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Addis Abeba, 30 oct (Prensa Latina) Ministros de comunicación, información, tecnologías de la información y la comunicación instaron a acelerar la implementación de los compromisos digitales continentales y a fortalecer la acción colectiva para avanzar hacia un Mercado Digital Africano Único, se conoció hoy.
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y ha detenido a ocho hombres en las provincias de Valencia, Málaga y Girona. La operación se ha saldado con la incautación de 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína, además de armas, dinero en efectivo, vehículos sustraídos y material utilizado para falsificar matrículas y documentos.
Los arrestados, de entre 24 y 58 años, están investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y hurto de vehículos y falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, tres de ellos han ingresado en prisión provisional.
La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la actividad de una organización que operaba principalmente en la Costa del Sol. Su actividad se centraba en la adquisición, almacenamiento, preparación y transporte terrestre de sustancias estupefacientes destinadas a distintos mercados europeos, especialmente el francés.
Las pesquisas, desarrolladas conjuntamente por las Unidades de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Valencia y de Torremolinos-Benalmádena (Málaga), permitieron reconstruir el recorrido de la droga y el sistema de distribución empleado por la red.
Según la investigación, la organización se abastecía de hachís y cocaína en Portugal y utilizaba Málaga y Valencia como puntos intermedios para almacenar la mercancía, preparar los envíos y distribuir parte de la droga. Posteriormente, trasladaba las partidas por carretera hasta Francia, donde se encontraba uno de sus principales destinos.
Para llevar a cabo los transportes, los integrantes de la organización utilizaban vehículos de alta gama sustraídos, principalmente en Francia y Bélgica. Los automóviles eran elegidos por su potencia y capacidad, características que, según los investigadores, les permitían intentar escapar en caso de detectar seguimientos policiales o la presencia de organizaciones rivales.
Además, los vehículos circulaban con placas de matrícula alteradas para dificultar su identificación y evitar los controles policiales. La red disponía de distintos elementos para modificar las identificaciones de los automóviles y facilitar sus desplazamientos.
En septiembre, los agentes realizaron seis registros domiciliarios y uno en un local de las provincias de Valencia y Málaga. En uno de los inmuebles localizaron las mayores cantidades de droga intervenidas durante la operación: 2,5 toneladas de hachís y 600 kilos de cocaína.
La actuación policial permitió también incautar un fusil, 13.000 euros en efectivo y cinco vehículos sustraídos. Entre el material intervenido figuran, además, 14 juegos de matrículas falsas, troqueladores, soportes de placas, inhibidores de señal y documentos de identidad falsificados.
Los investigadores consideran que estos elementos formaban parte de la infraestructura utilizada por la organización para ocultar la procedencia de los vehículos, dificultar la labor policial y garantizar el transporte de las sustancias estupefacientes.
La operación concluyó con la detención de ocho hombres en distintos puntos del territorio nacional. Tres fueron arrestados en Cullera (Valencia), dos en Marbella, otros dos en Torremolinos (Málaga) y uno en la provincia de Girona.
Los ocho están investigados por su presunta participación en la actividad de la organización y por los delitos relacionados con el tráfico de drogas, la tenencia ilícita de armas, los vehículos sustraídos y la falsedad documental.
Una vez puestos a disposición de la autoridad judicial, tres de los detenidos ingresaron en prisión provisional, mientras continúa el procedimiento judicial derivado de la investigación policial.
La Consejería de Educación mantiene abierto hasta el próximo 6 de noviembre el plazo para presentar aportaciones al nuevo decreto de inclusión con el que "tras más de dos décadas de vigencia, un modelo ya superado exige una actualización profunda" para garantizar que "el derecho a una educación inclusiva no sea sólo una declaración de intenciones sino un derecho exigible y real en los centros andaluces". En el curso 2025/2026, el sistema público educativo andaluz contaba con 161.543 alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativa (NEAE), de los cuales 89.000 tenían Necesidades Educativas Especiales (NEE). "Es imperativo transitar desde un enfoque centrado en la categorización y el etiquetado del alumnado hacia un modelo enfocado en la comprensión integral de las necesidades educativas del alumnado, derivadas de su interacción con los contextos de enseñanza, aprendizaje y participación, fundamentándose preceptivamente en un enfoque ecológico, inclusivo, y no clínico", argumenta la Administración autonómica en la consulta pública recogida por Europa Press.
La Consejería que dirige María del Carmen Castillo califica de "imprescindible" la aprobación de un nuevo decreto en esta materia para "trasladar de manera efectiva a la práctica escolar los mandatos internacionales sobre derechos humanos, equidad e inclusión". El momento es "idóneo" para "consolidar la autonomía pedagógica de los centros orientádola al éxito educativo de todo el alumnado, respondiendo así a la demanda social de las familias y de la comunidad educativa de contar con aulas verdaderamente inclusivas donde las diferencias individuales sean un valor enriquecedor y no un obstáculo". Con el nuevo texto normativo la Junta busca actualizar los mecanismos de detección precoz en un contexto condicionado por la evolución demográfica, en el que el sistema escolar cuenta con 150.000 alumnos menos que en 2018 pero con casi 50.000 estudiantes más registrados con necesidades específicas. Finalmente, entre las medidas de gestión implantadas, está el cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales a la hora de aplicar los criterios de distribución de refuerzos en centros con ratios elevadas, en el marco de los acuerdos vigentes con las organizaciones sindicales.
En el ámbito presupuestario, la Consejería ha dispuesto en 2026 de una partida presupuestaria para la atención a la diversidad de 636 millones de euros, lo que sitúa la inversión media en 7.500 euros anuales por alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. El sistema educativo andaluz dispone en la actualidad de casi 7.800 aulas de educación especial y de apoyo a la integración, junto a 60 centros de educación especial sostenidos con fondos públicos.
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Il 24 ottobre, l’Ucraina ha annunciato che i suoi sistemi Starlink e Starshield erano di nuovo pienamente operativi dopo oltre una settimana di restrizioni. Nello specifico, il Ministero della Difesa ucraino ha rilevato che la connessione è tornata stabilmente a velocità superiori a 400 km/h, a fronte dei 160 km/h a cui era precipitata giorni prima.
La limitazione, hanno spiegato diversi funzionari ucraini, aveva compromesso la capacità ucraina di intercettare i droni russi in fase di attacco, costringendo le forze armate di Kiev ad annullare alcune operazioni già pianificate.
Tuttavia, a brevissima distanza dal ripristino della piena operatività dei sistemi Starlink a disposizione di Kiev, Elon Musk, amministratore delegato di Space-X, ha accusato l’esercito ucraino di aver violato i termini di servizio.
In un post sul suo profilo X, il magnate di origini sudafricane ha affermato che: «l’uso di Starlink, un servizio commerciale civile, per attacchi con droni offensivi volti a uccidere persone non è mai stato consentito, né dovrebbe esserlo. Starshield è un sistema diverso ed è controllato dal governo degli Stati Uniti. Ciò che decidono di fare spetta a loro».
L’esercito ucraino «ha violato i termini di servizio di Starlink e lo ha utilizzato per attacchi con droni offensivi volti a uccidere persone. Quella falla è stata chiusa la settimana scorsa».
Starlink «rimane cruciale per la difesa dell’Ucraina, poiché è l’unico sistema che non può essere disturbato o distrutto, almeno per ora. Se Starlink venisse spento, il fronte ucraino collasserebbe immediatamente. Questa non è una minaccia, è semplicemente un dato di fatto.
Il sistema si è rivelato cruciale per «impedire alla Russia di sopraffare l’Ucraina nei primi giorni della guerra, poiché tutti gli altri mezzi di comunicazione erano stati distrutti o disturbati dalla Russia».
Space-X «ha fatto molto di più per difendere l’Ucraina di qualsiasi altra azienda privata sulla Terra. Detto questo, non provo che disprezzo assoluto per i guerrafondai che fanno la morale e spingono per un massacro senza fine, senza offrire alcuna soluzione realistica al conflitto. Che possano bruciare all’inferno. Fine della storia».
Starlink è un sistema internet satellitare gestito da Space-X, mentre Starshield è una versione che si avvale della tecnologia Starlink per scopi militari gestita dal governo degli Stati Uniti.
Questa integrazione rende quantomeno ambigua la posizione di Starlink, mettendo in seria discussione la natura privata della casa madre Space-X.
Quella del connubio pubblico-privato negli Stati Uniti è una storia vecchissima, ma che trova negli anni Cinquanta uno dei suoi momenti decisivi.
All’epoca, in piena Guerra Fredda, lo spauracchio sovietico, agitato con cieca ossessività specialmente in seguito allo shock generato dal lancio dello Sputnik (1957) e all’entrata in servizio del bombardiere strategico Tupolev-95, si rivelò determinante a costruire un robusto consenso politico attorno alla decisione dell’amministrazione Eisenhower di destinare una quota crescente di risorse al rafforzamento della marina e al potenziamento dei settori di ricerca e sviluppo.
L’onere di gestire le risorse e coordinare gli sforzi in questo senso ricadde sulla Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), un organismo facente capo al Pentagono fondato, al pari della National Aeronautics and Space Administration (Nasa), nel 1958 in conformità all’esigenza di colmare il divario tecnico-scientifico con l’Unione Sovietica.
Mentre il governo moltiplicava le misure di stimolo alle imprese (assegnazione di commesse pubbliche agli atenei, concessione di agevolazioni fiscali, ecc.), la Darpa elaborava una rete di ricerca e condivisione a maglie strettissime, in grado di interconnettere decine di università, start-up e laboratori di ricerca e portare gli Stati Uniti all’avanguardia nel campo cruciale della scienza. Il lancio dei programmi Gemini e Apollo, lo sviluppo dei missili balistici a medio e lungo raggio, la realizzazione dei sottomarini e delle portaerei a propulsione nucleare si devono al contributo determinante apportato dalla Darpa.
Nel 1982, il Congresso approvò il programma di sostegno alle start-up Small Business Innovation Research (Sbir), affidandone la gestione alla Small Business Administration, predisponendo parallelamente la trasformazione della Darpa nel fondamentale canale di collegamento tra imprese e dipartimenti universitari, in grado di assolvere ai compiti di mediazione tecnologica e imprenditoriale necessari alla commercializzazione delle innovazioni che venivano realizzate nei settori di punta (informatica, telecomunicazioni, biotecnologia, semiconduttori, ecc.) dalle società hi-tech a cui il complesso militar-industriale aveva subappaltato parte delle mansioni legate ai comparti di ricerca e sviluppo, nell’ambito della celeberrima Strategic Defense Initiative (Sdi).
Il progetto, concepito dall’amministrazione Reagan e annunciato urbi et orbi nel marzo 1983, puntava alla creazione di un sistema di difesa aerea multistratificato basato su intercettori spaziali in grado di colpire i missili balistici nemici prima che colpissero il suolo statunitense, “superando” così il principio della mutua distruzione assicurata su cui si era imperniata la Guerra Fredda fino a quel momento.
La Sdi, recita un documento del dipartimento di Stato, «si basava su tecnologie avveniristiche, inclusi sistemi laser spaziali non ancora realizzati», il cui sviluppo assorbì enormi risorse pubbliche in larga parte ridistribuite a beneficio delle aziende private sotto il coordinamento della Darpa.
Una volta convertite all’uso civile, le nuove tecnologie ad elevata intensità di capitale messe a punto contestualmente alla Sdi assunsero rapidamente un grado di pervasività – inteso come capacità di trovare applicazione in un numero sbalorditivo di campi sconvolgendone il funzionamento e i rendimenti – tale da scompaginare il vecchio sistema di produzione fordista ad elevata intensità di manodopera riducendo drasticamente la presenza umana sia nella manifattura che nel settore di servizi.
«Non si tralasciò occasione – osserva Giuseppe Guarino – che si prestasse per la stimolazione e la promozione della Information Technology per finalità militari. Ognuna delle sue fasi essenziali, con successiva trasformazione e utilizzazione dei prodotti a fini commerciali, è stata in pratica resa possibile dal sostegno del Dipartimento della Difesa, dalla Nasa e degli altri dipartimenti militari, compresa la Cia […]. Il merito dell’intervento pubblico non è di aver assorbito l’intera produzione della Information Technology, ma di aver contribuito in maniera determinante con i propri acquisti iniziali a far scendere i prezzi a livelli che avrebbero consentito la diffusione civile e commerciale delle innovazioni, nonché con quelli successivi che hanno favorito l’utilizzazione delle nuove tecnologie nell’organizzazione pubblica, anche civile, e la diffusione delle stesse» (1).
La progressiva affermazione del nuovo modello in tutti i comparti dell’economia ha accelerato il processo di “terziarizzazione” dell’economia statunitense, e palesato il ruolo cruciale giocato dallo Stato rispetto al finanziamento dello sviluppo tecnologico realizzato da aziende private.
Negli anni ’90, sotto la direzione del direttore George Tenet, la Cia iniziò a finanziare generosamente le piccole aziende intente a sviluppare tecnologie applicabili a fini di intelligence aggirando le lungaggini che caratterizzano la mastodontica macchina burocratica statunitense. A questo scopo, la Casa Bianca e il Congresso approvarono la creazione di In-Q-Tel, oscura società di venture capital senza scopo di lucro incaricata di finanziare la messa a punto di tecnologie d’avanguardia per conto – o quasi – della Cia. Come riporta il «Wall Street Journal»: «i vertici In-Q-Tel considerano l’azienda come indipendente, nonostante i legami molto stretti con la Cia e il fatto che quasi tutte le decisioni di investimento sono gestite dall’agenzia di spionaggio […].La presenza di intricati legami è endemica nel venture capital, in cui la conoscenza intima del settore è essenziale per il successo. Le altre società, tuttavia, giocano con il proprio denaro, o quello di privati».
In-Q-Tel «utilizza denaro pubblico, soggetto a severe norme sul conflitto di interessi e, secondo fonti vicine, si tratta di almeno 120 milioni di dollari all’anno. A volte impegna questo capitale secondo modalità che, anche se non intenzionalmente, avvantaggiano gli stessi amministratori dell’azienda in virtù di altre cariche nel settore hi-tech».
Quasi sempre, le scelte di In-Q-Tel «attraggono altri finanziamenti. Ogni dollaro investito in una piccola impresa in genere è accompagnato da 15 dollari provenienti da altre fonti. Questo aumenta le probabilità di successo del piccolo business in questione e rende le sue stock option più preziose».
Nel 2000, In-Q-Tel ha investito somme piuttosto rilevanti in alcune imprese che producevano satelliti e che si occupavano di raccogliere, classificare e analizzare dati sensibili. In breve tempo, la società ha accumulato quote azionarie di maggioranza di decine compagnie hi-tech, così da dettarne gli indirizzi e allinearle alle esigenze di Washington. Opportunamente orientata dai fondi di In-Q-Tel, una compagnia specializzata nell’elaborazione di soluzioni chimiche adatte alla fabbricazione di tappeti sviluppò in breve tempo una specie di sonda in grado di rilevare la presenza di veleni ed altre sostanze chimiche letali in ambienti chiusi, poi sistematicamente impiegata nei teatri di guerra afghano e iracheno.
Parallelamente, In-Q-Tel investì in un’azienda operante nel settore delle antenne satellitari, ricavando sistemi di localizzazione portatili di cui le truppe e le forze speciali Usa si sono servite per segnalare la propria posizione ai centri di comando.
Più recentemente, i capitali di In-Q-Tel hanno finanziato aziende cruciali come Anduril e, soprattutto, Palantir, saldamente integrata nelle macchine militari statunitense, israeliana e ucraina oltre che nella pubblica amministrazione britannica e in molti altri comparti critici.
L’altissimo livello di “collaborazione pubblico-privato” raggiunto negli Stati Uniti grazie a entità come In-Q-Tel è emblematizzato dal cosiddetto “scandalo Datagate”, scoperchiato nel 2013 grazie alle rivelazioni dello “spifferatore” Edward Snowden. In qualità di tecnico impiegato per una società appaltatrice della National Security Agency, Snowden ha documentato con dovizia di particolari l’esistenza di una rete di sorveglianza capillare e massiccia sui miliardi di comunicazioni sia interne che esterne agli Stati Uniti gestita dalla Nsa stessa attraverso Prism. Vale a dire un sistema in grado di assicurare all’intelligence nazionale la possibilità di accedere in maniera diretta ai server di cui si servivano le aziende operanti nel settore dell’alta tecnologia per ottenere qualsiasi tipo di informazione (messaggi, fotografie, e-mail, ecc.).
Entrato in vigore nel 2007 e beneficiando nel corso degli anni della collaborazione di colossi del calibro di Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, Skype, AoL, YouTube e Apple, Prism ha posto la Nsc e anche il Gchq britannico nelle condizioni di acquisire i metadati in transito attraverso i cavi in fibra ottica collegati ai server centrali di Yahoo e Google.
Space-X non ha beneficiato dei fondi di In-Q-Tel, ma del subappalto sistematico ad opera di agenzie statali come la Nasa o dello stesso Pentagono, che come contropartita gode di libero e completo accesso alla tecnologia Starlink. Al punto da garantirlo a Paesi alleati come l’Ucraina.
La decisione di ridurre prima e ripristinare poi il servizio Starlink a Kiev non fa quindi capo a Elon Musk, ma sui vertici del potere pubblico statunitense a cui Space-X – così come le altre grandi aziende hi-tech statunitensi – rispondono più o meno indirettamente.
NOTE
1) Guarino, Giuseppe, I soldi della guerra. Gli Stati Uniti: spesa militare, innovazione, economia globale, Mondadori, Milano 2003, pp. 67-80.
La campaña citrícola vuelve a impulsar la contratación en la Comunidad Valenciana. Adecco ha puesto en marcha un proceso de selección para incorporar a 150 trabajadores en Museros (Valencia), con el objetivo de cubrir diferentes puestos vinculados a la actividad de almacén y manipulación de cítricos durante los próximos meses.
La oferta se enmarca en un contexto de crecimiento del empleo agrario. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la ocupación en el sector agrario valenciano aumentó un 18% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, una evolución superior a la registrada a nivel nacional.
Las vacantes están dirigidas a tres perfiles profesionales: encajadores de cítricos, carretilleros frontales y maquinistas de mallas. Los contratos están vinculados a la campaña de cítricos, que se desarrollará previsiblemente entre los meses de noviembre y marzo.
La empresa de recursos humanos busca candidatos con experiencia previa en almacenes hortofrutícolas o entornos industriales, dependiendo del puesto al que opten.
Las personas seleccionadas para trabajar como encajadores de cítricos se encargarán de confeccionar y preparar la fruta de acuerdo con las necesidades de los pedidos. Entre sus funciones también figuran la selección de producto, el control de calidad, el etiquetado y la preparación de la mercancía para su expedición.
Para acceder a estas vacantes se requiere experiencia en almacenes hortofrutícolas, atención al detalle y disponibilidad para desplazarse al centro de trabajo por medios propios.
La incorporación será para la duración de la campaña citrícola. La jornada de referencia será de 32 horas semanales, aunque podrá variar en función de las necesidades de producción y de las horas efectivamente trabajadas.
El horario se distribuye de lunes a sábado mediante turnos rotativos de mañana y tarde.
Otro de los perfiles más demandados es el de carretillero frontal. Estos profesionales asumirán tareas relacionadas con la carga y descarga de mercancías, el movimiento de materiales pesados y la organización de productos dentro del almacén.
Además, deberán manejar maquinaria específica como pinchos, bobinas o volteadores, así como realizar labores de gestión de mercancías mediante sistemas PDA y SAP.
La oferta exige un mínimo de cinco años de experiencia en el manejo de carretilla frontal, experiencia en entornos productivos, carné de carretillero en vigor y conocimientos de herramientas de gestión logística.
También se valorará la experiencia en el sector metalúrgico, el manejo de otros tipos de carretillas, el uso de volteadores y disponer de permiso de conducir.
Para estos puestos, Adecco ofrece un contrato temporal con posibilidad de incorporación indefinida. La jornada será completa, de 40 horas semanales, de lunes a viernes, aunque se contempla la posibilidad de realizar algunos turnos durante el fin de semana. Los horarios serán rotativos en turnos de mañana, tarde y noche.
La compañía también necesita incorporar maquinistas de mallas, responsables de operar y supervisar la maquinaria utilizada en los procesos de envasado y preparación de productos.
Entre sus funciones destacan la diferenciación de materiales, la realización de cambios de brazos en la maquinaria, la comprobación de pesos y la detección de posibles incidencias o averías durante el proceso productivo.
Para optar al puesto se valorará contar con experiencia previa en funciones similares y disponibilidad para acudir al centro de trabajo de forma autónoma.
Los maquinistas trabajarán con jornada completa y en diferentes turnos, adaptados a las necesidades de la campaña.
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden inscribirse a través del portal habilitado por Adecco para estas vacantes en Museros.
La compañía destaca que estas incorporaciones responden al incremento de la actividad asociado a la campaña citrícola, uno de los periodos de mayor contratación del sector agroalimentario valenciano.
La Fábrica de Municiones de Granada ha registrado en la mañana de este viernes una fuerte explosión sentida desde diversos municipios del área metropolitana que ha movilizado a efectivos policiales y Bomberos. Las primeras informaciones apuntan a la existencia de al menos tres trabajadores heridos leves por problemas de audición tras la detonación. Ha sido al filo de las nueve de la mañana cuando el 112 ha recibido numerosas llamadas alertando de una detonación procedente de esta fábrica situada en el Fargue, según han detallado a Europa Press fuentes del servicio coordinador de emergencias.
Los primeros datos que se manejan apuntan a que la explosión se ha producido en la zona del quemadero de la fábrica. Desde UGT precisan que pudo ocurrir en el transcurso de una prueba, de las muchas que se hacen, y algo habría fallado, pero el lugar estaba perimetrado y no había personas cerca. De hecho, no constan por el momento heridos de gravedad. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y efectivos sanitarios que han atendido a menos tres personas, presumiblemente trabajadores, por problemas de audición.
La Policía Nacional ha movilizado a efectivos de los Tedax Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Científica y de Subsuelo que están inspeccionando la zona. Se ha establecido un primer cordón de seguridad para garantizar la seguridad y un segundo para asistir a vecinos y viandantes que puedan necesitar ayuda, según han detallado fuentes de este cuerpo. Desde la Fábrica de Municiones de Granada han rehusado hacer declaraciones al respecto de este accidente, aunque confirman que no se han producido daños personales de gravedad.
Este accidente se produce después de que el pasado 13 de octubre se produjera el vuelco de un camión en la A-4002, en Granada, que transportaba granadas de mortero de esta misma fábrica y que perdió carga de la carga sobre la vía, la cual tuvo que se retirada con la intervención de efectivos policiales experimentados en manejo de explosivos. La Junta de Andalucía activó la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas a causa de este accidente que se produjo cuando el vehículo siniestrado realizaba un transporte entre dos instalaciones de la compañía.
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La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes a las 15,00 horas el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la operación especial denominada Todos los Santos 2026, con el que dar cobertura a los más de un millón de desplazamientos (1.068.000) que se prevén en Andalucía hasta el lunes 2 de noviembre a las 24,00 horas.
Durante la tarde de este viernes y hasta el lunes 2 de noviembre, se producirá "un importante movimiento de vehículos por todas las carreteras de la geografía nacional motivado por la festividad del Día de Todos Los Santos, que se traslada al lunes 2 en varias comunidades.
Este período festivo propiciará un "importante movimiento" de vehículos por toda la red viaria, por lo que la circulación se verá incrementada con desplazamientos de largo y corto recorrido, muchos de los cuales estarán motivados por la tradicional visita en estas fechas a los cementerios de las poblaciones de la geografía nacional.
Se prevé que, en esta operación especial, por la Comunidad Autónoma de Andalucía se produzcan 1.068.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera, según los datos facilitados por el Gobierno en una nota. Las carreteras que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A- 7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20, N-4 y la red secundaria para el acceso zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.
Para ello, la DGT dispondrá la máxima disponibilidad de sus medios técnicos y humanos, ya sean agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras, velando siempre la seguridad vial.
Desde los centros de gestión de tráfico, con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un servicio "antes, durante y después" de la operación especial. Con un total de 101 personas, entre funcionarios y personal técnico especializado, cada Centro de Gestión atenderá las labores de supervisión, regulación e información.
Se dispondrán además las dos sedes de medios aéreos (helicópteros y drones), que cubrirán los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía y que se centrarán en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Por su parte, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras en Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.
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O relógio se aproxima das onze da manhã quando Alcione senta na poltrona da sala de acolhimento. A mulher, cujo nome homenageia a sambista, está lá para contar sua história que, nos últimos anos, tem sido marcada por ciclos de violência e resistência. Um tormento que se agrava quando o ex-marido, em recusa ao fim do casamento, a ameaça de morte. Uma mulher que reflete milhares de outras Brasil afora, presas a uma espiral de violência enquanto lutam pelo direito de seguirem vivas.
A poucos metros dali, as ondas quebram ao chegarem na faixa de areia, vazia devido à baixa temporada. Estamos em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, o município brasileiro com mais de 100 mil habitantes que possui a maior taxa de mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devido à violência física. A taxa média dos últimos dez anos é de 312 casos por 100 mil habitantes, o triplo do estado de São Paulo, segundo levantamento feito pela Agência Pública a partir de dados do DataSUS de 2016 a 2025.
Além de estar no topo do ranking das cidades com a maior taxa de violência física, Caraguatatuba também é o município paulista com mais de 50 mil habitantes com a maior taxa de tentativa de feminicídio: foram 24 entre 2021 e 2025, quase cinco por ano, segundo dados do Ministério da Justiça. Apesar disso, os feminicídios estão abaixo da média: foram seis no mesmo período. Um indício de que a cidade pode estar conseguindo acolher mulheres vítimas de violência, impedindo que cheguem a ser assassinadas.
“A institucionalidade na prevenção à violência contra as mulheres previne mortes. Quanto mais equipamentos você tem, menor a chance do agravamento dessa violência intrafamiliar, que é o feminicídio”, analisa a demógrafa Jackeline Ferreira Romio, que pesquisou o cenário do feminicídio no Brasil a partir de dados do sistema de saúde.
Apesar de evitar mortes, os equipamentos públicos não têm sido eficientes na prevenção inicial da violência, atuando de forma reativa, quando a mulher já corre risco grave. Medidas protetivas seguem sendo negadas e, quando concedidas, violadas. Mesmo equipada com aparelhos públicos voltados para a proteção das mulheres que vão desde Conselhos, delegacia especializada, centros de acolhimento e aplicativos de denúncia, Caraguatatuba ainda não viu os números de agressões e tentativas de feminicídio caírem. Falta algo.
Alcione relata que o comportamento controlador do marido se agravou no segundo ano de casamento. Àquela altura, João*, retomou um antigo vício em álcool e outras drogas e, desempregado, começou a vender os móveis da casa para sustentar a dependência. Quando o marido quis vender a bicicleta que haviam comprado juntos, ela pediu para que ele saísse da casa, que era dela.
Ele saiu, mas pouco tempo depois, apareceu no portão de Alcione. Chorando, disse que estava dormindo na rua e pediu ajuda para se alimentar. Com pena, ela permitiu que ele entrasse, ofereceu banho e comida. O clima amigável mudou quando ela se recusou a reatar o relacionamento.
“Ele me aferiu um tapa na cara, um tapa muito forte. Eu fui até a cozinha chorando, ele foi me acompanhando e disse ‘Não chora, porque esse tapa não doeu. Vai doer agora, porque eu vou pegar uma faca e te matar’”.
A mulher correu até a casa da frente, onde mora sua mãe, e pediu ajuda aos familiares presentes. João conseguiu fugir. No dia seguinte, Alcione buscou atendimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caraguatatuba. Mesmo sendo uma unidade especializada em violência contra mulheres, sentiu-se desrespeitada: foi atendida por uma funcionária da prefeitura que não demonstrou preparo em acolhê-la.
“Uma pessoa grossa. Fazia perguntas como se eu fosse a culpada. Saí de lá humilhada. Tive vontade de desistir.” Após a mobilização de Alcione e outras vítimas, a funcionária foi retirada da delegacia e uma assistente social a substituiu.
Para Márcia Coelho, presidente do Conselho da Mulher de Caraguatatuba (CMDMC), as mudanças recentes na Delegacia de Defesa da Mulher melhoraram o acolhimento, mas ainda há dinâmicas sistêmicas que prejudicam a experiência de quem busca atendimento: “O sistema do Estado é horrível. É uma coisa fria. Na sala de espera há um balcão com vidro e você tem que falar ali na frente de todo mundo”, explica.
As caraguatatubenses que sofrem qualquer tipo de violência de gênero durante os finais de semana ou feriados precisam aguardar até o próximo dia útil para que possam buscar atendimento especializado. Isso porque a Delegacia de Defesa da Mulher do município, assim como 75,8% das DDMs do país, atende apenas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A alternativa oferecida pelo Governo do Estado é uma Sala DDM 24h, que opera dentro de uma delegacia comum. O problema é que as agressões são mais frequentes quando o homem está em casa – à noite ou no final de semana.
Segundo a vereadora Cássia Gonçalves de Jesus (PT), a experiência nessas salas pode agravar o estado emocional da mulher, pois “o acolhimento é feito pelo mesmo delegado, o mesmo plantonista. Não são pessoas especializadas. Escutamos muitos relatos de mulheres que sofreram outra violência durante o atendimento”, explica.
No estado, houve um aumento de 22,2% nos casos de feminicídio entre 2023 e 2025 (saindo de 221 mortes de mulheres para 270) – um aumento três vezes maior do que a média nacional (de 6,3% no período).
Em sua campanha eleitoral, o governador Tarcísio de Freitas, reeleito com 62,6% dos votos, trouxe a segurança da mulher como um de seus focos. Ele promete o “fortalecimento da rede”, aumentar em três vezes o número de Delegacias de Defesa da Mulher 24 horas, a expansão do aplicativo SP Mulher Segura e a continuidade da Patrulha SP Mulher Segura.
As promessas de campanha, no entanto, não condizem com o que foi feito nos primeiros quatro anos de governo. Tarcísio deixou de destinar R$ 35,7 milhões entre 2023 e 2025 para as Delegacias de Defesa da Mulher e para a Secretaria de Política para as Mulheres, segundo dados compilados pela Agência Pública.
“No ano passado, por exemplo, menos de 30% do recurso destinado ao enfrentamento da violência contra a mulher foi aplicado no estado. Ou seja, mais de 70% do que estava disponível não foi investido”, critica a vereadora.
Cássia explica que parte do alto índice de agressão à mulher em Caraguatatuba tem relação com o fato de a cidade ser muito desigual e violenta. O município também lidera o ranking da maior taxa de mortes violentas do estado, concentrando 17,6 mortes a cada 100 mil habitantes, conforme dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os altos índices refletem as fragilidades estruturais e a desigualdade socioeconômica do município, acentuadas pela escassez de investimentos estatais e por um déficit histórico de políticas habitacionais e de infraestrutura pública, como analisa a vereadora.
“Se você pegar o mapa da violência em Caraguatatuba, vai ver que ela se concentra na região sul, onde vive mais de 50% da população, majoritariamente a classe trabalhadora. É a área onde os equipamentos públicos são mais ausentes e onde falta o braço do Estado para garantir direitos básicos, como moradia. Isso também impacta a violência – que recai sobre as mulheres.”
Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirma que, assim como a Delegacia da Mulher, a Sala DDM permite registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas e receber orientações, prezando por um atendimento em ambiente reservado, com sigilo e escuta qualificada. A instituição destaca o aumento das prisões em flagrante por violência doméstica e o crescimento dos investimentos em políticas para mulheres, mas não comenta porque quase R$ 36 milhões deixaram de ser investidos nos últimos quatro anos.
Em nota, a prefeitura de Caraguatatuba diz que o município segue os fluxos oficiais de notificação e conta com uma rede de proteção que integra serviços de assistência social, saúde e segurança pública, entre outros. Sobre a profissional mencionada por Alcione, informa que ela deixou de integrar a equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em julho de 2026. Por fim, reconhece que a existência de serviços não é suficiente para eliminar a violência e afirma que busca aprimorar os fluxos de atendimento, a integração entre os serviços e as ações de prevenção e proteção às mulheres.
Na contramão da declaração de Cássia, Marília* teve uma experiência positiva quando buscou a delegacia de polícia do município para denunciar uma ameaça de feminicídio de seu marido.
Ainda jovem, se apaixonou por um homem mais velho vindo de uma família rica. Como prova de seu amor, na hora de assinarem os documentos oficializando o casamento, concordou com uma união com separação total de bens. O que ela viria a descobrir depois é que, junto da união, havia assinado também um acordo que eximia o parceiro de arcar com qualquer tipo de gasto relacionado a ela, nem mesmo gastos para alimentação.
Não demorou para se ver presa em um casamento pautado pelo dinheiro. Ao longo dos anos, dividida entre cuidar do filho e reformar os imóveis do marido sem qualquer remuneração, definhou em uma espiral depressiva. A situação se arrastou até o início do segundo semestre de 2026, quando ele se recusou a pagar um tratamento psicológico para Marília.
Para ajudá-la, o filho do casal, um adolescente de 17 anos, se prontificou a ir até o pai e convencê-lo a mudar de ideia. Depois desse encontro, Marília estranhou a insistência do menino para que a mãe não voltasse para casa. Inquieta, questionou o porquê até que o jovem falasse a verdade.
“Ele foi pra cima do meu filho, falando que, quando eu chegasse, ele daria uma facada em mim. Assim que ouvi aquilo decidi fazer o B.O [boletim de ocorrência]. Não tenho família para pedir ajuda, queria só que, caso ele me matasse, a polícia soubesse quem foi”.
Na delegacia, mãe e filho foram encaminhados para atendimento psicológico e psiquiátrico, serviços que acessam até hoje. As consultas ajudaram Marília a entender que estava vivendo violência psicológica e patrimonial.
Contempladas pela Lei Maria da Penha desde sua criação em 2006, a violência psicológica e a patrimonial são reconhecidas como formas de violência doméstica. A violência psicológica caracteriza-se por condutas que causem dano emocional, diminuam a autoestima ou busquem controlar, limitar ou perturbar as ações, comportamentos, crenças e decisões da vítima. Atualmente, determinadas condutas dessa natureza podem configurar o crime autônomo de violência psicológica contra a mulher, previsto no o Código Penal, cuja pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, salvo se o fato constituir crime mais grave.
Já a violência patrimonial consiste na retenção, subtração, destruição parcial ou total ou apropriação de bens, valores, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, direitos ou recursos econômicos da mulher. Diferentemente da violência psicológica, não existe um único crime denominado “violência patrimonial”, de modo que a conduta praticada poderá configurar crimes diversos, como furto, apropriação indébita, dano ou estelionato. Ambas violências podem ser sofridas simultaneamente e, mesmo que a agressão física não ocorra, devem ser denunciadas.
Além do amparo para a saúde mental, mãe e filho foram encaminhados para a Casa de Acolhimento Provisório. O espaço, criado em 2023, é destinado a mulheres em situação de violência sem risco iminente de morte, acompanhadas ou não de filhos menores de 18 anos. O acesso ocorre mediante encaminhamento da delegacia ou do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o tempo de permanência é de 15 dias podendo ser estendido por mais 15 dias. Dentro desse prazo, a vítima precisa encontrar uma nova casa.
Sônia Cordeiro, diretora da Divisão de Proteção Especial da Secretaria de Assistência Social de Caraguatatuba, conta que a moradia é o principal desafio no rompimento do ciclo da violência doméstica. “Elas vão para a casa de acolhimento porque o agressor continua no domicílio, mas não é uma residência permanente e muitas não possuem renda própria para irem para outro lugar. Hoje o Governo do estado oferece uma ajuda de R$ 500, mas é um valor baixo, não dá pra custear um aluguel”.
Jackeline esclarece que esses mecanismos são importantes, mas ainda se limitam a soluções primárias: “Não são o melhor para a mulher, mas é o melhor que podemos oferecer hoje. O ideal seria o agressor sair da casa imediatamente, deixando ela para a mulher e o filho. O Estado ainda oferece apenas o básico. É triste pensar que, para manter mulheres vivas, estamos ofertando apenas estratégias mínimas”.
Marilia e o filho voltaram a morar em uma das casas reformadas por ela. Sem renda, a mulher começou a trabalhar como motorista de aplicativo, mas ainda não ganha o suficiente para sustentar os dois.
“Muitas vezes eu saio desesperada pra trabalhar, pra comprar comida pro mesmo dia. O que mais me dói é ver meu filho vender os brinquedos que ele coleciona pra me ajudar a comprar nossas coisas. Ele podia continuar com o pai e ter tudo, mas preferiu ficar comigo comendo pão com mortadela”, diz, emocionada.
Com o apoio das assistentes sociais, Marília foi até o Ministério Público solicitar uma medida protetiva de urgência. O promotor negou o pedido sob a alegação de que se ela não estava fisicamente machucada, não havia justificativa para a proteção.
“Eu falei pra ele: ‘Olha, eu preferia que o meu marido me espancasse e eu parasse num hospital, do que eu passar esses 20 anos de abuso psicológico, tomando vários remédios. Até suicídio eu tentei, porque não achava saída’. O que mata o ser humano é essa comparação. Como eu vou mensurar o tamanho da dor que cada mulher está sentindo?” Marília desabafa.
A segunda solicitação foi aceita. Agora, ela e o filho possuem uma medida protetiva provisória que vigora até novembro deste ano. Desde que foi concedida, o marido mudou-se para outra cidade. Com medo do que pode acontecer caso a medida não seja renovada, Marília vai semanalmente à Defensoria Pública pedindo uma atualização, mas voltava para casa com a mesma resposta.
“Toda vez é um estagiário diferente e eu tenho que contar a mesma história de novo e de novo. Isso já é violento. No fim, eles falam que eu tenho que esperar e que deveria voltar quando faltasse quinze dias pro prazo acabar. Eu e meu filho temos medo. Eu sei que ele tá esperando o prazo acabar pra vir atrás da gente”. Os únicos momentos em que Marília chora são ao falar do filho e do medo que tem do que o marido pode fazer contra os dois.
Em nota, a Defensoria Pública afirma que o atendimento a mulheres em situação de violência doméstica é considerado urgente e segue um protocolo que prevê o relato dos fatos uma única vez, para evitar a revitimização. As medidas protetivas são acompanhadas e, quando provisórias, é feito um agendamento do retorno antes que o prazo acabe, para reavaliar a situação de risco e adotar as providências necessárias à continuidade da proteção.
Em 2025, Alcione também conseguiu uma medida protetiva provisória que, na época, precisava ser renovada a cada dois meses. Assim que foi notificado sobre a proibição de aproximação, João passou a persegui-la. Em uma das vezes, entrou na casa de Alcione e tentou estuprá-la.
O agressor chegou a passar cinco meses preso, mas, assim que foi solto, retomou as tentativas de assédio. Cada invasão foi registrada pelas câmeras de segurança da casa e pelo acionamento do Botão do Pânico – aplicativo que aciona a Guarda Civil Municipal automaticamente. Nenhuma delas foi considerada no primeiro julgamento. Após duas audiências, João segue respondendo por seus crimes em liberdade.
“Eu estou revoltada, porque foi uma luta. Todas as vezes que ele ia lá, eu tinha que ir na delegacia, para mim também era humilhante. E hoje ele está solto sabendo que, provavelmente, não vai ter nada. Eu acredito que a justiça vai chegar”, Alcione diz, decidida.
Em 2025, para cada um dos 1.571 feminicídios no país, houve 2,7 tentativas de feminicídio e 84 descumprimentos de medidas protetivas de urgência foram registrados. Em números absolutos, o estado de São Paulo lidera as denúncias de tentativas de feminicídios – das 4.189 tentativas totais, 757 foram no estado – e fica em segundo lugar nos descumprimentos de medidas, com 22.820 casos, atrás apenas do Paraná, com 23.220 infrações.
Na visão de Jackeline, também falta, a nível nacional, um plano de reabilitação para os agressores: “A gente não tem um serviço de psicologia social voltado à readaptação desse homem violento para relações harmônicas e não patriarcais. Não basta esperar que a vítima saia da violência. A gente precisa responsabilizar o agressor para que novas violências não aconteçam”.
Caraguatatuba ainda enfrenta o problema estrutural de um governo que, há décadas, não volta seus olhos para as demandas da população feminina. É o que devende a vereadora: “São governos de direita que não enxergam esse tema como central na construção de uma sociedade. É a estrutura machista e patriarcal que se não conseguirmos romper, não vamos avançar. Temos que botar o pé na porta e falar: ‘É necessário olhar pra isso, porque precisamos seguir vivas”.
Ligue 180 — Central de Atendimento à Mulher. Gratuito, 24 horas. Orienta sobre direitos, recebe denúncias e indica serviços de atendimento próximos. Também atende pelo WhatsApp: (61) 9610-0180.
Ligue 190 — Em caso de emergência, risco imediato ou violência acontecendo naquele momento, acione a Polícia Militar.
Delegacia da Mulher — Para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. Na ausência de uma delegacia especializada, busque uma delegacia de polícia.
Casa da Mulher Brasileira e Centros de Referência (CRAM/CRAMS) — Oferecem acolhimento e podem reunir atendimento psicológico, social, jurídico e outros serviços da rede de proteção.
Serviços de saúde — UBS, UPA e hospitais também podem acolher mulheres em situação de violência. Em casos de violência sexual, procure atendimento o quanto antes.
En esta época posterior a todo y anterior a nada, la politóloga Wendy Brown va a lo fundamental. Habla de la transcendencia de las próximas elecciones, de la espiral nihilista del neoliberalismo, del problemón de la lógica masculinista naturalizada, de las demandas que comparten los votantes de izquierda y derecha, y de los movimientos sociales que buscan salida a un mundo en combustión, víctima de un fuego alimentado por demagogos oportunistas.
© GIANLUCA BATTISTA (EL PAÍS)
Un tren puede recorrer cientos de kilómetros sin que nadie se pregunte qué información guarda sobre su propio viaje. Pero cuando se produce un accidente, esa memoria electrónica adquiere un valor extraordinario. La velocidad a la que circulaba, las órdenes que recibió, el momento en que se activaron los frenos o la respuesta de sus sistemas de seguridad pueden ayudar a reconstruir los segundos anteriores al siniestro. Es la función de la llamada caja negra ferroviaria, cuyo nombre técnico en España es registrador jurídico.
A diferencia de la imagen habitual de una caja negra aeronáutica, el sistema ferroviario no tiene por qué ser un único dispositivo que concentre todos los datos. Se trata de un equipo electrónico compuesto por hardware, software y conexiones con otros sistemas del tren. Su configuración depende del vehículo y de los sistemas de control que incorpore. La normativa española establece requisitos para que registre información relevante para la circulación y pueda conservarla y ponerla a disposición de quienes investigan un accidente.
¿Dónde está? El registrador forma parte del equipamiento del tren y su ubicación concreta depende del diseño del vehículo. Puede estar instalado en un compartimento técnico o integrado en los equipos electrónicos de la locomotora. El sistema dispone de una memoria que protege los datos y permite recuperarlos incluso cuando es necesario acceder a un soporte extraíble preparado para soportar condiciones físicas y ambientales exigentes. No debe confundirse, por tanto, con una caja universal situada siempre en el mismo lugar.
La información concreta que registra depende de los equipos instalados. Por eso conviene distinguir entre los datos que recoge el registrador jurídico y los que pueden proceder de otros sistemas. Las conversaciones entre el maquinista y el centro de control, por ejemplo, pueden quedar registradas en sistemas de comunicación específicos. Las imágenes de las cámaras, cuando existen, constituyen otra fuente de información. Que estos datos puedan utilizarse en una investigación no significa que todos estén necesariamente almacenados dentro de la misma caja.
La posición del tren también es fundamental. Para situar cada acontecimiento, los sistemas pueden utilizar la distancia recorrida a partir de un punto de referencia, información procedente de los equipos de a bordo y, cuando está disponible, posicionamiento por satélite. Las balizas instaladas en la vía ayudan a confirmar la localización y a corregir posibles errores en el cálculo de la distancia. Así, los técnicos pueden determinar no solo qué sucedió, sino dónde ocurrió.
El momento decisivo llega después de un accidente. Antes de interpretar los datos es necesario extraerlos de forma controlada, comprobar que no han sido alterados y preservar su integridad. En España, las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras deben disponer de procedimientos para recuperar y custodiar esta información. El acceso se realiza con herramientas específicas del fabricante y programas capaces de convertir los registros electrónicos en datos legibles.
A partir de ahí comienza una tarea parecida a reconstruir una película a partir de miles de fragmentos. Los técnicos ordenan los acontecimientos por su marca temporal y representan parámetros como la velocidad, el frenado y los cambios de estado de los sistemas de seguridad. Una curva de velocidad, por ejemplo, puede mostrar cuándo comenzó a reducirse la marcha; el registro del freno permite comprobar si se accionó y en qué momento; los datos de señalización ayudan a determinar qué indicaciones recibió el tren o qué respuesta automática produjo el sistema.
Pero la caja negra no trabaja sola. Para reconstruir lo ocurrido, los especialistas comparan sus registros con los de otros trenes implicados, los sistemas de señalización y control de la infraestructura, las comunicaciones, las imágenes disponibles y las pruebas físicas recogidas en el lugar del accidente. Esta combinación es esencial: un dato aislado puede describir lo que sucedió sin explicar por qué.
En ese proceso también puede intervenir la llamada “moviola ferroviaria”, una herramienta informática que permite reproducir cronológicamente los acontecimientos registrados por los sistemas de señalización y control. No es otra caja negra instalada en el tren, sino un recurso para analizar los registros de la infraestructura y visualizar cómo evolucionaron las señales, los itinerarios y las órdenes automáticas. Al sincronizar esa información con la del tren, los técnicos pueden comprobar si las distintas fuentes encajan en una misma secuencia temporal.
La interpretación requiere especial cuidado. Que un registrador deje de almacenar datos en un determinado instante no demuestra, por sí solo, qué componente falló ni por qué ocurrió el accidente. Del mismo modo, que no aparezca registrada una determinada acción no permite atribuir automáticamente una responsabilidad. Los datos deben validarse, contrastarse con otras evidencias y analizarse dentro del contexto técnico de la circulación. La caja negra ferroviaria no ofrece, por tanto, una explicación automática de un accidente. Su valor está en algo más preciso: conservar una secuencia objetiva de acontecimientos que, de otro modo, dependería en gran medida de testimonios y recuerdos.
La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía activará el próximo domingo el nivel bajo de riesgo de incendios forestales, después de que la campaña de riesgo alto, que se extendió hasta el 15 de octubre, se cerrase con 58.735 hectáreas quemadas.
Según han informado a EFE fuentes del Plan Infoca el nivel de riesgo bajo se activa tras haber estado en vigor el "medio" desde el pasado 15 de octubre, y se prolongará hasta el próximo 1 de junio, mientras que en el periodo alto.
El balance ofrecido por el consejero, Antonio Sanz, el pasado 16 de octubre, reveló que la superficie afectada ascendió provisionalmente a las citadas 58.735 hectáreas: 28.023 de arbolado, 17.507 de matorral y 13.205 de pastizal.
La activación del nuevo periodo implica que la realización de barbacoas, aún en zonas habilitadas, las quemas agrícolas y la circulación de vehículos a motor por espacios forestales y de influencia forestal quedan permitidas, pero siempre con precaución.
Durante el periodo alto/medio se permitían solo en establecimientos turísticos y restaurantes rurales autorizados, así como la preparación de alimentos en campamentos infantiles o el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo.
En el periodo alto, que coincide con los meses de más calor, el 94 % de los incendios forestales producidos en Andalucía han sido provocados por la mano del hombre, ya sean intencionados, por negligencias o accidentales, mientras que sólo un 2,94 % tuvo un origen natural.
Además, seis de cada diez incendios forestales quedaron en conatos con 842 intervenciones del Infoca en terrenos forestales, de las que 516, el 61,3 %, quedaron en menos de una hectárea (conato).
Se registraron seis grandes incendios forestales (aquellos que superan las 500 hectáreas), en Los Gallardos (Almería), El Cerro de Andévalo, Alosno, Villanueva de los Castillejos y Niebla (Huelva) e Igualeja (Málaga).
La situación operativa 1 fue necesaria en 19 episodios que afectaron a 36 municipios.
Tres de ellos, Villanueva de los Castillejos, Los Gallardos y Niebla, alcanzaron la situación operativa 2. Se han contabilizado 6.444 personas evacuadas, alejadas o confinadas para protegerlas del fuego y del humo.
© Europa Press
La exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, será enterrada este viernes, 30 de octubre, en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por "expreso deseo de la familia", y recibirá velatorio en un tanatorio de Huelva capital. La misa será a las 16,30 horas de la tarde y posteriormente el entierro en el mismo municipio.
Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto a través de un comunicado, quien ha expresado su "más profundo dolor y consternación" tras confirmarse el trágico fallecimiento de la paisana Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).
"En estos momentos de inmensa tristeza, San Juan del Puerto se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, trasladándoles todo su cariño, apoyo y más sentido pésame ante tan triste pérdida", han indicado.
La familia de Báñez ha manifestado su deseo de que la despedida sea pública, para que todas aquellas personas que lo deseen, puedan acudir a presentar sus respetos.
Además, desde el Ayuntamiento han asegurado que su familia ha querido expresar su "sincero agradecimiento" a la población y medios de comunicación por "las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad que están recibiendo desde que se conoció la noticia". De la misma forma se solicita "respeto y comprensión en estos difíciles momentos, para afrontar el duelo en la tranquilidad que necesitan".
Asimismo, el último adiós a Fátima Báñez, por "expreso deseo de su familia", tendrá lugar en el municipio, donde recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. El velatorio se instalará en el tanatorio de Huelva.
Además, desde sus profundas convicciones religiosas, se celebrará una misa en la parroquia de San Juan Bautista de la localidad, templo al que Fátima "profesaba una especial devoción".
"San Juan del Puerto comparte el dolor de esta pérdida y acompaña a su familia y allegados en estas horas de profunda tristeza, haciendo suyo el sentimiento de duelo por la marcha de una paisana muy querida", finaliza el comunicado.
Este viernes 30 de octubre está prevista la primera jornada de paros parciales convocados por los trabajadores del Metro de Granada y que afectarán a su habitual funcionamiento. La Junta de Andalucía establece un 60% de servicios mínimos en este medio de transporte en la capital y su área metropolitana.
En una publicación en su perfil oficial en redes sociales, consultado por Europa Press, el suburbano de Granada da cuenta sobre los servicios mínimos del 60%, a la vez que informa sobre los intervalos de paso previstos tanto el viernes 30 como el próximo martes 3 de noviembre.
Así, fuentes sindicales han comunicado que las franjas de los paros parciales para este viernes 30 de octubre son de 7,00 a 9,30, de 13,00 a 14,30 horas y de 19,30 a 22,00 horas. Por su parte, Metro de Granada comunica que los intervalos de paso previstos serán de seis minutos y medio entre las 15,30 y las 19,30 horas; de diez minutos de 6,30 a 7,00 horas y de 10,30 a 13,00 horas; de trece minutos entre las 7,00 y las 10,30 horas y entre 13,00 y las 15,30 horas; y de 15 minutos entre las 23,00 y las 2,00 horas.
En cuanto al martes 3 de noviembre, los sindicatos han establecido los paros parciales de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 horas y de 19,00 a 21,30 horas. Y Metro de Granada señala que las previsiones de intervalos de paso para ese día son: Seis minutos y medio entre 16,30 y 19,00 horas; diez minutos entre 6,30 y 7,00 y entre 10,30 y 13,00 horas; y de trece minutos de 7,00 a 10,30, de 13,00 a 16,30 horas, y de 19,00 a 23,00 horas.
Desde Metro Granada recuerdan que se requieren entre 60 y 90 minutos para la incorporación de trenes y recuperar los horarios habituales tras cada paro, por lo que los tiempos pueden variar.
Además, fuentes de la Consejería de Movilidad de la Junta consultadas por Europa Press señalan que en la jornada de paros parciales, se informará en línea a través de teleindicadores de estaciones y megafonía.
REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES
A principios del presente mes de octubre el Comité de Empresa del Metro de Granada informó de la convocatoria de un calendario de paros comprendidos entre el 30 de octubre y el 7 de enero de 2027 ante el "bloqueo" de las negociaciones del convenio colectivo y que incluye 25 jornadas de paros parciales y cuatro de huelga total, estas últimas los días 27 y 28 de noviembre junto al 28 de diciembre y 5 de enero.
La plantilla de 160 trabajadores reclaman condiciones dignas y homologables a las del resto de metros andaluces, así como mejoras que garanticen tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio.
En el mes de octubre, el transporte público tendrá paros parciales en la jornada del viernes 30, mientras que en noviembre están previstos los días 3, 4, 6, 11, 12, 13, 16, 17 y 20, y durante diciembre, los días 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23. Los paros parciales se mantendrán a comienzos del próximo año durante las jornadas del 4, 7 y 8 de enero.
Fuentes sindicales consultadas por Europa Press han señalado la disposición de la representación de los trabajadores para seguir negociando con la empresa Avanza y alcanzar un acuerdo que ponga fin a los paros.
EL PAPEL DE LA CONSEJERÍA
Precisamente en cuanto a la negociación entre Avanza y el Comité de Empresa de Metro de Granada, la Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta ha expresado su "total respeto a las decisiones que adopten" los representantes de los trabajadores, pero, como han señalado desde el inicio del conflicto laboral por la negociación del nuevo convenio colectivo, instan a la dirección de Avanza y a los propios representantes sindicales a que acerquen posturas para que se puedan desconvocar los paros programados, y evitar así la afección y molestias a los usuarios del Metro de Granada.
"Somos conscientes del esfuerzo que está planteando sobre la mesa la dirección de Avanza, que ya hecho hasta cuatro ofertas para el nuevo convenio, la última con un incremento salarial acumulado para los próximos cuatro años del 25,35%, así como medidas de mejora organizativas y de conciliación laboral, y confiamos en la voluntad de las partes para continuar trabajando en un acuerdo que desbloquee el nuevo convenio y ponga fin a los paros", señalan desde la Consejería.
© Europa Press
Unicaja cerró los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 543 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el banco al publicar su cuenta de resultados trimestral.
Los ingresos totales del banco en el periodo (margen bruto) fueron de 1.629 millones de euros, un 3,5% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 1.151 millones, un 3% más. Las comisiones netas avanzaron un 1,3%, hasta los 397 millones, mientras que el resultado de entidades mediante el método de participación se alzó un 3,4%, hasta los 82 millones.
"La evolución del trimestre refleja la estabilidad de la capacidad de generación recurrente de ingresos de la entidad. El crecimiento del margen de intereses se fundamenta en los mayores ingresos financieros tanto de la inversión crediticia como de la cartera de renta fija. En conjunto, la diversificación de las fuentes de ingresos y la gestión activa del balance permiten sostener la evolución favorable del margen, absorbiendo el incremento del coste de los depósitos en un entorno de tipos de interés al alza", ha explicado la compañía.
En este contexto, el Consejo de Administración ha acordado abonar en efectivo un segundo dividendo de 6,42 céntimos por acción a cuenta de los resultados del presente ejercicio, cuyo pago está previsto para el 17 de diciembre de 2026.
La nueva retribución se suma a los 217 millones de euros que el banco ya saldó el pasado 24 de septiembre por un primer dividendo de 8,44 céntimos por acción. Así, los dos dividendos a cuenta de 2026 sumarán aproximadamente 382 millones de euros, un 126% más que los distribuidos a cuenta en el ejercicio anterior. En conjunto, la entidad espera destinar a sus accionistas el 95% del resultado neto consolidado de 2026, frente al 70% de 2025.
© Unicaja
Ciudad de Guatemala, 30 oct (Prensa Latina) El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala prevé hoy habilitar cuatro mil 205 centros de votación y conformar 29 mil 500 juntas para las elecciones del próximo año.
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