Una empresa asturiana despidió a su director comercial tras acusarle de cargar a la tarjeta corporativa 156 gastos indebidos por un importe total de 14.604 euros. Entre los pagos cuestionados había gastos de lavandería, aparcamientos durante fines de semana, multas de tráfico y compras por internet cuyo producto no se identificaba.

El trabajador impugnó el despido y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado que fue improcedente. La compañía no consiguió demostrar que los cargos constituyeran un incumplimiento contractual de la gravedad necesaria para justificar el cese. La indemnización queda fijada en 9.901 euros y la empresa deberá abonar, además, 500 euros en concepto de costas por el recurso.

El empleado ejercía como director comercial desde julio de 2022, con un contrato de alta dirección. Para desarrollar su actividad disponía de un vehículo, un teléfono, un ordenador y una tarjeta bancaria con la que afrontaba los gastos de trabajo. Su función consistía en visitar clientes en España y otros países europeos para captar negocio.

Según los hechos recogidos en la sentencia, utilizaba la tarjeta principalmente para comidas y otros gastos de hostelería relacionados con su actividad. No necesitaba autorización previa para cada desembolso, aunque los justificantes se sometían a un sistema de revisión.

La compañía le comunicó el despido a mediados de marzo de 2025, alegando una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza. Sin embargo, el juzgado que examinó inicialmente el caso concluyó que la decisión no estaba justificada y condenó a la empresa a indemnizarlo con 9.901 euros.

Los gastos se revisaban con el director financiero

Uno de los aspectos que ha valorado el TSJA es el procedimiento de control de los pagos. Los justificantes de los gastos comerciales se revisaban conjuntamente entre el director financiero y el propio trabajador. Este anotaba en el reverso de los recibos las personas con las que había realizado cada gasto, mientras que los tickets se guardaban en una carpeta en las oficinas. En ocasiones, la empresa solicitaba al responsable financiero explicaciones sobre determinados pagos.

La Sala no descarta que algunos desembolsos pudieran ser ajenos al trabajo, como los de lavandería, ciertos aparcamientos en fin de semana, multas atribuidas a terceras personas o compras por internet cuyo producto no se conocía. No obstante, considera que los importes no eran especialmente elevados y debían analizarse teniendo en cuenta el sistema de control y la autonomía del director comercial.

La empresa intentó reforzar su acusación con una relación de otros 30 cargos realizados desde octubre de 2024, por valor de 1.971 euros. El tribunal rechazó incorporarlos como gastos no justificados: enumerar los pagos no demostraba que fueran indebidos y parte de la documentación no permitía comprobar sus circunstancias.

La documentación no acreditaba las irregularidades

La sentencia recoge, entre otros ejemplos, un supuesto gasto de 203,90 euros en un restaurante de Gijón en noviembre de 2024. La compañía aportó un ticket por esa cantidad, pero los justificantes de pago con tarjeta correspondían a otros importes —13,15 y 20 euros— y a una fecha distinta. Para el tribunal, esos documentos no acreditaban el cargo en los términos descritos por la empresa.

Además, las copias de los tickets presentadas en el procedimiento mostraban únicamente la parte delantera. No aparecían las anotaciones del reverso en las que el trabajador identificaba a las personas con las que había realizado los gastos. La Sala también destaca que no consta que la compañía le hubiera advertido antes del despido de que estaba efectuando pagos indebidos, reclamado la devolución de cantidades o explicado con claridad qué podía cargar a la tarjeta.

El director comercial pidió que el despido se declarase nulo y reclamó otros 18.000 euros por daños morales. Alegó que había denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos una supuesta grabación de audio mediante cámaras de vigilancia, que la empresa le había comunicado la instalación de un sistema de geolocalización en el vehículo y que después le había ordenado dejarlo en las instalaciones al terminar la jornada.

El TSJA rechaza que se haya probado que el despido fuera una represalia. La denuncia ante la Agencia de Protección de Datos fue archivada porque las cámaras no grababan audio y la empresa había informado de su existencia mediante carteles visibles. Tampoco se acreditó la instalación de un dispositivo de geolocalización, ya que el vehículo lo incorporaba de serie, ni que la obligación de dejarlo en las instalaciones afectara únicamente al trabajador.

La Sala desestima los recursos de ambas partes y confirma la decisión del juzgado gijonés: el despido es improcedente y la empresa deberá pagar la indemnización de 9.901 euros, además de las costas del recurso.

Hoy no parece un buen día para quedar con Alcalá Norte. Carlos Elías, el guitarrista, pasó una noche regular, aquejado de una incómoda infección de garganta. Álvaro Rivas, cantante, apenas pegó ojo y vomitó ocasionalmente. “Algo me debió sentar mal”, aduce. De Jaime Barbosa (batería) y Pablo Prieto (bajista) poco se sabe, y no asomarán la cabeza en toda la mañana. La única que se presenta despejada es Laura de Diego, la teclista. Pero se le tuerce el gesto a los pocos minutos de entrar en el estudio madrileño donde se graba el nuevo disco del grupo. Rivas habla sobre el pudor que le da escribir canciones con estribillos proclives a que la audiencia desate sus gargantas, como si eso fuera algo sencillo. “El otro día me comentó Jota [líder de Los Planetas] que siempre seremos un grupo de nicho, y creo que tiene razón”, apunta el cantante, quizá para reforzar la idea de huir de las composiciones facilonas. Laura interviene, con tono severo: “Harías mejor en no hacerle mucho caso a Jota”. Estamos en noviembre de 2025, un año antes de la publicación del segundo álbum de Alcalá Norte. Y no va a ser un camino sencillo.

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La presión es enorme y va a crecer mucho en cuanto acabe el duelo oficial por los muertos en el accidente de Urda. Todo indica que la petición de dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes, será uno de los ejes de la campaña de PP y Vox en las próximas semanas. Pero no solo ellos apuntan a uno de los hombres clave del sanchismo, decisivo en la campaña socialista. También algunos socios importantes del PSOE, como el PNV o el Frente Amplio, están apuntando a su responsabilidad y rechazando la idea de que el accidente pueda explicarse simplemente con el argumento del “fallo humano”.

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El mandato anual de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que expira el sábado, puede ser el último bajo ese nombre si el Consejo de Seguridad aprueba este viernes una resolución presentada por Estados Unidos para que desaparezca la mención a una consulta popular. Tras lanzar a comienzos de mes un órdago al Frente Polisario, que defiende la independencia del territorio mediante un referéndum, Washington ha redactado una nueva propuesta al Consejo donde el plan de autonomía bajo soberanía de Marruecos deja de ser la “única solución” factible al conflicto para convertirse en “marco negociador” de una salida política, en la que todavía se incluye el concepto de autodeterminación.

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Funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) se presentaron este miércoles 28 de octubre en la sede central del PP de la Comunitat Valenciana ubicada en la calle del Embajador Vich de València para requerir documentación relativa a la campaña de vallas publicitarias que de forma prácticamente simultánea lanzaron el partido y el Gobierno valenciano en la que se promocionaba una bajada de impuestos aprobada por el Consell.

En concreto, en las vallas con el logo de la Generalitat se informaba de las nuevas deducciones aprobadas y en algunos casos, en una valla contigua con el logo del PP, aparecía la imagen del presidente del Consell con el lema “cumplimos”. La campaña suscitó polémica y críticas por parte de la oposición al considerar que se estaban usando recursos públicos para promocionar a Pérez Llorca y al PP.

Tanto es así, que el pasado mes de mayo la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, puso una denuncia ante la AVA en la que ponía de relieve esta connivencia entre ambas campañas y en consecuencia la posible detracción de recursos públicos para intereses particulares.

En su escrito, Navarro considera que se podría haber vulnerado la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional que establece que “toda la publicidad institucional estará libre de identificación partidista alguna, quedando prohibidos los puntos de similitud con la publicidad que lleve a cabo cualquier partido político para la propia imagen o la captación de afiliación”.

Como consecuencia de la denuncia, la AVA abrió un expediente de investigación y empezó requiriendo documentación el pasado mes de agosto sobre la mencionada campaña a la vicepresidencia segunda y conselleria de Presidencia que dirige José Luis Díez. Aunque la agencia emitió un primer informe provisional el pasado mes de septiembre en el que a la vista de los informes aportados por la administración autonómica el contrato publicitario sería válido, el expediente se mantuvo abierto y por lo tanto la investigación no se dio por cerrada.

Tanto es así, que al menos un miembro de la Agencia se personó este miércoles en la sede del PPCV para requerir información sobre la misma campaña, de lo que se desprende que se van a cruzar los datos de ambas acciones publicitarias (la de la Generalitat y la del partido) para comprobar si hubo algún tipo de connivencia con el objetivo de beneficiar la imagen de Pérez Llorca y del PP con recursos públicos.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, fuentes del PP han confirmado la visita de personal de la AVA para requerir información sobre el asunto de las vallas publicitarias, aunque al mismo tiempo insistieron en que el caso quedó archivado en septiembre, al menos por lo que respecta a la Generalitat. Cuestionados sobre el motivo de la visita de la Agencia y del requerimiento de información han considerado que alguien habrá vuelto a denunciar “para seguir estirando el asunto”.

Sin embargo, desde Compromís, autores de la denuncia que inició la investigación, aseguraron que no les consta ningún archivo y que de hecho por la información que tienen el expediente de investigación sigue abierto. Así, insisten en que de estar archivado les habría llegado el correspondiente informe final de la AVA.

En la misma línea, la diputada socialista, Mercedes Caballero, que solicitó acceso a todo el expediente de investigación de la Agencia ha asegurado que sin ir más lejos los pasados 16 y 19 de octubre acudió a revisar toda la documentación y certificó que existe un primer informe provisional que especifica que a la vista de la información aportada por la Generalitat el contrato sería válido, pero que la investigación sigue abierta y pendiente de documentación.

Esta explicación cuadra con la visita de la Agencia de este miércoles a la sede del PP para recabar toda la información y clarificar así si hubo algún tipo de connivencia y de infracción.

Vallas retiradas por las elecciones

Independientemente de la investigación de la Agencia Antifraude, el PSPV de la provincia de Valencia presentó una queja ante la Junta Electoral Provincial para que requiera al Partido Popular (PP) la retirada inmediata de todas las vallas publicitarias de contenido electoralista que mantiene instaladas en el territorio autonómico ante la convocatoria anticipada de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Sin embargo, la Junta Electoral Provincial de Valencia archivó la queja puesto que los carteles denunciados fueron instalados con anterioridad a la convocatoria electoral y, además, se acreditó, mediante aportación de comunicaciones a la empresa responsable, haber instado su retirada y, posteriormente, mediante certificación, que han sido retirados dentro de un plazo razonable desde la convocatoria.

Por tanto, “no se aprecia voluntad de mantener actividad propagandística contraria al artículo 53 de la LOREG, por lo que procede el archivo de las actuaciones”, explica la resolución.

Este jueves habló de lo sucedido una de las víctimas del choque de trenes en Urda (Toledo), el médico y CEO de la empresa de sanidad Vithas, Pedro Rico. El empresario publicó en su perfil de LinkedIn un texto donde explicaba cómo sufrió en primera persona la tragedia ferroviaria que tuvo lugar en España en la mañana del pasado miércoles.

Así, Rico confesaba que, si bien la tragedia "sirve para comprender en toda su crudeza qué significan las frías cifras de muertos y heridos", le resultaba imposible encontrar las palabras para expresar tanto dolor en mitad del caos. Trasladaba en primer sus condolencias: "son esas las únicas palabras que puedo expresar hoy hacia las víctimas y quienes las lloran".

"Haberlo vivido como médico te da otra dimensión. Tu vocación de servicio te lleva a intentar ayudar a los que te rodean, pero el estado de conmoción y shock en el que te encuentras inmediatamente después del accidente", admitía el CEO de Vithas. Explicaba cómo en los momentos iniciales de la catástrofe se sintió "bloqueado, sin saber por dónde empezar a ayudar", como si intentara "vaciar una playa con una pala", pura impotencia.

Sin embargo, relataba con orgullo cómo "como suele ocurrir en las tragedias, la de ayer también sacó lo mejor de cientos de personas", tanto los "pasajeros, vecinos y tripulantes" como aquellos que dedican su vida al cuidado de los demás: "servicios de emergencias, sanitarios, policías, guardias civiles, bomberos, trabajadores ferroviarios, alcaldes...".

Pedro Rico se deshacía en agradecimiento por quienes ayudaron "como una única persona", aquellos que "encarnan lo que llamamos humanidad". Y terminaba citando a Antonio Machado: lo que significa "ser, en el buen sentido de la palabra, bueno". Concluía su relato dando gracias de corazón a quienes le han hecho llegar el afecto, ya que además de él, uno de sus amigos también fue víctima en el accidente, aunque por el momento se encuentra entre los desaparecidos.

¿Qué se sabe hasta el momento de las posibles causas del accidente?

Las primeras investigaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) apuntan a una posible concatenación de averías, instrucciones y actuaciones que habría terminado provocando la colisión entre el AVE de Renfe y el tren de Iryo. Según el informe elaborado por la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) durante las primeras 24 horas posteriores al siniestro, una de las circunstancias relevantes fue la avería del sistema de señalización LZB, registrada a las 8:31 horas.

Este incidente habría obligado a modificar el procedimiento habitual de circulación de los trenes, que pasaron a operar bajo el sistema de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).Este cambio en las condiciones de circulación hizo necesario un intercambio de información entre los maquinistas y el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif para gestionar la situación.

La hipótesis que recoge el informe es que la sucesión de averías, instrucciones y acciones que se produjo a partir de ese momento pudo conducir al choque, sin que llegaran a funcionar las barreras de seguridad que deberían haber evitado o mitigado sus consecuencias. De esta forma, las primeras pesquisas apuntan a una posible combinación de incidencias técnicas y actuaciones operativas, aunque todavía no permiten establecer una causa definitiva ni determinar qué responsabilidad pudo tener cada uno de los elementos implicados.

El informe estima que la colisión se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora. El coche de cabeza del AVE quedó empotrado en el vagón de cola del tren de Iryo, que se encontraba detenido en la vía, y ambos terminaron volcados al pie del terraplén. El choque provocó, además, el descarrilamiento de buena parte de los dos convoyes. La Aitat ha participado en la retirada de los registros embarcados de ambos trenes, que han quedado bajo custodia de la Guardia Civil, y continúa recopilando documentación y datos de los distintos sistemas.

¿Cuál es la cifra de víctimas mortales y heridos?

Este jueves, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) elevó a 74 el número de víctimas mortales en su informe preliminar sobre el siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Sin embargo, el puesto de mando avanzado mantiene por el momento el recuento en 69 cadáveres recuperados.

Los dispositivos de emergencia y los equipos de búsqueda continúan trabajando sobre el terreno para localizar e identificar a las víctimas del accidente ferroviario. Por otra parte, los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha mantienen ingresadas a 50 personas heridas.

Los saqueos del pasado sábado en Barcelona dejaron un rastro en la red más allá de la convocatoria de los altercados. Cuentas de X –antes Twitter– desde distintos países lanzaron mensajes para atacar a los manifestantes, pero también a inmigrantes, sin que en el momento de los hechos –ni ahora– haya una relación entre nacionalidades y la vandalización de las de la ciudad. Esos usuarios cuentas difundieron llamamientos a perseguir a inmigrantes y participantes en los extranjeros. «Los registros de transparencia de X sitúan tres de las cuentas examinadas en Francia, Ecuador y Uruguay, mientras otras presentan cambios de identidad inusuales o características propias de cuentas desechables», según un informe de la empresa de inteligencia Golden Owl, afincada en el Parque Científico de Alicante.

La compañía ya fue clave para desenmarañar los cientos de mensajes que impulsaron la entrada masiva a Ceuta a finales de julio desde Marruecos. Ahora, la empresa ha revisado 10.000 elementos recopilados en siete plataformas digitales para dibujar un mapa de lo que ocurrió hace menos de una semana en la capital catalana. También recoge los mensajes que llaman a nuevas protestas y pillaje en distintas provincias este fin de semana, aprovechando la festividad de Halloween. Aunque la Policía monitoriza las redes tratando de anular las convocatorias y de cerrar los grupos de mensajería instantánea donde se organizan, algunas están desconvocándose. Es el caso de Madrid, donde la Jefatura Superior tiene preparado un dispositivo de seguridad «mayor» que el de otros años.

Los mensajes que clamaban venganza por la vandalización de los comercios eran «ajenas» a los organizadores de los mismos, explica el informe. Presentaban los disturbios como «delincuencia migrante» y llamaban a «tomarse la justicia por su mano» con textos como «a por ellos», «a cazar» o «remigración». Este último es uno de los eslóganes que más fuerza ha cogido entre la ultraderecha europea en el último año. Otros textos decían: «Los marroquíes son el enemigo, a por ellos, sin tregua»; «Hay que dejar limpia España»; «Si ellos han sabido organizarse nosotros debemos hacer igual y sacarlos de nuestras calles. A por ellos!»; «Saquen al ejército y disparen a los objetivos».

La Policía tiene en cuentas estas represalias o «réplicas» para este fin de semana, por si se produjesen enfrentamientos entre distintos grupos a raíz de las nuevas citas. Por ahora, las convocatorias que más preocupan son las de Algeciras, San Pedro de Alcántara (en Málaga), Madrid y Barcelona. Las fuentes policiales distinguen los disturbios que ocurrieron en Bilbao esta semana. Allí se manifestaron grupos de extrema izquierda y antifascistas por la presencia del agitador ultra Vito Quiles. Fueron grupos muy politizados, algo que no se ha detectado en Blocus, como se hacen llamar estos organizadores. Aun así, la Ertzaintza está pendiente de posibles manifestaciones este fin de semana a raíz de un posible «efecto contagio».

Los investigadores definen los perfiles que agitaron las revueltas de Barcelona como «anónimos y efímeros». Esto dificulta averiguar quién está detrás, ya que las plataformas no suelen colaborar con la Justicia a la hora de identificar sus cuentas. Los mensajes se enviaron bajo la etiqueta de Blocus, que remite al movimiento francés «blocus de lycées» y al movimiento «Lycées Indignés». Estos han sido los principales promotores de las revueltas en el país galo las últimas semanas, bajo la premisa de unas protestas por una mejor educación pública.

La revuelta del pasado sábado se saldó con 128 detenidos, de los que 72 eran menores, y se saquearon una treintena de comercios. El origen de la convocatoria estuvo en perfiles de TikTok de «reciente» creación, especialmente entre los pasados 18 y 20 de octubre. Los vídeos, de corta duración, contenían cartelería realizada con inteligencia artificial acompañada de un código QR. Al entrar, el móvil accedía a chats grupales en WhatsApp y Telegram en el que había unos 700 participantes. La mayoría han sido cerrados.

Ahora los trabajos están en averiguar quién está detrás de las convocatorias. Los Mossos d’Esquadra han pedido apoyo a policías europeas, al Centro Criptológico Nacional y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).