“Setenta y cuatro compatriotas han muerto y otros tanto han sido heridos en un accidente ferroviario injusto y evitable”, ha comenzado su mitin en Ávila este jueves por la tarde el líder de Vox, Santiago Abascal. En el momento en que hablaba, la cifra oficial de fallecidos se mantenía en 69 y, a falta de determinar sus nacionalidades, se sabe que hay algún extranjero, pero Abascal se ha preguntado por qué no han dimitido todavía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, “Oscar Muerte”, como le ha llamado, después de que “120 españoles” hayan fallecido en accidentes ferroviarios este año.
El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, durante un acto público de la formación celebrado este jueves en Ávila.
La Junta Electoral Central ha decidido este jueves estimar la denuncia presentada por el Partido Popular y ha declarado que la grabación y difusión del vídeo protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ante la obra Guernica, podría haber vulnerado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Ley Electoral y la limitación a la obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones Públicas fuera del período de campaña electoral prevista en otro artículo de esa norma.
La víspera del accidente de Urda (Toledo) el Consejo de Ministros aprobó una ampliación del contrato de mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas de la línea de alta velocidad con Andalucía. El acuerdo suponía incrementar en 11,5 millones de euros el contrato vigente concedido a la unión temporal de empresas GTS y que incluía cuestiones como el mantenimiento de elementos de señalización y los sistemas de control de los trenes como el LZB, cuya caída inició la cadena de fallos que llevó al fatal desenlace en el siniestro de este miércoles. El pliego de condiciones especifica que este contrato debe mantener, entre otras, las instalaciones de control del tráfico del centro de Urda.
Alberto Núñez Feijóo eleva el tono y exige “responsabilidades políticas” por el accidente ferroviario de Urda, que deja de momento 69 fallecidos y alrededor de 200 personas que resultaron heridas, tan solo nueve meses después de la tragedia de Adamuz (46 víctimas mortales y 292 heridos). El líder de la oposición no ha pedido explícitamente la dimisión o cese de Óscar Puente como ministro de Transportes, pero ha recalcado que la asunción de responsabilidades no puede demorarse. “Yo sé lo que haría si fuera el presidente del Gobierno. Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral”, ha aseverado en el municipio de Urda después de su visita al Puesto de Mando Avanzado levantado en la zona cero de la catástrofe, que se encuentra a unos 12 kilómetros de la localidad de 2.500 habitantes gobernada por el PP.
El líder del PP se ha desplazado este jueves a la localidad toledana de Urda para conocer de primera mano el epicentro del terrible accidente ferroviario con un saldo de 69 fallecidos. Allí ha visitado el puesto de mando avanzado donde se ha reunido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que ya telefoneó el pasado miércoles, y con Manuel Galán, el alcalde de la localidad que se volcó en asistir a los heridos en las primeras horas del accidente.
A estas horas nadie del Ejecutivo se ha puesto en contacto con el líder del primer partido de la oposición, según ha revelado el propio Alberto Núñez Feijóo en unas breves declaraciones ante la prensa. A cambio "he sido atendido muy cordialmente por Page y yo se lo agradezco mucho". Ha sido el presidente autonómico socialista el que le ha informado de las circunstancias de la tragedia dente en una cita a la que también asistían el delegado del gobierno, José Pablo Sabrido, y los responsables de Protección Civil.
En declaraciones a la prensa y sin abandonar unn tono institucional, Feijóo, no ha querido explicitar una petición de dimisión del ministro Óscar Puente, pero sí ha apelado a que las "responsabilidades políticas no son opcionales sino imprescindibles desde el punto de vista ético y moral". Al hilo de esta reflexión, defiende que la política "no consiste en descalificar, en hablar, sino en hacer". Y para ejercer un cargo "se necesitan experiencia, gestión y rigor", todo una carga de profundidad contra el titular de Transportes. Por tanto, ha proseguido, "los nombramientos tienen que hacerse a personas que tengan trazabilidad y experiencia, que se llegue aprendido". Ante las insistencia de las preguntas respecto a si Puente debe dejar su cargo, Feijóo señala que "yo sé lo que haría, primero en el nombramiento; segundo, durante la ejecución, y tercero con los accidentes reiterados" de la alta velocidad.
"Cabeza fría" y "respeto" a los fallecidos
Tras apelar la "cabeza fría" y al respeto a los fallecidos, ha insistido en que "o te rodeas de gente que sabe o te pasan cosas como esta", de modo que la "gestión rigurosa y la experiencia contrastada, volverán sin duda porque es imprescindible para nuestro país". "Más de cien muertos en dos accidentes en ocho meses y en el mismo corredor ferroviario conlleva un cuestionamiento. Los españoles necesitan respuestas y se preguntan qué pasa en la alta velocidad", ha subrayado.
Acompañado del líder del PP castellanomanchego, Paco Núñez, ha informado que se mantiene en contacto con antiguos cargos de Renfe, Adif y Fomento "para establecer una serie de conclusiones". También con el accidente de Adamuz pusieron en marcha este 'consejo de expertos' para analizar las causas de aquel accidente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó este jueves en la reunión de seguimiento tras el terrible accidente de tren en Urda, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo. Y su mensaje a la ciudadanía fue básicamente el mismo que el de ayer, a las pocas horas de que se produjera la tragedia, que se trabaja "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo ocurrido y que se reforzará la seguridad del sistema ferroviario para que "no vuelva a suceder nunca más" una catástrofe como la sufrida ahora o como la que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, hace nueve meses.
Sánchez compareció ante los medios acompañado del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien actualizó la cifra de fallecidos —son ya 69, uno más respecto a ayer— y de heridos: de los 110 ingresos en los hospitales de la región, 60 están de alta y 50 permanecen en distinto estado de preocupación, aunque de los 15 en código rojo, los cuatro que se presumían más graves están evolucionando "positivamente". El presidente regional apuntó que este jueves seguirán los movimientos de grúa, especialmente "sobre el vagón que queda volcado", aunque no cree que haya muertos debajo de él. A la reunión del Cecopi también acudieron los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Transportes, Óscar Puente.
Sánchez remarca que "todo el Estado" está volcado en la "respuesta" ante la emergencia, el esclarecimiento de lo sucedido y el "resarcimiento material" a los familiares de las víctimas
El presidente del Gobierno agradeció su labor a los trabajadores públicos que estuvieron "durante horas" en el lugar del accidente, a la Cruz Roja, al 112, a los servicios de asistencia psicológica que ayudan a los familiares de las víctimas. Y justo a continuación trasladó "a toda la ciudadanía" que todas las instituciones que forman parte del Estado, "desde el pequeño municipio al Gobierno de España", están "trabajando día y noche para no solo dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino, por supuesto, también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder, nunca más".
Accidente de tren en Toledo | Pedro Sánchez: "Todo el Estado está volcado en un triple vertiente. En primer lugar, de respuesta a la emergencia [...] En segundo lugar, el conocimiento y esclarecimiento de las causas y, finalmente, el resarcimiento, al menos desde el punto de… pic.twitter.com/lyzmTsntjI
Fue el mensaje de cariz más político de Sánchez este jueves, sin llegar al subrayado que ayer lanzó desde Urda, que "no es asumible" para un país como España sufrir dos accidentes de tren de esta envergadura en un mismo año. Hoy no hubo ese aviso. Se centró en la parte más operativa de la tragedia. Quiso resaltar que "todo el Estado" está volcado, primero, en la "respuesta ante la emergencia", para levantar los cadáveres y proceder a su identificación y también para filiar y asistir a los heridos. Dos, el "conocimiento y esclarecimiento de cuáles han sido las causas que han originado este terrible accidente ferroviario". Y tres, algo que llegará posteriormente, que es el "resarcimiento material", la indemnización, que el Estado abone a los familiares de las víctimas.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la reunión del Cecopi en el Centro 112 de Toledo, este 29 de octubre de 2026. | EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ
Sánchez enfatizó que "desde el primer momento" el Gobierno puso en marcha el Plan General Estatall de Emergencia de Protección Civil, movilizando efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Policía, de la Guardia Civil y de Protección Civil que han estado trabajando "bajo el mando y la coordinación" de la Junta de Castilla-La Mancha "y todo el operativo que distintas administraciones han puesto en marcha para dar una respuesta rápida, urgente y eficaz a esta tragedia".
El presidente agradece la "coordinación" y "profesionalidad" de "todos los servidores públicos de las distintas administraciones que, sin duda alguna, están dando lo mejor de sí mismos"
El jefe del Ejecutivo agradeció la "coordinación" y "profesionalidad" de "todos los servidores públicos de las distintas administraciones que, sin duda alguna, están dando lo mejor de sí mismos". También recordó que Renfe ha puesto en marcha un plan de asistencia a las víctimas y sus familiares, habilitando un número de teléfono (900 10 10 20) y un centro de asistencia en distintas estaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, igual que han hecho lo propio Iryo —la compañía cuyo tren fue embestido por el AVE a las 8.53 de este miércoles— y Adif, el gestor ferroviario.
La candidata de Frente Amplio a la presidenta del Gobierno, Ada Colau, demandó la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para ahondar en las explicaciones sobre el accidente ferroviario en la línea de AVE Madrid-Andalucía a la altura de las poblaciones de Urda y Los Yébenes (Toledo) acontecido el miércoles por la mañana. La cabeza de lista por Barcelona asegura que "en estos momentos tan dolorosos es más necesario que nunca la transparencia y que se den todas las explicaciones que sean necesarias".
En estos momentos tan dolorosos es más necesario que nunca la transparencia y que se den todas las explicaciones que sean necesarias.
Por eso, desde el Frente Amplio vamos a pedir la comparecencia del Ministro Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso de los…
La petición ha sido correspondida por su partido, Catalunya en Comú, pero también por los otros tres partidos que componen principalmente la coalición que deja atrás a la marca Sumar, caso de IU, Más Madrid y Movimiento Sumar. Se ha registrado por la mañana en el Congreso con las firmas de todos los portavoces representantes de cada formación.
Petición de Sumar registrada en el Congreso para que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparezca ante la Cámara
Poco después de la solicitud, tanto Podemos como ERC, con las firmas de Ione Belarra y Gabriel Rufián, registraron otra peticiòn similar ante el Congreso.
Apenas horas antes, el miércoles por la tarde, los partidos del Frente Amplio reclamaron a su socio mayoritario, el PSOE, una auditoría independiente sobre el estado de la red ferroviaria y que se asumiesen "responsabilidades políticas", ello tras las comparecencias de Puente en el centro de control de Adif en la estación de Atocha, y después de escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se desplazó a las inmediaciones de Urda junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Se evitó, en todo caso, señalar a ninguna figura "política" en concreto. El propio Puente, desde Atocha y preguntado por si dimitirá o lo ha contemplado, apuntó que lo que centra ahora su interés es la gestión de la crisis.
Por ahora, Puente y su gestión desde que asumió la cartera tienen el aval de Sánchez, aunque dentro de la formación socialista empieza a cuestionarse la continuidad del ministro. La crisis, más allá del principal drama ciudadano por las 69 víctimas mortales registradas por el momento y decenas de heridos de diferente gravedad, tiene un impacto claro en la precampaña electoral y cambia completamente el escenario y la estrategia social por la que apostaban desde Sánchez hasta su izquierda, con cuestiones como la vivienda en el centro.
La solicitud de comparecencia en la Diputación Permanente se debe a que el Congreso y el Senado están disueltos tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Todos los asuntos de urgencia y de excepcionalidad se trasladan a la Sala Constitucional del Parlamento, con una representación reducida de diputados y proporcional a la representación, con 69 parlamentarios.
Desde el minuto uno del accidente, la Iglesia se ha volcado con los afectados. Numerosos sacerdotes acudieron a la zona cero para socorrer a víctimas y ahora el arzobispado les da un lugar donde esperar Leer
Desde el minuto uno del accidente, la Iglesia se ha volcado con los afectados. Numerosos sacerdotes acudieron a la zona cero para socorrer a víctimas y ahora el arzobispado les da un lugar donde esperar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves tras la reunión que el Cecopi ha mantenido esta mañana en la sede del 112 en Toledo, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se ha comprometido a esclarecer los motivos de la tragedia ferroviaria que deja al menos 69 fallecidos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en la altura del municipio de Urda, en Toledo. “Estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino, por supuesto, también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder”, ha afirmado. Ya por la tarde, el Congreso ha confirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente el próximo martes 3 de noviembre. ERC, Podemos y Sumar habían pedido por la mañana que acudiera a la Cámara baja para dar explicaciones sobre lo sucedido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (tercero por la derecha), el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (segundo por la derecha), y los ministros de Transportes, Óscar Puente (izquierda) e Interior, Fernando Grande Marlaska (segundo por la izquierda), durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) este jueves en Toledo, en una imagen de La Moncloa.
El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López Gutiérrez, ha lanzado este miércoles desde Ceuta una defensa cerrada de la independencia de los mandos y de las unidades de investigación de la Policía Nacional frente a lo que ha definido como “intolerables presiones políticas” y un “hostigamiento sistemático” en los últimos meses. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar y a quién no", ha explicado, "lo redacta con la verdad, con unos hechos y con la ley en la mano", ha sentenciado. Y ha rematado: “Estaremos siempre por encima de cualquier injerencia”.
La intervención de López Gutiérrez se ha producido después de la Junta Nacional del SPP, sindicato de mandos de la Policía Nacional, celebrada en Ceuta, donde los responsables del sindicato han abordado la situación de la Policía Nacional y los principales retos de seguridad a los que se enfrenta España, con especial atención a la ciudad autónoma. El acto ha estado marcado por el grave accidente ocurrido en Toledo en la mañana el miércoles, por el que se ha guardado un minuto de silencio.
Presión de las unidades policiales
El mensaje del presidente del sindicato de mandos ha ido mucho más allá de una reivindicación laboral. Daniel López ha situado en el centro de su intervención la presión que, a juicio de los responsables, están sufriendo las unidades policiales cuando sus investigaciones afectan a asuntos políticamente sensibles. Y ha citado expresamente los informes de la UDEF y la UCRIF que han provocado controversia durante las últimas semanas.
“Si la verdad incomoda a alguien, el problema no es del policía o de la unidad que lo redacta”, ha señalado. El presidente del SPP ha defendido que los agentes no trabajan pensando en las consecuencias políticas de sus conclusiones y ha reivindicado la “neutralidad y la independencia” de la Policía Nacional. “Los mandos y los agentes de esta institución no sirven a ningún partido ni a ningún interés particular; servimos únicamente al imperio de la ley, de la Constitución y del pueblo español”, ha afirmado.
Marlaska y el CENIF
Las palabras llegan después de varios episodios en los que informes policiales han quedado en el centro de la disputa política. Uno de los más recientes ha sido precisamente el de Ceuta. El SPP ya salió públicamente en defensa del CENIF cuando el informe elaborado por esta unidad sobre la crisis migratoria fue puesto en cuestión y el ministro del Interior reclamó explicaciones a la cadena de mando. El sindicato acusó entonces de intentar buscar responsabilidades en el ámbito policial y defendió el “rigor técnico” y la independencia de las unidades de inteligencia e investigación.
La controversia se produjo después de que el informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional señalara la actuación de agentes de la Gendarmería marroquí en la entrada masiva de finales de julio. Paralelamente, la documentación posteriormente publicada por el Gobierno ha permitido reconstruir que distintas unidades habían elaborado informes y comunicaciones antes de la crisis, entre ellos documentos del CENIF de los días 23, 28 y 29 de julio.
Zapatero y la UDEF
El otro gran frente al que se refieren las palabras de López Gutiérrez es el de la UDEF. Los informes de la unidad en la investigación sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra han tenido un enorme impacto político y judicial. La Policía ha situado en sus informes elementos económicos y societarios que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a autorizar nuevas pesquisas sobre cuentas del expresidente, sus hijas, su secretaria y sociedades vinculadas a la investigación.
Precisamente la defensa de Zapatero ha cuestionado ante el juez la actuación de la UDEF y ha pedido límites a sus pesquisas, al considerar que algunas de sus conclusiones podían responder a una tesis “elucubrativa” y acercarse a una investigación prospectiva. Es en este contexto de informes policiales que afectan directamente a asuntos políticos donde el presidente del SPP ha querido reivindicar que las unidades deben poder investigar y redactar sus conclusiones sin atender a quién puedan incomodar.
“Frente a la presión política y el hostigamiento que buscan doblegarnos, quiero dejar claro la neutralidad y la independencia de la Policía Nacional”, ha proclamado.
La Junta Nacional, en Ceuta
La elección de Ceuta como escenario de la Junta Nacional ha permitido además al sindicato conectar esta reivindicación con la situación que viven los policías destinados en la frontera. López Gutiérrez ha presentado la ciudad como “la frontera del sur de Europa” y ha denunciado una “paradoja insostenible”: mientras desde Madrid o Bruselas se trata de trasladar un discurso de normalidad y control, los mandos policiales se enfrentan sobre el terreno a una realidad marcada, ha dicho, por la “insuficiencia estructural” de recursos, la “indefinición jurídica” y, sobre todo, la improvisación.
El presidente del SPP ha recordado la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio para reivindicar el papel desempeñado por los mandos policiales durante aquellas jornadas. Miles de personas entrando al mismo tiempo, el perímetro desbordado, los servicios de la ciudad al límite y agentes triplicando turnos fueron, según su relato, el escenario en el que los responsables policiales tuvieron que tomar decisiones “bajo una presión extrema”.
Sin plantilla y sin coches
La denuncia no se limita a la falta de efectivos. El sindicato ha señalado plantillas por debajo del catálogo, vehículos que “no deberían seguir circulando”, material antidisturbios insuficiente, instalaciones deficientes y dietas que considera insuficientes. Y ha reclamado al Ministerio del Interior y al Gobierno un plan integral para Ceuta, un refuerzo permanente de las plantillas y, sobre todo, seguridad jurídica para los policías.
“Si la frontera de Ceuta es estratégica para España y para la Unión Europea, la dotación, el respaldo legal y la protección jurídica a la labor policial deben estar a esa misma altura estratégica. Y hoy por hoy no lo están”, ha afirmado.
El discurso ha incorporado además una advertencia de futuro. López Gutiérrez ha alertado de los riesgos derivados de la polarización política y ha situado los próximos procesos electorales como un posible escenario de tensión. Tras referirse a disturbios y episodios de violencia registrados en otros países europeos como Francia o Italia, ha advertido de que “España no es inmune” a esa dinámica.
Cuestionar el resultado electoral
El presidente del SPP ha planteado incluso que, ante un eventual cambio de tendencia política, determinados sectores radicales podrían intentar cuestionar el resultado electoral en la calle y provocar movilizaciones que degenerasen en disturbios. “No vamos a esperar a que esto ocurra”, ha asegurado. La Policía, ha añadido, debe prepararse para anticipar esas situaciones y garantizar que el derecho de manifestación no termine convirtiéndose en inseguridad.
Por eso, el sindicato reclama un Gobierno que respalde a los policías cuando actúen conforme a la ley. “España necesitará un gobierno fuerte y sin complejos”, ha defendido Daniel, que ha pedido que los agentes no sean abandonados durante las crisis para después enfrentarse a expedientes o procedimientos judiciales.
Pero, a las 8.53 de este 28 de octubre de 2026, todo se quebró. Todo. Prácticamente cuando se consumían los minutos finales de la conversación grabada de Sánchez con las podcásters de Keep it cutre, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, el tren AVE 2080 de Renfe con destino a Sevilla y 397 pasajeros a bordo, embestía a esa hora, 8.53, al Iryo 6076 que permanecía detenido en la vía, y con 147 viajeros. Al menos 68 fallecidos, más de un centenar de heridos. El segundo accidente ferroviario más grave vivido en el país desde los años setenta, tras el de Angrois (2013, 80 muertos). Pero, sobre todo, el segundo choque mortal en este 2026, después del de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero (46 fallecidos), en poco más de nueve meses. Y en la misma línea. Una estadística demoledora. Lo admitió el propio Sánchez en el puesto de mando avanzado de Urda, la localidad más próxima al lugar del brutal siniestro: "Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido". Palabras lapidarias. Como en pocas ocasiones.
En Ferraz insisten en que el foco debe estar ahora en lo obvio, en las víctimas, en sus familiares, en los heridos, en los afectados, en la coordinación y cooperación entre administraciones, en el esclarecimiento de lo sucedido
La segunda tragedia ferroviaria de este año ocupó portadas en medios de todo el mundo, llenaba informativos, webs, redes sociales. Dolor, angustia, devastación. La conmoción era inmensa. No podía ser de otra manera. Y resultaba inescindible del contexto, el del camino hacia las elecciones generales del 29-N, para las que desde este mismo jueves solo queda un mes. Lo que había ocurrido, esas 68 muertes en las vías del tren, reventaron por completo la precampaña socialista. En Ferraz insistían en que el foco debía estar en lo obvio, en las víctimas, en sus familiares, en los heridos, en los afectados, en la coordinación y cooperación entre administraciones, en el esclarecimiento de lo sucedido. Pero, a la vez, asumían que habrá que "reorientar" todo el diseño de campaña porque nada puede ser igual.
Y hay una figura, lo admiten en el partido y en el propio Gobierno, que sale tocada. Óscar Puente. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. El dirigente que ha ejercido de escudero del presidente, el hombre adicto a los posts en X, muchos de ellos gruesos, faltones, el socialista que podría encarnar la sucesión, el guerrillero que no rehuía jamás ninguna batalla contra la derecha y la ultraderecha, el miembro del Ejecutivo aclamado por las bases socialistas.
La decisión "errónea" del operario
Pero este miércoles, cuando compareció cerca de las tres de la tarde desde el centro de control de Adif de Atocha, se le vio abatido. Devastado. Entonces confirmó la explicación que desde muy pronto por la mañana había ofrecido el Gobierno: se trataba de un desgraciado fallo humano. Sobre las 8.30, cayó, en un tramo de 63 kilómetros, el sistema de señalización LZB —el que estaba en proceso de sustitución por uno más moderno, el ERTMS—, debido a un "fallo de comunicación" en tres ordenadores de la red, y ese colapso produjo la detención automática de seis trenes, tres por sentido. La desconexión del LZB, no muy frecuente pero tampoco inédita, explicó, supone que el mando pasa a ser manual. La responsabilidad de lo que ocurría en las vías, por tanto, pasaba al centro de control de Adif en Atocha.
Sobre las 8.30, cayó el sistema LZB en un tramo de 63 km, y seis trenes se detuvieron de manera automática. A las 8.36, desde el centro de control se ordena la reanudación, a "marcha normal"
Y allí, un operario, que "tenía experiencia", y al que se le puso un auxiliar en esos momentos como ayuda, con un supervisor al lado, dio la orden al AVE, a las 8.36, de que se reanudara la marcha. Que siguiera a "marcha normal". Es decir, sin restricción de velocidad, y no con la "marcha a la vista", que supone que el convoy retoma su camino con una velocidad mucho menor, de 40 km/h como máximo.
En 17 minutos, 17 minutos decisivos, el AVE recorrió unos 25 kilómetros, a una velocidad que, por el tramo de la vía, podía llegar a los 200 km/h. "En el centro de control primero toman la decisión de la reanudación y después tienen un tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resuelven", deploró Puente. Nadie se dio cuenta, en esos 17 minutos, de que el AVE se aproximaba de manera mortal al Iryo que seguía detenenido. Y eso que la maquinista del tren italiano, el 6076, avisó a Atocha de que no podía reiniciar la marcha y que estaba parada, tal y como se escucha en los audios publicados en varios medios. Ese mensaje clave tampoco fue trasladado al operador del AVE para que detuviera su locomotora.
Desde la autorización hasta el impacto con el Iryo, a las 8.53, transcurrieron 17 minutos en los que el AVE recorrió 25 kilómetros, sin que nadie advirtiera que se aproximaba a un convoy detenido
Puente señaló que no había hablado con el controlador del centro de Adif. Que no era él quién para endosar una "responsabilidad". Pero sí defendió que era "inexplicable" esa decisión "errónea" de autorizar la marcha normal con un tren detenido en el mismo cantón —segmento de vía— y con la señal en rojo que obligaba a pararse. ¿Piensa en dimitir?, se le preguntó. "En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer esto y tratar de resolverlo. No estoy pensando en mí", respondió. Descartaba así dejar su cargo, al menos de momento.
El aviso del presidente
Pocos minutos más tarde, Sánchez compareció desde el puesto de mando avanzado de Urda, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Anunció el decreto de luto nacional de tres días y prometió esclarecer lo ocurrido: "Vamos a llegar hasta el final. Y si ha habido negligencias, se sabrá. Y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia. Porque es evidente que hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año en la alta velocidad". Y aunque "muy probablemente" el origen de los accidentes de Adamuz y de Urda "nada tienen que ver", precisó, sí está "claro" que si se tiene que "reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad", entonces "se hará". Porque "no es asumible" que dos choques ferroviarios mortales sucedan "en un mismo año". De modo que "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas y con total contundencia" para restaurar la confianza en el sistema ferroviario.
Sorprende la dureza de las palabras de Sánchez. "¿Puede sacrificar a Óscar? Pues sinceramente no lo sé. Pero para Óscar pasar otra vez por lo mismo se me antoja insoportable", apunta un ministro
El presidente había sido explícito, y muy duro. Fuentes de la Moncloa subrayaban que sí que mantenía su "confianza" en Puente, igual que hasta ahora. Pero algunos miembros del Ejecutivo y del partido consideran que hay que "esperar", ver cómo evoluciona la investigación, para a partir de ahí decidir qué es mejor para el partido y para el Gobierno a las puertas de unas elecciones que ya eran muy complicadas para Sánchez. "Me llamó la atención la frase del presidente, lo que dijo de que no es asumible para España tener dos accidentes en un mismo año. Pero no tenemos reacción ninguna todavía. Vamos a ver. ¿Puede sacrificar a Óscar? Pues sinceramente no lo sé. Pero para Óscar pasar otra vez por lo mismo se me antoja insoportable, aunque no hay señal de nada", asevera un ministro, consternado, como todos, por lo ocurrido.
Pedro Sánchez: "Si tenemos, como debemos, reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad, se hará" https://t.co/3QG1Ye21Qq
"Óscar ahora está en modo gestión, que es lo que toca —afirma otro relevante miembro de Gabinete—, aunque la procesión irá por dentro. Como ha dicho el presidente y estoy de acuerdo, ya tocará esa discusión, ahora hay que estar con las víctimas y avanzar en la investigación de las causas. No puedo estar más de acuerdo con lo que aseguró de que no es asumible dos accidentes así en tan poco tiempo". "Ya veremos qué ocurre. Acaba de suceder y habrá que ver cómo evoluciona todo", manifiesta por su parte un integrante de la ejecutiva federal del partido.
Distintos cargos piden esperar a ver cómo evoluciona todo, sin prejuzgar nada. En la dirección también se indica que Puente "de momento debe seguir": "Le damos apoyo. Está pasándolo muy mal"
Un dirigente con frecuente interlocución con la Moncloa cree que el siniestro impacta directamente en Puente: "Obviamente él no tiene responsabilidad, pero me temo que políticamente se lo lleva por delante. Sin Adamuz tal vez sería distinto. Pero no hay ministro de Transportes que pueda sobrevivir políticamente a dos accidentes ferroviarios de esta magnitud". Un asesor del presidente conviene que sería mejor ahora, a un mes de los comicios, dejar caer al ministro, pero también cree que Sánchez no le pedirá abandonar el cargo, ya que "sería asumir directa y personalmente la responsabilidad" de la tragedia.
"De momento, Óscar debe seguir ahí, y por supuesto le damos todo nuestro apoyo. Está pasándolo muy mal", apunta otro miembro de la cúpula federal del PSOE muy molesto con la "reacción miserable" de los partidos a su izquierda, pidiendo la depuración de responsabilidades o incluso, caso de Adelante Andalucía, la dimisión de Puente. El futuro del ministro "no es ahora lo importante", zanjan en el equipo de este, recalcando que lo prioritario es asistir a las víctimas y aclarar lo ocurrido, aunque agregan que son conscientes de la dureza de las palabras de Sánchez en Urda.
Un antes y un después
Puente no es una pieza menor dentro de la galaxia socialista. En absoluto. Es un peso pesado del Ejecutivo y de la dirección, uno de los consejeros de Sánchez, uno de los dirigentes que siempre ha estado a su lado y que escapa de todos los argumentarios. Es el que puede y va más allá cuando toca fustigar a la oposición o reprobar algunas decisiones judiciales. Y el que dispara sin concesiones a sus adversarios (y a veces a los propios) en X. Ahora, distintos cargos coinciden en que ese uso y abuso de la antigua Twitter juega en su contra, por la lluvia de críticas a su intensa actividad en redes sociales que podría haber conducido a desatender su gestión. "Es que a mí lo que hace en X no me ha gustado jamás. En la vida es fundamental ser humilde", señala uno de los mandos institucionales socialistas de mayor rango. "Nunca he entendido cómo usa Twitter. La realidad siempre te espera a la vuelta de la esquina", añade otro veterano.
Estábamos muy satisfechos de la marcha de la precampaña. Ahora, en todo caso, hay que obviamente reorientar la campaña", anticipan en el comité electoral socialista
Al margen de la figura de Puente, lo cierto es que la campaña socialista ha quedado quebrada. Todos los partidos, salvo Vox, suspendieron sus actos, y ahora seguirán varios días de parón por las tres jornadas de luto nacional y por el lógico dolor de una tragedia de enorme impacto. "Teníamos este martes reunión del comité electoral y estábamos muy satisfechos de la marcha de la precampaña. Ahora, en todo caso, hay que obviamente reorientar la campaña", ilustran en Ferraz.
"Sí, parece que la campaña se nos rompe. Pero quedan semanas. Si fueran las elecciones este sábado no tendríamos margen, pero no es así y nos toca reorientar", concede un ministro. "Pero estamos desolados, consternados y hechos polvo", apostilla, "no por la campaña, sino porque parece irracional que todo sea como parece que ha ocurrido. Nadie se lo explica".
Otros integrantes de la cúpula piden ser menos pesimistas y esperar cómo va evolucionando todo. Lo comparte un cargo institucional de mucho peso: "Evidentemente, esto es un golpe duro, pero según el motivo que sea tendrá un recorrido u otro. Hay que racionalizar las cosas. Si es un fallo humano, no es responsabilidad del Gobierno, por mucho que lo intenten. La gente no es tonta. Ahora, si es un fallo de seguridad u otra cosa, es más jodido".
Hay que racionalizar las cosas", previene un alto cargo institucional, "si es un fallo humano, no es responsabilidad del Gobierno, por mucho que lo intenten. La gente no es tonta. Ahora, si es un fallo de seguridad u otra cosa, es más jodido"
El accidente de Urda es, en definitiva, un episodio "completamente disruptivo", como lo define uno de los dirigentes que mejor conoce las dinámicas del partido. "Tras esta tragedia", continúa, "una campaña como la que se venía haciendo, en clave ideológica y en un tono y con un formato alegre, musical y festivo, es prácticamente imposible. Objetivamente dificulta en extremo la campaña del PSOE". Ahora bien, advierte, "un aprovechamiento impúdico en clave electoral por la derecha puede generar un efecto bumerán", y este siniestro, "a diferencia del de Adamuz y de forma similar al de Angrois, no es imputable, parece, a deficiencias estructurales de gestión, sino a un error humano". Esa es la versión a la que se ha aferrado el Ejecutivo, aunque eso supone endosar la desgracia a las espaldas de un trabajador, igual que el Gobierno del PP descargó la responsabilidad del accidente de Angrois al maquinista del Alvia que descarriló y que causó 80 muertes. Pero el impacto, "brutal y devastador", de la colisión mortal de este 28 de octubre para la historia todavía tendrá recorrido y muy probablemente se alargará hasta el 29-N. Unas urnas que Sánchez convocó bajo la conmoción de las protestas por la vivienda y el desahucio y muerte de Maricarmen Abascal y que ahora digerirán el shock de un segundo choque ferroviario mortal en menos de 10 meses.
El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo, dentro del plazo establecido, la lista con los nombres y apellidos de las 163.355 personas nacionalizadas por la conocida como ley de nietos. De ellas, solo 901 podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre al haber acreditado ser hijos o nietos de exiliados, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las personas afectadas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El tribunal fijó como plazo límite las 15.00 horas de este miércoles y advirtió de posibles multas o de la deducción de testimonio en caso de incumplimiento.
Fuentes de Justicia han confirmado que la documentación se ha remitido a tiempo y han precisado que el listado incluye 163.355 personas, frente a las 163.020 notificadas anteriormente sin identificar. Desde el Gobierno advierten de que buena parte de ellas previsiblemente verán suspendido su derecho al voto, aunque los datos facilitados por Exteriores apuntan a que la medida afecta a casi la totalidad de los nacionalizados incluidos en el procedimiento.
La excepción contemplada por el Supremo permite votar a quienes acrediten ser hijos o nietos de exiliados. Según las fuentes de Exteriores citadas por EFE, los consulados han expedido 901 certificados que acreditan esta condición.
El Gobierno pide que el listado sea reservado
La Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala que declare reservado el listado por contener datos personales, con el objetivo de evitar un uso malicioso o ilegítimo de la información por parte de quienes intervienen en el procedimiento. Las fuentes gubernamentales han señalado expresamente a las partes que consideran de ideología ultraderechista.
El Ejecutivo sostiene que ha trabajado desde el inicio para recopilar la información solicitada por el tribunal. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha coordinado la revisión de los expedientes en las distintas oficinas consulares y ha autorizado la contratación de las asistencias técnicas necesarias para completar el trabajo en el plazo fijado. El primer telegrama con instrucciones a los consulados se envió el 15 de septiembre, después de que el ministerio recibiera la notificación el día anterior.
Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el pasado 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral un listado de 76.600 personas que figuran en el Registro Civil digital (DICIREG) como nacionalizadas por la ley de nietos. Era la única información de estas características que constaba en ese departamento. La Oficina del Censo envió esa relación al Supremo el 21 de octubre.
El Gobierno calcula un impacto electoral inferior al 0,06%
Pese a la cifra de personas incluidas en el listado, el Ejecutivo estima que su impacto potencial en las elecciones será limitado. Aplicando los niveles habituales de participación exterior, calcula que, si las 163.355 personas estuvieran inscritas en el CERA, representarían menos de 14.000 votos repartidos entre las 52 circunscripciones electorales.
Esta cifra equivaldría a menos del 0,06% de los votos emitidos en las elecciones generales de 2023. El Gobierno añade que la incidencia real sería aún menor, ya que el listado incluye a personas que no forman parte del censo electoral de residentes ausentes, como menores de edad o personas fallecidas.
El Supremo debe resolver si amplía la suspensión del voto
Una vez completado este trámite, el Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre nuevas solicitudes de medidas cautelarísimas presentadas por Iustitia Europa, que reclama extender la suspensión del derecho al voto a los hijos e hijas de personas que obtuvieron previamente la nacionalidad a través de la ley de nietos.
La formación también pide que la medida se aplique a quienes fueron incorporados inicialmente al CERA, pero después trasladaron su residencia a España, causaron baja como residentes en el extranjero y pasaron al censo electoral nacional.
Además, el alto tribunal debe resolver las alegaciones presentadas por los nacionalizados que se han personado en el procedimiento y que reclaman un pronunciamiento sobre la suspensión del voto antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreció este miércoles una declaración tras el accidente ferroviario a la altura de Urda (Toledo), en la línea de AVE que une Madrid con Andalucía, desde la sede nacional de Génova. Después de mandar un mensaje de ánimo "en estos momentos de luto, dolor, solidaridad y de exigencia", recalcando que él y su partido acompañan "en el dolor a las familias de los fallecidos", y recordar a la exministra popular Fátima Báñez, que viajaba en el último vagón del tren Iryo afectado y de la que aseguró no saben nada. Feijóo reclamó una respuesta firme.
"No hay angustia comparable a esa espera de los familiares", expresó. "El dolor no nos obliga a callar, la serenidad no es silencio. Pero este es el momento de respeto a los heridos, a los fallecidos y a sus familiares. Eso no significa que no vaya a haber respuesta", adelantó. "Primero respeto, por eso el PP ha anulado sus actos de hoy. En segundo lugar, es necesaria una investigación gubernamental y judicial inmediata, con todos los medios" posibles.
El popular alabó la reacción "unida" de toda la sociedad ante la catástrofe, ello "sin ningún muro que los pueda separar", una alusión clara y crítica contra el Gobierno y contra el presidente de Pedro Sánchez, una 'barrera' frente a la derecha y la ultraderecha planteada por el socialista incluso ya desde su investidura a mediados de noviembre de 2023. "Tengo confianza en que este país puede volver a funcionar. España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras (...) y el estado en el que están" o "las advertencias y medidas que se tomaron desde el accidente de Adamuz (Córdoba)" hace tan solo diez meses, en la misma línea de Alta Velocidad. "Los españoles tienen derecho a que se rindan cuentas sobre en qué se invierte cada euro" y "garantizo que todo esto lo tendrán".
El popular avanzó que su partido secundará los minutos de silencio frente a todos los ayuntamientos del país tras la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Deseo que los heridos evolucionen favorablemente y que las víctimas descansen en paz", concluyó.
Una indigerible segunda tragedia ferroviaria en menos de diez meses y la proximidad, en escasamente un mes, de las elecciones generales, cambian todo. También el discurso del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez quiso emplear palabras duras desde el puesto de mando avanzado en Urda (Toledo), la localidad en la que este miércoles se produjo el choque mortal de un AVE y un Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y que por el momento se ha llevado la vida de 68 personas. Se llegará "hasta el final", si ha habido "negligencias", "se sabrá", como se conocerá igualmente si hubo un "fallo de seguridad", y, desde luego, "no es asumible para un país como España" sufrir dos accidentes ferroviarios como el de este 28 de octubre y el de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero. Dos siniestros "en un mismo año".
Sánchez se desplazó este miércoles hasta Urda, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page. Y desde allí expresó, primero, su "solidaridad y empatía" hacia los familiares de las víctimas y los heridos que aún continúan hospitalizados, porque detrás de cada uno de los fallecidos hay "vidas rotas, familias quebradas", como también hay mucho "dolor" y "angustia" entre quienes no saben el paradero de un familiar. El Gobierno, anunció, decreta tres días de luto —29, 30 y 31 de octubre— en señal de duelo. "España está de luto, abraza a sus víctimas y, desde luego, el Gobierno de España y todo el Estado está con las víctimas y también con los familiares de las mismas", proclamó con solemnidad.
España está de luto, abraza a sus víctimas y, desde luego, el Gobierno de España y todo el Estado está con las víctimas y también con los familiares de las mismas", asegura el presidente
La prioridad, dijo, son las víctimas y sus familiares. Pero también reconocer la "extraordinaria profesionalidad" de los servicios de emergencias y Protección Civil y la "extraordinaria colaboración" que ha habido entre todas las instituciones: Gobierno autonómico, Diputación de Toledo, ayuntamientos de Los Yébenes y Urda y la ayuda de otras comunidades y diputaciones que se han volcado para dar una "respuesta pronta a esta tragedia". Pero el segundo objetivo es "esclarecer qué ha sucedido".
Pedro Sánchez: "Si tenemos, como debemos, reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad, se hará" https://t.co/3QG1Ye21Qq
Ahí el presidente quiso ser más incisivo que en otras ocasiones. Además de lo que determine la investigación judicial, también hará lo propio el Ministerio de Transportes a través de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT), el organismo que sucedió en julio a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). "Y vamos a llegar hasta el final. Y si ha habido negligencias, se sabrá. Y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia. Porque es evidente que hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año en la alta velocidad". Lo decía el jefe del Ejecutivo porque desde el principio Transportes achacó el siniestro a un fallo humano, a la orden "inexplicable" que desde del centro de control de Atocha se dio al AVE para que reanudara la marcha a velocidad normal pese a que tenía delante el Iryo detenido y pese a que había una señal roja. Pero a la vez dejaba la puerta abierta a la otra hipótesis, la menos favorable para el Ejecutivo, que la colisión se debiera a un fallo del sistema, porque lo cierto es que el mecanismo de protección LZB cayó primero y eso produjo la detención automática de seis trenes y el paso al control manual".
🔴Pedro Sánchez, sobre el accidente ferroviario de Toledo: "Vamos a llegar hasta el final. Si ha habido negligencias, se sabrá. Se responderá con total contundencia". pic.twitter.com/9GPNf488Zi
Sánchez adelantó que "muy probablemente" el origen de los dos accidentes de tren, el de Adamuz en enero y el de Urda de este miércoles, "nada tiene que ver", aunque eso lo dilucidarán, previno, tanto las pesquisas judiciales como la Autoridad Administrativa Independiente, igual que Renfe y Adif. "Pero lo que está claro es que si tenemos, como debemos, reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad, se hará. Porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido".
Se tomarán todas las medidas oportunas y con total contundencia para reconstruir esa confianza en nuestro sistema de alta velocidad y, por supuesto, para garantizar aún más la seguridad", subraya
Y en consecuencia, añadió, "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas y con total contundencia para reconstruir esa confianza en nuestro sistema de alta velocidad y, por supuesto, para garantizar aún más la seguridad de nuestros conciudadanos que utilicen este servicio". Medidas contundentes, pero no adelantó cuáles.
Habla Emiliano García-Page, presidente de Castilla - La Mancha, en directo desde el Puesto de Mando, en Toledo: "Los últimos datos que tenemos son de 68 fallecidos". pic.twitter.com/FbzTPQcHpM
García-Page, por su parte, informó de que los servicios de emergencia ya han confirmado el fallecimiento de 68 personas. De ellos, 24 eran pasajeros del AVE de Renfe, mientras que el resto, 44, viajaban en el Iryo. Ahora mismo, hay 53 heridos leves en hospitales y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda se atiende solo a cinco personas por heridas leves. El presidente de Castilla-La Mancha agregó que todavía está interviniendo en el lugar de los hechos la titular del juzgado de Orgaz (Toledo) encargada de la investigación del siniestro, por lo que las labores de limpieza no han concluido. Así, podría haber más fallecidos "debajo de algún vagón o en los amasijos de hierros", informa EFE.
Sánchez y Page agradecen la colaboración y coordinación de todas las instituciones. El presidente castellanomanchego informa de que son 68 los fallecidos: 24 del AVE, 44 del Iryo
Page, como después hizo Sánchez, agradeció la coordinación de todas las CCAA y confirmó la movilización de unidades de investigación canina por si pudieran hallarse "víctimas con vida". Durante la tarde-noche de este miércoles continuarán asimismo los trabajos de investigación por si hubiera que rescatar "algún fallecido más".
Es "inexplicable". Óscar Puente y el Gobierno no alcanzan a comprender por qué, una vez caído el sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, un operario del centro de control ferroviario de Atocha dio la orden de reanudación de la marcha del tren AVE de Renfe que impactó con un Iryo detenido a las 8.53 de hoy a la altura de la localidad toledana de Urda. Una orden que no tenía sentido, que fue "a todas luces errónea", que se pudo haber corregido, porque hubo tiempo para hacerlo, y que se adoptó "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación de Urda". Son las coordenadas de un brutal accidente por el que, de momento, no piensa dimitir: "No estoy pensando en mí".
Eran las primeras palabras del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en su primera comparecencia pública, desde el edificio H24 de Adif y seis horas después del terrible siniestro entre Los Yébenes y Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas. Una segunda tragedia ferroviaria en España, muy grave, menos de diez meses después de la de Adamuz (Córdoba), que registró 46 fallecidos.
A las 8.36, un operario decide autorizar al maquinista del AVE que reanude la marcha, y "con normalidad", es decir, a la velocidad máxima que permite el trazado, y no "a la vista", a 40 km/h
Puente trató de explicar qué había ocurrido a primera hora de la mañana en ese tramo de la línea Madrid-Andalucía. Sobre las 8.30, el sistema de seguridad LZB cae "por un fallo de comunicación" de tres ordenadores, en un tramo de 63 kilómetros. En ese momento, colapsado el sistema, se produce la detención automática de todos los trenes —según la primera reconstrucción del ministerio, son seis—. Con todos ellos parados y el LZB caído, el mando recae, como indica el protocolo ferroviario, en el centro de control de Adif 24 horas, en Atocha.
Hace unos minutos ha comparecido el ministro de Transportes Óscar Puente, que ha confirmado que desde el centro de control de Atocha se le dio el visto bueno al AVE para que reanudara la marcha cuando no podía hacerlo. Una orden que ha calificado de "inexplicable y errónea". pic.twitter.com/v5w9RVzKEQ
A las 8.36, un operario decide autorizar al maquinista del AVE que reanude la marcha, y "con normalidad", es decir, a la velocidad máxima que permite el trazado, y no "a la vista", como técnicamente se denomina a una velocidad lenta, de hasta 40 kilómetros por hora. Entre las 8.36 y las 8.53, el AVE recorre 25 kilómetros a una velocidad todavía desconocida pero que podría llegar a ser, señaló Puente, de 200 km/h, pese a que el Iryo que se encontraba un poco más adelante, estaba detenido. Y a las 8.53 se produjo el impacto, cuando el AVE embistió por la cola al Iryo. Esa era la narración, indicó, de un accidente por alcance que es "verdaderamente inverosímil", por lo excepcional y anómalo.
A esta hora comparece ante los medios de comunicación Óscar Puente, ministro de Transportes: "Voy a explicarles la información que tenemos en estos momentos (…) Un accidente por alcance en la red ferroviaria española es un accidente verdaderamente inverosímil". pic.twitter.com/la7NGC5OSZ
La caída del sistema LZB "no es muy frecuente", pero sí se produce "en algunas ocasiones", pero se trata de un mecanismo seguro. Un sistema, incidió Puente, "contrastadísimo", que se utiliza en esa línea de alta velocidad desde el año 1992 y que estaba en proceso de reemplazo por otro, el ERTMS, no porque el LZB "no sea bueno", sino porque "ya no se fabrica". Pero, cuando cae, están "las pautas y los protocolos", y "automáticamente el centro de control asume el mando".
Puente subraya que el problema no está en la caída del LZB, sino en lo que ocurrió en Atocha. El operario de Adif "tenía experiencia" y se le puso "un auxiliar en el momento en que ocurren los hechos"
El problema estuvo ahí, cuando el operario de Adif, que "tenía experiencia" y al que "se le pone un auxiliar en el momento en que ocurren los hechos para que le ayude", toma la decisión, "sin el sistema" repuesto, de que se reanude la marcha y de hacerlo con carácter "normal", y ordenárselo a un tren, el AVE, que tenía otro delante, el Iryo, y con una señal roja. Además, estaba "un supervisor". "Estos son los hechos", subrayó, y la decisión "inexplicable" de retomar la marcha adoptada en Atocha.
Óscar Puente asegura que ha escuchado audios de las comunicaciones entre el centro de control y los trenes y explica cómo se ha producido el accidente ferroviario de Toledo pic.twitter.com/6AR8WEqWru
Lo cierto es que se da la directriz, a las 8.36, hasta el momento del choque mortal, 8.53, discurren 17 minutos en los que no saltan las alarmas, en los que nadie prevé que el impacto se iba a producir. "Es evidente que en el centro de control primero toman la decisión de la reanudación y después tienen un tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resuelven. Eso es lo que sucede", adujo el ministro.
Es evidente que en el centro de control primero toman la decisión de la reanudación y después tienen un tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resuelven. Eso es lo que sucede"
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible
El titular de Transportes contó que durante la mañana se había podido reunir con responsables del centro de control y había podido acceder a la reproducción completa del accidente —lo que en el argot se llama moviola— y a algunas comunicaciones de audio entre el centro de mando y los convoyes afectados. "Hemos comprobado cómo se da la instrucción [de retomar la marcha] a los otros trenes y en una de las ocasiones se da también de manera equivocada y es el maquinista de uno de los trenes el que corrige al centro de control y le dice: 'No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista'. El operario dice: 'Ah, sí, marcha a la vista'. Y eso es lo que hemos escuchado. Es decir, al resto de trenes se les manda que reanuden".
Óscar Puente, ministro de Transportes: "Nosotros hemos escuchado unas grabaciones que se extraen de las comunicaciones. Lo que ha pasado entre lo que se da la salida a ese tren y la colisión, no lo sabemos con precisión.... En fin, no quiero entrar en calificativos" pic.twitter.com/N05cKaxDgS
Pero la clave, sostuvo Puente, está en lo que sucede con el AVE, al que se ordena que siga circulando a velocidad normal pese a tener un tren delante "en el mismo cantón", en el mismo tramo de la vía, cuando eso no podía suceder. "Se tiene un tiempo para corregir esa decisión, a todas luces errónea, y se produce el impacto". Lo que no sabe tampoco Transportes es por qué el Iryo se encontraba detenido. Y por qué nadie reaccionó. "Yo he visto la moviola completa, desde el momento en el que cae el LZB hasta el momento en el que se produce el impacto en tiempo real. No he querido que me lo abrevien, he querido ver qué es lo que se ve en las pantallas, y los trenes están perfectamente ubicados y perfectamente localizados en todo momento".
Óscar Puente sobre la persona que decidió que se reanudara la marcha del tren: "Ni yo ni creo que tampoco el resto del centro ha hablado con esta persona, que ahora está sometida a lo que la investigación determine" pic.twitter.com/xh9soXuinT
El ministro no facilitó datos del operario que pudo cometer el error, y de hecho insistió en que él no atribuye "responsabilidades de momento a nadie", porque eso depende de la investigación. "Lo que he narrado son hechos constatados objetivamente: horas en las que se produce la caída del LZB, horas en las que los trenes se detienen, horas de reanudación de la marcha y las condiciones en las que esa reanudación se produce, y las consecuencias finales [...]. Yo, por prudencia, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la trascendencia que estos hechos pueden tener, creo que debo ser prudente y hacer una narración exclusiva de hechos, nada más". El titular de Transportes agregó que no había hablado con el operario, que está "sometido a lo que la investigación determine".
Óscar Puente, ministro de Transportes, sobre si se plantea dimitir: "En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer esto y no estoy pensando en mí". pic.twitter.com/PF0sVJEl5e
La losa con la que carga Puente es enorme. Dos accidentes ferroviarios mortales y gravísimos en menos de un año. Pero, al menos de momento, no piensa dimitir. Eso contestó cuando se le preguntó, por dos veces, si pensaba renunciar: "En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer esto y tratar de resolverlo. No estoy pensando en mí". "Cómo estoy emocionalmente... pues imagínenselo —añadió—. Mi estado emocional es irrelevante. Lo relevante es el estado emocional de las familias de esa gente que ha fallecido".
Óscar Puente, ministro de Transportes: "Tengo que reiterar que tenemos un sistema ferroviario seguro, homologable al de restos de países de nuestro entorno" pic.twitter.com/YsZlhkLWeI
El ministro remarcó que el sistema ferroviario "es fiable y es seguro, con unos límites, evidentemente, que abarcan los límites del propio material, tanto rodante como de la infraestructura, y los límites de la actuación humana, que también juega su papel".
El riesgo cero no existe, repiten rotundos los expertos, y menos ante un desastre como el causado en la provincia de Valencia por la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 fallecidos, precipitaciones extraordinarias de más de 771 litros por metro cuadrado en apenas horas y caudales superiores a los 2.200 metros cúbicos por segundo —varias veces el caudal del río Ebro—, bajando a toda velocidad por ramblas y barrancos. El resultado fue una gran ola que se llevó todo por delante en la zona cero, un territorio densamente poblado y vulnerable por su alto riesgo de inundación. Después ha habido más danas y episodios de lluvias torrenciales y en todas ellas la población ha revivido el miedo a que una tragedia así se repita. “Queremos un futuro mejor y que los proyectos se hagan. Nos interesa estar en un horizonte seguro”, reivindica Salvador Piqueras, miembro de uno de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), creados tras la dana para dar voz a la población damnificada por la riada.
El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos que le reclamó el pasado viernes. Aunque la Abogacía del Estado cifró en 163.020 personas los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectados por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fuentes del Gobierno señalan que la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres, de los que hay 901 cuyos expedientes acreditan la condición de exilio, que ha sido certificada por los cónsules. Según la orden dictada por el Supremo, solo estos podrán votar en las elecciones del 29-N.
Los graves disturbios del sábado en Barcelona y del lunes en Bilbao, aunque de diferente naturaleza, han servido al PP de combustible para intentar reorientar la campaña electoral del 29-N. Para poner el acento en el orden y la seguridad, dos conceptos fuerza para la derecha. Gobierno y PSOE buscan ejercer la fuerza contraria, devolver la conversación pública adonde estaba en las últimas semanas, en los temas sociales y en los patinazos de los conservadores y de su líder y candidato, Alberto Núñez Feijóo. En una pugna tan polarizada, cuando cada día cuenta, conseguir dominar la agenda es capital para cada bloque. Y hasta ahora el ambiente era favorable a la izquierda.
Los socialistas, empezando por el presidente, Pedro Sánchez, han condenado los actos vandálicos, han insistido en que obviamente no dan ni darán ningún tipo de cobertura a la violencia, pero al tiempo son conscientes de las acusaciones repetidas por parte de PP y Vox. "Era cuestión de tiempo que surgieran cachorros dispuestos a practicar lo que sus mayores justifican. Ya tiene Sánchez su kale borroka. Los neoetarras son hijos de Bildu y Sánchez", afirmaba este martes la número dos de la lista por Madrid del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Una "barbaridad" y una "irresponsabilidad" para el Gobierno, según certificó Elma Saiz, la ministra portavoz.
En la Moncloa explican que no pensaban que sería necesario que el presidente verbalizara su condena de los disturbios, porque "el Gobierno siempre es contundente ante cualquier tipo de violencia"
El PP explotó la ventana de oportunidad que le ofrecieron las horas en las que el presidente guardó silencio después de los altercados del sábado en Barcelona, que acabaron con comercios saqueados y vandalizados y con 130 detenidos (la mitad menores), más de 450 identificados y 15 policías heridos. El domingo sí hubo palabras de condena por parte del president de la Generalitat, Salvador Illa —y un aviso por su parte a los padres de los menores, para que supieran que serán ellos quienes pagarán las consecuencias de los actos de sus hijos—, igual que del alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, pero Sánchez no habló de lo ocurrido el sábado hasta el lunes a las dos de la tarde: "Lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana no es un acto de democracia: es puro vandalismo instigado desde las redes. Hay una investigación en marcha y 128 detenidos que responderán ante la Justicia. Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes".
Lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana no es un acto de democracia: es puro vandalismo instigado desde las redes.
Hay una investigación en marcha y 128 detenidos que responderán ante la justicia.
Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno…
Desde la Moncloa explican que no pensaban que sería necesario que el jefe del Ejecutivo verbalizara su condena de los disturbios, porque "el Gobierno es contundente ante cualquier tipo de violencia. Siempre". "Sin paliativos, sin apellidos", apostillaba este martes la portavoz.
Desde el mismo domingo, horas después de las algaradas en Barcelona, Feijóo apuntó de las mismas al Ejecutivo: "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia"
Pero ya el mismo domingo, pocas horas después de la noche violenta de Barcelona, alentada en redes por la plataforma anómima Blocus, Feijóo responsabilizó de los actos vandálicos al Ejecutivo: "Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia", aseguró. Desde entonces, el nivel de acusaciones ha ido a más.
Tellado cambia su agenda y viaja hasta Bilbao
Porque a los disturbios en la capital catalana siguieron los de este pasado lunes en Bilbao. En este caso, protagonizados por grupos de jóvenes que protestaban por un acto del agitador ultra Vito Quiles finalmente cancelado. Además de mobiliario urbano, también sufrieron daños algunos comercios. Según el balance de la Ertzaintza, fueron detenidas 17 personas, diez de ellas menores, y también se abrieron diligencias como investigada a una más, bajo la acusación de un delito de desórdenes públicos. El episodio de violencia fue condenado por las instituciones y los partidos vascos, pero sirvió al número dos del PP, Miguel Tellado, para cambiar su agenda prevista para este martes y desplazarse hasta la ciudad. La "responsabilidad política" es del Gobierno por "no anticiparse" y "tratar de minimizar" lo ocurrido, sentenció el dirigente popular.
Ahora toca responsabilidad de los responsables políticos. Unos somos responsables, otros con algunas declaraciones no lo son. Lo que no podemos hacer nunca es fomentar el odio y es una barbaridad hacer esas acusaciones", asegura Saiz
Y desde Madrid se pronunció el propio Feijóo, que este miércoles se desplazará a la zona afectada por los disturbios en Barcelona. En el acto de presentación de su lista para las generales del 29-N, afirmó que la seguridad será uno de los ejes de su Gobierno. "A partir del día 30 [de noviembre] habrá orden, lo advierto, seremos implacables con los violentos, con los que queman, con los que saquean y con los que impiden la libertad de los demás, la ley se cumplirá siempre". Su Ejecutivo, insistió, se preocupará por garantizar el orden y la seguridad, porque la paz social es un "tesoro democrático". Y volvió a mirar al Gobierno de Sánchez, ya que quienes "han perdido la calle" ahora quieren "alterarla". "Saben que están perdiendo y cuanto más pierden, más tensión general crean. Eso es lo que está ocurriendo", denunció.
"Ahora toca responsabilidad de los responsables políticos. Creo que estoy siendo muy clara. Unos somos responsables, otros con algunas declaraciones no lo son. Lo que no podemos hacer nunca es fomentar el odio y es una barbaridad hacer esas acusaciones", sentenciaba este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental, Elma Saiz, quien pedía paciencia antes de sacar conclusiones: hay que "dejar trabajar" a los investigadores, tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a Mossos y Ertzaintza, para a partir de ahí emprender acciones. "Como Gobierno, nos preocupa siempre toda violencia y, por supuesto" que Policía y Guardia Civil, junto con los cuerpos autonómicos, trabajan para evitar que se reproduzca "cualquier episodio de violencia". Su comparecencia había comenzado con una nueva condena de las algaradas: "En democracia, la violencia no tiene cabida".
Feijóo "ha traspasado todas las líneas rojas"
Saiz estaba obligada a aplicar la contención en sus respuestas para evitar cualquier reproche de la Junta Electoral Central. Pero el enfado por las acusaciones del PP es bien patente en el Ejecutivo, que considera que Feijóo y su equipo "han traspasado todas las líneas rojas" con unas declaraciones que "se califican por sí solas".
El PP quiere llevar ahí la campaña, pero no se lo vamos a permitir, y creemos que tampoco se lo consentirá la ciudadanía. A la gente le mueve la esperanza y la alegría, no el miedo ni el odio", aseguran desde el Ejecutivo
Pero en la Moncloa interpretan que la estrategia del PP es diáfana: cambiar el clima de la precampaña, hasta ahora favorable a Sánchez y a la izquierda. "Eso es lo que pretenden la derecha y la ultraderecha, modificar el ambiente. Es normal, han llenado tres años de odio y violencia verbal. Han patrocinado el odio, el miedo, la oscuridad y la violencia verbal, y enfrente tienen a un presidente que, como se está viendo en esta precampaña, reivindica la gestión de su Gobierno y traslada alegría, esperanza o baila. El PP quiere llevar ahí la campaña, pero nosotros no se lo vamos a permitir, y creemos que tampoco se lo consentirá la ciudadanía. A la gente le mueve la esperanza y la alegría, no el miedo ni el odio", describen fuentes muy próximas al líder socialista. Desde el mitin de Fuenlabrada, el pasado 17 de octubre, con el icónico beso de Sánchez a su mujer, Begoña Gómez, el PSOE ha patrocinado otro lema paralelo al oficial (La fuerza de la gente), que es La fuerza del amor, eslogan pintado en las camisetas de los mítines.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su mitin este 26 de octubre de 2026 en Gijón, Asturias. En los atriles y pantallas, el lema de precampaña oficial, 'La fuerza de la gente'. En las camisetas, también la de Sánchez, el segundo eslogan: 'La fuerza del amor'. | FLICKR PSOE / EUGENIA MORAGO
En el núcleo más cercano al presidente no creen que estos episodios en Barcelona y Bilbao acaben beneficiando las expectativas de la derecha. "La violencia nunca beneficia a nadie, y por eso pedimos a todo el mundo que ponga de su parte para evitarlo. PP y Vox hacen una exaltación del odio que solo beneficia a los violentos. Nosotros confiamos en el ciudadano, porque a nadie le gusta la violencia, y la posición del Gobierno es la de condena absoluta de la violencia, defensa del civismo, de los derechos humanos... y enfrente solo tenemos odio, crispación y violencia verbal". Desde el Ejecutivo insisten en reclamar "contención" a las derechas, por una cuestión de "responsabilidad institucional", y advierten de que no se pueden mezclar estos altercados concretos que se han visto en los últimos días con las "justas reivindicaciones" por la vivienda que han discurrido de manera pacífica y que han justificado el adelanto electoral.
En el Gobierno creen que no cabe poner en duda su capacidad para controlar el orden: "No es para nosotros un reto. Está en nuestro día a día mantener la seguridad de los ciudadanos"
Una confusión, siguen en el Ejecutivo, que han alimentado PP y Vox, como si ambos hechos fueran lo mismo, cuando los disturbios vividos en Barcelona y Bilbao son "fenómenos puntuales". Tampoco creen en el Gobierno que basten para poner en duda la capacidad para garantizar el orden público: "Es que no es esto para nosotros un reto. Está en nuestro día a día mantener la seguridad de los ciudadanos y el Gobierno trabaja para asegurarla". ¿Cambia algo la previsión ante la huelga general del 11 de noviembre? "Para nada. Nuestra perspectiva sobre ella no se modifica en absoluto", responden en la Moncloa.
"No le viene bien"
El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía, en un encuentro en el Club Siglo XXI de Madrid, que la derecha está "desesperada por girar la campaña" hacia los disturbios de estos días. Hasta ahora, recordó, los debates que se han abierto han sido sobre asuntos como las bajas laborales o la vivienda, y "no por culpa de la izquierda". Los socialistas han sentido como un regalo las meteduras de pata de Feijóo al avisar de que habrá "sacrificios", que recortará el derecho al aborto, que solo se subirá el salario mínimo si hay acuerdo con la patronal. O que se definiese como feminista por el hecho de haberse criado entre mujeres.
Puente advierte de que aún no se sabe quién está detrás de estos altercados. "No creo que la violencia sea la solución de nada, y menos en un país democrático con unas elecciones el 29-N", apunta
Para Puente, la derecha ha pensado que el hecho de que la conversación pública girara sobre esos temas "no le viene bien", por lo que buscar que el debate se reoriente hacia los altercados que se han visto en España, semejantes a los de otros puntos de Europa. "Yo no sé quién está detrás, solo sé quién pretende aprovecharlo o a quién puede beneficiar", opinó tras ser preguntado quién puede estar detrás de los actos de vandalismo. El ministro también condenó los disturbios: "No creo que la violencia sea la solución de nada, y menos en un país democrático en el que además tenemos unas elecciones el día 29 de noviembre", y añadió que quien "no esté a gusto" puede "introducir la papeleta en la urna" para expresar con su voto "qué país quiere", informa Europa Press.
"Por supuesto que la violencia es muy utilizable por la derecha", conviene una integrante de la ejecutiva federal del PSOE y del comité electoral, "pero creo que podremos hacer frente bien a estos disturbios que se están investigando". "La violencia nos preocupa, y también su banalización y que se endose la responsabilidad a quienes no la tenemos —valora igualmente otra fuente de Ferraz—. Es un tema muy serio como para jugar con ello". Por el momento, se trata de episodios aislados y cortos, pero la violencia que tomó las calles de Cataluña a raíz de la sentencia del procéscontaminó la campaña de las elecciones de noviembre de 2019, comicios repetidos en los que el PSOE ambicionaba aumentar su representación para no depender de Unidas Podemos. Pero fracasó. En aquel momento, las algaradas se prolongaron días y días.
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Aún quedaba un coletazo por la confección de las candidaturas socialistas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Era el malestar del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por no haber sido incluido en ellas. Su enfado era muy conocido en la federación, y le ha llevado finalmente a dimitir de su cargo, el que ocupaba desde marzo de 2023, en señal de protesta. Un golpe imprevisto al Ejecutivo y al propio presidente y candidato, Pedro Sánchez, a escasas cinco semanas de las urnas y en un territorio clave, Madrid, todavía con la acampada por la vivienda en Sol activa y con una guerra siempre abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Ahora, la vacante del delegado será ocupada a partir de este martes, cuando el Consejo de Ministros proceda a su nombramiento, por la actual subdelegada, Pilar Trinidad Núñez.
La renuncia de Fran Martín Aguirre (Madrid, 1981), adelantada por el diario El País y confirmada a este periódico por fuentes de su entorno, hay que conectarla, necesariamente, con las primarias del pasado verano para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid entre la portavoz municipal, la exministra Reyes Maroto, y la concejala Enma López. Martín apoyó a esta última, a Enma López, aunque no de manera pública, y movilizó a cargos de la Delegación y de Ferraz a su favor. Un gesto que no pasó desapercibido para nadie. Maroto salió vencedora, por apenas un 55,41% de los votos, en un proceso muy divisivo en una federación históricamente muy problemática.
Respaldar a López era, en aquel momento, una operación de riesgo, porque ella había desafiado a Sánchez: había lanzado su candidatura a dos días de un difícil comité federal, antes incluso de que se lanzara formalmente el proceso de primarias. Ese gesto irritó mucho en Ferraz: la edil era miembro de la ejecutiva federal, portavoz adjunta de la dirección. El núcleo duro del presidente le hizo ver que tenía que dejar sus cargos y ella salió de la cúpula para emprender su carrera interna. No contaba con el apoyo de los aparatos locales ni, por supuesto, de la dirección regional que comanda el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Ella tenía a su favor el sostén de algunos cargos como los concejales Antonio Giraldo o Emilia Martínez, y también tenía de su lado el impulso y la influencia del delegado del Gobierno y de su equipo.
Ha jugado en contra de Martín Aguirre su apoyo a Enma López como candidata a las primarias en Madrid frente a Reyes Maroto, la elegida por Sánchez. Él se quedó fuera de las candidaturas para el Congreso o el Senado, a las que quería entrar
Aquella batalla interna del pasado (muy reciente) explica, como ya advertían en el entorno de Martín Aguirre hace unos días, la decisión del ahora. El delegado no entró en las listas ni del Congreso ni del Senado de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y él quería entrar en ellas, y lo había hecho saber. Pero quedó fuera. El malestar era muy evidente, se publicó en varios medios, entre ellos este. Y ese cabreo ha derivado finalmente en su imprevista dimisión. Él entendía que necesitaba también la protección que le confiere un escaño en las Cortes —aforamiento ante el Tribunal Supremo— cuando Vox ya anunció la interposición de una querella contra él por permitir la acampada en Sol y cuando el PP madrileño estudia interponer igualmente acciones legales contra él.
El hasta ahora delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Fran Martín Aguirre, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante un minuto de silencio frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el pasado 15 de septiembre de 2026, por el asesinato de una mujer de 88 años presuntamente por su cónyuge. | EUROPA PRESS / DIEGO RADAMÉS
Martín Aguirre hacía valer tanto el apoyo de las bases, manifestado en las asambleas locales, y el hedho de que seis delegados del Gobierno —los de Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura— sí se habían incorporado a puestos de salida del 29-N: Pilar Bernabé, como uno por Valencia al Congreso; Carlos Prieto, como siete por Barcelona; Pedro Fernández, como cabeza de cartel por Granada; Fernando Beltrán, como uno por Zaragoza; Adriana Lastra, como uno por Asturias, y José Luis Quintanacomo uno (y no tres, como inicialmente se previó) por Badajoz, aunque en su caso para el Senado. Además, ocho subdelegados se integraron en las candidaturas. Todos ellos fueron cesados formalmente la semana pasada para poder formar parte de las listas del 29-N.
La lista de Madrid al Congreso va preñada de cargos: tras Sánchez, los ministros Bolaños y Marlaska, y después Rafa Simancas, Borja Cabezón, Vicente Montávez y Víctor Gutiérrez
La lista de Madrid, siempre muy cotizada, iba también de cara al 29-N apretada. Preñada de cargos y miembros del partido de la confianza plena del presidente, que la encabeza. Al tratarse, como impone la ley, de una candidatura cremallera, en la que se alternan hombres y mujeres, los puestos de ellos son los impares. Tras Sánchez, de uno, le seguían, de tres, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños —padrino político de Fran Martín—; de cinco, el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de siete, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y exlíder de los socialistas madrileños, Rafa Simancas; de nueve, el miembro de la dirección federal Borja Cabezón; de 11, el secretario general de Puente de Vallecas, Vicente Montávez, y de 13, el dirigente federal Víctor Gutiérrez.
En las generales de 2023, el PSOE obtuvo 10 diputados. El undécimo escaño se le escapó con el recuento del voto exterior, que acabó asignándoselo al PP. En los comicios del 29-N, los socialistas confían en repetir resultado o incluso crecer, aprovechando que se reparte un asiento más, 38 en total. En el caso del Senado, la dirección regional relevó a José Manuel Franco, secretario general del PSOE-M entre 2017 y 2021, y situó como nuevo cabeza de lista a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, número dos de Óscar López en el ministerio (ya había sido también su dos en el Gabinete del presidente en la Moncloa) y dirigente también de la total confianza de Sánchez. Hernando había concurrido en 2023 como cabeza de cartel por Almería, plaza que ahora ocupa la dirigente federal Anabel Mateos, que es también su pareja.
Martín dimite por tanto del cargo de delegado del Gobierno, al que accedió en marzo de 2023, por su disconformidad con las listas. Por haber sido excluido de ellas, tal y como reconocen en su entorno más próximo. Un castigo, el quedar fuera del 29-N, que él siempre achacó a su apoyo a Enma López en las primarias. La concejala le despidió con un mensaje de afecto en X: "Gracias, Fran, por todos estos años de buen trabajo, compromiso y entrega. Madrid pierde a un gran servidor público".
En el PSOE-M, hay dirigentes que señalan la "irresponsabilidad" de Martín, por irse a cinco semanas de las generales: "No estaba a la altura del cargo que ejercía", apunta un cargo madrileño
En el PSOE-M, sin embargo, varios cargos acusan a Martín de "irresponsabilidad". Por dejar su puesto a cinco semanas de unas generales en las que Sánchez se juega la reelección y que se presentan muy adversas para el PSOE, según todas las encuestas publicadas hasta ahora, excepción hecha del CIS.
"Es que se va quien tiene que organizar las elecciones aquí en Madrid, y eso es una gran irresponsabilidad. Y queda fatal al reconocer que se va por las listas. Eso demuestra que no estaba a la altura del cargo que ejercía. Es que no te puedes ir por esto", señala un relevante cargo de la federación. Un dirigente que recuerda, además, que la renuncia de Martín Aguirre "deja mal" a su mentor político, el ministro Félix Bolaños, porque había apostado por él, igual que en su día abogó, añade este mismo cargo, por Juan Lobato como secretario general de los socialistas madrileños y hoy convertido en una voz muy crítica con Sánchez. "Lo que ha hecho Fran es un sinsentido. Si quieres, te vas más tarde, cuando pasen las elecciones, pero no ahora", concluye. "Está claro que un poco irresponsable sí que es", se queja otro conocido responsable que sabe muy bien cómo respira el partido en Madrid.
El hasta ahora delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Fran Martín Aguirre, atendiendo a los medios tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios el pasado 6 de agosto de 2026, en Madrid. | EUROPA PRESS / MATEO LANZUELA
Un mando de la Moncloa advierte de que en política las elecciones personales "tienen sus consecuencias": "Uno tiene la libertad de elegir, y Fran lo hizo por Enma, pero otros también tienen su libertad para elegirte a ti. Y si él fue en contra de la voluntad del presidente en un tema que es algo menor, como las primarias en Madrid, ¿cómo esperas que confíe en ti para algo mayor, como es su lista de las generales?". "Lamento la decisión porque estaba haciendo un gran trabajo desde la Delegación, aunque la respeto —apunta una relevante dirigente y candidata muy conectada con la Moncloa—. Pero no creo que sea el momento, tanto por las elecciones como por la situación en la que está Madrid, con muchas movilizaciones como la huelga general y la acampada de Sol. Fran ha gestionado con eficacia temas complejos y ahora esa experiencia en la Delegación es muy necesaria".
Martín Aguirre (Madrid, 1981) se va cuando la acampada en Sol ya ha cumplido un mes de vida, aunque podría irse desmantelando en las próximas jornadas, y a escasos días de la huelga general convocada por los sindicatos —el 11 de noviembre—, y del arranque de la campaña —el viernes 13—. También la tensión política y social ha ido a más en Madrid. Para empezar, las relaciones con Ayuso y Almeida son siempre foco de disputa. Y las calles están caldeadas: el pasado 14 de octubre, la Policía respondió con fuertes cargas en la Universidad Complutense en el arranque de la huelga indefinida de profesores, una intervención que el propio delegado consideró "no justificada" y "desproporcionada" y por la que abrió una investigación interna. Los sindicatos policiales se echaron encima de él.
Martín se va cuando la acampada en Sol ha cumplido un mes de vida y con una huelga general y unas elecciones a solo unos días. Él había crecido en estos años en sus choques frente a Ayuso
Para algunos responsables del PSOE-M, el "descontrol" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dejaba de ser un problema. "Pero es que Fran estaba más en su carrera política que en controlar a los agentes", "él ha abierto varias investigaciones por actuaciones de la Policía, pero no hemos visto conclusiones de ninguna de ellas", sentencian dos cargos. Algunos dirigentes madrileños se reconocen "sorprendidos" por la decisión de Martín, y no alcanzan a comprender qué gana dejando su puesto ahora mismo y visibilizando la razón de su malestar: "No gana nada. Pero el hígado es visceral, ni racional ni pragmático. Pero él está muy dolido. No le encuentro explicación a lo que ha hecho. Ha querido exteriorizar su enfado. No obstante, esto no mueve la aguja del 29-N, en esto reparamos solo los que estamos dentro", señala un veterano que se conoce bien la fontanería del PSOE-M.
Martín, ingeniero de Montes desde 2007 por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA en Comercio Internacional por ICEX-CECO, había ido subiendo peldaños en la política básicamente de la mano de Sánchez, al que apoyó en los momentos más duros. En 2017 presidió Bancal de Rosas, la plataforma de micromecenazgo que canalizó las donaciones hacia su candidatura de primarias frente a Susana Díaz y Patxi López y, con su victoria, pasó a convertirse en director de Administración y Finanzas del PSOE. Y ya con Sánchez como presidente, saltó a la Moncloa, primero como director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (junio 2018 a enero 2020) y luego como director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (enero 2020 a julio 2021), siempre a las órdenes de Bolaños. Y cuando este fue ascendido a ministro en julio de 2021, heredó su cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno, hasta que en marzo de 2023 fue promocionado a delegado del Gobierno en Madrid. Desde entonces ha chocado en múltiples ocasiones con Ayuso y Almeida, actuaba de facto, con el beneplácito de la Moncloa y de Ferraz, como la oposición a la presidenta regional, sobre todo en los tiempos en que quien dirigía la federación era Juan Lobato, partidario del entendimiento con ella y no de la confrontación. El perfil político del delegado había crecido mucho en estos años, y su nombre se barajó incluso para las candidaturas al Ayuntamiento y la Comunidad.
La subdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Pilar Trinidad Núñez, durante un minuto de silencio por los feminicidios por presunta violencia de género de dos mujeres en Asturias y Murcia, el pasado 7 de agosto de 2026, en Madrid. Trinidad será a partir de ahora la nueva delegada en Madrid. | EUROPA PRESS / FERNANDO SÁNCHEZ
A Martín Aguirre le sustituirá, a partir del próximo martes, quien ha sido su número dos, Pilar Trinidad Núñez, subdelegada del Gobierno en Madrid desde diciembre de 2023. Ella tiene un perfil eminentemente técnico: es doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura, con premio extraordinario de Doctorado en 2001, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), y fue secretaria general de esta universidad desde el 16 de abril de 2021 hasta su nombramiento como subdelegada en Madrid. En la URJC fue también vicerrectora de Relaciones Internacionales (2019-2021), y jefa de la Inspección de Servicios (2018-2019).
Pilar Trinidad Núñez, subdelegada en Madrid desde diciembre de 2023, tiene un perfil muy distinto, eminentemente técnico: es doctora en Derecho y profesora de Derecho en la Rey Juan Carlos
Trinidad también ha sido profesora invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México (EEUU) en 2015 y 2017 y en la Universidad de la República de Uruguay (2017-2022). Y ha impartido docencia en numerosas universidades del Espacio Iberoamericano (Universidad de La Habana, Universidad de Medellín en Colombia, Flacso en Ecuador o Universidad General San Martín en Argentina, entre otras). También fue consejera técnica —asesora jurídica— en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España entre 2005 y 2009 y consejera técnica en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, en la Subdirección de Relaciones con las Confesiones Religiosas (2018-2019).
El ascenso de la subdelegada lanza una señal, por tanto, de continuidad en un cargo especialmente sensible. Un nombramiento obligado para Sánchez tras la salida no programada de un dirigente, Fran Martín Aguirre, que había ido creciendo políticamente en los los últimos años como fuerza de choque visible frente a Ayuso y que ahora pasa a la retaguardia. Quizá, especulan algunos en la federación, para esperar la página del postsanchismo.
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