El próximo lunes la Estación Espacial Internacional (ISS) cumplirá 26 años habitada. Para poder ser un hogar para los casi 300 humanos que han habitado entre sus paredes, este laboratorio orbital necesita energía: para la electricidad que usan sus huéspedes en sus comunicaciones con la Tierra y en sus experimentos, pero también para algo tan básico como que puedan respirar, nutrirse y, en definitiva, sobrevivir, pues de ella dependen los equipos que producen oxígeno, reciclan el agua y mantienen una temperatura adecuada.

Mientras siga habitada, lo que está previsto que suceda hasta 2030, la ISS debe mantener todos estos sistemas funcionando y la fuente de energía que utiliza son sus enormes paneles solares. Normalmente cuando cualquier persona imagina la estación le aparecen en la mente esas grandes alas solares que hoy dominan su silueta. Sin embargo, no estaban ahí el 2 de noviembre de 2000, cuando llegaron los primeros habitantes. Inicialmente el abastecimiento lo producían solo cuatro paneles que estaban acoplados a los módulos rusos Zaryá y Zvezdá.

Entonces la ISS era más pequeña que ahora, pero los planes de ampliarla estaban en el horizonte. El primer par de grandes alas se instaló en diciembre de 2000 y los siguientes pares en septiembre de 2006, junio de 2007 y marzo de 2009. Los ocho fueron fabricados por la empresa estadounidense Lockheed Martin y se diseñaron para una vida útil de 15 años, aunque actualmente siguen funcionando. No obstante, han tenido que someterse a reparaciones y su rendimiento ha disminuido con el paso del tiempo. Es por esto último que la NASA dio con una nueva solución bajo el nombre iROSA.

Entre 2021 y 2023, cuando las primeras alas solares ya habían superado ampliamente su vida útil prevista y en vista de la degradación esperada por el tiempo de servicio, la agencia espacial de Estados Unidos instaló delante de seis de ellas nuevas placas. Con unas dimensiones considerablemente menores (casi la mitad) generan la misma o mayor electricidad. Además, con este sistema la parte que sigue quedando expuesta de los paneles antiguos puede también seguir funcionando como fuente de energía.

Probablemente lo más espectacular de los nuevos iROSA, fabricados por la compañía Redwire, bajo contrato con Boeing, es que viajan enrollados para ocupar menos espacio y ser más fácil de manejar y luego, una vez llevados al punto de instalación, no necesitan un motor para desenrollarse, sino que su despliegue utiliza estructuras flexibles de materiales compuestos para hacerlo por sí solos.

Ahora llega el turno de los dos últimos paneles de esta ampliación, con los que se reforzarán los ocho grandes conjuntos solares originales: este jueves, 29 de octubre, los astronautas de la Estación Espacial Internacional han colocado el séptimo.

La instalación tiene una escena difícil de imaginar desde tierra: Anil Menon, astronauta de la NASA, ha transportado el panel sujeto al extremo de Canadarm2, el espectacular brazo robótico de casi 18 metros de largo de la ISS. Mientras tanto, su compañero Joshua Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, lo ha ayudado a instalarlo en el punto de destino. Y, desde dentro, Jessica Watkins y Luke Delaney manejaban el brazo robótico. Ha sido una maniobra de 7 horas y 11 minutos.

La NASA tiene prevista otra caminata de Menon y Kutryk el 5 de noviembre para instalar el octavo y último panel. Según los datos oficiales, cuando estén instalados los ocho se aumentará hasta un 30 % la energía disponible en la Estación, cuya capacidad de generación pasará de 160 a unos 215 kilovatios. Esa electricidad adicional respaldará las operaciones críticas del laboratorio orbital, incluida su desorbitación segura y controlada cuando llegue la hora de jubilarse.

Más de sesenta personas salieron de casa este miércoles para coger un tren y no llegaron a su destino. Más de un centenar resultaron heridas. Los que presenciaron la tragedia y salieron ilesos cargarán con secuelas menos visibles como el estrés postraumático. Nadie implicado en esta catástrofe quedará indemne. Tampoco los usuarios que, cuando vuelvan a subirse a un vagón, deberán hacerlo venciendo el miedo, en mayor o menor medida, a sufrir una desgracia.

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La subasta de los objetos que la familia Franco sacó del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) ha finalizado este miércoles dejando a los herederos del dictador más de medio millón de euros. Los más de 600 artículos que los Martínez-Bordiú Franco encargaron subastar a Magna Art Auctions, situada en el barrio Salamanca de Madrid, han sido adjudicados por 524.925 euros, aumentando con creces la recaudación respecto al precio de salida de los lotes, situado en 188.000 euros. Al montante total hay que restar el porcentaje que se quedará la casa de subastas, que suele situarse entre el 5 y el 15%.

Entre los bienes más disputados ha estado el maletín “personal” en piel marrón del dictador, que tenía un precio de salida de 350 euros y ha sido vendido finalmente por 19.000. La cartera tiene una inscripción que reza “al Generalísimo Franco Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS”.

Además de algunas antiguedades y porcelanas decorativas, parte de los bienes más cotizados y que más subieron su precio en la subasta han sido los que cuentan con simbología franquista o relacionada con la familia: entre ellos, un joyero de plata con la inscripción “CARMENCITA” (en referencia a la hija de Franco y Carmen Polo), que es el tercer objeto con un precio de puja más alto (precio de salida 120 euros, vendido finalmente por 14.000).

La venta más cara ha sido un conjunto de ocho espingardas —arma de fuego de cañón largo— procedente de Marruecos, que ha alcanzado los 20.000 euros. Un tapiz con el escudo franquista, que la casa de subastas presenta en su catálogo como escudo de la Monarquía Hispánica, fue vendido por 9.000 euros tras arrancar con un precio inicial de 850. Otro de los artículos que más atención despertó fue la fotografía del Rey Juan Carlos con una bandera del régimen detrás y una dedicatoria al dictador: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos”. Tras salir a subasta por 200 euros, alguien pagó 8.000 por llevársela a casa.

Había también retratos del dictador: uno militar por 1.400 euros, tras un precio de salida de 300 euros, y otro que ha conseguido 1.100 euros tras arrancar en los 100 euros. Durante los dos días que ha durado la subasta, que se vio desbordada por momentos en su modalidad online, los precios de la inmensa mayoría de productos no dejaron de ascender. Por segundos se iban acumulando las pujas tanto en la sala como vía Internet o teléfono, con ofertas procedentes de España y del extranjero.

El director de la casa de subastas, José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo, ha calificado el resultado de “rotundo” y de magnífico éxito“. Poco antes de que empezara la subasta, afirmaba que se trataba de una puja ”como otra cualquiera“, pese a que el fetichismo franquista ha disparado los precios. Solo 12 lotes han quedado sin vender.

Entre las ventas más destacadas está la de la fotografía “coloreada” de 53x45 cm de la familia del dictador, que partía de los 80 euros y fue ascendiendo hasta los 2.250 definitivos. Había quienes minutos antes del inicio de la subasta, reconocían ante los medios de comunicación que iban a por algún objeto del Pazo de Meirás por su admiración a Franco. Un cuadro de la residencia de verano del dictador dedicado a su hija acabó vendiéndose por 6.000 euros, 120 veces más que su precio de salida (solo 50 euros).

Bastante 'peleados' fueron también los lotes de menaje grabados con el escudo del dictador o su familia. Unas copas de vidrio se vendieron por 2.750 mientras que un lote para consomé que salía en 150 euros fue comprado por 1.500 entre decenas de pujas que prácticamente no le daba a tiempo a enunciar en voz alta a la directora de la subasta antes de que subieran.

Los bienes subastados son los que la familia sacó del Pazo de Meirás después de que la Justicia dictaminara que es de propiedad pública y no de los herederos. La Abogacía del Estado reclamó como propios una parte de las propiedades, pero no todas. Las asociaciones memorialistas denuncian el “enriquecimiento ilícito” de la familia y sospechan que parte de los bienes podrían ser públicos.

Gráficos elaborados por Yuly Jara.

Más de 24 horas después del trágico accidente de AVE en Toledo, que deja ya 69 víctimas mortales, la investigación todavía no ha determinado qué lo causó. Este jueves, los principales responsables de la gestión de la emergencia se han reunido en el CECOPI, en la zona del siniestro. Allí han estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, entre otras autoridades, aunque el titular del ramo no ha participado en la comparecencia posterior. Ha sido Sánchez quien ha asumido el mensaje público y ha prometido esclarecer "hasta el último detalle" de lo ocurrido y reforzar la seguridad de una red de Alta Velocidad que en apenas nueve meses ha sufrido ya dos accidentes mortales.

En su intervención, Sánchez ha insistido en que la respuesta del Estado se da en tres frentes: atender a las víctimas y a sus familias, esclarecer las causas del accidente y reforzar la seguridad del sistema de Alta Velocidad. Ha agradecido la labor de los equipos de emergencia, los servicios de apoyo psicológico y las distintas administraciones, y ha asegurado que trabajan día y noche para aclarar "hasta el más mínimo detalle". Pero la comparecencia también ha dejado una imagen política llamativa en estos momentos.

Puente ha participado en la reunión del CECOPI y aparece en la fotografía junto a Sánchez y los demás responsables, pero no ha acompañado al presidente ante los medios. En Moncloa restan importancia a su ausencia pero, de momento, presidente y ministro solo han compartido plano en la foto del CECOPI.

La ausencia contrasta con el papel que Puente desempeñó el miércoles, al menos en las primeras horas tras el accidente: compareció desde el centro de control de Adif en Atocha, reconstruyó los primeros detalles del accidente y respondió a las preguntas de los periodistas. Pero, a diferencia de lo ocurrido tras Adamuz, cuando asumió buena parte de las explicaciones públicas, esta vez la intervención institucional del día siguiente ha quedado en manos de Sánchez.

Puente evitó ayer poner su cargo a disposición del presidente. Dijo que estaba centrado en esclarecer lo ocurrido, y Moncloa salió en su respaldo. Horas después se filtraron audios del centro de control de Atocha que recogen cómo un operario autorizó al AVE a reanudar la marcha "normal" cuando el tren de Iryo seguía detenido en la vía. Las grabaciones apuntan a una decisión operativa como la que Puente había señalado, pero la investigación sigue abierta, por lo que no permite cerrar responsabilidades sobre lo ocurrido. Precisamente, Sánchez visita al mediodía el centro de control de Adif en Atocha, donde está centrada la investigación, sin que de momento se haya confirmado que vaya a estar acompañado por el ministro de Transportes.

Hay ofertas que pasan desapercibidas entre miles de descuentos y otras que es mejorar guardar en favoritos antes de que desaparezcan. Esta semana hemos rastreado Amazon para reunir una selección de productos tan variados como útiles: artículos para preparar la casa para el frío, accesorios que facilitan las tareas cotidianas, básicos de cuidado personal e incluso algunas soluciones ingeniosas para ganar comodidad en el hogar.

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El 14 de mayo de 2016, el Ayuntamiento de Madrid programó en Las Vistillas a un colectivo de rap al que buena parte de su propia escena llamaba “pijo”. Agorazein, que formaban C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y DJ Fabianni, planteó aquel concierto como una fiesta familiar, “AGZ Familia”: en el cartel, dibujado a mano, había una cena con Antón Álvarez (Pucho para los suyos, C. Tangana para el público) en el centro, un cocodrilo en la mesa y, alrededor, amigos como el rapero Elio Toffana y el productor Alizzz. Ese mismo día, en HHGroups, el foro del rap español, alguien escribía: “En fin, que [C. Tangana] molaba más cuando era Crema”. Crema era el nombre con el que Álvarez empezó a rapear, sobre 2005. Seis meses después, el 15 de noviembre de 2016, Agorazein publicó Siempre, quince canciones que resultaron ser el último disco del grupo.

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Aunque casi siempre asociamos la sensación de sentir pesadez y cierta incomodidad en el abdomen durante la digestión con haber ingerido una comida copiosa, para algunas personas, puede ocurrir lo mismo por una pieza de fruta o una ensalada aparentemente saludables. En estos casos, lo que debería ser un tentempié nutritivo se convierte en horas de hinchazón, gases o visitas urgentes al baño. 

Son síntomas que a menudo se ignoran o que se atribuyen a una indigestión común, pero que podrían estar relacionados con la forma en la que el cuerpo procesa la fructosa, un azúcar presente de forma natural en muchos alimentos. Según datos de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, entre un 40% y un 60% de la población española padece intolerancia a la fructosa.

Comprender la intolerancia a la fructosa

“La fructosa es el azúcar natural de la fruta, la miel y algunas verduras y, para pasar del intestino a la sangre, necesita unos ‘transportadores’ que funcionan como las cajas de un supermercado”, explica la nutricionista Ana Mulero. Según la especialista, cuando todas las cajas están abiertas, los ‘clientes’ pasan tranquilamente y salen sin problema. Por tanto, en un sistema digestivo sano, las células del intestino delgado absorben este azúcar y lo pasan al torrente sanguíneo. 

En una intolerancia a la fructosa, sin embargo, “hay una sola caja (transportador) abierta y los clientes (la fructosa) se acumulan. Es decir, la fructosa no se absorbe, se queda en el intestino y, cuando llega al colon, fermenta, causando los síntomas”, explica de forma gráfica Mulero. Si bien solemos referirnos a ello como intolerancia a la fructosa, “el término más preciso es malabsorción de fructosa”, matiza la experta.

Cuando esto ocurre, suelen aparecer, a la media hora de comer, síntomas como “hinchazón abdominal, gases, ruidos intestinales, retortijones y diarrea”, afirma Mulero, para la que es importante evitar el autodiagnóstico. “Lo indicado es acudir al médico, que puede pedir un test de aliento, y después trabajar la alimentación con un dietista-nutricionista”, aconseja Mulero.

Las frutas que se pueden tomar en caso de intolerancia a la fructosa

La lista de frutas que pueden tomarse en caso de intolerancia a la fructosa es más extensa de lo que podríamos pensar. Como apunta Mulero, “suelen tolerarse bien la naranja, la mandarina, el kiwi, las fresas, las frambuesas, los arándanos, la piña, la papaya y el plátano, mejor si no está muy maduro”. Como casi todo en alimentación, la cantidad es un factor importante: una ración normal sienta bien, pero medio kilo de fresas de una sentada probablemente no, afirma Mulero. 

Para tener una idea de las cantidades, y a partir de los datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, una pieza de fruta pesa unos 100 gramos; una de tamaño mediano, unos 200 gramos; y una de tamaño grande, unos 250-300 gramos, y en cada comida se pueden llegar a tolerar quince gramos de fructosa y dos gramos de sorbitol.

Ciertas verduras pueden ser nuestras aliadas en caso de intolerancia a la fructosa porque son naturalmente bajas en azúcar y están repletas de nutrientes, como zanahorias, calabacín, espinacas, judías verdes o lechuga de hoja verde. 

Las frutas cuyo consumo es mejor controlar

Más que hablar de frutas altas en fructosa, Mulero matiza la expresión y afirma que “lo que importa es la proporción fructosa-glucosa, es decir, que la fruta tenga más fructosa que glucosa, lo que llamamos ‘exceso de fructosa’, y la cantidad que comes de una vez”. 

Partiendo de esto, las frutas que suelen sentar peor en caso de intolerancia a la fructosa son la manzana, la pera, las cerezas, el mango, la sandía y los higos. “Las tres primeras contienen además sorbitol, así que suman dos problemas en una sola pieza”, advierte Mulero.

¿Tenemos que eliminar estas frutas para siempre? “No, lo que hacemos es una fase corta en la que se reducen las más problemáticas hasta que los síntomas se calman. Después se van introduciendo poco a poco para descubrir cuánto tolera cada persona”, afirma Mulero. 

Intolerancia a la fructosa, ¿hay alimentos prohibidos?

Igual que ocurre con la fruta, en el caso del resto de alimentos también debemos prestar atención a la cantidad y al umbral personal. “Hay quien tolera media manzana y quien no tolera ni un trozo”, advierte Mulero. Pero lo que sí hay son alimentos que suelen ser más problemáticos y que “dan más guerra”. Mulero habla de: 

En cualquier caso, para determinar si un alimento contiene fructosa, es necesario leer bien la etiqueta, donde deben buscarse términos comunes que indican la presencia de fructosa, como jarabe de maíz de alta fructosa, concentrados de zumo de frutas, jarabe de agave o miel que, si bien es natural, es un edulcorante con alto contenido de fructosa.

La cola llega hasta la puerta y ya debería haber comenzado la subasta hace más de diez minutos. Público clásicamente vestido entra en un goteo constante a la casa de subastas Magna Art, situada en el exclusivo barrio Salamanca de Madrid, para intentar hacerse con alguno de los objetos que Franco atesoró en el Pazo de Meirás de Sada (A Coruña) desde 1938. Sus herederos los han empezado a vender este martes en una subasta inédita en la que la carrera por llevarse a casa una reliquia del franquismo ha inflado los precios y ha saturado los sistemas informáticos al inicio de la jornada.

Porcelanas, lámparas, alfombras, pinturas, relojes, muebles y otros artículos de decoración y menaje que poblaron la residencia de verano ocupada por Franco desde la Guerra Civil han ido vendiéndose uno a uno mientras el precio de salida se quedaba atrás en cuestión de segundos. La subasta se ha prolongado durante más de seis horas, con pujas hasta bien entrada la noche, sin que aún así haya dado tiempo a sacar a la venta todos los lotes. La puja seguirá este miércoles, pero hasta ahora se han adjudicado 250 lotes con los que la familia Franco ya ha recaudado 247.500 euros, a los que hay que restar lo que perciba la casa de subastas. En total, el catálogo está compuesto por 689 bienes.

Todos los objetos han superado su valor inicial y algunos lo han hecho con creces: ha sido el caso de la fotografía “coloreada” de 53x45 cm de la familia del dictador en la que aparecen él, su mujer, Carmen Polo, y su hija Carmen. Las pujas han ido subiendo como la espuma desde que se ha ofertado el lote partiendo de los 80 euros de precio inicial hasta los 2.250 definitivos. Lo mismo ha ocurrido con el cuadro de Isabel de Cubas y Gerdtzen, condesa de Morata de Jalón, que precisamente retrata el Pazo de Meirás con una dedicatoria en la parte trasera: “Para mi querida Carmen Franco con todo mi cariño”. Su precio de salida era de solo 50 euros, pero ha acabado adjudicado por 6.000, 120 veces más.

Junto a las ofertas presenciales, ha sido posible comprar por teléfono y vía online, tanto en España como desde el extranjero. Al tiempo que el personal de la casa de subastas atendía las llamadas en directo y gestionaba las pujas por la web, la directora se ocupaba de quienes con la paleta en alto ofrecían más dinero desde la sala.

Algunas cosas han concentrado decenas de pujas y se han disputado durante varios minutos. Por ejemplo, un tapiz con el escudo franquista ha desatado una 'pelea' entre un comprador telefónico y otro que intervenía desde fuera de España a través de plataformas internacionales. Finalmente, se lo ha llevado este último por diez veces más de su precio de salida: 9.000 euros frente a los 850 de la tasación.

Medio siglo después de la muerte del dictador todavía hay quienes pagan grandes sumas de dinero por objetos que supuestamente podría haber usado el responsable de implantar en España un régimen de muerte y represión durante cuatro décadas. El personal de la casa de subastas reconoce que ha habido franquistas declarados pujando por estos bienes, pero aseguran que también coleccionistas o “interesados” en la Historia de España. El Pazo de Meirás es de titularidad pública desde 2020, cuando la Justicia condenó a los Franco a devolvérselo al Estado.

“Todos los españoles deberían tenerlo”

Pocos minutos antes de arrancar, a las puertas de la sala algunos de los asistentes agachaban la cabeza para evitar a los periodistas mientras otros no dudaban en erigirse en admiradores de Franco: “Vengo a por un recuerdo del Pazo de Meirás, que es algo que todos los españoles deberíamos tener”, decía una mujer ataviada en joyas y abrigo de piel que afirmaba tener “cariño y respeto” por el dictador.

Otra mujer acudió para llevarse a Galicia, donde “también” tiene un pazo, algo de Meirás. Y “no porque pertenezca a Franco”, sino porque le gustan “las cosas”, asegura. Entre ellas, le interesaba especialmente un juego de platos para consomé que están decorados con el escudo de la familia Franco. Eso sí, tendrá que esperar a este miércoles para hacerse con ellos porque aún no han salido a subasta.

Entre los que sí han sido vendidos, hay varios objetos que han disparado su precio ampliamente: una jarra de pico en cerámica esmaltada de Talavera de la Reina ha sido adquirida por 10.000 euros partiendo de un precio inicial de 350. Un par de pequeños leones decorativos de porcelana azul ha multiplicado por diez su valor de partida y han sido adjudicados finalmente por 3.500 euros. El interés se ha desatado también por una pareja de figuras decorativas de madera que representan a dos “niños mártires” cuyo valor inicial era de 120 euros y se ha vendido por 5.000 euros.

Imágenes, cuadros y artículos religiosos han despertado la atención de los compradores. Entre ellos, los varios lotes de vestimentas litúrgicas que estaban en la capilla del pazo gallego, vendidos por entre 600 y 800 euros. La lámpara de hierro forjado que colgaba del techo de la biblioteca partió de un valor inicial de 450 euros y alguien ha dado por ella 2.000 euros. Alguno de los objetos que han alcanzado precios más altos son un óleo de San Francisco que se atribuye al círculo de Luis Tristán (6.000 euros) o los 4.000 por los que se ha vendido un cuadro de Santa Teresa del siglo XVII.

La subasta ha disparado la indignación de las asociaciones memorialistas, que denuncian que la familia Franco pueda “hacer caja” y enriquecerse con estas propiedades. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) llevaba semanas denunciando la “pasividad” de la Xunta de Galicia y el Gobierno central, a los que reclama una intervención en la puja para “verificar” si estos artículos pueden tener la condición de “bienes de dominio público”.

En total, el catálogo incluye más de 600 objetos que la familia Franco sacó del Pazo de Meirás el pasado verano, cuya titularidad pública confirmó el Tribunal Supremo este año. La Abogacía del Estado reclamo una parte de los bienes que estaban dentro del palacio y que consideraba públicos y, el resto se quedó en manos de los herederos del dictador. Entonces, los Martínez-Bordiú Franco encargaron a Magna Art Auctions que subastara los bienes. Es una puja “normal, como otra cualquiera”, decía ante los medios de comunicación al comienzo de la tarde su director, José Miguel Carrillo de Albornoz, que ostenta el título de vizconde de Torre Hidalgo.

La bombilla se le encendió tras leer una noticia: el fondo soberano noruego —el mayor del mundo— acababa de comprar casi la mitad de una planta renovable operada por Iberdrola. No era la primera operación de este tipo. El fondo noruego tiene el 49% de siete plantas fotovoltaicas y de una eólica operadas por la energética española.

Este instrumento, gracias al cual Noruega costea un cuarto de su gasto público, se beneficia de lo que producen los parques renovables del país. “El sol español está pagando las pensiones de los noruegos. ¿Por qué no puede pagar las de los españoles?”

Ese fue el razonamiento del divulgador ambiental Javier Peña, detrás del canal Hope!, seguido en redes por cientos de miles de personas, y creador de la serie homónima de RTVE. La fundación acaba de lanzar una propuesta para crear en España un fondo generacional “a la noruega”: aprovechar colectivamente el recurso energético nacional—en el país escandinavo, el petróleo; en España, el sol y el viento— para pagar la vivienda pública y las pensiones.

La idea, incluida en la campaña ‘España puede ser la hostia’ —que coordina Hope!, pero en la que confluyen decenas de entidades, y presentada a los partidos políticos ante la convocatoria electoral del 29N—, es que el nuevo mecanismo se inspire en el fondo que Noruega creó en la década de 1990 para no gastar los beneficios de su petróleo. Después de encontrar oro negro en el Mar del Norte, en 1969, Noruega apostó por activar un fondo soberano como forma de colectivizar la riqueza, extenderla a lo largo de generaciones y financiar con ella generosos servicios públicos como la sanidad, la educación o las pensiones.

“El fondo da seguridad a todos los que vivimos en Noruega de que tendremos pensiones y podremos mantener el Estado de bienestar”, explica Stig Schjølset, director de la ONG noruega Zero Emission Resource Organisation (ZERO). Sin embargo, también se muestra crítico con las inversiones del fondo en empresas petroleras como Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergies o Repsol.

Hoy, el fondo noruego paga cerca de un 27% del gasto público del país, y cubre el déficit presupuestario, que asciende al 13% de su PIB. Es un escudo financiero ante crisis globales —los noruegos salieron mejor parados de la recesión económica del 2008 que sus vecinos nórdicos— y contribuye a enfrentar un problema creciente: el envejecimiento de la población. Los beneficios del petróleo van a parar a este fondo, que invierte en empresas extranjeras únicamente (para no sobrecalentar la economía local) y posee de media un 1,5% de las empresas cotizadas del mundo.

Javier Peña y su equipo llevan medio año trabajando junto a otros especialistas en economía y energía y colaborando con entidades como Ecooo, Fundación Renovables o Greenpeace, entre otras, para pensar cómo podría ser un fondo español capaz de recoger la riqueza del sol y del viento y usarla para aliviar problemas comunes, como la vivienda o las pensiones.

“El espíritu de la propuesta es acelerar la conquista de la soberanía energética nacional”, señala el divulgador. Se trata, dice, de una transición que redunda en el interés del país: “para blindarnos de los shocks de inflación que provoca el petróleo y el gas y lograr la soberanía energética, bajar el coste de la factura energética y atraer industria, porque vamos a tener la energía más competitiva de toda la Unión Europea”.

España depende en un 68,4% de los recursos energéticos que importa: principalmente, combustibles fósiles, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La meta que plantea esta campaña para 2040, y que se conseguiría en parte gracias a este fondo, es que esa dependencia se reduzca a menos del 20%. La fórmula: electrificar a la vez hogares, industria y transporte con renovables, almacenamiento y redes “al ritmo de esa nueva demanda y con lo público como catalizador”. Y zanjan los coordinadores: “Alemania acaba de fijar 2045 para abandonar los combustibles fósiles. España, con mucho más sol, puede llegar antes”.

Por otro lado, el fondo ayudaría a recaudar dinero para las pensiones. Los expertos que han participado en la campaña —entre ellos, el economista Rafael Pinilla o los especialistas en energía Cote Romero y Manel Rivero— han desarrollado un modelo con datos y supuestos que se pueden consultar en su página web a través de un simulador. Según sus cálculos, con un impulso fuerte al fondo, la rentabilidad de las inversiones podrían llegar a cubrir el 4,7% del gasto anual en pensiones en 2050 (teniendo en cuenta los cambios demográficos proyectados). “Esto no significaría comprometer las pensiones, sino incorporar un mecanismo nuevo para blindarlas y mejorarlas”, precisa Peña.

Como, a diferencia de Noruega —donde el Estado tiene un 67% de la petrolera Equinor—, en España el recurso energético no es público, para el fondo español habría que añadir un paso previo. ¿De dónde saldría el dinero para invertir en renovables? Por un lado, de los Presupuestos Generales del Estado. El coste estimado para el Estado sería de unos 2.300 millones de euros anuales hasta 2040, dinero que compraría activos (no se gastaría). El resto lo aportaría la hucha de pensiones, que por ley puede invertir en títulos públicos, y la deuda verde; una libreta generacional que copiaría el modelo francés Livret A —un mecanismo de ahorro garantizado por el que las familias pueden invertir con una rentabilidad asegurada— que permitiría a la ciudadanía contribuir al fondo y beneficiarse de manera más directa; y las hidroeléctricas cuya concesión caduque próximamente. La campaña sugiere que estas plantas no vuelvan a licitarse y que el retorno de los embalses aporte también a la inversión en renovables. “Si ya está amortizada la planta y prácticamente solamente va a generar beneficios, no entiendo muy bien por qué no la podríamos utilizar para esto”, argumenta Peña.

Con ese dinero, el Estado se podría convertir en accionista de nuevos proyectos de energía fotovoltaica, eólica y de almacenamiento. La idea es que adquiera el 30% de cada nueva planta, a precio de coste.

Los beneficios que den las renovables se repartirían así: la mitad iría a una cartera de inversión diversificada, mientras que la otra mitad serviría para construir un parque público de vivienda en alquiler —el Banco de España cifra en 750.000 viviendas el déficit habitacional acumulado en este país— y para rehabilitar edificios sin derrama. “Un piso de 75 metros cuadrados se paga con un alquiler de unos 470-510 euros al mes”, argumenta el plan, cuya presentación coincide con el llamado a las urnas en España, un adelanto electoral motivado por la crisis de la vivienda, con algunas plazas y calles españolas ocupadas por centenares de miles de manifestantes. 

Y la rentabilidad del fondo, imitando el modelo noruego, iría a pagar las pensiones: a partir de 2040, cada año se destinaría a este fin un 3,5 % del valor de la cartera (en Noruega la regla fiscal limita el dinero que el Estado puede retirar del fondo al 3%, que es la rentabilidad anual estimada a largo plazo). 

La campaña aspira a que los partidos políticos se apropien de la idea y la formulen de acuerdo a las consideraciones de cada uno. “Más que definir una receta muy concreta, lo que proponemos son distintos mecanismos que podrían hacer que esto funcione”, afirma Peña.

En Noruega, el fondo soberano cuenta con un consenso amplio entre la sociedad: el debate en torno a su existencia se centra en cuánto dinero retirar, o en qué empresas se debería o no invertir  —y para ello cuenta con un consejo de ética que marca líneas rojas—, pero ningún partido, ni siquiera los más extremistas, ha amenazado nunca con extinguir este instrumento. 

Además de la educación, la sanidad o las pensiones, en el caso de Noruega el dinero del fondo del petróleo, paradójicamente, ha servido para acelerar la transición ecológica. Por ejemplo, incentivando movilidad eléctrica con ayudas y exenciones de impuestos en la compra de vehículos eléctricos que han colocado al país escandinavo en la cabeza de esta transformación del parque móvil.

“Tenemos el ejemplo de Reino Unido y de Noruega con un mismo recurso: el petróleo del Mar del Norte. Noruega creó este mecanismo de riqueza generacional. Reino Unido, no. Reino Unido ahora no tiene nada, solo las tasas que se pagasen en su momento, y Noruega tiene el pilar de uno de los mejores Estados de bienestar del mundo, generando riqueza para las generaciones”, resume Peña. “Creo que es simplemente una opción más inteligente como país”.

Como después de un truco mágico de David Copperfield en el que desaparece un edificio de la línea del cielo de Manhattan, un día —no sabemos si “un buen día”—, las recolectoras palestinas de flores en los invernaderos israelíes, los prisioneros palestinos, los conductores palestinos de autobuses en Tel Aviv, los propietarios palestinos de pequeños locales de hummus, desaparecen de Israel. ¿Será una huelga, una maniobra política por parte de la resistencia, una estrategia del ejército israelí, una conspiración? Existe una oposición dentro de Israel contra los desmanes de su gobierno a la que esta novela da voz; sin embargo, aquí la voz fundamental es la de los israelíes para quienes la desaparición constituye una ofensa y un alivio. Ibtisam Azem reflexiona sobre la usurpación de bienes, memoria y discurso; sobre la imposibilidad de asumir la franja gris en determinadas circunstancias históricas y políticas; sobre cómo se pervierte la racionalidad y se devalúa el significado de palabras como democracia. Lo más inquietante es que este libro fue publicado en 2014. Entonces, el pueblo palestino ya contaba con argumentos para denunciar una situación que, como poco, se remonta a 1948 con la creación del estado de Israel y la Nakba, la Catástrofe, que supuso la expulsión de más 700.000 palestinos. Hoy, en pleno genocidio, la lectura de El libro de la desaparición nos alcanza con pertinente vibración ideológica para recordarnos la dimensión ética y la oportunidad política de los textos literarios.

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El libro de la desaparición

No deja de sonar el teléfono. La casa de subastas lleva apenas una hora abierta, pero su personal se afana en responder las llamadas de quienes aspiran a hacerse con uno de los objetos de esta puja “especial y única”. Así la define Magna Art Auctions, la empresa a la que la familia Franco ha encargado vender los bienes que retiró del Pazo de Meirás en verano. La subasta es este martes 27 en su sala de Madrid, en el barrio de Salamanca, considerado “zona nacional” durante la Guerra Civil. “Está generando mucho interés, ya lleva varias pujas”, se oye decir a una empleada al teléfono.

En la galería no cabe un objeto más, hasta los despachos están repletos de porcelanas, lámparas, alfombras, pinturas, relojes, muebles y otros artículos que poblaron la residencia de verano ocupada por Franco durante las cuatro décadas de dictadura y otros que fue acumulando allí la familia. En total son 689 lotes que escudriñan con atención varios interesados. “Es de 1991 o sea que Franco ya estaba muerto”, informa una de las trabajadoras de la sala a una mujer que pregunta por un cenicero de plata. “Oh, vaya...”, responde decepcionada antes de seguir consultando piezas.

El pasado mes de julio, los Franco sacaron del pazo lo que fue considerado de su pertenencia y que el Estado no reclamó después de que la Justicia dictaminara que el inmueble de Sada (A Coruña) es de propiedad pública. Son estos los bienes que se subastan este martes, entre los que hay objetos comunes de valor y otros con iconografía del régimen: desde un armario en madera de castaño con el águila y el yugo y las flechas, con un precio de salida de 700 euros, al tapiz repostero con el escudo franquista (850 euros) o dos retratos de Franco que oscilan entre los 100 y 300 euros.

La galería los describe en su catálogo por su estilo, su época y su estado de conservación, pero no son objetos de una herencia cualquiera. Personal de sala admite que es una subasta “especial” con un atractivo “diferente” al de otras pujas, no solo por su origen, sino por el interés que está despertando entre admiradores de Franco y nostálgicos de la dictadura que pugnan por llevarse a casa alguna de las cosas que supuestamente usó el dictador. Muchos son hombres mayores, pero también jóvenes “de 18 o 20 años” que no acuden a pujar pero están atraídos por el significado de la subasta, reconocen los trabajadores.

Los precios de salida van de los 20 a los 5.000 euros, que es la cifra adjudicada a un óleo sobre lienzo de San Francisco atribuido al círculo de Luis Tristán. Sin embargo, no es ni de lejos el artículo más cotizado. La sede de Magna Art Auctions, dirigida por José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo, lleva recepcionando pujas desde que la exposición se abriera al público, ya sea por teléfono o en persona. Por eso, la compañía asume que los precios por el que se venderán definitivamente los lotes serán muy superiores debido a que los importes están “inflados” de antemano.

“Muchos vienen directamente pidiendo algo que usaran los Franco. Hay quienes directamente dicen 'soy franquista'”, explican los trabajadores de la sala, que cada día atienden, escuchan y enseñan los objetos a los interesados que la visitan. Un hombre que lleva un rato observando varios de los artículos asegura que pujará este martes por alguno de ellos, aunque aún no ha decidido cuál. Lo que tiene claro es que lo que busca es “un recuerdo”. “Porque tengo una opinión muy buena de la España de Franco”, afirma.

Algunas cosas ya han multiplicado ampliamente su precio de salida. Entre ellas está el maletín “personal” de piel marrón dedicado “al Generalísimo Franco Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S”, según indica el catálogo. Su valor inicial es de 350 euros, pero más de veinte personas ya han pujado por más dinero. Ocurre lo mismo con la fotografía del rey Juan Carlos con la bandera franquista detrás y una dedicatoria manuscrita que le regaló al dictador en 1970: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos”. Su precio de salida es de 200 euros.

Hay interés por las casullas y otra indumentaria litúrgica que había en la capilla del Pazo de Meirás, por la raqueta de tenis Wilson (70 euros) o por los juegos de sábanas de dos tipos que se subastan: unos con la F bordada y la corona ducal de la hija del dictador y otras con el escudo personal de Franco, con precios de salida de 180 euros. También son codiciadas las piezas de vajilla y cristalería con diferentes escudos ligados al régimen o al propio dictador, cuyos precios van de los 150 a los 650 euros. Un pergamino genealógico con antepasados de Franco sobre terciopelo alcanza el valor inicial de 1.200 euros y hasta los 2.500 llega un conjunto de ocho armas procedente de Marruecos.

La colección incluye una fotografía coloreada del dictador, su mujer, Carmen Polo, y su hija o un fotomontaje de la concentración que el régimen celebró en la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975. Hay sillas, arcones, maquetas de barcos, baúles, camas, y objetos que decoraban los diferentes espacios del Pazo de Meirás, entre ellos, varias esculturas, dos parejas de torcheros de madera por 2.500 euros cada una o un par de armaduras toledanas (500 euros) que estaban en el vestíbulo del palacio, que es Bien de Interés Cultural (BIC).

“Enriquecimiento ilícito”

En septiembre de 2020 la Justicia condenó a los Franco a entregar al Estado el Pazo de Meirás y en marzo de este año el Tribunal Supremo puso punto y final al periplo judicial. Por el camino, un juzgado de Madrid dio la razón a la Abogacía del Estado en su reclamación de más de 500 objetos que los herederos del dictador pretendían mantener en su poder y que se dictaminó que pertenecen al erario público. Muchos de ellos ya estaban en Meirás cuando era de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Sin embargo, las organizaciones memorialistas consideran que “parte” de los objetos que se subastan y que la familia ha podido quedarse podrían también tener esa naturaleza y “no deberían ser fuente de enriquecimiento” de los herederos de Franco. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha encontrado fotografías que “atestiguan” que, por ejemplo, las dos armaduras del vestíbulo ya estaban allí instaladas antes de 1938, cuando Franco ocupó el espacio.

Por eso, su presidente, Carlos Babío, reclama al Gobierno central y a la Xunta de Galicia su “intervención” en la puja de este martes a fin de “verificar” si los artículos de la subasta “pudieran tener la condición de bienes de dominio público o estar sujetos a otro régimen legal de tutela y protección”. “Sabemos que los Franco expoliaron el pazo antes de 2020, pero resulta bochornoso que se siga permitiendo el enriquecimiento ilícito de esta familia”, apunta Babío.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pidió hace unos días al Gobierno que instara a la suspensión cautelar de la subasta a través de la Fiscalía “hasta que la familia Franco demuestre que estos objetos son de su propiedad y no fueron regalos a la jefatura del Estado” porque “entonces pertenecerían a Patrimonio Nacional”. La organización carga también contra el catálogo de la puja, en el que la casa de subastas asegura que el pazo “ha pertenecido” a la familia Franco “durante muchas décadas”. “Es una falsedad que ha quedado demostrada documental y judicialmente”, asegura.

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