Kevin T., el presunto autor del tiroteo el pasado viernes en las localidades de Trappes y La Verrière, a las afueras de París, en el que murió una persona y al menos cinco resultaron heridas, admite que seleccionó a sus víctimas por su color de piel y religión. No se arrepiente y niega que su acto sea terrorismo porque “fue legítimo”. El fiscal antiterrorista, Olivier Christen, ha dado detalles de la investigación este jueves y ha confirmado el carácter racista del atentado.
Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, participa en una marcha para rendir homenaje a la memoria del fallecido en el tiroteo de Trappes, Pengo Bossio Wangi (26 años), el 25 de octubre de 2026.
Kinshasa, 29 oct (Prensa Latina) La Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó sobre las consecuencias humanitarias que dejan hoy los enfrentamientos entre grupos armados en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo (RDC).
Este proyecto de periodismo fotográfico fue encargado por Ember Mental Health. Ember financia y acompaña a organizaciones comunitarias de salud mental para que crezcan y se consoliden, fortaleciendo el ecosistema global de cuidados.
Yanina Cruz, trabajadora social y coordinadora de la respuesta humanitaria de Centro 32, está con su hijo mayor en la sala de su casa, en Tijuana, México, el 14 de mayo de 2026. Esta organización, situada en la ciudad fronteriza de Tijuana, acompaña a personas migrantes y desplazadas que necesitan apoyo psicosocial y ayuda humanitaria. Cruz ayuda a las familias migrantes que necesitan alimentos, ropa, pañales y otros apoyos básicos. Su jornada de cuidados, sin embargo, no termina al salir del trabajo: vive con sus dos hijos, de 19 y 17 años, y algunos días comienza a las cinco de la mañana preparando sus comidas antes de salir hacia los albergues. Después de atender durante horas a familias que atraviesan situaciones de desplazamiento y precariedad, Cruz puede tardar hasta dos horas en transporte público en regresar a casa. “Llego cansada, pero nos vemos, cocino algo y comemos juntos”, cuenta. Después suele salir a caminar. Su rutina muestra otra dimensión de estas redes: las mujeres que sostienen necesidades esenciales de otras familias regresan después a sostener también las propias.
Integrantes del equipo de Centro 32 comparten unos chilaquiles preparados por Lourdes Medano, fundadora y directora de la organización, en Tijuana, el 12 de mayo de 2026. Comer juntas, conversar, reírse o detener durante unas horas el ritmo de trabajo forma parte de las prácticas con las que el equipo intenta proteger su propia salud mental y mantener la cohesión interna. “Hay un desgaste para nosotras, un desgaste por compasión, porque siempre estamos escuchando historias”, explica Medano. Para ella, cuidar a quienes acompañan es una condición para que la respuesta comunitaria pueda sostenerse: “Todas paramos y descansamos. Buscamos sostenernos unas a otras”. El Centro 32 no solo sostiene a quienes migran, construye redes allí donde las respuestas existentes resultan insuficientes, sino que, al mismo tiempo, se pregunta cómo cuidar a quienes pasan años sosteniendo a otras personas.
La familia de Medano, la fundadora del Centro 32, se instaló en Tijuana porque su padre era bracero y viajaba durante meses a Estados Unidos para trabajar, por lo que la ciudad fronteriza permitía mantener a la familia más cerca. “Mi padre se iba seis meses y regresaba. Yo era pequeña y no entendía bien qué pasaba: se iba, desaparecía un tiempo y luego volvía”, recuerda Medano. Esa experiencia marcó su manera de entender la separación familiar y la migración, aunque las personas que Centro 32 acompaña hoy atraviesan desplazamientos mucho más largos y condiciones muy distintas a las que conoció su familia. En la imagen, Lourdes Medano camina junto al muro fronterizo entre México y Estados Unidos, en Tijuana, el 12 de mayo de 2026. Recuerda una infancia en la que cruzaba a pie al otro lado y observa cómo, con los años, las barreras se han vuelto más altas, extensas y difíciles de atravesar.
“Las vallas y los muros no han detenido la migración; exponen más a las personas”, sostiene Medano. Para ella, el contraste entre los derechos reconocidos sobre el papel y las posibilidades reales de ejercerlos está en el centro del problema: “La ley dice que tenemos derecho a la salud, pero ¿dónde?”. Centro 32 intenta acompañar parte de ese vacío, aunque Medano insiste en que la responsabilidad última corresponde al Estado.
Gricelda Flores, psicóloga de Centro 32, regresa a casa después de una larga jornada de trabajo de campo en Tijuana, el 13 de mayo de 2026. Durante la semana recorre albergues y espacios comunitarios para ofrecer atención psicológica individual y grupal a personas migrantes y desplazadas. Su trabajo ocurre, en gran medida, allí donde están quienes necesitan acompañamiento, en una ciudad donde las organizaciones comunitarias han terminado cubriendo parte de las necesidades de salud mental que no encuentran una respuesta suficiente en las instituciones.
Al terminar el día, Flores intenta recuperar una parte de sí misma fuera del trabajo. Cuenta que al volver a casa busca “componerse y reponerse”: leer cómics, cenar algo ligero o pasar tiempo con su familia. Esa transición cotidiana entre escuchar durante horas las historias de otros y encontrar una forma de dejarlas atrás muestra también el costo emocional de convertirse en parte de la red que sostiene a quienes atraviesan la migración.
Flores dirige un ejercicio durante un taller sobre estrés y cuidado psicosocial para personas en movilidad en La Casita UT, en Tijuana, el 13 de mayo de 2026. Buena parte del trabajo de la organización ocurre fuera de su oficina, en albergues y otros espacios de la ciudad, llevando atención psicológica y actividades grupales allí donde se encuentran las personas migrantes.
Flores llegó a Centro 32 como voluntaria y terminó incorporándose al equipo. La experiencia también modificó su propia relación con el cuidado: “No sabía pedir ayuda. No sabía que podía apoyarme en alguien”. En una organización construida alrededor del acompañamiento, aprender a dejarse sostener se convirtió también en parte del trabajo.
Lejos de Tijuana, en Ciudad de México, vive Teresa 'Tessy' Villalobos, psicóloga, terapeuta familiar y cofundadora de REDIGE, una red que acompaña a defensoras de derechos humanos, supervivientes y familiares de víctimas, con especial atención al desgaste emocional de quienes pasan años buscando justicia y sosteniendo a otras mujeres. Su camino hacia el activismo comenzó de una manera muy distinta al de las mujeres de Tijuana. Sucedió después de que su hija sobreviviera a violencia sexual y decidiera denunciar. Al acompañarla durante el proceso judicial, Villalobos empezó a encontrarse con otras madres, supervivientes y familias atravesando recorridos similares. "Ahí me cayó el veinte de que no era algo que nos estaba pasando a nosotras. Buscar justicia en este país es una lucha de persistencia; denunciar es apenas el comienzo", cuenta. Para ella, muchas mujeres terminan convirtiéndose en defensoras porque la violencia las atravesó primero: "No estamos aquí por voluntad. Nos gustaría estar haciendo muchas otras cosas y no tener que luchar contra una violencia que no debería existir".
Para REDIGE, el autocuidado forma parte de la posibilidad misma de sostener esas luchas en el tiempo. "Nos dimos cuenta de que las mujeres que acompañaban a otras estaban absolutamente drenadas", explica Villalobos. "Hay que cuidar a las mujeres que acompañan a las mujeres, porque si no sus luchas no persisten, o persisten a costa de su propia salud". Pos eso, la ONG construye redes horizontales en las que quienes sostienen también puedan ser sostenidas. "Si nosotras no estamos bien, ¿quién va a seguir la lucha?". En la imagen, Villalobos, Gisela Carmona, codirectora, y otra integrante del equipo preparan los materiales para un retiro dirigido a nuevas participantes, el 17 de mayo de 2026. Durante estos encuentros, mujeres defensoras de derechos humanos, supervivientes y familiares de víctimas trabajan sobre el desgaste que producen años de violencia, búsqueda de justicia y acompañamiento a otras.
Gisela Carmona, codirectora y tallerista de REDIGE, coloca ambas manos sobre el pecho durante un microtaller de biodanza en el jardín de Snow Apple, en Ciudad de México, el 16 de mayo de 2026. La jornada reunió a mujeres vinculadas a los procesos de acompañamiento de la organización y propuso, mediante el movimiento y la conciencia corporal, algo que REDIGE considera esencial para sostener el trabajo de defensa de derechos humanos: que quienes cuidan a otras puedan detenerse también a reconocer su propio cansancio, sus límites y sus necesidades.
Lidia Florencio Guerrero, integrante de Justicia para Diana y de la red REDIGE, enciende una vela en la habitación que perteneció a su hija, Diana Velázquez Florencio, en Chimalhuacán, Estado de México, el 19 de mayo de 2026. En el cuarto se conservan retratos, imágenes y objetos que mantienen viva su memoria. Diana tenía 24 años cuando fue víctima de feminicidio el 2 de julio de 2017. Desde entonces, Lidia y su hija Laura sostuvieron juntas una larga búsqueda de justicia frente a las irregularidades y omisiones que marcaron la investigación.
La historia de Lidia condensa una de las realidades que atraviesan a REDIGE: mujeres que, empujadas por la violencia, la pérdida y la falta de respuestas suficientes, terminan convirtiendo el duelo en organización, memoria y acompañamiento para otras.
La Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, es un espacio que se ha convertido en un lugar de memoria, denuncia y encuentro para mujeres y colectivas que exigen justicia frente al feminicidio, las desapariciones y otras formas de violencia de género. Para Villalobos, la Glorieta marcó un momento decisivo: allí buscó a otras madres que, como ella, acompañaban a hijas sobrevivientes de violencia sexual y comprendió que la experiencia que atravesaba su familia formaba parte de un problema mucho más amplio.
En una de sus visitas encontró alrededor de 250 testimonios relacionados con violencia sexual y sus procesos de denuncia. Para ella, esa acumulación de historias hizo visible una violencia frecuente, pero todavía atravesada por el silencio, el estigma y la dificultad de ser creída. Fue también una de las experiencias que la llevaron a buscar a otras mujeres y a convertir una vivencia íntima en una red de acompañamiento colectivo. Este proyecto de periodismo fotográfico fue encargado por Ember Mental Health. Ember financia y acompaña a organizaciones comunitarias de salud mental para que crezcan y se consoliden, fortaleciendo el ecosistema global de cuidados.
A Praça São Lucas, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, amanheceu mais alegre do que de costume. Era 12 de outubro deste ano, Dia de Nossa Senhora Aparecida e também das Crianças. A rua foi tomada por balões, brinquedos infláveis, pula-pulas e até show de mágica.
No meio dela, acontecia uma batalha de barbeiros, uma competição para ver quem fazia os cortes de cabelo mais perfeitos e o melhor “loiro pivete”, estilo descolorido popular entre os jovens das favelas cariocas. A criançada fazia fila para ganhar bolo, pipoca, cachorro-quente e refrigerante. Por toda parte, gritos de alegria e clima de festa.
Comemoração do Dia das Crianças, na Praça São Lucas, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha
Em outubro do ano passado, o cenário na mesma praça era bem diferente. “Fazia um ano que eu não pisava aqui”, disse Tauã Brito, de 37 anos, com os olhos cheios de lágrimas. “Quando pintaram a praça na Copa do Mundo, eu queria muito ter vindo, porque foi um amigo meu que fez as pinturas. Mas não consegui. Toda vez que eu via as filmagens do drone, eu dizia: ‘Está lindo o chão, mas eu só consigo olhar e ver o corpo do meu filho estirado nele.’”
Seu filho, Wellington Brito, de 20 anos, foi uma das vítimas da chacina da Penha, chamada oficialmente de “Operação Contenção” pela Polícia Civil. A megaoperação contra o Comando Vermelho foi realizada há um ano, em 28 de outubro de 2025 nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio. Ação do então governador Cláudio Castro (PL), executada pelas polícias Civil e Militar, tornou-se a operação policial mais letal da história do Brasil: 122 mortos, entre eles cinco policiais.
Foi ali, na Praça São Lucas, que os próprios moradores enfileiraram os corpos recolhidos por eles numa área de mata usada como rota de fuga, no dia seguinte ao massacre. Caminhonetes não paravam de chegar com as vítimas empilhadas, mutiladas e com sinais claros de execução. O cheiro de morte impregnava o ar. O silêncio sepulcral só era cortado pelo choro desesperado de mães, esposas e irmãs das vítimas. As imagens dos corpos estendidos no chão rodaram o mundo.
Tauã Brito, de 37 anos, segura foto do filho, Wellington Brito, de 20, uma das vítimas da chacina do ano passado
Desde então, os moradores da Penha se mobilizam para tentar superar a tragédia. “Estar aqui hoje é quebrar um tabu, tentar mudar na minha mente um cenário de muita dor. Você não vai ver quase nenhuma mãe das vítimas aqui, porque esse local ficou marcado por muita tristeza”, afirma Brito.
A escolha da Praça São Lucas para o evento do Dia das Crianças, organizada pela associação de moradores, não foi por acaso. Nascida e criada no bairro, Brito precisou deixar a Vila Cruzeiro depois de receber ameaças de policiais nos meses que se seguiram ao massacre. Mesmo assim, fez questão de participar como voluntária naquele dia, e até fez um bolo para colaborar com a festa.
“A gente está fazendo isso para tentar olhar a praça com outros olhos. A favela é vida, é alegria, e a gente quer mostrar isso para o mundo”, disse. “Muitas das nossas crianças viram aquelas cenas de morte. Nós, mães das vítimas, vamos carregar essa dor dentro de nós para sempre. Mas a comunidade precisa seguir a vida aqui dentro de forma mais leve.”
Andressa Ignácio, de 29 anos, moradora da Vila Cruzeiro, também voltava à Praça São Lucas naquele dia pela primeira vez desde a chacina. Veio à festa acompanhada dos dois filhos. “Fico muito feliz, porque as crianças hoje estão vendo um lugar colorido e animado, e não aquela cena de corpo jogado no chão”, disse. Até então, Ignácio evitava passar pelo local. “Para gente que mora aqui, a lembrança ainda é muito recente e dolorosa. O brilho da comunidade se apagou por causa do que aconteceu.”
Um ano depois, moradores dizem que pouco mudou na presença do Estado no bairro. “Não chegou nada de importante na área social, na saúde, na educação”, afirma Gilberto Santiago, advogado criminalista e morador da Vila Cruzeiro. “Quando o Estado entra, só entra pra matar.”
No ano passado, fotos de corpos empilhados e enfileirados após a chacina chocaram o mundo
Chacina é usada eleitoralmente por Flávio Bolsonaro e apoiadores
Logo após a chacina, em 2025, a operação foi fortemente aplaudida por políticos de direita e de extrema direita. Castro a definiu como “um sucesso” e afirmou que as únicas vítimas eram os policiais mortos. Dois dias depois, recebeu no Palácio Guanabara governadores de oposição ao presidente Lula e anunciou a criação de um “Consórcio da Paz” para ações conjuntas contra o crime organizado.
Na época, a Agência Públicamostrou como a maioria dos governadores que integram o consórcio teve um aumento nas mortes causadas por policiais nos respectivos estados durante a sua gestão.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a ação havia sido realizada “com muita excelência”. A operação também teve respaldo da maioria da população: segundo o Datafolha, 57% dos moradores da capital e da região metropolitana do Rio a avaliaram como um sucesso.
Para a pesquisadora Carolina Grillo, coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI/UFF), a operação teve um efeito político imediato, mudando os termos do debate sobre segurança pública no Brasil. Na época, o Planalto defendia a PEC da Segurança Pública e apostava em investigações para asfixiar financeiramente as facções. “O governo federal vinha com propostas de ataque inteligente, de desmantelamento de redes, de seguir o dinheiro”, diz Grillo. “E, naquele momento, a partir do Rio de Janeiro, conseguiu-se deslocar a discussão para ser contra ou a favor do massacre.”
O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições de 2026, já falava em guerra às facções antes mesmo da operação. Cinco dias antes da chacina, ao compartilhar uma publicação do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre o ataque a uma embarcação no Pacífico, escreveu em inglês, no X: “Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?”. No dia seguinte, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma representação criminal contra o senador por afronta à soberania nacional.
Print da conta de Flávio Bolsonaro em que ele sugere ação contra barcos na Baía de Guanabara, em referência à chacina na Penha e no Alemão
Em maio deste ano, depois de um encontro com Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, Flávio disse ter pedido ao presidente norte-americano que o Comando Vermelho e o PCC fossem classificados como organizações terroristas. Disse que, enquanto Lula pedia a Trump que não adotasse a medida, ele fazia “o contrário”. No início daquele mês, Lula havia se reunido com Trump e apresentado argumentos contra a designação: o governo temia que ela abrisse caminho para sanções ou até para uma ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro.
Dois dias após o encontro com Flávio, o Departamento de Estado, chefiado por Marco Rubio, designou as duas facções como “terroristas globais especialmente designados” e anunciou sua inclusão na lista de organizações terroristas estrangeiras a partir de 5 de junho. Nos bastidores, aliados da oposição viram a decisão como uma vitória política do senador.
Para Grillo, a classificação foi política, não técnica. “Os Estados Unidos não se basearam na realidade, mas usaram um artifício político”, afirma. Segundo ela, as facções brasileiras não têm projeto ideológico, religioso ou de mudança de regime, características que definem o terrorismo. “São grupos do crime organizado que, como cartéis e máfias, buscam apenas o lucro. É simples assim.”
A pesquisadora não vê risco de intervenção militar norte-americana no curto ou no médio prazo, embora reconheça que a medida cria “uma abertura jurídica” para isso. O impacto mais imediato, diz, seria econômico. “Os Estados Unidos se autorizam a confiscar todos os ativos de qualquer empresa que tenha alguma forma de vínculo com organizações terroristas, mesmo que a empresa não saiba disso. Isso cria insegurança jurídica para todas as empresas que atuam aqui.”
Santiago, que mora no Complexo da Penha há 45 anos, inverte o argumento. “Terrorismo é o que o Estado pratica nas comunidades”, afirma o advogado. “Praticar terrorismo é fechar escolas, creches, aterrorizar crianças, mulheres grávidas, moradores, matar pessoas inocentes, executar pessoas rendidas. Isso é terrorismo.”
Em agosto deste ano, já candidato à Presidência, Flávio levou o tema para o centro da campanha. No lançamento da candidatura de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio, no Maracanãzinho, declarou “guerra aos narcoterroristas” e prometeu que, se eleito, também classificaria o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas no Brasil.
Mortes viram trampolim eleitoral no Rio de Janeiro
A chacina também serviu de trampolim eleitoral para quem a comandou. O ex-secretário da Polícia Civil Felipe Curi foi eleito deputado federal pelo Progressistas (PP), com mais de 133 mil votos. Ainda à frente da Polícia Civil, dias depois da chacina, Curi defendeu que as facções recebessem “tratamento à altura de terroristas”.
Segundo reportagens, aliados e integrantes da área de segurança associaram, durante a campanha, o número de urna de Curi, 1122, ao total de mortos na operação. O ex-secretário da Polícia Militar Marcelo de Menezes (PL) conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), com mais de 46 mil votos. O delegado Bernardo Leal, que também participou da ação, foi eleito deputado estadual com mais de 57 mil votos.
Para Grillo, o termo “narcoterrorismo” dá voto justamente por traduzir uma sensação cada vez mais presente entre os brasileiros: o medo. “É uma forma de mobilizar o medo da população por meio de uma categoria exagerada”, explica. A pesquisadora também afirma que megaoperações como a da Penha não reduzem o poder das facções. “No segundo em que a polícia saiu, aquele território continuou sob controle do Comando Vermelho”, diz.
“Todas as pessoas que foram mortas são insubstituíveis do ponto de vista dos seus familiares, mas perfeitamente substituíveis do ponto de vista das facções.” Operações como esta, segundo ela, não passam de “um método ineficaz e populista. E todo populismo, de alguma forma, mira as eleições”, conclui.
Curi e Menezes chegam ao Legislativo enquanto a operação que comandaram segue sob investigação. Familiares relataram ter sido impedidos de reconhecer os corpos das vítimas. A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriram investigações, e o MPRJ já denunciou 17 policiais por condutas como invasão de domicílios, apropriação de bens e armamentos, constrangimento de moradores e tentativas de impedir ou prejudicar o registro das câmeras corporais.
A ONG Human Rights Watch apontou que a Polícia Civil não preservou os locais das mortes, comprometendo as perícias. Em abril deste ano, a PF informou ao STF que ainda não havia recebido as imagens das câmeras corporais dos policiais militares que participaram da ação.
Castro tentou surfar a mesma onda. Após a operação, recebeu o aval da cúpula nacional do PL para disputar o Senado, e seu perfil no Instagram ganhou cerca de 1,5 milhão de seguidores. Mas, em março de 2026, um dia depois de renunciar ao governo para concorrer, foi declarado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por abuso de poder político e econômico na eleição de 2022.
Coube a Ruas, seu aliado e ex-secretário estadual das Cidades, levar a bandeira adiante. Durante a campanha, Ruas buscou se afastar de Castro e do ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar, ambos investigados, mas não abandonou a defesa da Operação Contenção em suas falas públicas.
O discurso parece ter colado: em 10 de outubro, depois que o TSE anulou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos) e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) refez a totalização, Ruas foi declarado eleito em primeiro turno, com 50,88% dos votos válidos, contra 44,16% de Eduardo Paes (PSD).
Depois das eleições, o medo de operações ainda mais letais
Em sua primeira entrevista como governador eleito, à TV Globo, Ruas afirmou que a segurança pública será o foco central de sua gestão. Prometeu convocar logo no início do mandato os aprovados em concursos das forças de segurança e retomar territórios dominados pelo tráfico e pela milícia com operações planejadas, seguidas da ocupação permanente das áreas. Questionado sobre quais comunidades seriam as primeiras, respondeu: “Não vou fazer assessoria para bandidos”.
Na Penha, a promessa é recebida com desconfiança. “Vão entrar para matar mais”, afirma Tauã Brito. “Muita gente aplaudiu o que aconteceu aqui. Então eles entenderam que morte, de certa forma, dá voto.” Para Andressa Ignácio, a eleição de Ruas repete a de Castro. “As próprias pessoas elegeram um segundo Cláudio Castro. Eles são farinha do mesmo saco”, afirmou, antes do segundo turno.
O temor cresceu com a disputa eleitoral. Em 9 de outubro, ao lado de Ruas, na Barra da Tijuca, Flávio, que disputou o segundo turno contra Lula em 25 de outubro, disse que os dois estão alinhados para “declarar guerra” ao crime organizado e mandou um recado “aos narcoterroristas de Comando Vermelho, PCC e milícias”. Nas urnas, Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio, segundo o TSE. A designação das facções como terroristas pelos Estados Unidos, decidida em maio, não depende do resultado eleitoral brasileiro.
Nesta quarta-feira, 28 de outubro, dia em que a chacina completa um ano, os familiares das vítimas organizam um grande ato pacífico na Praça São Lucas. O evento acontece três dias depois do segundo turno, com Ruas eleito no estado e Lula reconduzido ao Planalto.
Perguntada sobre o que pediria a quem vencesse a corrida pela presidência, a mãe de Wellington respondeu: “Eu só peço que olhem para a Penha não como um cenário para tirar vidas, mas de uma forma mais humana. Que lembrem que existem pessoas aqui dentro que precisam ser respeitadas, crianças que precisam crescer num ambiente de paz. As crianças da favela precisam voltar a ser crianças”.
Los graves disturbios del sábado en Barcelona y del lunes en Bilbao, aunque de diferente naturaleza, han servido al PP de combustible para intentar reorientar la campaña electoral del 29-N. Para poner el acento en el orden y la seguridad, dos conceptos fuerza para la derecha. Gobierno y PSOE buscan ejercer la fuerza contraria, devolver la conversación pública adonde estaba en las últimas semanas, en los temas sociales y en los patinazos de los conservadores y de su líder y candidato, Alberto Núñez Feijóo. En una pugna tan polarizada, cuando cada día cuenta, conseguir dominar la agenda es capital para cada bloque. Y hasta ahora el ambiente era favorable a la izquierda.
Los socialistas, empezando por el presidente, Pedro Sánchez, han condenado los actos vandálicos, han insistido en que obviamente no dan ni darán ningún tipo de cobertura a la violencia, pero al tiempo son conscientes de las acusaciones repetidas por parte de PP y Vox. "Era cuestión de tiempo que surgieran cachorros dispuestos a practicar lo que sus mayores justifican. Ya tiene Sánchez su kale borroka. Los neoetarras son hijos de Bildu y Sánchez", afirmaba este martes la número dos de la lista por Madrid del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Una "barbaridad" y una "irresponsabilidad" para el Gobierno, según certificó Elma Saiz, la ministra portavoz.
En la Moncloa explican que no pensaban que sería necesario que el presidente verbalizara su condena de los disturbios, porque "el Gobierno siempre es contundente ante cualquier tipo de violencia"
El PP explotó la ventana de oportunidad que le ofrecieron las horas en las que el presidente guardó silencio después de los altercados del sábado en Barcelona, que acabaron con comercios saqueados y vandalizados y con 130 detenidos (la mitad menores), más de 450 identificados y 15 policías heridos. El domingo sí hubo palabras de condena por parte del president de la Generalitat, Salvador Illa —y un aviso por su parte a los padres de los menores, para que supieran que serán ellos quienes pagarán las consecuencias de los actos de sus hijos—, igual que del alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, pero Sánchez no habló de lo ocurrido el sábado hasta el lunes a las dos de la tarde: "Lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana no es un acto de democracia: es puro vandalismo instigado desde las redes. Hay una investigación en marcha y 128 detenidos que responderán ante la Justicia. Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes".
Lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana no es un acto de democracia: es puro vandalismo instigado desde las redes.
Hay una investigación en marcha y 128 detenidos que responderán ante la justicia.
Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno…
Desde la Moncloa explican que no pensaban que sería necesario que el jefe del Ejecutivo verbalizara su condena de los disturbios, porque "el Gobierno es contundente ante cualquier tipo de violencia. Siempre". "Sin paliativos, sin apellidos", apostillaba este martes la portavoz.
Desde el mismo domingo, horas después de las algaradas en Barcelona, Feijóo apuntó de las mismas al Ejecutivo: "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia"
Pero ya el mismo domingo, pocas horas después de la noche violenta de Barcelona, alentada en redes por la plataforma anómima Blocus, Feijóo responsabilizó de los actos vandálicos al Ejecutivo: "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia", aseguró. Desde entonces, el nivel de acusaciones ha ido a más.
Tellado cambia su agenda y viaja hasta Bilbao
Porque a los disturbios en la capital catalana siguieron los de este pasado lunes en Bilbao. En este caso, protagonizados por grupos de jóvenes que protestaban por un acto del agitador ultra Vito Quiles finalmente cancelado. Además de mobiliario urbano, también sufrieron daños algunos comercios. Según el balance de la Ertzaintza, fueron detenidas 17 personas, diez de ellas menores, y también se abrieron diligencias como investigada a una más, bajo la acusación de un delito de desórdenes públicos. El episodio de violencia fue condenado por las instituciones y los partidos vascos, pero sirvió al número dos del PP, Miguel Tellado, para cambiar su agenda prevista para este martes y desplazarse hasta la ciudad. La "responsabilidad política" es del Gobierno por "no anticiparse" y "tratar de minimizar" lo ocurrido, sentenció el dirigente popular.
Ahora toca responsabilidad de los responsables políticos. Unos somos responsables, otros con algunas declaraciones no lo son. Lo que no podemos hacer nunca es fomentar el odio y es una barbaridad hacer esas acusaciones", asegura Saiz
Y desde Madrid se pronunció el propio Feijóo, que este miércoles se desplazará a la zona afectada por los disturbios en Barcelona. En el acto de presentación de su lista para las generales del 29-N, afirmó que la seguridad será uno de los ejes de su Gobierno. "A partir del día 30 [de noviembre] habrá orden, lo advierto, seremos implacables con los violentos, con los que queman, con los que saquean y con los que impiden la libertad de los demás, la ley se cumplirá siempre". Su Ejecutivo, insistió, se preocupará por garantizar el orden y la seguridad, porque la paz social es un "tesoro democrático". Y volvió a mirar al Gobierno de Sánchez, ya que quienes "han perdido la calle" ahora quieren "alterarla". "Saben que están perdiendo y cuanto más pierden, más tensión general crean. Eso es lo que está ocurriendo", denunció.
"Ahora toca responsabilidad de los responsables políticos. Creo que estoy siendo muy clara. Unos somos responsables, otros con algunas declaraciones no lo son. Lo que no podemos hacer nunca es fomentar el odio y es una barbaridad hacer esas acusaciones", sentenciaba este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, Elma Saiz, quien pedía paciencia antes de sacar conclusiones: hay que "dejar trabajar" a los investigadores, tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a Mossos y Ertzaintza, para a partir de ahí emprender acciones. "Como Gobierno, nos preocupa siempre toda violencia y, por supuesto" que Policía y Guardia Civil, junto con los cuerpos autonómicos, trabajan para evitar que se reproduzca "cualquier episodio de violencia". Su comparecencia había comenzado con una nueva condena de las algaradas: "En democracia, la violencia no tiene cabida".
Feijóo "ha traspasado todas las líneas rojas"
Saiz estaba obligada a aplicar la contención en sus respuestas para evitar cualquier reproche de la Junta Electoral Central. Pero el enfado por las acusaciones del PP es bien patente en el Ejecutivo, que considera que Feijóo y su equipo "han traspasado todas las líneas rojas" con unas declaraciones que "se califican por sí solas".
El PP quiere llevar ahí la campaña, pero no se lo vamos a permitir, y creemos que tampoco se lo consentirá la ciudadanía. A la gente le mueve la esperanza y la alegría, no el miedo ni el odio", aseguran desde el Ejecutivo
Pero en la Moncloa interpretan que la estrategia del PP es diáfana: cambiar el clima de la precampaña, hasta ahora favorable a Sánchez y a la izquierda. "Eso es lo que pretenden la derecha y la ultraderecha, modificar el ambiente. Es normal, han llenado tres años de odio y violencia verbal. Han patrocinado el odio, el miedo, la oscuridad y la violencia verbal, y enfrente tienen a un presidente que, como se está viendo en esta precampaña, reivindica la gestión de su Gobierno y traslada alegría, esperanza o baila. El PP quiere llevar ahí la campaña, pero nosotros no se lo vamos a permitir, y creemos que tampoco se lo consentirá la ciudadanía. A la gente le mueve la esperanza y la alegría, no el miedo ni el odio", describen fuentes muy próximas al líder socialista. Desde el mitin de Fuenlabrada, el pasado 17 de octubre, con el icónico beso de Sánchez a su mujer, Begoña Gómez, el PSOE ha patrocinado otro lema paralelo al oficial (La fuerza de la gente), que es La fuerza del amor, eslogan pintado en las camisetas de los mítines.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su mitin este 26 de octubre de 2026 en Gijón, Asturias. En los atriles y pantallas, el lema de precampaña oficial, 'La fuerza de la gente'. En las camisetas, también la de Sánchez, el segundo eslogan: 'La fuerza del amor'. | FLICKR PSOE / EUGENIA MORAGO
En el núcleo más cercano al presidente no creen que estos episodios en Barcelona y Bilbao acaben beneficiando las expectativas de la derecha. "La violencia nunca beneficia a nadie, y por eso pedimos a todo el mundo que ponga de su parte para evitarlo. PP y Vox hacen una exaltación del odio que solo beneficia a los violentos. Nosotros confiamos en el ciudadano, porque a nadie le gusta la violencia, y la posición del Gobierno es la de condena absoluta de la violencia, defensa del civismo, de los derechos humanos... y enfrente solo tenemos odio, crispación y violencia verbal". Desde el Ejecutivo insisten en reclamar "contención" a las derechas, por una cuestión de "responsabilidad institucional", y advierten de que no se pueden mezclar estos altercados concretos que se han visto en los últimos días con las "justas reivindicaciones" por la vivienda que han discurrido de manera pacífica y que han justificado el adelanto electoral.
En el Gobierno creen que no cabe poner en duda su capacidad para controlar el orden: "No es para nosotros un reto. Está en nuestro día a día mantener la seguridad de los ciudadanos"
Una confusión, siguen en el Ejecutivo, que han alimentado PP y Vox, como si ambos hechos fueran lo mismo, cuando los disturbios vividos en Barcelona y Bilbao son "fenómenos puntuales". Tampoco creen en el Gobierno que basten para poner en duda la capacidad para garantizar el orden público: "Es que no es esto para nosotros un reto. Está en nuestro día a día mantener la seguridad de los ciudadanos y el Gobierno trabaja para asegurarla". ¿Cambia algo la previsión ante la huelga general del 11 de noviembre? "Para nada. Nuestra perspectiva sobre ella no se modifica en absoluto", responden en la Moncloa.
"No le viene bien"
El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía, en un encuentro en el Club Siglo XXI de Madrid, que la derecha está "desesperada por girar la campaña" hacia los disturbios de estos días. Hasta ahora, recordó, los debates que se han abierto han sido sobre asuntos como las bajas laborales o la vivienda, y "no por culpa de la izquierda". Los socialistas han sentido como un regalo las meteduras de pata de Feijóo al avisar de que habrá "sacrificios", que recortará el derecho al aborto, que solo se subirá el salario mínimo si hay acuerdo con la patronal. O que se definiese como feminista por el hecho de haberse criado entre mujeres.
Puente advierte de que aún no se sabe quién está detrás de estos altercados. "No creo que la violencia sea la solución de nada, y menos en un país democrático con unas elecciones el 29-N", apunta
Para Puente, la derecha ha pensado que el hecho de que la conversación pública girara sobre esos temas "no le viene bien", por lo que buscar que el debate se reoriente hacia los altercados que se han visto en España, semejantes a los de otros puntos de Europa. "Yo no sé quién está detrás, solo sé quién pretende aprovecharlo o a quién puede beneficiar", opinó tras ser preguntado quién puede estar detrás de los actos de vandalismo. El ministro también condenó los disturbios: "No creo que la violencia sea la solución de nada, y menos en un país democrático en el que además tenemos unas elecciones el día 29 de noviembre", y añadió que quien "no esté a gusto" puede "introducir la papeleta en la urna" para expresar con su voto "qué país quiere", informa Europa Press.
"Por supuesto que la violencia es muy utilizable por la derecha", conviene una integrante de la ejecutiva federal del PSOE y del comité electoral, "pero creo que podremos hacer frente bien a estos disturbios que se están investigando". "La violencia nos preocupa, y también su banalización y que se endose la responsabilidad a quienes no la tenemos —valora igualmente otra fuente de Ferraz—. Es un tema muy serio como para jugar con ello". Por el momento, se trata de episodios aislados y cortos, pero la violencia que tomó las calles de Cataluña a raíz de la sentencia del procéscontaminó la campaña de las elecciones de noviembre de 2019, comicios repetidos en los que el PSOE ambicionaba aumentar su representación para no depender de Unidas Podemos. Pero fracasó. En aquel momento, las algaradas se prolongaron días y días.
Em plena vaga de manifestações em todo o país, forças de segurança tornaram-se alvo de críticas e denúncias de brutalidade contra os manifestantes. A polícia francesa dispõe de um arsenal mais vasto do que o de outros países europeus. Contexto político ajuda a explicar: “As autoridades políticas têm liberdade para decidir sobre o equipamento da polícia”. Vídeos de alegados casos de violência policial em França estão a tornar-se virais nas redes sociais, no contexto da vaga de protestos que se espalhou pelo país nas últimas semanas. Num deles, agentes da polícia espancam um homem até o derrubarem no chão e
Visitamos el Luxor, uno de los prostíbulos más conocidos de Madrid, en plena reforma. Va a ser sustituido por un hotel familiar: "Hemos encontrado cajas con recibos estratosféricos de tarjetas" Leer
Visitamos el Luxor, uno de los prostíbulos más conocidos de Madrid, en plena reforma. Va a ser sustituido por un hotel familiar: "Hemos encontrado cajas con recibos estratosféricos de tarjetas"
Kinshasa, 27 oct (Prensa Latina) La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que las acciones violentas y la desconfianza de la población socavan hoy la respuesta al ébola en República Democrática del Congo (RDC).
En el ensayo 'Conversación con la oscuridad' la popular escritora argentina reivindica el gótico y el horror como el género perfecto para abordar los miedos colectivos y privados. "Los monstruos cambian de significado en cada época, cada generación los deforma según sus miedos" Leer
En el ensayo 'Conversación con la oscuridad' la popular escritora argentina reivindica el gótico y el horror como el género perfecto para abordar los miedos colectivos y privados. "Los monstruos cambian de significado en cada época, cada generación los deforma según sus miedos"
Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, foi agredido em um ato de esquerda em Santos, no litoral de São Paulo, na noite desta sexta-feira (23/10). Ele ficou inconsciente durante uma apresentação da “Banda Esquerdantina”, que ocorreu em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e foi levado ao Hospital Santa Casa.
Marcelo ficou internado em coma induzido até o diagnóstico de morte cerebral, recebido neste domingo (25/10). O quadro é considerado irreversível. O motivo da agressão ainda é desconhecido, mas há suspeita de que tenha sido motivada por homofobia.
Em relato ao Metrópoles, Luiz Santana, músico do Esquerdantina, afirmou que episódios do tipo nunca ocorreram em outras apresentações da banda. “A gente ficou muito assustado com tudo que aconteceu. Temos o Esquerdantina há muitos anos, coisa de oito anos, se eu não me engano, e nunca tivemos um problema assim”, disse. Ele afirmou que a banda se colocou à disposição da família de Marcelo para prestar assistência e que o episódio os deixou “muito abalados”.
Em nota, a banda exigiu a “rápida apuração” do caso e “consequente punição dos responsáveis”. “Manifestamos nossa solidariedade à vítima e seus familiares, bem como nosso firme repúdio à homofobia, alertando para os riscos que todos corremos ao naturalizar, proteger ou promover o ódio como método de intimidação política”, dizia a nota.
Em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aguarda retorno. O caso segue em investigação.
A plataforma Casa para Viver condena a atuação policial nas acampadas de Lisboa e Porto e convoca um protesto no Parlamento. Exige o apuramento de responsabilidades e um orçamento que responda à crise da habitação.
Número exato de feridos ainda por apurar: a versão da PSP é muito diferente da versão das acampadas. Manifestantes estarão hoje, novamente, pelas 19h, em assembleia popular e já há pelo menos mais duas manifestações agendadas. A madrugada deste domingo foi palco de intervenções policiais simultâneas no Porto e em Lisboa, para retirar à força os manifestantes que se recusaram a desmontar as dezenas de tendas montadas pelo direito à habitação nas duas cidades. O balanço oficial da PSP mais recente aponta para 31 detidos e 11 feridos (5 no Porto e 6 em Lisboa, e três são polícias) nas
Na manhã de 13 de outubro, um grupo de moradores da Terra Indígena Votouro, no Rio Grande do Sul, foi até a casa do cacique Darci Borges, do povo Kaingang. Eles procuravam entender por que cinco trabalhadores da aldeia haviam sido demitidos um dia depois do primeiro turno das eleições. O encontro terminou em briga, e o indígena Álvaro Ferreira, frentista em um posto de gasolina de Faxinalzinho, município vizinho à TI, foi morto.
Rosa Kaingang*, que estava presente, diz ter visto o cacique – apoiador de Flávio Bolsonaro – atirar contra Ferreira. “Eu sou prova viva disso e nunca mais vou esquecer essa cena horrível.” Segundo vídeo enviado por moradores, a polícia da Brigada Militar estava presente no momento dos disparos.
Foi a primeira de três mortes naquele dia. As outras duas, também de indígenas, ocorreram horas depois, durante ação do Batalhão de Choque da Brigada Militar, chamado à TI após o primeiro crime. Segundo os indígenas, os militares desceram atirando – e mataram duas pessoas da comunidade. Já a corporação alegou à Rádio Gaúcha ter sido recebida a tiros no território indígena e atribuiu a violência a uma disputa interna pela liderança da comunidade.
Entretanto, para os quatro indígenas ouvidos pela Agência Pública, a disputa tem outro nome: perseguição política. Eles relatam que o cacique Darci Borges, bolsonarista declarado, pune há anos os moradores que votam em candidatos do PT, e que a pressão aumenta a cada eleição. “Quem apoia a esquerda perde o emprego na aldeia”, explica Rosa*.
Vídeo enviado por moradores da Terra Indígena Votouro mostra momento do confronto entre o cacique Darci Borges, o “cacique bolsonarista”, e lideranças apoiadoras do PT
A Polícia Federal informou que a investigação das mortes é conduzida pela unidade de Passo Fundo e que não divulga informações sobre inquéritos em andamento. O Ministério Público Federal abriu um procedimento de mediação e pediu reforço do policiamento no segundo turno. Sobre a apuração criminal, disse ainda não ter retorno.
A Brigada Militar, a Secretaria da Segurança Pública do estado e a Polícia Civil não responderam até a publicação deste texto. O espaço segue aberto. O cacique Darci Borges foi procurado por telefone e se recusou a dar entrevista.
O conflito na TI Votouro não é um caso isolado da tensão política que vem se instaurando nos territórios indígenas durante a eleição. Em Roraima, lideranças Yanomami ouvidas pela Pública relatam que garimpeiros têm telefonado para jovens da etnia avisando que vão “voltar com tudo” ao território se Flávio Bolsonaro for eleito. A maior terra indígena do país foi devastada, durante o governo Bolsonaro, pelo garimpo ilegal, que levou violência, estupro, fome e problemas de saúde aos Yanomami (leia mais abaixo).
No Pará, áudios revelados pela Folha mostram fazendeiros marcando a invasão da Terra Indígena Apyterewa para 25 de outubro, dia do segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
Para a presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Lucia Alberta Baré, as ameaças têm relação direta com a campanha. “As pessoas falam claramente, isso não é nem segredo: se o candidato X ganhar, no dia seguinte nós vamos entrar na terra indígena.” A própria Funai virou alvo. Quatro dias depois do primeiro turno, em 8 de outubro, a unidade do órgão na Terra Indígena São Jerônimo, no Paraná, foi atacada com artefatos explosivos.
A presidenta da Funai, Lucia Alberta Baré, diz que as ameaças têm relação direta com a campanha
Os relatos se somam a um período pré-eleitoral que foi o mais violento da década. As organizações Terra de Direitos e Justiça Global contaram 354 casos de violência política no país entre 28 de outubro de 2024 e 15 de agosto de 2026, um a cada 44 horas. Só na campanha deste ano, até o primeiro turno, foram mais 134, um a cada nove horas.
Jornalismo investigativo é antídoto contra a desinformação. Ajude a garantir informação acessível e gratuita para mais pessoas. Faça um Pix para contato@apublica.org ou doe em apoie.apublica.org.
TI Votouro: ‘Ou ele te manda embora ou ele te mata’
A Terra Indígena Votouro, onde vivem famílias Kaingang e Guarani, fica entre Benjamin Constant do Sul e Faxinalzinho, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo moradores ouvidos pela reportagem, o cacique Darci Borges, no cargo há cerca de sete anos, faz campanha aberta para candidatos bolsonaristas desde 2018. “Campanha e ameaça ele sempre fez, mas neste ano ele foi ainda mais violento”, relata Rosa* Kaingang.
A tensão política se acirrou na véspera do primeiro turno, quando uma carreata de apoiadores de Lula dentro da TI foi apedrejada por pessoas ligadas ao cacique, segundo relatos dos indígenas ouvidos. O grupo registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Valentim.
O santinho que o grupo ligado a Darci Borges distribuía, enviado à reportagem pelos moradores entrevistados, pedia votos não apenas para Flávio Bolsonaro e o governador eleito Luciano Zucco, mas também para os candidatos ao Senado Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo), para o candidato a deputado federal Maurício Dziedricki (Podemos) e para o deputado estadual Ronaldo Santini (Podemos).
Foto de uma colinha que teria sido distribuída pelo cacique Darci Borges e seus apoiadores, na TI Votouro (RS)
No dia seguinte à eleição, segunda-feira, 5 de outubro, cinco trabalhadores indígenas que tinham participado da carreata petista foram dispensados de seus cargos na aldeia. A um deles, segundo Rosa*, o cacique teria dito: “Vai pedir dinheiro pro teu deputado agora”. Para ela, a regra na TI é clara: “Se tu mora na reserva, tu tem que apoiar o lado dele. Se tu não fizer o que ele diz, ou ele te manda embora ou ele te mata, como matou o Álvaro. Ele era um companheiro de militância muito querido”, lamenta. “Estava junto com nós no dia da carreata. Ele tava uma felicidade que só, sabe?”
Marta* Kaingang, outra moradora ouvida pela reportagem, diz que a prática é antiga. Depois da eleição municipal de 2024, segundo ela, pessoas de famílias que declararam voto em um vereador indígena do PT também perderam cargos na creche e na escola da aldeia. “Ele ficava na rua o dia inteiro, com um carro de som, tocando a música do Flávio Bolsonaro e ameaçando quem não votasse nos candidatos dele”, conta.
Além da pressão política, Marta* relatou ameaças de expulsão e incêndio de casas. “Tu dorme com medo, acorda com medo. Tu não sabe se vai acordar e não vão estar cercando tua casa”, diz. “E se ele [o cacique] mata meu filho porque ele não quis apoiar o candidato dele?”
Um áudio enviado à reportagem pelos moradores de Votouro, que dizem ter sido gravado pelo cacique, mostra o tom das ameaças. Na gravação, uma voz masculina se dirige a uma funcionária da prefeitura de Benjamin Constant do Sul: “Tu tá exigindo demais. Eu posso pedir o desligamento total de você. Então, tu quer continuar trabalhando, aí fica bem quietinha no teu canto, tá? (…) E você sabe que eu posso fazer isso”.
O fatídico dia 13
Na manhã de 13 de outubro, dia em que o grupo foi à casa do cacique perguntar o motivo das demissões, não houve tempo para diálogo. De acordo com relatos dos indígenas ouvidos pela Pública, o cacique teria dado um tapa em Álvaro Ferreira, que revidou com um soco, e a briga foi escalando. “Ele entrou para dentro de casa, simplesmente pegou a arma de fogo e atirou contra ele”, afirma Rosa* Kaingang.
Ainda segundo os moradores, o 3º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar chegou 3 horas mais tarde. Rosa* conta que os policiais “soltaram drones e desceram atirando”. “A polícia alegou confronto, mas não teve confronto nenhum”, explica. Dois homens morreram em decorrência do tiroteio, identificados pelos moradores da TI como Alexandro e Silvano, mas as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas. Outras 15 pessoas ficaram feridas, e a Polícia Federal investiga o caso. A identidade das vítimas ou de onde partiram os tiros ainda não foi divulgada.
Moradores da TI Votouro relatam terem sido atacados com pedras, pedaços de pau e jatos spray de pimenta durante confronto com a polícia
“Até quando nós vamos viver assim? Se esse cacique continuar, ele vai matar mais quantas pessoas?”, pergunta Rosa*.
Questionada, a presidenta da Funai criticou a atuação policial. “A polícia tem que agir com humanidade. Não pode chegar atirando em todo mundo”, afirma. “Esse não é o primeiro nem será o último caso, infelizmente.” A Funai diz ter acionado a Força Nacional de Segurança Pública para atuar na TI.
TI Yanomami: ‘estão dizendo que o filho do Bolsonaro ganhou’
Waihiri Hekurari Yanomami diz que o tráfico de aeronaves na TI voltou a aumentar após o 1º turno
Cerca de uma semana depois do primeiro turno, quatro jovens Yanomami relatam ter recebido ligações de garimpeiros dizendo que eles “estavam voltando” ao território, em Roraima. Em troca de dinheiro, pediam que os jovens limpassem pistas de pouso abandonadas na floresta, usadas por aviões e helicópteros do garimpo.
Estão dizendo que o filho do Bolsonaro ganhou, que já é presidente. Por isso eles estão invadindo nosso território novamente”
Waihiri Hekurari Yanomami
Presidente da Urihi Associação Yanomami
A liderança falou com os quatro jovens, mas, por segurança, preferiu não revelar suas identidades nem a região onde vivem.
As ligações foram destinadas a indígenas de regiões onde a floresta já voltou a ser derrubada. Um relatório preliminar de monitoramento da associação obtido pela Pública registra novos desmatamentos em duas áreas que estiveram no centro da última invasão. A primeira fica em Xitei. Ali, perto da Pista da Pupunha, pista clandestina do garimpo, a plataforma de monitoramento por satélite Guardião emitiu 14 alertas de desmatamento entre abril e 20 de outubro, somando cerca de 5 hectares.
Área perto da Pista da Pupunha, em Xitei, na Terra Indígena Yanomami, em 2 de agosto e em 16 de outubro de 2026. Os polígonos marcam alertas de desmatamento
A segunda área fica entre Homoxi e Maraxiu, no entorno de Surucucu. Homoxi foi uma das regiões mais devastadas na última invasão. Ali, foram três alertas entre agosto e setembro, cerca de 1,8 hectare.
Área entre Homoxi e Maraxiu, perto de Surucucu, em 2 de março e em 28 de setembro de 2026
Waihiri afirma que o tráfego de aeronaves voltou a aumentar desde o primeiro turno. A associação avisou a Casa de Governo, estrutura do governo federal que coordena a resposta à emergência Yanomami em Boa Vista, e vai enviar o relatório completo às autoridades.
Entre 2019 e 2022, estima-se que existiam cerca de 20 mil garimpeiros ilegais dentro do território indígena. Eles levaram violência, estupro, contaminação de rios e mortes aos Yanomami. Durante o governo de Bolsonaro, 570 crianças yanomami morreram por causas evitáveis, conforme revelou Sumaúma à época. Os garimpeiros foram expulsos pelo governo Lula em 2023.
Mas as ameaças da volta do garimpo não se restringem aos Yanomami. Em 9 de outubro, a Aliança em Defesa dos Territórios, que reúne os povos Kayapó, Yanomami e Munduruku, divulgou uma carta relatando ameaças de garimpeiros em Roraima, no Pará e em Mato Grosso logo depois do primeiro turno. Waihiri ajudou a escrever o texto.
Nas redes sociais, garimpeiros fazem campanha aberta. Desde que Flávio Bolsonaro saiu na frente no primeiro turno, diz Waihiri, os garimpeiros “se sentiram com confiança e autoridade”. Em um vídeo publicado no TikTok sob a legenda “A nação garimpeira é Flávio Bolsonaro”, uma mulher grava de uma área de mata: “O tempo em que a gente conseguiu trabalhar melhor no garimpo foi no tempo em que o Bolsonaro foi presidente”.
Em Roraima, o garimpo esteve no centro da campanha eleitoral no primeiro turno. Durante um comício na capital Boa Vista, Flávio Bolsonaro prometeu: “Vocês vão ter segurança jurídica, vão poder plantar, vão poder criar gado, vão poder fazer mineração com responsabilidade, porque é um governo que vai respeitar o garimpeiro legal”.
Aliado de Flávio, o governador eleito de Roraima, Arthur Henrique (PL), que venceu no primeiro turno com cerca de 69% dos votos válidos, usou a defesa da mineração em terras indígenas como uma de suas principais bandeiras. A presidenta da Funai, Lucia Alberta Baré, lembra que a decisão não cabe ao governo estadual. “Ele só esqueceu que as terras indígenas não são de responsabilidade do estado de Roraima. Mas esse discurso é muito delicado durante o processo eleitoral, porque cria essa situação de insegurança para os indígenas e para os nossos servidores.”
‘Com Lula a gente podia dialogar, com Flávio não’
Alessandra Korap Munduruku conhece há anos o preço de enfrentar o garimpo no Tapajós. Ao longo da militância, recebeu ameaças de morte e teve a casa invadida e revirada. Neste ano, levou a disputa para as urnas: concorreu pela primeira vez a uma vaga na Câmara dos Deputados, pelo PT do Pará, e ficou como suplente, com 29.624 votos.
“Não esqueceremos jamais” dos estragos que Bolsonaro fez na Amazônia, diz Alessandra Korap Munduruku
Durante a campanha seu perfil no Instagram virou alvo de insultos, ataques e ameaças, a maioria em nome de Flávio Bolsonaro e do garimpo. “Deixa Flávio ganhar, até tu vai pro inferno”, escreveu um usuário. “Garimpeiro é trabalhador, não bandido, então vai te f[*]”, comentou outro.
O que preocupa Korap agora está fora das redes sociais. “A gente, que já viveu esse terror de 2019 a 2022, sabe o que é o garimpo”, diz. “A gente sabe que eles vão voltar tudinho se o Flávio ganhar.” Para a liderança, a disputa já não se resume a “esquerda ou direita”. “Agora, temos que enfrentar o bolsonarismo. Os bolsonaristas estão cheios de raiva, espumando. Eles têm armas, e são violentos.”
Comentários recebidos nas postagens de Alessandra Korap Munduruku durante sua campanha eleitoral
Para Korap, a questão indígena ficou à margem da campanha nacional deste ano, e foi justamente no intuito de romper esse silêncio que a Aliança em Defesa dos Territórios, da qual ela faz parte, escreveu a carta. “As mulheres estão com medo do cheiro da bala, dos venenos nos nossos rios, das armas dos garimpeiros. A gente precisava escrever essa carta pra alertar o mundo todo. A população brasileira pode até ter esquecido dos estragos que Bolsonaro fez na Amazônia e do que seu filho pode fazer, mas nós não esqueceremos jamais.”
Na TI Apyterewa, invasões marcadas para o dia do segundo turno
No Pará, o governador eleito, Dr. Daniel (Podemos), que venceu no primeiro turno com apoio de Flávio Bolsonaro e tem como vice a garimpeira Ellayne D’Almeida (PL), aparece também nos áudios revelados pela Folha de S.Paulo em 12 de outubro. Em oito mensagens de WhatsApp enviadas a indígenas Parakanã, moradores da região dizem que fazendeiros esperam o dia 25 para invadir a Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu.
A aposta, segundo os áudios, é que Flávio, se eleito, e Dr. Daniel entreguem o território aos pecuaristas. O Comitê de Desintrusão do governo federal reforçou o efetivo na região. Procurados, Dr. Daniel não quis comentar e a campanha de Flávio não respondeu.
Território de mais de mil indígenas Parakanã, povo de contato recente, a Apyterewa foi a terra indígena mais desmatada do país durante o governo Bolsonaro. Entre julho e setembro deste ano, período que coincide com o da pré-campanha e campanha eleitoral, os focos de incêndio no território passaram de 41 para 1.007, segundo dados do Inpe compilados pelo Programa Xingu.
A Funai, que integra o Comitê de Desintrusão, diz que as forças de segurança foram enviadas à região, mas reconhece o limite. “Nós não temos como proteger as 700 terras indígenas de uma vez. Então as ameaças vão continuar existindo”, lamenta Lucia Alberta Baré.
Ameaças também chegaram a terras onde a desintrusão de fazendeiros já foi realizada pelo governo federal. Nesta semana, servidores da Funai receberam de lideranças da TI Alto Rio Guamá, também no Pará, um vídeo que circula no TikTok em que um homem com boné escrito “Flávio Bolsonaro 2026” grava em frente uma placa da Funai demarcando a área como “terra protegida” e avisa: “Não acredite no discurso de um governo que arrancou o povo de uma terra supostamente indígena. Esse povo, Lula, não vai esquecer a forma desumana que vocês trataram eles. Agora, na urna, no próximo domingo, dia 25, vocês vão ter a resposta do povo paraense”.
Na Terra Yanomami, Waihiri Hekurari conta que, às vésperas do segundo turno, os mais velhos das aldeias têm feito pajelança todos os dias, apesar do receio do resultado no dia 25. “Estamos todos com medo, mas nossos pajés estão conversando com a floresta, conversando com o céu, para que nossa mensagem chegue para todos os brasileiros”, conta.
Alessandra Munduruku, mesmo sem a vaga no Congresso Nacional, parece manter a esperança. “Por mais que eu não tenha sido eleita, me sinto vitoriosa por furar essa bolha no meu estado. Eu espero que, nesse segundo turno, as pessoas possam continuar a ouvir minha voz, a voz do meu povo, a voz do rio, a voz da floresta. Independente das urnas, a luta dos povos indígenas continua”, conclui.
Apartamento armadilhado com botijas de gás, metralhadora, bomba de gás lacrimogéneo. Um morto e cinco feridos perto de Paris. O Presidente francês afirmou que o “atentado terrorista racista” que esta sexta-feira fez um morto e cinco feridos perto de Paris representa “um ponto de viragem no país”, atribuindo-o ao “ambiente de instabilidade que certos discursos estão a criar”. Um homem matou a tiro uma pessoa e feriu outras cinco. Tinha armadilhado o seu apartamento com botijas de gás, indicou a procuradoria antiterrorismo francesa (PNAT) num comunicado. As buscas revelaram “a instalação de um dispositivo de armadilha no apartamento, com três
Adolescente suspeito de balear com disparos de uma arma de ar comprimido, em Matosinhos Sul, tem 19 anos e tinha a arma escondida fora de casa. Quase quatro meses depois dos disparos de chumbo que provocaram o pânico em Matosinhos, no final de junho, a PSP identificou um jovem de 19 anos suspeito de ter atingido cinco pessoas com disparos de uma arma de ar comprimido, em Matosinhos Sul. A investigação levou à apreensão de uma arma de calibre 4,5 milímetros, que terá sido utilizada no ataque. Os disparos ocorreram a 28 de junho, por volta das 20h20, no cruzamento
O Ministério do Interior de Espanha detetou num site próximo do Estado Islâmico mensagens que incitam a ataques contra manifestantes e forças de segurança em Portugal, Espanha, França e Itália. Portugal é um dos países visados por um apelo jihadista a atacar polícias e manifestantes durante os protestos que decorrem pela Europa. O alerta foi revelado pelo El País e, para já, não aponta qualquer plano concreto contra Portugal. Segundo o jornal espanhol, o Ministério do Interior de Espanha detetou num site próximo do Estado Islâmico mensagens que incitam a ataques contra manifestantes e forças de segurança em Portugal, Espanha,
O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu o senador Flávio Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (23/10), durante o debate presidencial da TV Globo, e disse que “não vai permitir” que um “miliciano” o chame de “nove dedos”. “Se tem alguém aqui nesse público que sabe o que é o mundo do trabalho, sou eu. Se tem alguém que perdeu o dedo com 17 anos, fui eu, trabalhando da noite quando não podia trabalhar. Não vou permitir que um miliciano me chame de nove dedos. Não vou permitir. Ele nunca trabalhou na vida. Não sabe o que é uma carteira [de trabalho]. O primeiro emprego que ele teve foi emprego falso, pelo pai dele. Ele trabalhava com o pai, mas ficava em Brasília”, disse Lula.
Em certo momento do debate, Lula questionou o adversário sobre a proposta do governo para implementar tarifa zero no transporte público aos fins de semana, e Flávio rebateu: “Não adianta nada o salário mínimo de R$ 1,6 mil se você dá com uma mão e tira com os nove dedos”, disse o candidato.
O petista exigiu que o opositor pedisse desculpas pela fala. “E vem chamar eu de nove dedos? Você vai ter que pedir desculpas. Milhões de trabalhadores se acidentam por irresponsabilidade patronal, que obriga a gente a trabalhar em jornada que a gente não tem que trabalhar”, pontuou. O candidato à reeleição chamou Flávio ainda de “granfino” e “com uma prática política muito duvidosa”. “Eu era de menor e trabalhava à noite porque ou trabalhava ou não comia. E não posso aceitar que um granfino, com uma prática política muito duvidosa, venha me chamar de nove dedos”, completou Lula.
Em seguida, Flávio se desculpou com o presidente: “Lula, se eu te ofendi por ter te chamado de nove dedos, eu te peço desculpas, de verdade. Não queria te ofender”.
Os perfis nas redes sociais do jornalista e comunicador popular Mateus Fernandes, de 26 anos, sempre articularam debates sobre raça, meio ambiente e participação política a partir da periferia de São Paulo. A decisão de declarar o voto no presidente Lula no segundo turno das eleições custou a liberdade e tranquilidade de Mateus. Conhecido nas redes como @omateuso, seu perfil divulgou uma nota pública no dia 12 de outubro informando que ele havia recebido oito ameaças de morte e tortura, com referências à Ku Klux Klan e saudações nazistas. Além disso, seu endereço residencial foi exposto em comentários no Facebook, o que motivou o jornalista a sair de casa por medo de ser assassinado.
As ameaças surgiram após a participação de Mateus na campanha de “vira-voto” com centenas de criadores de conteúdo. Sem respostas efetivas às denúncias enviadas à Meta, Mateus e sua equipe jurídica de apoio registraram boletim de ocorrência por racismo, apologia ao nazismo, intolerância religiosa e ameaça. Também levou o caso ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e à Polícia Civil.
O caso de Mateus não é isolado. Ele se soma a episódios de intimidação contra parlamentares e agentes políticos registrados em diferentes estados durante o período eleitoral. Os dados após o primeiro turno confirmaram o diagnóstico: segundo levantamento da organização de Direitos Humanos Terra de Direitos e da Justiça Global, divulgado no dia 7 de outubro, o Brasil registrou 134 episódios de violência política em 50 dias de campanha, uma média de um caso a cada nove horas.
Segundo a pesquisa, dos 134 episódios registrados no primeiro turno, 102 foram dirigidos a pessoas com candidaturas registradas, o que equivale a 76,1% do total. Os outros 32 casos atingiram quem não disputava eleições: foram vítimas 19 vereadores, 3 prefeitos, um vice-prefeito e dois secretários. Também houve quatro casos contra dirigentes partidários e dois contra sedes do PT e a equipe de uma candidata.
Um exemplo foi da deputada federal eleita com a melhor votação de Minas Gerais, Ana Elisa (PT-MG), de 21 anos, a mulher mais jovem da história do país e assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Logo após a confirmação do resultado das urnas, ela passou a ser alvo de perseguição e ameaças de morte.
No Amazonas, a deputada estadual e candidata a vice-governadora Alessandra Campêlo (PSD) denunciou ter sido ameaçada durante um debate eleitoral promovido pela TV Norte Amazonas. Alessandra disputa o segundo turno ao Governo do Estado ao lado de Omar Aziz (PSD) contra a chapa da Professora Maria do Carmo (PL).
Um homem da coligação adversária foi flagrado, nos bastidores, fazendo um gesto de degolamento enquanto a encarava. Tratava-se de Kidson Maia, que buscou uma vaga de deputado estadual no Amazonas, mas não foi eleito, ficando como 1° suplente. Segundo o portal G1, Alessandra apresentou uma representação criminal e, com isso, a juíza eleitoral Bárbara Folhadela Paulain determinou que Kidson e o deputado federal eleito Sargento Salazar (PL) mantenham distância mínima de 200 metros da parlamentar, proibiu qualquer tipo de contato e suspendeu o porte de armas da dupla. A Agência Pública solicitou um posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.
Além de candidatas, minorias políticas tornam-se alvo
A violência política segue um padrão na escolha das vítimas: atingem sobretudo pessoas negras, mulheres, populações periféricas, entre outros grupos marginalizados que ocupam o debate público. Em setembro, uma articulação de quase 70 organizações da sociedade civil (entre elas o Instituto Marielle Franco, Terra de Direitos, Justiça Global, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras) entregou uma nota coletiva ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE Mulheres). O documento exige medidas de prevenção, investigação e responsabilização diante da escalada do racismo, misoginia e exposição de dados pessoais direcionada a candidatas e ativistas.
Um estudo publicado em 2025 pelo Instituto Marielle Franco, já mostrava que 69% das vítimas de violência política virtual de gênero e raça são mulheres pretas e pardas, e 84% dos casos se concentram estão concentrados contra lideranças filiadas a legendas progressistas. Nesses espaços, a identidade racial e a atuação em defesa dos direitos humanos funcionam como catalisadores para campanhas orquestradas de difamação e intimidação física.
Para o advogado Thiago Farias, que representa Mateus Fernandes junto ao Ministério Público de São Paulo, as agressões se tornam bem mais graves quando ultrapassam as telas. “Quando a ameaça cita a rua, o bairro e o trajeto cotidiano de um comunicador, a violência deixa de ser uma agressão virtual difusa e passa a operar como uma tecnologia de confinamento territorial”, explica o jurista. “Não atinge apenas o Mateus, mas envia um recado de intimidação a todo corpo negro e periférico que tenta ocupar o debate.” Farias afirma que essa violência atua em duas frentes: a pressão psicológica e o confinamento.
Pressão e confinamento que impõem custos invisíveis às vítimas e seu entorno. Na segunda-feira seguinte ao primeiro turno, 5 de outubro, o babalorixá, professor e escritor Sidnei Nogueira transmitia uma live ao lado da professora da Unifesp Ellen de Lima Souza. A transmissão lançava um curso sobre saberes de terreiro e os ensaios da teórica feminista negra norte-americana Bell Hooks e da escritora burquinense Sobonfu Somé. Embora a aula não tratasse de política eleitoral, o pai de Santo comentou sua esperança em um resultado democrático no segundo turno. A partir daí, a transmissão passou a ser invadida por dezenas de comentários de ódio, ofensas intolerantes e ataques bolsonaristas.
Para o Babalorixá, o link da transmissão provavelmente foi compartilhado em grupos de mensagens da extrema direita: “não reconheci aquelas pessoas das interações comuns da minha página”, relata. Sidnei já evitava andar a pé pelo próprio bairro por medo. Depois dos ataques, passou a usar mais transportes privados, o que gerou um custo financeiro não planejado. Integrantes de sua comunidade religiosa, seus filhos de Santo, também organizaram uma rede de acompanhamento para que ele não circule sozinho. “A política do ódio substituiu o debate saudável”, reflete Nogueira.
Apesar da violência, a reação dos seguidores do professor abriu caminhos de solidariedade. Pessoas de fora de São Paulo que acompanhavam a transmissão passaram a denunciar os perfis agressores em seus próprios estados, pois se sentiram atingidos pelo discurso de ódio. Diante da gravidade dos ataques, a defesa de Sidnei estuda levar a denúncia à esfera federal.
Se as ameaças visam intimidar, podem ter um efeito contrário. A exposição do caso do pai de Santo Sidnei Nogueira também encorajou outras lideranças religiosas a se posicionarem. “Depois desse episódio, um outro Pai de Santo me mandou mensagem dizendo que não tinha se posicionado até então, mas se sentiu impelido a se manifestar após a repercussão da minha denúncia”, relata Sidnei. Para ele, isso reforça a necessidade de não recuar nem se calar diante da intimidação: “a verdade não tem pressa”, conclui.
O modelo de negócio do ódio e a omissão das Big Techs
Para especialistas e vítimas, a proliferação desses ataques está diretamente conectada à tolerância e ao modelo econômico das empresas de tecnologia.
Ex-deputada federal e cientista política, Áurea Carolina, que teve 2,6 milhões de votos ao Senado por Minas Gerais em 2026, afirma que “o negócio dessas plataformas é baseado em publicidade e retenção de público”. Para ela, a violência atua como um “veneno invisível” que desestimula a presença de mulheres negras na política formal. “Elas [big techs] lucram inclusive com anúncios de golpes e conteúdos de incitação. E há um alinhamento ideológico e de privilégio: dados mostram como algoritmos entregam mais alcance para a extrema-direita enquanto censuram ou reduzem a entrega de perfis progressistas”, analisa Áurea.
A professora e ativista feminista Lola Aronovich, umas das primeiras mulheres a receber e combater os discursos de ódio na internet, cuja perseguição deu origem à Lei 13.642/2018 (Lei Lola), aponta que o ecossistema digital se deteriorou a partir de 2016: “as Big Techs sempre difundiram ódio porque lucram com o engajamento pelo ultraje. Com as eleições de Donald Trump nos EUA e Jair Bolsonaro no Brasil, a ‘machosfera’ e os grupos extremistas perderam a vergonha de expor o rosto. Viram que discursos de misoginia e violência não eram punidos, mas recompensados com o poder”, pontua.
Na análise do advogado Thiago Farias, a facilidade com que discursos extremistas se convertem em perseguição tem relação com as políticas de moderação das empresas de tecnologia.
“As plataformas digitais precisam abandonar as suas convenientes posturas de distância do debate público. Ficou escancarado no debate público recente, especialmente nos períodos eleitorais, que existe uma assimetria gritante na aplicação dos termos de uso quando o conteúdo partia da extrema direita, permitindo que a desumanização e a incitação ao ódio corressem soltas; em contrapartida, vozes progressistas, periféricas e democráticas, que buscavam apenas qualificar o debate público, foram sistematicamente silenciadas ou punidas com rigor desmedido”, argumenta.
Farias defende que as redes deixem de usar algoritmos que tratam o engajamento com o ódio como motor de distribuição. Também apela para que elas cooperem imediatamente com a Justiça, fornecendo dados cadastrais e registros de conexão dos agressores.
Jornalismo investigativo é antídoto contra a desinformação. Ajude a garantir informação acessível e gratuita para mais pessoas. Faça um Pix para contato@apublica.org ou doe em apoie.apublica.org.
Partidos também devem se envolver e se responsabilizar
Áurea Carolina avalia que a lei “aumenta a pena e tipifica o crime, mas não prevê nenhuma política pública para prevenir nem cria estruturas de proteção.” Para a ex-deputada, a omissão dos partidos políticos diante dos ataques é um dos principais fatores que deixam as candidatas desprotegidas nas campanhas. Como alternativa, ela defende a criação de um fundo emergencial com recursos do Fundo Eleitoral: a medida destinaria parte da verba pública de campanha para custear ações imediatas de proteção (como escolta, suporte psicológico, veículos blindados ou relocação de domicílio) em até 48 horas após o registro da ameaça.
“Os partidos são omissos, para não dizer coniventes. Se é de interesse do Brasil financiar candidaturas de todo o espectro político, também deve ser de interesse do país garantir que todas as candidaturas de mulheres concorram em condições de igualdade e segurança. Não dá para esperar um mês de trâmite burocrático partidário quando a vida e o mandato de uma mulher estão em jogo”, defende a cientista política.
Por outro lado, leis focadas em investigação digital têm utilidade quando há vontade política. Lola Aronovich destaca que a Lei Lola (Lei 13.642/2018), que autoriza a Polícia Federal a investigar crimes cibernéticos de misoginia e ódio com repercussão intermunicipal ou internacional, passou a ser aplicada de forma mais firme a partir de 2023. “Hoje ela é usada pela PF para desmantelar fóruns que planejam massacres em escolas, redes internacionais de abuso digital e campanhas organizadas de incitação à violência contra mulheres.”
Apesar dos avanços legais, os órgãos de segurança ainda enfrentam questões operacionais. A Lei 14.192/2021 tipifica a violência política de gênero, mas a aplicação das normas segue desafiada pela velocidade das ameaças. Segundo Thiago Farias, instituições como a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) e o GECRADI, no Ministério Público de São Paulo, são conquistas históricas dos movimentos sociais. Ainda assim, enfrentam limitações de alcance e lentidão burocrática para preservar provas digitais com a urgência necessária.
No Congresso Nacional, há uma proposta em tramitação buscam enfrentar essas brechas: o PL 3191/2026, de autoria da deputada Sâmia Bomfim (PSOL/SP), altera a Lei de Violência Política contra a Mulher (Lei 14.192/2021) e o Código Eleitoral. A proposta tipifica expressamente como violência política de gênero a manipulação digital, o uso de inteligência artificial (deepfakes) e a disseminação de conteúdos falsos ou difamatórios destinados a induzir ao erro sobre a opinião ou identidade de candidatas e parlamentares. Protocolado em junho de 2026, o projeto passa pela análise das comissões da Câmara antes de seguir para votação.
Outro lado
Procurada pela reportagem, a Meta informou por meio de nota, que: “não permite ameaças, intimidação, conduta de ódio ou exposição não autorizada de dados pessoais, inclusive no contexto eleitoral”. A empresa afirmou que qualquer usuário pode denunciar violações diretamente nas redes (Facebook, Instagram e Threads) e ressaltou que mantém, para as Eleições 2026, canais dedicados à Justiça Eleitoral, partidos e candidatas, além de um guia de segurança voltado a mulheres na política. “Removemos conteúdos que violam nossas regras, e contas infratoras podem ter recursos limitados, ser suspensas ou desativadas”, declarou o porta-voz da plataforma.
Guia prático
A pedido da Agência Pública, a advogada especialista em Direito Digital Elaine Keller criou um série de orientações para vítimas de ameaças no ambiente digital
O que fazer em caso de perseguição e ataques virtuais?
1. Qual é o limite entre a liberdade de expressão e o crime de ódio ou perseguição?
A crítica e o debate, mesmo contundentes, são legítimos no ambiente democrático. No entanto, a liberdade de expressão não é absoluta e não pode servir de escudo para ofensas, ameaças, misoginia ou ataques à honra e à dignidade. Quando o limite é ultrapassado, configura-se abuso de direito e ilícito civil e penal (injúria, difamação, ameaça e perseguição).
2. Sofri um ataque ou ameaça na rede. Qual deve ser a minha primeira atitude?
A primeira providência imediata é preservar as provas das agressões (mensagens, comentários, áudios, vídeos e links/URLs das publicações) e denunciar o conteúdo nos canais da própria plataforma. Se persistir ou houver ameaça grave e exposição de dados (doxxing), procure imediatamente a polícia para registrar um Boletim de Ocorrência e busque orientação jurídica.
3. Tirar um simples print (captura de tela) serve como prova na Justiça?
Nem sempre. Para ter validade no Judiciário, a prova digital precisa cumprir três requisitos: autenticidade (origem), integridade (garantia de que não foi manipulada) e licitude. Um print isolado pode ser contestado. O ideal é salvar as URLs exatas, a navegação gravada, manter os arquivos originais sem alteração e, se possível, contar com orientação jurídica ou registros de preservação técnica (como ata notarial em cartório ou plataformas com tecnologia de blockchain).
4. O agressor usou um perfil falso ou sem foto. É possível identificar quem está por trás?
Sim. O anonimato nas redes não é uma blindagem contra responsabilização civil e criminal. Por meio de ordem judicial, as plataformas digitais são obrigadas a fornecer os registros de conexão e dados de acesso, como endereços de IP, datas e horários, que permitem às autoridades policiais identificar o autor da infração.
5. A plataforma não removeu o conteúdo denunciado e a perseguição continua. O que posso fazer judicialmente?
Um advogado especialista em Direito Digital pode acionar o Judiciário para pedir, em caráter de urgência (liminar), a retirada imediata do conteúdo ou a suspensão do perfil sob pena de multa diária à plataforma. Além da remoção, a vítima pode pleitear indenizações civis por danos morais e a responsabilização criminal dos envolvidos.
Login
