El conjunto de joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero alcanza un valor de 1.023.320 euros. Así lo recoge el informe pericial elaborado por YANES al que ha tenido acceso El Independiente, que analiza las características gemológicas y de fabricación de las piezas y apunta a un probable origen asiático. Los expertos concluyen, además, que las joyas no se habrían fabricado antes de 2007, a partir de la composición del metal, aunque advierten de que no es posible establecer una fecha exacta ni determinar el país de procedencia.

La tasación supera el millón de euros y se distribuye en cuatro lotes. El primero, compuesto por esmeraldas y diamantes, está valorado en 373.100 euros; el segundo, con gemas rojas y diamantes, en 203.000 euros, y el tercero, con zafiros y diamantes, en 362.400 euros. El cuarto lote, integrado por piezas de joyería menor, suma otros 84.820 euros. La cifra corresponde al valor de reposición actual calculado por los peritos, no necesariamente al importe que se pagó por las joyas. El documento tampoco establece quién las adquirió ni cuál fue su procedencia económica.

El níquel, clave en la investigación

Uno de los elementos que los expertos utilizan para acotar la antigüedad de las piezas es la composición de la aleación metálica. El análisis detecta un bajo contenido en níquel, circunstancia que lleva a los peritos a situar su fabricación después de la entrada en vigor de la normativa europea REACH, en 2007. El informe no permite, sin embargo, concretar el año. Los especialistas señalan que el estilo clásico y atemporal de las joyas impide adscribirlas a una época determinada.

El estudio encuentra también similitudes técnicas entre los tres primeros lotes. Las piezas comparten características en el metal, la aleación, los engastes, el estilo y los acabados. A juicio de los expertos, estos elementos permiten plantear que pudieron ser elaboradas por un mismo orfebre y en un mismo periodo. El análisis técnico les lleva a considerar que se trata de piezas de fabricación comercial y que su origen asiático es “muy probable”, sin que puedan atribuirlas de forma concluyente a un país concreto.

El diseño del punzón

El informe identifica, además, una marca común en las joyas examinadas. El punzón “18K”, acompañado de una letra “T” de diseño particular dentro de un rectángulo con los extremos redondeados. Los peritos consideran que esa señal podría servir para localizar al fabricante mediante una investigación internacional exhaustiva.

Entre los países compatibles con las características observadas, el documento menciona Tailandia, India y China, además de otros territorios de Asia central y Turquía. Se trata de posibles procedencias, no de una identificación definitiva del lugar en el que se elaboraron las piezas.

La valoración gemológica introduce también matices sobre las piedras. Los peritos describen el conjunto como homogéneo y de calidad comercial. Las esmeraldas son naturales, aunque han recibido tratamientos para mejorar su aspecto, y los zafiros también son naturales y han sido sometidos a tratamiento térmico. En el lote de gemas rojas, el análisis detecta corindón natural con relleno de vidrio de plomo, por lo que los expertos consideran que esas piedras no pueden calificarse como rubíes.

Los especialistas destacan asimismo que las piezas carecen de firma de un joyero o de una marca reconocida de alta joyería. Tampoco se han aportado certificados de calidad e identidad ni los estuches originales. El informe ofrece una tasación y una caracterización técnica de las joyas, pero no permite determinar su comprador, el precio abonado ni el origen de los fondos con los que pudieron adquirirse.

El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López Gutiérrez, ha lanzado este miércoles desde Ceuta una defensa cerrada de la independencia de los mandos y de las unidades de investigación de la Policía Nacional frente a lo que ha definido como “intolerables presiones políticas” y un “hostigamiento sistemático” en los últimos meses. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar y a quién no", ha explicado, "lo redacta con la verdad, con unos hechos y con la ley en la mano", ha sentenciado. Y ha rematado: “Estaremos siempre por encima de cualquier injerencia”.

La intervención de López Gutiérrez se ha producido después de la Junta Nacional del SPP, sindicato de mandos de la Policía Nacional, celebrada en Ceuta, donde los responsables del sindicato han abordado la situación de la Policía Nacional y los principales retos de seguridad a los que se enfrenta España, con especial atención a la ciudad autónoma. El acto ha estado marcado por el grave accidente ocurrido en Toledo en la mañana el miércoles, por el que se ha guardado un minuto de silencio.

Presión de las unidades policiales

El mensaje del presidente del sindicato de mandos ha ido mucho más allá de una reivindicación laboral. Daniel López ha situado en el centro de su intervención la presión que, a juicio de los responsables, están sufriendo las unidades policiales cuando sus investigaciones afectan a asuntos políticamente sensibles. Y ha citado expresamente los informes de la UDEF y la UCRIF que han provocado controversia durante las últimas semanas.

“Si la verdad incomoda a alguien, el problema no es del policía o de la unidad que lo redacta”, ha señalado. El presidente del SPP ha defendido que los agentes no trabajan pensando en las consecuencias políticas de sus conclusiones y ha reivindicado la “neutralidad y la independencia” de la Policía Nacional. “Los mandos y los agentes de esta institución no sirven a ningún partido ni a ningún interés particular; servimos únicamente al imperio de la ley, de la Constitución y del pueblo español”, ha afirmado.

Marlaska y el CENIF

Las palabras llegan después de varios episodios en los que informes policiales han quedado en el centro de la disputa política. Uno de los más recientes ha sido precisamente el de Ceuta. El SPP ya salió públicamente en defensa del CENIF cuando el informe elaborado por esta unidad sobre la crisis migratoria fue puesto en cuestión y el ministro del Interior reclamó explicaciones a la cadena de mando. El sindicato acusó entonces de intentar buscar responsabilidades en el ámbito policial y defendió el “rigor técnico” y la independencia de las unidades de inteligencia e investigación.

La controversia se produjo después de que el informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional señalara la actuación de agentes de la Gendarmería marroquí en la entrada masiva de finales de julio. Paralelamente, la documentación posteriormente publicada por el Gobierno ha permitido reconstruir que distintas unidades habían elaborado informes y comunicaciones antes de la crisis, entre ellos documentos del CENIF de los días 23, 28 y 29 de julio.

Zapatero y la UDEF

El otro gran frente al que se refieren las palabras de López Gutiérrez es el de la UDEF. Los informes de la unidad en la investigación sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra han tenido un enorme impacto político y judicial. La Policía ha situado en sus informes elementos económicos y societarios que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a autorizar nuevas pesquisas sobre cuentas del expresidente, sus hijas, su secretaria y sociedades vinculadas a la investigación.

Precisamente la defensa de Zapatero ha cuestionado ante el juez la actuación de la UDEF y ha pedido límites a sus pesquisas, al considerar que algunas de sus conclusiones podían responder a una tesis “elucubrativa” y acercarse a una investigación prospectiva. Es en este contexto de informes policiales que afectan directamente a asuntos políticos donde el presidente del SPP ha querido reivindicar que las unidades deben poder investigar y redactar sus conclusiones sin atender a quién puedan incomodar.

“Frente a la presión política y el hostigamiento que buscan doblegarnos, quiero dejar claro la neutralidad y la independencia de la Policía Nacional”, ha proclamado.

La Junta Nacional, en Ceuta

La elección de Ceuta como escenario de la Junta Nacional ha permitido además al sindicato conectar esta reivindicación con la situación que viven los policías destinados en la frontera. López Gutiérrez ha presentado la ciudad como “la frontera del sur de Europa” y ha denunciado una “paradoja insostenible”: mientras desde Madrid o Bruselas se trata de trasladar un discurso de normalidad y control, los mandos policiales se enfrentan sobre el terreno a una realidad marcada, ha dicho, por la “insuficiencia estructural” de recursos, la “indefinición jurídica” y, sobre todo, la improvisación.

El presidente del SPP ha recordado la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio para reivindicar el papel desempeñado por los mandos policiales durante aquellas jornadas. Miles de personas entrando al mismo tiempo, el perímetro desbordado, los servicios de la ciudad al límite y agentes triplicando turnos fueron, según su relato, el escenario en el que los responsables policiales tuvieron que tomar decisiones “bajo una presión extrema”.

Sin plantilla y sin coches

La denuncia no se limita a la falta de efectivos. El sindicato ha señalado plantillas por debajo del catálogo, vehículos que “no deberían seguir circulando”, material antidisturbios insuficiente, instalaciones deficientes y dietas que considera insuficientes. Y ha reclamado al Ministerio del Interior y al Gobierno un plan integral para Ceuta, un refuerzo permanente de las plantillas y, sobre todo, seguridad jurídica para los policías.

“Si la frontera de Ceuta es estratégica para España y para la Unión Europea, la dotación, el respaldo legal y la protección jurídica a la labor policial deben estar a esa misma altura estratégica. Y hoy por hoy no lo están”, ha afirmado.

El discurso ha incorporado además una advertencia de futuro. López Gutiérrez ha alertado de los riesgos derivados de la polarización política y ha situado los próximos procesos electorales como un posible escenario de tensión. Tras referirse a disturbios y episodios de violencia registrados en otros países europeos como Francia o Italia, ha advertido de que “España no es inmune” a esa dinámica.

Cuestionar el resultado electoral

El presidente del SPP ha planteado incluso que, ante un eventual cambio de tendencia política, determinados sectores radicales podrían intentar cuestionar el resultado electoral en la calle y provocar movilizaciones que degenerasen en disturbios. “No vamos a esperar a que esto ocurra”, ha asegurado. La Policía, ha añadido, debe prepararse para anticipar esas situaciones y garantizar que el derecho de manifestación no termine convirtiéndose en inseguridad.

Por eso, el sindicato reclama un Gobierno que respalde a los policías cuando actúen conforme a la ley. “España necesitará un gobierno fuerte y sin complejos”, ha defendido Daniel, que ha pedido que los agentes no sean abandonados durante las crisis para después enfrentarse a expedientes o procedimientos judiciales.

El ahora exinspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages ha declarado este lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio vio desde la frontera cómo agentes marroquíes dirigían a personas hacia territorio español. Según ha explicado ante la magistrada, había una cola muy larga de personas en el lado marroquí, a la vista de la Gendarmería, y observó a individuos que las iban conduciendo hacia la zona del espigón, según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente.

Fages, responsable de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta durante aquellos hechos, relató que recibió sobre las 10.00-10.30 horas una llamada alertando de una entrada masiva por la playa del Tarajal. Cuando llegó a la zona se encontró con un "río humano" que avanzaba hacia España y consideró que la puerta de servicio situada en el paso del Tarajal debía cerrarse para intentar contener la avalancha.

Sin embargo, la Guardia Civil se opuso a esa decisión. Según explicó Fages ante Tardón, el mando del Instituto Armado le advirtió de que, si se producía un tapón, las personas podían terminar lanzándose al agua y que, en caso de fallecimientos, la responsabilidad recaería sobre la Guardia Civil. La puerta llegó a cerrarse durante unos minutos, pero posteriormente volvió a abrirse.

El Tarajal

El entonces responsable policial aseguró que incluso manifestó que él asumía la responsabilidad de cerrar la puerta, pero que la Guardia Civil mantuvo su negativa. Ante la imposibilidad de contener el flujo por ese punto, la Policía intentó redirigir la entrada masiva hacia el polígono del Tarajal.

La situación provocó un enfrentamiento entre ambos cuerpos en la propia frontera. Fages confirmó ante la jueza las imágenes en las que se observa el rifirrafe entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y explicó que la Policía trataba de detener el flujo mientras la Guardia Civil defendía mantener abierta la puerta por el riesgo que, a su juicio, suponía cerrarla.

El problema, además, era la falta de efectivos. Fages ha declarado que llegó a encontrarse con apenas 20 o 25 policías para afrontar la entrada masiva, a los que posteriormente se sumaron 12 agentes de la UIP. Ante una entrada masiva que ha considerado descontrolada, los agentes tuvieron que concentrarse en intentar canalizar a las personas que entraban y finalmente priorizar la seguridad de la ciudad.

No hubo alerta previa

El inspector jefe ha explicado asimismo que la Policía Nacional no había recibido una alerta previa que permitiera preparar un dispositivo extraordinario. Existía un protocolo específico para afrontar entradas masivas, vigente desde 2021, que contempla la petición de apoyo de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, según su declaración, aquel procedimiento no llegó a activarse: "Nunca llegó la orden", afirmó ante la magistrada. El propio Fages aseguró que no sabía quién debía haber ordenado su activación.

Su testimonio incorpora además un elemento sobre lo que estaba sucediendo en el lado marroquí antes y durante la entrada. Según relató, había una cola muy larga de personas esperando para cruzar, perfectamente visible desde la frontera y a la vista de la Gendarmería marroquí. Fages aseguró que vio a personas "dirigiendo" desde Marruecos y que algunas vestían uniformes de color gris y caqui. El inspector jefe no pudo precisar, sin embargo, qué cuerpo concreto integraban todos los individuos que observó.

El teniente coronel de la Guardia Civil

El relato del mando policial se suma al prestado ante Tardón por el teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de las operaciones de la Comandancia de Ceuta. Su versión sobre la actuación en la frontera difiere de la de la Policía. El mando de la Guardia Civil sostuvo que todas las decisiones operativas fueron suyas y que no recibió instrucciones del delegado del Gobierno ni de otros superiores durante la entrada masiva.

El teniente coronel defendió precisamente la decisión de mantener abierta la puerta del Tarajal. Según su declaración, cerrarla podía provocar un tapón y aumentar el riesgo de aplastamientos o de que quienes se encontraban en la zona se lanzaran al agua. Aseguró que entre quienes intentaban entrar había familias con bebés y personas mayores, mientras que numerosos jóvenes ya estaban nadando.

Seis embarcaciones marroquíes el día antes

El mando de la Guardia Civil también ha explicado que la noche anterior había seis embarcaciones marroquíes en la zona: dos patrulleras, dos interceptoras y dos embarcaciones pequeñas. Y afirmó que durante la entrada observó a militares marroquíes dirigiendo a las personas hacia el espigón. También señaló que algunas de las embarcaciones pequeñas recogían a personas en el agua y las dejaban posteriormente en la playa.

Según su declaración, la situación ya había comenzado a complicarse durante los días anteriores, con un aumento de la llegada de nadadores, pero aseguró que no recibió un aviso de que fuera a producirse una entrada masiva. El día 30, explicó, a primera hora ya habían llegado unas 300 personas y posteriormente se produjo una salida masiva de varios cientos de nadadores. Las declaraciones de ambos responsables policiales permiten a Tardón reconstruir ahora no solo cómo se desarrolló la avalancha, sino también las distintas decisiones adoptadas por los cuerpos desplegados en la frontera.

La desclasificación por parte del Gobierno de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha abierto un debate que va más allá de la propia crisis del 30 de julio. Cargos vinculados al funcionamiento del servicio de inteligencia han explicado a El Independiente que consideran peligroso que documentación elaborada bajo la premisa de que permanecería reservada pueda ser desclasificada para dirimir una controversia política y alertan de que esta práctica "sienta un precedente".

La preocupación, explican estas fuentes, no se refiere únicamente a los documentos concretos relacionados con Ceuta, sino al criterio que pueda consolidarse para futuras desclasificaciones. La documentación de inteligencia puede contener información sobre fuentes, métodos de obtención, sistemas de vigilancia, valoraciones de riesgo o información recibida de otros servicios, de manera que levantar su reserva no es equivalente a hacer público un expediente administrativo ordinario.

El debate dentro del propio Ministerio de Defensa nace a raíz de cómo se generó la controversia que llevó a dicha desclasificación. Después de la entrada masiva en Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no había recibido un aviso del CNI que anticipara una operación de las dimensiones que finalmente se produjo. La afirmación provocó un enfrentamiento político con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defendió que los servicios de inteligencia sí habían advertido previamente de la situación.

Cuando Sánchez desclasificó los papeles

Fue en ese contexto cuando Pedro Sánchez anunció en el Congreso que se desclasificarían los informes y avisos manejados por el Gobierno antes y durante la crisis. El Consejo de Ministros acordó posteriormente la desclasificación parcial de documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Entre los documentos desclasificados había tres notas del CNI, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas por el servicio de inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil. El propio Gobierno admitió que no toda la documentación podía hacerse pública porque parte de ella afectaba a información especialmente protegida o incorporaba elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La documentación que ha ido aflorando desde entonces ha complicado precisamente la versión inicial de que no existió aviso. No se trata de que los servicios de inteligencia hubieran predicho con exactitud que decenas de miles de personas entrarían en Ceuta, sino de que existía información previa sobre el incremento de la presión migratoria, la organización de convocatorias en Marruecos y el riesgo de una entrada por la frontera.

Uno de los elementos más relevantes fue la información que el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno el 29 de julio, la víspera de la entrada masiva, y que adelantó El Independiente en exclusiva. El servicio alertó de la existencia de grupos en redes sociales con decenas de miles de integrantes que estaban organizando una entrada desde Marruecos y trasladó el riesgo a su interlocutor en la Delegación. Posteriormente se conoció incluso la existencia de 19 mensajes intercambiados ese día entre un oficial del CNI y el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno que no habían formado parte de la primera desclasificación.

La Audiencia Nacional investiga la documentación

La propia investigación de la Audiencia Nacional está contribuyendo a reconstruir una cadena de avisos mucho más amplia. La jueza María Tardón ha solicitado documentación a prácticamente todos los organismos que participaron en la gestión de la frontera y de la crisis y ha puesto el foco en qué información existía antes del 30 de julio, cómo circuló entre los distintos organismos, quién la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella.

En su última batería de diligencias, la magistrada ha pedido al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto. También ha reclamado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) los informes elaborados por su grupo de seguimiento de Marruecos, ha ampliado la petición de imágenes satelitales sobre la frontera y ha solicitado específicamente la información correspondiente a la interceptación sobre la frontera de Ceuta del denominado 'Programa Santiago'.

La jueza explica que esta documentación resulta "particularmente relevante" para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de la información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados durante la investigación. Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a la primera desclasificación promovida por el Gobierno.

Diferencias entre la AN y el Gobierno

Una cosa es que el Ejecutivo decida levantar la reserva de documentación de inteligencia para responder a una controversia política y defender su actuación ante las críticas por la gestión de la crisis. Otra es que un órgano judicial, dentro de una investigación, reclame documentación reservada porque considera que puede ser necesaria para determinar qué ocurrió y depurar responsabilidades.

En el caso de Tardón, además, la petición judicial no se limita al CNI. La magistrada está reclamando información al Estado Mayor de la Defensa, al CIFAS, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno y a la Ciudad Autónoma. También ha pedido grabaciones de cámaras, drones y sistemas de control fronterizo, así como documentación sobre las reuniones celebradas antes de la entrada masiva. Todo ello responde a la intención de reconstruir la secuencia de acontecimientos y comprobar qué sabían las autoridades antes de que miles de personas atravesaran la frontera.

El problema es que parte de esa documentación puede encontrarse precisamente dentro del ámbito de la información clasificada. La petición de una jueza no equivale por sí misma a una desclasificación. Si un documento está formalmente protegido por la legislación sobre secretos oficiales, será necesario seguir el procedimiento correspondiente para que pueda incorporarse a la causa.

La reserva pierde parte de su función

La diferencia es importante para quienes dentro de los servicios de inteligencia cuestionan el precedente de la decisión del Ejecutivo. No plantean que un juez deba quedar privado de la información que necesita para investigar unos hechos. Su preocupación se centra en que la clasificación de documentos pueda levantarse en función de las necesidades coyunturales de una controversia política.

"El problema es el precedente", resumen estas fuentes. Si informes de inteligencia pueden dejar de estar protegidos porque un Gobierno necesita acreditar que actuó correctamente frente a una determinada crisis, sostienen, la reserva pierde parte de su función como garantía estable del trabajo de los servicios de inteligencia.