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Las elecciones generales de Brasil del 4 de octubre representaron una severa advertencia para la izquierda. Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial del Partido Liberal (PL), superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con aproximadamente un 47% frente a un 45%. Ninguno de los dos obtuvo la mayoría, lo que los llevará a una segunda vuelta el 25 de octubre. Más preocupante que este estrecho margen presidencial fue el avance del bolsonarismo en el Congreso. Las elecciones han fortalecido un movimiento político cuyas ambiciones van más allá de derrotar a Lula para llegar a remodelar las instituciones que obstaculizan su ejercicio del poder.
El encarcelamiento (arresto domiciliario) y la exclusión electoral de Jair Bolsonaro no han disuelto su movimiento. Su hijo Flávio lleva su estandarte presidencial, mientras que otros miembros de la familia han obtenido escaños en el Congreso. Michelle Bolsonaro, esposa de Jair, y Carlos Bolsonaro, su hijo, ingresan al Senado; Jair Renan, otro de sus hijos, y Renato, hermano de Jair, ingresan a la Cámara de Diputados. Nepobolsonarismo es un nombre apropiado para la expansión de esta familia a través del Estado. Sin embargo, la familia es solo la expresión más visible de un proyecto más amplio, arraigado en poderosos intereses económicos y en una política reaccionaria profundamente organizada.
Lula sigue siendo el principal obstáculo para el regreso de este proyecto a la presidencia. Su derrota afectaría a los trabajadores y campesinos de todo Brasil, pero también a las posibilidades de cooperación regional y de una política exterior latinoamericana independiente. El tamaño de Brasil, su capacidad industrial, sus minerales en bruto (como los minerales críticos), sus recursos agrícolas y su alcance diplomático otorgan a su orientación política una importancia continental. Un gobierno que subordine estos activos a las prioridades de Washington debilitaría el espacio disponible para los países vecinos que buscan sus propios caminos de desarrollo.
La distribución geográfica de la primera vuelta pone de manifiesto tanto la fortaleza de Lula como sus dificultades. Mantuvo una posición dominante en el Noreste, mientras que Flávio lideró en las otras cuatro regiones. El enorme electorado de São Paulo proporcionó una ventaja particularmente importante a la derecha. Estas divisiones no pueden explicarse mediante una oposición entre una población ilustrada y otra ignorante. Requieren un análisis de las diferentes condiciones laborales, la organización de la vida política y la capacidad de los movimientos rivales para interpretar las frustraciones de la gente.
Lula llega a la segunda vuelta con un historial social sustancial. El desempleo cayó al 5,3% en el trimestre que finalizó en agosto, la tasa más baja para ese período en la serie estadística que comienza en 2012. Estas mejoras son de enorme importancia para las familias para quienes un salario regular supone un alivio frente a la incertidumbre cotidiana. Sin embargo, un indicador nacional mejorado no zanja la discusión política. El empleo puede coexistir con desplazamientos agotadores, viviendas costosas, servicios públicos inadecuados y la inseguridad que genera la deuda. La brecha entre la mejora estadística y la experiencia vivida sigue siendo un terreno en el que opera la derecha.
El bolsonarismo, o la extrema derecha brasileña de un tipo especial, traduce estas frustraciones en resentimiento contra la izquierda, todas las instituciones públicas y los sectores vulnerables de la sociedad. Su promesa de orden ofrece un lenguaje inmediato para el miedo, al tiempo que oculta los mecanismos económicos que generan inseguridad.
La izquierda no puede responder a esto simplemente promocionando los logros del gobierno. Debe vincular esos logros a un programa creíble para cambiar la vida cotidiana y explicar qué intereses impiden nuevos avances. Un trabajador que lucha contra las deudas necesita algo más que la seguridad de que la economía va bien. Este ha sido el problema de Lula, cuyo programa para el futuro no parece prometer más de lo que se ha logrado hasta ahora.
Las elecciones al Senado son particularmente trascendentales porque se disputaron 54 de sus 81 escaños. Los senadores tienen mandatos de ocho años, por lo que los resultados marcarán la política nacional mucho más allá de la próxima administración presidencial. El PL obtuvo 19 escaños y contará con 28 en el nuevo Senado, lo que lo convierte en el partido más grande. El PT tendrá nueve. Los bolsonaristas han establecido, por lo tanto, una posición formidable, aunque el propio PL sigue sin alcanzar la mayoría y deberá negociar con otros partidos.
Michelle Bolsonaro y Bia Kicis obtuvieron los dos escaños del Distrito Federal, mientras que Carlos Bolsonaro y Carol de Toni ganaron los dos escaños de Santa Catarina. Estas victorias demuestran la capacidad del movimiento para organizar campañas coordinadas y concentrar el apoyo en torno a sus candidatos. Hubo éxitos importantes para la izquierda: Rui Costa y Jaques Wagner ganaron en Bahía, Humberto Costa conservó su representación en Pernambuco y Marília Campos ganó en Minas Gerais. Estos resultados preservan puntos de resistencia dentro de una cámara cada vez más hostil. La importancia del Senado va más allá de la legislación ordinaria. Los bolsonaristas han convertido su enfrentamiento con la Corte Suprema Federal en un objetivo político central, lo que incluye demandas para destituir a sus magistrados. Su representación reforzada aumenta su capacidad para llevar adelante ese enfrentamiento e influir en la elección del presidente del Senado. Las predicciones de una mayoría automática a favor del juicio político deben tomarse con cautela: la afiliación partidaria, las declaraciones de campaña y los votos en un procedimiento específico son cosas distintas. No obstante, el peligro de utilizar el poder legislativo para intimidar al poder judicial ha aumentado claramente.
Esto forma parte de una lucha por las condiciones bajo las cuales la extrema derecha puede gobernar. Los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro no han eliminado a las fuerzas sociales que lo respaldan. Esas fuerzas buscan ahora una mayor influencia sobre las instituciones capaces de frenarlas. Para la izquierda, la defensa del espacio democrático debe, por lo tanto, ir de la mano de la lucha por ampliar los derechos sociales. Las organizaciones de trabajadores no pueden permitirse perder las libertades a través de las cuales se organizan, educan y se enfrentan al capital.
Este año se renovaron los 513 escaños de la Cámara de Diputados. El PL obtuvo 121, consolidando su posición como el partido más grande tanto en esta cámara como en el Senado. La federación del Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde ganó 88 escaños, de los cuales el propio PT obtuvo 70. El crecimiento de la federación es significativo, pero deja a los aliados de Lula lejos de alcanzar la mayoría. Los partidos de la derecha cuentan con 303 escaños, mientras que la izquierda parlamentaria en sentido amplio tiene 124.
El resultado fortalece a una extrema derecha de carácter particular dentro de una legislatura ya dominada por intereses conservadores. También debilita a algunos intermediarios tradicionales del poder parlamentario, como el centrão, la coalición de partidos que intercambia apoyo legislativo por influencia en los nombramientos y los recursos públicos, aunque sigue siendo indispensable para la formación de mayorías. Las negociaciones que se lleven a cabo dentro del centrão ahora se desarrollarán junto a un PL más grande y más asertivo. Si Lula gana en la segunda vuelta, se enfrentará a una resistencia sustancial en el Congreso; pero si gana Flávio, ese mismo Congreso podría facilitar un programa reaccionario.
Sin embargo, la elección también llevó a la Cámara a importantes representantes de una izquierda combativa. Jones Manoel, el historiador comunista elegido por el PSOL en Pernambuco, obtuvo 249.077 votos y quedó en primer lugar en Recife. Elias Jabbour, el geógrafo comunista, fue elegido por el PCdoB en Río de Janeiro. Sus victorias sugieren que existe un público receptivo a la educación política y a los argumentos socialistas, incluso en medio del avance de la derecha. Ofrecen recursos para reconstruir la confianza entre las personas que se han impacientado ante las ambiciones cada vez más limitadas de la política parlamentaria.
Jones Manoel ya se ha ofrecido a colaborar en la campaña de la segunda vuelta de Lula, incluida su comunicación digital, al tiempo que propone prestar mayor atención a demandas como el transporte público gratuito. Este es un ejemplo útil de claridad política: la crítica a las limitaciones del gobierno puede coexistir con una movilización activa contra una extrema derecha de un tipo especial. Dicha unidad no requiere que los trabajadores renuncien a sus demandas. Se fortalece cuando esas demandas aportan energía y dirección a la campaña.
La segunda vuelta no se puede ganar únicamente mediante negociaciones entre los líderes de los partidos. Requiere una actividad organizada en los lugares de trabajo, los barrios, las universidades y las comunidades rurales, con un programa que la gente pueda reconocer en sus propias vidas. El transporte, los salarios, la vivienda, la deuda, la salud pública y el tiempo dedicado al trabajo deben convertirse en la esencia de una campaña democrática. La defensa de la soberanía se vuelve tangible cuando se vincula con la capacidad de utilizar la riqueza de Brasil para satisfacer las necesidades de su pueblo.
La marea furiosa ha avanzado, pero no ha arrastrado a los millones de personas que aún buscan otro Brasil. Los nuevos diputados comunistas, las organizaciones de masas que han sobrevivido (especialmente los trabajadores sin tierra del MST) y la enorme base electoral de Lula constituyen los cimientos de la resistencia. La tarea inmediata es derrotar a Flávio Bolsonaro. La tarea a más largo plazo es construir un poder popular lo suficientemente fuerte como para impedir que la oligarquía decida, elección tras elección, qué tan poco cambio se le permitirá a la mayoría.
U.S. Customs and Border Protection (CBP) has retired the last of its P-3 Airborne Early Warning (AEW) aircraft. The AEW version is instantly recognizable from the saucer-like radar dome on top, as seen on other AEW types like the E-2 Hawkeye and the E-3 Sentry. CBP was the only operator of this variant of the P-3 Orion and is said to have been the only law enforcement agency to fly any kind of dedicated AEW plane. The retirement of these aircraft comes at a time when American AEW assets, in general, are under heavy strain by demands globally.
CBP officially retired its final P-3 AEW on September 30, 2026, after a final flight from National Air Security Operations Center Jacksonville (NASOC Jacksonville), in Jacksonville, Florida. CBP has also flown Long Range Tracker (LRT) variants of the P-3, configured for more traditional maritime surveillance missions. The current plans for the LRT aircraft, and whether their sunset may also be on the horizon, are not immediately clear, and TWZ has reached out for more information. Orions of all types have been steadily disappearing from service with the U.S. military and elsewhere across the U.S. government as the aging aircraft become more difficult to operate and maintain.
End of the Road: AMO’s Iconic P-3 Dome Takes Its Final Flight!
— CBP AMO (@CBPAMO) October 1, 2026
On September 30, 2026, the distinct silhouette of a four-engine turboprop carrying its massive rotating radar dome touched down for the final time at the National Air Security Operations Center in Jacksonville.
Our… pic.twitter.com/doT9TZYJzD
“Our Jacksonville-based P-3 AEW fleet has served as a cornerstone of America’s outer-layer border security,” according to a brief announcement from CBP about the retirement on social media. “Its crews flew far beyond our borders, providing wide-area surveillance across the Caribbean, Gulf of America [Gulf of Mexico], and the transit zones of Central and South America, helping detect and track threats before they could reach the United States.”
By all indications, including official CBP sources, the P-3 AEW fleet consisted of eight aircraft at its peak. There is a confusingly worded 2014 CBP press release that mentions an “11th and final Lockheed Martin P-3 Airborne Early Warning (AEW) aircraft overhaul,” but that figure looks to also include three of the six LRT versions. The same release says that CBP only had 14 P-3s of all types at that time.
What was then known as the U.S. Customs Service (USCS) first began operating the P-3 AEW version in the late 1980s. The aircraft were converted from second-hand maritime patrol variants of the Orion. The first example had started life as a P-3B for the Royal Australian Air Force (RAAF). Ex-U.S. Navy P-3s were also converted.
The initial three P-3 AEWs were equipped with the AN/APS-138 radar. The same radar was used on early E-2C Hawkeye airborne early warning and control aircraft operated by the U.S. Navy, as well as several other armed forces internationally.
“The Customs Service had previously borrowed U.S. Navy E-2Cs to meet its antinarcotics surveillance requirements, but required an aircraft with longer range and on-station time,” according to a 2006 report from Forecast International. “In June 1989, the U.S. General Accounting Office issued a report on the drug interdiction P-3B AEW aircraft. The findings indicated that the radar performance was as specified, but the P-3B (when compared to the E-2C) was less costly to operate per square mile of area covered because of the higher cruising speed and longer endurance. The P-3B had at least twice the in-flight endurance of the E-2C.”
Starting in the 1990s, USCS began the process of acquiring additional P-3 AEWs with newer AN/APS-145 radars, as also used on later model E-2Cs. The original AEW Orions were eventually refitted with APS-145s, as well. It’s worth noting here that the U.S. Coast Guard separately moved to acquire an AEW version of the C-130H, designated the EC-130V, in the 1990s, which used the AN/APS-125 radar, also used on older E-2s. Budget cuts led to the end of that program. The EC-130V that had been built was redesignated as an NC-130H and subsequently used for test purposes.
The P-3 AEWs were also equipped with a sensor turret containing electro-optical and infrared (EO/IR) video cameras, allowing the aircraft to more closely investigate targets spotted on radar. CBP regularly conducted P-3 operations that paired AEWs with LRT variants to provide an even broader array of sensor capabilities on missions. The LRTs have EO/IR sensor turrets, as well as AN/APG-66 and SeaVue radars. The pulse-doppler AN/APG-66 is primarily designed for spotting and tracking aerial targets, and was originally used on early variants of the F-16 fighter. SeaVue is a multi-function type with surface search and synthetic aperture radar (SAR) imagery modes. Images produced via SAR are highly detailed maps of the surface below, and can be captured day or night, and regardless of any cloud cover, smoke, or dust.
Beyond radars and other sensors, the P-3 AEWs also had a robust communications suite consisting of VHF and UHF radios, as well as satellite communications links by the end of their career. CBP’s entire P-3 fleet, including the AEWs and LRTs, has received various updates over the years, including new ‘glass cockpits’ starting in the early 2000s.
Though primarily employed in support of counter-narcotics interdiction operations, the airborne radar and command and control capabilities were also applied to other missions, including disaster relief and humanitarian assistance efforts at home and abroad. As an example, CBP’s P-3 AEWs helped with air traffic coordination, as well as provided other support, during relief efforts in Texas in the wake of Hurricane Harvey in 2017.
At the same time, CBP’s entire P-3 fleet, including both the AEW and LRT versions, has only been getting increasingly older and difficult to sustain. The P-3B variant first entered U.S. Navy service in the 1960s. CBP did put its P-3s through a Service Life Extension Program overhaul in the 2010s, which included “new wings and tail for each aircraft and completely strips down the aircraft to its bare metal for an inspection,” according to a 2014 press release.
As mentioned, the P-3 family has been in steadily dwindling service in the United States, overall, in recent years. The U.S. Navy has completely retired the Orion as a maritime patrol platform, and the service has also fully divested its more specialized EP-3 intelligence-gathering variants. The Navy had retained a small number of P-3s for research and development and test and evaluation activities, but growing sustainment challenges have been prompting the retirement of those planes, as well. The last NP-3C assigned to the Navy’s Scientific Development Squadron One (VXS-1), the “Warlocks,” was also retired last month. VXS-1 previously operated a ‘domed’ NP-3D, similar to, but distinct from, CBP’s P-3 AEWs, as well. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is also in the process of replacing its pair of P-3s, configured as civilian hurricane hunter aircraft, with new C-130J Hercules-based platforms. The shrinking U.S. Orion operator base can only have a knock-on impact on CBP P-3 operations.
A key question now is how CBP will fill any gaps left by the retirement of the final AEW version. The agency does continue to operate a mix of other crewed fixed-wing aircraft with mixtures of radars and other sensors, as well as MQ-9 drones, but none of these platforms are equipped with a sensor like the AN/APS-145. CBP also has a network of tethered aerostats with radars at fixed sites around the Caribbean. As an aside, General Atomics, together with Saab, is now working on an AEW configuration for the MQ-9B drone, but there are no known U.S. orders for that capability at the time of writing. That platform will not offer the same level of flexibility and look-down capability as modern crewed AEW aircraft, either. Look-down AEW capability is only growing in importance today amid expanding and evolving drone threats, including to the U.S. homeland.
High demand for AEW support, in general, means that the U.S. military regularly steps in to provide additional coverage with U.S. Navy E-2s and U.S. Air Force E-3s to aid in U.S. counter-drug operations around Latin America. Newer E-2D Advanced Hawkeyes notably have far more powerful radars than the E-2C or the P-3 AEW, with added surface search and track capability, too. At the same time, as mentioned at the start, those assets are in heavy demand, especially in light of the conflict with Iran. On top of that, the Air Force’s E-3 fleet is facing serious sustainment challenges itself, with replacement E-7 Wedgetail aircraft still years away from being delivered.
The Air Force, in particular, is also aiming to eventually push most, if not all, air moving-target indicator (AMTI) tasks currently performed by aircraft like the E-3 and E-7 into space. The service is heavily investing to accelerate the fielding of those capabilities, which could eventually offer revolutionary constant, persistent coverage globally. The first of those satellites are still not expected to reach an early operational state until 2028. It is possible that CBP could get access to a tailored data feed from this system when it does become operational. It still does not obviate the need to have crewed or uncrewed aircraft capable of more closely investigating tracks of interest using EO/IR cameras and other sensors.
Whatever the future might now hold, CBP’s unique time as the operator of the P-3 AEW aircraft has come to an end.
Contact the author: joe@twz.com
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Uma violenta colisão entre dois veículos ligeiros causou, na madrugada deste domingo, dia 4 de outubro, quatro feridos graves em Ponte do Rol, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa.
Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste, o alerta para o acidente foi dado pelas 02:05, tendo a colisão ocorrido na Estrada Nacional 9 (EN9), junto à localidade de Ponte do Rol.
Os quatro feridos graves, todos ocupantes das viaturas envolvidas, foram assistidos no local e posteriormente transportados para unidades hospitalares. Segundo a Lusa, um dos feridos deu entrada no Hospital das Caldas da Rainha, enquanto os outros três foram encaminhados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
A circulação rodoviária na EN9 chegou a estar completamente interrompida para permitir o socorro às vítimas e a limpeza da via. De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 05:20 ainda se mantinham no local 14 operacionais, apoiados por sete veículos de emergência.
Por: Dino Frazão
Data: 4 de outubro de 2026
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JE M'INSCRIS lecourrierdesstrateges.frAmis libertariens, laissez-moi vous exposer l'arithmétique la plus importante de votre année — celle dont aucun journal télévisé ne vous parlera, parce qu'elle n'a ni visage, ni victime photographiable, ni ministre à interrompre.
Pour bloquer un texte au Conseil de l'Union, il faut quatre États membres représentant plus de 35 % de la population. C'est écrit, c'est mécanique, c'est un tableur. Les neuf gouvernements qui refusent le scan obligatoire des messageries privées (dit chatcontrol) pèsent 32,9 %. Il manque 2,1 points. Trois pays peuvent les fournir : l'Allemagne (18,47 %), le Portugal (2,38 %), la Belgique (2,63 %). Accessoirement, le bloc des neuf ne peut perdre ni l'Italie, ni la Pologne, ni les Pays-Bas, qui pèsent à eux trois 25,5 % : une défection et il n'y a plus d'arithmétique du tout. Les chiffres sont là, et là.
L'Allemagne, elle, a trouvé la formule. En public, elle rejette le scan sans soupçon. Au Conseil, depuis juin, ses négociateurs ne s'y opposent plus. Admirez la manœuvre, elle mérite un cadre : on ne vote pas pour, on ne vote pas contre, on cesse de s'opposer. Voilà le degré zéro du courage politique porté à sa perfection technique — une abstention si bien élevée qu'elle n'a même pas besoin d'être déclarée.
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S'ABONNER lecourrierdesstrateges.frEt mon pays ? Mon pays, mes chers lecteurs sans tableur, est indécis. On le dit avec un mot d'agence de notation, comme s'il s'agissait d'un arbitrage délicat entre deux biens supérieurs. Indécis sur quoi ? Sur la lecture des messages de quatre cent cinquante millions d'Européens. Depuis quand ? Depuis que la Commission a déposé son texte, en mai 2022. Cinquante-deux mois. Miljaardedju — cinquante-deux mois, c'est plus long qu'une grossesse d'éléphante, plus long que la construction d'un pont sur la Dyle, plus long que la carrière moyenne d'un secrétaire d'État belge. Un pays qui n'a pas tranché en cinquante-deux mois n'est pas indécis. Il attend de voir qui gagne.
On me dira que le règlement protège les enfants, et il faut le dire sérieusement : son objet est l'abus sexuel des mineurs, qui n'est pas une abstraction de juriste. Seulement voilà — le Parlement européen, de son côté, ne propose pas de ne rien faire. Il propose la détection ciblée sur ordonnance judiciaire. Le choix n'est donc pas entre protéger et laisser faire. Il est entre scanner les suspects et scanner tout le monde. Et sur ce que coûte la seconde méthode, le texte a une élégance qu'il faut saluer : les plateformes ne publieront leurs taux d'erreur et de faux positifs qu'à partir du 1er février 2027. Soit après. On vous demande de signer avant de connaître le prix, et le prix sera facturé en vies privées de gens qui n'avaient rien fait.
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REJOINDRE LE FIL t.me/resterlibreNotez maintenant l'asymétrie, elle est d'une perfection d'horloger. Pour étendre la surveillance, l'urgence suffit : le 9 juillet, le Parlement a prolongé le scan volontaire jusqu'au 3 avril 2028 parce que les 314 députés qui votaient contre n'atteignaient pas les 361 requis — dans cette maison, la majorité qui dit non ne suffit pas ; il faut une majorité qualifiée pour empêcher. Pour restreindre la surveillance, en revanche, il faut quatre États, 35 % de population, et l'accord de trois capitales qui ne décrochent pas. Le dispositif est monté de telle sorte que l'inertie travaille toujours dans le même sens. Ce n'est pas un hasard de procédure. C'est une architecture.
Mardi, si personne ne bouge, les négociateurs acteront le facile — le Centre européen, l'évaluation des risques, les obligations de transparence — et renverront le reste. Sans accord, le dossier passe à la présidence lituanienne en janvier, puis à la grecque en juillet. Il ne meurt pas. Il patiente. C'est sa nature profonde : un texte de surveillance n'a jamais besoin de gagner, il lui suffit de ne pas perdre, pendant que vous avez une vie, un métier, des enfants à récupérer à l'école et aucune raison de savoir ce qu'est un COREPER.
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Un média libre vit de ses lecteurs. Un pourboire ponctuel, sans compte ni engagement, quand le cœur vous en dit.
Vous donnez ce que vous voulez. Vous restez libre.
LAISSER UN POURBOIRE merci !Alors une dernière question, compagnons d'Absurdistan, à poser à votre député avant mardi soir. Le jour où une machine lira vos messages, elle le fera parce que quatre cent cinquante millions d'Européens l'auront voulu — ou parce que deux virgule un pour cent d'entre eux n'ont pas rappelé ?
Je connais la réponse. Elle tient dans un tableur, et personne n'aura signé.
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La campaña de Donald Trump para poner a Groenlandia bajo el control de los Estados Unidos a menudo se ha descartado como pura fanfarronería. Eso es un error. Detrás del lenguaje de un acuerdo inmobiliario se esconde un intento serio de revivir un antiguo principio imperial: que Washington pueda decidir el futuro político y económico de todo el hemisferio occidental. Groenlandia, estratégicamente ubicada entre América del Norte y Europa, se ha convertido en una prueba de esa afirmación – y de si la soberanía de una pequeña nación indígena cuenta cuando entra en conflicto con las ambiciones de una gran potencia.
Trump planteó la idea de comprar Groenlandia durante su primer mandato presidencial en 2019. Tras su reelección, la propuesta se volvió más agresiva. En diciembre de 2024 declaró que la “propiedad y el control” de Groenlandia por parte de los Estados Unidos eran una “necesidad absoluta”. El 7 de enero de 2025, se negó a descartar la coacción militar o económica contra Groenlandia y el Canal de Panamá, afirmando: “Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional”. Posteriormente, insistió en que los Estados Unidos se haría con la isla “de una forma u otra”. Esta afirmación combinaba varios argumentos: Groenlandia es vital para la defensa antimisiles; Rusia y China amenazan el Ártico; los yacimientos de tierras raras de Groenlandia tienen un valor estratégico; y, supuestamente, los groenlandeses acogerían con agrado el dominio estadounidense.
Esta última afirmación resultó ser demostrablemente falsa. Una encuesta de enero de 2025, realizada tanto en groenlandés como en danés, reveló que el 85% de la población de Groenlandia se oponía a abandonar el reino danés para unirse a los Estados Unidos, mientras que solo el 6% lo apoyaba. Sin embargo, la misma encuesta mostró que una mayoría estaba a favor de una eventual independencia. Esa distinción es fundamental. El deseo de los groenlandeses de poner fin a la tutela colonial danesa no puede interpretarse como un consentimiento a la anexión estadounidense.
El argumento de seguridad a favor de la propiedad estadounidense es engañoso, ya que Washington ya goza de amplios derechos militares en Groenlandia. La relación comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Con Dinamarca ocupada por la Alemania nazi, su embajador en Washington firmó un acuerdo de 1941 que permitía a los Estados Unidos defender Groenlandia y construir instalaciones allí. Dinamarca solicitó la retirada estadounidense después de la guerra, pero prevaleció la estrategia de la Guerra Fría.
El Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951, celebrado en el marco del Tratado del Atlántico Norte, autorizó a los Estados Unidos a establecer y operar “zonas de defensa”. Esto permitió la rápida construcción de la Base Aérea de Thule – rebautizada como Base Espacial de Pituffik en 2023 – en un lugar ideal para las rutas aéreas y de misiles más cortas entre la Unión Soviética y América del Norte. En el apogeo de la Guerra Fría, los Estados Unidos operaba numerosas instalaciones en toda Groenlandia. Hoy en día, Pituffik, la base militar más septentrional de Washington, desempeña funciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial.
El acuerdo ofrece a Washington una amplia libertad operativa. Una enmienda de 2004 – el Acuerdo de Igaliku – reconoció al Gobierno autónomo de Groenlandia, estableció a Pituffik como la única zona de defensa existente y exigió la consulta previa antes de realizar cambios significativos o crear nuevas zonas de defensa. También estableció la cooperación en temas económicos, técnicos y ambientales. En otras palabras, si los Estados Unidos considera que se necesitan más radares, puertos, aeródromos o personal, ya existe un mecanismo legal para negociarlo con Dinamarca y Groenlandia. La soberanía, por lo tanto, no es un requisito militar.
La historia de las bases también explica por qué “seguridad” no es un término neutral en Groenlandia. En 1953, las autoridades danesas ordenaron a 116 inughuit – 27 familias – que abandonaran la recién fundada Qaanaaq, mientras que el resto se reubicó en asentamientos en otras partes del distrito. Camp Century se construyó bajo el hielo entre 1959 y 1960 y estaba vinculado a la propuesta secreta del Proyecto Iceworm, que contemplaba una extensa red de bases de lanzamiento de misiles nucleares.
En 1968, un B-52 estadounidense que transportaba cuatro bombas de hidrógeno se estrelló sobre el hielo marino en la Base Aérea de Thule, lo que provocó contaminación por plutonio y otras sustancias. El accidente puso de manifiesto la inconsistencia entre la política declarada públicamente por Dinamarca en contra de las armas nucleares en territorio danés en tiempos de paz y los permisos secretos otorgados por el Gobierno danés a los Estados Unidos para almacenar armas nucleares en Groenlandia. Las instalaciones abandonadas dejaron combustible, desechos y otros contaminantes. Los reportajes de Groenlandia continúan cuestionando quién pagará por las futuras limpiezas. La relación militar protegió los intereses estratégicos de los Estados Unidos, mientras que los costos humanos y ambientales recayeron de manera desproporcionada sobre los groenlandeses.
Groenlandia dejó de ser formalmente una colonia en 1953, obtuvo autonomía en 1979 y amplió su autogobierno en 2009. La Ley de Autogobierno reconoce a los groenlandeses como un pueblo con derecho a la autodeterminación y establece un camino hacia la independencia. Washington reabrió su consulado en Nuuk en 2020, y la cooperación se intensificó en materia de comercio, educación, minería e investigación. Los gobiernos de Groenlandia (desde Kuupik Kleist hasta Jens-Frederik Nielsen) han acogido con beneplácito los vínculos económicos con Washington, pero rechazan la tendencia de este último a exigir cada vez más a la isla para satisfacer sus necesidades militares.
La exigencia de Trump respecto a Groenlandia forma parte de una política hemisférica más amplia. La Doctrina Monroe de 1823 advertía a las potencias europeas contra nuevas intervenciones coloniales en las Américas. Presentada como anticolonial, se transformó en una reivindicación de la supremacía estadounidense. El corolario de Theodore Roosevelt de 1904 afirmaba el derecho de intervención en América Latina, proporcionando una justificación ideológica para ocupaciones, cambios de régimen y el control de activos estratégicos.
Los partidarios de Trump rebautizaron su última versión como la “Doctrina Donroe”. Esta denominación vincula la presión sobre Groenlandia con las exigencias relativas al Canal de Panamá, las amenazas contra Cuba y Colombia, las reivindicaciones sobre Canadá y la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. A finales de 2025, la Casa Blanca proclamó formalmente un Corolario Trump a la Doctrina de Monroe, en el que se afirmaba el liderazgo de los Estados Unidos en todo “nuestro hemisferio”. Groenlandia queda arrastrada a esta esfera porque geográficamente forma parte de América del Norte, aunque esté vinculada políticamente a Dinamarca y su pueblo inuit posea su propio derecho a la autodeterminación. Esta doctrina contiene una contradicción reveladora. Trump denuncia el control europeo sobre Groenlandia como un anacronismo, al tiempo que exige que la isla sea transferida a los Estados Unidos. El colonialismo no se ha abolido; simplemente cambia el colonizador propuesto. Las referencias de Trump a los minerales, las rutas marítimas y la geografía militar reducen a Groenlandia a un activo y a sus 56.000 habitantes a un obstáculo en una transacción entre potencias.
Las amenazas de Trump provocaron una ruptura extraordinaria entre los Estados Unidos y Europa. Dinamarca no es un adversario, sino un aliado de la OTAN cuyas tropas lucharon junto a los soldados estadounidenses en Afganistán. La amenaza de arrebatar territorio a un aliado por la fuerza ataca la premisa misma de la alianza. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen advirtió que un ataque de los Estados Unidos contra otro país de la OTAN pondría fin al orden de seguridad de la posguerra. Los gobiernos europeos se unieron en torno al principio de que las fronteras no pueden modificarse mediante la coacción, un principio que invocan contra Rusia en Ucrania.
La crisis puso de manifiesto la dependencia de Europa. La OTAN no cuenta con un procedimiento claro para defender a un miembro frente a su miembro más poderoso. Los Estados europeos dependen en gran medida del poderío militar de los Estados Unidos, al tiempo que se les pide que resistan la coacción estadounidense. Copenhague respondió con una diplomacia cautelosa, un mayor gasto militar en el Ártico y la insistencia en que las decisiones corresponden a Groenlandia y a Dinamarca. Francia, Alemania, los países nórdicos y la Unión Europea expresaron su solidaridad, pero el episodio intensificó los llamado a la autonomía estratégica europea. También dañó la pretensión de Washington de liderar una alianza de democracias contra el revisionismo autoritario.
El 18 de septiembre de 2026, Trump anunció un nuevo acuerdo trilateral de seguridad tras meses de negociaciones, reivindicando el “control permanente” sobre la seguridad de Groenlandia. Los líderes daneses y groenlandeses lo describieron en términos más limitados: una ampliación de la cooperación militar con los Estados Unidos que preserva la soberanía y la autodeterminación de Groenlandia. El texto completo aún debe firmarse y aprobarse. Si su versión es correcta, el resultado confirma lo que era evidente desde el principio: los Estados Unidos podría obtener acuerdos de seguridad adicionales sin llegar a ser dueño de Groenlandia. Sin embargo, la presión que precedió al acuerdo sigue siendo una advertencia sobre las negociaciones llevadas a cabo bajo amenazas.
La respuesta de Groenlandia ha combinado rechazo, unidad y complejidad política. Kalaallit Nunaat – el nombre groenlandés del país – se convirtió en el centro de las declaraciones de que Groenlandia pertenece a su pueblo y no está en venta. En marzo de 2025, grandes manifestaciones en Nuuk, Sisimiut y Qaanaaq marcharon bajo la bandera roja y blanca de Erfalasorput. Los manifestantes le pidieron a Trump que respetara a los inuit, a su país y a su nacionalidad. Los partidos políticos de Groenlandia, a pesar de profundos desacuerdos sobre el ritmo y las condiciones económicas de la independencia, condenaron conjuntamente la presión externa. El Parlamento prohibió las donaciones políticas extranjeras y anónimas, defendiendo explícitamente la integridad de la democracia groenlandesa en medio del interés de las grandes potencias.
El colonialismo danés dejó profundas heridas: asimilación forzada, ingeniería social, desarrollo desigual y decisiones tomadas en Copenhague sobre la tierra y el pueblo groenlandeses (toda la cuarta temporada de la popular serie de televisión Borgen, en 2022, se centró en un conflicto entre Copenhague y Nuuk por el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo con implicaciones de China y Rusia). Muchos groenlandeses desean la independencia, y algunos ven el creciente interés de los Estados Unidos como una ventaja para atraer inversiones y lograr una relación más equitativa con Dinamarca.
Groenlandia revela el verdadero contenido de la Doctrina Donroe: una afirmación del siglo XXI de que la geografía otorga a Washington derechos superiores sobre los pueblos vecinos. La respuesta de Groenlandia es igualmente moderna y universal. La ubicación estratégica no anula la soberanía popular, los minerales no borran la identidad nacional, y ninguna gran potencia adquiere un país simplemente por declarar que lo necesita.
Vijay Prashad es un historiador y periodista indio. Es autor de cuarenta libros, entre los que se incluyen Balas de Washington, Una estrella roja sobre el Tercer Mundo, Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo; Las naciones pobres: una posible historia del Sur Global y How the International Monetary Fund Suffocates Africa, escrito con Grieve Chelwa. Es el director ejecutivo de Tricontinental: Instituto de Investigación Social, corresponsal jefe de Globetrotter, y el editor jefe de LeftWord Books (Nueva Delhi). También ha hecho apariciones en las películas Shadow World (2016) y Two Meetings (2017).
Este artículo fue elaborado por Globetrotter.
On 19 November 2025, Indian police raided the ‘Kashmir Times’ in Jammu. They said they were on an “anti-terror” operation. The offices had been shut since 2022 and were in dilapidated condition, the equipment largely defunct. Yet, the police claimed to have recovered a “pistol and live AK-47 cartridges.”
Since 2018, only five journalists have faced cases under India’s draconian anti-terror Unlawful Activities (Prevention) Act. Trials rarely start, leaving journalists in a state of perpetual purgatory, even if they are out on bail under onerous conditions.
Before the police came charging into these unused offices last year, the ‘Kashmir Times’, founded by my father in 1954, had long suffered sustained persecution – the seizure of records, of equipment, the harassment of staffers, the use of social media to spread slurs, trumped up charges of tax evasion and the embedding of spies.
The first ever copies of Kashmir Times, initially a weekly, were seized by the government. In 1983, my father survived a murderous assault with serious injuries inflicted by a Hindu nationalist mob. I joined the newspaper in 1989, as the armed militancy, the ‘insurgency’ against the Indian state, became widespread, and experienced firsthand the struggle to report the news accurately and truthfully. The government would frequently withdraw its advertising, which was the main source of funding for most news outlets. We were besieged on several fronts, facing down the state, militants and aggressive Hindu nationalists.
In 2019, as Indian prime minister Narendra Modi began his second term in office, his government removed the special autonomous status granted to Jammu and Kashmir and protections that had existed for nearly 70 years. Once a state, Jammu and Kashmir was split into two federally governed territories. The Indian-administered part of Kashmir – the subject of several military conflicts between India and Pakistan, with both countries claiming the entire disputed territory while controlling a portion of it – had effectively become a police state and control of the media was a critical component of this transformation.
As Executive Editor of the ‘Kashmir Times’, one of the oldest newspapers in the region and the largest, with four editions, I petitioned India’s Supreme Court against the six-month-long internet shutdown that the Modi government imposed in 2019. But by 2020, three editions of the ‘Kashmir Times’ had shut down and the fourth only limped along, a once daily newspaper that was now only occasionally published. By February 2022, even this edition was shut down. I left India with my husband Prabodh Jamwal, the editor of the ‘Kashmir Times’, and revived it as a digital newsroom in exile in the United States in November 2023.
But, as the so-called terror investigation and the mysterious discovery of weapons in our long disused office in 2025 showed, the ‘Kashmir Times’ remained a thorn in the side of the Modi government. The Indian prime minister has frequently presented India on the international stage as the “mother of democracy” and the “Vishwaguru”, a moral exemplar and teacher to the world. Just last week, between September 12 and 13, Delhi hosted Vladimir Putin, Xi Jinping and Iranian president Masoud Pezeshkian as part of the annual BRICS meeting, the global group founded initially by Brazil, Russia, India, China and South Africa (hence the acronym) that is increasingly being presented as an alternative power centre to the American-led Western alliance. For an India seeking to portray itself as not just an emerging superpower but as a democratic force, it is vital that Kashmir remain repressed, hidden away from global scrutiny.
It’s why, even as a newsroom in exile, we continue to be pursued by an Indian government seeking to tarnish our credibility, to deny us the right to report on Kashmir. We are being subject to a vendetta and it represents what has happened to journalism in Kashmir. Journalists have been silenced by the Modi government, Kashmiri voices strangled, and the local media industry deliberately destroyed.
What is happening to journalism in Kashmir is a harbinger of what lies ahead for the rest of India.
Geeta Seshu of Free Speech Collective, which monitors press freedoms in India, argues that Kashmir is a laboratory where every strategy of media suppression is tested and perfected for use elsewhere. India, which once had a noisy, argumentative press, now ranks at a lowly 157 out of 180 countries in the World Press Freedom Index. Reporters Without Borders, which compiles the ranking, says “press freedom is in crisis” in Modi’s India.
The 2023 Digital Personal Data Protection Act provided a “dangerous framework for expansion of surveillance and censorship” across the country. It empowered the government to demand data from any entity, including journalists, effectively requiring them to reveal their sources. The amendments to the 2020 Information Technology Rules already burden intermediaries with harsh obligations and have been used to arrest journalists, block websites and compel social media platforms to restrict content. Recently, Instagram restricted posts about reports of Kashmiris shot by Indian security forces using pellet guns on unarmed protestors.
Seshu’s fear that what happens in Kashmir will be replicated in the Indian mainland has largely been borne out. For example, in 2023, nearly 50 journalists associated with the portal ‘NewsClick’ – some only vaguely – were subject to arrests and interrogations. Many had their devices seized without due process. Their alleged crimes were essentially guilt by association, charges manufactured not from evidence but from a, frankly, lazy piece of journalism published in the ‘New York Times’ about NewsClick’s funding. The charges were eventually quashed by an Indian court.
Such court rulings are less likely in Kashmir. As a Kashmiri journalist based in Delhi says, “unlike the rest of India, Kashmir is a police state, and state control requires any independent journalism to be shut down.”
In Kashmir, the Indian state has engineered a sophisticated edifice of control through securitization, surveillance and interrogation. It is invisible, intangible, and all-pervasive, a model that extracts quiet surrender and obedience. Unlike the targeted killings of journalists in Gaza, in Kashmir the control of information is seamlessly embedded in everyday life, requiring no enforcement, no traces of brutality. The journalists are essentially cowed into submission.
It began with the world’s longest internet shutdown – a complete lockdown for six months and a partial one for another year. What the shutdown created, despite a court verdict restoring communications, was fear among journalists compelled to work out of a government-surveilled computer facility, and then a perpetuation of that fear through consistent localized and temporary digital shutdowns. So commonplace are these shutdowns that they no longer warrant reporting or commentary.
In June 2020, the Modi government introduced a 53-page document called ‘J&K's Media Policy’ which gave the authorities sweeping powers to monitor, judge, and punish journalists, branding critical reporting as “fake news”, “unethical”, or “anti-national”. The authorities would also routinely remove government advertising from cash-strapped outlets and provide accreditation only to journalists deemed loyal, thus turning bureaucrats into arbiters of what constitutes news and who gets to report it. The effect is chilling.
And then there’s the monitoring of communications.
“I can’t say if they’re using Pegasus or some other spyware or technology,” a journalist told me about being interrogated over emails sent to an editor, “but they knew everything about our conversations.” In a 2021 leak, it turned out the Indian government was using Pegasus to spy on at least 40 Indian journalists, only one of who was Kashmiri.
But, a Kashmiri journalist says, “officials have told us ‘nothing in Kashmir is end-to-end encrypted’ and digital activity is clearly being constantly monitored.” No Kashmiri journalist I spoke to for this story, including those who contribute to the ‘Kashmir Times’, have the encrypted messaging Signal app, used worldwide by journalists, on their phones. Devices are routinely checked when journalists are summoned to police stations in Kashmir for questioning. Some said their devices were returned after being tampered with. “You face humiliation and beatings for using Signal and VPNs,” many journalists said. “You can only get away with it if you’re not on their radar,” said one.
In November 2025, the Indian government issued a directive insisting on verifying the “bona fides” of journalists working in Jammu and Kashmir, and the police followed up by requiring journalists to part with personal information including biometrics and bank statements. In January this year, senior journalist Basharat Masood of The Indian Express spent seven hours at a Srinagar police station, then was summoned for three more days and told to sign a bond promising not to “repeat his mistake” – for reporting on the surveillance of mosquea surveillance, even as officials had already admitted to large-scale data collection and verification.
Police also surveil Kashmiris through the use of drone cameras, a network of 1,000 electronic cameras installed at major traffic junctions, and through unrestricted access to people’s social media activity across platforms ostensibly to track anti-India activity. During an illegal “Census 2024” drive, the police collected residents' personal data and GPS-tagged coordinates of homes. And the soon-to-be-rolled-out Jammu and Kashmir-specific digital identity cards that collects the data of entire households, purportedly to ensure the smooth rollout of welfare schemes, has also sparked local anxieties.
Still, as pervasive as the surveillance is, it is journalists that find themselves in the firing line. Any critical word warrants a summons to a police station, interrogation, intimidation and even detention. This happens repeatedly, with journalists never aware of what specific “offence” might trigger a police summons. The reflex, after several such visits to police stations, is self-protection and self-censorship.
A Kashmiri journalist told me that the language the police use to summon journalists for questioning is particularly sinister. It is almost as if the police are enjoying instilling fear. “Aaj dastarkhan par aapki dawat hai”, for instance, is a typical summons. You are invited to a feast, the police say cynically, knowing a journalist is likely to be harshly questioned, even beaten.
Often, Kashmiri journalists, without notice, are placed on no-fly lists. Sanna Irshad Mattoo, a Pulitzer Prize-winning photojournalist, was twice prevented from travelling abroad for exhibitions and award ceremonies, a pointed message that even international recognition offers no protection. At least twelve journalists have had their passports revoked; two of them were already abroad at the time, rendering them stateless.
The Free Speech Collective filed a Right to Information (RTI) query in March 2024 to ascertain exactly how many Kashmiris had had their passports revoked or cancelled. The plea was rejected by the government on grounds of “national security”.
As India continues to press its case as a formidable, if still rising power, citing its 7.8% growth rate over the past quarter, it continues to be defensive and secretive about Kashmir. Foreign journalists are largely barred, or at least heavily restricted, from reporting from both Indian and Pakistani-administered Kashmir. In May, last year, India and Pakistan exchanged air strikes after a terrorist attack in Indian-administered Kashmir and Modi fell out with Donald Trump over the latter’s claim to have stopped both nuclear powers from accelerating towards a disastrous war.
Despite Kashmir being a long-standing issue that merits global attention, reporting from the region has reduced to a trickle.
A Google search of Kashmir-related news floods your screen with links, but it is bulk without substance. Articles read like a log of official announcements and statements, punctuated by the occasional piece on a shrinking water body, a development project, a political tussle over a non-issue, or unemployment figures. Each report floats like a loose, individual particle suspended in air, packaged and presented as definitive. No investigation into context. No excavation of the past. No interrogation of contributing factors. A story about an alleged terrorist’s hair transplant and cosmetic dentistry, based entirely on police sources, is passed off as an investigation into Kashmiri insurgency. A superficially detailed piece on anti-encroachment drives or home demolitions will carry little beyond the grief of the displaced, or the remarks of a politician whose interest in the community begins and ends with votes. A terrorist’s hair transplant story, based on the police version, passes off as an investigation into Kashmir’s complex insurgency dynamic.
Kashmir fell off the radar a long time ago, says Free Speech Collective’s Geeta Seshu.
Even mundane stories are difficult to report. No one wants to be quoted. A university professor said he could once “talk to journalists and trust they understood the context. Now, a single sentence can be pulled out, circulated on WhatsApp, and suddenly I’m either an anti-national or a government stooge. Both sides will use the same quote to attack you differently. Why would I take that risk?”
Tarushi Aswani, an Indian journalist, told me that “a curtain has been pulled over Kashmir by silencing journalists who ask questions.” Instead, she added, “press release journalism fills the vacuum, erasing the truth about Kashmir, its history, its politics, its development, environment and aspirations.” Kashmir is no longer looking at a mirror. The lack of truthful reporting means nothing is reflected back. Instead, Kashmiris are looking into the lens of a surveillance camera.
*The eight Kashmiri journalists interviewed for this story spoke on condition of anonymity.
Aakash Hassan
Alishan Jafri
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La semana pasada, el 4 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una propuesta africana para un nuevo mapa mundial, que muestra el tamaño real de los países en relación con los demás. Su objetivo es corregir la visión del mundo moldeada por el mapa mundial ampliamente utilizado basado en la proyección de Mercator, creada por Gerardus Mercator, un cartógrafo flamenco del siglo XVI. El problema con el mapa de Mercator es bien conocido; por ejemplo, muestra a la isla de Groenlandia con el mismo tamaño que el continente africano, ¡a pesar de que África es 14 veces más grande que Groenlandia! En pocas palabras, los mapas de Mercator exageran enormemente el norte del mundo —los Estados Unidos y Europa— mientras que reducen África y la mayor parte de Asia. Tampoco trata con benevolencia al resto del hemisferio sur. Sudamérica, que tiene casi tres veces el tamaño de Europa, parece comparable a esta en un mapa típico de Mercator.
Aunque no existe ninguna razón geográfica por la que el hemisferio sur deba ser más pequeño que el hemisferio norte, los cartógrafos lo hicieron significativamente más pequeño porque tenía muy poca masa continental más allá de los 40 grados y, por lo tanto, se recortó. Esto significó que, en la mayoría de los mapas de Mercator, debido a que los cartógrafos occidentales recortaron gran parte del hemisferio sur, el ecuador quedó significativamente desplazado hacia abajo. El doble efecto de comprimir las zonas ecuatoriales, donde se encuentra gran parte de África, y desplazar el ecuador hacia abajo hizo que el norte del mundo, particularmente Europa y América del Norte, parecieran mucho más grandes de lo que realmente son. Por lo general, en la mayoría de los mapas de Mercator, el hemisferio norte parece el doble del tamaño del hemisferio sur, aunque ambos hemisferios son idénticos en tamaño.
Cualquier mapa, ya sea de Mercator o de cualquier otra proyección, presenta el problema de que se puede ser fiel al tamaño o a la forma, pero no a ambos. Se trata de un problema fundamental que surge al proyectar una superficie tridimensional sobre una hoja de papel bidimensional. No hay forma de hacerlo sin distorsiones. Solo un globo terráqueo puede representar fielmente la Tierra tridimensional. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando queremos reproducir detalles geográficos para nuestros lectores en libros o artículos?
Las distorsiones evidentes de la proyección de Mercator y su enfoque eurocéntrico dieron lugar a varias alternativas, particularmente entre los cartógrafos de la izquierda amplia o progresista. Otros, especialmente en los Estados Unidos y Europa, se han opuesto a ella, argumentando que el tamaño no importa y que no les molesta que se les muestre mucho más grandes de lo que realmente son. Sin embargo, muchos discreparon e intentaron desarrollar proyecciones alternativas. La proyección de Gall-Peterson, que contó con el respaldo del gobierno socialdemócrata alemán de Willy Brandt, es una de esas proyecciones. La proyección de Hobo Dyer, que se encuentra en el dominio público global —lo que significa que cualquiera puede usarla sin pagar regalías—, es otra. Finalmente, las Naciones Unidas han puesto fin a las guerras de los mapas, con una victoria rotunda a favor de la moción presentada por las naciones africanas para utilizar mapas de área igual. La votación fue de 164 a favor de la moción, con los Estados Unidos como único voto en contra.
El objetivo del mapa de Mercator era facilitar la navegación de los barcos en mar abierto, donde ya no es posible orientarse reconociendo diversas características topológicas, como ríos, colinas, aldeas, pueblos, etc. En mar abierto, si identificamos nuestra ubicación en un mapa de Mercator y el destino al que deseamos llegar, podemos viajar en línea recta, tal como se muestra en el mapa. Conserva la dirección, lo que significa que, si trazamos un rumbo en un mapa de Mercator, podemos fijar nuestro rumbo según él. Es por eso que los países marítimos utilizaban proyecciones de Mercator para la navegación cuando contaban con pocos instrumentos, más allá de la brújula y el sextante, para determinar su ubicación con respecto a su destino.
Es importante señalar que la dirección que se muestra en el mapa no es la ruta más corta entre el punto de partida y el destino.
El camino más corto entre dos puntos en la superficie del globo terráqueo es el arco del gran círculo que va desde su ubicación hasta su destino. Una línea recta en un mapa bidimensional puede parecer la distancia más corta, pero no lo es, ya que no toma en cuenta la curvatura de la Tierra. En pocas palabras, el precio que pagamos por convertir una superficie curva en una plana y bidimensional es que distorsionamos la forma de la superficie. Estiramos ciertas áreas y encogemos otras. En una Tierra plana, la distancia más corta sería la que indica su brújula, pero no así en una esfera.
Anteriormente, los barcos utilizaban las estrellas y el sol del mediodía para estimar dónde se encontraban y hacia dónde debían dirigirse. Fijar un rumbo hacia su destino utilizando un mapa de Mercator y una brújula resultaba mucho más sencillo que tratar de adivinar dónde se encontraba en un océano desierto, sin puntos de referencia, y cambiar constantemente de rumbo en busca de una ruta más corta. La línea constante en el mapa se denominaba “línea de rumbo”, y seguirla ayudaba enormemente a los navegantes. Los mapas de Mercator eran populares en Europa, particularmente en Europa occidental, ya que, aparte de los árabes, eran las principales naciones marítimas.
Mientras que los árabes se enfocaban en el comercio, particularmente en el Océano Índico, los europeos occidentales se dedicaban no solo a la pesca, sino también, fuera de temporada, a la piratería, las incursiones y el saqueo de otras naciones. Los vikingos, importantes figuras románticas en Hollywood, eran particularmente brutales, ya que combinaban el saqueo con el comercio de esclavos. Por supuesto, como todos los piratas, una vez que se alcanza el poder, se puede convertir ese poder marítimo en conquista. Los hombres del norte, o nórdicos, conquistaron Francia y más tarde Inglaterra, y son conocidos por nosotros como normandos. No muy diferentes de las Compañías Holandesa y Británica de las Indias Orientales, que comenzaron con el comercio y la piratería y más tarde establecieron imperios coloniales.
No es de extrañar que los reinos marítimos de Europa occidental, para quienes la guerra, la pesca para alimentarse y la caza de focas, morsas, etc., con el fin de obtener grasa y pieles, constituían las principales fuentes de riqueza, se centraran mucho más en la navegación y la construcción naval. Esto significaba que los barcos construidos para el agitado Océano Atlántico contaban con ciertos avances de los que carecían los barcos árabes e indios, aunque la brújula, el astrolabio, los mapas astronómicos y otros instrumentos náuticos procedían todos de Asia.
Los barcos de Europa occidental contaban con cañones montados en cubierta, lo que les permitía disparar “andanadas”, es decir, disparar múltiples cañones simultáneamente, a diferencia de los cañones montados en la proa y la popa. Esa es una de las principales razones por las que un puñado de países de Europa occidental pudo aprovechar los océanos para, primero, hacerse con el comercio marítimo y, más tarde, construir sus imperios coloniales. A diferencia de los fuertes fijos, los barcos actuaban como fuertes flotantes, lo que proporcionaba a los europeos una movilidad en las guerras navales de la que carecían las fortificaciones terrestres estáticas.
Como muestra la monumental obra de Needham sobre la ciencia y la tecnología chinas, muchos avances náuticos en la construcción naval y la navegación procedían de China. Los siete viajes de los barcos de Zheng He en el siglo XV (1405-1443), que partieron de China, el sudeste asiático y la India, y recorrieron la costa árabe hasta África, demostraron que los chinos habían construido enormes barcos y una poderosa armada. En aquella época, se encontraban muy por delante de Europa y de los árabes, tanto en la construcción naval como en los buques de guerra. Las diferencias internas entre la aristocracia terrateniente y los comandantes navales condujeron a la destrucción de la armada y a la prohibición de construir cualquier buque de alta mar.
Aunque la India suministraba a los árabes la madera necesaria para la construcción naval y en algún momento contó con una poderosa armada, cedió el comercio de alta mar a los comerciantes árabes. Ni China, ni la India, ni los árabes consideraban que la armada tuviera importancia militar. Como dijo un emperador mogol: “Los océanos son para los comerciantes, no para nosotros, los guerreros”. Las divisiones de castas en la India también llevaron, en un momento dado, a prohibir a las castas superiores emprender viajes oceánicos. La travesía del Kala Pani, siempre prohibida por los brahmanes, no se respetó de manera estricta. La India experimentó una gran expansión marítima en el período budista, no a través de la guerra, sino mediante el comercio y la labor de proselitismo de los monjes budistas. Tras el resurgimiento del hinduismo en el sur, el tabú que prohibía a las castas superiores viajar a través de los océanos se aplicó de manera más estricta, dejando los océanos en manos de comerciantes y mercenarios. Por ejemplo, las principales flotas de los reyes indios – ya fuera el rey de Calicut, también conocido como Samundri o Zamorin, o Shivaji – dependían de comandantes navales y buques mercenarios, muchos de ellos al mando de árabes.
Como demuestra la historia, los mapas, el comercio marítimo y la guerra están íntimamente relacionados. Los viajes marítimos y las guerras navales confieren a los mapas una importancia estratégica. No es simplemente la ubicación de las fronteras de cada país lo que importa, sino también su visión estratégica del mundo. Podemos observar cómo esto se está manifestando actualmente en Bab el Mandeb y en el Golfo Pérsico. Un vistazo rápido a un mapa habría convencido a los líderes estadounidenses de que Irán cuenta con una clara ventaja estratégica en el Estrecho de Ormuz, al igual que los hutíes en el Mar Rojo y el paso hacia el Canal de Suez. Descuidar los océanos repite los errores que cometió Asia en una época diferente, errores de los que ha aprendido. Debemos tener esto presente también hoy en día.
Prabir Purkayastha es el editor fundador de Newsclick.in, una plataforma de medios digitales. Es activista en favor de la ciencia y del software libre.
Este artículo fue elaborado por Globetrotter.
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La 18va Cumbre del BRICS, celebrada en Nueva Delhi del 12 al 13 de septiembre, tuvo lugar en medio de una intensificación excepcional de las contradicciones internacionales. Las guerras en Asia Occidental, las sanciones unilaterales, las barreras arancelarias y el uso de las finanzas y la tecnología como armas han puesto de manifiesto el carácter fundamentalmente desigual del orden internacional dominado por el imperialismo. En este contexto, la continua expansión del BRICS refleja el deseo de los países en desarrollo de alcanzar una mayor autonomía estratégica y un sistema más democrático de gobernanza global. Al mismo tiempo, la cumbre demostró que el BRICS+ sigue siendo una agrupación heterogénea cuyos miembros difieren sustancialmente en sus alineamientos políticos e intereses económicos.
La Declaración de Nueva Delhi, resultado de la cumbre, reiteró la exigencia de una reforma de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y el sistema comercial multilateral. Se opuso a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y abogó por un mayor comercio en monedas nacionales. La declaración también respaldó una mayor representación de los países en desarrollo en instituciones cuyas normas siguen siendo determinadas principalmente por los Estados Unidos y sus aliados. Estas posturas tienen una importancia objetiva en un momento en que Washington recurre cada vez más a sanciones, aranceles, controles a la exportación y control sobre los sistemas de pago para disciplinar a los países que se niegan a aceptar sus dictados.
Sin embargo, el lenguaje cuidadosamente negociado de la declaración también reveló las limitaciones de la formación ampliada. El BRICS+ incluye ahora a países sometidos a una presión occidental sostenida, como Rusia e Irán, así como a los Emiratos Árabes Unidos y otros Estados que mantienen amplios vínculos económicos y de seguridad con Occidente. En consecuencia, el consenso solo puede mantenerse mediante formulaciones que reconozcan los conflictos sin identificar siempre sus causas políticas. Esta ambigüedad fue especialmente evidente en el tratamiento que se dio en la cumbre a la guerra cada vez más extensa en Asia Occidental y a la postura adoptada por Irán.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aprovechó la cumbre para denunciar las sanciones unilaterales y la guerra de agresión contra Irán llevada a cabo por los Estados Unidos e Israel. Destacó acertadamente que la resiliencia económica no puede separarse de la paz, la soberanía y la seguridad. Irán también abogó por el comercio en monedas nacionales, un mayor uso del Nuevo Banco de Desarrollo y la construcción de corredores independientes de transporte y energía (tal como ya lo ha hecho a través de Pakistán, que ha proporcionado seis rutas terrestres para que las mercancías chinas y rusas ingresen a Irán). Para un país sometido a décadas de sanciones, a la exclusión de las redes financieras occidentales y a repetidas amenazas de cambio de régimen, la pertenencia al BRICS+ representa una importante oportunidad diplomática y económica.
La postura de Irán, sin embargo, presenta una marcada ambigüedad. Teherán presenta al BRICS+ como un instrumento para resistir el unilateralismo y defender la soberanía. Al mismo tiempo, debe buscar un acuerdo con los estados vecinos del Golfo, varios de los cuales están profundamente integrados con el capital occidental y los acuerdos de seguridad.
Irán firmó una declaración en la que se pedía moderación y desescalada, al tiempo que acusaba a los Estados Unidos e Israel de agresión y defendía sus propias acciones de represalia. Su postura combativa frente a la presión hiperimperialista se combina, por lo tanto, con un esfuerzo pragmático por evitar el aislamiento regional, asegurar el alivio de las sanciones y preservar los canales de negociación.
Esto no debe interpretarse simplemente como una inconsistencia. Irán se enfrenta a una coalición militar y financiera muy superior y debe maniobrar dentro de severas limitaciones. Pero también ilustra el problema más amplio al que se enfrenta el BRICS+. La oposición a la dominación occidental no genera automáticamente un programa antiimperialista coherente. Los Estados participantes son Estados capitalistas que persiguen sus respectivos intereses nacionales. Sus clases dominantes pueden resistirse a aspectos particulares de la hegemonía estadounidense, al tiempo que se mantienen dispuestas a llegar a acuerdos con las finanzas globales o con potencias reaccionarias regionales. En consecuencia, el BRICS+ es un escenario de lucha dentro del orden mundial en transformación, no una alternativa ya constituida al hiperimperialismo.
El acontecimiento político más trascendental de la cumbre para Asia fue la reunión entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping. La primera visita de Xi a la India en siete años confirmó la mejora gradual de las relaciones desde los acuerdos de retirada militar iniciados en 2024. Los dos líderes coincidieron en que la India y China deben considerarse socios en lugar de rivales y abordar las relaciones bilaterales desde una perspectiva estratégica a largo plazo. También discutieron la cuestión fronteriza, el comercio, el acceso a los mercados y los problemas de la cadena de suministro.
Cualquier mejora duradera en las relaciones entre la India y China debe ser bienvenida. La prolongada confrontación tras el enfrentamiento en el valle de Galwan de 2020 perjudicó a ambos países, aumentó el gasto militar y fortaleció los esfuerzos de los Estados Unidos por incorporar a la India a su estrategia indopacífica. Washington ha buscado constantemente convertir a la India en un contrapeso estratégico frente a China a través del Quad y la expansión de la cooperación militar y tecnológica. Por lo tanto, una confrontación continua entre la India y China beneficia mucho más a la estrategia de los Estados Unidos que a los intereses de los pueblos indio o chino.
La paz y la tranquilidad a lo largo de la Línea de Control Efectivo siguen siendo indispensables. Los acuerdos sobre la retirada deben ir seguidos de un compromiso sostenido a nivel diplomático y militar, la aclaración de las zonas en disputa y la observancia estricta de los acuerdos existentes. No se debe permitir que ni la retórica nacionalista ni la construcción competitiva de infraestructura desencadenen otra confrontación. Las diferencias sobre la frontera no pueden ignorarse, pero pueden y deben gestionarse sin subordinar toda la relación a una rivalidad militarizada.
Las relaciones económicas presentan una contradicción igualmente difícil. China es uno de los mayores socios comerciales de la India y una importante fuente de maquinaria, componentes electrónicos, productos químicos, equipos de energía renovable y otros insumos industriales. Sin embargo, el enorme déficit comercial de la India con China refleja tanto la debilidad del sector manufacturero indio como los obstáculos que enfrentan las exportaciones indias en el mercado chino. Para abordar este desequilibrio se requiere un mejor acceso al mercado, inversión china en condiciones transparentes y, sobre todo, una política industrial india capaz de desarrollar la capacidad productiva nacional. Durante los últimos seis meses, el comercio bilateral se ha disparado.
El enfoque del Gobierno de Modi ha alternado entre la dependencia de las importaciones chinas y las restricciones, motivadas políticamente, a la inversión y la tecnología chinas. Su retórica de “China más uno” no puede ocultar el fracaso de sus propias políticas para generar una industrialización de base amplia. Tampoco una alineación estratégica más estrecha con los Estados Unidos puede proporcionar a la India una base manufacturera independiente. Los Estados Unidos busca un acceso privilegiado al mercado indio, al tiempo que recurre a aranceles, restricciones tecnológicas y presión política cada vez que las políticas indias se apartan de sus intereses. La incoherencia del Gobierno de Modi se pone de manifiesto, sobre todo, en su incapacidad para elaborar realmente una agenda nacional de desarrollo que aproveche el dinamismo de la economía china y se distancie de unos Estados Unidos más orientados hacia el nacionalismo económico.
China, por su parte, debe reconocer que unas relaciones estables requieren sensibilidad ante las preocupaciones legítimas de la India. Entre ellas se encuentran la cuestión fronteriza sin resolver, el acceso desigual al mercado y el desequilibrio comercial. La considerable asimetría entre las dos economías hace que la reciprocidad sea particularmente importante. El llamado de Pekín a la colaboración solo cobrará sentido cuando vaya acompañado de medidas prácticas que permitan el ingreso de bienes y servicios indios al mercado chino y eviten que las tensiones fronterizas acaben repetidamente por opacar el diálogo político.
La cooperación entre la India y China otorgaría al BRICS+ un peso mucho mayor en la lucha por la democratización del orden internacional. Juntos, ambos países representan más de un tercio de la humanidad.
Su cooperación podría impulsar la reforma de las instituciones internacionales, el financiamiento climático, el intercambio de tecnología, las iniciativas de salud pública y un sistema comercial más justo. Por el contrario, una nueva confrontación paralizaría al BRICS+ y permitiría que potencias externas se aprovecharan de las divisiones en toda Asia. Por lo tanto, la India debe seguir una política exterior independiente basada en la coexistencia pacífica, y no participar en un proyecto estadounidense destinado a contener a China.
La cumbre de Nueva Delhi generó propuestas para la continuidad institucional, una cooperación financiera más sólida y una mayor resiliencia entre las economías en desarrollo. Sin embargo, las declaraciones tendrán un valor limitado a menos que se traduzcan en acuerdos concretos. El Nuevo Banco de Desarrollo debe ampliar los préstamos en monedas nacionales y dar prioridad a la infraestructura socialmente necesaria, en lugar de reproducir las condiciones y la orientación corporativa del Banco Mundial. Los mecanismos de pago transfronterizos deben desarrollarse de manera transparente, sin crear nuevas formas de dominación por parte de las economías más fuertes del BRICS. Las enérgicas declaraciones en apoyo de la Revolución Cubana y de las aspiraciones de autodeterminación del pueblo palestino deberán tener una aplicación práctica. ¿Encontrará el BRICS+ una manera de romper el cruel e ilegal embargo de Estados Unidos contra Cuba, y brindará el BRICS+ apoyo para la reactivación de la vida política palestina?
El BRICS+ encarna tanto el movimiento hacia un nuevo equilibrio mundial como todas las contradicciones de ese movimiento. El cauteloso acercamiento entre India y China es un ejemplo de dicha contradicción, ya que combina el reconocimiento de la dependencia mutua con una desconfianza estratégica sin resolver. El futuro del BRICS+ dependerá de si dichas contradicciones se gestionan de manera pacífica y de si la cooperación genera beneficios tangibles para los trabajadores, en lugar de limitarse a ampliar el margen de maniobra de las clases dominantes nacionales.
Para la India, el camino a seguir es claro: restablecer relaciones normales y pacíficas con China, resistirse a ser incorporada a la estrategia militar de los Estados Unidos, oponerse a la agresión y a las sanciones unilaterales contra Irán, y trabajar por un orden multilateral genuinamente democrático. Solo habrá un nuevo equilibrio mundial cuando se restrinja la dominación hiperimperialista y se amplíen la soberanía y las posibilidades de desarrollo de los pueblos. La cumbre de Nueva Delhi marcó un paso más en esa transición controvertida, pero la dirección y el contenido social del orden emergente siguen siendo objeto de lucha política.
Vijay Prashad es un historiador y periodista indio. Es autor de cuarenta libros, entre los que se incluyen Balas de Washington, Una estrella roja sobre el Tercer Mundo, Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo; Las naciones pobres: una posible historia del Sur Global y How the International Monetary Fund Suffocates Africa, escrito con Grieve Chelwa. Es el director ejecutivo de Tricontinental: Instituto de Investigación Social, corresponsal jefe de Globetrotter, y el editor jefe de LeftWord Books (Nueva Delhi). También ha hecho apariciones en las películas Shadow World (2016) y Two Meetings (2017).
Este artículo fue elaborado por Globetrotter.
America’s nuclear weapons deterrent and how it is controlled is increasingly critical in the face of the rapidly-expanding arsenals across multiple adversaries. A new fleet of E-4C nuclear-hardened survivable airborne operations center aircraft is now in development, as is the U.S. Navy E-130J, which will provide next-generation communications with nuclear ballistic missile submarines deep beneath the waves. Focus is also turning to a mission that’s dedicated to emergency communications with the U.S. nuclear forces in times of crisis, a role known as Operation Looking Glass, which is also poised for updating under a program dubbed Looking Glass-Next.
The comprehensive modernization of America’s nuclear strike muscle involves three major elements – new B-21 Raider stealth bombers, the LGM-35A Sentinel intercontinental ballistic missile (ICBM) program to replace Minuteman IIIs, and new Columbia-class nuclear ballistic missile submarines. A fourth facet that ties all these new elements, as well as existing ones, together is the next generation nuclear command, control, and communications (NC3) architecture. It securely connects nuclear weapons systems to decision-makers. Without it, America’s nuclear deterrent isn’t a deterrent at all.
America’s nuclear modernization is set against a backdrop of rapidly-developing nuclear strength across adversaries and pacing threats, which could threaten not only U.S. fighting forces, but also the existing aging NC3 infrastructure. This could impede the collective responsiveness and effectiveness of the American nuclear enterprise. For example, a coordinated attack on NC3 could degrade the National Command Authority chain, which could prevent communications that are necessary to conduct a retaliatory strike.
If fixed underground command posts are targeted and rendered inoperable, the current strategy would involve turning to a set of highly-survivable air assets that are designed to be on hand to execute emergency war orders. This includes the U.S. Air Force’s E-4B National Airborne Operations Center (NAOC) “Nightwatch” aircraft, and the E-6B Mercury that is operated by the U.S. Navy.
A major recapitalization effort is already underway for the NAOC E-4Bs, which are being superseded under the E-4C Survivable Airborne Operations Center (SAOC) contract. It is being led by defense contractor SNC. The new SAOC aircraft are based on the far more modern 747-8i, and are planned to have a much broader mission set than the four E-4B Nightwatch types they are set to replace, as you can read more about here.
The Navy’s E-6B Take Charge and Move Out (TACAMO) aircraft have a primary role of strategic connectivity with the ballistic missile submarine fleet. These converted 707s also execute another mission known as the Airborne National Command Post (ABNCP), more recently renamed “Looking Glass.” For this they are manned by U.S. Air Force missileers and U.S. Strategic Command (USSTRATCOM) battle managers who are responsible for running the airborne nuclear NC3 systems.
The joint service team on Looking Glass mirrors some operations performed by USSTRATCOM’s underground command posts, and a small portion of what the NAOC executes. The Looking Glass mission is really focused on performing an airborne backup mission solely for USSTRATCOM to ensure another means of communicating with fielded nuclear bombers, their assigned tankers, ICBMs and deployed nuclear submarines. It is best known for its ability to supply airborne communications connectivity to the USAF’s ICBM force on the ground and can command remote launches of those weapons if necessary.
Additional NC3-related modernization is coming on the heels of SAOC, with the new E-130J set to assume the Navy’s TACAMO role from the ageing E-6Bs, assuming strategic connectivity for nuclear ballistic submarines. It means that at some point roughly two-thirds of the E-6 current mission will go to the new E-130J aircraft – raising the question of what will fulfill the critical Looking Glass mission.
Since the E-130J is not planned to take on the Looking Glass role, the USAF is in the early stages of what’s dubbed Looking Glass-Next (LG-N), which presents the future pathway for USSTRATCOM’s mobile contingency operations. This could take on a number of forms, including NC3 communications functions being increasingly moved to space-based assets and more distributed operations across the ground, although an air platform is still likely to form a major part of the overall capability.
Brian Golden is a retired USAF colonel who intimately understands nuclear command and control (NC2) and the associated NC3 equipment and processes from both a service and industry perspective. As a subject matter expert for SNC, he draws on his extensive experience as a former E-4B NAOC commander and he commanded much of the USAF’s multi-domain NC3 systems, including the Airborne Launch Control System onboard the current E-6B Looking Glass. He is also extremely familiar with all the nation’s continuity of government and continuity of operations missions for both Congressional and executive branches of the U.S. government.
“Everyone referred to the nuclear triad as the platforms that were controlled through the NC3 architecture,” Golden told TWZ during a detailed discussion. “Those platforms received their messages and executed their missions. But this isn’t just about that platform triad. The U.S. nuclear enterprise has four primary pillars, and nuclear command, control, and communications is a critical part of it. Without a robust NC3 system, it’s like having a brand new Bugatti Veyron but without the keys! It looks awesome on the driveway, but you can’t drive it.”
Golden explains that the current NC3 enterprise consists of a series of exquisite systems that are extremely reliable, but that are in need of modernization to stay ahead of the steepening threat curve, and stay in front of supply chain constraints. “What we have currently is very reliable, robust, and very survivable, but it can be difficult to maintain some of our legacy systems. Additionally, as threats evolve we must ensure our communications pathways also evolve.
“Our nation’s industrial base engineers figured out extremely robust methods of nuclear communications when these systems were fielded. Looking at the overall command and control [NC2], and then the NC3 communications pathways, any new systems that we introduce must be sustainable, scalable and modular.”
The U.S. nuclear enterprise is facing greater threats than ever with adversaries challenging U.S. nuclear infrastructure in multiple domains: space, cyber, ground, air. Because of this, NC3 demands a continuous process of improvement.
Going forward, the NC3 enterprise will likely need to integrate upgraded proven legacy systems with all-new technology. “Sometimes the physics of radio waves may dictate the need for a legacy approach with upgraded systems, such as communicating with a submarine that’s very deep in the ocean.”
Golden’s view is that NC3 requires a layered, open architecture approach as modernization is evaluated. “Applying those same physics and then adding new layers such as artificial intelligence may determine a better way of doing things.”
Golden points to the SNC-led E-4C SAOC program as a clear example of critical NC3 modernization, while emphasizing that the NC2 mission is far from being the primary role of the E-4B and its forthcoming successor. “Nuclear command and control is only a fraction of what the current NAOC does and what the future SAOC will do for our nation and our allies and partners.”
The E-4B initially featured just a handful of communications systems, which have grown over time, leading to what Golden calls the “King Kong” of communication capabilities today. The E-4 is not a battlefield communications platform, its mantra is all about supporting Presidential-level requirements across the board. It does possess an extensive NC3 suite, but it also serves the White House Communications Agency (WHCA) and the Department of Homeland Security, through the Federal Emergency Management Agency (FEMA), in many other crisis roles. Another mission the E-4B fleet performs is to safely transport the Secretary of War on trips within the United States and abroad.
The E-4B NAOC and Looking Glass are two complementary tiers of the same survivable architecture. The NAOC (and future SAOC) is designed to anchor national-level decision-making and government continuity from the very top, while Looking Glass provides USSTRATCOM with the dedicated airborne command and battle-management capacity required to direct forces. Both roles are critical and non-negotiable.
“The new E-4C SAOC, like the E-4B before it, will deliver an expansive communications suite and increased capacity supported by a larger fleet,” Golden explains. “SAOC is built to ensure the President and national leadership can direct the entire country through any crisis. Looking Glass supports an equally vital and highly specialized mission. It is dedicated to USSTRATCOM’s operational needs, connecting directly to bombers, ICBMs and submarines. Attempting to merge these unique missions on a single airframe would compromise the unique, essential role that each was created to perform.”
The Looking Glass role and the platform that fulfills it is not classified as a national-level mission. As Golden alluded to earlier, it’s not assigned to the Chairman of the Joint Chiefs or to the Secretary of War. It’s exclusively assigned to USSTRATCOM; however, without the Looking Glass mission being upgraded soon, America has a gaping hole in its nuclear architecture.
The commander of USSTRATCOM is the customer and ultimately the decision-maker when it comes to Looking Glass-Next, and the USAF has been tasked by the Secretary of War to develop and field it. SNC is looking at several options for the requirement, with some sort of air platform at its core, which Golden refers to as an “E-6C.” He endorses that the current E-6B is one of the “cogs in the wheel that has to be replaced,” but adds that this doesn’t mean the next-generation Looking Glass is just an aircraft.
“At SNC, we have significant expertise and experience with mission system integration,” says Golden, adding that SNC is evaluating what he calls “aggressively creative options,” for the modernization requirement. He further noted that the modern threat is driving a requirement for Looking Glass-Next to be very difficult to target and must be dispersed.
“Having an aircraft as the only option for this USSTRATCOM mission is a legacy mindset,” Golden states. “We have advanced multi-domain capabilities, including numerous space capabilities available through the Sierra Space Corporation. Future mission resilience requires a creative and integrated approach.”
“We believe a creative approach to provide NC3 options will ensure a robust, reliable, survivable and cost-effective solution.”
Golden endorses this approach to creativity and development and indicated that SNC will continue to inform and respond to the ongoing Looking Glass-Next requests for information that may result in a future program.
“SNC has leaned heavily into the nuclear command, control, and communications architecture and it’s a natural fit for us, building on our work with the Department of War and our subcontractors on the E-4C SAOC. Our Looking Glass-Next responses and inputs will leverage relevant work and experience gained from SAOC, but we are also focused on being creative. We’re small enough to be agile, but big enough to deliver. That’s why we think we’re very well positioned in the NC3 space.”
The majority of SNC’s work on the E-4C SAOC is being completed at the NC3 Center of Excellence, housed in the Aviation Innovation and Technology Center (AITC) in Dayton, Ohio.
Golden believes the timing couldn’t be better to deliver bold and creative NC3 solutions. “The USAF is already asking the right questions, and industry is really able to innovate, which will result in a transformational era for nuclear command, control and communications.”
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Acredito que a vida adulta te coloca algumas provações inusitadas, como descobrir que detergente virou bebida de maluco negacionista e que o papel higiênico não se desenrola sozinho — a não ser quando seu gato faz picadinho dele numa madrugada qualquer.
Existem outras, claro, tão banais, como ir à lavanderia. Eu estou nessa prática há pouco tempo e percebi como esse ecossistema úmido é repleto de armadilhas sociológicas.
A lavanderia é um lugar onde a intimidade alheia se expõe, rodopiando a mil rotações por minuto, atrás de um vidro embaçado. Foi numa dessas incursões, armado com um cesto de roupas sujas e a ingenuidade de um novato, que o destino me pregou uma peça.
Recolhi minhas roupas da secadora e dobrei tudo com a pressa de quem quer voltar ao sofá. Ao organizar as gavetas, notei uma intrusa. Uma cueca vermelha. Não um vermelho discreto. Era um vermelho vibrante, quase radioativo, um vermelho que gritava “eu não tenho medo de desbotar na lavagem”.
Eu não tenho cuecas vermelhas. Minhas gavetas são um monótono degradê de cinza, preto e azul-marinho, o uniforme padrão da melancolia masculina urbana. Aquela peça rubra era um alienígena no meu guarda-roupa. Fiquei imaginando quem seria o dono e o que aquela cueca teria vivido.
Pensei em levar de volta. “Amanhã eu desço e deixo no balcão”, prometi. Mas o amanhã não chegou. A cueca vermelha ficou ali, no cesto de roupa suja, me encarando com toda a sua ousadia escarlate toda vez que eu me aproximava.
Semanas se passaram e a cueca foi soterrada por outras peças. Chegou o dia de lavar roupa novamente. No piloto automático, peguei tudo no cesto, desci, lavei, sequei, subi. Quando fui guardar… lá estava ela. Eu a havia lavado de novo. Avisei a Alexa para anotar o recado e me lembrar no dia seguinte. “Devolver a cueca”.
Por um momento, eu não só a tinha sequestrado, como também a mantinha num regime bizarro de cativeiro com pensão completa. Ela tinha dono e não era eu. Senti um misto de culpa e absurdo. E, por algum motivo besta, tinha nojinho dela.
Decidi que daria um fim naquilo. Um assassinato de algodão. Mas hesitei. Vai que o cara é apegado? A cueca já tinha ganhado status de entidade na minha casa.
Na vez seguinte em que desci à lavanderia, a maldita estava na minha sacola, pronta para ser devolvida. Enquanto a máquina girava, sentei-me e abri um livro, tentando fingir que não carregava a roupa íntima de um estranho no bolso. Fiquei sem jeito de colocar a danada na bancada porque havia mais gente.
Não é qualquer gente, é dessas que puxam assunto na lavanderia. Elas existem. Foi quando um rapaz deu início ao papo. Falamos do tempo, do síndico, da inflação do sabão. Amenidades. A conversa fluiu para o futebol. Ele suspirou pesado e, com a naturalidade de quem confessa um pecado, soltou:
— Pra piorar, perdi minha cueca da sorte aqui faz um mês. Sou flamenguista. Tinha uma cueca vermelha que eu só usava no dia de clássico. Sumiu na secadora. Sem ela, o Mengão perdeu o último jogo.
Eu, são-paulino desde o berço, congelei. A mão, que instintivamente tinha ido ao bolso, parou no meio do caminho. O tecido vermelho pareceu queimar meus dedos.
Olhei para o rapaz. Ele tinha um olhar triste, de quem acreditava que o time dependia daquela peça íntima. Pensei no meu Tricolor lutando no campeonato e nas minhas próprias mandingas de torcedor. Pensei no Flamengo. Pensei na cueca vermelha, limpinha, amaciada com lavanda, refém no meu bolso esquerdo.
Fiz o que qualquer homem ético e apaixonado por futebol faria naquela situação.
Fiquei em absoluto silêncio.
— Puxa, cara… que chato — lamentei, com a voz embargada por uma solidariedade falsa. — A máquina sempre come alguma coisa — consolei.
Ele assentiu, resignado. Recolheu suas roupas e saiu com sua sacola, levando consigo a esperança do seu time. E eu fiquei ali, com a cueca no bolso. Já sozinho, a depositei no balcão, olhando para os lados, e resolvi escrever um bilhete de improviso.
— Pertence a um flamenguista. Favor respeitar. Ele voltará.
Voltei para o apartamento satisfeito. Tirei as roupas da sacola, dobrei com cuidado e guardei. Para minha surpresa, e revolta, agora havia uma meia. Apenas o pé direito, daquelas estampadas com capivaras usando óculos escuros.
— “Não é possível”, pensei.
Levantei a meia contra a luz para observar melhor a capivara com seus óculos de lacração tug life. Se o Flamengo perdeu o jogo por causa da cueca, o que será que estava em jogo com aquela meia de capivara? Pelo sim, pelo não, passei a calçar a meia para ver os jogos do São Paulo. Passado um tempo, a conclusão: se o universo estava tentando me dar uma vantagem, definitivamente não funcionou.
With no secondary school in the southern half of the Isle of Mull, children must leave home for the mainland at the age of eleven, living in a youth hostel during the school week. It’s a system that has existed for generations—but what does sending children away so young do to a community? Fernando Pinho gently follows the families who must navigate this rite of passage, and explores the political decisions that have kept this structure in place.
You know that Monday morning dread, she said, when you hate your job and you can’t face going back? The children get that on a Sunday.
Sunday is the day of washing, drying and ironing, because the clothes that came home on Friday have to be packed again for Monday. And then the bag sits at the bottom of the stairs. You come down, and you see it, she said, and it’s this little reminder of what’s coming.
Sometimes there’s an invitation, a barbecue at someone’s house, all of them welcome, just a couple of hours, you’ll be home in time. But her son doesn’t want to leave the house on a Sunday, and she won’t leave him. How do I say I can’t go, she told me.
Stormy Morse lost two partners to gun suicide. She didn’t know that the second one, Lewis Tabler, had made the National Rifle Association the beneficiary of his retirement savings through its planned-giving program. In this feature, co-published with The New Yorker, Mike Spies describes what happens when the NRA, which has long denied a connection between access to guns and suicide rates, comes to collect:
Fisher, the NRA’s planned-giving director … e-mailed Applied Industrial, pointing out that Tabler had been dead for two months, and that “accounts with properly designated beneficiaries” are “generally available for distribution within 7–10 business days.” He went on, “We want to do whatever is needed to make this a smooth process.”
Meanwhile, multiple debt collectors had filed claims against Tabler’s estate, and the register of wills informed Stormy that she also owed an inheritance tax, since she was now the sole owner of the home.
As a favor, a neighbor of Stormy’s who was a lawyer spoke to the NRA’s assistant general counsel, Sarah Gervase, on her behalf. The neighbor raised the possibility that the organization might give up some of the money, according to Gervase, who recounted the exchange in an e-mail with Applied Industrial in early June. Gervase wrote that she “informed” Stormy’s neighbor that the “NRA is not willing to settle this.” Tabler’s cause of death did not seem to have any bearing on the organization’s position.
A 4-year-old boy has been drown in the swimming pool of a beach bar on the island of Paros on Saturday. The boy was alone in the pool area as the parents were swimming in the sea and had no visual contact with their child. Although the boy was struggling in the water of the […]
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For the fourth consecutive day, firefighters continue to battle the major wildfire in western Attica that appears to be out of control on Monday, despite the weakening of the winds. New flare-ups are non-stop and the fire front seems go in one direction, then change its route, return and sets on fire again what it […]
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