A decade ago, 54 percent of Massachusetts voters said yes to Question 4, a ballot initiative that legalized possession, home cultivation, and commercial distribution of recreational marijuana. Judging from recent surveys, voters are not inclined to reverse that decision by approving Question 8, an initiative on next Tuesday's ballot.

Question 8, a.k.a. the Eliminate Recreational Marijuana Sales and Allow Limited Possession Initiative, would permit adults 21 or older to possess up to an ounce of cannabis. But they would have to get it from the black market, since Question 8 would not allow them to grow it or buy it from state-licensed retailers.

The initiative "would keep personal possession of marijuana legal, keep medical marijuana legal, and stop commercial marijuana stores," its supporters say. They allege that legalization has impaired "productivity" and led to increases in "fatal car accidents," "workplace injuries," "healthcare costs," "crime (like DUI's)," "ER visits," and "mental health conditions like psychosis, severe anxiety, and schizophrenia, particularly in young adults."

Voters do not seem impressed by those arguments. In eight polls between mid-February and mid-October, support for Question 8 ranged from 20 percent to 41 percent. In the most recent survey, conducted by The Boston Globe, 71 percent of respondents said they planned to vote no on Question 8, which suggests that experience with legalization has substantially increased opposition to pot prohibition in Massachusetts.

Question 8's sponsor, the Coalition for a Healthy Massachusetts, is funded almost entirely by Smart Approaches to Marijuana (SAM). As of October 20, the Virginia-based group had spent $3.7 million on the project, compared to $2.8 million in spending by the opposition, which includes several marijuana businesses.

SAM's co-founder, Kevin Sabet, who served as a drug policy adviser during the Clinton, George W. Bush, and Obama administrations, says he was motivated by the concerns of Massachusetts residents who approached him. "Many of them voted for this initiative 10 years ago and feel betrayed," Sabet told WGBH, an NPR station in Boston. If so, the polls indicate such converts are far outnumbered by former Question 4 opponents who have traveled that road in the opposite direction.

"We're under no illusions that the bluest state in the country is going to pass this easily with flying colors," Sabet told WBUR, another Boston NPR station, a few weeks ago. "But we want to have that conversation."

The conversation clearly is not going the way Sabet hoped. Massachusetts, which was the fifth state to legalize recreational marijuana, is now one of two dozen, which together account for most of the U.S. population. In October 2025, Gallup put nationwide support for marijuana legalization at 64 percent, which was down a bit from the peak of 70 percent recorded in 2023 but still 16 points higher than in 2012, when Colorado and Washington started this ball rolling.

Public support for legalizing recreational marijuana tends to be even higher in states that have done it. In Civiqs surveys last December, support in 15 states where voters had approved legalization ranged from 62 percent in Missouri to 77 percent in Oregon. It had increased since legalization in every state but New Jersey, where it was down one point from the 67 percent of voters who approved Public Question 1 in 2020. In Massachusetts, support had risen from 54 percent to 76 percent.

The fate of two other drug policy initiatives that voters will consider next week is less clear. As far as I can tell, pollsters have not asked voters about them.

Colorado's Proposition 132 would make manufacturing or distributing any amount of illicit fentanyl a Level 1 drug felony punishable by a mandatory minimum sentence of eight years. Under current law, the penalties vary depending on the amount of fentanyl involved.

In Idaho, House Joint Resolution 4, a proposed constitutional amendment, would strip voters of the power to legalize marijuana or any other psychoactive substance. If the initiative passes, which requires approval by a simple majority, that power will be reserved to the state legislature.

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El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a una partida de 392 millones de euros para la adquisición de 22 helicópteros Airbus. En concreto, la operación contempla la compra de 18 aeronaves del modelo H135 y cuatro del H160.

Según el Ministerio de Hacienda, 285 millones de euros corresponden a la adquisición del primer modelo, mientras que los otros 107 millones se destinan a los cuatro H160.

Estas cifras representan un coste medio de 15,83 y 26,75 millones por aparato, respectivamente, aunque no se detalla qué parte corresponde a las aeronaves y cuál a su equipamiento o apoyo logístico.

La gestión compete a la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa. El objetivo de la inversión es modernizar las capacidades aéreas y fortalecer la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa. La operación permitirá acometer la segunda fase del acuerdo interdepartamental suscrito en julio de 2021 entre Interior y Defensa.

Así queda el desglose por años

El desembolso se distribuye entre 2027 y 2033, con una partida especialmente alta en 2030. Así quedaría el desglose por años:

• 2027: 11 millones de euros
• 2028: 47 millones de euros
• 2029: 41 millones de euros
• 2030: 153 millones de euros
• 2031: 55 millones de euros
• 2032: 42 millones de euros
• 2033: 43 millones de euros

Una segunda fase del acuerdo entre Defensa e Interior

El 8 de noviembre de 2021, el Consejo de Ministros autorizó un contrato de 310 millones de euros para la adquisición de 36 helicópteros ligeros multipropósito Airbus Helicopters H135 y el suministro de los medios necesarios para su entrada en servicio.

De aquel lote, 18 se destinaron a las Fuerzas Armadas -Armada y Ejército del Aire- y los otros 18 al Ministerio del Interior -Guardia Civil y Policía Nacional-.

Aquella operación se vinculó a misiones de enseñanza y apoyo, así como a las iniciativas para reforzar el sector aeronáutico español y sus industrias auxiliares tras el impacto de la pandemia.

Esta nueva inversión se identifica como la segunda fase del acuerdo interdepartamental. No obstante, en esta ocasión no se ha desglosado el reparto de los H135 ni se detalla qué organismo recibirá cada H160.

Dos años después de la dana del 29 de octubre de 2024, el pleno del Consell ha acordado hoy la condonación de la devolución de las ayudas a personas afectadas por ese temporal; podrán beneficiarse quienes cumplieran los requisitos para recibirlas pero no hayan podido acreditar su justificación, lo que puede suponer un importe máximo de 70 millones de euros.

Así lo ha explicado el portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno valenciano en Alicante, ubicada en la conocida como Casa de las Brujas. Antes del pleno, en la Casa de las Brujas ha tenido lugar la toma de posesión de Nuria Martínez como consellera de Servicios Sociales y Justicia, quien ha estado en la reunión de Consell.

En el pleno se ha ratificado la creación de deuda pública por 795 millones de euros para financiar actuaciones de reconstrucción postdana y se han aprobado 6 millones de euros para recuperar patrimonio cultural afectado por la dana.

Condonación

Barrachina ha explicado que se ha acordado evitar la devolución de los anticipos de ayudas que se ingresaron a personas afectadas por la dana, como las relacionadas con la pérdida de viviendas o vehículos o con los trabajadores autónomos, que cumplen los requisitos pero al finalizar el plazo han tenido "dificultades justificadas" para acreditarlas.

Como ejemplo, el conseller ha puesto el caso de autónomos que el 29 de octubre de 2024 estuvieran trabajando en la zona de la zona, pero que pueden tener su domicilio social o su actividad en un municipio diferente.

Ayudas al patrimonio cultural

Otro acuerdo del Consell relacionado con la dana de hace dos años ha sido un decreto dotado con un máximo de 6 millones de euros para continuar la restauración del patrimonio cultural valenciano afectado por las inundaciones, que se suma a los 6 millones de euros que se aprobaron el año pasado en la primera fase y se agotaron.

Las ayudas cubrirán el coste de las actuaciones de restauración y revitalización, con un máximo de 600.000 euros por solicitud para bienes inmuebles y de 120.000 euros para bienes muebles, y podrán pedirlas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares de los bienes afectados, o entidades locales que no sean titulares pero estén autorizadas.

Plan Endavant

Barrachina ha indicado que también se ha informado al pleno Consell del seguimiento del Plan Endavant en el tercer trimestre de 2026, que refleja que la Generalitat desarrolla 304 acciones, de las que 108, el 36 por ciento, están finalizadas y las restantes 196 en ejecución.

El portavoz del Gobierno valenciano ha destacado que la Generalitat ha habilitado ya 4.408 millones de euros para la recuperación tras la dana de 2024.

Una constante en Cataluña. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa el desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña. A menos de un mes para las elecciones generales, casi la mitad de los cuarteles disponibles en 2018 han sido eliminados.

Así se desprende del listado oficial de dependencias, actualizado antes de la temporada estival facilitado por la Benemérita. 12 en Barcelona, seis en Gerona, cinco e Lérida y 11 en Tarragona. Tal y como ha podido confirmar este diario en 2018, primer año que Marlaska lideró Interior, se contaba con 66 cuarteles.

Lo cierto es que en la oposición los socialistas mostraron su preocupación por una caída de siete espacios en siete años. "La situación política que vivimos está haciendo que cada vez haya más plazas que no se cubren, porque la gente no quiere ir allí destinada... Hay cuarteles con una persona", apuntaban diputados socialistas.

Actualmente la Benemérita lucha en el territorio contra los incendios con la mitad de la plantilla y arrastra 48 puestos vacíos en un contexto de "extrema vulnerabilidad". En el Cuerpo se apunta al bloqueo de Interior. Con el apoyo de varios políticos comarcales, señalan que los cierres demuestran "un absoluto desconocimiento de la realidad del campo".

En este sentido, un total de 17 ayuntamientos catalanes, los que conforman el Consell de la Cerdanya, presentaron una moción para evitar la expulsión de los agentes. Fuera de colores políticos, el consenso se produjo con diez ayuntamientos de Junts en la lista. Una posición contraria a la defendida por la dirección en Barcelona y Madrid. La medida también contó con el favor de varios representantes de ERC en dos consistorios.

Lo cierto es que la Dirección General de la Benemérita apostilla una percepción diferenciada. Desde el Gobierno presentan los cambios como una "reorganización de unidades" en todo el ámbito nacional para adecuar los medios disponibles a las "necesidades reales del servicio".

Marlaska pone fin al Gedex y golpea a los cuarteles

Frente a la operación del Gobierno, las estadísticas son certeras y desoladoras para los miembros de la Benemérita. Marcadas por el cierre de patrullas del Seprona en hasta cuatro localidades o el Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) de Tarragona, las vacantes se acumulan en los cuarteles.

Los datos reconocidos por Interior, que datan del pasado mes de abril, presentan un 28% de vacantes en todo el territorio. De las más de 4.000 plazas, 1.157 no tienen dueño. Desgranadas por provincias, Tarragona es la más perjudicada con cerca de un 40%.

Fuentes consultadas de AUGC señalan que optaron por la vía judicial ante el desguace del Seprona en la provincia catalana. Remarcan que el proceso se encuentra a la espera de una resolución. El objetivo; denunciar el desmantelamiento de la Benemérita.

Lo cierto es que esta estrategia de desguace va más allá en esta zona. El cese del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) en la Comandancia de Tarragona ha provocado el principio del fin. Al igual que ocurre con otras especialidades, se pretende dejar al territorio sin un servicio crítico. Para los agentes hay dos opciones: cambiar de especialidad o de destino. Un proceso similar al promovido por Sánchez con los miembros de Tráfico en Navarra.

Cientos de kilómetros al noreste, la localidad costera de L'Estartit, en la provincia de Gerona, sufrió la supresión del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). La reducción supone la pérdida de casi un tercio de la plantilla en la comunidad autónoma. Las asociaciones de guardias civiles tomaron cartas en el asunto.

A la espera de los datos del actual curso, la situación de la Benemérita en Cataluña se encuentra al límite. Sin profesión de riesgo y con la posibilidad de un giro en las urnas temen por su espacio en el territorio.

Las fuerzas de seguridad españolas han detenido este viernes, de momento, a ocho jóvenes, uno de ellos de 16 años, por su vinculación con el moviento Blocus que ha convocado este sábado a sus seguidores para provocar disturbios y cometer saqueos en los comercios de distintas ciudades, coincidiendo con la noche de Halloween, del 31 de octubre.

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Una juez de Ceuta ha ordenado a la Policía "preservar las grabaciones originales" de los ataques a militares en Ceuta. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma ha estimado de forma parcial un recurso de Hazte Oír tras admitir a trámite una denuncia sobre esos incidentes en Benzú, Villajovita, en las inmediaciones de las Murallas Reales y en San Amaro entre el 27 y el 30 de agosto, menos de un mes después de la entrada masiva de más de 90.000 inmigrantes.

En una resolución judicial a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada María Luz Lozano insta a los agentes a conservar "los efectos, sustancias o residuos ya intervenidos" vinculados a estos hechos que se encuentren bajo su custodia, "manteniendo su identificación, integridad y trazabilidad". Y en caso de que se encuentran bajo custodia de otro órgano o entidad, les recuerda que deberán comunicárselo "de inmediato" para reclamárselos por vía judicial.

Asimismo, da a la Policía un plazo de 48 horas para informarle de "las medidas adoptadas, las fuentes identificadas, sus titulares y los riesgos de pérdida advertidos", precisando que si hace falta alguna autorización judicial específica para acceder a esos datos "se pondrá inmediatamente en conocimiento de este órgano".

Pide información a Tardón

Del mismo modo, acuerda que se reclame a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que, en el plazo de diez días, remita una copia "de los atestados, actas, informes, análisis técnicos y demás antecedentes existentes" sobre esas agresiones, "incluyendo las grabaciones disponibles correspondientes a las detenciones" que se llevaron a cabo.

Con ese mismo objetivo de preservar las pruebas en el que incidía el recurso de Hazte Oír, la instructora quiere que se identifiquen los órganos judiciales a los que se remitieron los atestados y, en su caso, los procedimientos correspondientes, así como que se le facilite información sobre "los efectos intervenidos, su localización y custodia".

La magistrada -que rectifica así su decisión de no pronunciarse sobre la petición de diligencias solicitadas por la asociación denunciante hasta que la admisión a trámite de su querella fuese firme- pide también a la juez Tardón que le precise el "objeto y estado" de su investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta con el objetivo de "facilitar la delimitación de ambas actuaciones".

Venta inusual de aerosoles

En todo caso, apremia a Hazte Oír a que concrete antes de 48 horas "los establecimientos, titulares, publicaciones, enlaces, soportes y periodos a los que se refieren las medidas de conservación solicitadas" respecto a "adquisiciones inusuales de aguafuerte, acetona y papel de aluminio desde el 20 de julio", así como de aerosoles de defensa. Y es que en el marco del "aliento de conductas violentas" y de las agresiones a militares, agentes y vecinos, Hazte Oír denuncia "la posible adquisición, fabricación, transporte, suministro y reparto entre los inmigrantes de artefactos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases".

Según refiere la asociación denunciante, la madrugada del 27 de agosto "entre treinta y cuarenta individuos emboscaron en Benzú a una patrulla de cuatro militares del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54" y tras rodear su vehículo "lo apedrearon con piedras de gran tamaño", necesitando los militares "asistencia por lesiones y contusiones". Doce personas fueron detenidas tras unos altercados en los que, según la portavoz del sindicato policial Jupol, se lanzó un cóctel molotov a los militares.

Incidentes en Villajovita y San Amaro

Del mismo modo, hace referencia a que el 28 de agosto, durante una concentración vecinal en Villajovita, frente a la Colonia Weil, se lanzaron contra los manifestantes botellas con aguarrás, teniendo que intervenir la Policía "para evitar males mayores".

Ya el 29 de agosto se produjo una nueva agresión junto a las Murallas Reales, donde un sargento de Regulares resultó herido por lanzamiento de piedras. Cuatro personas fueron detenidas y la autoridad judicial acordó prisión provisional para todas ellas.

Un día después, en la zona de San Amaro -destacaba Hazte Oír-, tres individuos lanzaron contra una patrulla militar botellas cargadas con líquido corrosivo, a modo de "cóctel molotov", sin llegar a alcanzarlos.

Petición a la Fiscalía

En la misma resolución, da dos días de plazo a la Fiscalía para que se pronuncie sobre varias peticiones solicitadas en la denuncia, entre otras la petición de información a Policía y Guardia Civil de Ceuta sobre "la eventual presencia de personas radicalizadas entre los inmigrantes y su relación con las agresiones", o la solicitud a Delegación del Gobierno en relación con la identificación de "las entidades y personas que efectúan repartos de efectos en la vía pública y en las playas, el régimen de coordinación al que se sujetan, las acreditaciones expedidas y las incidencias registradas".

El Ministerio Público también tendrá que posicionarse respecto a la pretensión de que el Gobierno de Ceuta y el Ministerio de Inclusión detallen las "subvenciones, convenios, contratos de emergencia y pagos efectuados" en los dos últimos años a las asociaciones y ONG que han prestado asistencia a los inmigrantes en Ceuta.

Específicamente, Hazte Oír promueve un requerimiento "a las entidades que operen en Ceuta sin figurar en registro español", y especialmente a No Name Kitchen, para que identifiquen a la persona jurídica titular de sus cuentas, vehículos, locales y pólizas y a sus responsables en la ciudad, aportando el registro de voluntarios desplazados y los protocolos internos de compras.

Incidente con dos activistas de No Name Kitchen

Según recuerda en su denuncia, la Policía detuvo en la playa de Benítez la noche del 23 de agosto a dos voluntarias de esta ONG, de nacionalidades canadiense y alemana, quienes según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "estaban alentando" a grupos que respondieron con violencia a los agentes.

No obstante, la organización negó ese extremo y defendió en un comunicado que sus dos activistas estaban llevando a cabo la distribución diaria de alimentos y se limitaron a grabar una actuación policial, por lo que exigió poner fin a lo que se refirió como una "criminalización" de la labor humanitaria.

Hoy me duele el corazón. Con ese dolor físico que solo se siente cuando se va quien quieres de veras. Y no tengo más consuelo que recordar tus palabras la última vez que mi corazón sonaba tan triste. Porque el tuyo sabía latir siempre alegre. Llenando nuestra vida con esa energía apasionada que veía el vaso siempre casi lleno, cuando no rebosante.

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"Anitaaa... Por lo visto este fin de semana en Madrid centro se va a liar supergorda". Mensajes de esta índole, con mayor o menor intensidad, circulan por grupos de difusión entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid. La amenaza de Blocus en Barcelona o Bilbao ha activado los bulos y la desinformación en las redes sociales. Instagram, X o aplicaciones de mensajería son un blanco fácil.

Ante la desinformación y la controversia, las autoridades han mandado un mensaje de tranquilidad. "Anita, no hagas caso a tu amiga. Es un bulo. Tú, tampoco lo hagas, no compartas, no difundas", apuntan en sus redes sociales.

En este sentido, esperan que los ciudadanos confíen en fuentes oficiales y confirman que no se esperan actividades de Blocus. El modus operandi ya se activó con los conatos de violencia entre las bandas latinas hace varios años.

El Cuerpo remarca que el operativo desplegado se mantendrá. Pese a que se haya producido este movimiento, las autoridades mantendrán el dispositivo programado para evitar posibles sorpresas. El ejemplo de Francia e Italia mantiene en alerta a la Policía. Las autoridades quieren replicar el buen trabajo del pasado fin de semana y evitar una imagen de miedo e incertidumbre mostrada en Barcelona.

Lo cierto es que la manifestación fue desconvocada a principios de semana. Debido al conocimiento policial, los autores que pretendían "quemar las calles" remarcaron con un mensaje en los canales de difusión que no buscaban un nuevo fracaso. "No vamos a arriesgar ni a repetir los mismos errores", señalaron. La organización anónima espera comunicar las novedades en las próximas semanas.

Barcelona y Bilbao en el punto de mira

Caso diferente son las dos ciudades que ardieron la semana pasada. Barcelona se prepara para un fin de semana con cientos de alertas. Las llamas, los más de cien detenidos y la veintena de policías heridos preocupan a las autoridades. Tal y como ha desvelado LA RAZÓN, el fundador e impulsor del movimiento ha sido detenido en España.

En el caso del territorio vasco, se ha reconocido que todos los policías españoles -incluida la Ertzaintza- están analizando los últimos actos de violencia callejera pero descarta la presión del grupo. Sin desvelar la posibilidad de un dispositivo reforzado, la Ejecutiva regional quiere evitar nuevos conatos de violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este viernes la lista definitiva de candidatos a dirigir la agencia a partir de 2027, que incluye a la española María Neira junto a seis aspirantes de Catar, China, Armenia, Arabia Saudí, Bélgica e Indonesia.

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El Aaiún , capital del antiguo Sáhara espaol, se preparan para acoger una serie de inauguraciones, actividades y proyectos de desarrollo, en el marco de las celebraciones que conmemoran el quincuagésimo primer aniversario de la Marcha Verde y el Día de la Unidad, según un programa que incluye actos oficiales, de desarrollo, culturales y deportivos.

Habrá una ceremonia para saludar a la bandera nacional en la plaza Al-Mashwar, además de la inauguración de diversas instalace infraestructuras, entre las que se incluyen proyectos de vivienda y deportivos, espacios para jóvenes, instalaciones para la industria tradicional, así como proyectos relacionados con la rehabilitación de las redes de agua potable, el saneamiento líquido y la reparación de carreteras.

El programa también incluye el lanzamiento de la nueva edición de la Liga Deportiva de la Unidad a orillas del valle de Saqia al-Hamra, la organización de una ceremonia religiosa en la Mezquita de la Unidad Nacional, además de diversas actividades artísticas y culturales.

"Estas actividades y proyectos se enmarcan en el contexto de la conmemoración de gloriosas ocasiones nacionales, la promoción del dinamismo de desarrollo que experimenta la región de Laayoune-Sakia El Hamra y la consolidación de los valores de unidad nacional y orgullo de pertenencia a la patria", dicen medios marroquíes..

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró este miércoles, 28 de octubre, tres días de luto oficial en todo el país tras el accidente ferroviario en Urda que ha dejado, hasta el momento, más de 70 víctimas mortales y decenas de heridos.

"Toda España está de luto. Expresamos toda nuestra solidaridad y toda nuestra empatía con los familiares de las víctimas y también de los heridos que aún permanecen hospitalizados, a los que esperamos que tengan una pronta recuperación", afirmó tras visitar el Puesto de Mando Avanzado.

El jefe del Ejecutivo subrayó que detrás de cada fallecido "hay vidas rotas, familias quebradas y angustia" por parte de quienes todavía no saben cuál es el paradero de su familiar. "Y, por supuesto, hay mucho dolor, que lógicamente el conjunto de la sociedad española comparte", insistió.

Mismo mensaje trasladó el Ejército de Tierra a través de sus redes sociales. "Nos unimos al dolor de las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el trágico accidente ferroviario. Todo nuestro cariño y solidaridad con los afectados, y nuestros mejores deseos de recuperación para las personas heridas".

Una señal de luto

Moncloa también anunció el pasado miércoles que, durante el periodo de luto oficial, la bandera nacional ondeará a media asta en el exterior de todos los edificios públicos, incluyendo las representaciones y misiones en el exterior, y buques de la Armada.

Hoy, el Ejército de Tierra, ha compartido un vídeo en sus redes en el que se aprecia cómo la bandera de España permanece izada a media asta en el Cuartel General. Lo hará los días 29, 30 y 31 de octubre.

En el mismo mensaje, el Ejército ha vuelto a expresar sus condolencias, cariño y solidaridad con los afectados por la tragedia.

Los comercios del centro de Valencia comienzan este viernes a proteger sus escaparates con tablones de madera ante la amenaza de posibles saqueos y disturbios que ha promocionado para la tarde de este sábado el canal 'Blocus Vlc', hechos por los que ya ha sido detenidos cinco jóvenes.

En la calle Colón, trabajadores de Inditex trabajan esta mañana en proteger lo "máximo posible" los cristales y escaparates de las tiendas Lefties y Zara, en principio, aunque no descartan hacer lo mismo en otras marcas como Stradivarius y Pull&Bear.

Trabajadores de otras tiendas como Lush, NYU NYU y Camper, también ubicadas en la calle Colón, han afirmado a EFE que la Policía Nacional acudió ayer a avisarles de la posibilidad de que se produzcan actos vandálicos, con el fin de que valorasen la posibilidad de cerrar mañana por la tarde.

En este sentido, son muchas las tiendas, así como algunas cafeterías del Paseo de Ruzafa, las que han decidido cerrar por precaución, algunas de ellas durante todo el día y otras a partir de las 16:30 horas, mientras que otras permanecerán abiertas, aunque sus empleados cuentan con un protocolo de pautas para poder cerrar si es necesario.

Algunos trabajadores han reconocido que esta situación les genera "miedo y preocupación", a pesar de que la Policía ha detenido a un joven de 18 años y al creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en los que instigaba a saquear comercios de la ciudad, un adolescente de 17 años para el que se ha decretado la medida cautelar de internamiento en un centro de menores.

En declaraciones a EFE TV, Daniel Tejada, dueño de unas de las empresas que está ayudando a blindar los comercios, ha asegurado que ha recibido llamadas de varios pequeños comercios, no solo de Inditex, "porque tienen miedo también" y ha avanzado que "van a trabajar hasta que finalicen toda la faena".

"La idea es que no puedan entrar, para que los daños sean los mínimos. No es lo mismo que con un golpe acaben reventando un cristal a que saqueen la tienda entera", ha explicado Tejeda.

Asimismo, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia ha instado a la prudencia, coordinación y ha recordado que la seguridad de las personas es "lo primero" ya que "un escaparate se repara y la mercancía se repone; una persona herida, no".

Por eso, en una guía, han recomendado mantener la calma, cerrar la puerta, bajar la persiana, alejarse del escaparate, llamar al 112 y no enfrentarse ni salir a grabar, en caso de que se acerque un grupo de personas.

También han aconsejado, como refuerzo opcional, proteger los escaparates y las puertas con tableros de 18-22 milímetros atornillado sobre el cristal, puntales de obra por dentro, cerrojos al suelo en la persiana o tener vigilancia dentro del local -solo empresas de seguridad autorizadas-.

En caso de haber sido vandalizado, han pedido a los comerciantes que tomen fotografías, denuncien y den parte al seguro, así como informar a la asociación.

Los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en un periodo de diez meses en Adamuz (Córdoba) y ahora en Urda (Toledo), ambos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, pueden marcar un antes y un después en la obra pública española y también en el servicio que utilizan millones de ciudadanos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que su departamento, también el gestor de la infraestructura Adif, barajan suspender el uso de la línea Madrid-Barcelona para acometer la remodelación completa prevista y cuyo inicio está fijado en 2027.

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