Capitão foi chamado para os jogos com Dinamarca e País de Gales, na Liga das Nações

Empresa norte-americana de IA vai entrar em bolsa, mas investidores não terão poder de decisão: quem comprar ações tem de aceitar qualquer rumo que a Anthropic seguir. A Anthropic prepara-se para entrar em bolsa nas próximas semanas, mas os novos acionistas terão pouca (ou nenhuma) influência sobre as decisões da empresa. O controlo da gigante da inteligência artificial continuará concentrado num pequeno grupo de fundadores e num fundo fiduciário, segundo o documento S-1 divulgado pela empresa e apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) antes de lançada uma Oferta Pública Inicial (IPO). Sete fundadores, incluindo o diretor-executivo

O índice de Small Caps, que engloba as empresas com menor capitalização de mercado na B3, marcou queda de 26,9% no fechamento de desta segunda-feira (26). 

O resultado reflete a aversão ao risco dos investidores após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa à Presidência da República, neste domingo (25).  

O Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, encerrou a sessão com perda de 13,8%, aos 176.608 pontos – o pior desempenho desde a pandemia da Covid-19, em 2020.  

O índice de Small Caps vinha em um movimento de alta após o resultado do 1º turno, quando valorizou 10% após o início do pregão da B3.  

As small caps são empresas listadas na Bolsa de Valores que são consideradas com baixo valor de mercado. Essa categoria apresenta menor liquidez e um volume menor de  negócios por dia.  

As small caps tendem também a serem mais voláteis que as empresas de grande porte.  

Por se tratarem de empresas em crescimento, as small caps podem apresentar um potencial de retorno acima das outras empresas já consolidadas. Mas, também oferecem o risco de não se desenvolverem e acabarem quebrando.  

O índice de small caps da B3 trata-se de um indicador de desempenho médio das cotações das empresas. Atualmente, o índice conta com empresas como Alpargatas, Brava, Copasa e Minerva. 

A Inteligência Artificial já está a mudar a forma como as empresas trabalham. É precisamente o impacto desta transformação que a CEAL – Confederação dos Empresários do Algarve vai colocar em debate no próximo dia 5 de novembro, em mais um Jantar -Debate dirigido ao tecido empresarial da região. Sob o tema “A Inteligência Artificial […]

As organizações sindicais consideram que a decisão de serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral coloca em causa a segurança de utentes e trabalhadores.

Segundo a comissão de trabalhadores, "com o fim do negócio, a Galp mantém-se como uma empresa integrada, da refinação à distribuição, e continua a ser uma peça central da soberania energética do país".

Cálculo varia de município para município e pode estar desatualizado, avisa Deco Proteste. A editora Deco Proteste alertou que alguns proprietários podem estar a pagar mais IMI do que deveriam, quando o valor patrimonial do imóvel não reflete a evolução de determinados fatores usados no cálculo do tributo. “O valor do IMI é calculado com base no valor patrimonial tributário (VPT) do imóvel, mas varia de município para município. No entanto, alguns dos elementos utilizados neste cálculo não são atualizados automaticamente pela Autoridade Tributária, o que significa que o imposto cobrado ainda pode ser superior ao que resultaria de uma

La Comunidad de Madrid ha seleccionado a nueve empresas emergentes de la región para facilitar su participación en el congreso NATO Edge 2026, uno de los foros internacionales de referencia sobre innovación y transformación digital en materia de defensa. El evento, organizado por la Alianza Atlántica, se celebrará entre el 17 y el 19 de noviembre en la ciudad de İzmir (Turquía) y servirá de escaparate para las soluciones tecnológicas más punteras desarrolladas en el territorio madrileño.

El respaldo institucional se formalizó en un encuentro de trabajo en el Centro Digitaliza Madrid, presidido por el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde. Durante la cita, el consejero subrayó que estas compañías representan el talento innovador y el músculo técnico regional, incidiendo en el compromiso autonómico de acompañarlas para competir en foros clave y consolidar nuevas alianzas estratégicas.

La participación autonómica contempla un incentivo económico decisivo que reduce las barreras de entrada: las seleccionadas abonarán una tarifa de 950 euros más IVA, frente al coste general de 6.000 euros. Esta bonificación permitirá a las firmas madrileñas exhibir sus capacidades, profundizar en las necesidades operativas de la Alianza y concertar reuniones directas con técnicos de la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA), clientes potenciales y socios de la industria.

El grupo de empresas elegidas está compuesto por Mumken, X Reality Factory (XRF), Nanostine, Secur0, Stormbringer AI, Fossa Systems, Hydra Space, MG Sentinel y Thalanor Dynamics. Sus actividades abarcan sectores de vanguardia como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las telecomunicaciones blindadas, los sistemas autónomos, la nanotecnología, los materiales avanzados y la industria espacial.

Durante la jornada en la capital, los portavoces de las compañías conocieron en detalle las oportunidades comerciales del organismo y las pautas para licitar en sus procesos de contratación. Asimismo, se abordaron los instrumentos enfocados en proyectos de doble uso, diseñados para tener recorrido tanto en el ámbito civil como en el militar.

A través de esta iniciativa, la región busca posicionar su tejido productivo en el mercado defensivo internacional y proyectar el ecosistema madrileño ante los aliados. La cita turca brindará a estas nueve compañías una plataforma para cerrar acuerdos, explorar sinergias y acelerar su expansión en el plano global.

Moeve y la portuguesa Galp han puesto fin a sus negociaciones para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica mediante la fusión de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio ('downstream'), cerrando así la puerta a llevar a buen puerto el acuerdo no vinculante que habían alcanzado el pasado mes de enero para explorar esa posibilidad.

En un comunicado conjunto, ambas compañías indicaron que "no alcanzaron unos términos definitivos que cumplieran sus respectivos criterios estratégicos y financieros para respaldar una alianza duradera y generadora de valor".

Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la crisis energética internacional desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo a finales de febrero, así como la volatilidad de los mercados que ha provocado en los mercados ha impedido llevar a ese buen puerto finalmente una operación que ya de por si era compleja y que el escenario en los últimos meses ha hecho más complicada aún.

Hay que recordar que Moeve y Galp anunciaron a principios de año, antes de iniciarse la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que habían alcanzado un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios de 'downstream'.

Inicialmente, ambos grupos se habían dado de tiempo para llevar a buen fin esas negociaciones hasta mediados de año, aunque ya en julio decidieron por alargar el plazo de las conversaciones durante el segundo semestre de 2026.

En concreto, la operación consistía en la creación de dos plataformas complementarias energéticas europeas; una industrial, denominada IndustrialCo, y que se focalizaría en los negocios de refino, química, 'trading', moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes B2B; y otra de movilidad que se centraría en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas y de movilidad, y que impulsaría a su vez el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación, denominada RetailCo.

Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrían el control de la plataforma industrial (IndustrialCo), con un 80%, mientras que Galp mantendría una participación superior al 20%, y en la que se agruparía las refinerías españolas de Cádiz y Huelva y la refinería de Sines de la petrolera lusa.

Por otro lado, los actuales accionistas de Moeve y Galp se repartirían al 50% el control la otra plataforma, RetailCo. La combinación propuesta excluía otros negocios de Galp, como 'upstream' (exploración y producción), Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.

De hecho, esa pérdida de control de la refinería de Sines por la portuguesa habían levantado la preocupación también por parte del Gobierno luso sobre la operación, que había afirmado que haría todo lo posible para proteger en la fusión los intereses estratégicos de ese activo para el país.

Estrategia 'Positive Motion'

De esta manera, tras no poder culminar la integración entre los dos grupos, Moeve indicó que seguirá plenamente centrada en ejecutar su estrategia 'Positive Motion' a 2030, dando un especial protagonismo a las moléculas verdes.

"'Positive Motion' siempre ha sido una estrategia independiente. La posible combinación del negocio de downstream con Galp representaba una oportunidad para acelerar la creación de valor, pero nunca fue una condición para su ejecución. Tras extensas conversaciones, no fue posible alcanzar un acuerdo comercial con Galp". indicó el consejero delegado del grupo, Maarten Wetselaar.

Así, subrayó que la compañía sigue "plenamente centrados en ejecutar su transformación con disciplina financiera y en generar valor sostenible a largo plazo".

De hecho, en los últimos meses, el grupo ha acelerado esta estrategia con el inicio la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa para la producción de energía, con una capacidad inicial de 300 megavatios (MW) y una inversión superior a 1.000 millones de euros; o está a punto de completar el mayor complejo de biocombustibles de segunda generación (2G) del sur de Europa, que representa una inversión de 1.200 millones de euros y cuya entrada en operación está prevista para 2027.

En este sentido, Moeve ya ha desinvertido más del 70% de sus activos de exploración y producción ('upstream') de petróleo y destina dos tercios de sus inversiones a proyectos de transición energética industrial.

Además, el grupo presentó recientemente su nuevo modelo operativo con el fin de acelerar la ejecución de la estrategia 'Positive Motion' y construir una organización más ágil y eficiente, que representa el siguiente paso de su transformación, caracterizada por una ejecución industrial de primer nivel y un enfoque de mercado centrado en el cliente.

O novo ID da Volkswagen vai ter o nome do seu SUV mais vendido de sempre. O ID. Tiguan elétrico recupera os botões e puxadores físicos que o ID.4 tinha abandonado, promete até 599 km de autonomia e parte dos 42.695 euros. A Volkswagen desligou a ficha aos modelos ID.4/ID.5 e substituiu-os por um SUV elétrico compacto chamado ID. Tiguan. Esse nome diz alguma coisa? Devia. O Tiguan original vendeu perto de 9 milhões de unidades em todo o mundo, o que deixa o novo modelo elétrico sob pressão. Quanto ao ID.4 e ao ID.5 que vem substituir, venderam mais

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Han pasado 640 días desde que Donald Trump prestó juramento en el Capitolio en un discurso grandilocuente en el que proclamó: “La Edad de Oro de Estados Unidos comienza justo ahora. A partir de hoy, nuestro país prosperará y volverá a ser respetado en todo el mundo”. Casi dos años después, si los sondeos no fallan, está a punto de sufrir una histórica derrota en las elecciones de medio mandato que se celebran el próximo 3 de noviembre debido al descontento de las familias estadounidenses sobre la situación económica. La inflación, los aranceles y la guerra contra Irán explican la gran decepción que se extiende desde una costa a otra de Estados Unidos. Un sentimiento que ha contagiado a las zonas rurales del Medio Oeste y el Sur del país, donde los demócratas no gobiernan desde hace casi un siglo, como Kansas o Mississippi. El malestar de los estadounidenses con la situación económica contrasta con las grandes cifras que sitúan al país como una de las potencias que más crece.

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El motor de la IA, entre el riesgo de burbuja y un nuevo paradigma

La inteligencia artificial está protagonizando la mayor revolución económica de la historia. Nunca se había destinado tanto dinero en tan poco tiempo a desarrollar una nueva industria, ni siquiera en la revolución del ferrocarril de finales del siglo XIX o en la era de la burbuja de las puntocom. La inversión estimada que los grandes laboratorios de IA hasta 2032 ascenderá a 10,3 billones de dólares, una cantidad que representa el 3,6% del PIB, según un reciente estudio del Stijn van Nieuwerburgh, publicado por la Brookings Institution.

El Mapa de Centros de Datos de Estados Unidos, que recopila la información sobre esta actividad, tiene registrados 5098 instalaciones y proyectos en el país: 3172 operativos, 400 en construcción y 1199 planificados, con una capacidad de 395,1 GW. Se prevé que solo este año, la inversión en IA alcance en Estados Unidos el 1,9 % del PIB, según estimaciones de Goldman Sachs.

El sector está teniendo un impacto evidente en la economía, pero también ha provocado malestar social por los efectos nocivos que suponen estas instalaciones. “La mayor parte del gasto de capital, que este año podría alcanzar los 800.000 millones de dólares, va destinada a la construcción de enormes centros de datos”, remarca Jared Franz, economista de Capital Group. “Este nivel de inversión ofrece un fuerte impulso a la economía estadounidense. De hecho, creo que no estamos valorando en su justa medida el impacto que podría tener el auge de la inteligencia artificial”.

Franz cree que se podría estar infravalorando el crecimiento del PIB entre 0,5 y 1 punto porcentual. Las grandes compañías están inmersas en una alocada carrera de inversiones, que está llevando a la industria a protagonizar algunas a Bolsa más rimbombantes de la historia. Los analistas empiezan a hablar del riesgo de burbuja, con un ecosistema de empresas endeudadas y con estrechos vínculos entre ellas.

Las autoridades, sin embargo, tienen depositadas muchas esperanzas en los robustos aumentos de productividad que supondrá la inteligencia artificial cuando la industria esté plenamente desarrollada.

© KENT NISHIMURA (AFP / GETTY IMAGES) (EL PAÍS)

O barulho contínuo e surdo das máquinas pesadas, que giram sem parar, e os estampidos metálicos das roldanas e bobines, espalhadas por toda a fábrica, são música na nossa vida. É da matéria que aqui se cria que nasce o sublime: fios quase invisíveis que nos conectam uns aos outros, sem conhecerem limites ou fronteiras; que conduzem a nossa vida sem darmos por eles, e nos permitem ser mais rápidos, mais ágeis, melhores. 

A NKT, grupo industrial dinamarquês líder no fabrico e instalação de cabos de energia – que em 2024 adquiriu a antiga SolidAl, em Esposende, fundada em 1968 – deu mais um passo no seu programa de investimento com a inauguração, no passado dia 20 de outubro, de uma nova ala que veio reforçar a capacidade e o desempenho da empresa na resposta às crescentes necessidades das redes elétricas europeias.

“Este é um marco importante na história desta unidade industrial, que tem uma grande importância regional e nacional. É com muito orgulho que olhamos para o caminho percorrido até aqui e para o crescimento que já foi alcançado”, afirmou Dinis Pinto, vice-presidente de operações da NKT, durante o seu discurso de inauguração, seguro de que o futuro da empresa se pautará por mais oportunidades de emprego qualificado, mais inovação e mais “confiança nas pessoas e na região”. 

50 milhões de euros, 150 novos postos de trabalho

Com um investimento global de 50 milhões de euros, a capacidade da fábrica vai aumentar cerca de 50% e vai possibilitar a criação de 150 novos postos de trabalho.

“Nós, neste momento, produzimos quase 30 mil toneladas, vamos aumentar para cerca de 50 mil”, refere Dinis Pinto.

“É uma expansão que permite acompanhar a transição energética que está a acontecer, especialmente na Europa. É um investimento necessário para que as redes se tornem mais resilientes e aguentem toda a necessidade de energia que está agora a aparecer, como os data centers, por exemplo, que são consumidores de uma enorme quantidade de energia. Por isso, nós, com esta expansão, temos a oportunidade de acompanhar essa evolução das necessidades do mercado”.

A unidade de Esposende, com mais de 50 anos de experiência na produção de cabos de energia e soluções integradas para a transmissão e distribuição de energia, especializa-se na produção de cabos de média e alta tensão até 225 kV, bem como em soluções de baixa tensão e condutores em alumínio e ACSR. 

Os milhares de quilómetros de fios e cabos elétricos que todos os dias são produzidos e saem das suas instalações, já chegaram a mais de 40 países, ligando pessoas e comunidades, gerando energia em fábricas e indústrias e fazendo funcionar fontes de energia renovável em todo o mundo.

Esta é, na verdade, uma das grandes preocupações da NKT: o desenvolvimento de soluções energéticas que apoiam a transição para um futuro mais sustentável. A outra, são as pessoas.

Mão de obra qualificada, séria e competente

“Juntos conectamo-nos a um mundo mais verde”, atirou Michael Hjorth, CCO da NKT, durante a cerimónia de apresentação, impressionado com o facto de 75% da eletricidade produzida em Portugal Continental ter origem em fontes renováveis.

“Tanto caminho percorrido em tão pouco tempo. Antigamente, a SolidAl e NKT eram empresas concorrentes e competiam uma contra a outra, mas agora estão juntas. Aqui, vimos potencial para construir algo ainda maior”, disse, reforçando o compromisso de longo prazo da NKT com Portugal, valorizando a tradição industrial existente na unidade.

Aproveitou e elogiou também a “forma de trabalho muito educada e competente” dos trabalhadores locais. São eles o coração da empresa, músculo que gera energia. E são eles que estão também no topo das prioridades.

Por todo o lado há avisos e normas de segurança, vestem-se equipamentos de proteção individual adequados às funções e, num ecrã, mesmo ao lado de um parque de bobines trefiladas, é possível ler um orgulhoso aviso: 292 dias sem acidentes.

A fábrica de Esposende, parte essencial da rede de produção europeia da empresa dinamarquesa, conta, atualmente, com 580 colaboradores mas, em breve, serão muitos mais.

“A expansão que hoje inauguramos representa o crescimento de uma unidade industrial que tem confiança num projeto sólido e inovador, em que há confiança nas pessoas e em Esposende para atrair investimento. Esta é uma empresa que cria emprego, gera riqueza e melhora a qualidade de vida das pessoas, e que tem um impacto real no território”, avança Carlos Silva, presidente da Câmara Municipal de Esposende.

“E isso é o melhor programa social que se pode apresentar. Mais do que atribuir subsídios, é fazer com que todos tenham um emprego digno, com o qual possam fazer face às suas despesas do dia a dia e criar as suas famílias em tranquilidade”, sublinhou o autarca.

Através da sua mão de obra qualificada e de um trabalho desenvolvido em equipa; do apurado conhecimento técnico e da avançada tecnologia que investe em materiais de qualidade; das novas instalações bem equipadas e de um forte sentido ético que aposta em políticas de sustentabilidade, a NKT projeta o território muito além das fronteiras.

E dá a volta ao mundo conectando-nos de mil e uma formas – que apesar de quase invisíveis, estão sempre lá.

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O split payment previsto na reforma tributária terá pouco impacto no caixa das empresas brasileiras e pode ajudar a reduzir a alíquota dos novos impostos, segundo economistas ouvidos pela Folha.

Eles utilizam como base dados sobre prazos de pagamento nas operações entre duas empresas. Essa questão é fundamental para definir quando haverá ou não o recolhimento antecipado dos novos tributos na liquidação financeira da operação.

O split se tornou tema da campanha eleitoral, e a entrada em vigor está prevista para o segundo semestre de 2027. Seu uso será opcional e somente em transações entre empresas.Split payment terá pouco impacto no caixa das empresas

A ferramenta garante que os tributos pagos pelo comprador sejam recolhidos e devolvidos a ele na forma de um crédito.

Prazo de pagamento limita impacto do split payment

O economista Gustavo Madi, responsável na consultoria LCA por estudos na área de tributação, afirma que a maior parte das operações entre pessoas jurídicas (B2B) tem prazo de pagamento ao fornecedor acima de 60 dias, ou seja, superior ao vencimento do tributo último dia útil do mês seguinte à venda.

“Se o pagamento da fatura é posterior ao vencimento do tributo, o split não tem nenhum papel, porque o fornecedor já terá feito o desembolso do imposto antes de receber o dinheiro, tal como é hoje”, afirma.

“Quando o pagamento for feito, o agente bancário consulta a Receita, olha como está a situação daquela nota e fala: ‘O tributo já foi pago, não preciso fazer nada.’ Isso é o que vai acontecer com mais frequência, ou seja, impacto nenhum.”

Ele cita um relatório da Coface (Companhia Francesa de Seguros para o Comércio Exterior) que aponta que o prazo médio de pagamento no Brasil é de 66 dias.

Levantamento feito pelo advogado e economista Eduardo Fleury, ex-consultor do Banco Mundial, mostra um prazo médio de recebimento de 41 dias somente nas operações de grandes indústrias com fornecedores, segundo dados coletados junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Nas vendas do comércio e serviços para pessoas físicas que não serão alcançadas pela ferramenta de split em desenvolvimento o prazo supera 50 dias. Ele também cita relatório da Allianz Trade que calcula um tempo médio de 62 dias em todos os tipos de operação.

Fleury afirma que os números mostram que pagar o imposto antes de receber os recursos do comprador já é uma realidade no sistema tributário atual, e isso não vai mudar com a reforma. Na maioria dos casos, o split funcionará apenas como garantia de recolhimento do tributo em caso de inadimplência do fornecedor.

Ele lembra também que, nas operações parceladas, o que pode ser antecipado será o tributo sobre o valor da primeira prestação.

“Trabalhamos com empresas grandes e o que vemos são prazos bem superiores a esses. O que vai acontecer na prática é que o split payment vai ter pouco efeito no B2B. Vai ser uma exceção quando acontecer”, afirma.

Efeito sobre o caixa das empresas

Nas transações B2B com pagamento à vista ou com prazos mais curtos, haverá um efeito de caixa negativo para quem vende, mas “simetricamente positivo” para quem compra, devido à antecipação do crédito tributário referente àquela aquisição, segundo Madi, da LCA.

Se a empresa estiver no meio de uma cadeia de produção, ela terá antecipação do crédito pelas aquisições e do tributo sobre as vendas, com efeitos opostos sobre o caixa. “O impacto é muito menor do que o que se tem dito, pelo menos para a maioria das empresas”, afirma o economista.

Ele destaca ainda que o recolhimento antecipado não retira recursos da economia, pois todo tributo recolhido no B2B se torna automaticamente crédito para o comprador. “A Receita não vai reter dinheiro e ficar trabalhando com ele. A apuração e ressarcimento de crédito está programada para ser uma coisa muito rápida. Então é dinheiro na mão de uma empresa ou na mão da outra.”

Regra de crédito é principal mudança da reforma

Eles lembram que a principal mudança trazida pela reforma não é o split, mas a regra que vincula o crédito do adquirente ao pagamento do tributo pelo fornecedor, mudança que busca combater fraudes e deve resultar em uma alíquota menor no futuro.

Para implementar essa regra é necessário que as empresas possam utilizar o split ou a guia de recolhimento pelo adquirente, que está pronta para ser utilizada em janeiro, quando começa a cobrança dos novos tributos.

O tributarista José Andrés Lopes da Costa, professor da Escola de Direito do Rio de Janeiro da FGV, diz que a questão do float tributário período no qual a empresa opera com os tributos pagos pelos clientes- se tornou um “mito” e não representa valores tão relevantes nas operações B2B.

Ele afirma que, do ponto de vista econômico, o split reduz custos de transação, de fiscalização e de compliance, o número de fraudes e tem um reflexo positivo na alíquota que todos pagam.

“Quando você enfraquece esse mecanismo de arrecadação, de fiscalização e de compliance tributário, você pressiona a alíquota para cima. Então é o benefício de alguns, que é o ‘float’, contra o malefício de muitos, porque você tem uma alíquota mais alta para toda a sociedade.” (Eduardo Cucolo/FOLHAPRESS)

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À medida que a inflação pesa sobre os orçamentos das famílias japonesas, os grandes espaços de jogos na periferia das principais cidades estão a instalar máquinas de garra com ovos, arroz, detergente para a roupa e outros bens de primeira necessidade. Estes espaços combinam a aquisição de produtos essenciais com o entretenimento, permitindo que as famílias se divirtam sem sentirem que têm de escolher entre comprar os bens de que necessitam e desfrutar de um dia de lazer. Minae Kamata, uma dona de casa de 25 anos, conta que consegui ganhar o prémio após apenas duas tentativas, a 100 ienes

Há algo bastante curioso na forma como muitas empresas abordam o marketing: investem tempo, dinheiro e um esforço considerável para atrair novos clientes, mas, no momento em que alguém finalmente faz uma compra, a relação parece chegar a um fim abrupto.   O cliente comprou. A venda está concluída. Missão cumprida! Passemos ao próximo. Bora […]

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Hoje, sábado, 10 de outubro, o ator e escritor João Mota vai estar na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, para a apresentação do seu primeiro livro. Mas antes, irá promover uma oficina de escrita criativa.

Das 14h00 às 17h00, o mote vai ser “ESCREVER-ME – Escrever o que sinto, para sentir de uma forma mais livre e plena”, numa sessão para jovens dos 13 aos 20 anos.

A escrita criativa é uma ferramenta de expressão pessoal e autoconhecimento, especialmente durante a adolescência, uma fase marcada por intensas transformações. Nesta oficina, os adolescentes serão convidados a explorar e expressar as suas emoções através da escrita. 

A atividade inclui exercícios de aquecimento que estimulam a criatividade e a liberdade de expressão, seguidos de propostas específicas que incentivam os participantes a refletirem sobre as suas experiências e sentimentos. Os adolescentes terão a oportunidade de expressar-se através de textos que variam desde poemas até narrativas curtas, permitindo que explorem o seu mundo interno, num ambiente seguro e de aceitação incondicional positiva.

A oficina pretende promover a escrita como ferramenta de suporte para a catarse emocional, melhoria da autoestima e do bem-estar emocional, ajudando os jovens a entender e aceitar os seus sentimentos e emoções de uma forma mais plena e livre.

Para participar nesta atividade, é necessária inscrição prévia para  biblioteca@cm-loule.pt As vagas são limitadas e a participação gratuita. Confere-se diploma de participação.

Pelas 18h30, será apresentado “Tudo o que nunca te disse, meu Amor”. «Queria-te com esse teu cheiro, com defeitos, com aquela vulnerabilidade que só existe quando duas pessoas se aproximam o suficiente para se magoarem. Queria-te num mundo onde ainda se sente vergonha, e ciúme, e desejo, e medo. Queria-te onde se ouve o som da respiração e onde o silêncio tem peso. Um lugar sem Wi-Fi, sem ghosting, sem o botão de desligar a conversa.»

A vertigem da paixão, a dor da perda, a reconciliação e o medo do fim prendem-nos numa história envolvente que nos leva a mergulhar no mundo emocional de um homem intenso que não deixa ninguém indiferente.

Em “Tudo o que nunca te disse, meu Amor”, a Contraponto revela o talento de João Mota, uma nova voz na literatura romântica, capaz de tocar pessoas de todas as idades e de fazê-las acreditar que o amor pode mesmo salvar os dias.

No final haverá banca de livros e sessão de autógrafos

João Mota é natural de Albufeira. É licenciado em Psicologia e Gestão de Empresas e encontra-se a terminar o mestrado em Psicologia Clínica e de Aconselhamento. Trabalha como ator desde 2014, em teatro, cinema e televisão. Concluiu diferentes formações na área da expressão dramática em Portugal e no Brasil.

Escreve poesia desde os 12 anos. Desde então, a escrita tem sido uma ferramenta que o acompanha e ajuda a organizar o pensamento e as emoções, ou simplesmente a apreciar um momento contemplativo.

Após reconhecer, à escrita, características catárticas, procurou a validação científica do impacto positivo que a escrita tinha em si próprio. Nesse sentido, ao longo do seu percurso académico, foi dando estrutura teórica e científica às suas ideias, o que lhe permitiu criar projetos que associam a escrita ao bem-estar emocional. A experiência artística permitiu-lhe um contacto diferenciado com o mundo das emoções, que, aliado a uma paixão pela escrita e à formação académica na área da Psicologia, levaram-no a desenvolver, nos últimos dois anos, atividades junto do público adolescente.

Em 2023, fundou o Clube de Poesia na Universidade Autónoma de Lisboa, dando início a um percurso de encontros de escrita criativa e expressão artística por todo o país.

Em junho de 2025, a CPI das Bets terminou em pizza – como se diz quando uma investigação acaba sem punir ninguém. Mas agora, mais de um ano depois, as empresas que passaram impunes pela comissão estão de volta, desta vez como alvos de uma ação civil pública na Justiça.

No dia 28 de setembro, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou na Justiça Federal em Pernambuco contra 17 empresas ligadas a 20 marcas de apostas online, pedindo ressarcimento de gastos pela União. A Agência Pública cruzou essa lista com a documentação reunida pelos senadores da CPI e descobriu que ao menos 14 delas estavam nos documentos da comissão como remetentes ou beneficiárias de transferências financeiras. Dessas, 12 foram citadas no relatório final. Esse documento, da então senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) – que não foi reeleita neste ano -, foi rejeitado por 4 votos a 3.

Na ação da AGU, o órgão pede que as empresas de apostas ressarcem o Sistema Único de Saúde (SUS) pelo tratamento de apostadores adoecidos, custo que o Ministério da Saúde (MS) estima em, no mínimo, R$ 2,6 bilhões. Pede também R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e a devolução em dobro do que as pessoas diagnosticadas com ludopatia apostaram.

Aparecer nos papéis da CPI não indica, por si só, irregularidade. Nem todas as empresas aparecem como suspeitas. A Superbet, por exemplo, surge como titular legítima de uma autorização que outra plataforma teria usado indevidamente. Duas, a OIG e a Ventmear (Sportingbet), estão ligadas a pedidos de indiciamento, todos contra pessoas, não contra as empresas. Seis delas, OIG, Esportes Gaming, NSX, Ventmear, BPX e Foggo (Blaze), somam cerca de 31% do mercado, segundo as contas da própria AGU, e ocupam lugar de destaque nas 541 páginas deixadas por Thronicke.

Muitas siglas: Bets, CPI, MP de Lula e Fux no STF

A ação da AGU veio três dias depois da Medida Provisória 1.394, assinada pelo presidente Lula, que proíbe as apostas de quota fixa, tira as plataformas do ar até 6 de outubro e extingue as autorizações em 30 dias, sem devolver o que as empresas pagaram pelas outorgas. Se o Congresso não aprovar a MP em até 120 dias de tramitação, prazo suspenso durante o recesso parlamentar, ela perde a validade. A CPI já havia ido nessa direção: entre as vinte medidas do relatório derrubado estava a proibição de cassinos on-line, como o Tigrinho.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) já apresentaram pedido a Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), para suspensão dos efeitos da medida provisória.

Nesta segunda-feira, 5 de outubro, a AGU pediu que o STF rejeite a suspensão da Medida Provisória. Na manifestação, assinada pelo advogado-geral Jorge Messias, a AGU sustenta que o marco legal das bets, formado pelas leis 13.756/2018 e 14.790/2023, era “extensamente falho” e falhava em autorização, fiscalização, publicidade e prevenção à lavagem de dinheiro. Para concluir, a peça diz que “o ‘dragão’ era indomável”. O órgão cita dados oficiais segundo os quais os registros no SUS ligados ao jogo patológico cresceram 140% entre 2018 e 2025, e as apostas retiraram R$ 62,5 bilhões dos orçamentos familiares só em 2025. A AGU também pediu que o procurador-geral da República seja ouvido em 72 horas e sugeriu uma nova audiência pública sobre o tema, atualizando a realizada em novembro de 2024.

Como a CPI terminou em pizza

Em 26 de novembro de 2024, Fernando Oliveira Lima, o Fernandim OIG, sentou-se diante dos senadores da CPI das Bets amparado por um habeas corpus. Tinha 33 anos, disse ter estudado até o primeiro ano do ensino médio e se apresentou como empresário de tecnologia, criador de jogos para o Facebook que teriam alcançado 250 milhões de usuários durante a pandemia. Os senadores exibiram dois vídeos e perguntaram se ele conhecia os sites 7Games, R7Games e Betão. Ele conhecia e disse que pertenciam à OIG Gaming Brazil, da qual é sócio. Perguntaram se era dono do “jogo do tigrinho”, mas ele negou. Respondeu que a OIG pagava para oferecê-lo. O empresário contou ainda que, naquela mesma semana, a empresa havia sido uma das primeiras a obter a aprovação completa do Ministério da Fazenda para operar.

Fernando não era o único convocado do dia. A pauta listava também João Studart, dono da Betnacional, e Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva, apresentado no requerimento como “diretor do Grupo Entain e proprietário do Sportingbet”. Studart faltou e só depôs uma semana depois. Marcus Vinicius não apareceu: na véspera, seus advogados alegaram que ele não fora intimado e que morava no exterior. As três empresas ligadas a eles, a OIG, a NSX (dona da Betnacional) e a Ventmear (operadora do Sportingbet), estão hoje entre as rés da AGU.

Seis meses depois, o relatório final propôs indiciar Fernando, um primo dele e o administrador da OIG, por lavagem de dinheiro e por associação criminosa. Marcus Vinicius e as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra estavam entre os alvos de 16 pedidos de indiciamento, mas nenhum deles vingou com a derrubada do texto.

No especial Jogo Perigoso: o Brasil das Bets, a Pública contou os bastidores dessa votação. Votaram contra o relatório de Thronicke os senadores Ângelo Coronel (Republicanos-BA), Efraim Filho (PL-PB), Eduardo Gomes (PL-TO) e Professora Dorinha Seabra (União-GO). Eduardo Girão (Novo-CE), que votou a favor ao lado de Alessandro Vieira (MDB-SE), atribuiu o resultado a uma manobra do Centrão, com senadores que não acompanharam os depoimentos e só apareceram para votar. Thronicke contou à reportagem que passou a andar com seguranças do Senado após receber “recados” e ameaças veladas. Mesmo com a rejeição, ela levou o material às autoridades e diz ter apresentado, desde então, projetos de lei para endurecer o controle sobre as apostas.

Entre os documentos da CPI estava a carta de Vania Borges, que perdeu o filho para as bets, como revelou a Pública.

A apuração também mostra quem atuou na comissão a favor do setor. Ciro Nogueira (PP-PI) foi apontado por colegas como “advogado” de Fernandim OIG, que havia comprado três apartamentos de uma incorporadora da família do senador. Ângelo Coronel justificou o voto pela “falta de tempo” para analisar as 541 páginas do relatório e declarou abertamente ser favorável aos jogos como fonte de receita. O presidente da CPI, Dr. Hiran (PP-RR), foi criticado por não pautar todos os depoimentos aprovados. Os bastidores incluem ainda uma investigação da Polícia Federal sobre um lobista que teria cobrado R$ 50 milhões de empresários do setor para evitar convocações e indiciamentos, acusação sem comprovação oficial. Selfies de senadores com Virginia Fonseca durante o depoimento dela ajudaram a minar a credibilidade da comissão, cujo desfecho um integrante descreveu como “melancólico”.

Ação da AGU se apoia em números do setor

Na Justiça, a AGU seguiu outro caminho. As empresas foram escolhidas por um único critério, o tamanho. A AGU usou as vinte marcas de um levantamento da consultoria Blask, que juntas concentrariam cerca de 80% da receita do setor, e chegou às empresas que as operam, num mercado em que a Fazenda tinha 85 autorizadas em agosto deste ano. A Betano, sozinha, responderia por 21% do mercado. A OIG, com 7Games e Betão, pouco mais de 5%. Para justificar o foro em Pernambuco, a AGU invoca o Código de Defesa do Consumidor e a concentração de população vulnerável no Nordeste.

O país tem 28 milhões de apostadores, 10,9 milhões deles com padrão de risco. Os atendimentos no SUS por jogo patológico cresceram cerca de 140% entre 2018 e 2025. Quase 1,3 milhão de pessoas pediram para serem excluídas das plataformas. No primeiro semestre de 2026, o INSS concedeu 260 afastamentos do trabalho por vício em jogo; em todo o ano de 2022, foram 11, segundo dados obtidos pelo UOL e citados na ação. Pela lei, cabe ao Ministério da Saúde 0,12% da arrecadação do setor, cerca de R$ 50 milhões no último exercício.

A tese é que o dano à saúde mental é inerente ao negócio, e não fruto do desvio de uma ou outra empresa. Por isso, a AGU propõe calcular a parcela das doenças atribuível às apostas e distribuir a conta conforme a fatia de mercado de cada ré. A fórmula vem de um julgamento de 1980 na Suprema Corte da Califórnia, contra fabricantes de um remédio para gestantes, e já foi usada pela Justiça do Rio Grande do Sul contra a Souza Cruz. A ação segue o molde da que a AGU move desde 2019 contra a indústria do cigarro.

A própria peça avisa que a participação no mercado “não constitui presunção de ilicitude”. O relatório de Thronicke, aliás, recomendava ao Ministério Público ajuizar ações civis públicas para indenizar consumidores lesados e já registrava a pressão sobre a rede de atenção psicossocial do SUS, cujos atendimentos por jogo patológico tinham passado de 841, em 2022, para 1.290 no ano seguinte.

A peça da AGU também traz estimativa do Ministério da Fazenda de que, somente em 2025, as apostas tenham retirado cerca de R$ 62,5 bilhões dos orçamentos das famílias brasileiras.

Em 16 de abril de 2021, um homem de colete preto circulava entre os entregadores do iFood que faziam greve em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Tinha um adesivo no boné, outro no face shield, além de uma faixa de três metros de comprimento e pacotes de adesivos para distribuir. Todos diziam a mesma coisa: “vacina pros entregadores de aplicativo já”.

Parecia mais um motoboy, mas segundo a Agência Pública revelou, era um funcionário de uma agência de monitoramento digital a serviço de uma campanha contratada pelo iFood. A ideia da empresa era levantar a pauta das vacinas para esvaziar a reivindicação da greve. Funcionou: naquele dia, parte da imprensa noticiou que os entregadores pediam vacinas.

A cena abre “A máquina oculta de propaganda do iFood”, reportagem de Clarissa Levy para a Pública, de abril de 2022. Com base em mais de 30 documentos e em relatos de quem trabalhou no projeto, a apuração descreveu como as agências Benjamim Comunicação e Social QI (SQi) teriam operado, entre 2020 e 2021, uma propaganda “lado B” contra os “Breques dos Apps”.

Um documento de orientação resumia a regra: “NUNCA assinado como iFood para que ninguém desconfie”. Numa reunião gravada, obtida pela reportagem, publicitários da Benjamim avaliaram que a Não Breca Meu Trampo “cumpriu uma missão” ao enfraquecer Paulo Lima, o Galo, líder dos Entregadores Antifascistas. O iFood negou qualquer relação com a SQi e disse que não compactua com perfis falsos. As agências contestaram a reportagem à época.

iFood não pode interferir em greves de entregadores

Nesta semana, o caso chegou a uma nova etapa, conforme informou o Ministério Público Federal (MPF), nesta terça-feira, 29 de setembro. O iFood repassou R$ 3 milhões ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para financiar pesquisas como parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que a empresa, a Benjamim e a SQi assinaram em 7 de julho de 2023 com o MPF e o Ministério Público do Trabalho (MPT) para encerrar três inquéritos abertos a partir da denúncia da Pública.

Apesar de ter aceitado o acordo, o iFood não reconhece as condutas e repete isso na página que mantém sobre o TAC: afirma que “não cometeu qualquer uma das condutas investigadas” e que assinou o TAC para evitar um processo “longo e desgastante”.

O TAC se divide em três eixos: satisfação, não repetição e compensação. Os dois primeiros, segundo o MPF, foram cumpridos “em larga medida”.

A declaração pública conjunta veio primeiro. Pelo registro do próprio iFood, saiu no site da empresa em 10 de julho de 2023, na página inicial da Folha de S.Paulo no dia 16 e, entre 18 de julho e 5 de agosto, em dias alternados, no Instagram, no Facebook e no Twitter.

Depois, veio a campanha sobre o direito à informação e a liberdade de expressão dos entregadores, com três meses de peças semanais nos perfis oficiais do iFood, criadas com a Benjamim e com alcance medido pela SQi. A proposta foi entregue aos procuradores em setembro de 2023. O MPF informa que a campanha foi realizada.

No eixo de não repetição, o iFood indicou três consultorias em direitos humanos em agosto de 2023. O MPF escolheu uma em outubro, e a contratação foi concluída em dezembro. Cabe à consultoria elaborar um programa interno para identificar riscos à transparência e à liberdade de expressão nas atividades da empresa, com relatórios semestrais ao MPF por dois anos. O MPF diz que a medida é inédita em TACs e que o programa segue “sob acompanhamento”. Por seis meses, o iFood também ficou proibido de anunciar suas próprias medidas de respeito ao direito de greve.

Outras obrigações não têm prazo para serem cumpridas. Perante o MPT, o iFood se comprometeu a não bloquear, suspender ou descredenciar entregadores por participação em greves ou sindicatos, a não usar “prepostos ou instrumentos tecnológicos” para interferir em manifestações e a não premiar quem deixar de aderir a paralisações. Benjamim e SQi assumiram compromissos semelhantes. Cada obrigação descumprida gera multa de R$ 50 mil por mês, até o limite de R$ 500 mil por ano.

Dinheiro vai para pesquisas sobre trabalho de entregadores e responsabilidade de plataformas

O eixo de compensação é o que se movimenta mais lentamente. O TAC fixou em R$ 6 milhões o valor que o iFood deve investir em pesquisas sobre três temas: relações de trabalho dos entregadores, mercado publicitário e responsabilidade das plataformas. O acordo não fixou prazo para a escolha de quem administraria o dinheiro, mas determinou que, feita a escolha, a transferência ocorreria em até 15 dias úteis. O primeiro repasse chegou três anos e dois meses após a assinatura e corresponde à metade do total.

O CNPq deve lançar, ainda neste semestre, a chamada pública para selecionar pesquisadores. Os projetos se dividem em duas frentes: regulação da publicidade e do marketing digital, e responsabilidade das plataformas diante de conteúdos falsos sobre saúde pública, meio ambiente e democracia. As pesquisas devem terminar até julho de 2030, com resultados públicos.

Zona leste de Teresina. A sala de aula de uma escola estadual tem estrutura similar às demais instituições de ensino do Piauí: é ampla, tem paredes claras e as mesas estão organizadas para atividades em grupo. Alguns elementos, porém, chamam atenção. A sala é equipada com Chromebooks. No centro, uma poltrona reproduz as cores e o formato do logotipo do Google. As mesas e cadeiras também seguem a paleta da multinacional: azul, vermelho, amarelo e verde. Ao fundo, ocupando praticamente toda a parede, um grande painel visual exibe a outra logomarca, a do Google for Education. 

“Gostaram dessa sala? Mais uma sala tecnológica, de inovação, padrão Google, viu?”, disse o então secretário estadual de educação do Piauí, Washington Bandeira, em vídeo compartilhado nas redes sociais na época. Depois, ele conta aos alunos com orgulho que o pessoal do Liceu paraibano visitou a sede do Google nos Estados Unidos. “Usem muito o Gemini, porque o Google é nosso parceiro no ensino de IA”, completou, referindo-se à inteligência artificial.  

A “sala Google” no Centro de Educação Tecnológica Professor Darcy Ribeiro foi a primeira inaugurada pelo governo estadual, em 20 de março de 2025. À época, o espaço foi apresentado como um marco da modernização da educação pública. Além de Teresina, outras duas cidades do Piauí, Regeneração e Amarante, também instalaram “salas Google” em escolas da rede pública. Estes ambientes coloridos, porém, são apenas um símbolo da proximidade do governo do Piauí com o Google e demais Big Techs.

Pelo menos desde 2022, o governo do Piauí tem firmado contratos milionários com multinacionais de tecnologia. O governador do estado, Rafael Fontelles (PT), é candidato à reeleição e tem aparecido como favorito nas pesquisas de intenção de voto. 

Um levantamento realizado pela Agência Pública identificou R$ 93,7 milhões em acordos diretos e indiretos firmados pelo governo do Piauí nos últimos quatro anos com empresas como Google, Microsoft, Oracle, Amazon Web Services (AWS), além de empresas locais que atuam como integradoras de serviços das multinacionais. A maior parte destes contratos se referem a recursos para a área de educação. Foram R$ 36,4 milhões, mais de um terço do total. 

Os contratos destinam-se à compra de plataformas digitais, infraestrutura em nuvem, licenças de software, equipamentos, soluções de inteligência artificial e, em muitos casos, para contratação de revendedores e integradores nacionais. 

Parte desses recursos estão sendo investidos em tecnologia para o ensino de inteligência artificial nas escolas da rede pública. O estado foi o primeiro no Brasil a incluir a IA como disciplina obrigatória em 2024 – em algumas instituições, a ferramenta usada para o ensino de IA é a Teachable Machine, do Google. Em junho de 2026, o governo lançou um novo programa para levar o ensino de IA também às escolas municipais. Inicialmente, o projeto será implantado em 50 municípios, com previsão de alcançar todas as 224 cidades do Piauí até 2027. 

Pesquisadores, especialistas em educação digital e organizações de defesa de direitos digitais questionam o modelo adotado no Piauí e em outros estados da federação. Eles alertam para o risco de dependência tecnológica e para a ausência de mecanismos transparentes de governança, proteção de dados e avaliação do impacto dessas tecnologias. 

“É evidente que tem uma assimetria de poder, um acúmulo de saberes e de tecnologia bastante desigual entre os países do Norte e do Sul global”, afirma Rodrigo Nejm, doutor em psicologia e especialista em direitos digitais e educação digital no Instituto Alana. Para ele, é completamente possível reconhecer as assimetrias de capacidade tecnológica sem, para isso, “legitimar uma dependência de submissão”. 

“O problema não é fazer uso de plataformas internacionais, mas é permitir que elas abusem e violem direitos dos estudantes no Brasil”, completa. Para Nejm, parte dos milhões de reais destinados à transformação digital da educação deveria ser utilizada para desenvolver “soluções livres, nacionais, se possível, mas que fossem auditáveis, transparentes, para que, por exemplo, o Tribunal de Contas ou um profissional da imprensa pudesse ter acesso integral a informações sobre o critério de funcionamento, ou as evidências das ciências da aprendizagem que fundamentam”, explica. Essa agenda, continua, é uma condição para fortalecer a soberania digital da educação brasileira.

Segundo Julia Abad, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), plataformas educacionais não registram apenas informações cadastrais dos estudantes. Elas acumulam dados sobre frequência, desempenho, comportamento, pesquisas realizadas, interações, documentos compartilhados e, com o avanço da inteligência artificial, passam também a produzir inferências sobre perfis de aprendizagem e comportamento. 

“Esses dados pertencem a crianças e adolescentes, que têm proteção especial pela LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados], pelo ECA, pelo ECA Digital e também pelo Código de Defesa do Consumidor, que garante transparência e proteção contra práticas abusivas”, explica. “A inovação na educação não pode transformar estudantes em matéria-prima para modelos de negócio”, diz. 

Na visão da entidade, os impactos extrapolam a privacidade e alcançam a própria soberania digital do Estado. À medida que Big Techs concentram plataformas de comunicação, produção de conhecimento, materiais didáticos, dados e ferramentas de inteligência artificial utilizadas nas escolas, elas passam a ocupar uma posição estratégica na formação de milhões de estudantes. 

Especialistas apontam ainda para o risco de uma  estratégia  de “vendor lock-in”, ou “dependência de fornecedor”. É quando uma instituição passa a depender de um fornecedor específico porque migrar para outra solução exige novos investimentos, adaptação de sistemas, treinamento de usuários e, muitas vezes, transferência de grandes volumes de dados.

Para Abad, a principal pergunta talvez esteja sendo deixada de lado: qual é o custo democrático de construir a educação pública sobre plataformas privadas? Para ela, esse processo afeta a democracia, “já que parte importante da circulação do conhecimento passa a acontecer em ambientes controlados por essas empresas, cujo funcionamento é definido por interesses privados, com limitada transparência, possibilidade de controle social e participação democrática”.

Os contratos 

Nossa reportagem analisou 981 Diários Oficiais do Piauí, entre os anos de 2022 e 2026, e localizou 56 contratos do poder executivo estadual relacionados às Big Techs, tanto de forma direta quanto indireta. 

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) concentra o maior número de acordos. O de maior valor, fechado em 2022, previa a compra de 16.330 Chromebooks destinados aos professores da rede estadual. O investimento foi superior a R$ 29 milhões. Embora sejam fabricados por diferentes empresas, os Chromebooks operam exclusivamente com o ChromeOS, sistema operacional desenvolvido e operado pelo Google.

Nos anos seguintes, os investimentos passaram a se concentrar na contratação das plataformas utilizadas no cotidiano das escolas. Contratos de licenças Google Workspace for Education Plus garantem o acesso aos serviços de e-mail, armazenamento em nuvem, videoconferências, compartilhamento de documentos e gerenciamento das salas virtuais por meio do Google Classroom. As contratações aparecem em diferentes exercícios financeiros, indicando a renovação e a continuidade da utilização dessas ferramentas pela rede estadual de ensino.

Além das plataformas educacionais, a Seduc também comprou soluções voltadas para a gestão da informação. Entre elas estão as licenças do Microsoft Power BI, utilizadas para organização de indicadores e painéis de acompanhamento da rede de ensino. 

Uma análise dos documentos revela que a criação da nova disciplina obrigatória – de ensino de IA – foi acompanhada pela incorporação gradual de ferramentas das gigantes tecnológicas ao cotidiano da rede estadual. 

O Google passou a fornecer o ambiente digital utilizado por professores e estudantes em todas as escolas. A Microsoft ampliou contratos de plataformas corporativas e análise de dados. Já a Amazon Web Services assumiu a infraestrutura de computação em nuvem utilizada pelo Estado em um contrato que permaneceu parcialmente sob sigilo.

Milhões sob sigilo

Há ainda um contrato com o valor sob sigilo. Em outubro de 2024, o Governo do Estado do Piauí, por meio da Empresa de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí (ETIPI), firmou um acordo com a GW Cloud Tecnologia e Serviços S.A. para a integração de serviços da Amazon Web Services (AWS). O único documento localizado pela reportagem foi um extrato publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de outubro daquele ano, informando que o acordo havia sido assinado em 2 de maio, com vigência de 12 meses, prevendo serviços especializados de gerenciamento, orquestração e sustentação da infraestrutura em nuvem da AWS. Mas o valor global do contrato nunca foi divulgado oficialmente. 

A reportagem, no entanto, localizou um aditivo com acréscimo de 25% no valor de R$ 4,3 milhões. Ou seja, o valor inicial do contrato por um ano deve chegar a R$ 21,7 milhões. Nossa reportagem procurou a ETIPI para confirmar os valores, mas a empresa se recusou a responder e orientou que a equipe solicitasse as informações via Lei de Acesso à Informação, segundo o órgão, “em razão da natureza da matéria, que envolve contratos que podem conter cláusulas de sigilo e informações sujeitas a análise quanto à possibilidade de acesso”, afirmou em nota. 

Lobby internacional 

A aproximação do Governo do Piauí com as Big Techs parece ser fruto de orgulho. Em agosto de 2023, por exemplo, o governador participou de uma missão aos Estados Unidos cuja agenda incluiu visitas ao Googleplex,  a sede Global do Google, em Mountain View, e à Amazon Web Services, em Washington. No Google, Fonteles falou em “aprofundar” a relação com a empresa e em transformar o Piauí em um “celeiro de programadores, startups e engenheiros”. Em discussão estava a contratação de serviços de nuvem do Google, apoio a startups e ao hub de inovação da Investe Piauí, além de soluções de inteligência artificial (IA) para a área da saúde.

O tom adotado pelo governador é de entusiasmo e admiração. Em uma das falas registradas durante a visita, Fonteles descreve o Google como uma “gigante da tecnologia” que estaria promovendo a melhoria do mundo por meio de suas ferramentas e diz que a empresa estava “buscando parceria com o nosso Piauí”. 

Sobre a Amazon, ele anunciou no seu Instagram: “Iniciamos hoje uma excelente parceria com a Amazon, gigante norte-americana de tecnologia. A empresa vai apoiar a transformação digital do Piauí e o crescimento das nossas startups por meio de sua plataforma de armazenamento em nuvem, a AWS (Amazon Web Services), a mais adotada e mais abrangente do mundo!”

Na visita – onde a missão também visitou as universidades de MIT e Harvard – o governador teve uma reunião de mais de cinco horas na Amazon para discutir um acordo de cooperação envolvendo tecnologia em nuvem, inovação, segurança, economicidade e capacitação tecnológica. Entre os 12 integrantes da comitiva estava o secretário de Educação, Francisco Washington Bandeira, e a presidente da ETIPI, Ellen Gera.

Em abril de 2024, a ETIPI anunciou uma parceria com a Amazon AWS, que passou a fornecer serviços de armazenamento em nuvem para ampliar a capacidade do Data Center do Estado. Em outubro, a ETIPI contratou a GW Cloud para integrar os serviços da AWS, sem divulgar o valor total do contrato.

‘Salas Google’ se espalham pelo Nordeste 

O Piauí não inaugurou esse modelo de sala de aula em parceria com a Google. Em sete  estados do Nordeste, à exceção do Maranhão e Sergipe, a reportagem conseguiu localizar exemplos de “Salas Google” instaladas em escolas públicas. 

Embora existam experiências anteriores, como uma sala inaugurada no Rio Grande do Norte em 2017 e outra em Pernambuco em 2023, a expansão ganhou escala a partir de 2024 e 2025. 

Identificamos pelo menos 28 escolas públicas, em seis estados diferentes, que replicaram o mesmo modelo. O número pode ser maior, pois alguns registros não informam a quantidade de salas implantadas. Entre os estados nordestinos, o Ceará é recordista. A reportagem identificou Salas Google em oito municípios, somando ao menos 13 unidades já instaladas. O estado pretende criar 40 Salas Google até o final de 2026.

O levantamento também mostra que a estratégia extrapola os governos estaduais. Municípios de Alagoas, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte passaram a inaugurar espaços semelhantes, muitas vezes associados a laboratórios “makers” (espaços montados, geralmente em escolas e universidades, para transformar a teoria em prática, desenvolvendo ideias e criações, até brinquedos e robôs), plataformas educacionais e programas de formação tecnológica. Apesar das diferenças de nomenclatura e formato, os ambientes compartilham características comuns: utilização do ecossistema Google for Education, equipamentos baseados em Chromebooks, metodologias voltadas ao ensino mediado por plataformas digitais e o visual, reproduzindo cores da marca.

Procurado, o Google preferiu não se pronunciar. 

O que diz o governo do Piauí 

A Secretaria de Estado da Educação afirma que a política de ensino de inteligência artificial foi concebida como parte de uma estratégia mais ampla de transformação da educação pública. 

Segundo a superintendente Viviane Carvalhedo, a proposta busca preparar os estudantes para um cenário em que a inteligência artificial já faz parte da sociedade. O currículo foi estruturado para que os alunos “compreendam como a inteligência artificial funciona, quais impactos produz na sociedade e como utilizá-la de maneira ética”, completa.

Sobre a elaboração do currículo obrigatório de IA, a Seduc afirma que a condução pedagógica foi confiada a pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em parceria com a Unesco.  A iniciativa recebeu reconhecimento internacional em 2025 ao ser uma das vencedoras do Prêmio UNESCO–Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa para o Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação.

A professora Rosa Maria Vicari, que é doutora em Engenharia Eletrotécnica e Computadores, docente da UFRGS e participou da elaboração do currículo no Piauí, afirma que a equipe permaneceu envolvida não apenas na elaboração do referencial curricular, mas também na formação dos docentes ao longo dos três primeiros anos de implementação. Os treinamentos, continua, foram desenvolvidos prioritariamente em plataformas abertas. “Nós utilizamos a plataforma Moodle, plataforma aberta. Os dados ficam no Brasil de todos os professores”, disse.

A SEDUC explica ainda que as plataformas fornecem ferramentas, mas não definem os conteúdos pedagógicos. 

Segundo Viviane, o Estado também vem desenvolvendo soluções próprias, como a SoberanIA, uma inteligência artificial própria, com capacidade de regionalização e especialização para o poder público. Segundo Ellen Gera, diretor-presidente da ETIPI. A ferramenta já está em funcionamento, atualmente na primeira versão e, segundo ela, funciona em plataformas do governo nas áreas de Educação, Desenvolvimento Econômico e Segurança, incluindo serviços como  BO Fácil e o Regula Fácil. 

Vale destacar que, embora seja apresentada como uma IA 100% brasileira, o treinamento do modelo de linguagem da SoberanIA foi realizado diretamente nos servidores da Amazon. Empresas como Claro e Oracle também foram citadas nas negociações sobre a infraestrutura e a conectividade do projeto. E mais: “estamos negociando a SoberanIA com a AWS, que quer colocar no seu marketplace, com o Serpro, também no marketplace e com a Claro, pensando na iniciativa privada”, afirmou Ellen Gera.

Questionamos a SEDUC sobre os aspectos relacionados à dependência tecnológica, sobre o volume de recursos empregados e uso desse dinheiro para alimentar as engrenagens das Big Techs, mas a secretaria se resumiu a dizer que “as contratações relacionadas a soluções e tecnologias digitais observam os critérios e procedimentos previstos na legislação vigente”, explicando ainda que a adoção desses recursos tem como finalidade qualificar os processos de ensino e aprendizagem e ampliar o acesso dos estudantes e profissionais da educação.

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