La reforma del sistema de pensiones de 2023, implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo penalizaciones económicas de hasta el 30% sobre la cuantía de la pensión final para desincentivar el retiro de los trabajadores antes de la edad ordinaria de jubilación y favorecer carreras laborales más largas. El objetivo de fondo era aliviar la presión que ejercerá sobre las cuentas de la Seguridad Social la jubilación masiva de la generación del baby boom, que ya ha comenzado a retirarse. Es decir, retrasar la edad efectiva de jubilación para contener el aumento del gasto en pensiones que afrontará el sistema durante las próximas décadas.
Sin embargo, los datos acumulados de 2026 hasta agosto traen malas noticias. Las jubilaciones demoradas (aquellas en las que el trabajador sale del mercado laboral con más de 65 años si ha cotizado 38 años y 3 meses o con más de 66 años y 10 meses si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) representan el 12% sobre el total de personas que se han jubilado en los primeros ocho meses del año. Concretamente, casi 28.800 trabajadores optaron por esta modalidad respecto a las 247.200 altas del sistema.
Durante los años previos a la reforma, los jubilados que optaban por esta modalidad apenas representaban menos del 5% sobre el total. Sin embargo, desde que se introdujeron los desincentivos económicos, esta proporción ha ido escalando gradualmente: del 5,4% de 2022 al 8,1% en 2023, seguido del 9,3% en 2024, el 10,9% en 2025 y el 11,6% entre enero y agosto de 2026.
No obstante, estas cifras distan mucho de los cálculos estimados por el Gobierno. En 2023, el Ministerio que dirigía José Luis Ecrivá remitió a la Comisión Europea el documento con sus Proyecciones del gasto público en pensiones hasta 2050, a fin de recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Pues bien, en estas proyecciones, el entonces ministro de Seguridad Social apuntó que en 2026 se registrarían alrededor de 285.000 jubilaciones demoradas sobre un total de 345.000 altas, es decir, tendrían que haber representado el 83% del total en vez de un 11,6% como finalmente ha ocurrido.
La cuestión no es solo que la estimación sea inexacta, sino también sus repercusiones económicas sobre el gasto público. El documento enviado a Bruselas calculaba que, como consecuencia del impacto de los nuevos incentivos a la jubilación demorada, se podría reducir el gasto un 0,14% sobre el PIB en 2025 y un 0,17% en 2026. En euros contantes y sonantes supondrían unos 2.300 y 2.900 millones de euros menos, respectivamente.
Sin embargo, dado que sus estimaciones no se han cumplido, este ahorro ha sido menor. Según cálculos de El Independiente, si se aplica de forma orientativa la proporción observada a las estimaciones del Gobierno, los 2.300 millones de euros que la Seguridad Social esperaba reducir del gasto en pensiones en 2025 se quedarían en unos 300 millones, mientras que los 2.900 millones proyectados para 2026 bajarían a alrededor de 400 millones.
De hecho, la desviación optimista no se limita a las jubilaciones demoradas, sino que también se ha producido sobre las previsiones globales. La reforma contemplaba más medidas, además de los desincentivos a retrasar la jubilación (como el incremento de los ingresos a través del refuerzo de las cotizaciones sociales o la elevación anual de la edad ordinaria de jubilación, entre otras), para reducir el gasto público.
Sin embargo, sus proyecciones apuntaban a que el gasto en pensiones contributivas se situaría en el 11,22% del PIB en 2025 gracias a la reforma, frente al 12,27% que habría representado sin ella. Dado que se disponen de los gastos del sistema sobre este ejercicio, las cifras revelan que el desembolso final ha sido superior incluso a la estimación del escenario previo a la reforma: casi 212.400 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB.
A la una y media de la madrugada, un hombre llamado Rubén circula por la carretera en dirección a su vivienda en Arroyomolinos (Madrid). Es 22 de febrero de 2023, apenas hay tráfico, pero una patrulla de la policía le da el alto. Él para el vehículo pensando que es un control rutinario, cuando, de repente, se ve envuelto en una maraña de golpes e insultos y esos supuestos agentes lo meten a trompicones en su coche. Al mismo tiempo, en su casa, cuatro encapuchados, también vestidos como policías, sacan a su mujer y sus hijos de la cama y los meten en otro coche. Es el inicio de una noche de terror y brutalidad a manos de una banda a la que no le temblaba el pulso para conseguir todo el dinero y las joyas que pudiera. ¿Su límite? Una anotación en un papel en la mesilla de noche de uno de los criminales da una idea de sus expectativas: “Riqueza Éxito - un millón de euros”.
El presidente vuelve a ser candidato. Y se le nota. Habla con soltura, esquiva dardos, se planta con una sonrisa. Pedro Sánchez, a quien, tras la condena de su hermano y la crisis de Ceuta, se le veía debilitado, da la impresión de haber renacido con el 29-N, sus sextas elecciones generales. “Estos comicios se pueden resumir en una idea muy sencilla: o avanza el pasado o avanza España”, afirma.
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Las redes sociales fueron recibidas hace 20 años como un gran espacio de libertad. Hoy en día ya sabemos que se han convertido en plataformas dedicadas a encubrir a delincuentes anónimos; en espacios que favorecen la mentira, la injuria y la calumnia, los mensajes de odio; que acogen los acosos sexuales y personales, la xenofobia, el machismo y el racismo, la pederastia, la pornografía infantil, los mensajes yihadistas; en lugares donde se permiten las suplantaciones de identidad (las últimas han sido las sufridas en cuentas del PP el pasado miércoles por los socialistas Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, entre otros). Por si fuera poco, su maquinaria utiliza algoritmos con sesgos polarizadores y sus directivos aplican ingenierías fiscales para evadir impuestos en los países donde obtienen los ingresos.
© Noah Berger (AP Photo / Lapresse) (EL PAÍS)
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