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Fujimori elogia en El Salvador la receta de seguridad de Bukele: “Es un faro de esperanza para Latinoamérica”

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, anunció este jueves en El Salvador que construirá nuevas cárceles inspiradas en el modelo de mano dura de Nayib Bukele y que pretende adoptar algunas de sus severas medidas de aislamiento y control de los reclusos. El anuncio se produjo después de que la mandataria recorriera el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel convertida en símbolo de la política de encarcelamiento masivo con la que Bukele ha combatido a las pandillas. Fujimori busca incorporar parte de esa estrategia a su ofensiva contra el crimen organizado en el Perú.

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© Rodrigo Sura (EFE)

Keiko Fujimori y Nayib Bukele tras firmar un acuerdo de cooperación este jueves en la Casa Presidencial, en San Salvador.
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Ecuador: Piden liberar a Luisa González a una semana de su detención

Quito, 29 oct (Prensa Latina) Legisladores de Ecuador reclamaron hoy la libertad de la excandidata presidencial Luisa González, detenida hace una semana por acusaciones de presunto lavado de activos en medio de denuncias de persecución política.

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Anatomía de la reconstrucción tras la dana: reparaciones de urgencia a la espera de las obras antirriada y de edificar menos y mejor

Estado actual del barranco del Poyo en el tramo de Picanya.

El riesgo cero no existe, repiten rotundos los expertos, y menos ante un desastre como el causado en la provincia de Valencia por la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 fallecidos, precipitaciones extraordinarias de más de 771 litros por metro cuadrado en apenas horas y caudales superiores a los 2.200 metros cúbicos por segundo —varias veces el caudal del río Ebro—, bajando a toda velocidad por ramblas y barrancos. El resultado fue una gran ola que se llevó todo por delante en la zona cero, un territorio densamente poblado y vulnerable por su alto riesgo de inundación. Después ha habido más danas y episodios de lluvias torrenciales y en todas ellas la población ha revivido el miedo a que una tragedia así se repita. “Queremos un futuro mejor y que los proyectos se hagan. Nos interesa estar en un horizonte seguro”, reivindica Salvador Piqueras, miembro de uno de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), creados tras la dana para dar voz a la población damnificada por la riada.

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Estado actual del Barranco del Poyo en el tramo de Picaya. Se aprecia la construcción de muros y mantos de escollera para proteger las orillas  frente a la erosión.Barrera instalada para contener el agua en el barranco de la Saleta de Aldaia cada vez que hay lluvias. El desvío que proyecta la CHJ evitará las constantes inundaciones del municipio.Una vecina cruza la Rambla del Poyo con un puente peatonal en Picanya (Valencia), con los márgenes del barranco llenos de escombros y destrozos, del 13 de noviembre de 2024, unos días después de la terrible dana.
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¿Qué fue de Carlos Mazón? El expresidente se limita a votar mientras las víctimas de la dana no olvidan y piden su acta de diputado

Carlos Mazón en un pleno de Les Corts Valencianes de julio.

El diputado Carlos Mazón no hace vida de pasillos, no se le ve en la cafetería, no participa en los debates, no hace declaraciones, no asiste a las comisiones, ni presenta iniciativas parlamentarias. Llega al pleno de Les Corts Valencianes en su coche oficial de expresidente de la Generalitat, a menudo acompañado por el que fuera su jefe de gabinete y ahora asesor, José Manuel Cuenca; saluda, se sienta en su escaño de la última fila, saca su ordenador, se pone las gafas, aplaude a sus correligionarios del PP, charla con los diputados o consejeros que se le acercan y vota. Normalmente, se ausenta durante las intervenciones de la oposición, que, sin embargo, no dejan de mencionarlo.

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Familiares de las víctimas increpan a Mazón durante el funeral de Estado en memoria de las víctimas de las inundaciones ocurridas hace un año, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España, el 29 de octubre de 2025.El entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asiste al acto de toma de posesión de Manuel José Baeza como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en abirl de 2025.
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De la autonomía universitaria a la autonomía policial

El 14 de octubre, un operativo de antidisturbios de la Policía Nacional impidió violentamente la celebración de un piquete informativo durante la jornada de huelga y paro académico convocada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Hirieron, arrestaron y retuvieron a estudiantes y trabajadoras que se dirigían pacíficamente a la facultad de Ciencias Químicas. Todo esto, sin que lo requiriera la universidad, y justo cuando casi se cumplen 50 años de que se disolviera el Tribunal de Orden Público y las fuerzas de orden público fueran retiradas de las universidades, donde eran una fuente constante de conflictos gratuitos.

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© EFE

Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid, se han concentran donde tuvieron lugar las cargas policiales contra un piquete informativo en el primer día de huelga educativa.
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Los datos que desnudan el discurso del PP de Mazón sobre la dana: el 90% de las muertes fue antes del envío de los dos ES-Alert

Detrás de los números a veces se esconden verdades desoladoras. El 1, por ejemplo, es con el que los telediarios bautizaron a José Fernández en la noche del 29 de octubre de hace dos años, mientras una dana terminaba por arrasar Valencia. El primer muerto conocido por las inundaciones, así lo definieron numéricamente. Fernández tenía 64 y aquella tarde estaba con su mujer Isabel en casa, en un cuarto piso de un edificio de Massanassa. Sobre las 18.00, bajó al garaje para sacar el coche, ante el miedo de que se inundase el trastero. Isabel, mientras, se puso a tender la ropa. Y en un momento, al asomarse a la ventana, contempló con pánico cómo una ola grande recorría la calle con coches flotando. Fue a buscar a su marido, pero se había quedado atrapado en el ascensor. Le escuchó pedir auxilio una y otra vez. “Pero ¿cómo podía ayudar? Nadie en ese momento podía ayudar. No tienes los medios. Es una situación de impotencia”, explicó entonces Isabel. Ambos desconocían la magnitud meteorológica ni tampoco recibieron una alerta en sus móviles que les advirtiera de los peligros de estar en plantas bajas o salir a la calle. El ES-Alert, de hecho, tardaría en llegar dos horas después de que Fernández bajara al garaje. A las 20.11, cuando sonó el primer mensaje masivo, 182 de las 233 víctimas mortales de la dana ya habían fallecido y la situación de decenas era insalvable.

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© Emilio Morenatti (AP)

Dos vecinos de Paiporta se abrazan durante las labores de limpieza de la ciudad, días después de la dana del 29 de octubre de 2024.
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Crisi climatica e agricoltura: a pagare il costo dell’adattamento gli ultimi anelli della filiera, piccole aziende e braccianti

Quando il cambiamento climatico colpisce l’agricoltura, il sistema applica un meccanismo distorto ormai ben noto: costi e rischi si scaricano sugli anelli più deboli, sui piccoli produttori e lavoratori spesso sfruttati. Le mobilitazioni di autotrasportatori e agricoltori contro il caro gasolio e, per quanto riguarda i coltivatori, la bassa redditività della filiera (Leggi l’approfondimento) stanno mettendo in luce ancora una volta le distorsioni del sistema. A dieci anni dall’approvazione della legge sul caporalato, però, c’è un tassello che all’epoca non aveva lo stesso peso specifico e che ora è importante analizzare: la crisi climatica sta ridisegnando l’economia strutturale e l’organizzazione del lavoro nelle campagne. Il cambiamento climatico non crea lo sfruttamento, ma lo rende più pericoloso. E rischia di renderlo più conveniente con stagioni più incerte, rese più instabili e margini più stretti per chi produce. Lo racconta il rapporto “Il cibo scotta – Gli effetti della crisi climatica su lavoro, agricoltura e filiere”, scritto da ‘Terra!’ ed EStà – Economia e Sostenibilità. Il dossier unisce per la prima volta in un’unica analisi l’impatto del riscaldamento climatico sulle imprese agricole e la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori della terra. “Un decennio fa la normativa si concentrava opportunamente sull’impianto sanzionatorio penale e sul contrasto all’intermediazione illecita dei caporali, oltre che su quello alle disfunzioni di filiera, ma oggi la crisi climatica agisce come un formidabile moltiplicatore dello sfruttamento dei lavoratori e un ulteriore elemento di crisi che investe il mondo produttivo e aziendale” spiega Fabio Ciconte, presidente di ‘Terra!’.

La crisi climatica e gli effetti sulla filiera e sulle produzioni

Il dossier si sviluppa in tre parti. Nella prima, si ricostruisce lo stato delle conoscenze sui cambiamenti climatici in Italia e sui loro effetti, da un lato sulla salute e sui diritti di chi lavora nei campi, dall’altro sulle imprese agricole. Il lancio dell’indagine avviene in concomitanza con le manifestazioni dei produttori agricoli che denunciano un comparto al collasso e chiedono una giusta redistribuzione del valore lungo la filiera. In questo scenario già così vulnerabile, i dati economici raccolti dal rapporto sono impietosi, come quelli del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e del Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici (Leggi l’approfondimento): in assenza di pronti interventi di adattamento, entro il 2050 il calo della produzione agricola italiana è stimato in 12,5 miliardi di euro l’anno nello scenario più ottimistico, e supera i 30 miliardi di euro l’anno nelle proiezioni più severe. Il decremento del valore dei terreni agricoli entro fine secolo, inoltre, può arrivare tra gli 87 e i 162 miliardi di euro, negli scenari più pessimistici.

Se il clima rende pericoloso il lavoro

Prima ancora di tradursi in una perdita di raccolto, in un aumento dei costi di produzione o in una riduzione della redditività delle imprese, il cambiamento climatico si manifesta come fatica, disidratazione, perdita di concentrazione e maggiore rischio di infortunio. A differenza di molti altri settori produttivi, l’agricoltura non può semplicemente spostare il lavoro al chiuso o rinviarlo a giorni migliori. “I tempi biologici delle colture e degli allevamenti continuano a dettare il calendario della produzione anche quando le condizioni climatiche diventano proibitive. È questa dipendenza dai cicli naturali – scrivono gli autori – a rendere il lavoro agricolo uno dei più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico”. Il 2 agosto scorso, Gheorghe Marian Burjan, un bracciante di 19 anni, cittadino straniero residente nel Piacentino, si è accasciato mentre raccoglieva pomodori in un campo di Stagno Lombardo, nel Cremonese. Soccorso dai colleghi e trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Cremona, è morto in serata. Il 29 giugno 2026 Tahar El Haddad, bracciante marocchino di 55 anni, è morto a Borgocarbonara, nel Mantovano, mentre raccoglieva angurie per un’azienda agricola di Magnacavallo, in giorni in cui le temperature nella provincia hanno superato i 40°C. Pochi giorni prima, a Roverbella, sempre in provincia di Mantova a perdere la vita era stato Stefano Vicentini, agricoltore di 66 anni, mentre lavorava sul trattore, mentre a Rodigo un bracciante di 48 anni era stato ricoverato in gravi condizioni dopo un malore durante la raccolta dei meloni. Secondo la Flai Cgil, tra il 14 giugno e il 3 agosto 2026 almeno sedici lavoratori agricoli hanno perso la vita in Italia, di cui cinque a causa delle temperature estreme. Nell’Unione Europea la mortalità sul lavoro causata dal calore estremo è cresciuta del 42% dal 2000, segnando un incremento superiore a qualsiasi altra macro-regione del mondo.

Le zone d’ombra in assenza di regole

La seconda parte del dossier è un’inchiesta sul campo condotta in Puglia durante la scorsa estate, nelle aziende e negli insediamenti informali di questa regione, epicentro storico delle lotte sindacali e prima regione nel 2021 a introdurre una specifica ordinanza regionale “anti caldo”. Nel 2026, il territorio pugliese ha registrato perdite localizzate sui raccolti dal 50% al 60% nelle aree del tarantino e del brindisino e, nel 2025 (rispetto al 2023) un calo strutturale di 4mila ettari coltivati a pomodoro da industria a causa della siccità. L’alterazione termica ha scardinato i calendari fenologici: la vendemmia 2026 in Puglia è stata definita da agronomi e produttori come “la più precoce di sempre”, avviata per le varietà spumanti già nei primi giorni di agosto. Per sfuggire all’esposizione solare ed evitare che il pomodoro o la frutta si deteriorino istantaneamente sui nastri trasportatori a causa delle elevate temperature interne, nel Tavoliere si sta assistendo a una rapida riorganizzazione tecnologica, che nella filiera del pomodoro è già presente da tempo, e con lo spostamento delle attività di raccolta in piena notte, dalle 22 alle 9. Tuttavia, l’indagine mette a nudo l’inefficacia parziale delle ordinanze anti-caldo in assenza di controlli stringenti: nei contesti produttivi e territoriali dominati dal meccanismo di retribuzione a cottimo, si registra un’elusione dei divieti, con i lavoratori indotti ad aumentare l’intensità dello sforzo fisico nelle ore proibite pur di salvaguardare il salario giornaliero. “C’è poi il piano dei diritti: occorre regolare il lavoro notturno, senza farne la soluzione. Molte lavorazioni richiedono luce e di notte crescono i rischi. Dove è praticabile servono accordi sindacali – racconta Fabio Ciconte – illuminazione e dispositivi adeguati e sostegni pubblici agli investimenti, vanno pagate le maggiorazioni previste dai contratti e gli straordinari e valutati gli effetti sulla salute, prima che il lavoro notturno diventi la norma”.

Chi paga la riorganizzazione del lavoro

La terza parte del report è un’analisi quantitativa della Pianura Padana, uno dei motori agricoli del paese, mettendo in relazione i dati meteorologici con i risultati economici delle aziende agricole tra il 2019 e il 2023. Qui i dati mostrano che, oltre certe soglie di temperatura, redditività e produttività tendono a calare. Le ordinanze regionali che sospendono il lavoro nelle ore più calde hanno prodotto risultati documentati e nelle campagne sono conosciute e in larga parte rispettate. L’adattamento sta avvenendo, ma in modo spontaneo e senza regole. Le giornate cominciano alle tre o alle quattro del mattino senza che nessuno degli intervistati riferisca di ricevere una maggiorazione, la giornata spezzata in due turni si allunga fino a nove o dieci ore pagate come ordinarie, mentre il doppio viaggio verso i campi raddoppia la spesa per il trasporto richiesta dal caporale. E ancora, le ore di riposo si passano in baracche di lamiera senza acqua né elettricità, il cottimo, anche dove non è più previsto dai contratti, spinge a rinunciare alle pause, mentre la cassa integrazione per il caldo, estesa ai lavoratori stagionali, di fatto non viene chiesta. “A sostenere i costi dell’adattamento ci sono anche le imprese – racconta il report – soprattutto le più piccole, che investono in acqua, coperture, nuove pratiche senza che questo produca valore aggiunto immediato e senza un sostegno pubblico adeguato”. Le misure del Piano nazionale di adattamento per l’agricoltura, in larga parte, restano sulla carta. Quello che però è evidente è che, in assenza di scelte pubbliche, il costo della crisi climatica tende a scaricarsi sugli anelli più deboli della filiera. “Per far fronte agli impatti dei cambiamenti climatici sul settore agricolo servono politiche e contributi pubblici” spiega Francesca Federici, ricercatrice di EStà Economia e Sostenibilità, sottolineando che “la velocità e l’imprevedibilità di tali fenomeni rendono infatti insufficiente la naturale capacità di adattamento di agricoltori e allevatori”.

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L'articolo Crisi climatica e agricoltura: a pagare il costo dell’adattamento gli ultimi anelli della filiera, piccole aziende e braccianti proviene da Il Fatto Quotidiano.

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Ecuador Opposition Figure Luisa González Challenges Arrest

Luisa González, Ecuadorian opposition leader and former presidential candidate, faces legal proceedings following her arrest.

Luisa González’s lawyers allege arbitrary detention and procedural violations after her arrest on Oct. 22 in a case linked to campaign finances.


Ecuadorian opposition leader Luisa González’s arrest has prompted her lawyers to accuse President Daniel Noboa’s government of selective prosecution, citing alleged procedural violations and inconsistencies in the financial evidence underpinning the case.

RELATED: Ecuador Transfers Luisa González to Riobamba Prison

González, a former presidential candidate and leading figure in the Revolución Ciudadana movement, was arrested on Oct. 22. Her lawyer, Diego Guarderas, disputes the allegations linked to campaign finances and argues that authorities have treated similar cases involving the ruling party differently.

In an interview with CNN, Guarderas questioned figures attributed to Ecuador’s Financial and Economic Analysis Unit (UAFE), which he said changed at different stages of the investigation. According to the defense, the amounts cited ranged from $6,000 to $500,000 and $700,000, while the technical report recorded $204,000.

Bajo una fuerte granizada, la militancia de Revolución Ciudadana se mantiene en los exteriores de la Unidad de Flagrancia tras la retención de la líder política Luisa González.#Ecuador #Noboa #Alerta #Luisa #teleSUR pic.twitter.com/v4MHVWnSzN

— teleSUR TV (@teleSURtv) October 22, 2026

Text Reads: Under a heavy hailstorm, the militants of Revolución Ciudadana remain outside the Flagrancy Unit following the detention of political leader Luisa González.

The legal team argues that discrepancies in campaign accounting have been treated as evidence of money laundering without sufficient technical justification. Guarderas maintains that the shifting figures undermine the legal basis of the accusations against González.

He also pointed to what he described as unequal treatment of campaign-finance irregularities. Ecuador’s National Electoral Council identified inconsistencies exceeding $408,000 in the campaign of Acción Democrática Nacional (ADN), Noboa’s party. According to the defense, prosecutors have not opened an investigation into those findings.

Lawyers challenge arrest and transfer

González’s lawyers have also challenged the procedures leading to her arrest. They say she was informed of the charges only 30 minutes before the hearing at which they were formally presented.

The defense further disputes the jurisdiction of the judges who presided over the hearing, arguing that they failed to account for the provincial jurisdictional privilege of other defendants in the case.

Her legal team has also challenged her transfer from Quito to a prison in Riobamba, about four hours from the capital. Guarderas said a judicial order had required González to remain in Quito to protect the rights of her minor child and her father, who has kidney disease.

Convocan plantón en la Fiscalía en Quito, Ecuador, contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Legisladores exigen el cese de la persecución política y reclaman información sobre el paradero de Luisa González, exigiendo justicia y debido proceso. 🇪🇨📢 #Ecuador #Quito #teleSUR… pic.twitter.com/F5DK2JzoDV

— teleSUR TV (@teleSURtv) October 22, 2026

Text Reads: Protest rally called at the Prosecutor’s Office in Quito, Ecuador, against the Government of President Daniel Noboa. Lawmakers demand an end to political persecution and request information on the whereabouts of Luisa González, calling for justice and due process.

Despite the order, authorities moved her during a nighttime operation, which Guarderas described as clandestine. He argued that the transfer obstructed the preparation of her defense and violated the judge’s instructions.

Opposition alleges political persecution

Revolución Ciudadana has described the case as political persecution intended to weaken the opposition and prevent González from competing politically. Guarderas likewise accused Noboa’s administration of using judicial proceedings to target prominent opponents.

These allegations remain the position of González’s defense and have not been independently established in the information available for this report.

González’s lawyers said they would file legal challenges seeking to reverse her transfer and report the alleged violations of due process. The case remains before Ecuador’s courts, with the defense contesting both the financial evidence and the procedures that led to her arrest and imprisonment.

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