El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya los cuerpos de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias. Por el momento, han sido notificadas a las familias cinco identificaciones que corresponden a tres mujeres y dos hombres. Mientras continúa la investigación de lo sucedido y la identificación de víctimas del accidente ferroviario en Urda, los partidos políticos centran su mirada en el ministro de Transportes, Óscar Puente. El socialista comparecerá el 3 de noviembre, a petición propia, en el Congreso, tras la solicitud de varios socios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este viernes en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Toledo. Le acompañará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido.
Todos los partidos políticos decidieron suspender ayer la campaña electoral. Salvo uno. Vox. «Más bien dos», aseguran en las filas del Partido Popular, donde creen que hay una diferencia. Santiago Abascal mantiene su agenda habitual con normalidad y en el PSOE fingen una tregua cuando, en realidad, tienen toda la maquinaria electoral a pleno rendimiento.
La evidencia a la que apuntan los dirigentes populares es la filtración de las comunicaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas de los trenes que en la tragedia ferroviaria. «El PSOE no ha dejado de hacer campaña en estos días. Está filtrando audios para eludir su responsabilidad», sostiene un mando destacado del partido.
Desde que trascendió el siniestro, el Gobierno ha tratado de cargar toda la responsabilidad sobre los hombros de los empleados de Adif. La hipótesis oficial que difundió la Moncloa desde primera hora del miércoles y que todavía mantiene es la de un «fallo humano» que exime de cualquier culpabilidad a la gestión pública.
Un hecho inédito y lamentable, según todos los dirigentes populares. «El Gobierno vino a echarle la culpa a alguien. Lo que hizo el ministro de Transportes es echarle la culpa a un operador de Atocha», lamentó Feijóo en su declaración desde la zona cero de la tragedia. «Lo que ha pasado no lo podemos concluir simplemente con esa frivolidad impropia de un ministro o de un Gobierno ante la catástrofe segunda del corredor ferroviario que une Madrid con Andalucía», insistió el presidente popular.
Desde la dirección de Génova 13 descartan elevar el tono de la denuncia. Aunque, a un mes de las urnas, no hay mensaje que no se interprete en clave electoral. Lo más lejos que llegó a decir ayer Feijóo es que «así no podemos seguir». Censuró el balance del Gobierno. «Con esta forma de gestionar no se puede continuar. Y no será porque no esté avisado. No será porque no haya habido incidentes o porque no tenga dinero, porque este Gobierno es el Gobierno que más dinero ha tenido con mucha diferencia de la democracia».
No obstante, insistió: «Vamos a enterrar a los muertos, rendir homenaje a las víctimas y el Gobierno que haga lo que considere oportuno. La gente en España ya ha tomado una decisión». El luto nacional terminará este sábado. En el comité de campaña todavía no tienen claro cómo reanudarán los actos. Lo que sí tienen claro es que el escenario ha cambiado por completo.
El estado de ánimo general en la cúpula popular es de «desolación». La muerte de Fátima Báñez ha dejado tocados a muchos dirigentes. Algunos admiten que no tienen cuerpo para regresar a la dinámica habitual de campaña. Música, fotos, aplausos, euforia. Desde luego, la tragedia agrava la estrategia y le confiere otra seriedad. Si ya de por sí el planteamiento de los populares en nada se parecía al del PSOE, basado en los bailes, los besos y «la fuerza del amor», ahora el tono es completamente distinto. Seriedad por encima de todo.
En Génova, no obstante, defienden la necesidad de reanudar la campaña. Y centrarla de donde nunca debería salir: la gestión y la propuesta de una alternativa completa al sanchismo. En el plano institucional, moral y económico. Vivienda, infraestructuras, precios, seguridad.
Una estrategia distinta a la de Vox, que no ha cancelado ningún mitin. Ayer por la tarde Abascal, desde Ávila, afirmó: «Frenar al fascismo les gusta mucho. Que frenen un tren es pedirles demasiado a estos corruptos y a estos traidores».
Los controladores del centro de coordinación de Atocha (Madrid) ordenaron al AVE 2080 que siguiera un protocolo equivocado antes de que el miércoles embistiera al Iryo 6076 en la localidad toledana de Urda, causando al menos 69 muertos y 58 heridos. Así se desprende del libro de normas del maquinista de Renfe y de los testimonios recabados por este diario de tres expertos con experiencia en el manejo de la línea de alta velocidad que une Madrid y Sevilla.
Falta de personal y una fuerte presión sobre los hombros de los operarios en horas pico de tráfico. Son dos de las quejas recurrentes de los sindicatos al referirse al Puesto de Mando y Centro de Regulación y Control (CRC) que el gestor de la infraestructura ferroviaria Adif tiene junto a la estación madrileña de Atocha. En él trabajan un centenar de personas en torno a Da Vinci, uno de los sistemas de vigilancia de la red ferroviaria más avanzados de Europa. Desde sus pantallas se monitoriza el control de tráfico centralizado, las comunicaciones fijas y GSMR, la señalización, sistemas de seguridad, sistemas de planificación y regulación del tráfico, videovigilancia y control de las estaciones. Hasta ahora, un motivo de orgullo para la compañía dependiente del Ministerio de Transportes, pero es aquí donde se fragua la cadena de órdenes inconexas que acaban el miércoles en tragedia, con el choque de dos trenes y al menos 69 víctimas, en la localidad toledana de Urda.
Los audios de las conversaciones entre el centro de mando de la estación de Atocha y los maquinistas de los trenes siniestrados este miércoles cerca de Urda (Toledo), apuntan, como sostuvo desde el primer momento el Ministerio de Transportes, a un fallo humano. Pero un análisis pormenorizado con expertos, entre ellos, maquinistas, de esas grabaciones y la compleja jerga de siglas y acrónimos que manejan, hablan de un error mucho más extendido, que alude directamente al sistema.
El viaje a Sevilla era un regalo de sus hijas. Aquella mañana, Antonio Chao y Toñi Barba, ambos de 59 años, se despidieron de una de ellas antes de subir al AVE que los llevaría a pasar un par de días en la capital andaluza. Ella los había acercado en coche hasta la estación de Atocha. En el coche 7 tenían asignados los asientos 9B y 9A, uno junto al otro. Antonio recuerda con precisión los instantes previos al accidente. Lo que vino después se le aparece entre imágenes confusas que empiezan con un golpe seco, siguen con el vagón precipitándose por un terraplén y continúan cuando consigue abrir los ojos. Lo primero que hace entonces es buscar a su mujer.
La presión es enorme y va a crecer mucho en cuanto acabe el duelo oficial por los muertos en el accidente de Urda. Todo indica que la petición de dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes, será uno de los ejes de la campaña de PP y Vox en las próximas semanas. Pero no solo ellos apuntan a uno de los hombres clave del sanchismo, decisivo en la campaña socialista. También algunos socios importantes del PSOE, como el PNV o el Frente Amplio, están apuntando a su responsabilidad y rechazando la idea de que el accidente pueda explicarse simplemente con el argumento del “fallo humano”.
Algunos dirigentes de la cúpula del Partido Popular no podían contener las lágrimas tras la confirmación este jueves, 30 horas después del accidente, de que la exministra Fátima Báñez era una de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda. La familia de la exdirigente del PP tuvo que afrontar una espera agónica hasta que los bomberos consiguieron recuperar su cuerpo de los restos de los vagones siniestrados, lo que retrasó su identificación y añadió todavía más impacto emocional a la noticia de su muerte entre sus allegados en el PP, que eran muchos. Báñez era una figura muy querida en el partido y su pérdida ha provocado una conmoción en el PP que explica también el tono contenido ante la catástrofe, según transmiten en la cúpula, pese a la furia que recorre a las filas populares contra el Gobierno. Génova ya había decidido, en todo caso, respetar el luto oficial y Alberto Núñez Feijóo se mantuvo este jueves, un día después del accidente, en un perfil institucional sin pedir dimisiones, aunque sí reclamó que se asuman responsabilidades políticas antes de la investigación. En el PP los ánimos están muy caldeados y la reflexión interna es que, superado el luto, se apuntará a Sánchez. “Con la dimisión de Puente no basta”, advierte un dirigente.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (derecha), conversa con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (izquierda), durante la visita este jueves al puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).
En su primera comparecencia tras el accidente, el miércoles desde el puesto de mando de Urda (Toledo), el cariacontecido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró consciente de que, además del coste en muertes y heridos y familias desoladas, la tragedia dejaría un legado más, uno en forma de destrozo en el crédito popular del ferrocarril. El Gobierno reforzará la seguridad para “reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad”, se comprometió el jefe del Ejecutivo. Para conseguirlo, hay tarea por delante, que las urnas dirán el 29-N a quién le toca asumir. Porque la catástrofe de Urda golpea una imagen, la del servicio de trenes en España, que ya está seriamente dañada, según muestran los datos demoscópicos disponibles.
Todo se quedó antiguo de repente: la visita al cardiólogo, la revisión de la caldera de gas, la cita con la fisio o el podólogo. Se quedó antigua la partida de cartas de los miércoles, la comida familiar de los jueves, el vermut con los amigos de los viernes y hasta el texto que tenía uno preparado para esta esquina del periódico se quedó de súbito obsoleto. Al principio, cuando apenas sabíamos, las cosas se iban quedando antiguas muy despacio, pero después de los primeros muertos la vida entera se quedó de golpe suspendida, antigua, igual que el tráfico rodado y los semáforos y el mobiliario urbano. La tarta de cumpleaños que tenías que recoger también se quedó antigua, se infartó, lo mismo que el siglo XXI. En los hospitales, los niños nos nacían antiguos y velábamos en los tanatorios cadáveres pretéritos.
Los contornos de la batalla política europea en su superaño electoral van dilucidándose. El ciclo arrancará con las elecciones generales en España en noviembre de 2026 y se cerrará, previsiblemente, con las italianas en diciembre de 2027, si Giorgia Meloni no las anticipa. Entre tanto, habrá votado la mitad de la población europea en sus principales estados miembros salvo Alemania, si Friedrich Merz resiste. La discusión sobre la idea de Europa se estructurará en torno a, por un lado, las fuerzas políticas de centro europeísta y, por el otro, a los partidos de la contestación patriótica, cuyo proyecto para el futuro de la UE es la repatriación de poderes hacia las capitales nacionales.
Hay que espectacularizar la realidad y todo tiene que ser entretenimiento banal y frívolo, incluso obsceno. Y en campaña electoral epatar es lo que importa: hacerse viral, llegar al votante indiferente y al rezagado. Entiendo que la comunicación manda pero ¿no creen ustedes, señoras y señores de la izquierda posmoguay, ecopija y deconstructora, no creen que se están pasando tres pueblos? Mientras las calles arden pidiendo techo, después de ocho años en los que a pesar de tocar algo de poder, aunque fuera de modo tangencial, no derogaron la reforma laboral de Rajoy ni su ley mordaza, ni hicieron nada que cambiara el problema de la vivienda, habiendo destruido la cohesión del feminismo español suplantándolo por una feria de identidades, mientras los trabajadores (rebautizados por ustedes como los de “abajo” o “de la mierda”, expresión que usa Gabriel Rufián para hablar de sí mismo cuando era pobre y currante) sienten sobre el cuello la bota de un sistema que explota cada minuto de su existencia, mientras todo esto pasa, ¿de verdad creen que lo mejor es hablarles a los españoles de comer coños y comer culos? Que no digo yo que el tema no tenga su relevancia pero, señora Montero, ¿acaso va a promulgar usted una ley para que los hombres aprendan el muy noble arte del cunnilingus?
Pocas horas después del accidente de Urda se han difundido tres audios: uno recoge la conversación entre el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif, ubicado en Atocha, y el maquinista del tren AVE 02080. Era Antonio Acedo Meneses, que falleció en el choque. Las otras dos grabaciones son llamadas entre ese mismo centro y la maquinista del Iryo. No fueron las únicas: el puesto de mando de Atocha presumiblemente contactó con todos los trenes afectados por el fallo que pararía a los accidentados.
Las principales fuentes de normativa utilizadas para analizar los audios han sido el Reglamento de Circulación Ferroviaria (RD 664/2015), texto consolidado del BOE, y los modelos oficiales de telefonema del LZB que incluye; el Libro de Normas del Maquinista, Grupo Renfe; Libro de Telefonemas Adif.
En la realización de esta información se han utilizado agentes de inteligencia artificial para calcular las velocidades de los trenes y su posición aproximada. Los datos de geolocalización de trenes de Renfe proceden de los datos que publica la operadora en tiempo real y su histórico ha sido recopilado por la página web Retrasómetro, que utiliza datos públicos GTFS de Renfe.
“No recuerdo lo que es vivir sin dolor”, asegura Blanca Ortiz, de 28 años, que desde hace ocho no conoce un día sin esa sensación. Estaba en segundo de carrera y soñaba con “tener una vida normal”, cuando le detectaron una malformación de nacimiento en una vértebra lumbar y tuvo que operarse. El 3 de septiembre de 2018, entró andando al quirófano y salió del hospital dos meses más tarde sin poder caminar. Regresó a su casa totalmente dependiente, donde pasó un año tumbada en una cama articulada, con un dolor de 10 sobre 10. Ni la morfina le aliviaba. Era como si le “clavasen cuchillos en la espalda”, una sensación constante que no desaparecía en ningún momento del día. Ahora se ha reinventado en redes, donde el nombre de su perfil lo dice todo: laotracaradeldolor, y ha encontrado un sentido para seguir adelante a través de la divulgación de esta enfermedad “invisible”, que afecta a una de cada cuatro personas en España, según el Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz.
Javier Milei volverá a España la semana que viene. Después de protagonizar una agitada visita a Madrid siete días atrás, cuando llamó “dictador” y “ladrón” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el mandatario argentino volverá para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, los días 4 y 5 de noviembre.
Tuvo que despedirme la Administración Trump en 2025 para que comprendiera de verdad hasta qué punto se había vuelto frágil el tejido de nuestra sociedad en Estados Unidos. Valores que durante tanto tiempo habíamos considerado universales —como acabar con el hambre en el mundo, el VIH, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas— se convirtieron de pronto en moneda de cambio político. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi país interrumpiría de forma precipitada y temeraria el suministro de material médico, alimentos de emergencia y kits de atención a víctimas de violación destinados a algunas de las personas más pobres del mundo, con un coste en vidas difícil de calcular.
Una mujer y una niña se protegen de las picaduras de los mosquitos que transmiten la malaria en Tehatta, Bengala Occidental (India), el 20 de agosto de 2026.
«Cabeza fría». Este jueves, a mediodía, Alberto Núñez Feijóo se desplazó hasta el puesto de mando avanzado en la localidad toledana de Urda. Zona cero de la tragedia ferroviaria. Su visita tuvo lugar minutos antes de la confirmación de la muerte de una persona muy querida por su partido: Fátima Báñez. Después de un día entero de angustia. En la tarde, el PP instaló en su sede nacional un libro de condolencias. En una imagen que difundió la formación se podía leer una parte de la dedicatoria del presidente: «Fátima es la España que queremos y por la que trabajamos en su partido».
A cierre de esta edición, eran 69 las vidas víctimas del siniestro ferroviario. Entre ellas, Fátima. Un nombre propio que conmociona al primer partido del país, donde son tantos los amigos que lloran su pérdida.
El líder popular pidió «respeto» y también «memoria». Coherente con su decisión de suspender la campaña electoral, en su intervención ante los medios de comunicación mantuvo en todo momento un tono institucional. «Lo que ha pasado ha truncado la vida de muchas personas», se dolió.
El PP avanza hacia una primera reclamación: «Responsabilidades políticas». Después de «lo urgente», dijo Feijóo, «viene lo importante». Las «más de cien muertes en dos accidentes de tren de la Alta Velocidad en ocho meses y en el mismo corredor ferroviario conllevan un cuestionamiento del sistema». Los españoles, apuntó, «necesitan respuestas y ya se están preguntando qué es lo que pasa en la Alta Velocidad».
No quiso ahondar en su crítica. «Vamos a respetar a los muertos, vamos a enterrarles, vamos a acompañar a sus familias. Pero es evidente que tenemos que tomar decisiones», anticipó. «Las responsabilidades políticas no se pueden asumir cuando termine una investigación» y, además, no «son opcionales. Son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral».
Núñez Feijóo no especificó si se refería a la dimisión del ministro Óscar Puente. Aunque luego no dejó lugar a equívoco: «Yo sé lo que haría si fuese presidente del Gobierno. Primero, en el nombramiento. Segundo, durante la ejecución y el mandato de ese ministro. Tercero, con los accidentes y los incidentes de AVE reiterados que hemos vivido».
Por la tarde, el grupo popular en el Congreso informó de una petición urgente para que sea el propio Pedro Sánchez quien dé la cara de lo ocurrido ante el Pleno de la Diputación Permanente. «Las responsabilidades no terminan en Óscar Puente. Sánchez fue quien le nombró, quien le sostiene y quien ha liderado a través de varios ministros (entre ellos Ábalos y Puente) una deficiente gestión del sistema ferroviario de nuestro país que ha desembocado en múltiples incidencias, incluidos los terribles siniestros ocurridos en Adamuz, Gelida y Urda».
A los populares no les vale que Puente se preste a comparecer de forma voluntaria la semana próxima. Quieren que sea Sánchez el que ofrezca las debidas explicaciones. «El PP considera insuficiente la comparecencia a petición propia del ministro de Transportes, y reclama que sea el presidente del Gobierno quien ofrezca explicaciones en el Congreso, después de haber dicho que era ‘inasumible’ que en España se hayan producido dos accidentes con 120 muertos confirmados en menos de nueve meses».
En su declaración ante los medios, el presidente del PP quiso trasladar una reflexión más profunda sobre Puente. Sin mencionarlo por su nombre. «La política no consiste en descalificar. La política no consiste en hablar. La política consiste en hacer. Para ejercer un cargo político y, mucho más, si tiene un componente técnico se necesitan tres cosas: experiencia, gestión y rigor». Los nombramientos, subrayó, «tienen que ser a personas que tengan trazabilidad y experiencia». Su exigencia, en caso de llegar a gobernar la nación, es y será siempre: «Experiencia, experiencia y experiencia. Gestión, gestión y gestión. Y rigor, rigor y rigor».
Hoy, el presidente popular se reúne en Génova 13 con expertos del sector ferroviario. «Llevamos desde Adamuz contactando con los responsables de seguridad de Renfe, de Adif. Llevamos toda la mañana reunidos con ellos. Vamos a tener memoria. Vamos a devolver la confianza al sistema ferroviario español», incidió. Con representantes sindicales, maquinistas y antiguos altos cargos abordará la situación en la que se encuentra la red ferroviaria.
Un encuentro que viene precedido por el de ayer. Feijóo estuvo reunido con los responsables del puesto de mando avanzado, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Le acompañó en todo momento el presidente regional del PP, Paco Núñez. Confirmó que desde que sucedió la tragedia no se ha cruzado un solo mensaje con Sánchez. «Nadie del Gobierno me ha llamado», respondió ante el interés de la prensa. «He sido atendido muy cordialmente por el presidente Page». Una nula interlocución entre Gobierno y oposición que no deja de ser anómala.
En su intervención de ayer, Núñez Feijóo también quiso elogiar a otra España: la España apolítica. «Ayer vimos a la mejor España. Cómo un pueblo coge los coches y se va al campo, donde atraviesa la línea de ferrocarril de AVE. Hemos visto una actitud ejemplar y cómo los servicios de emergencias, sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuaron con la mayor ejemplaridad».
Los análisis políticos –sí, políticos, porque política es la gestión de los recursos públicos– de la tragedia de Urda repiten una palabra: «Realidad». Lo hacen para describir aquello con lo que el Ejecutivo se da de bruces cuando anda enfrascado en alguno de los múltiples «relatos» que lleva ocho años produciendo en serie. Desde la pandemia hasta anteayer. Sabíamos que anticiparse a los problemas –¿para qué sirve un Gobierno?– nunca fue una prioridad para Pedro Sánchez y los equipos a su mando. Ahora somos conscientes de que solucionarlos tampoco entraba en sus planes. El argumentario habitual ya es dudoso de por sí. Aplicado a una segunda hecatombe en las vías de la misma línea de nuestra red ferroviaria es directamente obsceno.
Lo malo de estar en precampaña es que tenemos una respuesta crudamente visual a la pregunta de qué han estado haciendo los que mandan en el tiempo que ha separado los dos dramas. Bailar. Alguno pensará que es un resumen algo tosco. Pero si estos años han sido los de los gestos habrá que prestar una atención especial a aquellos cuya ejecución ha quedado más subrayada. Sobran los motivos que explican por qué estaba siendo la precampaña de las emociones. Citaremos dos. Uno es que encaja bien en un esquema que ha erradicado la rendición de cuentas. Otro es que hemos llegado a acostumbrarnos a un ecosistema en que el estado anímico del presidente está mucho más arriba en la escala de prioridades que el interés general.
Para que todo ello fuera posible era necesaria una factoría de distracción funcionando a pleno rendimiento. Estremece recordar la cantidad de nimiedades usadas para evitar prestar atención al derrumbe de la clase media española tal y como la conocíamos.
No era necesario para darnos cuenta, pero la tragedia ha presentado hasta un carácter macabramente simbólico. Ha tenido que producirse precisamente en el AVE, emblema de aquel país efervescente que hace cosa de tres décadas creía tener el futuro domesticado. Que ocurra bajo el manto competencial de Óscar Puente termina de hacerlo insoportable. Exceptuando a los que se han dedicado a dar soporte político a los grupos criminales, es la persona que más toxicidad ha aportado a la vida pública española desde el fin de la dictadura.
Su «personaje» de aspiraciones canallitas ha supuesto la creación más abyecta de la comunicación política. Sólo en la España del muro, instalada en el enfrentamiento avivado por las instituciones, podía ser viable un ministro que se pasara el día insultando a contribuyentes desde unas redes sociales que usa con la compulsividad propia del jubilado o del estudiante en estado de pellas permanentes.
Su hosquedad agreste, barnizada a veces con un poco de ese ingenio que adorna al despiadado, intentó vestirse de sentido de Estado con un torrente de palabrería hueca inmediatamente después del desastre de Adamuz. No tardó en volver por sus fueros, jaleado por esa marea de juglares capaz de tragar cualquier bazofia siempre y cuando venga envuelta en el logotipo del PSOE. Lo que llegó a escribirse sobre un hombre limitándose a hacer su trabajo.
Puente ha sido Puente hasta el último momento. Qué tono condescendiente en la comparecencia desde Atocha. El esfuerzo que no dedicó a la infraestructura lo empleó en tejer algo parecido a una narrativa exculpatoria. Ojalá estas líneas se queden antiguas y, para cuando aparezcan ante sus ojos, ya haya dejado de ser ministro de Transportes y candidato del PSOE al Congreso por Valladolid. Su renuncia a todo cargo es indispensable, pero no suficiente. Debe desaparecer completamente de la vida pública que tanto contribuyó a emponzoñar. Como Gerardo Iglesias volvió a la mina, Julio Anguita al instituto o Mariano Rajoy al registro, Óscar Puente ha de regresar allí donde sea capaz de ganarse la vida sin que su presencia nos recuerde la ofensa sistemática por parte de aquel que tenía que haber trabajado para nosotros. Eso servirá para que, dentro de muchos años, al topar con su efigie en alguna foto de archivo, podamos recordar todo aquello que nunca debiéramos volver a ser. Ojalá para entonces hayamos perdido el miedo a subirnos a un tren.
Uno de los tres inmigrantes que entraron a nado en Ceuta durante la oleada migratoria del pasado julio y que han colaborado con la Policía en la identificación de altos cargos, mandos y «dinamizadores» en la frontera trasladó el pasado miércoles a la juez María Tardón –según fuentes jurídicas– que «corre riesgo su vida». El testigo, que se ofreció a colaborar con los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, preguntó al terminar su comparecencia por videoconferencia desde Ceuta si tenía que volver al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Y es que, según puso de relieve, después de que la Policía fuese a buscarlo al centro de acogida (para que pudiese declarar como testigo), el hecho de que sus compañeros le viesen de vuelta de nuevo junto a los agentes podría despertar suspicacia, algo que podría comprometer su seguridad.
Ya fuese por reafirmar los motivos por los que ha solicitado el asilo o por poner en valor su colaboración con los investigadores –identificó a dos «mkadam» o informadores municipales, a un teniente y a un jefe policial a los que las imágenes analizadas por el Cenif sitúan en la frontera–, lo cierto es que el testigo afirmó que fue él quien de motu proprio brindó su ayuda a la Policía española.
Según aseguró en su testifical, hubo permisividad de las autoridades de Marruecos. «Pasó lo mismo que en 2021», cuando a consecuencia del «caso Ghali» –la acogida en nuestro país del líder, a espaldas de Rabat, del líder del Frente Polisario enfermo de Covid– precipitó otra entrada masiva de inmigrantes con la complacencia de los agentes marroquíes.
"No hay problema para cruzar"
El inmigrante explicó que cuando se concentra tal cantidad de gente en la frontera y ven «que no hay muchos policías ni autoridades», saben que «no hay problema para cruzar la frontera».
Pero no fue el único que expresó en su declaración el temor sobre su situación personal. Como ya informó este periódico, otro de los inmigrantes que testificaron aseguró al Cenif el pasado día 19 que si regresase a Marruecos «le podrían meter en la cárcel». Entonces, contestó así a la pregunta sobre las posibles consecuencias a nivel laboral de su entrada en España y del abandono del servicio –era sargento de la Gendarmería Real de Marruecos y estuvo destinado hasta el pasado 6 de marzo en el aeropuerto de Marrakech–.
Sin embargo, ante la magistrada corrigió esa versión y afirmó que ese temor a acabar en prisión no se debía a su entrada en la ciudad autónoma, sino a un pleito que mantiene con la Administración por la cuantía de su jubilación, asunto que «se ha vuelto viral. «Me pueden castigar por esto».
Este exmilitar aseguró, según fuentes presentes en su comparecencia, que cuando le va a buscar la Policía al centro de acogida sus paisanos «sospechan», incluso también el personal de «las organizaciones de acogida y los traductores». «Seguro que sabrán que estoy colaborando y eso me puede crear problemas».
"Si vuelven a Marruecos..."
Otro de los inmigrantes que testificaron también abordaron el riesgo que corren los militares marroquíes que cruzaron la frontera durante esa avalancha migratoria si finalmente tienen que regresar a su país. Según explicó, «hay soldados de Marruecos en Ceuta» que «han huido y han dejado su trabajo», encontrándose en las mismas condiciones que el resto de los inmigrantes. Y precisamente, aseguró según las fuentes consultadas, «eran los que más intentaban quedarse en Ceuta porque si vuelven a Marruecos...».
Este mismo testigo contó que cuando se acercó a la frontera el 30 de julio policías marroquíes les indicaban «que bajasen a la playa» y una vez allí había policías que les instaban a tirarse al agua (la mayor parte de quienes entraron en la ciudad autónoma de forma ilegal lo hicieron a nado, tras la sentencia del Tribunal Supremo que puso coto a las devoluciones en caliente cuando se llega a Ceuta por mar).
Por otro lado, el Cenif ha entregado ya a Tardón un vídeo grabado en la frontera de Ceuta el pasado 30 de julio en el que identifica a 24 supuestos «dinamizadores» del asalto a la ciudad autónoma. Como adelantó LA RAZÓN el pasado 9 de septiembre, tras revisar las imágenes la Policía había podido identificar a más de una veintena de personas. Ahora, esa información está ya en manos de la instructora, así como otro vídeo centrado en la actitud pasiva de los agentes marroquíes uniformados desplazados a la zona. Al menos cinco de esos «dinamizadores» sobre el terreno han sido reconocidos ya por los tres inmigrantes que colaboraron con la Policía española y que ayer mismo testificaron por videoconferencia ante la juez Tardón.
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el juez retirado Manuel García-Castellón contra el dirigente de Podemos Pablo Fernández.
El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional (AN) acusa al político morado de haber lesionado su derecho a honor, a la intimidad y a la propia imagen con las numerosas manifestaciones públicas en el que le ha atribuido ser un «mentiroso, mafioso, corrupto y prevaricador, entre otros comentarios negativos».
Por ellos, García-Castellón solicita la Justicia que se condene al ahora candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid al pago de una indemnización de 100.000 euros por el «daño moral generado», «dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma» en programas de televisión y a través de redes sociales.
El juzgado que titula Fátima María Durán Hinchado aceptó tramitar esta demanda tras apreciar que «reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales necesarios para comparecer en juicio» y teniendo en cuenta, «a la vista de las pretensiones formuladas» por el jubilado García-Castellón que su tribunal madrileño posee «jurisdicción y competencia objetiva para conocer las mismas».
Ahora, en el decreto firmado por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) conocido en primicia por LA RAZÓN, da traslado de la demanda y la documentación que la acompaña a Fernández, «emplazándole, con apercibimientos advertencias legales, para que la conteste en el plazo de 20 días hábiles». De este procedimiento civil será parte también el Ministerio Fiscal y se le da una «tramitación preferente».
El juzgado ya le adelanta «que si no comparece dentro del plazo indicado se le declarará en situación de rebeldía procesal».
En la demanda, a la que tuvo acceso este diario, se sitúa, tras la jubilación forzosa de García-Castellón de la Carrera judicial al cumplir los 72 años (septiembre de 2024), el inicio de una «campaña de odio y desprestigio» hacia su persona y trayectoria profesional.
En un primer momento, la iniciativa la tomó la secretaria general del partido, Ione Belarra, que –hay que recordar–, el pasado junio, fue condenada a pagar 9.000 euros de reparación económica a este antiguo miembro de la judicatura, por una serie de manifestaciones públicas en que aseguraba que él y «otros jueces corruptos», se irían «de rositas», pese a haber «prevaricado».
La diputada y exministra le imputó, en este sentido, el haber protegido al PP durante instrucciones que dirigió como las del «caso Villarejo» o el «caso Púnica» y de, por otro lado, haber llevado a cabo una «guerra sucia judicial» contra los de Pablo Iglesias.
Según se explica en la acción civil emprendida por sus abogados, Fernández «pretendió continuar con las acusaciones iniciadas por su compañera de partido».
Concretamente, señala a este político «por asumir un papel activo en la difusión de manifestaciones dirigidas de forma directa a García-Castellón, presentándole ante la opinión pública como un juez que ha dedicado su carrera a la comisión de actos tales como corrupción, prevaricación y politización de la función judicial».
La parte demandante subraya que estas aseveraciones de Fernández «no se producen en ámbitos privados o de circulación restringida, sino que son estratégicamente publicados y realizados en medios de comunicación y redes sociales (principalmente, «X»), difundidos a una gran audiencia y con enorme capacidad de impacto».
Es, precisamente, –se señala en la demanda– «el alcance de los comentarios realizados, así como las numerosas entrevistas en diversos programas, lo que han provocado un alcance desproporcionado, no solo por ser medios accesibles, sino por aprovecharse (Fernández) de su condición de portavoz y figura pública como miembro de un partido político».
Y ofrece datos de su impacto público: el dirigente morado tiene casi 150.000 seguidores y sus publicaciones generan miles de comentarios de usuarios y de «me gusta».
En definitiva, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN acude a los tribunales al considerar que los «incesantes comentarios han supuesto que una infinidad de personas lleguen a creer –sin fundamentación alguna y por mero rechazo a su figura de nuestro mandante– que ha sido un juez corrupto y prevaricador, involucrado en diversas tramas políticas, valiéndose del derecho a la libertad de expresión para realizar comentarios vejatorios y absolutamente falsos sobre su figura».
Su representación letrada aprovecha para recordar que «no existe ni una sola sentencia judicial o procedimiento abierto (tampoco en el seno del Poder Judicial), en el cual se haya condenado o imputado a García-Castellón por delito alguno relacionado con su cargo público, es decir, prevaricación o corrupción».
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