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El Constitucional, abocado al bloqueo o a una mayoría progresista si la derecha no logra tres quintos del Senado
No hay margen a un cambio del equilibrio actual en el Tribunal Constitucional (TC) que no pase por que PP y Vox consigan una 'supermayoría' articulada de tres quintos en el Senado, Cámara que después de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y una vez renovada para la XVI Legislatura, deberá elegir los cuatro magistrados pendientes de cambios desde diciembre de 2025, entre ellos, el puesto de su presidente Cándido Conde-Pumpido, seguido de María Luisa Balaguer, Ricardo Enriquez y José María Macías. Los dos primeros, catalogados como progresistas, y como conservadores los dos últimos. Actualmente, de los 12 puestos que integran el organismo, hay un dominio de 7 vs. 5 representantes de ese ala progresista.
El acuerdo táctico de PP y Vox, formalizado este lunes para la inclusión de representantes de Vox en seis listas y la reducción de las candidaturas de los de Santiago Abascal en otras 14 provincias, refuerza a la derecha y sus previsiones ante la candidatura de coalición de PSOE y Frente Amplio, Senado de Progreso. Permite asegurar una menor pérdida de senadores, arrebatar otros en determinadas circunscripciones y garantizar una mayoría absoluta de 143 votos –según la estimación de El Independiente con los datos de 2023–, pero, a priori, no acercarse a los ansiados 162 escaños (3/5) que darían completa libertad a PP y Vox para la renovación de cargos institucionales. Ese ha sido uno de los propósitos de ambas formaciones: que Sánchez y sus socios pierdan la capacidad de decisión, de condicionar puestos.
El panorama no cambia demasiado la situación actual, porque una mayoría absoluta deja abiertos dos escenarios: que o bien se mantenga el bloqueo de estos momentos o que haya una renovación que cambie ligeramente el equilibrio sin impacto definitivo en el criterio frente a grandes asuntos. En detalle, la caducidad del mandato no implica que los magistrados pendientes de renovación abandonen el puesto. De hecho, siguen en el cargo hasta que eso se solucione y tomen posesión los nuevos sucesores. Así lo regula el artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Hay precedentes como el de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pasaron más de cinco años y medio en funciones hasta que hubo un acuerdo entre PSOE y PP en junio de 2024. Por lo tanto, el bloqueo de la situación actual puede seguir manteniéndose si no hay punto de acuerdo entre populares y socialistas, algo más que posible si la mayoría popular depende en ambas cámaras de los acuerdos con Vox, y especialmente si termina habiendo un Gobierno de coalición entre los de Feijóo y Abascal.
Fuentes judiciales de alto rango consultadas por este periódico ven posible que se den múltiples escenarios. No cierran ninguna posibilidad, incluso la de esos tres quintos, hasta que no haya una sentencia firme de las urnas. Pero en el hipotético caso de una mayoría simple conservadora en la Cámara Alta, y además de ese bloqueo, ven posible que haya capacidad de negociación entre populares y socialistas. Recuerdan que la propuesta del PSOE durante esta pasada legislatura era la de un reparto 2-2 como el actual, con dos candidatos progresistas y dos conservadores que satisfaciese a ambos representantes del bipartidismo, pero que el PP no la aceptó a la espera de una renovación parlamentaria que les dejase en una mejor posición negociadora como la de las tres quintas partes comentadas. Estiman que al retomarse la negociación, a partir del lunes 30 de noviembre, el partido de Sánchez podría volver a poner sobre la mesa ese 2-2.
No ven incluso descabellado que se abra la puerta a un 3-1, incluso en un periodo de polarización extrema y con Vox condicionando las políticas del PP, algo de lo que el PSOE actual estaría muy lejos. Un 2-2 mantendría el mismo equilibrio actual, pero supondría la salida de Conde-Pumpido y la sucesión, que de no haber consenso y reiterarse el empate, sería adjudicada por antiguedad en el cargo a Ramón Sáez Valcárcel, designado por Moncloa, íntimo del presidente del TC y de perfil de izquierdas confirmado. De hecho, fue junto al exministro de Justicia Juan Carlos Campo –el otro del Gobierno–los únicos miembros del tribunal que respaldaron el recurso de amparo del Defensor del Pueblo para que los 'nietos' pudiesen ejercer el voto en las próximas elecciones tras la suspensión cautelar del Tribunal Supremo. Se inadmitió. De persistir el empate ante la propuesta de mayor antiguedad, se primaría a la figura de mayor edad, que por siete años de diferencia a Sáez es María Luisa Segoviano, igualmente calificada como progresista.
El relevo de Conde-Pumpido pasaría o por Sáez Valcárcel o por Segoviano, ambos considerados del sector progresista
Ese pacto de mínimos permitiría a la derecha, en todo caso, deshacerse de uno de los cargos más señalados durante esta legislatura, especialmente ante pronunciamientos como el aval a la amnistía, a la ley del aborto trece años después, a la ley de eutanasia, o la anulación de las condenas por los ERE a los exdirigentes socialistas Manuel Cháves y José Antonio Griñan. Un cambio 3-1, si se dan esas circunstancias, sería una cesión del PSOE que cambiaría el balance a un equilibrado 6-6 entre progresistas y conservadores, pero al ser o bien Sáez, por antiguedad, o bien Segoviano por edad, Presidencia, tendría la última palabra ante los empates en las votaciones, y su perfil progresista seguiría siendo determinante.
A poco más de un mes para iniciar de nuevo los contactos para esas renovaciones, solo hay tres comunidades que han puesto sobre la mesa nombres de candidatos a considerar, es el caso de los juristas Xabier Arzoz y Javier García Roca propuestos por el Parlamento Vasco –por el carácter territorial que tiene el Senado–; Yolanda Valdeolivas Garcia y Francisco José Bastida, por el Parlamento de Navarra, y el exministro socialista Francisco Caamaño, a sugerencia del Parlement de Cataluña. Valdeolivas y Caamaño están ligados al PSOE por su paso por el partido, Bastida es propuesta de la izquierda alternativa navarra, mientras que Arzoz y Roca se presentan como figuras sin adscripción reconocida.
De la elección autonómica al voto por 3/5
Los otros ocho puestos en el TC se eligen por tandas. Cuatro también corresponden al Congreso, dos al Gobierno y otros dos por el CGPJ, todos con una mayoría extracualificada de tres quintos salvo los cargos definidos por el Ejecutivo. Se hace por tandas de nueve años, por lo que tras las designaciones de Gobierno y CGPJ a finales de 2022, tocaría en 2031. En 2028 en el caso del Congreso. Sin una mayoría amplia de 210, tanto un Gobierno de izquierdas como de derechas debería pactar por igual los cuatro puestos, lo que mantendría ese equilibrio salvo sorpresa.
Con el caso actual, una vez abierto en el Senado el plazo de presentación de candidaturas, cada comunidad autónoma propone cargos, máximo dos por cámara. Estos nombres deben cumplir requisitos como ser juristas de reconocida trayectoria y competencia, o contar con 15 años de ejercicio profesional. Una vez comunicados, la Comisión de Nombramientos del Senado examina a los candidatos y los aspirantes comparecen ante ella. La comisión determina una propuesta con tantas figuras como puestos se deban cubrir, en este caso cuatro. Llega después al pleno, y después de una votación en urna, con papeletas y secreta, los senadores deciden los nombramientos. Se requiere que cada uno cuente con 3/5 que solo PP y PSOE como mínimo pueden garantizar. Una vez designados, se comunica al Rey las propuestas y se procede a sus nombramientos.
