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“Estamos absolutamente devastados”, admitió el miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su primera comparecencia pública apenas unas horas después de que se produjera el accidente de la alta velocidad en Urda (Toledo), que ya suma 69 víctimas mortales.
Uno de los rasgos del español meridional, que es la suma de las variantes del castellano que se hablan en el Sur de España, es su tendencia (irónica) a la exageración y el uso recurrente (además de creativo) del doble sentido. Cada uno es un mundo y generalizar en estas cosas no significa acertar, pero cuando un sevillano o un gaditano arquetípico -por poner un par de ejemplos- dicen algo de alguien con un tono y un énfasis determinados, en general mayestáticos, lo que se busca es negar aquello que se enuncia.
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Una empresa asturiana despidió a su director comercial tras acusarle de cargar a la tarjeta corporativa 156 gastos indebidos por un importe total de 14.604 euros. Entre los pagos cuestionados había gastos de lavandería, aparcamientos durante fines de semana, multas de tráfico y compras por internet cuyo producto no se identificaba.
El trabajador impugnó el despido y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado que fue improcedente. La compañía no consiguió demostrar que los cargos constituyeran un incumplimiento contractual de la gravedad necesaria para justificar el cese. La indemnización queda fijada en 9.901 euros y la empresa deberá abonar, además, 500 euros en concepto de costas por el recurso.
El empleado ejercía como director comercial desde julio de 2022, con un contrato de alta dirección. Para desarrollar su actividad disponía de un vehículo, un teléfono, un ordenador y una tarjeta bancaria con la que afrontaba los gastos de trabajo. Su función consistía en visitar clientes en España y otros países europeos para captar negocio.
Según los hechos recogidos en la sentencia, utilizaba la tarjeta principalmente para comidas y otros gastos de hostelería relacionados con su actividad. No necesitaba autorización previa para cada desembolso, aunque los justificantes se sometían a un sistema de revisión.
La compañía le comunicó el despido a mediados de marzo de 2025, alegando una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza. Sin embargo, el juzgado que examinó inicialmente el caso concluyó que la decisión no estaba justificada y condenó a la empresa a indemnizarlo con 9.901 euros.
Uno de los aspectos que ha valorado el TSJA es el procedimiento de control de los pagos. Los justificantes de los gastos comerciales se revisaban conjuntamente entre el director financiero y el propio trabajador. Este anotaba en el reverso de los recibos las personas con las que había realizado cada gasto, mientras que los tickets se guardaban en una carpeta en las oficinas. En ocasiones, la empresa solicitaba al responsable financiero explicaciones sobre determinados pagos.
La Sala no descarta que algunos desembolsos pudieran ser ajenos al trabajo, como los de lavandería, ciertos aparcamientos en fin de semana, multas atribuidas a terceras personas o compras por internet cuyo producto no se conocía. No obstante, considera que los importes no eran especialmente elevados y debían analizarse teniendo en cuenta el sistema de control y la autonomía del director comercial.
La empresa intentó reforzar su acusación con una relación de otros 30 cargos realizados desde octubre de 2024, por valor de 1.971 euros. El tribunal rechazó incorporarlos como gastos no justificados: enumerar los pagos no demostraba que fueran indebidos y parte de la documentación no permitía comprobar sus circunstancias.
La sentencia recoge, entre otros ejemplos, un supuesto gasto de 203,90 euros en un restaurante de Gijón en noviembre de 2024. La compañía aportó un ticket por esa cantidad, pero los justificantes de pago con tarjeta correspondían a otros importes —13,15 y 20 euros— y a una fecha distinta. Para el tribunal, esos documentos no acreditaban el cargo en los términos descritos por la empresa.
Además, las copias de los tickets presentadas en el procedimiento mostraban únicamente la parte delantera. No aparecían las anotaciones del reverso en las que el trabajador identificaba a las personas con las que había realizado los gastos. La Sala también destaca que no consta que la compañía le hubiera advertido antes del despido de que estaba efectuando pagos indebidos, reclamado la devolución de cantidades o explicado con claridad qué podía cargar a la tarjeta.
El director comercial pidió que el despido se declarase nulo y reclamó otros 18.000 euros por daños morales. Alegó que había denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos una supuesta grabación de audio mediante cámaras de vigilancia, que la empresa le había comunicado la instalación de un sistema de geolocalización en el vehículo y que después le había ordenado dejarlo en las instalaciones al terminar la jornada.
El TSJA rechaza que se haya probado que el despido fuera una represalia. La denuncia ante la Agencia de Protección de Datos fue archivada porque las cámaras no grababan audio y la empresa había informado de su existencia mediante carteles visibles. Tampoco se acreditó la instalación de un dispositivo de geolocalización, ya que el vehículo lo incorporaba de serie, ni que la obligación de dejarlo en las instalaciones afectara únicamente al trabajador.
La Sala desestima los recursos de ambas partes y confirma la decisión del juzgado gijonés: el despido es improcedente y la empresa deberá pagar la indemnización de 9.901 euros, además de las costas del recurso.
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Hoy no parece un buen día para quedar con Alcalá Norte. Carlos Elías, el guitarrista, pasó una noche regular, aquejado de una incómoda infección de garganta. Álvaro Rivas, cantante, apenas pegó ojo y vomitó ocasionalmente. “Algo me debió sentar mal”, aduce. De Jaime Barbosa (batería) y Pablo Prieto (bajista) poco se sabe, y no asomarán la cabeza en toda la mañana. La única que se presenta despejada es Laura de Diego, la teclista. Pero se le tuerce el gesto a los pocos minutos de entrar en el estudio madrileño donde se graba el nuevo disco del grupo. Rivas habla sobre el pudor que le da escribir canciones con estribillos proclives a que la audiencia desate sus gargantas, como si eso fuera algo sencillo. “El otro día me comentó Jota [líder de Los Planetas] que siempre seremos un grupo de nicho, y creo que tiene razón”, apunta el cantante, quizá para reforzar la idea de huir de las composiciones facilonas. Laura interviene, con tono severo: “Harías mejor en no hacerle mucho caso a Jota”. Estamos en noviembre de 2025, un año antes de la publicación del segundo álbum de Alcalá Norte. Y no va a ser un camino sencillo.
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La presión es enorme y va a crecer mucho en cuanto acabe el duelo oficial por los muertos en el accidente de Urda. Todo indica que la petición de dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes, será uno de los ejes de la campaña de PP y Vox en las próximas semanas. Pero no solo ellos apuntan a uno de los hombres clave del sanchismo, decisivo en la campaña socialista. También algunos socios importantes del PSOE, como el PNV o el Frente Amplio, están apuntando a su responsabilidad y rechazando la idea de que el accidente pueda explicarse simplemente con el argumento del “fallo humano”.
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El mandato anual de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que expira el sábado, puede ser el último bajo ese nombre si el Consejo de Seguridad aprueba este viernes una resolución presentada por Estados Unidos para que desaparezca la mención a una consulta popular. Tras lanzar a comienzos de mes un órdago al Frente Polisario, que defiende la independencia del territorio mediante un referéndum, Washington ha redactado una nueva propuesta al Consejo donde el plan de autonomía bajo soberanía de Marruecos deja de ser la “única solución” factible al conflicto para convertirse en “marco negociador” de una salida política, en la que todavía se incluye el concepto de autodeterminación.
La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) trata de dilucidar si existió connivencia para que aparecieran juntas las vallas de la campaña publicitaria aprobada por la Generalitat Valenciana en la que se promocionaba una bajada de impuestos y la del PP con la imagen de Pérez Llorca y el lema "cumplimos"
El PP llena las carreteras de anuncios de la bajada de impuestos de Pérez Llorca junto a vallas de la Generalitat pagadas con dinero público
Funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) se presentaron este miércoles 28 de octubre en la sede central del PP de la Comunitat Valenciana ubicada en la calle del Embajador Vich de València para requerir documentación relativa a la campaña de vallas publicitarias que de forma prácticamente simultánea lanzaron el partido y el Gobierno valenciano en la que se promocionaba una bajada de impuestos aprobada por el Consell.
En concreto, en las vallas con el logo de la Generalitat se informaba de las nuevas deducciones aprobadas y en algunos casos, en una valla contigua con el logo del PP, aparecía la imagen del presidente del Consell con el lema “cumplimos”. La campaña suscitó polémica y críticas por parte de la oposición al considerar que se estaban usando recursos públicos para promocionar a Pérez Llorca y al PP.
Tanto es así, que el pasado mes de mayo la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, puso una denuncia ante la AVA en la que ponía de relieve esta connivencia entre ambas campañas y en consecuencia la posible detracción de recursos públicos para intereses particulares.
En su escrito, Navarro considera que se podría haber vulnerado la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional que establece que “toda la publicidad institucional estará libre de identificación partidista alguna, quedando prohibidos los puntos de similitud con la publicidad que lleve a cabo cualquier partido político para la propia imagen o la captación de afiliación”.
Como consecuencia de la denuncia, la AVA abrió un expediente de investigación y empezó requiriendo documentación el pasado mes de agosto sobre la mencionada campaña a la vicepresidencia segunda y conselleria de Presidencia que dirige José Luis Díez. Aunque la agencia emitió un primer informe provisional el pasado mes de septiembre en el que a la vista de los informes aportados por la administración autonómica el contrato publicitario sería válido, el expediente se mantuvo abierto y por lo tanto la investigación no se dio por cerrada.
Tanto es así, que al menos un miembro de la Agencia se personó este miércoles en la sede del PPCV para requerir información sobre la misma campaña, de lo que se desprende que se van a cruzar los datos de ambas acciones publicitarias (la de la Generalitat y la del partido) para comprobar si hubo algún tipo de connivencia con el objetivo de beneficiar la imagen de Pérez Llorca y del PP con recursos públicos.
Al respecto, a preguntas de elDiario.es, fuentes del PP han confirmado la visita de personal de la AVA para requerir información sobre el asunto de las vallas publicitarias, aunque al mismo tiempo insistieron en que el caso quedó archivado en septiembre, al menos por lo que respecta a la Generalitat. Cuestionados sobre el motivo de la visita de la Agencia y del requerimiento de información han considerado que alguien habrá vuelto a denunciar “para seguir estirando el asunto”.
Sin embargo, desde Compromís, autores de la denuncia que inició la investigación, aseguraron que no les consta ningún archivo y que de hecho por la información que tienen el expediente de investigación sigue abierto. Así, insisten en que de estar archivado les habría llegado el correspondiente informe final de la AVA.
En la misma línea, la diputada socialista, Mercedes Caballero, que solicitó acceso a todo el expediente de investigación de la Agencia ha asegurado que sin ir más lejos los pasados 16 y 19 de octubre acudió a revisar toda la documentación y certificó que existe un primer informe provisional que especifica que a la vista de la información aportada por la Generalitat el contrato sería válido, pero que la investigación sigue abierta y pendiente de documentación.
Esta explicación cuadra con la visita de la Agencia de este miércoles a la sede del PP para recabar toda la información y clarificar así si hubo algún tipo de connivencia y de infracción.
Independientemente de la investigación de la Agencia Antifraude, el PSPV de la provincia de Valencia presentó una queja ante la Junta Electoral Provincial para que requiera al Partido Popular (PP) la retirada inmediata de todas las vallas publicitarias de contenido electoralista que mantiene instaladas en el territorio autonómico ante la convocatoria anticipada de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Sin embargo, la Junta Electoral Provincial de Valencia archivó la queja puesto que los carteles denunciados fueron instalados con anterioridad a la convocatoria electoral y, además, se acreditó, mediante aportación de comunicaciones a la empresa responsable, haber instado su retirada y, posteriormente, mediante certificación, que han sido retirados dentro de un plazo razonable desde la convocatoria.
Por tanto, “no se aprecia voluntad de mantener actividad propagandística contraria al artículo 53 de la LOREG, por lo que procede el archivo de las actuaciones”, explica la resolución.
Este jueves habló de lo sucedido una de las víctimas del choque de trenes en Urda (Toledo), el médico y CEO de la empresa de sanidad Vithas, Pedro Rico. El empresario publicó en su perfil de LinkedIn un texto donde explicaba cómo sufrió en primera persona la tragedia ferroviaria que tuvo lugar en España en la mañana del pasado miércoles.
Así, Rico confesaba que, si bien la tragedia "sirve para comprender en toda su crudeza qué significan las frías cifras de muertos y heridos", le resultaba imposible encontrar las palabras para expresar tanto dolor en mitad del caos. Trasladaba en primer sus condolencias: "son esas las únicas palabras que puedo expresar hoy hacia las víctimas y quienes las lloran".
"Haberlo vivido como médico te da otra dimensión. Tu vocación de servicio te lleva a intentar ayudar a los que te rodean, pero el estado de conmoción y shock en el que te encuentras inmediatamente después del accidente", admitía el CEO de Vithas. Explicaba cómo en los momentos iniciales de la catástrofe se sintió "bloqueado, sin saber por dónde empezar a ayudar", como si intentara "vaciar una playa con una pala", pura impotencia.
Sin embargo, relataba con orgullo cómo "como suele ocurrir en las tragedias, la de ayer también sacó lo mejor de cientos de personas", tanto los "pasajeros, vecinos y tripulantes" como aquellos que dedican su vida al cuidado de los demás: "servicios de emergencias, sanitarios, policías, guardias civiles, bomberos, trabajadores ferroviarios, alcaldes...".
Pedro Rico se deshacía en agradecimiento por quienes ayudaron "como una única persona", aquellos que "encarnan lo que llamamos humanidad". Y terminaba citando a Antonio Machado: lo que significa "ser, en el buen sentido de la palabra, bueno". Concluía su relato dando gracias de corazón a quienes le han hecho llegar el afecto, ya que además de él, uno de sus amigos también fue víctima en el accidente, aunque por el momento se encuentra entre los desaparecidos.
Las primeras investigaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) apuntan a una posible concatenación de averías, instrucciones y actuaciones que habría terminado provocando la colisión entre el AVE de Renfe y el tren de Iryo. Según el informe elaborado por la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) durante las primeras 24 horas posteriores al siniestro, una de las circunstancias relevantes fue la avería del sistema de señalización LZB, registrada a las 8:31 horas.
Este incidente habría obligado a modificar el procedimiento habitual de circulación de los trenes, que pasaron a operar bajo el sistema de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).Este cambio en las condiciones de circulación hizo necesario un intercambio de información entre los maquinistas y el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif para gestionar la situación.
La hipótesis que recoge el informe es que la sucesión de averías, instrucciones y acciones que se produjo a partir de ese momento pudo conducir al choque, sin que llegaran a funcionar las barreras de seguridad que deberían haber evitado o mitigado sus consecuencias. De esta forma, las primeras pesquisas apuntan a una posible combinación de incidencias técnicas y actuaciones operativas, aunque todavía no permiten establecer una causa definitiva ni determinar qué responsabilidad pudo tener cada uno de los elementos implicados.
El informe estima que la colisión se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora. El coche de cabeza del AVE quedó empotrado en el vagón de cola del tren de Iryo, que se encontraba detenido en la vía, y ambos terminaron volcados al pie del terraplén. El choque provocó, además, el descarrilamiento de buena parte de los dos convoyes. La Aitat ha participado en la retirada de los registros embarcados de ambos trenes, que han quedado bajo custodia de la Guardia Civil, y continúa recopilando documentación y datos de los distintos sistemas.
Este jueves, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) elevó a 74 el número de víctimas mortales en su informe preliminar sobre el siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Sin embargo, el puesto de mando avanzado mantiene por el momento el recuento en 69 cadáveres recuperados.
Los dispositivos de emergencia y los equipos de búsqueda continúan trabajando sobre el terreno para localizar e identificar a las víctimas del accidente ferroviario. Por otra parte, los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha mantienen ingresadas a 50 personas heridas.
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Los saqueos del pasado sábado en Barcelona dejaron un rastro en la red más allá de la convocatoria de los altercados. Cuentas de X –antes Twitter– desde distintos países lanzaron mensajes para atacar a los manifestantes, pero también a inmigrantes, sin que en el momento de los hechos –ni ahora– haya una relación entre nacionalidades y la vandalización de las de la ciudad. Esos usuarios cuentas difundieron llamamientos a perseguir a inmigrantes y participantes en los extranjeros. «Los registros de transparencia de X sitúan tres de las cuentas examinadas en Francia, Ecuador y Uruguay, mientras otras presentan cambios de identidad inusuales o características propias de cuentas desechables», según un informe de la empresa de inteligencia Golden Owl, afincada en el Parque Científico de Alicante.
La compañía ya fue clave para desenmarañar los cientos de mensajes que impulsaron la entrada masiva a Ceuta a finales de julio desde Marruecos. Ahora, la empresa ha revisado 10.000 elementos recopilados en siete plataformas digitales para dibujar un mapa de lo que ocurrió hace menos de una semana en la capital catalana. También recoge los mensajes que llaman a nuevas protestas y pillaje en distintas provincias este fin de semana, aprovechando la festividad de Halloween. Aunque la Policía monitoriza las redes tratando de anular las convocatorias y de cerrar los grupos de mensajería instantánea donde se organizan, algunas están desconvocándose. Es el caso de Madrid, donde la Jefatura Superior tiene preparado un dispositivo de seguridad «mayor» que el de otros años.
Los mensajes que clamaban venganza por la vandalización de los comercios eran «ajenas» a los organizadores de los mismos, explica el informe. Presentaban los disturbios como «delincuencia migrante» y llamaban a «tomarse la justicia por su mano» con textos como «a por ellos», «a cazar» o «remigración». Este último es uno de los eslóganes que más fuerza ha cogido entre la ultraderecha europea en el último año. Otros textos decían: «Los marroquíes son el enemigo, a por ellos, sin tregua»; «Hay que dejar limpia España»; «Si ellos han sabido organizarse nosotros debemos hacer igual y sacarlos de nuestras calles. A por ellos!»; «Saquen al ejército y disparen a los objetivos».
La Policía tiene en cuentas estas represalias o «réplicas» para este fin de semana, por si se produjesen enfrentamientos entre distintos grupos a raíz de las nuevas citas. Por ahora, las convocatorias que más preocupan son las de Algeciras, San Pedro de Alcántara (en Málaga), Madrid y Barcelona. Las fuentes policiales distinguen los disturbios que ocurrieron en Bilbao esta semana. Allí se manifestaron grupos de extrema izquierda y antifascistas por la presencia del agitador ultra Vito Quiles. Fueron grupos muy politizados, algo que no se ha detectado en Blocus, como se hacen llamar estos organizadores. Aun así, la Ertzaintza está pendiente de posibles manifestaciones este fin de semana a raíz de un posible «efecto contagio».
Los investigadores definen los perfiles que agitaron las revueltas de Barcelona como «anónimos y efímeros». Esto dificulta averiguar quién está detrás, ya que las plataformas no suelen colaborar con la Justicia a la hora de identificar sus cuentas. Los mensajes se enviaron bajo la etiqueta de Blocus, que remite al movimiento francés «blocus de lycées» y al movimiento «Lycées Indignés». Estos han sido los principales promotores de las revueltas en el país galo las últimas semanas, bajo la premisa de unas protestas por una mejor educación pública.
La revuelta del pasado sábado se saldó con 128 detenidos, de los que 72 eran menores, y se saquearon una treintena de comercios. El origen de la convocatoria estuvo en perfiles de TikTok de «reciente» creación, especialmente entre los pasados 18 y 20 de octubre. Los vídeos, de corta duración, contenían cartelería realizada con inteligencia artificial acompañada de un código QR. Al entrar, el móvil accedía a chats grupales en WhatsApp y Telegram en el que había unos 700 participantes. La mayoría han sido cerrados.
Ahora los trabajos están en averiguar quién está detrás de las convocatorias. Los Mossos d’Esquadra han pedido apoyo a policías europeas, al Centro Criptológico Nacional y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
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El País Vasco continúa siendo uno de los principales referentes sanitarios de España, junto con la Comunidad de Madrid y Cataluña. Así lo recoge la segunda oleada del estudio elaborado por Ipsos sobre la percepción ciudadana del sistema sanitario público, que analiza la valoración que hacen los españoles de la atención que reciben y de los principales retos que afronta el sistema.
Entre los aspectos mejor valorados por los encuestados destaca la capacitación de los médicos y del personal de enfermería. La preparación de los profesionales sanitarios obtiene una valoración positiva por parte de la ciudadanía, que reconoce su papel dentro de la atención pública.
Sin embargo, esta percepción favorable convive con una preocupación que sigue ocupando un lugar central en el debate sanitario: las listas de espera. El estudio identifica las demoras como el principal problema percibido por los españoles, una cuestión que continúa marcando las demandas de mejora del sistema.
La ciudadanía identifica con claridad cuáles son las prioridades para mejorar la sanidad pública. Según los resultados de Ipsos, alrededor de seis de cada diez personas consideran prioritario reducir las listas de espera.
La demanda no se limita a agilizar la atención. Una proporción similar de encuestados considera necesario aumentar el número de profesionales sanitarios, una medida que aparece entre las principales áreas de mejora señaladas por la población.
El estudio refleja así una doble percepción: por un lado, la valoración positiva de la capacitación de médicos y enfermeros; por otro, la preocupación por las dificultades de acceso a la atención sanitaria, especialmente por los tiempos de espera y la disponibilidad de personal.
La segunda oleada del informe vuelve a situar al País Vasco entre las comunidades que destacan como referentes del sistema sanitario público, junto con Madrid y Cataluña.
No obstante, los resultados también muestran que las prioridades de la ciudadanía siguen centradas en cuestiones estructurales. La reducción de las listas de espera y el refuerzo de las plantillas sanitarias concentran buena parte de las demandas de mejora recogidas en el estudio.
La investigación de Ipsos apunta, por tanto, a una percepción en la que el reconocimiento a la preparación de los profesionales convive con la exigencia de mejorar la capacidad de respuesta del sistema público.
© Luis Tejido / Agencia EFE
Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado en Cantabria una red dedicada presuntamente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. La investigación se ha saldado con siete detenidos, entre ellos un abogado cántabro, a quienes se atribuyen distintos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
La operación comenzó en mayo de 2026, cuando agentes especializados en delitos contra la salud pública sospecharon que un vecino de Camargo se dedicaba a vender estupefacientes tanto a consumidores como a otros distribuidores.
Los investigadores identificaron al sospechoso y comprobaron que presuntamente desarrollaba la actividad en las inmediaciones de su vivienda, donde mantenía contacto con sus clientes y adoptaba medidas de seguridad para evitar posibles actuaciones policiales.
Durante las pesquisas, los agentes detectaron que su nivel de vida no se correspondía con su actividad laboral. Por ello, la investigación continuó junto con Vigilancia Aduanera para esclarecer un posible delito de blanqueo de capitales.
Las diligencias permitieron determinar que la esposa del principal investigado también habría participado en el tráfico de drogas y en el blanqueo de capitales. Además, los agentes identificaron a otro individuo que, según la investigación, intervenía al mismo nivel que el sospechoso principal en las decisiones sobre la distribución de las sustancias. Otros dos hombres habrían colaborado en un escalón inferior.
En relación con el blanqueo, los investigadores apreciaron la participación "activa" de un abogado de Cantabria en la constitución de un entramado de empresas y fundaciones. La estructura habría tenido como objetivo introducir diez millones de euros procedentes del extranjero ocultando su origen ilícito.
Una vez concluidas las pesquisas y obtenida la autorización judicial, el 21 de octubre se llevó a cabo un dispositivo coordinado por Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional. Los agentes registraron los domicilios de los investigados y una nave industrial de la familia, ambos en Camargo.
Durante las entradas y registros, los agentes se incautaron de un kilo de cocaína, 322 gramos de hachís y 963 gramos de marihuana, además de 12.850 euros en efectivo.
También localizaron una escopeta del calibre 12, dos carabinas y dos pistolas de perdigones, una pistola detonadora y varias armas blancas: tres katanas, un machete y dos navajas. La operación permitió intervenir asimismo aparatos destinados al minado de criptomonedas, efectos relacionados con esta actividad y diversos útiles presuntamente empleados para el tráfico de drogas.
Al principal investigado se le atribuye también un delito de tenencia ilícita de armas. La escopeta que tenía en su poder había sido sustraída en Guipúzcoa en 2022, presentaba modificaciones físicas ilícitas y el detenido carecía de permiso para poseerla.
Tras las detenciones, la mujer, el abogado y otros dos arrestados quedaron en libertad después de declarar en comisaría. Los demás detenidos fueron puestos a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión del principal investigado.
© La Razón
Cinco euros. Ese fue el importe que desencadenó un conflicto laboral que ha terminado en los tribunales de Castilla y León. Una camarera que trabajaba de noche en una cafetería-restaurante en León fue despedida acusada de apropiarse de un billete que un compañero había dejado olvidado en la tolva de la caja automática. La justicia, sin embargo, no ha visto clara la acusación y ha acabado dando la razón a la trabajadora.
La historia arranca el 5 de mayo de 2025. Un empleado que terminaba su turno detectó que en la máquina de cobro había quedado un billete de cinco euros. Con las prisas, se marchó sin retirarlo. Al día siguiente preguntó al gerente si la camarera había comunicado la aparición de ese dinero. La respuesta fue negativa.
A partir de ahí, la empresa revisó las grabaciones de las dos cámaras que apuntan a la caja automática. Según su relato, la trabajadora se acercó a cobrar una consumición de 1,40 euros con un billete de diez. Al mirar hacia la bandeja del cambio, se habría topado con el billete de cinco. La compañía sostuvo que la mujer se quedó "paralizada unos instantes", que después cogió el dinero "disimuladamente", lo convirtió en "una especie de bola" y se lo guardó. Ya en el pasillo, mientras atendía a otro cliente, lo habría metido en el bolso tras alisar el papel arrugado "para evitar que se notara".
Con esa reconstrucción, la empresa concluyó que había transgredido la buena fe contractual, causa contemplada en el Estatuto de los Trabajadores para el despido disciplinario, y la despidió con efectos del 10 de junio de 2025.
La camarera nunca aceptó esa descripción de los hechos. Sostuvo que no se quedó con el billete, sino que lo depositó en el bote de propinas situado a la izquierda de la caja, y que así se lo comentó a una compañera.
Ese detalle resultó decisivo. Tanto el juzgado de lo social como el tribunal superior concluyeron que las pruebas no acreditaban que la trabajadora se hubiera apropiado del dinero con ánimo de quedárselo. Es decir, no quedó demostrado que se lo llevara en lugar de echarlo al bote de las propinas, como ella defendía. Los jueces subrayaron que ni siquiera constaba cuál era la política de la empresa sobre ese tipo de situaciones, ni que se hubiera producido un descuadre en la caja. Sin prueba de la apropiación, la falta imputada se quedaba sin base y el despido, sin justificación.
El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después de que la sentencia inicial ya hubiera declarado improcedente el despido. Las dos partes recurrieron: la empresa insistía en la procedencia del despido, mientras que la trabajadora pedía la nulidad, un grado más favorable para ella. El tribunal rechazó ambas pretensiones y desestimó los dos recursos, manteniendo la improcedencia.
La condena obliga a la compañía a readmitir a la camarera y abonarle los salarios dejados de percibir, a razón de 68,94 euros diarios, o bien indemnizarla con 3.791,60 euros. La empresa perdió además el depósito de 300 euros que había tenido que constituir para recurrir.
Más allá de lo anecdótico de la cifra, la resolución deja una idea de fondo: para sostener un despido disciplinario por un hecho así no basta con la sospecha ni con una lectura de unas imágenes, hace falta acreditar de forma sólida que el trabajador cometió la falta que se le imputa. La sentencia no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, y esta información tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico.
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El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este jueves el nuevo decreto que regula los servicios de temporada en el litoral asturiano. La norma actualiza el marco vigente desde 2013 y establece nuevas condiciones para los chiringuitos, las terrazas y otros servicios instalados en las playas, con el objetivo de compatibilizar la actividad turística con la protección del medio ambiente.
La regulación llega después de meses de diálogo entre la Consejería de Ordenación del Territorio, el sector hostelero y los colectivos ecologistas. Entre los asuntos que más debate han generado figuran la retirada de las instalaciones al acabar la temporada, los horarios, el acceso a los aseos y las restricciones de aparcamiento.
Con el nuevo decreto, la campaña estival abarcará oficialmente desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre, con la obligación de mantener el servicio de forma continuada durante julio y agosto.
Los establecimientos podrán abrir a partir de las 8:30 horas. El cierre será a las 00:30 horas de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo podrán permanecer abiertos hasta la 1:30 de la madrugada.
La norma también establece límites de superficie para las instalaciones. Los establecimientos cerrados dedicados a la venta de comida podrán ocupar hasta 50 metros cuadrados, mientras que los destinados a bebidas tendrán un máximo de 20 metros, además de otros 15 metros para servicios. Las terrazas podrán desplegarse en una superficie de hasta 100 metros cuadrados.
Una de las condiciones más destacadas es que los aseos deberán estar disponibles para todos los usuarios de la playa, independientemente de que consuman en el establecimiento. Además, tendrán que cumplir los requisitos de accesibilidad universal.
Todos los chiringuitos y estructuras autorizadas deberán ser desmontables. Su retirada completa tendrá que finalizar en un plazo máximo de 15 días después de que termine el periodo autorizado, aunque el decreto contempla excepciones que deberán justificarse debidamente.
En cuanto a las autocaravanas, las áreas reservadas para estos vehículos solo podrán ubicarse fuera de la franja de protección costera, en terrenos considerados aptos por el Plan de Ordenación del Litoral para aparcamientos. También deberán contar con acceso rodado.
Los usuarios podrán permanecer en estas áreas un máximo de 48 horas y no podrán desarrollar actividades comerciales.
El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha señalado que la norma es fruto del diálogo. El decreto establece la protección ambiental como un "criterio prioritario" para decidir dónde pueden instalarse los servicios de temporada, y obliga a respetar el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y el Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas.
La regulación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Los plazos de solicitud se abrirán en noviembre para los ayuntamientos y en diciembre para particulares y otras entidades. El decreto mantiene, además, la prioridad municipal en la gestión de los servicios de temporada.
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El accidente de tren ocurrido ayer en España ha provocado numerosas reacciones, también entre figuras del deporte. Una de ellas ha sido la de Marc Bartra, que ha compartido una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de demostrar el cariño a las personas que queremos.
El futbolista ha publicado un mensaje en el que invita a no dar por sentado el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos. "A veces, tiene que ocurrir algo trágico para darnos cuenta de lo frágil que es la vida y de lo mucho que damos por sentado", comienza.
Bartra recuerda que, en el día a día, muchas personas dejan para otro momento gestos tan sencillos como una llamada, un abrazo o decir "te quiero". Una rutina que, según expresa, puede hacer que olvidemos el valor de los momentos cotidianos.
En su publicación, el jugador pone el foco en las situaciones que suelen pasar desapercibidas: una conversación, una comida en familia o un rato compartido con amigos. "No sabemos cuál será la última vez que abracemos a nuestros padres, que nos riamos con nuestros hermanos o que compartamos un día cualquiera con nuestros amigos", escribe.
El mensaje también plantea que muchas de esas experiencias que hoy parecen normales pueden convertirse, con el tiempo, en recuerdos que desearíamos recuperar. Por eso, Bartra anima a dejar de lado el orgullo y a no reservar las palabras de cariño para ocasiones especiales.
"Por eso, amad a vuestra gente todo lo fuerte que podáis. Llamadles, visitadles, abrazadles un poquito más", señala. El futbolista insiste en que no hace falta que ocurra una tragedia para recordar la importancia de quienes forman parte de nuestra vida.
La reflexión concluye con una llamada a valorar la posibilidad de tener cerca a familiares y amigos, poder abrazarlos y expresarles lo que sentimos.
"Porque tener a nuestra gente bien, cerca, poder abrazarla y decirle 'te quiero' es uno de los mayores regalos de la vida", afirma Bartra, que termina su mensaje con una frase que resume el sentido de la publicación: "No dejéis el amor para mañana. Nunca sabemos si ese mañana que damos por hecho llegará de verdad".
El mensaje del futbolista se suma a las muestras de solidaridad y a las reflexiones compartidas tras el accidente ferroviario. En este caso, Bartra ha optado por trasladar una idea personal sobre el valor de los vínculos y la importancia de no aplazar los gestos de cariño.
© AFP7 vía Europa Press
La cifra de negocios del Grupo Renault durante los primeros nueve meses de este año ha ascendido a 41.800 millones de euros, con un aumento del 7,1% respecto al mismo periodo de 2025 y del 7,6% a tipos de cambio constantes. De esta cantidad, la cifra de negocios de la división de Automóviles se elevó a 36.600 millones de euros, con un incremento del 6,6% y del 7,2% a tipos de cambio constantes.
Los datos facilitados por la compañía indican que la división Mobilize Financial Services obtuvo una cifra de negocios de 5.200 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,0% respecto al mismo periodo de 2025 y del 11,1% a tipos de cambio constantes. El tercer trimestre del año registró una cifra de negocios de 11.600 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,5%, mientras que la cifra de negocios de la división de Automóviles se elevó a 9.800 millones de euros, manteniéndose estable respecto al año pasado.
Durante los nueve primeros meses de 2026, el Grupo Renault vendió 1,662 millones de vehículos, lo que supone un ligero descenso del 2,2% respecto al año precedente, en un entorno altamente competitivo. Gracias a una gama renovada y cada vez más electrificada, las ventas de la marca Renault aumentaron un 1,1%, situándola en la segunda posición del mercado europeo. Las ventas de Dacia disminuyeron un 9,7 %, debido a la transición de su gama de productos y motorizaciones, en un contexto de fuerte aceleración de la demanda de vehículos eléctricos (VE). Por su parte, las ventas de Alpine crecieron un 65,6 %, impulsadas por el éxito del A290.
Las ventas a clientes particulares aumentaron un 5,0% en Europa y representaron el 64,8% de las ventas del Grupo, 4,6 puntos porcentuales más que en el tercer trimestre de 2025. Al mismo tiempo, se redujo el peso de los canales de distribución de menor valor añadido: las ventas de vehículos a empresas de alquiler de corta duración y las destinadas a demostración disminuyeron un 18,0%. Los valores residuales se mantuvieron entre 5 y 13 puntos por encima de la media del mercado.
Las existencias totales se situaron en 532.000 vehículos a 30 de septiembre, mientras que la cartera de pedidos en Europa equivalía aproximadamente a dos meses de ventas previstas.
En un entorno difícil, el Grupo Renault confirma sus perspectivas financieras para el próximo año, con un margen operativo de alrededor del 5,5% de la cifra de negocios. Como se indicó en los resultados del primer semestre de 2026, se prevé una ligera mejora del margen en el segundo semestre respecto al primero, gracias al habitual efecto estacional positivo. No obstante, se espera que esta mejora sea menos acusada que en años anteriores debido al aumento del coste de las materias primas y a la inflación.
© Renault
"¿Por qué está comprando tanto oro China? La razón es sencilla: no es para no depender del dólar, es para destrozarlo". Así lo ha planteado José Luis Cava en una intervención en el programa La Fórmula del Éxito, que conduce Uri Sabat, donde ha desgranado su particular lectura de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Se trata, conviene subrayarlo, de su opinión y su análisis personal, no de una conclusión verificada de forma independiente.
Cava parte de una premisa clara: "Estados Unidos y China están en guerra. Están en guerra en política industrial y también en política monetaria". A partir de ahí, construye su argumento en torno al papel del dinero en la carrera por la inteligencia artificial. "¿Qué necesita la IA? La IA necesita dinero. ¿Y qué es el poder más exorbitante que tiene Estados Unidos? El poder de emitir dinero y que se lo compre todo el mundo. Si no pudiera imprimir dinero, no tendría IA", explica.
Para Cava, el dominio estadounidense no se sostiene solo en la moneda, sino en la combinación de dos factores. "Estados Unidos tiene dos cosas: el poder exorbitante del dólar y unos mercados financieros muy profundos", señala. Ese segundo elemento explica por qué los grandes capitales siguen eligiendo EE. UU. pese a todo. "Tú, si tuvieras dinero en cantidad importante, no te vas a China ni me voy a Rusia, porque no me fío de ellos. Pero me voy a EE. UU., no porque me fíe de ellos, sino porque tiene mercados financieros muy profundos y hay libertad de movimiento de capitales", argumenta.
El analista introduce aquí un matiz que él mismo califica de recurrente en su discurso: "Es lo mismo que digo de la democracia. Tenemos una democracia de muy baja calidad, pero es lo menos malo". Con esa comparación, Cava admite las carencias del sistema estadounidense —"no te creas que ellos están libres", advierte— pero lo sitúa como la opción menos mala para el gran capital.
Si el capital global sigue mirando hacia Estados Unidos, ¿qué le queda a China? Para Cava, la respuesta está en el metal precioso. "China es el mayor productor de oro. Compra oro", afirma, enlazando con la idea inicial de que Pekín no busca protegerse del dólar, sino erosionar su hegemonía. La compra masiva de oro sería, en su lectura, una forma de atacar los cimientos del poder monetario estadounidense sin declarar una guerra abierta.
El planteamiento de Cava conecta así con un debate más amplio sobre la desdolarización y el papel del oro en las reservas de los bancos centrales. Su tesis, expuesta en tono distendido y salpicada de referencias a la política europea y a un supuesto "corralito" que Europa querría imponer, se apoya en la lógica de que quien controla la emisión de dinero controla también la capacidad de financiar la tecnología del futuro. Y en esa pugna, según su análisis, el oro se convierte en el arma de quien no puede imprimir dólares.
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