Puente puso su cargo a disposición de Sánchez, que respalda su continuidad: "Si creyera que perjudico al proyecto, habría dado un paso al lado"


Alberto Núñez Feijóo ha cambiado el paso y ha acusado este viernes directamente al Gobierno de ser el responsable de las muertes de los dos accidentes ferroviarios de este año en Adamuz y Urda. “Han muerto 46 personas por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno en Adamuz, y al menos 69 en Toledo porque no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho”, ha afirmado en una comparecencia en la sede del PP tras una reunión con expertos en el sistema ferroviario. El líder del PP ha responsabilizado al Ejecutivo de la tragedia, y no solo al ministro de Transportes, Óscar Puente, que hoy ha descartado dimitir, sino también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello. Ahora bien, quien lo ha nombrado y lo ha mantenido, con más motivo”, ha acusado el líder popular. “Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas”.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ofrecido una rueda de prensa sobre las novedades de la investigación del accidente ferroviario en Urda (Toledo), la segunda tragedia ferroviaria del año que se salda hasta el momento con 69 muertos, en la que ha rechazado la posibilidad de dimitir. La comparecencia se ha producido horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiera en el Cecopi que “la confianza en el sistema de alta velocidad está quebrada” y que es labor del Ejecutivo ofrecer soluciones. Puente ha comenzado su intervención con un mensaje sobre la asunción de responsabilidades y ha negado que esté derivando estas hacia empleados del sistema ferroviario.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) que la cifra de víctimas mortales que se puede comunicar sigue siendo de 69, pero no descarta que aumente. “Hay 70 denuncias de desaparecidos, no descartamos que pueda haber más fallecidos”, ha explicado en una comparecencia junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Lo que aparece en los depósitos son 68 cadáveres completos, más el fallecido en hospital y los restos que están en un proceso muy complejo de identificación”, ha detallado el presidente autonómico.

© epv

El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha descartado dimitir tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Ha admitido que la presión es fuerte, pero subraya que su “forma de asumir la responsabilidad es dar la cara”. “Mi obligación es resolver el problema y ofrecer explicaciones”, ha dicho en una comparecencia en el Ministerio en la que ha revelado que el sistema de seguridad LZB, que se cayó dando origen al accidente, ha fallado este año 170 veces, “dentro de la normalidad europea”. Esta mañana, el PP ha pedido por primera vez su dimisión abiertamente. La portavoz del PP, Ester Muñoz, considera que si no dimite por el accidente, debería ser cesado. “No debería llegar al martes”, ha asegurado. Por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que “la confianza en el sistema de alta velocidad está quebrada” y que ahora es labor del Gobierno no solo investigar las causas del siniestro sino “ofrecer soluciones para que una tragedia como esta no se repita”. Ha dicho que el Estado trabaja en ello. Junto a él, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que se rebaja a 1 el nivel de emergencia, lo que significa la retirada de parte de los efectivos desplegados en el lugar del accidente, que han llegado a ser 1.300.
Los controladores del centro de coordinación de Atocha (Madrid) ordenaron al AVE 2080 que siguiera un protocolo equivocado antes de que el miércoles embistiera al Iryo 6076 en la localidad toledana de Urda, causando al menos 69 muertos y 58 heridos. Así se desprende del libro de normas del maquinista de Renfe y de los testimonios recabados por este diario de tres expertos con experiencia en el manejo de la línea de alta velocidad que une Madrid y Sevilla.

© Moncloa (Europa Press)
Falta de personal y una fuerte presión sobre los hombros de los operarios en horas pico de tráfico. Son dos de las quejas recurrentes de los sindicatos al referirse al Puesto de Mando y Centro de Regulación y Control (CRC) que el gestor de la infraestructura ferroviaria Adif tiene junto a la estación madrileña de Atocha. En él trabajan un centenar de personas en torno a Da Vinci, uno de los sistemas de vigilancia de la red ferroviaria más avanzados de Europa. Desde sus pantallas se monitoriza el control de tráfico centralizado, las comunicaciones fijas y GSMR, la señalización, sistemas de seguridad, sistemas de planificación y regulación del tráfico, videovigilancia y control de las estaciones. Hasta ahora, un motivo de orgullo para la compañía dependiente del Ministerio de Transportes, pero es aquí donde se fragua la cadena de órdenes inconexas que acaban el miércoles en tragedia, con el choque de dos trenes y al menos 69 víctimas, en la localidad toledana de Urda.

© Adif
Los audios de las conversaciones entre el centro de mando de la estación de Atocha y los maquinistas de los trenes siniestrados este miércoles cerca de Urda (Toledo), apuntan, como había señalado desde el primer momento el Ministerio de Transportes, a un error humano. Pero un análisis pormenorizado con expertos, entre ellos, maquinistas, de esas grabaciones y la compleja jerga de siglas y acrónimos que manejan, hablan de un fallo mucho más extendido, que alude directamente al sistema.
Lo único que rompe el silencio, de cuando en cuando, es un llanto desconsolado. “A veces parece que la espera es peor que la propia muerte”, dice una mujer de 21 años que busca a su padre. Desde la noche de este miércoles, en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor, en Toledo, permanecen más de 70 familiares de desaparecidos del accidente ferroviario de Urda, que hasta este momento ha dejado 69 fallecidos. Sus vidas se paralizaron a las 9.30 de la mañana, cuando recibieron la noticia de que algo había ocurrido con el tren en el que viajaban sus padres, hermanos o hijos. Ninguno de ellos ha podido dormir. Solo unos pocos han aceptado un lorazepam para la angustia, y eso les ha permitido cerrar los ojos unas horas, aunque ninguno siente que haya descansado. El miércoles, en el colegio público de Urda, estos mismos rostros estaban en estado de shock. Hoy, con el paso de las horas y la falta de noticias, la desesperación empieza a apoderarse de ellos. “Estamos cada vez con más ansiedad, no podemos más de los nervios”, dice Maricarmen, asustada por no tener noticias de su marido, César Vicente. Se queja: “Las horas de espera nos están matando porque nadie dice nada”. Han ido y han llamado en las últimas 24 horas a todos los lugares en donde podría terminar una persona después de sufrir un accidente: primero, los pabellones habilitados para la emergencia en Urda, después, los hospitales en Toledo y Madrid, y por último, la morgue. Nada.
El viaje a Sevilla era un regalo de sus hijas. Aquella mañana, Antonio Chao y Toñi Barba, ambos de 59 años, se despidieron de una de ellas antes de subir al AVE que los llevaría a pasar un par de días en la capital andaluza. Ella los había acercado en coche hasta la estación de Atocha. En el coche 7 tenían asignados los asientos 9B y 9A, uno junto al otro. Antonio recuerda con precisión los instantes previos al accidente. Lo que vino después se le aparece entre imágenes confusas que empiezan con un golpe seco, siguen con el vagón precipitándose por un terraplén y continúan cuando consigue abrir los ojos. Lo primero que hace entonces es buscar a su mujer.

Con un saldo insoportable de vidas rotas, la tragedia ferroviaria de Toledo nos devuelve de golpe a la más cruda realidad: no podemos normalizar que viajar en transporte público se convierta en un acto de fe frente a fallos evitables y cadenas de negligencias. Confiamos en una red que, ante la primera brecha, delega toda la responsabilidad en el factor humano bajo presiones incomprensibles. La modernidad de un país no se mide solo por la velocidad de sus trenes, sino por la firmeza con la que prioriza la seguridad por encima de cualquier urgencia operativa. Exigir transparencia y responsabilidades hasta el final no es solo una deuda con las víctimas y sus familias, sino la única manera de rescatar la confianza en unas infraestructuras públicas que hoy nos duelen en el alma.