Andalucía rechaza seguir la estela de Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, esta última desde el próximo enero, para gravar con una tasa a los millones de turistas que cada año suben los gastos de las principales ciudades, ahogados para afrontar las facturas de limpieza, seguridad y patrimonio. La región fue la más visitada del país el año pasado, con casi 38 millones de turistas. Las capitales de provincia, con Sevilla y Málaga a la cabeza, insisten a la Junta para que les permita imponer el tributo, pero la Consejería de Turismo, en manos de Vox, se niega a legislar y dice que debe ser el Gobierno central a través de la Ley de Haciendas Públicas, la que les permita recaudar nuevos fondos. “Ni abro ni cierro la puerta a la tasa. Todavía no he escuchado a ningún alcalde decir que la empleará en la recogida de residuos o los problemas derivados del turismo, y la tasa debe ser finalista”, dispara el consejero andaluz de Turismo, Manuel Gavira, líder del partido ultraderechista en la región.
La nueva adaptación que Netflix prepara de Las Crónicas de Narnia ya se ha anunciado a bombo y platillo, por lo que todos conocen que la plataforma planea recuperar una de las sagas fantásticas más conocidas de la literatura. Esta vez, la responsabilidad recae en Greta Gerwig, que se pondrá al frente de El sobrino del mago, una película que ofrecerá una visión diferente de este universo, algo de lo que uno puede darse cuenta solo con ver el tráiler.
Sin embargo, a pesar de todas las modificaciones y del nuevo tono visual, la nueva cinta continuará con una tradición de la saga que ya cuenta con más de 20 años y que las tres películas originales mantuvieron. Un detalle que encaja con el carácter familiar de las historias creadas por C. S. Lewis.
Según la información publicada por FilmRatings.com, la Motion Picture Association ha otorgado a Narnia: El sobrino del mago una clasificación PG debido a sus «elementos temáticos, acción fantástica, lenguaje inapropiado, violencia breve y escenas de tabaquismo». Se trata de una calificación que ya acompañó a las tres películas originales, El león, la bruja y el armario en 2005, El príncipe Caspian en 2008 y La travesía del Viajero del Alba en 2010.
Eso sí, aunque el significado siempre es que se recomienda que los menores vean la película acompañados, los motivos concretos fueron diferentes en cada caso. La primera película recibió la clasificación por sus secuencias de batalla y momentos aterradores, mientras que la segunda lo hizo por su acción épica y violencia. La tercera, por su parte, fue calificada PG debido a algunas imágenes y secuencias aterradoras de acción fantástica. Con este nuevo proyecto, Netflix mantiene así una característica que ha acompañado a la franquicia desde su llegada a los cines.
La decisión también tiene sentido si tenemos en cuenta que ya funcionó en el pasado . Las tres películas originales consiguieron superar conjuntamente los 1.500 millones de dólares en taquilla, aunque sus resultados fueron descendiendo con cada estreno. El león, la bruja y el armario recaudó 745 millones con un presupuesto de 180 millones, mientras que El príncipe Caspian alcanzó los 419,6 millones tras costar 225 millones. Finalmente, La travesía del Viajero del Alba obtuvo 415,6 millones con un presupuesto de entre 140 y 155 millones.
La nueva adaptación, cuyo presupuesto se sitúa entre los 200 y los 250 millones de dólares, seguirá esa estela bajo el mando Greta Gerwig, que tampoco es ajena a este tipo de clasificación. Mujercitas recibió la misma calificación en 2019, mientras que Barbie fue PG-13 y Lady Bird obtuvo una clasificación R.
© Difoosion
IOPC launches independent investigation after referral by Scotland Yard over 2019 letter about Thomas Markle
Scotland Yard faces an independent investigation into its failure in 2019 to pass claims alleging wrongdoing by Thomas Markle, the father of the Duchess of Sussex, to law enforcement agencies overseas.
The force had referred itself to the Independent Office for Police Conduct (IOPC) over its handling of a letter written by Markle’s former wife, Roslyn Loveless. Markle, 82, is now facing claims of child sexual abuse in the Philippines, which he denies, and is under investigation by authorities there.
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© Photograph: Cyril Zingaro/KEYSTONE/AP
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Netflix prepara un nuevo estreno de true crime español para noviembre. La plataforma recupera el 'caso Aniceto', en la miniserie El crimen de Pazos. Isabel Fuentes fue asesinada en 2015 en la localidad gallega de Pazos y en esta ficción se reconstruyen los hechos y la investigación posterior. La miniserie es una producción de los creadores de El caso Asunta y la viuda negra
La serie llegará a la plataforma el próximo 13 de noviembre y pondrá el foco en las circunstancias que rodearon la agresión inicial a la víctima, las sospechas de los investigadores y las dificultades para evitar un desenlace fatal.
La ficción traslada al espectador a un pequeño pueblo gallego donde Aniceto y su mujer Irene (Isabel Fuentes en la vida real) llevan una vida tranquila. Todo cambia cuando ella sufre una violenta agresión en su propia casa, aparentemente durante un robo. Mientras la mujer permanece ingresada en el hospital, el sargento de la Guardia Civil Elías, comienza a sospechar que la explicación de su marido no encaja con lo sucedido.
Convencido de que Aniceto podría estar detrás del ataque, el agente intenta que se investigue su versión de los hechos y que Irene reciba la protección necesaria. Sin embargo, sus advertencias no encuentran la respuesta que espera y el principal sospechoso continúa en libertad. La trama avanza entre la investigación policial y la lucha por evitar que la víctima vuelva a sufrir una agresión.
La historia da un giro trágico cuando, 37 días después de la primera agresión, Irene vuelve a ser atacada en la habitación del hospital en la que permanece ingresada y finalmente fallece.
El caso también estuvo rodeado de polémica por los fallos en la protección de Isabel durante su ingreso hospitalario. La Guardia Civil había trasladado sus sospechas sobre el asesino y planteado la necesidad de adoptar medidas para impedir que pudiera acercarse a ella mientras permanecía ingresada. Sin embargo, estas medidas no llegaron a aplicarse y este pudo acceder a la habitación del hospital donde se encontraba Irene.
El protagonista de la miniserie será Tristán Ulloa, que interpreta al sargento de la Guardia Civil encargado de investigar el caso. El actor vuelve así a participar en una producción de suspense inspirada en hechos reales, un género en el que ya cuenta con mucha experiencia.
Junto a él aparecen Miguel Borines cómo Aniceto, además de otros intérpretes como Tito Asorey, Nacho Fresneda y Fernando Guillén Cuervo. La ficción también contará con la participación especial de Verónica Sánchez y Edu Soto.
La producción corre a cargo de Bambú Producciones, responsable de otras ficciones españolas como Fariña y El caso Asunta. Carlos Sedes se encuentra al frente de la dirección, mientras que Ramón Campos ejerce como productor ejecutivo.
La plataforma ha decidido acompañar el lanzamiento de la miniserie con otra producción centrada en los mismos acontecimientos. El 6 de noviembre, siete días antes de la llegada de la ficción, estará disponible en Netflix Desprotexida: El crimen de Pazos, un documental que reconstruye el asesinato de Isabel Fuentes y examina las circunstancias que rodearon su muerte.
El documental está dirigido y escrito por Jorge Laplace y cuenta con la producción de True Crime Factory, la compañía vinculada al periodista Carles Porta. Para reconstruir lo ocurrido, reúne los testimonios de investigadores, profesionales sanitarios, familiares, vecinos y periodistas que conocieron el caso.
El Tribunal Supremo estudiará si suspende también el derecho al voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos a los que se ha retirado el sufragio para el 29-N. La Sala de lo Contencioso-Adiministrativo descarta adoptar esta medida por la vía urgente, pero en una resolución dictada este viernes, ha dado tres días a las partes para que se pronuncien sobre la petición formulada por Iustitia Europa, que reclama que la medida adoptada por los jueces para más de 163.000 nacionalizados como hijos o nietos del exilio se extienda a su vez a los descendientes de estos, nacionalizados por otro apartado de la Ley de Memoria Democrática que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo. Según los datos de Exteriores incorporados al procedimiento por la Abogacía del Estado, por ese supuesto se han nacionalizado más de 189.000 personas que ya están inscritas en el censo de extranjero.
© Leo La Valle ((EPA) EFE)
Vox ha sido el único partido que no ha suspendido la precampaña electoral tras la tragedia ferroviaria del pasado miércoles en Urda (Toledo) y, desde entonces, no ha perdido la oportunidad de arremeter contra el Gobierno. El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha indicado en declaraciones a los medios en Barcelona que el accidente de trenes pone de manifiesto que el Estado es “incapaz de gestionar el bienestar de los españoles”. “Tenemos unos servicios, unas infraestructuras y una red del Estado que no funcionan y cada vez fallan más”, ha asegurado Figaredo, que no solo ha culpado al Ejecutivo del accidente sino que ha atribuido responsabilidades penales: a su juicio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, es “un criminal que debería ponerse a disposición judicial”.
© Europa Press
Il nuovo raddoppio della Tobin tax deciso dal governo nella legge di bilancio scatena il pianto del mondo finanziario. L’aumento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, che colpisce gli acquisti di azioni, porta l’aliquota sulle operazioni concluse sui mercati regolamentati dallo 0,2 allo 0,4% e quella sulle transazioni fuori mercato dallo 0,4 allo 0,6%. L’aggravio arriva dopo che con la manovra 2026 il governo aveva già raddoppiato le aliquote, portandole rispettivamente dallo 0,1 allo 0,2% e dallo 0,2 allo 0,4%. Viene inoltre aumentata l’imposta sulle operazioni ad alta frequenza, dallo 0,04 allo 0,06%. Ma il governo ha dalla sua il fatto che quell’intervento non ha affatto provocato la paventata fuga verso altri mercati: a fronte di 337 milioni di maggiori entrate annue stimate nella relazione tecnica, nei primi otto mesi di quest’anno dalla tassa sono arrivati 917 milioni, 445 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Segno che la base imponibile ha visto al più una flessione lievissima.
Gli operatori continuano comunque a lamentare che il nuovo aumento rischia di rendere ancora meno attrattiva Piazza Affari, in contrasto con l’obiettivo dichiarato dell’esecutivo di voler rilanciare il mercato dei capitali italiano attraverso la riforma del Testo unico della finanza. Venerdì Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, durante l’evento “Più Borsa, più crescita: l’Italia delle 1000 quotate”, ha dichiarato che “mette l’Italia fuori da qualunque competizione, fuori proprio dal gioco. È veramente surreale“. Firpo ha chiamato in causa anche il trattamento fiscale delle azioni proprie, gli strumenti attraverso cui le società possono riacquistare i propri titoli e utilizzarli anche per piani di partecipazione di lavoratori e risparmiatori. Disposizioni che, secondo il direttore generale di Assonime, “non stanno né in cielo né in terra” e finiscono per rendere questo strumento fiscalmente svantaggiato rispetto a quanto avviene in qualsiasi altro Paese.
Le critiche erano già arrivate ieri, all’indomani dell’annuncio dell’aumento delle aliquote. Vincenzo Polidoro, presidente di AssoNEXT, l’associazione delle piccole e medie imprese italiane quotate, aveva chiesto “che nel confronto parlamentare si trovi un equilibrio che preservi l’attrattività del mercato per le pmi quotate e per chi sceglie di investire nell’economia reale”.
Contro il nuovo aumento si è schierata anche AMF Italia, l’associazione degli intermediari dei mercati finanziari che nota come il passaggio all0 0,4% porterebbe l’Italia in cima ai Paesi europei con la fiscalità più sfavorevole per chi investe in azioni e chiede almeno di alzare da 500 milioni a 1 miliardo la soglia di esenzione, allineandola alla definizione di pmi contenuta nel Tuf.
La Tobin tax, introdotta in Italia nel 2013, è un’imposta sulle transazioni finanziarie che prende il nome dall’economista James Tobin, che negli anni Settanta aveva teorizzato un prelievo sui movimenti di capitale. Nel nostro Paese colpisce principalmente gli acquisti di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società con sede legale in Italia, indipendentemente dal luogo in cui avviene la transazione. Non si applica alle azioni di società con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro, agli Etf e ai titoli di società italiane con sede legale all’estero.
L'articolo Finanza in lutto per il nuovo aumento della Tobin tax sulle transazioni: “Surreale”. Ma col precedente raddoppio +94% di gettito proviene da Il Fatto Quotidiano.
The screenwriter David Schulner, 52, walks the corridors of Vall d’Hebron hospital in Barcelona imagining plots for an episode he will never shoot. New Amsterdam ended in 2023, but every time he steps into a hospital he feels like he’s back on set because the series was filmed in real New York hospitals. And he thinks about “things we could have done better, and things that the science has changed,” he says in a room at the Barcelona public hospital complex. He speaks a few hours before giving a talk on how to use reality in medical fiction at the third International Congress on Health Communication.
Discovering Kyparissos this month was really down to social media brainwashing. Obviously, my algorithm favours restaurants, but Kyparissos kept coming up, and I didn’t know the name at all.
After a little research, I realised it was a restaurant I had driven past so many times on my way into Kathikas, but for whatever reason I had never turned into the car park. Upon arrival, the algorithm hype melted into genuine delight. This restaurant revealed a level of cooking that made me grateful I had followed the digital breadcrumbs all the way to its door.
The restaurant is huge, with green taverna chairs matching the tablecloths. The interior on the night we visited was spotlessly clean, and it was definitely too cold and wet to sit in one of the outdoor areas dotted around the restaurant. At the back, as you park your car, you’re greeted by row upon row of vines leading to the restaurant and spectacular views. The menu is extensive, offering all of the Cypriot favourites. A particularly nice touch was the first page, with photos of the four generations involved in the restaurant since it started in 1960, and an explanation of how it all began with their grandfather announcing he would open a taverna after a family barbecue. Wow – how it has grown over the intervening years.
As part of the menu, there was a daily special of spinach pie, so we bypassed the selection of hot and cold small dishes and started with that to share. Complimentary toasted bread splashed with olive oil and herbs was served with gorgeous olives and a very tasty tahini on the side. The spinach pie’s arrival at the table was a lesson in excellent food presentation, and it applied to everything on the menu.
I have never seen a pie look so enticing. They split it into four parts on a chopping board and scattered cherry tomato halves and cheese crumbs over it. Beneath the whisper-thin sheets of filo pastry was a wonderful filling of spinach, soft herbs, and cheese, creating a decadent, savoury, velvety centre. The four of us quickly demolished it.
Choosing our main courses wasn’t easy and took much deliberation.
The first main was Spicy Lamb Meatballs, served over a Greek pitta with the freshest finely cut salad, tzatziki, and fries in a little basket. The meatballs were a winner and captured Kyparissos’ ethos: high-quality, fresh ingredients expertly cooked in the kitchen. The meatballs had real aromatic depth, were bold and indulgent, and were seared to a smoky crust. With the other ingredients on the plate, it offered perfection in textures and flavours.
Two of us decided to try the Souvlaki in both pork and chicken versions, as others had praised it online. The best Souvlaki is all about the purity of fire and the patience to produce it. You want your meat to be kissed by the charcoal, not smothered by it. The Souvlaki at Kyparissos was juicy, tender and a generous portion. Both dishes came with salad, traditional pitta, and homemade fries with tzatziki on the side. Both were the finest examples of this traditional dish.
Our final main course was the Marinated Chicken, which was three pieces of chicken breast. It was crispy where it needed to be and succulent inside. Chicken is always highly attractive when the flavours sink deep into the meat and is richly seasoned. The Kyparissos version had a slow infusion of lemon, garlic, and fragrant herbs, resulting in tender, aromatic chicken with a whisper of smokiness. Everybody at the table was delighted with their choice and individual dish.
Rather embarrassingly, before we could order our pre-selected homemade desserts to share, a plate with four pieces of delectable orange cake was placed in front of us on the house. As we ordered two more desserts to write about, you could see the waiter’s face betraying his thoughts of greedy people! Still, we were glad to share an Anari Surprise and the Kyparissos Chocolate Cake – a word of warning that desserts here are definitely designed to be shared. The Anari dessert was very different to versions we have enjoyed in the past: like little mince pies with a filling of Anari cheese lifted by the strong flavour of Cinnamon. The chocolate cake was light and fluffy, with a velvety, decadent chocolate topping, served with ice cream and cream.
Combined with excellent service throughout the meal and a bottle of the house red from the family vineyard, the whole experience at Kyparissos was superb. A family-run taverna like this deserves every bit of praise. It is the kind of place where the cooking is heartfelt, the flavours are excellent, and every plate feels like it’s been carried from someone’s home kitchen.
I look forward to returning, either to try their full meze, which you just know would be pretty special, or their set menu Sunday lunch, which includes a variety of dishes for €25. Kyparissos is certainly a little piece of gastronomic heaven in the hills.
VITAL STATISTICS
SPECIALTY Cypriot
PRICES Cold Starters from €4.00, Hot Starters from €9.50, Salads from €10.00, Main Dishes from €15.50, Sunday Set Menu €25.00.
WHERE Leoforos Aki Kleanthous. Kathikas, Paphos. Main road up from Peyia.
WHEN Open every day except Wednesday. 1 – 11 pm. Reservations recommended.
CONTACT 99 557 545
A month after the explosion in historical center of Athens, in Plaka, where 6 people were killed, the Fire Service Arson Crime Division identified three suspects: cooper-thieves who had cut off a pipe of natural gas, thus triggering the explosion on September 25.. Authorities issued arrests warrants against three men, aged 34, 37 and 55, […]
The post Copper-thieves triggered explosion with 6 dead in Athens; 3 arrests appeared first on Keep Talking Greece.
La Manovra 2027 del Governo Meloni avrà ricadute dirette su una serie di categorie, a partire dalle famiglie e dai giovani.
Vediamo chi ci guadagna, e quanto, con alcune delle misure previste nella Legge di Bilancio di prossima approvazione.
Il Governo punta ad aprire una posizione previdenziale già alla nascita, sul modello tedesco. È previsto un contributo dello Stato di 100 euro all’anno dalla nascita al compimento dei 18 anni.
Si parla, quindi, di 1.800 euro in totale in gestione alla Cassa depositi e prestiti. Basandosi sulle stime del Governo tedesco per quanto riguarda la misura applicata in Germania, e rapportando le stime all’Italia, il beneficiario si ritroverebbe con un tesoretto di oltre 50mila euro all’età di 65 anni. Che potrebbe arrivare a sfiorare i 110mila euro con il contributo dei genitori di 120 euro l’anno fino ai 18 anni. Con 240 euro l’anno, il capitale salirebbe a 160mila euro.
Cambiamenti in arrivo anche sul fronte dei congedi parentali: nel caso del congedo retribuito all’80%, fruibile entro i sei anni del figlio, si passa da tre a quattro mesi per il primo figlio. E si sale a cinque mesi per il secondo figlio e a sei mesi dal terzo figlio.
Si prenda adesso il caso di un genitore con uno stipendio di 2.500 euro lordi al mese. Con il congedo all’80% porta a casa 2.000 euro lordi. Nei mesi col congedo al 30% incassa 750 euro. Si tratta di una differenza di 1.250 euro al mese.
Oggi, con tre figli, ha diritto a tre mesi all’80% per ciascun figlio, nove in tutto. Se passasse la norma della Manovra 2027, i mesi diventerebbero quindici: quattro per il primo, cinque per il secondo, sei per il terzo. Traduzione: sei mesi in più pagati all’80% anziché al 30%. In soldoni: 7.500 euro lordi.
E per i genitori con un lavoro autonomo, che i congedi non sanno cosa siano, è previsto un voucher per baby-sitting e servizi per l’infanzia fino a 500 euro al mese, per max tre mesi: 1.500 euro in totale.
Restiamo in tema famiglia: per i genitori in là con gli anni e per i nonni c’è l’ipotesi, fortissimamente voluta da Matteo Salvini (Lega), di una nuova Quota 100. Si tratterebbe, se confermata, di una pensione anticipata a 64 anni con 36 anni di contributi. Il tutto, però, con un rischio di vedere un taglio dell’assegno pensionistico. Secondo le prime simulazioni, il taglio dell’assegno potrebbe aggirarsi attorno al 10%.
Per i lavoratori è in arrivo una novità che riguarda l’Irpef: dal 2027, il secondo scaglione Irpef salirà da 50 a 55mila euro. E sulla quota di reddito compresa fra queste due soglie si pagherà il 33% anziché il 43%. Il taglio vale un massimo di 500 euro l’anno. Il risparmio è di 100 euro ogni 1.000 euro di reddito imponibile oltre i 50mila euro. La misura riguarderà sia i lavoratori sia i pensionati.
La manovra innalza da 85mila a 100mila euro la soglia di ricavi e compensi per restare nel regime forfettario, lasciando invariata la flat tax al 15% (5% per le nuove attività). Chi supera gli 85mila euro, ma non oltrepassa i 100mila, potrà quindi mantenere il regime agevolato anche l’anno successivo. Il risparmio stimato è di 7.450 euro con 90mila euro di compensi, 8.140 euro con 95mila e circa 9mila euro con 100 mila.
La Manovra introduce per i lavoratori dipendenti under 30 una tassazione agevolata all’1% sugli aumenti di reddito, fino a un massimo di 2.500 euro e per un solo anno.
Ipotizziamo il caso di un impiegato di 28 anni che guadagna 25.000 euro lordi all’anno. Se nel 2027 riceve un aumento di 1.500 euro lordi, su questa somma paga innanzitutto circa 138 euro di contributi Inps. Sui restanti 1.362 euro si applica l’imposta sostitutiva dell’1%, pari a circa 14 euro. L’aumento netto che gli rimane in busta paga è quindi di circa 1.348 euro. Con la tassazione ordinaria, il lavoratore incasserebbe sui 1.150 euro. Il vantaggio della nuova agevolazione sarebbe quindi di circa 200 euro netti in un anno.
Hackers stole $6.3 billion from Binance, the world’s biggest cryptocurrency exchange, in a record digital asset theft.
About $6.3 billion of cryptocurrencies were drained from wallets that Binance uses to process transactions, according to the exchange and expert analysis of blockchain records.
Binance said in a statement on X that it initially thought the attack involved a compromised laptop. “However, our subsequent investigation has uncovered additional points of breach,” it added, without elaborating.
The exchange operates a secure asset fund for users, a $1 billion bitcoin reserve designed to protect customers in the event of a security breach, according to its website.
Co-CEO Richard Teng said losses would be covered by the fund and company resources.
According to US blockchain analytics firm TRM Labs, the attackers compromised Binance’s “signing infrastructure”, which authorizes transactions, allowing them to issue instructions that emptied the affected wallets.
The bulk of the heist unfolded in about 20 minutes, blockchain records show, beginning shortly after 2000 GMT on Thursday.
Once the funds were moved, the attackers raced to shift them beyond the reach of Binance counterparties and stablecoin issuers, which have frozen roughly half of the stolen assets.
An unusual feature of some cryptocurrencies, including major stablecoins such as Tether’s USDT and Circle’s USDC, is that their issuers can freeze them remotely.
“In layman’s terms, the attacker may not have stolen the vault key, they may have hijacked the system that tells the vault to release money,” said Joshua Chu, a Hong Kong lawyer who works on crypto cases.
Several US blockchain analysis firms said the attack bears similarities to previous operations attributed to North Korean hackers.
Teng said Binance’s investigation had not yet identified the attackers, while North Korea routinely denies involvement in cyberattacks and cryptocurrency thefts. North Korea’s mission in Geneva and embassy in China did not immediately respond to requests for comment.
TRM said the breach shared characteristics with last year’s attack on crypto exchange Bybit, which the FBI attributed to North Korean hackers. The firm said it was highly confident the same group was behind the Binance theft.
Chainalysis said funds stolen in an attack last month on Bitget were being mixed with proceeds from the Binance breach.
About half the stolen assets were stablecoins that have since been frozen by issuers including Tether, Circle, Ripple and World Liberty Financial, the Trump family’s crypto venture.
That doesn’t mean the coins will be returned to Binance, but it significantly limits the attackers’ ability to convert them into cash.
TRM said some of the funds had already been posted as collateral to borrow ether and estimated that about $2.4 billion worth of bitcoin and ether is beyond reach.
“No company issues bitcoin or ether and no company can freeze either one,” said Patrick Tan, general counsel of ChainArgos, a blockchain intelligence firm in Singapore.
“The bitcoin and ether can be stopped only if the attacker sends them to a crypto-asset exchange or broker that is able and willing to freeze them, or if law enforcement obtains the private keys.”
Market participants said the attackers would likely mix the stolen coins with other assets or use lesser known coins and exchanges to try to move the proceeds.
“The more time passes, the less likely they will be able to fold those funds into other exchanges or payment providers — they essentially get blacklisted,” said Bernardo Brites, CEO of Trace Finance, a stablecoin infrastructure company.
“In reality a lot of the proceeds of hacks … (can only be laundered) in the first few hours, but after that happens, you have a lot of different players who know those are marked funds … and they usually sit there for years.”
The theft is the latest in a series of major digital asset breaches. Attackers stole $2.9 billion of cryptocurrency across nearly 150 incidents last year, according to TRM Labs.
The attack has also rattled confidence in the sector. Cryptocurrencies fell on Friday and the total market value of stablecoins declined, suggesting investors were pulling money from digital assets.
Il 24 ottobre, l’Ucraina ha annunciato che i suoi sistemi Starlink e Starshield erano di nuovo pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni. Nello specifico, il Ministero della Difesa ucraino ha rilevato che la connessione è tornata stabilmente a velocità superiori a 400 km/h, a fronte dei 160 km/h a cui era precipitata giorni prima.
La limitazione, hanno spiegato diversi funzionari ucraini, aveva compromesso la capacità ucraina di intercettare i droni russi in fase di attacco, costringendo le forze armate di Kiev ad annullare alcune operazioni già pianificate.
Tuttavia, a brevissima distanza dal ripristino della piena operatività dei sistemi Starlink a disposizione di Kiev, Elon Musk, amministratore delegato di Space-X, ha accusato l’esercito ucraino di aver violato i termini di servizio.
In un post sul suo profilo X, il magnate di origini sudafricane ha affermato che: «l’uso di Starlink, un servizio commerciale civile, per attacchi con droni offensivi volti a uccidere persone non è mai stato consentito, né dovrebbe esserlo. Starshield è un sistema diverso ed è controllato dal governo degli Stati Uniti. Ciò che decidono di fare spetta a loro».
L’esercito ucraino «ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni offensivi volti a uccidere persone. Quella falla è stata chiusa la settimana scorsa».
Starlink «rimane cruciale per la difesa dell’Ucraina, poiché è l’unico sistema che non può essere disturbato o distrutto, almeno per ora. Se Starlink venisse spento, il fronte ucraino collasserebbe immediatamente. Questa non è una minaccia, è semplicemente un dato di fatto.
Il sistema si è rivelato cruciale per «impedire alla Russia di sopraffare l’Ucraina nei primi giorni della guerra, poiché tutti gli altri mezzi di comunicazione erano stati distrutti o disturbati dalla Russia».
Space-X «ha fatto molto di più per difendere l’Ucraina di qualsiasi altra azienda privata sulla Terra. Detto questo, non provo che disprezzo assoluto per i guerrafondai che fanno la morale e spingono per un massacro senza fine, senza offrire alcuna soluzione realistica al conflitto. Che possano bruciare all’inferno. Fine della storia».
Starlink è un sistema internet satellitare gestito da Space-X, mentre Starshield è una versione che si avvale della tecnologia Starlink per scopi militari gestita dal governo degli Stati Uniti.
Questa integrazione rende quantomeno ambigua la posizione di Starlink, mettendo in seria discussione la natura privata della casa madre Space-X.
Quella del connubio pubblico-privato negli Stati Uniti è una storia vecchissima, ma che trova negli anni Cinquanta uno dei suoi momenti decisivi.
All’epoca, in piena Guerra Fredda, lo spauracchio sovietico, agitato con cieca ossessività specialmente in seguito allo shock generato dal lancio dello Sputnik (1957) e all’entrata in servizio del bombardiere strategico Tupolev-95, si rivelò determinante a costruire un robusto consenso politico attorno alla decisione dell’amministrazione Eisenhower di destinare una quota crescente di risorse al rafforzamento della marina e al potenziamento dei settori di ricerca e sviluppo.
L’onere di gestire le risorse e coordinare gli sforzi in questo senso ricadde sulla Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), un organismo facente capo al Pentagono fondato, al pari della National Aeronautics and Space Administration (Nasa), nel 1958 in conformità all’esigenza di colmare il divario tecnico-scientifico con l’Unione Sovietica.
Mentre il governo moltiplicava le misure di stimolo alle imprese (assegnazione di commesse pubbliche agli atenei, concessione di agevolazioni fiscali, ecc.), la Darpa elaborava una rete di ricerca e condivisione a maglie strettissime, in grado di interconnettere decine di università, start-up e laboratori di ricerca e portare gli Stati Uniti all’avanguardia nel campo cruciale della scienza. Il lancio dei programmi Gemini e Apollo, lo sviluppo dei missili balistici a medio e lungo raggio, la realizzazione dei sottomarini e delle portaerei a propulsione nucleare si devono al contributo determinante apportato dalla Darpa.
Nel 1982, il Congresso approvò il programma di sostegno alle start-up Small Business Innovation Research (Sbir), affidandone la gestione alla Small Business Administration, predisponendo parallelamente la trasformazione della Darpa nel fondamentale canale di collegamento tra imprese e dipartimenti universitari, in grado di assolvere ai compiti di mediazione tecnologica e imprenditoriale necessari alla commercializzazione delle innovazioni che venivano realizzate nei settori di punta (informatica, telecomunicazioni, biotecnologia, semiconduttori, ecc.) dalle società hi-tech a cui il complesso militar-industriale aveva subappaltato parte delle mansioni legate ai comparti di ricerca e sviluppo, nell’ambito della celeberrima Strategic Defense Initiative (Sdi).
Il progetto, concepito dall’amministrazione Reagan e annunciato urbi et orbi nel marzo 1983, puntava alla creazione di un sistema di difesa aerea multistratificato basato su intercettori spaziali in grado di colpire i missili balistici nemici prima che colpissero il suolo statunitense, “superando” così il principio della mutua distruzione assicurata su cui si era imperniata la Guerra Fredda fino a quel momento.
La Sdi, recita un documento del dipartimento di Stato, «si basava su tecnologie avveniristiche, inclusi sistemi laser spaziali non ancora realizzati», il cui sviluppo assorbì enormi risorse pubbliche in larga parte ridistribuite a beneficio delle aziende private sotto il coordinamento della Darpa.
Una volta convertite all’uso civile, le nuove tecnologie ad elevata intensità di capitale messe a punto contestualmente alla Sdi assunsero rapidamente un grado di pervasività – inteso come capacità di trovare applicazione in un numero sbalorditivo di campi sconvolgendone il funzionamento e i rendimenti – tale da scompaginare il vecchio sistema di produzione fordista ad elevata intensità di manodopera riducendo drasticamente la presenza umana sia nella manifattura che nel settore di servizi.
«Non si tralasciò occasione – osserva Giuseppe Guarino – che si prestasse per la stimolazione e la promozione della Information Technology per finalità militari. Ognuna delle sue fasi essenziali, con successiva trasformazione e utilizzazione dei prodotti a fini commerciali, è stata in pratica resa possibile dal sostegno del Dipartimento della Difesa, dalla Nasa e degli altri dipartimenti militari, compresa la Cia […]. Il merito dell’intervento pubblico non è di aver assorbito l’intera produzione della Information Technology, ma di aver contribuito in maniera determinante con i propri acquisti iniziali a far scendere i prezzi a livelli che avrebbero consentito la diffusione civile e commerciale delle innovazioni, nonché con quelli successivi che hanno favorito l’utilizzazione delle nuove tecnologie nell’organizzazione pubblica, anche civile, e la diffusione delle stesse» (1).
La progressiva affermazione del nuovo modello in tutti i comparti dell’economia ha accelerato il processo di “terziarizzazione” dell’economia statunitense, e palesato il ruolo cruciale giocato dallo Stato rispetto al finanziamento dello sviluppo tecnologico realizzato da aziende private.
Negli anni ’90, sotto la direzione del direttore George Tenet, la Cia iniziò a finanziare generosamente le piccole aziende intente a sviluppare tecnologie applicabili a fini di intelligence aggirando le lungaggini che caratterizzano la mastodontica macchina burocratica statunitense. A questo scopo, la Casa Bianca e il Congresso approvarono la creazione di In-Q-Tel, oscura società di venture capital senza scopo di lucro incaricata di finanziare la messa a punto di tecnologie d’avanguardia per conto – o quasi – della Cia. Come riporta il «Wall Street Journal»: «i vertici In-Q-Tel considerano l’azienda come indipendente, nonostante i legami molto stretti con la Cia e il fatto che quasi tutte le decisioni di investimento sono gestite dall’agenzia di spionaggio […].La presenza di intricati legami è endemica nel venture capital, in cui la conoscenza intima del settore è essenziale per il successo. Le altre società, tuttavia, giocano con il proprio denaro, o quello di privati».
In-Q-Tel «utilizza denaro pubblico, soggetto a severe norme sul conflitto di interessi e, secondo fonti vicine, si tratta di almeno 120 milioni di dollari all’anno. A volte impegna questo capitale secondo modalità che, anche se non intenzionalmente, avvantaggiano gli stessi amministratori dell’azienda in virtù di altre cariche nel settore hi-tech».
Quasi sempre, le scelte di In-Q-Tel «attraggono altri finanziamenti. Ogni dollaro investito in una piccola impresa in genere è accompagnato da 15 dollari provenienti da altre fonti. Questo aumenta le probabilità di successo del piccolo business in questione e rende le sue stock option più preziose».
Nel 2000, In-Q-Tel ha investito somme piuttosto rilevanti in alcune imprese che producevano satelliti e che si occupavano di raccogliere, classificare e analizzare dati sensibili. In breve tempo, la società ha accumulato quote azionarie di maggioranza di decine compagnie hi-tech, così da dettarne gli indirizzi e allinearle alle esigenze di Washington. Opportunamente orientata dai fondi di In-Q-Tel, una compagnia specializzata nell’elaborazione di soluzioni chimiche adatte alla fabbricazione di tappeti sviluppò in breve tempo una specie di sonda in grado di rilevare la presenza di veleni ed altre sostanze chimiche letali in ambienti chiusi, poi sistematicamente impiegata nei teatri di guerra afghano e iracheno.
Parallelamente, In-Q-Tel investì in un’azienda operante nel settore delle antenne satellitari, ricavando sistemi di localizzazione portatili di cui le truppe e le forze speciali Usa si sono servite per segnalare la propria posizione ai centri di comando.
Più recentemente, i capitali di In-Q-Tel hanno finanziato aziende cruciali come Anduril e, soprattutto, Palantir, saldamente integrata nelle macchine militari statunitense, israeliana e ucraina oltre che nella pubblica amministrazione britannica e in molti altri comparti critici.
L’altissimo livello di “collaborazione pubblico-privato” raggiunto negli Stati Uniti grazie a entità come In-Q-Tel è emblematizzato dal cosiddetto “scandalo Datagate”, scoperchiato nel 2013 grazie alle rivelazioni dello “spifferatore” Edward Snowden. In qualità di tecnico impiegato per una società appaltatrice della National Security Agency, Snowden ha documentato con dovizia di particolari l’esistenza di una rete di sorveglianza capillare e massiccia sui miliardi di comunicazioni sia interne che esterne agli Stati Uniti gestita dalla Nsa stessa attraverso Prism. Vale a dire un sistema in grado di assicurare all’intelligence nazionale la possibilità di accedere in maniera diretta ai server di cui si servivano le aziende operanti nel settore dell’alta tecnologia per ottenere qualsiasi tipo di informazione (messaggi, fotografie, e-mail, ecc.).
Entrato in vigore nel 2007 e beneficiando nel corso degli anni della collaborazione di colossi del calibro di Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, Skype, AoL, YouTube e Apple, Prism ha posto la Nsc e anche il Gchq britannico nelle condizioni di acquisire i metadati in transito attraverso i cavi in fibra ottica collegati ai server centrali di Yahoo e Google.
Space-X non ha beneficiato dei fondi di In-Q-Tel, ma del subappalto sistematico ad opera di agenzie statali come la Nasa o dello stesso Pentagono, che come contropartita gode di libero e completo accesso alla tecnologia Starlink. Al punto da garantirlo a Paesi alleati come l’Ucraina.
La decisione di ridurre prima e ripristinare poi il servizio Starlink a Kiev non fa quindi capo a Elon Musk, ma sui vertici del potere pubblico statunitense a cui Space-X – così come le altre grandi aziende hi-tech statunitensi – rispondono più o meno indirettamente.
NOTE
1) Guarino, Giuseppe, I soldi della guerra. Gli Stati Uniti: spesa militare, innovazione, economia globale, Mondadori, Milano 2003, pp. 67-80.
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