el Gobierno y abandonar el grupo parlamentario en el Congreso. Fue intenso en abril de 2025, con cuestiones como el rearme, la subida de inversión en defensa, Gaza y la presión respecto a un partido crítico y uno con miembros como IU históricamente contrarios a la guerra que apoyaban a los socialistas. Durante las últimas semanas, al contrario, con el adelanto de generales y el proceso de negociación abierto en el espacio de la izquierda, la combatividad desapareció, pero desde la misma noche del cierre de plazo de coaliciones, cuando se constató que no habría alianza, las críticas volvieron a ocupar el protagonismo.
"Llevamos años teniendo discrepancias serias con los partidos de Sumar. Somos muy críticos con su forma de gobernar y con su cercanía al PSOE. Es una posición desde la que no se cambian las cosas y donde la derecha se hace fuerte", justificó Montero el distanciamiento tras fracasar el pacto. Esa imagen contra la izquierda de Sumar se repitió el fin de semana, en un primer acto en Nou Barris en Barcelona, con un factor condicional, Montero junto a mediático y movilizador Rufián tras su acuerdo –aunque la falta de acuerdo le puede dejar tocado–, sin siglas, en un escenario al aire libre bajo el lema 'Casa, vida, futuro'. "Te llames como te llames, ¡el frente somos nosotros!", lanzó el catalán en alusión a los de Colau. Ambos defendieron que la izquierda debe condicionar las políticas del PSOE para impulsar medidas sociales, mientras que Montero cuestionó que sin ello el PSOE se limita a "tuitear muy fuerte contra los de arriba".
El espacio de la izquierda alternativa empieza a percibir que el marco de 'que vienen PP y Vox' va a dejar de dar definitivamente sus frutos bajo el nuevo contexto electoral. En ellas está Podemos desde hace mucho, ante el desgaste de los socialistas por su gestión. Frente Amplio, entra en esa dinámica de los morados, a competir directamente en ese relato para sacar cabeza por la izquierda. Urda, en todo caso, no provoca ese giro por completo. Desde la semana pasada viene labrándose progresivamente un cambio. Ya durante una entrevista en La Sexta Colau declaró que la campaña de Sánchez, reivindicando la vivienda o el SMI llevaba a una llamada al voto de Frente Amplio, como promotor de esas medidas dentro de la coalición. "Nos ha sorprendido, ayer pidió el voto para Frente Amplio", dijo irónicamente tras escuchar la intervención de Sánchez en un mitin.
El domingo, en un acto preelectoral en Móstoles (Madrid), Colau y los suyos, definitivamente fueron a la ofensiva. Volvieron a asegurar que el PSOE no transforma sin ellos, con mención a esas medidas clave de la legisaltura, o la reforma laboral. "El voto útil es el que se traduce en políticas útiles", clamó Toni Valero, por ejemplo, coordinador de IU Andalucía, diputado y número tres de la lista por Madrid. Fuentes del espacio cuestionan el planteamiento de Montero y Rufián, los reproches para desgastarles, pero se alejan de una confrontación directa con un partido que ven limitado solo a Madrid. Priorizan dar la batalla a Sánchez para que al menos –más allá de su electorado– los desafectos socialistas que quieran izquierda tengan otra papeleta a la que acogerse. También los votantes progresistas que dudan.
Los sindicatos han estallado contra la estrategia del ministro de Transportes, Óscar Puente, de cargar la responsabilidad del accidente de Toledo en el operador de circulación de Adif que ordenó reanudar la marcha al AVE de Renfe que acabó impactando con un tren de Iryo.
El accidente ferroviario donde el miércoles fallecieron al menos 69 personas tiene su origen en una fallo informático que hizo que el sistema de seguridad de la línea detuviese a seis trenes en la zona. Pero los maquinistas y el consejero delegado de Iryo llevaban meses reportando fallos o incidencias con el sistema de seguridad LZB.
El titular de Transportes, en una comparecencia ante los medios desde el propio centro de control del tráfico situado en Atocha, no dudó en señalar el fallo de un trabajador con una consigna a un maquinista. Desde el colectivo de responsables de circulación de Adif defienden que "no se puede reducir todo a un error humano".
"Resulta vergonzoso que su primera reacción fuera señalar a un trabajador, atribuyéndole responsabilidades antes incluso de que hubiera comenzado la investigación sobre el accidente", dicen fuentes del Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF). Denunciarán la filtración a los medios de los audios con los maquinistas y piden la "dimisión inminente" del ministro Puente.
Uno de los principales problemas que señalan los profesionales de Circulación es la falta de personal para atender las nuevas demandas surgidas fruto de la liberalización ferroviaria impulsada por el Gobierno del PSOE. A mayor número de circulaciones y un ingente volumen de obras como el de los últimos años, hay un mayor número de incidencias que gestionar. Pero desde el SCF se quejan de que "el relevo generacional ha sido reponer los que entraban por los que salían cuando".
"La sobrecarga de trabajo es cada vez mayor. Hay personas que se dan de baja porque no son capaces de gestionar la situación que se encuentran cada día que van a trabajar", abundan. En el Centro de Regulación de Atocha, por ejemplo, muchos de los puestos tienen la catalogación necesaria para estar gestionados por dos personas. Pero los sindicatos denuncian que la falta de personal hace imposible que se cumpla con ello. Algunos, dicen, "tienen miedo incluso de ir al baño porque se queda la mesa sin gente".
Y afirman que solo tras la tragedia ocurrida hace solo nueve meses en Adamuz (Córdoba), con 46 fallecidos, "se consiguió ampliar las plazas ofertadas". Sin embargo, recuerdan, "estas incorporaciones tardarán al menos dos años en estar en condiciones de prestar servicio".
Además, el relevo generacional ha hecho que los que entren sean profesionales formados pero con poca experiencia en gestión de situaciones complejas en las que el principal sistema de seguridad queda desactivado y se opera con uno de respaldo más expuesto al error humano. No en vano, la Agencia de Seguridad Ferroviaria ya había pedido revisar los protocolos para minimizar los riesgos con motivo de otro incidente con un tren que rebasó una señal.
Desde el Sindicato de Circulación corroboran que "la gran mayoría son personas que trabajan en estos centros que llevan dos o tres años en la empresa". Es decir, tienen la formación teórica pero no una experiencia dilatada gestionando tráficos en lo que se conoce en el argot como "situación degradada". En ellas cambian los procesos y protocolos y los nervios están a flor de piel. Máxime si, como denuncian, no se cumplen tampoco los descansos reglamentarios.
Fuentes internas inciden en que los centros de control de las grandes ciudades, que concentran el grueso de las situaciones complejas fruto de un crecimiento exponencial del tráfico de alta velocidad, se convierten en un hervidero de los que los trabajadores se marchan en cuanto pueden. "La plantilla no es tonta. Si tienes ya años de antigüedad y tienes la posibilidad de moverte de un centro saturado a otro que se trabaja bien, lo vas a solicitar aunque se cobre algo menos", explica una fuente.
Desde Comisiones Obreras (CCOO) también dicen que la actitud del titular de Transportes merece "su inmediato cese". "Reclamamos máxima prudencia y responsabilidad, evitando conclusiones precipitadas y señalamientos públicos hasta que se conozcan los resultados de la investigación", aseguran desde el sindicato que dirige Unai Sordo. Para la organización, merece ser destituido por haber "culpabilizado a las personas trabajadoras" y poner "en la picota al eslabón más débil de la cadena".
Desde UGT no van tan lejos, pero si lanzan un duro reproche a la estrategia de Puente. "Un máximo responsable del sistema ferroviario no puede realizar juicios superficiales anticipados sin que la investigación haya finalizado y poner a sus trabajadores a los pies de los caballos, sin contemplar los factores humanos y organizativos que han conllevado a tan trágico suceso", se quejan.
El sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios, también pide la dimisión de Puente y afea que "el ministro ha actuado de una manera inapropiada utilizando a esta persona trabajadora como 'chivo expiatorio'".
En el plano tecnológico, muchos de los equipos informáticos en los que se apoya el sistema de seguridad son de los años noventa y no se han sustituido. El sistema de origen alemán lleva instalado en la línea Madrid-Andalucía desde su inauguración en 1992 y tenía que haber sido ya sustituido por uno más moderno. Está en marcha una migración al sistema ERTMS, más moderno y de uso común en Europa. Pero los adjudicados hace cinco años gracias a los fondos europeos de recuperación, aún no está operativo.
¿Por qué? "Porque se ha priorizado el servicio sobre la adaptación. El LZB es un sistema fiable en condiciones normales, pero si te denuncian que hay averías constantes, deja de ser seguro y se ha hecho la circulación en unas condiciones cuanto menos cuestionables", denuncian las citadas fuentes.
"¿Y todas las externalizaciones? ¿Y la falta de plantillas? ¿Y las excesivas cargas de trabajo en los CRC? ¿Y las decisiones de su gestión, los recursos disponibles y las condiciones en las que trabajan los profesionales de Adif? ¿Todo eso tampoco es responsabilidad de su Ministerio?", preguntan al ministro desde UGT.
Entre las pesquisas de la investigación está averiguar quién y por qué se dio la orden de retomar la marcha pese a que el sistema LZB no se había aún reestablecido. "Teniendo un buen mantenimiento, los sistemas actualizados y el personal adecuado, esto no se habría dado", apuntan. El problema es que, más allá del factor humano, no hubo un sistema de seguridad automático que frenase el tren ante la ocupación de la vía por parte del Iryo.
Óscar Puente no caerá. No dimitirá ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cesará. No está en los planes de ninguno de los dos que pueda abandonar el Ejecutivo. Es lo que repiten en la Moncloa y en Ferraz, también fuentes cercanas al propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. "Apoyo total", no hay "ningún motivo" para que deje su cargo, para que asuma responsabilidades políticas, insisten, no puede echarse a la espalda una culpa cuando el accidente de Urda (Toledo), el que se ha llevado por delante la vida de al menos 69 personas, es achacable a un "error humano". Puente y Sánchez, por tanto, aguantarán la presión creciente, no solo de la derecha, sino incluso de los socios de izquierdas o del propio sindicato CCOO, que piden su cabeza. La consigna es resistir. Al menos, por ahora, porque "no hay decisión política detrás de un error humano y por tanto no puede haber responsabilidad política". Ni por la catástrofe de Urda ni por la ocurrida nueve meses atrás, en Adamuz (Córdoba), en la que fallecieron 46 personas.
Este jueves, Puente participó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, junto a su compañero de Interior, Fernando Grande-Marlaska —las cámaras captaron un cálido abrazo entre ambos—. Encuentro que dirigieron Sánchez y el jefe de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Fueron los dos presidentes los que atendieron a los medios. Sánchez incidió es que se esclarecerá "hasta el último detalle" de lo sucedido y se reforzará la seguridad ferroviaria para poder restaurar la credibilidad en el sistema. Después, el presidente y el titular de Transportes visitaron el centro de control H24 de Adif, en Atocha. Allí no hubo declaraciones. Las últimas suyas fueron las del miércoles, casi seis horas después del impacto mortal entre el AVE 2080 de Renfe y el Iryo 6076 en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Entonces, a la pregunta de si se planteaba renunciar, respondió que en ese momento no estaba "pensando" en él mismo, sino en atender la emergencia.
El ministro comparece este viernes en rueda de prensa desde el ministerio y el martes se enfrentará a la Diputación Permanente del Congreso, después de que se lo pidieran ERC, Podemos y Sumar
Puente volverá a enfrentarse a los medios este viernes desde la sede de su ministerio, en una previsible larga rueda de prensa, y el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17 horas, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso, a petición propia pero también después de que lo solicitaran ERC, Podemos y Sumar. No se prevé su salida del cargo ni antes ni después de su paso por la Cámara baja.
La Autoridad de Investigación de Accidentes mantiene en 69 los fallecidos en Urda (Toledo)https://t.co/H973etkqT8 pic.twitter.com/GKGrLDWkAJ
— Europa Press TV (@europapress_tv) October 29, 2026
"No dimite. Segurísimo. Tampoco después de que acuda a la Diputación Permanente. Aguantará el chaparrón hasta el final. No está sobre la mesa su dimisión", indican desde su entorno, en el que subrayan que no se rendirá ante la "presión ultra" del exterior, pese a que quien le pide cuentas son grupos como ERC, Podemos y Frente Amplio, y pese a que quien ha exigido su "inmediato cese" es el sector ferroviario de CCOO por "culpabilizar" a los trabajadores del centro de control de Adif en Atocha, "poniendo en la picota al eslabón más débil de la cadena, cuando aún no se ha terminado la investigación". El ministro había calificado de "inexplicable" que un operario diera la orden "errónea" al AVE de reanudar la marcha, y a velocidad "normal" —en el entorno de los 200 km/h—, cuando se cayó el sistema de señalización LZB, contraviniendo los protocolos de circulación. Estos prescriben que cuando colapsa el sistema de protección LZB y se detienen de manera automática los trenes, debe retomarse el viaje con "marcha a la vista", a un máximo de 40 km/h, precisamente para evitar choques.
Apoyo total al ministro. Es un buen gestor y un buen político. No hay ningún motivo para que dimita. Piden su dimisión los que quieren hacer un uso político del accidente", aseguran en la Moncloa
Fuentes próximas a Puente señalan que "nadie" le ha pedido su dimisión. Desde luego, no la única persona que puede hacerlo, el presidente, insisten. Una versión que casa con la que ofrece la propia Moncloa: "Apoyo total al ministro. Es un buen gestor y un buen político. No hay ningún motivo para que dimita. Piden su dimisión los que quieren hacer un uso político del accidente". En el Ejecutivo valoran además su capacidad de "dar la cara" y no esconderse.
El cierre de filas con el titular de Transportes en las últimas horas es más que evidente. Pero en los momentos siguientes al siniestro el partido y una parte del Ejecutivo respiraba de otra forma. Sobre todo después de unas palabras muy significativas de Sánchez: "Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido". Varios cargos del PSOE y del Gabinete interpretaron que el presidente dejaba la puerta a una eventual salida de Puente, y en todo caso dudaban de que este pudiera continuar en su puesto. "No iba por ahí", aseguran con rotundidad desde Ferraz, donde rehúsan aclarar a qué aludía entonces, con el argumento de que ya se irán avanzando "los siguientes pasos que dé el Gobierno". El líder socialista prometió actuar con "contundencia" y tomar "las medidas oportunas" para "reconstruir esa confianza" en el sistema español de alta velocidad, considerado hasta ahora joya de la corona y marca España, y para "garantizar aún más la seguridad de nuestros conciudadanos que utilicen este servicio".
"Es que no hay motivo para que Puente dimita. No hay decisión política detrás del error y por tanto no puede haber responsabilidad política", esgrimen de manera coincidente en la dirección federal del partido. En Ferraz, igual que en la Moncloa, se agarran al hecho de que no se pueden exigir responsabilidades al ministro cuando, como se escucha en los audios filtrados, quien dio la orden "errónea" de reanudar la circulación a "marcha normal", sin limitación de velocidad, y no a "marcha a la vista", fue el controlador que asumió el mando una vez caído el sistema de frenado LZB.
No hay responsabilidad directa ni indirecta del ministro, no hay decisión política que propicie el accidente. Las responsabilidades políticas se asumen cuando hay una decisión política que deriva en el problema", esgrimen en Ferraz
"A un operario de estampación le pilla una máquina y le mutila un brazo porque su encargado se salta los protocolos y reanuda la máquina... ¿y tiene que dimitir el CEO de la empresa? O pongamos otro ejemplo: una enfermera que negligentemente administra un tratamiento a un paciente que no le corresponde y muere, ¿tiene que dimitir el consejero de Sanidad? —defienden desde la cúpula federal—. Es que en el caso de este siniestro, no hay responsabilidad directa ni indirecta del ministro, no hay decisión política que propicie el accidente. Las responsabilidades políticas se asumen cuando hay una decisión política que deriva en el problema, y no es así".
Ingeniero de Caminos apunta a errores humanos de varias personas en accidente de Urdahttps://t.co/P51SsMehGg pic.twitter.com/OaGvhoAG1k
— Europa Press TV (@europapress_tv) October 29, 2026
En el cuartel general socialista y en el corazón del Gobierno otorgan pleno respaldo a la versión ofrecida por Puente: hubo un fallo del sistema LZB, sí, pero automáticamente se pararon los trenes —los seis que, en principio, había en ese tramo de 63 kilómetros—, pero fue en el centro de control de Adif en Atocha donde "se incumple el protocolo y la normativa". "Los fallos del sistema pueden pasar y por eso se bloquea para que no circulen los trenes y preservar la seguridad", justifican.
En el cuartel general recalcan que fue un operario el que por error "incumple el protocolo y la normativa", al autorizar al AVE la marcha sin límite de velocidad pese a que tenía el Iryo delante
Pero no está claro por qué colapsó el sistema LZB, más allá de un error de comunicación de tres ordenadores de la red, según dijo Puente. O por qué no se había procedido ya a la sustitución del LZB, que funcionaba desde la entrada en funcionamiento de la línea, en 1992, por el más moderno e interoperable ERTMS, el estándar europeo que se licitó para el corredor Madrid-Andalucía en 2021 y que debería haberse implantado en los siguientes 52 meses (o sea, como tarde, a primeros de 2026), y que sin embargo no estaba listo. Tampoco se sabe de qué información exacta disponían en pantalla los operarios de Adif en Atocha, o si funcionaron el sistema ASFA —que detiene un tren en marcha si rebasa un semáforo en rojo sin permiso del centro de control— o el bloqueo de señalización lateral (BSL) —que entra en acción cuando cae el LZB y que busca garantizar la separación entre convoyes—. No se sabe por qué permaneció detenido el Iryo. Los sindicatos, además, denuncian sobrecarga de trabajo y falta de inversión en la red, también plantillas raquíticas que no se han redimensionado tras la liberalización del servicio.
En 2024, la ya extinta Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aconsejó adoptar medidas técnicas para que la verificación humana no fuera la última capa de seguridad en los casos en los que esta sustituye al sistema automaticado, como ocurrió en Urda al colapsar el LZB. Ese informe de la CIAF aludía a un incidente que se produjo el 25 de junio de 2024 cuando el AVE 05903 que circulaba con el sistema ERTMS-1 rebasó indebidamente una señal que le obligaba a detenerse en la estación de Cuenca-Fernando Zóbel.
Hay muchas preguntas por responder y consejos de la CIAF por aplicar, como los que expuso tras un incidente parecido en Cuenca (pero sin muertos) en 2024: pedía implantar "medidas mitigadoras de carácter técnico" porque el humano puede fallar
En aquella ocasión, no ocurrió nada, no hubo muertos ni heridos. Pero lo que ocurrió es que tras la caída del sistema y el freno del convoy, ni el maquinista ni el responsable de circulación identificaron la señal de rebase indebido. El control ordenó que reanudara la marcha. La CIAF se dio cuenta de que cuando falla la automatización, la seguridad descansa en una autorización humana y, si no hay una capa extra de protección automática, entonces puede haber una colisión por error, que fue lo que sucedió en Urda. La comisión puso de manifiesto la necesidad de implantar medidas "mitigadoras de carácter técnico", dado que la autorización humana es "susceptible de fallar".
Accidente de tren en Toledo | Pedro Sánchez: "Todo el Estado está volcado en un triple vertiente. En primer lugar, de respuesta a la emergencia [...] En segundo lugar, el conocimiento y esclarecimiento de las causas y, finalmente, el resarcimiento, al menos desde el punto de… pic.twitter.com/lyzmTsntjI
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 29, 2026
En la dirección responden que "ni el sistema ferroviario ni el de seguridad es de Puente, y aquí el problema es que un señor ha incumplido el protocolo". "Ni el ERTMS ni el LZB tienen fallos cero. Siempre puede haber fallos, de ahí el protocolo que entra en acción después y que no se respetó", aducen. Puente también había puesto el acento en los 17 minutos que transcurrieron entre la orden de reanudar la marcha, 8.36, hasta la embestida del Iryo, 8.53, en los que nadie reparó que el AVE se estaba aproximando a una velocidad que rondaba los 200 km/h a un convoy detenido. 17 minutos en los que nadie rectificó la directriz dada.
En el núcleo duro de Sánchez creen que hay que aguantar la presión incluso frente a los socios, que son más exigentes con el Gobierno, aducen, por "el momento electoral", por la cercanía del 29-N
La Moncloa y Ferraz consideran que hay que aguantar la presión de estos días. También la que ejercen los socios, que son más exigentes con el Gobierno, indican en el aparato del partido, "por el momento electoral", por la cercanía de los comicios del 29-N.
Pero la presión también viene de dentro. De dentro del propio PSOE. En la ejecutiva hay dirigentes que no entienden que Puente no se marche, que creen que la losa de 115 muertes —la suma de los fallecidos en Adamuz y los por ahora contabilizados en Urda— es demoledora, que anticipan que el partido no podrá remontar cara a las generales con un ministro tan señalado todavía en pie. "Es que como poco hasta la huelga general del 11 de noviembre nos van a caer palos y palos, y el 12 por la noche empieza la campaña. Los gritos de dimisión o cese están también entre los nuestros. Hemos pasado de una precampaña que iba muy bien, muy positiva, alegre y liderando a una situación en la que se nos ve hundidos", constata un barón provincial y parlamentario en esta última legislatura.
En Ferraz no están de acuerdo. No creen que sea una buena señal sacrificar a Puente, porque se interpretaría, a menos de un mes de las urnas, como una enmienda a la totalidad de la gestión ferroviaria. "Todo en esta vida no se puede medir en claves electorales. No ha hecho nada Puente en esto", justifican. Y él está dispuesto a resistir, cosa que no hizo Montse Mínguez, la portavoz de la ejecutiva que decidió dimitir de todos sus cargos y abandonar las listas del 29-N con la polémica por las propiedades inmobiliarias que tenía su pareja. "Ella no quiso aguantar la presión, y es respetable", explican.
Los gritos de dimisión o cese están también entre los nuestros. Hemos pasado de una precampaña que iba bien, positiva y liderando a ahora, cuando se nos ve hundidos", apunta un barón provincial
Tampoco creen en la dirección que el caso del ministro sea siquiera comparable al del president Carlos Mazón, que tuvo que dimitir un año después por la catastrófica gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron más de 230 personas. "¿Cómo va a ser comparable un tío que estaba de comilona en El Ventorro con un error de un trabajador? Es de locos", se indignan.
Los Reyes visitan a los heridos de Urda y piden "medidas para que no vuelva a suceder"https://t.co/hvQ9OJkabb pic.twitter.com/cEIgcU56m1
— Europa Press TV (@europapress_tv) October 29, 2026
Entre los cargos socialistas se apunta a que Puente tiene más difícil salida por su actitud, por el gatillo fácil con el que maneja su cuenta de X, desde la que en muchas ocasiones insulta a rivales (y miembros de su partido). En la dirección defienden, sin embargo, que "es el mismo tuitero que hizo una maravillosa gestión en la dana", cuando logró reconectar la zona cero de las riadas y reparar las infraestructuras dañadas en poco tiempo.
"Nadie duda de que hubo un error humano —señala un dirigente con hilo con la Moncloa—. Lo que sucede es que la gente también se pone en el lugar del pobre operario, y que nadie resiste políticamente dos accidentes de esta magnitud en un mismo año. Óscar lo sabe, y se le pudo leer en el rostro en la rueda de prensa. La cuestión es que nadie sabe cómo gestionar políticamente un impacto de este calibre a un mes de unas elecciones. Nadie sabe qué es mejor: sacrificar ya, más adelante, aguantar… No hay precedentes". Este dirigente, que conoce bien el circuito monclovita, no da nada por hecho, de modo que, como otros dirigentes consultados, no descarta que la renuncia de Puente pueda llegar más adelante: "Hay que reorientar toda la campaña y la dimisión se decidirá en función de lo que finalmente se estime menos lesivo en términos políticos. Ahora lo que toca es aguantar, pero la última palabra la tiene el presidente".
Hay dirigentes que creen que la dimisión podría llegar más tarde, porque ahora mismo no conviene ya que podría hacer más daño a la marcha de la campaña. La última palabra la tiene el presidente
Otros responsables insisten en que la situación de Puente es "insostenible", creen que Sánchez se hace daño a sí mismo y al PSOE si no le cesa, que la campaña no aguanta "ni un segundo" con el ministro en su puesto. Por ahora, sin embargo, la decisión no parece reversible. "Claro que no va a dimitir ni se lo va a pedir Pedro", resuelve una dirigente que ha formado parte de equipos pasados de Sánchez, "Óscar es su niño bonito". Un peso pesado de su núcleo de confianza, del que no quiere ni puede prescindir.
La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado a 234 la cifra de fallecidos que dejó la catástrofe natural que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024. La última víctima reconocida es un vecino de 73 años de Paiporta que falleció dos meses después en el Hospital General de Valencia por una infección bacteriana. La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha comunicado su decisión este viernes después de estudiar el informe médico forense y de las declaraciones testificales prestadas a petición de la Fiscalía por los hijos del fallecido.
© Eduardo Manzana (Europa Press)
Login