La Junta Electoral Central ha decidido este jueves estimar la denuncia presentada por el Partido Popular y ha declarado que la grabación y difusión del vídeo protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ante la obra Guernica, podría haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Ley Electoral y la limitación a la obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas fuera del período de campaña electoral prevista en otro artículo de esa norma.

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La víspera del accidente de Urda (Toledo) el Consejo de Ministros aprobó una ampliación del contrato de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas de la línea de alta velocidad con Andalucía. El acuerdo suponía incrementar en 11,5 millones de euros el contrato vigente concedido a la unión temporal de empresas GTS y que incluía cuestiones como el mantenimiento de elementos de señalización y los sistemas de control de los trenes como el LZB, cuya caída inició la cadena de fallos que llevó al fatal desenlace en el siniestro de este miércoles. El pliego de condiciones especifica que este contrato debe mantener, entre otras, las instalaciones de control del tráfico del centro de Urda.

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Alberto Núñez Feijóo eleva el tono y exige “responsabilidades políticas” por el accidente ferroviario de Urda, que deja de momento 69 fallecidos y alrededor de 200 personas que resultaron heridas, tan solo nueve meses después de la tragedia de Adamuz (46 víctimas mortales y 292 heridos). El líder de la oposición no ha pedido explícitamente la dimisión o cese de Óscar Puente como ministro de Transportes, pero ha recalcado que la asunción de responsabilidades no puede demorarse. “Yo sé lo que haría si fuera el presidente del Gobierno. Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral”, ha aseverado en el municipio de Urda después de su visita al Puesto de Mando Avanzado levantado en la zona cero de la catástrofe, que se encuentra a unos 12 kilómetros de la localidad de 2.500 habitantes gobernada por el PP.

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El líder del PP se ha desplazado este jueves a la localidad toledana de Urda para conocer de primera mano el epicentro del terrible accidente ferroviario con un saldo de 69 fallecidos. Allí ha visitado el puesto de mando avanzado donde se ha reunido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que ya telefoneó el pasado miércoles, y con Manuel Galán, el alcalde de la localidad que se volcó en asistir a los heridos en las primeras horas del accidente.

A estas horas nadie del Ejecutivo se ha puesto en contacto con el líder del primer partido de la oposición, según ha revelado el propio Alberto Núñez Feijóo en unas breves declaraciones ante la prensa. A cambio "he sido atendido muy cordialmente por Page y yo se lo agradezco mucho". Ha sido el presidente autonómico socialista el que le ha informado de las circunstancias de la tragedia dente en una cita a la que también asistían el delegado del gobierno, José Pablo Sabrido, y los responsables de Protección Civil.

En declaraciones a la prensa y sin abandonar unn tono institucional, Feijóo, no ha querido explicitar una petición de dimisión del ministro Óscar Puente, pero sí ha apelado a que las "responsabilidades políticas no son opcionales sino imprescindibles desde el punto de vista ético y moral". Al hilo de esta reflexión, defiende que la política "no consiste en descalificar, en hablar, sino en hacer". Y para ejercer un cargo "se necesitan experiencia, gestión y rigor", todo una carga de profundidad contra el titular de Transportes. Por tanto, ha proseguido, "los nombramientos tienen que hacerse a personas que tengan trazabilidad y experiencia, que se llegue aprendido". Ante las insistencia de las preguntas respecto a si Puente debe dejar su cargo, Feijóo señala que "yo sé lo que haría, primero en el nombramiento; segundo, durante la ejecución, y tercero con los accidentes reiterados" de la alta velocidad.

"Cabeza fría" y "respeto" a los fallecidos

Tras apelar la "cabeza fría" y al respeto a los fallecidos, ha insistido en que "o te rodeas de gente que sabe o te pasan cosas como esta", de modo que la "gestión rigurosa y la experiencia contrastada, volverán sin duda porque es imprescindible para nuestro país". "Más de cien muertos en dos accidentes en ocho meses y en el mismo corredor ferroviario conlleva un cuestionamiento. Los españoles necesitan respuestas y se preguntan qué pasa en la alta velocidad", ha subrayado.

Acompañado del líder del PP castellanomanchego, Paco Núñez, ha informado que se mantiene en contacto con antiguos cargos de Renfe, Adif y Fomento "para establecer una serie de conclusiones". También con el accidente de Adamuz pusieron en marcha este 'consejo de expertos' para analizar las causas de aquel accidente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó este jueves en la reunión de seguimiento tras el terrible accidente de tren en Urda, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo. Y su mensaje a la ciudadanía fue básicamente el mismo que el de ayer, a las pocas horas de que se produjera la tragedia, que se trabaja "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo ocurrido y que se reforzará la seguridad del sistema ferroviario para que "no vuelva a suceder nunca más" una catástrofe como la sufrida ahora o como la que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, hace nueve meses.

Sánchez compareció ante los medios acompañado del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien actualizó la cifra de fallecidos —son ya 69, uno más respecto a ayer— y de heridos: de los 110 ingresos en los hospitales de la región, 60 están de alta y 50 permanecen en distinto estado de preocupación, aunque de los 15 en código rojo, los cuatro que se presumían más graves están evolucionando "positivamente". El presidente regional apuntó que este jueves seguirán los movimientos de grúa, especialmente "sobre el vagón que queda volcado", aunque no cree que haya muertos debajo de él. A la reunión del Cecopi también acudieron los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Transportes, Óscar Puente.

Sánchez remarca que "todo el Estado" está volcado en la "respuesta" ante la emergencia, el esclarecimiento de lo sucedido y el "resarcimiento material" a los familiares de las víctimas

El presidente del Gobierno agradeció su labor a los trabajadores públicos que estuvieron "durante horas" en el lugar del accidente, a la Cruz Roja, al 112, a los servicios de asistencia psicológica que ayudan a los familiares de las víctimas. Y justo a continuación trasladó "a toda la ciudadanía" que todas las instituciones que forman parte del Estado, "desde el pequeño municipio al Gobierno de España", están "trabajando día y noche para no solo dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino, por supuesto, también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder, nunca más".

Fue el mensaje de cariz más político de Sánchez este jueves, sin llegar al subrayado que ayer lanzó desde Urda, que "no es asumible" para un país como España sufrir dos accidentes de tren de esta envergadura en un mismo año. Hoy no hubo ese aviso. Se centró en la parte más operativa de la tragedia. Quiso resaltar que "todo el Estado" está volcado, primero, en la "respuesta ante la emergencia", para levantar los cadáveres y proceder a su identificación y también para filiar y asistir a los heridos. Dos, el "conocimiento y esclarecimiento de cuáles han sido las causas que han originado este terrible accidente ferroviario". Y tres, algo que llegará posteriormente, que es el "resarcimiento material", la indemnización, que el Estado abone a los familiares de las víctimas.

Sánchez enfatizó que "desde el primer momento" el Gobierno puso en marcha el Plan General Estatall de Emergencia de Protección Civil, movilizando efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Policía, de la Guardia Civil y de Protección Civil que han estado trabajando "bajo el mando y la coordinación" de la Junta de Castilla-La Mancha "y todo el operativo que distintas administraciones han puesto en marcha para dar una respuesta rápida, urgente y eficaz a esta tragedia".

El presidente agradece la "coordinación" y "profesionalidad" de "todos los servidores públicos de las distintas administraciones que, sin duda alguna, están dando lo mejor de sí mismos"

El jefe del Ejecutivo agradeció la "coordinación" y "profesionalidad" de "todos los servidores públicos de las distintas administraciones que, sin duda alguna, están dando lo mejor de sí mismos". También recordó que Renfe ha puesto en marcha un plan de asistencia a las víctimas y sus familiares, habilitando un número de teléfono (900 10 10 20) y un centro de asistencia en distintas estaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, igual que han hecho lo propio Iryo —la compañía cuyo tren fue embestido por el AVE a las 8.53 de este miércoles— y Adif, el gestor ferroviario.

La candidata de Frente Amplio a la presidenta del Gobierno, Ada Colau, demandó la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para ahondar en las explicaciones sobre el accidente ferroviario en la línea de AVE Madrid-Andalucía a la altura de las poblaciones de Urda y Los Yébenes (Toledo) acontecido el miércoles por la mañana. La cabeza de lista por Barcelona asegura que "en estos momentos tan dolorosos es más necesario que nunca la transparencia y que se den todas las explicaciones que sean necesarias".

La petición ha sido correspondida por su partido, Catalunya en Comú, pero también por los otros tres partidos que componen principalmente la coalición que deja atrás a la marca Sumar, caso de IU, Más Madrid y Movimiento Sumar. Se ha registrado por la mañana en el Congreso con las firmas de todos los portavoces representantes de cada formación.

Poco después de la solicitud, tanto Podemos como ERC, con las firmas de Ione Belarra y Gabriel Rufián, registraron otra peticiòn similar ante el Congreso.

Apenas horas antes, el miércoles por la tarde, los partidos del Frente Amplio reclamaron a su socio mayoritario, el PSOE, una auditoría independiente sobre el estado de la red ferroviaria y que se asumiesen "responsabilidades políticas", ello tras las comparecencias de Puente en el centro de control de Adif en la estación de Atocha, y después de escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se desplazó a las inmediaciones de Urda junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Se evitó, en todo caso, señalar a ninguna figura "política" en concreto. El propio Puente, desde Atocha y preguntado por si dimitirá o lo ha contemplado, apuntó que lo que centra ahora su interés es la gestión de la crisis.

Por ahora, Puente y su gestión desde que asumió la cartera tienen el aval de Sánchez, aunque dentro de la formación socialista empieza a cuestionarse la continuidad del ministro. La crisis, más allá del principal drama ciudadano por las 69 víctimas mortales registradas por el momento y decenas de heridos de diferente gravedad, tiene un impacto claro en la precampaña electoral y cambia completamente el escenario y la estrategia social por la que apostaban desde Sánchez hasta su izquierda, con cuestiones como la vivienda en el centro.

La solicitud de comparecencia en la Diputación Permanente se debe a que el Congreso y el Senado están disueltos tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Todos los asuntos de urgencia y de excepcionalidad se trasladan a la Sala Constitucional del Parlamento, con una representación reducida de diputados y proporcional a la representación, con 69 parlamentarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves tras la reunión que el Cecopi ha mantenido esta mañana en la sede del 112 en Toledo, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se ha comprometido a esclarecer los motivos de la tragedia ferroviaria que deja al menos 69 fallecidos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en la altura del municipio de Urda, en Toledo. “Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino, por supuesto, también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder”, ha afirmado. Ya por la tarde, el Congreso ha confirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente el próximo martes 3 de noviembre. ERC, Podemos y Sumar habían pedido por la mañana que acudiera a la Cámara baja para dar explicaciones sobre lo sucedido.

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El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López Gutiérrez, ha lanzado este miércoles desde Ceuta una defensa cerrada de la independencia de los mandos y de las unidades de investigación de la Policía Nacional frente a lo que ha definido como “intolerables presiones políticas” y un “hostigamiento sistemático” en los últimos meses. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar y a quién no", ha explicado, "lo redacta con la verdad, con unos hechos y con la ley en la mano", ha sentenciado. Y ha rematado: “Estaremos siempre por encima de cualquier injerencia”.

La intervención de López Gutiérrez se ha producido después de la Junta Nacional del SPP, sindicato de mandos de la Policía Nacional, celebrada en Ceuta, donde los responsables del sindicato han abordado la situación de la Policía Nacional y los principales retos de seguridad a los que se enfrenta España, con especial atención a la ciudad autónoma. El acto ha estado marcado por el grave accidente ocurrido en Toledo en la mañana el miércoles, por el que se ha guardado un minuto de silencio.

Presión de las unidades policiales

El mensaje del presidente del sindicato de mandos ha ido mucho más allá de una reivindicación laboral. Daniel López ha situado en el centro de su intervención la presión que, a juicio de los responsables, están sufriendo las unidades policiales cuando sus investigaciones afectan a asuntos políticamente sensibles. Y ha citado expresamente los informes de la UDEF y la UCRIF que han provocado controversia durante las últimas semanas.

“Si la verdad incomoda a alguien, el problema no es del policía o de la unidad que lo redacta”, ha señalado. El presidente del SPP ha defendido que los agentes no trabajan pensando en las consecuencias políticas de sus conclusiones y ha reivindicado la “neutralidad y la independencia” de la Policía Nacional. “Los mandos y los agentes de esta institución no sirven a ningún partido ni a ningún interés particular; servimos únicamente al imperio de la ley, de la Constitución y del pueblo español”, ha afirmado.

Marlaska y el CENIF

Las palabras llegan después de varios episodios en los que informes policiales han quedado en el centro de la disputa política. Uno de los más recientes ha sido precisamente el de Ceuta. El SPP ya salió públicamente en defensa del CENIF cuando el informe elaborado por esta unidad sobre la crisis migratoria fue puesto en cuestión y el ministro del Interior reclamó explicaciones a la cadena de mando. El sindicato acusó entonces de intentar buscar responsabilidades en el ámbito policial y defendió el “rigor técnico” y la independencia de las unidades de inteligencia e investigación.

La controversia se produjo después de que el informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional señalara la actuación de agentes de la Gendarmería marroquí en la entrada masiva de finales de julio. Paralelamente, la documentación posteriormente publicada por el Gobierno ha permitido reconstruir que distintas unidades habían elaborado informes y comunicaciones antes de la crisis, entre ellos documentos del CENIF de los días 23, 28 y 29 de julio.

Zapatero y la UDEF

El otro gran frente al que se refieren las palabras de López Gutiérrez es el de la UDEF. Los informes de la unidad en la investigación sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra han tenido un enorme impacto político y judicial. La Policía ha situado en sus informes elementos económicos y societarios que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a autorizar nuevas pesquisas sobre cuentas del expresidente, sus hijas, su secretaria y sociedades vinculadas a la investigación.

Precisamente la defensa de Zapatero ha cuestionado ante el juez la actuación de la UDEF y ha pedido límites a sus pesquisas, al considerar que algunas de sus conclusiones podían responder a una tesis “elucubrativa” y acercarse a una investigación prospectiva. Es en este contexto de informes policiales que afectan directamente a asuntos políticos donde el presidente del SPP ha querido reivindicar que las unidades deben poder investigar y redactar sus conclusiones sin atender a quién puedan incomodar.

“Frente a la presión política y el hostigamiento que buscan doblegarnos, quiero dejar claro la neutralidad y la independencia de la Policía Nacional”, ha proclamado.

La Junta Nacional, en Ceuta

La elección de Ceuta como escenario de la Junta Nacional ha permitido además al sindicato conectar esta reivindicación con la situación que viven los policías destinados en la frontera. López Gutiérrez ha presentado la ciudad como “la frontera del sur de Europa” y ha denunciado una “paradoja insostenible”: mientras desde Madrid o Bruselas se trata de trasladar un discurso de normalidad y control, los mandos policiales se enfrentan sobre el terreno a una realidad marcada, ha dicho, por la “insuficiencia estructural” de recursos, la “indefinición jurídica” y, sobre todo, la improvisación.

El presidente del SPP ha recordado la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio para reivindicar el papel desempeñado por los mandos policiales durante aquellas jornadas. Miles de personas entrando al mismo tiempo, el perímetro desbordado, los servicios de la ciudad al límite y agentes triplicando turnos fueron, según su relato, el escenario en el que los responsables policiales tuvieron que tomar decisiones “bajo una presión extrema”.

Sin plantilla y sin coches

La denuncia no se limita a la falta de efectivos. El sindicato ha señalado plantillas por debajo del catálogo, vehículos que “no deberían seguir circulando”, material antidisturbios insuficiente, instalaciones deficientes y dietas que considera insuficientes. Y ha reclamado al Ministerio del Interior y al Gobierno un plan integral para Ceuta, un refuerzo permanente de las plantillas y, sobre todo, seguridad jurídica para los policías.

“Si la frontera de Ceuta es estratégica para España y para la Unión Europea, la dotación, el respaldo legal y la protección jurídica a la labor policial deben estar a esa misma altura estratégica. Y hoy por hoy no lo están”, ha afirmado.

El discurso ha incorporado además una advertencia de futuro. López Gutiérrez ha alertado de los riesgos derivados de la polarización política y ha situado los próximos procesos electorales como un posible escenario de tensión. Tras referirse a disturbios y episodios de violencia registrados en otros países europeos como Francia o Italia, ha advertido de que “España no es inmune” a esa dinámica.

Cuestionar el resultado electoral

El presidente del SPP ha planteado incluso que, ante un eventual cambio de tendencia política, determinados sectores radicales podrían intentar cuestionar el resultado electoral en la calle y provocar movilizaciones que degenerasen en disturbios. “No vamos a esperar a que esto ocurra”, ha asegurado. La Policía, ha añadido, debe prepararse para anticipar esas situaciones y garantizar que el derecho de manifestación no termine convirtiéndose en inseguridad.

Por eso, el sindicato reclama un Gobierno que respalde a los policías cuando actúen conforme a la ley. “España necesitará un gobierno fuerte y sin complejos”, ha defendido Daniel, que ha pedido que los agentes no sean abandonados durante las crisis para después enfrentarse a expedientes o procedimientos judiciales.

Todo parecía ir más o menos bien. La precampaña había fluido de menos a más, estaba soplando, salvo en los últimos días —por los disturbios en Barcelona y Bilbao—, de manera más favorable hacia el PSOE y hacia la izquierda, el propio Pedro Sánchez estaba protagonizando un viaje en positivo, hasta lúdico. La fuerza de la gente, lema tuneado en La fuerza del amor tras el beso a su mujer en el mitin de Fuenlabrada. Sonrisas, bailes, entrevistas diseñadas para humanizar al presidente, fuera en La revuelta, en TVE, o en el pódcast feminista Keep it cutre, conducido por Ángela Henche y Albanta San Román. El enfoque era claro. Y todo, sí, parecía ir más o menos bien.

Pero, a las 8.53 de este 28 de octubre de 2026, todo se quebró. Todo. Prácticamente cuando se consumían los minutos finales de la conversación grabada de Sánchez con las podcásters de Keep it cutre, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, el tren AVE 2080 de Renfe con destino a Sevilla y 397 pasajeros a bordo, embestía a esa hora, 8.53, al Iryo 6076 que permanecía detenido en la vía, y con 147 viajeros. Al menos 68 fallecidos, más de un centenar de heridos. El segundo accidente ferroviario más grave vivido en el país desde los años setenta, tras el de Angrois (2013, 80 muertos). Pero, sobre todo, el segundo choque mortal en este 2026, después del de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero (46 fallecidos), en poco más de nueve meses. Y en la misma línea. Una estadística demoledora. Lo admitió el propio Sánchez en el puesto de mando avanzado de Urda, la localidad más próxima al lugar del brutal siniestro: "Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido". Palabras lapidarias. Como en pocas ocasiones.

En Ferraz insisten en que el foco debe estar ahora en lo obvio, en las víctimas, en sus familiares, en los heridos, en los afectados, en la coordinación y cooperación entre administraciones, en el esclarecimiento de lo sucedido

La segunda tragedia ferroviaria de este año ocupó portadas en medios de todo el mundo, llenaba informativos, webs, redes sociales. Dolor, angustia, devastación. La conmoción era inmensa. No podía ser de otra manera. Y resultaba inescindible del contexto, el del camino hacia las elecciones generales del 29-N, para las que desde este mismo jueves solo queda un mes. Lo que había ocurrido, esas 68 muertes en las vías del tren, reventaron por completo la precampaña socialista. En Ferraz insistían en que el foco debía estar en lo obvio, en las víctimas, en sus familiares, en los heridos, en los afectados, en la coordinación y cooperación entre administraciones, en el esclarecimiento de lo sucedido. Pero, a la vez, asumían que habrá que "reorientar" todo el diseño de campaña porque nada puede ser igual.

Y hay una figura, lo admiten en el partido y en el propio Gobierno, que sale tocada. Óscar Puente. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. El dirigente que ha ejercido de escudero del presidente, el hombre adicto a los posts en X, muchos de ellos gruesos, faltones, el socialista que podría encarnar la sucesión, el guerrillero que no rehuía jamás ninguna batalla contra la derecha y la ultraderecha, el miembro del Ejecutivo aclamado por las bases socialistas.

La decisión "errónea" del operario

Pero este miércoles, cuando compareció cerca de las tres de la tarde desde el centro de control de Adif de Atocha, se le vio abatido. Devastado. Entonces confirmó la explicación que desde muy pronto por la mañana había ofrecido el Gobierno: se trataba de un desgraciado fallo humano. Sobre las 8.30, cayó, en un tramo de 63 kilómetros, el sistema de señalización LZB —el que estaba en proceso de sustitución por uno más moderno, el ERTMS—, debido a un "fallo de comunicación" en tres ordenadores de la red, y ese colapso produjo la detención automática de seis trenes, tres por sentido. La desconexión del LZB, no muy frecuente pero tampoco inédita, explicó, supone que el mando pasa a ser manual. La responsabilidad de lo que ocurría en las vías, por tanto, pasaba al centro de control de Adif en Atocha.

Sobre las 8.30, cayó el sistema LZB en un tramo de 63 km, y seis trenes se detuvieron de manera automática. A las 8.36, desde el centro de control se ordena la reanudación, a "marcha normal"

Y allí, un operario, que "tenía experiencia", y al que se le puso un auxiliar en esos momentos como ayuda, con un supervisor al lado, dio la orden al AVE, a las 8.36, de que se reanudara la marcha. Que siguiera a "marcha normal". Es decir, sin restricción de velocidad, y no con la "marcha a la vista", que supone que el convoy retoma su camino con una velocidad mucho menor, de 40 km/h como máximo.

En 17 minutos, 17 minutos decisivos, el AVE recorrió unos 25 kilómetros, a una velocidad que, por el tramo de la vía, podía llegar a los 200 km/h. "En el centro de control primero toman la decisión de la reanudación y después tienen un tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resuelven", deploró Puente. Nadie se dio cuenta, en esos 17 minutos, de que el AVE se aproximaba de manera mortal al Iryo que seguía detenenido. Y eso que la maquinista del tren italiano, el 6076, avisó a Atocha de que no podía reiniciar la marcha y que estaba parada, tal y como se escucha en los audios publicados en varios medios. Ese mensaje clave tampoco fue trasladado al operador del AVE para que detuviera su locomotora.

Desde la autorización hasta el impacto con el Iryo, a las 8.53, transcurrieron 17 minutos en los que el AVE recorrió 25 kilómetros, sin que nadie advirtiera que se aproximaba a un convoy detenido

Puente señaló que no había hablado con el controlador del centro de Adif. Que no era él quién para endosar una "responsabilidad". Pero sí defendió que era "inexplicable" esa decisión "errónea" de autorizar la marcha normal con un tren detenido en el mismo cantón —segmento de vía— y con la señal en rojo que obligaba a pararse. ¿Piensa en dimitir?, se le preguntó. "En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer esto y tratar de resolverlo. No estoy pensando en mí", respondió. Descartaba así dejar su cargo, al menos de momento.

El aviso del presidente

Pocos minutos más tarde, Sánchez compareció desde el puesto de mando avanzado de Urda, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Anunció el decreto de luto nacional de tres días y prometió esclarecer lo ocurrido: "Vamos a llegar hasta el final. Y si ha habido negligencias, se sabrá. Y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia. Porque es evidente que hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año en la alta velocidad". Y aunque "muy probablemente" el origen de los accidentes de Adamuz y de Urda "nada tienen que ver", precisó, sí está "claro" que si se tiene que "reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad", entonces "se hará". Porque "no es asumible" que dos choques ferroviarios mortales sucedan "en un mismo año". De modo que "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas y con total contundencia" para restaurar la confianza en el sistema ferroviario.

Sorprende la dureza de las palabras de Sánchez. "¿Puede sacrificar a Óscar? Pues sinceramente no lo sé. Pero para Óscar pasar otra vez por lo mismo se me antoja insoportable", apunta un ministro

El presidente había sido explícito, y muy duro. Fuentes de la Moncloa subrayaban que sí que mantenía su "confianza" en Puente, igual que hasta ahora. Pero algunos miembros del Ejecutivo y del partido consideran que hay que "esperar", ver cómo evoluciona la investigación, para a partir de ahí decidir qué es mejor para el partido y para el Gobierno a las puertas de unas elecciones que ya eran muy complicadas para Sánchez. "Me llamó la atención la frase del presidente, lo que dijo de que no es asumible para España tener dos accidentes en un mismo año. Pero no tenemos reacción ninguna todavía. Vamos a ver. ¿Puede sacrificar a Óscar? Pues sinceramente no lo sé. Pero para Óscar pasar otra vez por lo mismo se me antoja insoportable, aunque no hay señal de nada", asevera un ministro, consternado, como todos, por lo ocurrido.

"Óscar ahora está en modo gestión, que es lo que toca —afirma otro relevante miembro de Gabinete—, aunque la procesión irá por dentro. Como ha dicho el presidente y estoy de acuerdo, ya tocará esa discusión, ahora hay que estar con las víctimas y avanzar en la investigación de las causas. No puedo estar más de acuerdo con lo que aseguró de que no es asumible dos accidentes así en tan poco tiempo". "Ya veremos qué ocurre. Acaba de suceder y habrá que ver cómo evoluciona todo", manifiesta por su parte un integrante de la ejecutiva federal del partido.

Distintos cargos piden esperar a ver cómo evoluciona todo, sin prejuzgar nada. En la dirección también se indica que Puente "de momento debe seguir": "Le damos apoyo. Está pasándolo muy mal"

Un dirigente con frecuente interlocución con la Moncloa cree que el siniestro impacta directamente en Puente: "Obviamente él no tiene responsabilidad, pero me temo que políticamente se lo lleva por delante. Sin Adamuz tal vez sería distinto. Pero no hay ministro de Transportes que pueda sobrevivir políticamente a dos accidentes ferroviarios de esta magnitud". Un asesor del presidente conviene que sería mejor ahora, a un mes de los comicios, dejar caer al ministro, pero también cree que Sánchez no le pedirá abandonar el cargo, ya que "sería asumir directa y personalmente la responsabilidad" de la tragedia.

"De momento, Óscar debe seguir ahí, y por supuesto le damos todo nuestro apoyo. Está pasándolo muy mal", apunta otro miembro de la cúpula federal del PSOE muy molesto con la "reacción miserable" de los partidos a su izquierda, pidiendo la depuración de responsabilidades o incluso, caso de Adelante Andalucía, la dimisión de Puente. El futuro del ministro "no es ahora lo importante", zanjan en el equipo de este, recalcando que lo prioritario es asistir a las víctimas y aclarar lo ocurrido, aunque agregan que son conscientes de la dureza de las palabras de Sánchez en Urda.

Un antes y un después

Puente no es una pieza menor dentro de la galaxia socialista. En absoluto. Es un peso pesado del Ejecutivo y de la dirección, uno de los consejeros de Sánchez, uno de los dirigentes que siempre ha estado a su lado y que escapa de todos los argumentarios. Es el que puede y va más allá cuando toca fustigar a la oposición o reprobar algunas decisiones judiciales. Y el que dispara sin concesiones a sus adversarios (y a veces a los propios) en X. Ahora, distintos cargos coinciden en que ese uso y abuso de la antigua Twitter juega en su contra, por la lluvia de críticas a su intensa actividad en redes sociales que podría haber conducido a desatender su gestión. "Es que a mí lo que hace en X no me ha gustado jamás. En la vida es fundamental ser humilde", señala uno de los mandos institucionales socialistas de mayor rango. "Nunca he entendido cómo usa Twitter. La realidad siempre te espera a la vuelta de la esquina", añade otro veterano.

Estábamos muy satisfechos de la marcha de la precampaña. Ahora, en todo caso, hay que obviamente reorientar la campaña", anticipan en el comité electoral socialista

Al margen de la figura de Puente, lo cierto es que la campaña socialista ha quedado quebrada. Todos los partidos, salvo Vox, suspendieron sus actos, y ahora seguirán varios días de parón por las tres jornadas de luto nacional y por el lógico dolor de una tragedia de enorme impacto. "Teníamos este martes reunión del comité electoral y estábamos muy satisfechos de la marcha de la precampaña. Ahora, en todo caso, hay que obviamente reorientar la campaña", ilustran en Ferraz.

"Sí, parece que la campaña se nos rompe. Pero quedan semanas. Si fueran las elecciones este sábado no tendríamos margen, pero no es así y nos toca reorientar", concede un ministro. "Pero estamos desolados, consternados y hechos polvo", apostilla, "no por la campaña, sino porque parece irracional que todo sea como parece que ha ocurrido. Nadie se lo explica".

Otros integrantes de la cúpula piden ser menos pesimistas y esperar cómo va evolucionando todo. Lo comparte un cargo institucional de mucho peso: "Evidentemente, esto es un golpe duro, pero según el motivo que sea tendrá un recorrido u otro. Hay que racionalizar las cosas. Si es un fallo humano, no es responsabilidad del Gobierno, por mucho que lo intenten. La gente no es tonta. Ahora, si es un fallo de seguridad u otra cosa, es más jodido".

Hay que racionalizar las cosas", previene un alto cargo institucional, "si es un fallo humano, no es responsabilidad del Gobierno, por mucho que lo intenten. La gente no es tonta. Ahora, si es un fallo de seguridad u otra cosa, es más jodido"

El accidente de Urda es, en definitiva, un episodio "completamente disruptivo", como lo define uno de los dirigentes que mejor conoce las dinámicas del partido. "Tras esta tragedia", continúa, "una campaña como la que se venía haciendo, en clave ideológica y en un tono y con un formato alegre, musical y festivo, es prácticamente imposible. Objetivamente dificulta en extremo la campaña del PSOE". Ahora bien, advierte, "un aprovechamiento impúdico en clave electoral por la derecha puede generar un efecto bumerán", y este siniestro, "a diferencia del de Adamuz y de forma similar al de Angrois, no es imputable, parece, a deficiencias estructurales de gestión, sino a un error humano". Esa es la versión a la que se ha aferrado el Ejecutivo, aunque eso supone endosar la desgracia a las espaldas de un trabajador, igual que el Gobierno del PP descargó la responsabilidad del accidente de Angrois al maquinista del Alvia que descarriló y que causó 80 muertes. Pero el impacto, "brutal y devastador", de la colisión mortal de este 28 de octubre para la historia todavía tendrá recorrido y muy probablemente se alargará hasta el 29-N. Unas urnas que Sánchez convocó bajo la conmoción de las protestas por la vivienda y el desahucio y muerte de Maricarmen Abascal y que ahora digerirán el shock de un segundo choque ferroviario mortal en menos de 10 meses.

El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo, dentro del plazo establecido, la lista con los nombres y apellidos de las 163.355 personas nacionalizadas por la conocida como ley de nietos. De ellas, solo 901 podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre al haber acreditado ser hijos o nietos de exiliados, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las personas afectadas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El tribunal fijó como plazo límite las 15.00 horas de este miércoles y advirtió de posibles multas o de la deducción de testimonio en caso de incumplimiento.

Fuentes de Justicia han confirmado que la documentación se ha remitido a tiempo y han precisado que el listado incluye 163.355 personas, frente a las 163.020 notificadas anteriormente sin identificar. Desde el Gobierno advierten de que buena parte de ellas previsiblemente verán suspendido su derecho al voto, aunque los datos facilitados por Exteriores apuntan a que la medida afecta a casi la totalidad de los nacionalizados incluidos en el procedimiento.

La excepción contemplada por el Supremo permite votar a quienes acrediten ser hijos o nietos de exiliados. Según las fuentes de Exteriores citadas por EFE, los consulados han expedido 901 certificados que acreditan esta condición.

El Gobierno pide que el listado sea reservado

La Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala que declare reservado el listado por contener datos personales, con el objetivo de evitar un uso malicioso o ilegítimo de la información por parte de quienes intervienen en el procedimiento. Las fuentes gubernamentales han señalado expresamente a las partes que consideran de ideología ultraderechista.

El Ejecutivo sostiene que ha trabajado desde el inicio para recopilar la información solicitada por el tribunal. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha coordinado la revisión de los expedientes en las distintas oficinas consulares y ha autorizado la contratación de las asistencias técnicas necesarias para completar el trabajo en el plazo fijado. El primer telegrama con instrucciones a los consulados se envió el 15 de septiembre, después de que el ministerio recibiera la notificación el día anterior.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el pasado 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral un listado de 76.600 personas que figuran en el Registro Civil digital (DICIREG) como nacionalizadas por la ley de nietos. Era la única información de estas características que constaba en ese departamento. La Oficina del Censo envió esa relación al Supremo el 21 de octubre.

El Gobierno calcula un impacto electoral inferior al 0,06%

Pese a la cifra de personas incluidas en el listado, el Ejecutivo estima que su impacto potencial en las elecciones será limitado. Aplicando los niveles habituales de participación exterior, calcula que, si las 163.355 personas estuvieran inscritas en el CERA, representarían menos de 14.000 votos repartidos entre las 52 circunscripciones electorales.

Esta cifra equivaldría a menos del 0,06% de los votos emitidos en las elecciones generales de 2023. El Gobierno añade que la incidencia real sería aún menor, ya que el listado incluye a personas que no forman parte del censo electoral de residentes ausentes, como menores de edad o personas fallecidas.

El Supremo debe resolver si amplía la suspensión del voto

Una vez completado este trámite, el Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre nuevas solicitudes de medidas cautelarísimas presentadas por Iustitia Europa, que reclama extender la suspensión del derecho al voto a los hijos e hijas de personas que obtuvieron previamente la nacionalidad a través de la ley de nietos.

La formación también pide que la medida se aplique a quienes fueron incorporados inicialmente al CERA, pero después trasladaron su residencia a España, causaron baja como residentes en el extranjero y pasaron al censo electoral nacional.

Además, el alto tribunal debe resolver las alegaciones presentadas por los nacionalizados que se han personado en el procedimiento y que reclaman un pronunciamiento sobre la suspensión del voto antes de las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreció este miércoles una declaración tras el accidente ferroviario a la altura de Urda (Toledo), en la línea de AVE que une Madrid con Andalucía, desde la sede nacional de Génova. Después de mandar un mensaje de ánimo "en estos momentos de luto, dolor, solidaridad y de exigencia", recalcando que él y su partido acompañan "en el dolor a las familias de los fallecidos", y recordar a la exministra popular Fátima Báñez, que viajaba en el último vagón del tren Iryo afectado y de la que aseguró no saben nada. Feijóo reclamó una respuesta firme.

"No hay angustia comparable a esa espera de los familiares", expresó. "El dolor no nos obliga a callar, la serenidad no es silencio. Pero este es el momento de respeto a los heridos, a los fallecidos y a sus familiares. Eso no significa que no vaya a haber respuesta", adelantó. "Primero respeto, por eso el PP ha anulado sus actos de hoy. En segundo lugar, es necesaria una investigación gubernamental y judicial inmediata, con todos los medios" posibles.

El popular alabó la reacción "unida" de toda la sociedad ante la catástrofe, ello "sin ningún muro que los pueda separar", una alusión clara y crítica contra el Gobierno y contra el presidente de Pedro Sánchez, una 'barrera' frente a la derecha y la ultraderecha planteada por el socialista incluso ya desde su investidura a mediados de noviembre de 2023. "Tengo confianza en que este país puede volver a funcionar. España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras (...) y el estado en el que están" o "las advertencias y medidas que se tomaron desde el accidente de Adamuz (Córdoba)" hace tan solo diez meses, en la misma línea de Alta Velocidad. "Los españoles tienen derecho a que se rindan cuentas sobre en qué se invierte cada euro" y "garantizo que todo esto lo tendrán".

El popular avanzó que su partido secundará los minutos de silencio frente a todos los ayuntamientos del país tras la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Deseo que los heridos evolucionen favorablemente y que las víctimas descansen en paz", concluyó.

Una indigerible segunda tragedia ferroviaria en menos de diez meses y la proximidad, en escasamente un mes, de las elecciones generales, cambian todo. También el discurso del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez quiso emplear palabras duras desde el puesto de mando avanzado en Urda (Toledo), la localidad en la que este miércoles se produjo el choque mortal de un AVE y un Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y que por el momento se ha llevado la vida de 68 personas. Se llegará "hasta el final", si ha habido "negligencias", "se sabrá", como se conocerá igualmente si hubo un "fallo de seguridad", y, desde luego, "no es asumible para un país como España" sufrir dos accidentes ferroviarios como el de este 28 de octubre y el de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero. Dos siniestros "en un mismo año".

Sánchez se desplazó este miércoles hasta Urda, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. Y desde allí expresó, primero, su "solidaridad y empatía" hacia los familiares de las víctimas y los heridos que aún continúan hospitalizados, porque detrás de cada uno de los fallecidos hay "vidas rotas, familias quebradas", como también hay mucho "dolor" y "angustia" entre quienes no saben el paradero de un familiar. El Gobierno, anunció, decreta tres días de luto —29, 30 y 31 de octubre— en señal de duelo. "España está de luto, abraza a sus víctimas y, desde luego, el Gobierno de España y todo el Estado está con las víctimas y también con los familiares de las mismas", proclamó con solemnidad.

España está de luto, abraza a sus víctimas y, desde luego, el Gobierno de España y todo el Estado está con las víctimas y también con los familiares de las mismas", asegura el presidente

La prioridad, dijo, son las víctimas y sus familiares. Pero también reconocer la "extraordinaria profesionalidad" de los servicios de emergencias y Protección Civil y la "extraordinaria colaboración" que ha habido entre todas las instituciones: Gobierno autonómico, Diputación de Toledo, ayuntamientos de Los Yébenes y Urda y la ayuda de otras comunidades y diputaciones que se han volcado para dar una "respuesta pronta a esta tragedia". Pero el segundo objetivo es "esclarecer qué ha sucedido".

Ahí el presidente quiso ser más incisivo que en otras ocasiones. Además de lo que determine la investigación judicial, también hará lo propio el Ministerio de Transportes a través de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT), el organismo que sucedió en julio a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). "Y vamos a llegar hasta el final. Y si ha habido negligencias, se sabrá. Y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia. Porque es evidente que hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año en la alta velocidad". Lo decía el jefe del Ejecutivo porque desde el principio Transportes achacó el siniestro a un fallo humano, a la orden "inexplicable" que desde del centro de control de Atocha se dio al AVE para que reanudara la marcha a velocidad normal pese a que tenía delante el Iryo detenido y pese a que había una señal roja. Pero a la vez dejaba la puerta abierta a la otra hipótesis, la menos favorable para el Ejecutivo, que la colisión se debiera a un fallo del sistema, porque lo cierto es que el mecanismo de protección LZB cayó primero y eso produjo la detención automática de seis trenes y el paso al control manual".

Sánchez adelantó que "muy probablemente" el origen de los dos accidentes de tren, el de Adamuz en enero y el de Urda de este miércoles, "nada tiene que ver", aunque eso lo dilucidarán, previno, tanto las pesquisas judiciales como la Autoridad Administrativa Independiente, igual que Renfe y Adif. "Pero lo que está claro es que si tenemos, como debemos, reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad, se hará. Porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido".

Se tomarán todas las medidas oportunas y con total contundencia para reconstruir esa confianza en nuestro sistema de alta velocidad y, por supuesto, para garantizar aún más la seguridad", subraya

Y en consecuencia, añadió, "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas y con total contundencia para reconstruir esa confianza en nuestro sistema de alta velocidad y, por supuesto, para garantizar aún más la seguridad de nuestros conciudadanos que utilicen este servicio". Medidas contundentes, pero no adelantó cuáles.

García-Page, por su parte, informó de que los servicios de emergencia ya han confirmado el fallecimiento de 68 personas. De ellos, 24 eran pasajeros del AVE de Renfe, mientras que el resto, 44, viajaban en el Iryo. Ahora mismo, hay 53 heridos leves en hospitales y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda se atiende solo a cinco personas por heridas leves. El presidente de Castilla-La Mancha agregó que todavía está interviniendo en el lugar de los hechos la titular del juzgado de Orgaz (Toledo) encargada de la investigación del siniestro, por lo que las labores de limpieza no han concluido. Así, podría haber más fallecidos "debajo de algún vagón o en los amasijos de hierros", informa EFE.

Sánchez y Page agradecen la colaboración y coordinación de todas las instituciones. El presidente castellanomanchego informa de que son 68 los fallecidos: 24 del AVE, 44 del Iryo

Page, como después hizo Sánchez, agradeció la coordinación de todas las CCAA y confirmó la movilización de unidades de investigación canina por si pudieran hallarse "víctimas con vida". Durante la tarde-noche de este miércoles continuarán asimismo los trabajos de investigación por si hubiera que rescatar "algún fallecido más".

Es "inexplicable". Óscar Puente y el Gobierno no alcanzan a comprender por qué, una vez caído el sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, un operario del centro de control ferroviario de Atocha dio la orden de reanudación de la marcha del tren AVE de Renfe que impactó con un Iryo detenido a las 8.53 de hoy a la altura de la localidad toledana de Urda. Una orden que no tenía sentido, que fue "a todas luces errónea", que se pudo haber corregido, porque hubo tiempo para hacerlo, y que se adoptó "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación de Urda". Son las coordenadas de un brutal accidente por el que, de momento, no piensa dimitir: "No estoy pensando en mí".

Eran las primeras palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en su primera comparecencia pública, desde el edificio H24 de Adif y seis horas después del terrible siniestro entre Los Yébenes y Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas. Una segunda tragedia ferroviaria en España, muy grave, menos de diez meses después de la de Adamuz (Córdoba), que registró 46 fallecidos.

A las 8.36, un operario decide autorizar al maquinista del AVE que reanude la marcha, y "con normalidad", es decir, a la velocidad máxima que permite el trazado, y no "a la vista", a 40 km/h

Puente trató de explicar qué había ocurrido a primera hora de la mañana en ese tramo de la línea Madrid-Andalucía. Sobre las 8.30, el sistema de seguridad LZB cae "por un fallo de comunicación" de tres ordenadores, en un tramo de 63 kilómetros. En ese momento, colapsado el sistema, se produce la detención automática de todos los trenes —según la primera reconstrucción del ministerio, son seis—. Con todos ellos parados y el LZB caído, el mando recae, como indica el protocolo ferroviario, en el centro de control de Adif 24 horas, en Atocha.

A las 8.36, un operario decide autorizar al maquinista del AVE que reanude la marcha, y "con normalidad", es decir, a la velocidad máxima que permite el trazado, y no "a la vista", como técnicamente se denomina a una velocidad lenta, de hasta 40 kilómetros por hora. Entre las 8.36 y las 8.53, el AVE recorre 25 kilómetros a una velocidad todavía desconocida pero que podría llegar a ser, señaló Puente, de 200 km/h, pese a que el Iryo que se encontraba un poco más adelante, estaba detenido. Y a las 8.53 se produjo el impacto, cuando el AVE embistió por la cola al Iryo. Esa era la narración, indicó, de un accidente por alcance que es "verdaderamente inverosímil", por lo excepcional y anómalo.

A esta hora comparece ante los medios de comunicación Óscar Puente, ministro de Transportes: "Voy a explicarles la información que tenemos en estos momentos (…) Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es un accidente verdaderamente inverosímil". pic.twitter.com/la7NGC5OSZ

— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 28, 2026

La caída del sistema LZB "no es muy frecuente", pero sí se produce "en algunas ocasiones", pero se trata de un mecanismo seguro. Un sistema, incidió Puente, "contrastadísimo", que se utiliza en esa línea de alta velocidad desde el año 1992 y que estaba en proceso de reemplazo por otro, el ERTMS, no porque el LZB "no sea bueno", sino porque "ya no se fabrica". Pero, cuando cae, están "las pautas y los protocolos", y "automáticamente el centro de control asume el mando".

Puente subraya que el problema no está en la caída del LZB, sino en lo que ocurrió en Atocha. El operario de Adif "tenía experiencia" y se le puso "un auxiliar en el momento en que ocurren los hechos"

El problema estuvo ahí, cuando el operario de Adif, que "tenía experiencia" y al que "se le pone un auxiliar en el momento en que ocurren los hechos para que le ayude", toma la decisión, "sin el sistema" repuesto, de que se reanude la marcha y de hacerlo con carácter "normal", y ordenárselo a un tren, el AVE, que tenía otro delante, el Iryo, y con una señal roja. Además, estaba "un supervisor". "Estos son los hechos", subrayó, y la decisión "inexplicable" de retomar la marcha adoptada en Atocha.

Lo cierto es que se da la directriz, a las 8.36, hasta el momento del choque mortal, 8.53, discurren 17 minutos en los que no saltan las alarmas, en los que nadie prevé que el impacto se iba a producir. "Es evidente que en el centro de control primero toman la decisión de la reanudación y después tienen un tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resuelven. Eso es lo que sucede", adujo el ministro.

Es evidente que en el centro de control primero toman la decisión de la reanudación y después tienen un tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resuelven. Eso es lo que sucede"

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

El titular de Transportes contó que durante la mañana se había podido reunir con responsables del centro de control y había podido acceder a la reproducción completa del accidente —lo que en el argot se llama moviola— y a algunas comunicaciones de audio entre el centro de mando y los convoyes afectados. "Hemos comprobado cómo se da la instrucción [de retomar la marcha] a los otros trenes y en una de las ocasiones se da también de manera equivocada y es el maquinista de uno de los trenes el que corrige al centro de control y le dice: 'No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista'. El operario dice: 'Ah, sí, marcha a la vista'. Y eso es lo que hemos escuchado. Es decir, al resto de trenes se les manda que reanuden".

Pero la clave, sostuvo Puente, está en lo que sucede con el AVE, al que se ordena que siga circulando a velocidad normal pese a tener un tren delante "en el mismo cantón", en el mismo tramo de la vía, cuando eso no podía suceder. "Se tiene un tiempo para corregir esa decisión, a todas luces errónea, y se produce el impacto". Lo que no sabe tampoco Transportes es por qué el Iryo se encontraba detenido. Y por qué nadie reaccionó. "Yo he visto la moviola completa, desde el momento en el que cae el LZB hasta el momento en el que se produce el impacto en tiempo real. No he querido que me lo abrevien, he querido ver qué es lo que se ve en las pantallas, y los trenes están perfectamente ubicados y perfectamente localizados en todo momento".

El ministro no facilitó datos del operario que pudo cometer el error, y de hecho insistió en que él no atribuye "responsabilidades de momento a nadie", porque eso depende de la investigación. "Lo que he narrado son hechos constatados objetivamente: horas en las que se produce la caída del LZB, horas en las que los trenes se detienen, horas de reanudación de la marcha y las condiciones en las que esa reanudación se produce, y las consecuencias finales [...]. Yo, por prudencia, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la trascendencia que estos hechos pueden tener, creo que debo ser prudente y hacer una narración exclusiva de hechos, nada más". El titular de Transportes agregó que no había hablado con el operario, que está "sometido a lo que la investigación determine".

La losa con la que carga Puente es enorme. Dos accidentes ferroviarios mortales y gravísimos en menos de un año. Pero, al menos de momento, no piensa dimitir. Eso contestó cuando se le preguntó, por dos veces, si pensaba renunciar: "En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer esto y tratar de resolverlo. No estoy pensando en mí". "Cómo estoy emocionalmente... pues imagínenselo —añadió—. Mi estado emocional es irrelevante. Lo relevante es el estado emocional de las familias de esa gente que ha fallecido".

El ministro remarcó que el sistema ferroviario "es fiable y es seguro, con unos límites, evidentemente, que abarcan los límites del propio material, tanto rodante como de la infraestructura, y los límites de la actuación humana, que también juega su papel".

El riesgo cero no existe, repiten rotundos los expertos, y menos ante un desastre como el causado en la provincia de Valencia por la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 fallecidos, precipitaciones extraordinarias de más de 771 litros por metro cuadrado en apenas horas y caudales superiores a los 2.200 metros cúbicos por segundo —varias veces el caudal del río Ebro—, bajando a toda velocidad por ramblas y barrancos. El resultado fue una gran ola que se llevó todo por delante en la zona cero, un territorio densamente poblado y vulnerable por su alto riesgo de inundación. Después ha habido más danas y episodios de lluvias torrenciales y en todas ellas la población ha revivido el miedo a que una tragedia así se repita. “Queremos un futuro mejor y que los proyectos se hagan. Nos interesa estar en un horizonte seguro”, reivindica Salvador Piqueras, miembro de uno de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), creados tras la dana para dar voz a la población damnificada por la riada.

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