Una empresa asturiana despidió a su director comercial tras acusarle de cargar a la tarjeta corporativa 156 gastos indebidos por un importe total de 14.604 euros. Entre los pagos cuestionados había gastos de lavandería, aparcamientos durante fines de semana, multas de tráfico y compras por internet cuyo producto no se identificaba.

El trabajador impugnó el despido y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado que fue improcedente. La compañía no consiguió demostrar que los cargos constituyeran un incumplimiento contractual de la gravedad necesaria para justificar el cese. La indemnización queda fijada en 9.901 euros y la empresa deberá abonar, además, 500 euros en concepto de costas por el recurso.

El empleado ejercía como director comercial desde julio de 2022, con un contrato de alta dirección. Para desarrollar su actividad disponía de un vehículo, un teléfono, un ordenador y una tarjeta bancaria con la que afrontaba los gastos de trabajo. Su función consistía en visitar clientes en España y otros países europeos para captar negocio.

Según los hechos recogidos en la sentencia, utilizaba la tarjeta principalmente para comidas y otros gastos de hostelería relacionados con su actividad. No necesitaba autorización previa para cada desembolso, aunque los justificantes se sometían a un sistema de revisión.

La compañía le comunicó el despido a mediados de marzo de 2025, alegando una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza. Sin embargo, el juzgado que examinó inicialmente el caso concluyó que la decisión no estaba justificada y condenó a la empresa a indemnizarlo con 9.901 euros.

Los gastos se revisaban con el director financiero

Uno de los aspectos que ha valorado el TSJA es el procedimiento de control de los pagos. Los justificantes de los gastos comerciales se revisaban conjuntamente entre el director financiero y el propio trabajador. Este anotaba en el reverso de los recibos las personas con las que había realizado cada gasto, mientras que los tickets se guardaban en una carpeta en las oficinas. En ocasiones, la empresa solicitaba al responsable financiero explicaciones sobre determinados pagos.

La Sala no descarta que algunos desembolsos pudieran ser ajenos al trabajo, como los de lavandería, ciertos aparcamientos en fin de semana, multas atribuidas a terceras personas o compras por internet cuyo producto no se conocía. No obstante, considera que los importes no eran especialmente elevados y debían analizarse teniendo en cuenta el sistema de control y la autonomía del director comercial.

La empresa intentó reforzar su acusación con una relación de otros 30 cargos realizados desde octubre de 2024, por valor de 1.971 euros. El tribunal rechazó incorporarlos como gastos no justificados: enumerar los pagos no demostraba que fueran indebidos y parte de la documentación no permitía comprobar sus circunstancias.

La documentación no acreditaba las irregularidades

La sentencia recoge, entre otros ejemplos, un supuesto gasto de 203,90 euros en un restaurante de Gijón en noviembre de 2024. La compañía aportó un ticket por esa cantidad, pero los justificantes de pago con tarjeta correspondían a otros importes —13,15 y 20 euros— y a una fecha distinta. Para el tribunal, esos documentos no acreditaban el cargo en los términos descritos por la empresa.

Además, las copias de los tickets presentadas en el procedimiento mostraban únicamente la parte delantera. No aparecían las anotaciones del reverso en las que el trabajador identificaba a las personas con las que había realizado los gastos. La Sala también destaca que no consta que la compañía le hubiera advertido antes del despido de que estaba efectuando pagos indebidos, reclamado la devolución de cantidades o explicado con claridad qué podía cargar a la tarjeta.

El director comercial pidió que el despido se declarase nulo y reclamó otros 18.000 euros por daños morales. Alegó que había denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos una supuesta grabación de audio mediante cámaras de vigilancia, que la empresa le había comunicado la instalación de un sistema de geolocalización en el vehículo y que después le había ordenado dejarlo en las instalaciones al terminar la jornada.

El TSJA rechaza que se haya probado que el despido fuera una represalia. La denuncia ante la Agencia de Protección de Datos fue archivada porque las cámaras no grababan audio y la empresa había informado de su existencia mediante carteles visibles. Tampoco se acreditó la instalación de un dispositivo de geolocalización, ya que el vehículo lo incorporaba de serie, ni que la obligación de dejarlo en las instalaciones afectara únicamente al trabajador.

La Sala desestima los recursos de ambas partes y confirma la decisión del juzgado gijonés: el despido es improcedente y la empresa deberá pagar la indemnización de 9.901 euros, además de las costas del recurso.

El País Vasco continúa siendo uno de los principales referentes sanitarios de España, junto con la Comunidad de Madrid y Cataluña. Así lo recoge la segunda oleada del estudio elaborado por Ipsos sobre la percepción ciudadana del sistema sanitario público, que analiza la valoración que hacen los españoles de la atención que reciben y de los principales retos que afronta el sistema.

Entre los aspectos mejor valorados por los encuestados destaca la capacitación de los médicos y del personal de enfermería. La preparación de los profesionales sanitarios obtiene una valoración positiva por parte de la ciudadanía, que reconoce su papel dentro de la atención pública.

Sin embargo, esta percepción favorable convive con una preocupación que sigue ocupando un lugar central en el debate sanitario: las listas de espera. El estudio identifica las demoras como el principal problema percibido por los españoles, una cuestión que continúa marcando las demandas de mejora del sistema.

Reducir las listas de espera, una de las principales demandas

La ciudadanía identifica con claridad cuáles son las prioridades para mejorar la sanidad pública. Según los resultados de Ipsos, alrededor de seis de cada diez personas consideran prioritario reducir las listas de espera.

La demanda no se limita a agilizar la atención. Una proporción similar de encuestados considera necesario aumentar el número de profesionales sanitarios, una medida que aparece entre las principales áreas de mejora señaladas por la población.

El estudio refleja así una doble percepción: por un lado, la valoración positiva de la capacitación de médicos y enfermeros; por otro, la preocupación por las dificultades de acceso a la atención sanitaria, especialmente por los tiempos de espera y la disponibilidad de personal.

El País Vasco, entre los principales referentes sanitarios

La segunda oleada del informe vuelve a situar al País Vasco entre las comunidades que destacan como referentes del sistema sanitario público, junto con Madrid y Cataluña.

No obstante, los resultados también muestran que las prioridades de la ciudadanía siguen centradas en cuestiones estructurales. La reducción de las listas de espera y el refuerzo de las plantillas sanitarias concentran buena parte de las demandas de mejora recogidas en el estudio.

La investigación de Ipsos apunta, por tanto, a una percepción en la que el reconocimiento a la preparación de los profesionales convive con la exigencia de mejorar la capacidad de respuesta del sistema público.

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado en Cantabria una red dedicada presuntamente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. La investigación se ha saldado con siete detenidos, entre ellos un abogado cántabro, a quienes se atribuyen distintos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La operación comenzó en mayo de 2026, cuando agentes especializados en delitos contra la salud pública sospecharon que un vecino de Camargo se dedicaba a vender estupefacientes tanto a consumidores como a otros distribuidores.

Los investigadores identificaron al sospechoso y comprobaron que presuntamente desarrollaba la actividad en las inmediaciones de su vivienda, donde mantenía contacto con sus clientes y adoptaba medidas de seguridad para evitar posibles actuaciones policiales.

Durante las pesquisas, los agentes detectaron que su nivel de vida no se correspondía con su actividad laboral. Por ello, la investigación continuó junto con Vigilancia Aduanera para esclarecer un posible delito de blanqueo de capitales.

Un abogado habría colaborado para ocultar diez millones de euros

Las diligencias permitieron determinar que la esposa del principal investigado también habría participado en el tráfico de drogas y en el blanqueo de capitales. Además, los agentes identificaron a otro individuo que, según la investigación, intervenía al mismo nivel que el sospechoso principal en las decisiones sobre la distribución de las sustancias. Otros dos hombres habrían colaborado en un escalón inferior.

En relación con el blanqueo, los investigadores apreciaron la participación "activa" de un abogado de Cantabria en la constitución de un entramado de empresas y fundaciones. La estructura habría tenido como objetivo introducir diez millones de euros procedentes del extranjero ocultando su origen ilícito.

Una vez concluidas las pesquisas y obtenida la autorización judicial, el 21 de octubre se llevó a cabo un dispositivo coordinado por Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional. Los agentes registraron los domicilios de los investigados y una nave industrial de la familia, ambos en Camargo.

Cocaína, armas y dinero intervenidos en los registros

Durante las entradas y registros, los agentes se incautaron de un kilo de cocaína, 322 gramos de hachís y 963 gramos de marihuana, además de 12.850 euros en efectivo.

También localizaron una escopeta del calibre 12, dos carabinas y dos pistolas de perdigones, una pistola detonadora y varias armas blancas: tres katanas, un machete y dos navajas. La operación permitió intervenir asimismo aparatos destinados al minado de criptomonedas, efectos relacionados con esta actividad y diversos útiles presuntamente empleados para el tráfico de drogas.

Al principal investigado se le atribuye también un delito de tenencia ilícita de armas. La escopeta que tenía en su poder había sido sustraída en Guipúzcoa en 2022, presentaba modificaciones físicas ilícitas y el detenido carecía de permiso para poseerla.

Tras las detenciones, la mujer, el abogado y otros dos arrestados quedaron en libertad después de declarar en comisaría. Los demás detenidos fueron puestos a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión del principal investigado.

Cinco euros. Ese fue el importe que desencadenó un conflicto laboral que ha terminado en los tribunales de Castilla y León. Una camarera que trabajaba de noche en una cafetería-restaurante en León fue despedida acusada de apropiarse de un billete que un compañero había dejado olvidado en la tolva de la caja automática. La justicia, sin embargo, no ha visto clara la acusación y ha acabado dando la razón a la trabajadora.

La historia arranca el 5 de mayo de 2025. Un empleado que terminaba su turno detectó que en la máquina de cobro había quedado un billete de cinco euros. Con las prisas, se marchó sin retirarlo. Al día siguiente preguntó al gerente si la camarera había comunicado la aparición de ese dinero. La respuesta fue negativa.

La interpretación de unas imágenes que no convenció

A partir de ahí, la empresa revisó las grabaciones de las dos cámaras que apuntan a la caja automática. Según su relato, la trabajadora se acercó a cobrar una consumición de 1,40 euros con un billete de diez. Al mirar hacia la bandeja del cambio, se habría topado con el billete de cinco. La compañía sostuvo que la mujer se quedó "paralizada unos instantes", que después cogió el dinero "disimuladamente", lo convirtió en "una especie de bola" y se lo guardó. Ya en el pasillo, mientras atendía a otro cliente, lo habría metido en el bolso tras alisar el papel arrugado "para evitar que se notara".

Con esa reconstrucción, la empresa concluyó que había transgredido la buena fe contractual, causa contemplada en el Estatuto de los Trabajadores para el despido disciplinario, y la despidió con efectos del 10 de junio de 2025.

El bote de propinas como alternativa a la versión empresarial

La camarera nunca aceptó esa descripción de los hechos. Sostuvo que no se quedó con el billete, sino que lo depositó en el bote de propinas situado a la izquierda de la caja, y que así se lo comentó a una compañera.

Ese detalle resultó decisivo. Tanto el juzgado de lo social como el tribunal superior concluyeron que las pruebas no acreditaban que la trabajadora se hubiera apropiado del dinero con ánimo de quedárselo. Es decir, no quedó demostrado que se lo llevara en lugar de echarlo al bote de las propinas, como ella defendía. Los jueces subrayaron que ni siquiera constaba cuál era la política de la empresa sobre ese tipo de situaciones, ni que se hubiera producido un descuadre en la caja. Sin prueba de la apropiación, la falta imputada se quedaba sin base y el despido, sin justificación.

El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después de que la sentencia inicial ya hubiera declarado improcedente el despido. Las dos partes recurrieron: la empresa insistía en la procedencia del despido, mientras que la trabajadora pedía la nulidad, un grado más favorable para ella. El tribunal rechazó ambas pretensiones y desestimó los dos recursos, manteniendo la improcedencia.

La condena obliga a la compañía a readmitir a la camarera y abonarle los salarios dejados de percibir, a razón de 68,94 euros diarios, o bien indemnizarla con 3.791,60 euros. La empresa perdió además el depósito de 300 euros que había tenido que constituir para recurrir.

Más allá de lo anecdótico de la cifra, la resolución deja una idea de fondo: para sostener un despido disciplinario por un hecho así no basta con la sospecha ni con una lectura de unas imágenes, hace falta acreditar de forma sólida que el trabajador cometió la falta que se le imputa. La sentencia no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, y esta información tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este jueves el nuevo decreto que regula los servicios de temporada en el litoral asturiano. La norma actualiza el marco vigente desde 2013 y establece nuevas condiciones para los chiringuitos, las terrazas y otros servicios instalados en las playas, con el objetivo de compatibilizar la actividad turística con la protección del medio ambiente.

La regulación llega después de meses de diálogo entre la Consejería de Ordenación del Territorio, el sector hostelero y los colectivos ecologistas. Entre los asuntos que más debate han generado figuran la retirada de las instalaciones al acabar la temporada, los horarios, el acceso a los aseos y las restricciones de aparcamiento.

La temporada de verano se alarga hasta mediados de octubre

Con el nuevo decreto, la campaña estival abarcará oficialmente desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre, con la obligación de mantener el servicio de forma continuada durante julio y agosto.

Los establecimientos podrán abrir a partir de las 8:30 horas. El cierre será a las 00:30 horas de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo podrán permanecer abiertos hasta la 1:30 de la madrugada.

La norma también establece límites de superficie para las instalaciones. Los establecimientos cerrados dedicados a la venta de comida podrán ocupar hasta 50 metros cuadrados, mientras que los destinados a bebidas tendrán un máximo de 20 metros, además de otros 15 metros para servicios. Las terrazas podrán desplegarse en una superficie de hasta 100 metros cuadrados.

Una de las condiciones más destacadas es que los aseos deberán estar disponibles para todos los usuarios de la playa, independientemente de que consuman en el establecimiento. Además, tendrán que cumplir los requisitos de accesibilidad universal.

Instalaciones desmontables y restricciones para autocaravanas

Todos los chiringuitos y estructuras autorizadas deberán ser desmontables. Su retirada completa tendrá que finalizar en un plazo máximo de 15 días después de que termine el periodo autorizado, aunque el decreto contempla excepciones que deberán justificarse debidamente.

En cuanto a las autocaravanas, las áreas reservadas para estos vehículos solo podrán ubicarse fuera de la franja de protección costera, en terrenos considerados aptos por el Plan de Ordenación del Litoral para aparcamientos. También deberán contar con acceso rodado.

Los usuarios podrán permanecer en estas áreas un máximo de 48 horas y no podrán desarrollar actividades comerciales.

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha señalado que la norma es fruto del diálogo. El decreto establece la protección ambiental como un "criterio prioritario" para decidir dónde pueden instalarse los servicios de temporada, y obliga a respetar el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y el Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas.

La regulación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Los plazos de solicitud se abrirán en noviembre para los ayuntamientos y en diciembre para particulares y otras entidades. El decreto mantiene, además, la prioridad municipal en la gestión de los servicios de temporada.

El accidente de tren ocurrido ayer en España ha provocado numerosas reacciones, también entre figuras del deporte. Una de ellas ha sido la de Marc Bartra, que ha compartido una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de demostrar el cariño a las personas que queremos.

El futbolista ha publicado un mensaje en el que invita a no dar por sentado el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos. "A veces, tiene que ocurrir algo trágico para darnos cuenta de lo frágil que es la vida y de lo mucho que damos por sentado", comienza.

Bartra recuerda que, en el día a día, muchas personas dejan para otro momento gestos tan sencillos como una llamada, un abrazo o decir "te quiero". Una rutina que, según expresa, puede hacer que olvidemos el valor de los momentos cotidianos.

"No sabemos cuál será la última vez que abracemos a nuestros padres"

En su publicación, el jugador pone el foco en las situaciones que suelen pasar desapercibidas: una conversación, una comida en familia o un rato compartido con amigos. "No sabemos cuál será la última vez que abracemos a nuestros padres, que nos riamos con nuestros hermanos o que compartamos un día cualquiera con nuestros amigos", escribe.

El mensaje también plantea que muchas de esas experiencias que hoy parecen normales pueden convertirse, con el tiempo, en recuerdos que desearíamos recuperar. Por eso, Bartra anima a dejar de lado el orgullo y a no reservar las palabras de cariño para ocasiones especiales.

"Por eso, amad a vuestra gente todo lo fuerte que podáis. Llamadles, visitadles, abrazadles un poquito más", señala. El futbolista insiste en que no hace falta que ocurra una tragedia para recordar la importancia de quienes forman parte de nuestra vida.

"No dejéis el amor para mañana"

La reflexión concluye con una llamada a valorar la posibilidad de tener cerca a familiares y amigos, poder abrazarlos y expresarles lo que sentimos.

"Porque tener a nuestra gente bien, cerca, poder abrazarla y decirle 'te quiero' es uno de los mayores regalos de la vida", afirma Bartra, que termina su mensaje con una frase que resume el sentido de la publicación: "No dejéis el amor para mañana. Nunca sabemos si ese mañana que damos por hecho llegará de verdad".

El mensaje del futbolista se suma a las muestras de solidaridad y a las reflexiones compartidas tras el accidente ferroviario. En este caso, Bartra ha optado por trasladar una idea personal sobre el valor de los vínculos y la importancia de no aplazar los gestos de cariño.

"¿Por qué está comprando tanto oro China? La razón es sencilla: no es para no depender del dólar, es para destrozarlo". Así lo ha planteado José Luis Cava en una intervención en el programa La Fórmula del Éxito, que conduce Uri Sabat, donde ha desgranado su particular lectura de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Se trata, conviene subrayarlo, de su opinión y su análisis personal, no de una conclusión verificada de forma independiente.

Cava parte de una premisa clara: "Estados Unidos y China están en guerra. Están en guerra en política industrial y también en política monetaria". A partir de ahí, construye su argumento en torno al papel del dinero en la carrera por la inteligencia artificial. "¿Qué necesita la IA? La IA necesita dinero. ¿Y qué es el poder más exorbitante que tiene Estados Unidos? El poder de emitir dinero y que se lo compre todo el mundo. Si no pudiera imprimir dinero, no tendría IA", explica.

El dólar y los mercados financieros como armas

Para Cava, el dominio estadounidense no se sostiene solo en la moneda, sino en la combinación de dos factores. "Estados Unidos tiene dos cosas: el poder exorbitante del dólar y unos mercados financieros muy profundos", señala. Ese segundo elemento explica por qué los grandes capitales siguen eligiendo EE. UU. pese a todo. "Tú, si tuvieras dinero en cantidad importante, no te vas a China ni me voy a Rusia, porque no me fío de ellos. Pero me voy a EE. UU., no porque me fíe de ellos, sino porque tiene mercados financieros muy profundos y hay libertad de movimiento de capitales", argumenta.

El analista introduce aquí un matiz que él mismo califica de recurrente en su discurso: "Es lo mismo que digo de la democracia. Tenemos una democracia de muy baja calidad, pero es lo menos malo". Con esa comparación, Cava admite las carencias del sistema estadounidense —"no te creas que ellos están libres", advierte— pero lo sitúa como la opción menos mala para el gran capital.

La respuesta china: el oro

Si el capital global sigue mirando hacia Estados Unidos, ¿qué le queda a China? Para Cava, la respuesta está en el metal precioso. "China es el mayor productor de oro. Compra oro", afirma, enlazando con la idea inicial de que Pekín no busca protegerse del dólar, sino erosionar su hegemonía. La compra masiva de oro sería, en su lectura, una forma de atacar los cimientos del poder monetario estadounidense sin declarar una guerra abierta.

El planteamiento de Cava conecta así con un debate más amplio sobre la desdolarización y el papel del oro en las reservas de los bancos centrales. Su tesis, expuesta en tono distendido y salpicada de referencias a la política europea y a un supuesto "corralito" que Europa querría imponer, se apoya en la lógica de que quien controla la emisión de dinero controla también la capacidad de financiar la tecnología del futuro. Y en esa pugna, según su análisis, el oro se convierte en el arma de quien no puede imprimir dólares.

José Elías Navarro ha compartido en Twitter una reflexión personal sobre sus limitaciones como gestor y el aprendizaje que extrajo de ellas. "No sirvo para gestionar empresas. Y darme cuenta de eso fue una de las mejores cosas que me ha pasado", arranca su mensaje, en el que explica cómo cambió su forma de afrontar los proyectos empresariales. Se trata, conviene subrayarlo, de su opinión y su experiencia personal, no de una receta universal ni de una verdad absoluta.

Navarro asegura tener "una capacidad muy buena para detectar necesidades y montar negocios alrededor de ellas" y ver oportunidades donde otros no las ven. Sin embargo, reconoce que una vez el negocio está en marcha, le cuesta mantenerlo. "Me di cuenta muy pronto de que, si dependía solo de mí, iba a estar montando y desmontando empresas continuamente", confiesa. Esa constatación, lejos de frustrarlo, le llevó a replantear su papel dentro de sus propios proyectos.

Rodearse de quienes hacen bien lo que a él se le da mal

En lugar de intentar cambiar quién era, Navarro optó por una solución que considera "mucho más inteligente": rodearse de personas que hacían bien justo aquello que a él se le daba mal. Cita a Anabel, Rosa, Xavi y Óscar como parte de ese equipo. "Ellos son quienes convierten muchas de mis ideas en empresas que siguen vivas años después", afirma. Con esta decisión, el empresario traslada la carga de la gestión a perfiles complementarios y se concentra en lo que de verdad domina: detectar oportunidades y poner en marcha negocios.

El mensaje de Navarro no se limita a su caso personal, sino que lo extiende a otros fundadores. "A menudo veo a fundadores muy buenos montando cosas que luego no saben sostener. Fracasan porque no saben dar un paso a un lado", señala. Esa incapacidad para delegar o para reconocer las propias limitaciones sería, según su experiencia, una de las causas más frecuentes de fracaso en proyectos que nacen con buenas ideas pero se diluyen en la gestión diaria.

El consejo: aceptar las limitaciones y buscar un equipo

Su recomendación para quienes se identifican con ese perfil es clara: aceptarlo y buscar un equipo de gestores. "Si eres como yo, con un sesgo muy imaginativo pero un desastre para mantenerlo, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Busca a tu propio equipo de gestores y dedícate a lo que de verdad se te da bien: generar negocio", concluye. La idea de fondo es que el éxito de un proyecto no depende solo de la capacidad de generar ideas, sino de saber con quién contar para sostenerlas en el tiempo.

La reflexión de Navarro conecta con un debate habitual en el mundo emprendedor: la figura del fundador visionario frente a la del gestor que consolida. Su planteamiento no es que uno sea mejor que otro, sino que reconocer las propias carencias y compensarlas con un equipo adecuado puede ser más eficaz que empeñarse en cambiar la propia naturaleza. En un ecosistema donde se ensalza la figura del emprendedor que lo hace todo, su mensaje apunta en la dirección contraria: la clave está en saber qué no hacer y en quién confiar para hacerlo.

"Ahora resulta que el problema del ferrocarril español es que la liberalización ha llenado las vías de trenes. Hay un pequeño inconveniente para ese relato: los datos". Con esta frase ha arrancado Santiago Calvo, economista, su crítica en Twitter a la tesis que atribuye los problemas del tren español a la llegada de la competencia. Conviene subrayar que se trata de su opinión, expuesta en la red social y acompañada de una serie de cifras con las que pretende desmontar lo que considera un diagnóstico interesado.

El primer dato que esgrime Calvo es contundente: "por cada kilómetro de red circulan en España 35 trenes al día, frente a los 55 de media europea, 79 de Alemania o 97 de Japón". La comparación, según su lectura, sitúa a España muy por debajo de los países con redes ferroviarias más densamente utilizadas y deja en evidencia la idea de que las vías estén saturadas. "España tiene una de las redes ferroviarias menos utilizadas de Europa. Y eso después de la liberalización", subraya.

El diagnóstico: una red sobredimensionada y mal mantenida

Para Calvo, el problema real no es la competencia ni un exceso de circulaciones, sino una cuestión de planificación: "hemos construido una red enorme, relativamente infrautilizada, mientras el mantenimiento no ha seguido el crecimiento del tráfico en los corredores más transitados". Es decir, a su juicio, el desajuste no estaría en el número de trenes que recorren las vías, sino en la relación entre la infraestructura construida, su uso efectivo y los recursos destinados a conservarla. Se trata de una hipótesis de trabajo que el economista lanza en redes y que, como tal, está abierta a debate.

El economista cierra su mensaje con una acusación directa a quienes, desde su punto de vista, simplifican el debate: "algunos prefieren culpar a la competencia antes que preguntarse por las prioridades de inversión y conservación de la infraestructura". Con ello, desplaza el foco desde la liberalización hacia las decisiones políticas y presupuestarias que, según su análisis, explican mejor la situación del ferrocarril español.

Un debate que va más allá de Twitter

Las cifras aportadas por Calvo invitan a revisar un lugar común instalado en parte del discurso público: que la apertura del mercado ferroviario ha provocado una congestión de las vías. Los datos de tráfico por kilómetro de red que él maneja apuntan en otra dirección y sugieren que el debate debería centrarse en el uso real de la infraestructura y en su conservación. La reflexión del economista no resuelve por sí sola el futuro del ferrocarril, pero sí pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se está culpando a la competencia de un problema que tiene más que ver con las prioridades de inversión? La respuesta, como su propio planteamiento, queda sujeta a discusión.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) se seguirá situando en el 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) en el 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,90%, en un alto de la política monetaria que no descarta próximos incrementos.

La entidad europea ha optado por pausar la tasa de referencia después de la subida acometida en septiembre y la previa del mes de junio, en un escernario internacional marcado por el repunte de la inflación al 3,8%, niveles no vistos en los últimos tres años.

"Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento. Aunque los efectos de la perturbación energética aún no se han materializado plenamente, la inflación subyacente se ha mantenido en general estable hasta ahora y los salarios no muestran una respuesta sustantiva en esta fase", ha destacado la institución.

No obstante, desde el Banco Central Europeo han insistido en que vigilarán de cerca la transmisión del encarecimiento de la energía al resto de bienes y servicios. La preocupación es que el repunte inicial de los precios energéticos termine trasladándose a otros componentes de la cesta de consumo, presionando la inflación de forma más generalizada y persistente, tal y como sucedió tras la invasión rusa en Ucrania.

Los perros que viven en los alrededores de la central nuclear de Chernóbil presentan diferencias genéticas que podrían explicarse por la selección natural y no por la aparición de nuevas mutaciones. Así lo apunta una investigación publicada en la revista científica "Genes", cuyos resultados ha difundido el medio especializado Phys.org.

El trabajo analiza la población canina que habita junto a la central nuclear y la compara con la de la ciudad de Chernóbil, situada a unos 16 kilómetros. En investigaciones anteriores, los científicos ya habían observado que los perros de la ciudad compartían una estructura genética similar a la de otros animales de Rusia, Polonia y zonas próximas. Los que viven junto a la planta, en cambio, presentaban diferencias en determinadas regiones relacionadas con la reparación del ADN.

La nueva investigación busca aclarar el origen de esas variaciones. "Queríamos explorar dos factores evolutivos adicionales: si las diferencias genéticas se deben a la selección o a la deriva genética a lo largo del tiempo en una población aislada", explicó Megan Dillon, investigadora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y autora principal del estudio, según recoge Phys.org.

Selección natural frente a cambios aleatorios

La selección natural favorece la expansión de características que pueden mejorar la capacidad de un organismo para sobrevivir en su entorno. En su modalidad direccional, la población tiende a desplazarse hacia determinados rasgos favorecidos, un proceso que suele asociarse a cambios ambientales.

La deriva genética, por el contrario, consiste en variaciones aleatorias que pueden hacerse comunes sin estar necesariamente vinculadas a una ventaja para la supervivencia. Este fenómeno suele tener mayor impacto en poblaciones pequeñas y aisladas.

Para distinguir ambos procesos, el equipo comparó los datos genómicos de los perros de Chernóbil con los de animales de Europa oriental y con una población aislada de las islas Galápagos. El análisis no encontró en los perros de la central una reducción de la variabilidad genética que encajara con la deriva genética. Además, su perfil difería de otras poblaciones aisladas, mientras que los perros de la ciudad de Chernóbil mostraban más similitudes con los de Galápagos que con los de la central.

Más de 100 regiones con señales de selección

El análisis identificó indicios de selección direccional en más de un centenar de regiones del genoma de los perros de la central. Los genes cercanos a esas zonas están relacionados con procesos como el desarrollo del cáncer, la replicación y reparación del ADN, el ciclo celular y la función inmunitaria.

Los investigadores plantean que estas regiones podrían estar vinculadas a la capacidad de los animales para afrontar las condiciones de su entorno. Sin embargo, Dillon advierte de que las señales encontradas no permiten confirmar por sí solas que se trate de selección natural.

Matthew Breen, autor correspondiente del estudio, también señala que no se puede afirmar que la exposición ambiental haya provocado cambios genéticos adaptativos. Una posibilidad, todavía hipotética, es que los perros que sobrevivieron a las primeras exposiciones ya contaran con una diversidad genética que les proporcionara una mayor capacidad de supervivencia.

La investigación, por tanto, aporta indicios sobre la relación entre el entorno y la genética de estos animales, pero no demuestra que la contaminación de Chernóbil haya transformado directamente su genoma.

El creador de contenido Alesukko ha contado en TikTok cómo vivió desde el tren el accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda. Viajaba desde Madrid hacia Sevilla para continuar después hasta Cádiz y se encontraba en el convoy que circulaba detrás del tren siniestrado, según ha explicado en un vídeo publicado tras llegar a casa.

"Hola a todos, ya estoy llegando a casa, vengo de Atocha, gracias a Dios", comienza su relato. El tiktoker ha querido compartir la experiencia de quienes viajaban en los trenes que salían a primera hora y que, aunque no estuvieron directamente implicados en el accidente, vivieron momentos de incertidumbre.

El tren arrancó y tuvo que retroceder en Atocha

Alesukko explica que su convoy llegó a arrancar, aunque apenas habría avanzado cuando se detuvo y retrocedió hasta quedar de nuevo en el andén. En un primer momento, el maquinista comunicó que había "problemas operativos", una explicación que, según el pasajero, no despertó una preocupación especial.

"Hay veces que los trenes paran, o incluso retroceden para dejar pasar otro tren", recuerda. Sin embargo, algunos viajeros comenzaron a recibir mensajes y llamadas en sus teléfonos, lo que hizo crecer la inquietud dentro del vagón.

La situación cambió cuando el maquinista volvió a dirigirse a los pasajeros, unos tres o cuatro minutos después. Según el relato de Alesukko, les comunicó que se había producido un alcance entre dos trenes y que la circulación entre Madrid y Andalucía quedaba suspendida indefinidamente.

"Aquí hemos empezado a entrar en pánico todos, que seguíamos sin cobertura", cuenta. Los viajeros bajaron del tren y se dirigieron al vestíbulo de Atocha, donde la falta de información y los problemas de cobertura aumentaron la incertidumbre.

"Podría haber sido cualquiera": el miedo entre los pasajeros

El tiktoker relata que, cuando recuperó la cobertura, encontró numerosos mensajes de familiares y conocidos preguntándole si estaba bien. En la estación, asegura, había personas llorando, rezando y pensando en que podrían haber viajado en el tren accidentado.

"Podría haber sido yo, podría haber cogido yo ese tren", resume. También explica que Atocha se llenó de presencia policial en cuestión de unos 15 minutos, mientras los pasajeros intentaban conocer qué había ocurrido y se apoyaban unos a otros.

Alesukko reconoce que no sabía con exactitud qué trenes estaban implicados, aunque sí tenía claro que el accidente había ocurrido en las vías por las que circulaban los convoyes hacia Andalucía.

En la parte final de su vídeo, el creador de contenido envía un mensaje de apoyo a las víctimas y a sus familias. "Mi máximo respeto y sensibilidad para los afectados, las familias", afirma, antes de reclamar mejoras en el funcionamiento del sistema ferroviario.

"España tiene que mejorar y somos un país cojonudo y tenemos las armas para mejorar", sostiene. Su testimonio concluye con una reflexión sobre la incertidumbre vivida por quienes viajaban en los trenes que iban detrás: "Todo mi afecto y todo mi respeto a los afectados y sus familias porque una tragedia más, en fin, esto es una mierda. Un beso".

Una trabajadora que reconoció haber entrado en la vivienda de su jefe, rebuscado en distintas estancias y apropiado de dinero ha conseguido que la Justicia declare improcedente su despido. La decisión no se basa en que los hechos no ocurrieran, sino en un defecto formal cometido por la empresa al imponer la sanción.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revoca el fallo de primera instancia y obliga al empresario a elegir entre readmitir a la empleada o abonarle una indemnización de 21.686 euros.

La trabajadora llevaba más de dos décadas desempeñando funciones de recepcionista a tiempo parcial en una clínica sanitaria de Madrid. El establecimiento se encontraba en el mismo inmueble que la vivienda del empresario y su esposa, aunque ambos espacios estaban separados por una puerta cerrada con llave.

Reconoció haber accedido a la vivienda y cogido dinero

Según recoge la resolución, el 15 de marzo de 2024 el empresario citó a la empleada en la clínica. Al llegar, la condujo a un despacho en el que se encontraban él, su esposa, una vecina y una abogada.

Allí le comunicaron que había sido grabada accediendo a la vivienda privada y revisando los cajones del dormitorio. También le informaron de que habían detectado la desaparición de dinero.

En ese momento, la trabajadora reconoció lo ocurrido, pidió disculpas y explicó que atravesaba una situación personal complicada que no podía contar a su familia. Después, firmó una carta de despido disciplinario y un acuerdo en el que admitía su conducta, aceptaba la procedencia de la sanción y renunciaba a emprender acciones judiciales contra la empresa.

En un primer momento, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid dio la razón al empresario y consideró procedente el despido, apoyándose en el reconocimiento firmado por la empleada. Sin embargo, la trabajadora recurrió la decisión.

El convenio obligaba a abrir un expediente contradictorio

Al analizar el recurso, el TSJM examinó el convenio colectivo de establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid y detectó un requisito que la empresa no había cumplido: antes de imponer una sanción de esta gravedad era obligatorio tramitar un expediente contradictorio.

Los magistrados concluyen que ese procedimiento no se llevó a cabo. La omisión privó a la trabajadora de la posibilidad de presentar alegaciones o matizar los hechos antes de que se adoptara la decisión definitiva.

Por ese motivo, la Sala considera que el despido incumplió las exigencias establecidas en el convenio colectivo y debe calificarse como improcedente. La resolución revoca la sentencia anterior y condena al empresario a optar entre la reincorporación de la empleada a su puesto o el pago de una indemnización de 21.686 euros.

Gonzalo Bernardos ha vuelto a pronunciarse sobre la responsabilidad política de los dirigentes tras varios episodios que han marcado la actualidad española. El economista ha publicado un mensaje en Twitter en el que cuestiona la continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y establece una comparación con la gestión de la DANA y el accidente de Adamuz.

En su publicación, Bernardos sostiene que Carlos Mazón tendría que haber dimitido al día siguiente de la DANA y que Puente debería haber hecho lo mismo tras el accidente de Adamuz. Además, alude a lo ocurrido en Urda para insistir en su crítica a la falta de consecuencias políticas.

"Mazón debió dimitir el día después de la DANA, Óscar Puente lo debió hacer el día después de Adamuz", escribe el economista. A continuación, añade: "Tras lo ocurrido en Urda, solo en España Óscar Puente podría seguir siendo ministro de Transportes".

Bernardos reclama responsabilidad política a los dirigentes

El mensaje de Bernardos pone el foco en la exigencia de responsabilidades a los cargos públicos después de acontecimientos que generan preocupación social. En su opinión, la permanencia de los responsables políticos en sus puestos debería estar ligada a la respuesta que ofrecen ante situaciones de esta gravedad.

El economista concluye su publicación con una petición directa a la ciudadanía: "Debemos exigir a nuestros dirigentes responsabilidad política".

La reflexión conecta tres episodios distintos —la DANA, el accidente de Adamuz y lo sucedido en Urda— para cuestionar el criterio con el que se asumen o se eluden las consecuencias políticas. Bernardos no limita su crítica a un único dirigente, sino que plantea una exigencia general de rendición de cuentas.

Una crítica centrada en la continuidad de Óscar Puente

La referencia más directa del mensaje es la situación de Óscar Puente, a quien Bernardos considera que le correspondía dejar el cargo tras el accidente de Adamuz. La alusión a Urda refuerza su cuestionamiento sobre la continuidad del ministro.

El economista no desarrolla en el mensaje los detalles de los hechos ni entra en las causas de los accidentes. Su publicación se centra en la dimensión política y en la necesidad, a su juicio, de que los responsables públicos respondan por su gestión.

La afirmación de Bernardos se suma al debate sobre la responsabilidad de los cargos públicos ante sucesos de gran impacto. Su planteamiento es claro: la exigencia de responsabilidad política no debería depender de la conveniencia de cada momento, sino de la gravedad de los acontecimientos y de la respuesta de quienes están al frente de las instituciones.

El grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), en el que colisionaron un tren de Renfe y otro de Iryo y que ha dejado al menos 68 fallecidos, ha vuelto a situar el ferrocarril en el centro del debate público. En este contexto, el economista Santiago Niño Becerra ha planteado una cuestión sobre el coste de mantener la red de alta velocidad española.

En una publicación en su cuenta de Twitter —ahora X—, Niño Becerra se pregunta si España puede permitirse conservar adecuadamente los cerca de 4.000 kilómetros de AVE. «Pienso que alguien con autoridad y conocimientos ferroviarios debería preguntarse si ESP puede permitirse el mantenimiento adecuado de 4.000 Km de AVE», escribe.

El economista acompaña su reflexión con varias cifras sobre el gasto anual que, según los datos que cita, requiere el mantenimiento de estas infraestructuras. Sus comentarios llegan mientras continúa la investigación sobre el siniestro de Toledo, cuyas causas no están esclarecidas. Las primeras hipótesis difundidas apuntan a una incidencia en el sistema de seguridad LZB y a la gestión posterior de la circulación, sin que se haya establecido una relación con el mantenimiento de la red.

El coste de conservar un kilómetro de AVE

Niño Becerra señala que el mantenimiento de un kilómetro de línea de alta velocidad se sitúa entre los 110.000 y los 117.000 euros anuales. La cantidad aumenta cuando se incluyen todos los servicios y las amortizaciones del ciclo de explotación.

En ese supuesto, el coste completo de mantener un kilómetro de línea alcanzaría los 1,3 millones de euros al año, según recoge el economista. También diferencia los tramos que atraviesan túneles, donde el mantenimiento completo de un kilómetro ascendería a 1,8 millones de euros anuales.

El economista utiliza las cifras para poner sobre la mesa la dimensión económica que puede tener la conservación de una red ferroviaria de miles de kilómetros.

La inversión pública ferroviaria, en el debate

El economista añade otro dato sobre la inversión pública en el transporte por ferrocarril. Según los importes que comparte, esta pasó de 7.553,2 millones de euros en 2011 a 2.214,5 millones en 2017, una evolución que incorpora a su reflexión sobre la capacidad de España para sostener sus infraestructuras.

El mensaje concluye con una pregunta sobre la viabilidad económica de la red: «¿Puede la economía de ESP permitirse 4.000 Km de AVE?». Niño Becerra centra así el debate no solo en el coste de construir nuevas líneas, sino también en los recursos necesarios para conservarlas adecuadamente a lo largo del tiempo.

La reflexión coincide con una jornada marcada por las consecuencias del accidente de Toledo y la investigación de lo ocurrido. Por el momento, las cifras de mantenimiento citadas por el economista no permiten establecer una conexión directa con el siniestro.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve al centro del debate político en plena campaña electoral. Mientras el Gobierno defiende que las prestaciones están garantizadas, la oposición reclama que, aunque sea un sistema viable, necesitará reformas en el futuro. Por su parte, Vox va más allá y plantea semiprivatizarlas. Sin embargo, más allá de las valoraciones de los partidos, los últimos movimientos presupuestarios también ponen el foco en la financiación del sistema. En apenas siete días, el Consejo de Ministros ha aprobado dos operaciones que suman casi 12.100 millones de euros al presupuesto de la Seguridad Social.

Primero, un préstamo de 10.000 millones

Según publicó El Confidencial, el pasado 20 de octubre el Estado transfirió 10.003,08 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante un préstamo destinado a atender los pagos de las pensiones. Es decir, como los ingresos del sistema no son suficientes para contener los gastos, el Estado debe intervenir aportando capital adicional.

De hecho, esta operación se repite cada año desde 2023 en el mes de octubre. Con ella se permite dotar al Ministerio que dirige Elma Saiz de tiempo con el que planificar el pago de las pensiones de los meses de noviembre y diciembre, incluyendo la paga extra. No obstante, no se trata de un cheque en blanco; tiene condiciones de devolución. Se trata de un préstamo sin intereses que la Seguridad Social debe devolver al Estado en un plazo máximo de diez años, contados desde el año siguiente al de su concesión.

Segundo, una transferencia de casi 2.100 millones

Pese a esta inyección de recursos, este martes —tan solo siete días después del préstamo—, el Ejecutivo ha aprobado una segunda operación, esta vez por un importe de 2.090 millones de euros. Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda quiere dar respuesta a una necesidad de "carácter ineludible e inaplazable", con la que pretende "dar cumplimiento al compromiso de aportaciones del Estado por el Pacto de Toledo".

Además, en esta ocasión sí que se especifica en qué partidas concretas se destinará el capital: financiará "los gastos de naturaleza no contributiva". En el sistema de la Seguridad Social conviven dos tipos de prestaciones. Las contributivas se reconocen, por regla general, en función de las cotizaciones que una persona ha realizado durante su vida laboral. Las no contributivas, en cambio, están destinadas a proteger a quienes carecen de recursos suficientes y no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo necesario, para acceder a una pensión contributiva.

Es el caso del Ingreso Mínimo Vital, las pensiones de orfandad o las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que garantizan unos ingresos a personas que cumplen los requisitos establecidos, aunque no hayan cotizado lo suficiente para generar derecho a una pensión contributiva. Y también existen otros gastos que, aunque están relacionados con prestaciones contributivas, se financian con recursos del Estado, como los complementos a mínimos que elevan determinadas pensiones hasta la cuantía mínima establecida.

¿Cómo va el presupuesto de 2026?

Los últimos datos disponibles del presupuesto de la Seguridad Social son hasta agosto. Pues bien, en los primeros ocho meses del presente año, los ingresos ascienden hasta algo más de 171.000 millones y los gastos hasta los 164.000 millones: unos 144.000 millones del lado contributivo, otros 17.000 del no contributivo y unos 3.000 millones en gastos internos como el pago de la plantilla o el mantenimiento de las infraestructuras.

Es decir, el sistema cuenta con un superávit de 7.000 millones. ¿Entonces para qué necesita más capital del Estado? Por un lado, para poder prever el pago de los meses que quedan, y por otro, porque no es oro todo lo que reluce.

El desglose de los ingresos ayuda a entender esta dependencia de los recursos públicos. Las cotizaciones sociales suman unos 126.000 millones de euros, frente a los cerca de 144.000 millones que asciende el gasto contributivo. Es decir, las aportaciones de trabajadores y empresas no bastan para cubrir por sí solas las prestaciones contributivas y la diferencia debe compensarse con otras fuentes de financiación, entre ellas las transferencias del Estado, que se acercan a los 44.000 millones de euros.

Pero hay una segunda cuestión: el presupuesto también debe hacer frente a los gastos no contributivos, que hasta agosto rondan los 17.000 millones. Y hay otra mala noticia. Los presupuestos están prorrogados desde 2023 y lo que revela la segunda referencia del Consejo de Ministros es que la Seguridad Social no puede hacer frente al pago de esta parte del sistema con los mismos recursos de los que disponía en 2023. Es decir, necesita más dinero y por ello ha tenido que ampliar el crédito destinado a cumplir este compromiso en casi 2.100 millones adicionales.

El mercado laboral español pone a prueba el relato de fortaleza que defiende el Gobierno. El Ejecutivo presume de una economía que, pese a la guerra en Irán, crecerá un 2,6% en 2026, casi el triple que la zona euro (0,9%). Sin embargo, detrás de estas cifras hay un modelo de crecimiento que depende de tres factores clave, sin que ninguno implique por sí mismo una mejora de la productividad, la innovación o los salarios, lamentablemente. El turismo es uno de ellos: las previsiones apuntan a que España podría alcanzar este año los 100 millones de visitantes internacionales, un hito que hasta ahora solo ha logrado Francia. A ello se suma el respaldo de los fondos europeos, que inyectan financiación en la economía, y el aumento del empleo asociado a la llegada de población extranjera, que amplía la fuerza laboral, impulsa el consumo y contribuye a elevar la recaudación. Pues bien, la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), da una primera señal de alarma.

El tercer trimestre coincide con el final de la campaña de verano, por lo que el ritmo de creación de empleo suele moderarse una vez superado el periodo de mayor actividad turística. Además, desde la pandemia se ha ido apreciando una desaceleración gradual en el ritmo de contratación: desde las 570.000 personas del tercer trimestre de 2020, a las 387.000 en 2021, las 138.000 en 2022, 188.000 en 2023, 138.000 en 2024 y 118.000 en 2025. Sin embargo, el incremento de 73.600 ocupados nuevos entre julio y septiembre de este año es un dato más bajo de lo normal. Solo se compara con el de 2019, cuando se crearon 69.400 empleos.

Se destruye empleo en el sector privado; no pasaba desde 2012

De hecho, la señal de debilidad no está solo en el volumen de empleo creado, sino también en su composición. En 2019, el aumento de la ocupación estuvo repartido entre el sector público y el privado, que sumaron 34.200 y 35.300 trabajadores, respectivamente. En cambio, en el tercer trimestre de 2026, el empleo público aumentó en 89.900 personas, mientras que el privado retrocedió en 16.300. Es decir, los 73.600 ocupados nuevos sólo se explican por el avance del empleo público, que compensó la caída del privado.

Si bien es cierto que la desaceleración del empleo privado venía de antes, también lo es que no se registraban valores negativos, es decir, destrucción de puestos de trabajo. Sus avances habían pasado de 377.000 ocupados en el tercer trimestre de 2021 a 83.000 en 2022, 176.000 en 2023, 155.000 en 2024 y 107.000 en 2025. Sin embargo, este año el signo ha cambiado: el sector ha destruido empleo. De hecho, para encontrar una caída igual o mayor en un tercer trimestre, hay que retroceder hasta 2012, cuando se perdieron 37.000 ocupados, en un contexto muy distinto, marcado por los años más duros de la crisis financiera de 2008.

Lorenzo Amor, presidente de ATA: "La EPA refleja la dura realidad de los autónomos"

El retroceso del empleo privado se explica por la pérdida de trabajadores por cuenta propia, mientras que los asalariados del sector apenas variaron en el tercer trimestre. Concretamente, desaparecieron 15.500 autónomos entre julio y septiembre, hasta situarse en 3,17 millones. Además, el descenso se concentra en los autónomos sin asalariados a su cargo, cuyo número se redujo en 43.000 personas, mientras que aumentaron en 17.500 los autónomos que sí emplean a otros trabajadores. La caída afecta así a los más vulnerables, aquellos que desarrollan su actividad sin poder generar empleo, frente al avance de quienes tienen trabajadores contratados.

Tras conocer las cifras, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, concluyó que "la EPA refleja la dura realidad de los autónomos. No necesitamos huelgas ni pantomimas electorales. Los autónomos lo que necesitamos son menos trabas y burocracia, menos impuestos, menos cotizaciones y más protección social".

El espejismo del mercado laboral: la regularización de inmigrantes

Además, al desglosar los 73.600 nuevos ocupados por nacionalidad, se observa que el empleo aumentó en 75.400 personas extranjeras y en 148.500 con doble nacionalidad, mientras que entre los españoles descendió en 150.300. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta el impacto del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. En este sentido, Valentín Bote, director de Randstad Research, ha explicado este miércoles que, ahora sí, la realidad económica es "coherente con lo que esta EPA nos está diciendo".

En los últimos meses se estaba produciendo una divergencia entre la evolución de la economía y el número de afiliados a la Seguridad Social: mientras el crecimiento del PIB se moderaba, la afiliación aceleraba su ritmo de avance, algo que, según ha señalado, "no tenía ninguna lógica" con la marcha actual de la actividad. Por ello, finalmente, en la EPA se resuelve esta aparente contradicción. El investigador concluye que la divergencia solo se entendía si "teníamos en cuenta el hecho de que se estaban regularizando cientos de miles de inmigrantes en situación irregular" y que este proceso era el que estaba detrás de la aceleración del empleo.

La tasa de paro se aleja del objetivo de pleno empleo, comprometido por el Gobierno al final de esta legislatura

Como es habitual en un tercer trimestre, el número de parados ha crecido, concretamente en 95.900 personas, hasta alcanzar los 2.591.200 desempleados. Se trata del mayor incremento registrado entre julio y septiembre desde 2020, en plena pandemia. Con ello, la tasa de paro ha repuntado hasta el 10,18%, tres décimas más que en el trimestre anterior.

Aunque es la más baja para un tercer trimestre desde 2007, el desempleo continúa por encima del 10%, lejos del objetivo de pleno empleo que el Gobierno se había marcado. La entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió durante la campaña electoral de 2023 que "nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr el pleno empleo". Sin embargo, el repunte aleja las perspectivas de que esto suceda.

De hecho, según las previsiones del Gobierno, España cerrará 2026 con una tasa de paro del 9,9%. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus proyecciones publicadas en mayo, es todavía más pesimista. Anticipa una reducción más lenta y sitúa la tasa por encima del 10% en 2026 y 2027.

Los buceadores cántabros han vuelto a demostrar su compromiso con la conservación marina al retirar 400 kilos de residuos de los fondos de Islares, en Castro Urdiales, durante la XII Gran Limpieza Internacional de Fondos Marinos y Playas.

La intervención, desarrollada por integrantes del Club de Buceo Mundo Marino, se llevó a cabo en unas condiciones especialmente complicadas. El temporal dejó una visibilidad extremadamente reducida bajo el agua, lo que dificultó las tareas de extracción de los desechos.

Entre los materiales recuperados había diferentes tipos de basura, incluidos restos de mobiliario urbano, que habían terminado en el medio acuático. La actuación forma parte de una campaña estatal que moviliza a submarinistas voluntarios para retirar residuos y contribuir a la conservación de los ecosistemas.

Más de ocho toneladas de basura retiradas en toda España

La limpieza realizada en aguas de Castro Urdiales se integra en la campaña impulsada por la Red de Vigilantes Marinos, una iniciativa de la ONG Oceánidas formada mayoritariamente por submarinistas voluntarios.

La movilización cuenta con el respaldo de la Asociación Española de Basuras Marinas y la Asociación Vertidos Cero. En esta edición, el conjunto de actuaciones desarrolladas en mares, costas, ríos, lagos y embalses de España ha permitido retirar 8.375,7 kilos de basura.

La cifra prácticamente duplica la cantidad recogida durante la campaña de junio y eleva el acumulado anual de la red por encima de las doce toneladas. Los resultados reflejan el volumen de residuos que los voluntarios han conseguido extraer de distintos ecosistemas acuáticos.

La labor no termina con la retirada de los materiales. Todos los residuos recuperados se pesan, clasifican y registran mediante la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services.

Los residuos se convierten en alimentos para familias vulnerables

La información recopilada se incorpora a la iniciativa de ciencia ciudadana del Proyecto LIBERA, coordinado por SEO/BirdLife y Ecoembes a través de la convocatoria 1m2 contra la Basuraleza.

Los datos pasan a formar parte de la base del Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de proporcionar información a la comunidad científica y a los gestores ambientales para abordar el problema de los vertidos.

Durante las inmersiones, los submarinistas también utilizaron bolsas de recogida confeccionadas artesanalmente por mujeres rederas a partir de artes de pesca recuperadas del mar. De esta manera, unos aparejos que podían convertirse en trampas para las especies marinas se transforman en herramientas para limpiar el fondo.

Los residuos retirados en Islares y en el resto de las zonas de intervención tendrán, además, un impacto social. La Red de Vigilantes Marinos mantiene un acuerdo con el Grupo Nueva Pescanova y la Federación Española de Bancos de Alimentos para convertir los kilos de basura extraídos en alimentos de primera necesidad.

El convenio busca que la limpieza de los ecosistemas acuáticos contribuya también a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. El año anterior, este modelo solidario permitió distribuir más de doce toneladas de provisiones en toda España.

El presidente de Ryanair, Michael O’Leary, advirtió la semana pasada que los billetes de avión podrían encarecerse hasta un 20% en Europa durante 2027 por el encarecimiento del combustible. La guerra en Irán ha disparado los precios energéticos y, según ha explicado este martes el presidente de ALA, Javier Gándara, las compañías aéreas han repercutido parte del incremento del queroseno en el precio de los billetes durante 2026, aunque también han absorbido una parte del sobrecoste a costa de sus márgenes empresariales.

No obstante, durante la presentación de las perspectivas del sector para la temporada de invierno (que empieza en octubre y termina en marzo), el presidente de la patronal de las aerolíneas ha advertido que las aerolíneas afrontarán el próximo verano con una cobertura frente a las fluctuaciones sobre el precio del combustible significativamente menor. Mientras que las grandes compañías europeas tenían cubierto "entre el 60% y el 80% de sus necesidades para la temporada actual, de cara al verano de 2027 esa proporción se situará entre el 15% y el 40%".

Estas coberturas han permitido a las aerolíneas fijar por adelantado el precio de una parte del combustible que han necesitado en 2026, lo que les ha protegido frente a las subidas del mercado. Sin embargo, como señala el presidente de ALA, el margen de protección se reducirá a la mitad en la próxima temporada.

El queroseno, entre los factores coyunturales y estructurales

El precio del combustible de aviación no depende únicamente de la cotización del petróleo. Aunque el barril de Brent se situaba antes del conflicto en torno a los 70 dólares y ha llegado a alcanzar los 115 dólares, el queroseno se ha encarecido todavía más, hasta aproximarse a los 190 dólares por barril equivalente. El diferencial responde a que el coste del queroseno no solo está condicionado por el precio del petróleo, sino también por los costes de refino, transporte y de las alteraciones en las rutas de suministro.

Además, desde ALA también advierten de que el impacto sobre el sector no dependerá únicamente de cuándo termine la guerra. Gándara ha señalado que habrá que distinguir entre los efectos coyunturales de la guerra y los daños estructurales sobre infraestructuras energéticas que puedan prolongar el encarecimiento una vez que remita el conflicto. Por tanto, los daños en la capacidad de refino de la región podrán mantener la presión sobre el queroseno incluso si el precio del crudo comienza a bajar.

Las aerolíneas programan un 5,5% más de plazas para el invierno

Además, para la temporada de invierno 2026-2027, que comenzó este domingo y se prolongará hasta finales de marzo, las aerolíneas han programado 146 millones de asientos, un 5,5% más que los previstos en la misma fecha del año pasado. Aunque desde ALA advierten de que la cifra puede variar en los próximos meses y, además, no descartan que las compañías retiren capacidad si la evolución del combustible les obliga a revisar sus planes.

Sin embargo, la distribución geográfica es muy heterogénea. Mientras que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destaca con cerca de un 10% más de plazas programadas, en otros grandes aeropuertos el avance se modera: al 1,9% en Barcelona-El Prat y al 1,5% en Alicante. Asimismo, en Andalucía se supera el 5% de crecimiento y en Baleares se registra un 4,4% (con el aeropuerto de Ibiza registrando una caída del 1%), mientras que Canarias apenas aumenta un 0,1%.

La reforma del sistema de pensiones de 2023, implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo penalizaciones económicas de hasta el 30% sobre la cuantía de la pensión final para desincentivar el retiro de los trabajadores antes de la edad ordinaria de jubilación y favorecer carreras laborales más largas. El objetivo de fondo era aliviar la presión que ejercerá sobre las cuentas de la Seguridad Social la jubilación masiva de la generación del baby boom, que ya ha comenzado a retirarse. Es decir, retrasar la edad efectiva de jubilación para contener el aumento del gasto en pensiones que afrontará el sistema durante las próximas décadas.

Sin embargo, los datos acumulados de 2026 hasta agosto traen malas noticias. Las jubilaciones demoradas (aquellas en las que el trabajador sale del mercado laboral con más de 65 años si ha cotizado 38 años y 3 meses o con más de 66 años y 10 meses si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) representan el 12% sobre el total de personas que se han jubilado en los primeros ocho meses del año. Concretamente, casi 28.800 trabajadores optaron por esta modalidad respecto a las 247.200 altas del sistema.

Las optimistas proyecciones del Gobierno

Durante los años previos a la reforma, los jubilados que optaban por esta modalidad apenas representaban menos del 5% sobre el total. Sin embargo, desde que se introdujeron los desincentivos económicos, esta proporción ha ido escalando gradualmente: del 5,4% de 2022 al 8,1% en 2023, seguido del 9,3% en 2024, el 10,9% en 2025 y el 11,6% entre enero y agosto de 2026.

No obstante, estas cifras distan mucho de los cálculos estimados por el Gobierno. En 2023, el Ministerio que dirigía José Luis Ecrivá remitió a la Comisión Europea el documento con sus Proyecciones del gasto público en pensiones hasta 2050, a fin de recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Pues bien, en estas proyecciones, el entonces ministro de Seguridad Social apuntó que en 2026 se registrarían alrededor de 285.000 jubilaciones demoradas sobre un total de 345.000 altas, es decir, tendrían que haber representado el 83% del total en vez de un 11,6% como finalmente ha ocurrido.

Impacto económico de la sobreestimación

La cuestión no es solo que la estimación sea inexacta, sino también sus repercusiones económicas sobre el gasto público. El documento enviado a Bruselas calculaba que, como consecuencia del impacto de los nuevos incentivos a la jubilación demorada, se podría reducir el gasto un 0,14% sobre el PIB en 2025 y un 0,17% en 2026. En euros contantes y sonantes supondrían unos 2.300 y 2.900 millones de euros menos, respectivamente.

Sin embargo, dado que sus estimaciones no se han cumplido, este ahorro ha sido menor. Según cálculos de El Independiente, si se aplica de forma orientativa la proporción observada a las estimaciones del Gobierno, los 2.300 millones de euros que la Seguridad Social esperaba reducir del gasto en pensiones en 2025 se quedarían en unos 300 millones, mientras que los 2.900 millones proyectados para 2026 bajarían a alrededor de 400 millones.

De hecho, la desviación optimista no se limita a las jubilaciones demoradas, sino que también se ha producido sobre las previsiones globales. La reforma contemplaba más medidas, además de los desincentivos a retrasar la jubilación (como el incremento de los ingresos a través del refuerzo de las cotizaciones sociales o la elevación anual de la edad ordinaria de jubilación, entre otras), para reducir el gasto público.

Sin embargo, sus proyecciones apuntaban a que el gasto en pensiones contributivas se situaría en el 11,22% del PIB en 2025 gracias a la reforma, frente al 12,27% que habría representado sin ella. Dado que se disponen de los gastos del sistema sobre este ejercicio, las cifras revelan que el desembolso final ha sido superior incluso a la estimación del escenario previo a la reforma: casi 212.400 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB.